Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa L-2593/24-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1336225-2024 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1372456-2024.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: L-2593/24-TSJ Interlocutorio N°: 3843 Actor: LACIAR JESUS GERVASIO Demandada: OIL M&S S.A. Y OTRA Objeto: LABORAL - COBRO DE PESOS Fecha: 14-11-2024 Texto: TOMO XXXVI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3843 FOLIO Nº 7039/7042 PROT. ELECT. TSS1 057 I.241
Río Gallegos, 14 de noviembre de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “LACIAR JESUS GERVASIO c/ OIL M&S S.A. Y OTRA s/ LABORAL - COBRO DE PESOS”, Expte. Nº L-19.865/20 (L-2593/24-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Paulo Luis Schmidt (cfr. PE1336225-2024), contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, que hizo lugar parcialmente a los agravios intentados por el actor y, en consecuencia, dispuso la inclusión del Sueldo Anual Complementario en la base de cálculo de las indemnizaciones por despido incausado y por preaviso omitido, dejando establecido que a los fines de los cálculos respectivos se debería utilizar la categoría “D” SC. Las costas fueron impuestas a cargo de OIL M&S S.A., en lo que respecta a los puntos litigiosos entre trabajador y empleador, y por el orden causado, en cuanto al planteo de responsabilidad solidaria articulado por el actor contra YPF S.A. (cfr. PE1301354-2024).- A su turno, la sentencia de Primera Instancia había hecho lugar parcialmente a la demanda promovida por la parte actora, condenando a la firma OIL M&S S.A. al pago de los rubros: indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva por omisión de preaviso, integración del mes de despido abril 2018, SAC sobre integración del mes de despido, días trabajados durante el mes en que acaeció el distracto, SAC proporcional 2018, vacaciones no gozadas año 2018, SAC sobre vacaciones no gozadas año 2018 e indemnización prevista por el artículo 2 de la Ley N° 25.323; rechazando la demanda en lo que respecta a los rubros SAC sobre indemnización por antigüedad, SAC sobre indemnización sustitutiva de preaviso, indemnización del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y haberes correspondientes al periodo comprendido entre abril y diciembre de 2018. Por último, desestimó la responsabilidad solidaria de la empresa YPF S.A. en los términos del artículo 30 de la LCT. (cfr. PE969185-2023).-
II. Contra la decisión de la Segunda Instancia la parte actora interpuso recurso de casación: “…por violación a la ley y arbitrariedad (art. 3 inc. a) Ley 1687)…solicitando se componga positivamente la litis y en consecuencia, revoque in totum el punto 1°) de la sentencia en crisis y se admita el primer, tercero, cuarto y sexto agravio en tanto y en cuanto la Cámara A quo incurre en una franca violación al art. 364 del CPCC, de aplicación supletoria por remisión del art. 121 de la ley 1444…arribando a conclusiones a todas luces arbitrarias y carentes de todo sustento fáctico jurídico, correspondiendo se revoque la sentencia en crisis y se tenga por extinguido el vínculo laboral con fecha 21/12/2018, por acreditada la autenticidad del telegrama remitido con fecha 01/02/2019 y por añadidura se haga lugar a la indemnización prevista por el art. 80 de la LCT, extendiéndose la responsabilidad en los términos del art. 30 de la LCT y 66 CCT N° 643/12, sobre la operadora YPF SA, con expresa imposición de costas.” (cfr.
PE1336225-2024, pág. 1).- Afirma el casacionista que la Cámara de Apelaciones, al momento de examinar y estudiar el plexo probatorio de la causa, violenta abiertamente lo normado por el artículo 364 del CPCyC, de aplicación supletoria por remisión del artículo 121 de la Ley N° 1444, por cuanto omite considerar y valorar de manera criteriosa la prueba producida en autos. Concretamente, refiere que la carta documento fechada el 30 de abril del 2018, a través de la cual OIL M&S S.A. le notificó el distracto, fue devuelta al remitente y, además, habiéndose desconocido su autenticidad la contraria no habría logrado demostrar su originalidad, contrariándose del tal forma las reglas de valoración de la prueba y de la sana crítica (cfr.
PE cit., pág. 7).- Añade que resulta arbitrario que la sentencia en crisis tenga por acreditada la autenticidad de la referida pieza epistolar y, en consecuencia, la validez del despido, cuando en realidad surgiría de la prueba colectada en la causa que la empresa postal Correo Oficial de la República Argentina S.A. no pudo expedirse sobre la autenticidad de las misivas enviadas por OIL M&S S.A., en razón de no haberse realizado el despacho en la sucursal de Caleta Olivia. Dice el actor que no habiendo tomado conocimiento de la comunicación extintiva unilateral resuelta por la empleadora, corresponde se revoque lo resuelto por la Cámara de Apelaciones y se tenga por extinguido el vínculo laboral con fecha 21 de diciembre de 2018, condenando a las demandadas a abonar los haberes devengados por los meses comprendidos entre abril y diciembre de 2018 (cfr.
PE cit., págs. 8 y 11).- Respecto a la indemnización prevista por el artículo 80 de la LCT, manifiesta el casacionista que el Tribunal de Alzada desconoció el Telegrama Ley N° 23.789 que fuera por él enviado el 1 de febrero de 2019, cuya autenticidad y recepción habría sido probada en autos. Agrega que la propia Cámara de Apelaciones reconoce la entrega tardía de los certificados con motivo de la interposición de la demanda y, por otra parte, precisa que los mencionados instrumentos no reflejan la verdadera fecha de extinción de la relación laboral y, por consiguiente, no pueden considerarse completos, resultando, a su criterio, procedente la indemnización prevista por la citada norma (cfr. PE cit. págs. 11/12).- En cuanto a la responsabilidad solidaria pretendida en relación a la firma YPF S.A., sostiene el recurrente que la Alzada ha transgredido el artículo 66 del CCT N° 643/12 y el artículo 30 de la LCT, toda vez que omite meritar los propios reconocimientos de la demandada OIL M&S S.A. en su libelo de contestación de demanda, ya que, en esa oportunidad la accionada habría reconocido que el actor realizaba tareas en yacimientos petroleros en el marco del mencionado convenio colectivo de trabajo.
Precisa que los testimonios brindados en la causa por los Sres. José Iván Soto y Ricardo Gabriel Rodríguez son contestes con su petición. (cfr. PE cit., págs.12/13).- Afirma que habría realizado las mismas tareas propias de la actividad petrolera y en yacimiento durante cuatro años para YPF S.A., lo que demostraría, según entiende, que las labores prestadas complementaron la actividad normal de la empresa existiendo una unidad técnica de ejecución. Añade que la tarea llevada a cabo por OIL M&S S.A. complementaba todo lo relacionado con la explotación hidrocarburífera y, en consecuencia, la conclusión arribada por la Cámara para rechazar la solidaridad pretendida resultaría arbitraria y contraria a los antecedentes de la causa (cfr.
PE y págs. cits.).- La Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación (cfr. PE1372456-2024).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE875056-2024.-
III. Sentado lo anterior debemos, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso extraordinario intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda ingresar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3409, Folio 5746/5749, entre muchos otros.).-
Como punto de partida, se aprecia que los fundamentos del recurso de casación constituyen una reproducción prácticamente exacta de los agravios esbozados en el recurso de apelación, lo que denota una deficiente técnica recursiva (cfr. PE985141-2023).-
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que: “…‘…resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que reproduce similares argumentos a los expuestos al formular la apelación, que ya fueron analizados y resueltos por la Cámara actuante y se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante sin lograr demostrar el error jurídico que justifique la tarea casatoria de esta Suprema Corte…’ (cfr. ‘Alvarez Sosa, María c/ Valero, Daniel y otros s/ Simulación’ y su acumulada ‘Alvarez Sosa, María Esther c/ Valero, Daniel Félix y otros s/ Daños y perjuicios s/ Incumplimiento contractual (exc. estado)’, causa L P C. 119753 S, del 25/10/2017).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXV, Reg. 3795, Folio 6885/6888).- Sin perjuicio de ello, también se verifica que los planteos del recurrente remiten, ineludiblemente, al examen de típicas cuestiones de hecho y prueba (vgr. recepción y autenticidad de la Carta Documento por cuyo conducto se comunicó el distracto al actor, entrega en tiempo y forma de los certificados del artículo 80 de la LCT y responsabilidad solidaria de Y.P.F. S.A.) que resultan, en principio, ajenas a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo, circunstancia que no se vislumbra en la especie.-
A la luz de todas estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva obrante en PE1336225-2024 no satisface, mínimamente, los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
IV. En lo tocante a la violación o errónea aplicación de la ley denunciada por el casacionista, debemos reiterar que resulta imperativo que la parte recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3440, Folio 5819/5823, entre otros), lo que no ha acontecido en el caso bajo estudio.-
Así, el casacionista pregona que la sentencia de la Cámara de Apelaciones violenta lo normado por el artículo 364 del CPCyC, de aplicación supletoria en autos por remisión del artículo 121 de la Ley N° 1444, todo ello por cuanto la Carta Documento fechada el 30 de abril de 2018 por la que se anotició al actor la extinción de la relación laboral, no habría ingresado en la esfera de conocimiento del trabajador y, además, no se encontraría probada la autenticidad de la epístola, circunstancias no consideradas y que evidenciarían una errónea y arbitraria interpretación del plexo probatorio de la causa atribuible al Tribunal de Alzada.- Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que: “Tanto la interpretación del intercambio telegráfico, así como la evaluación de la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia -o no- de injuria, la apreciación de la entidad de las causales invocadas para disponer un despido y la valoración de las pruebas adunadas a la causa para su demostración; constituyen cuestiones reservadas a la ponderación de los jueces de la instancia de grado. Sus conclusiones no son revisables en casación, salvo que se acredite la existencia de absurdo en la valoración de los hechos y las pruebas producidas...” (cfr. sum., “Segovia José c/ Finexcor S.A. s/ Despido” Causa LP L. 124992 S, del 30/09/2021. En igual sentido: “Marchetti Roberto Guido c/ L´Oreal Argentina S.A. y otro/a s/ Despido”, causa LP L. 117899 S, del 20/09/2017).- Además, este Alto Cuerpo tiene dicho que: “…más allá que la demandada denuncia la existencia de arbitrariedad, los fundamentos de la casación remiten a temas de hecho y prueba, en principio, ajenos al ámbito casatorio. La impugnación está estructurada en torno a circunstancias fácticas y de contenido procesal -se pretende aquí la revisión de los hechos y las pruebas de la causa- todo lo cual resulta extraño al carácter sustancial que impregna a la vía extraordinaria provincial.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXV, Reg. 3795, Folio 6885/6888).-
Y también que: “…la valoración del material probatorio y el mérito que, de las pruebas adunadas a la causa, hicieron los Jueces preopinantes constituyen una materia privativa de los jueces de grado que no pueden ser revisadas en esta sede por medio de la mera expresión de una opinión discrepante que no alcanza a intentar demostrar la consumación de algún vicio. Al respecto, ha señalado este Cuerpo que en la meritación de la prueba los jueces son libres en la selección de los medios probatorios e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores garantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXV, Reg. 3034, Folio 4906/4909).” (cfr. Interlocutorio cit.).- Así, no surge del libelo bajo estudio, el error jurídico que se le atribuye a la sentencia recurrida, quedando los agravios reducidos a cuestiones fácticas y probatorias sin intentar demostrar la arbitrariedad invocada; de modo que el recurrente pretende lograr un nuevo examen del material probatorio ya analizado por el Tribunal de Alzada, lo que resulta, desde luego, ajeno a esta instancia extraordinaria.-
V. Por otro lado, advertimos que el actor se limita en tildar de arbitraria la sentencia de Cámara por el solo hecho de no compartir el análisis efectuado en esa instancia respecto a la prueba producida en la causa tarea que, por cierto, resultó contraria a sus pretensiones.-
Desde ese prisma, este Tribunal Superior de Justicia ha dicho que: “…la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, ‘...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación.’ Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas.’ (cfr. Juan Carlos Hitters, Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación, 2da. edición, pág. 479, 480, SCBA, Ac. 24.739, ‘Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios’, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, ‘Acebey de Dega, J.E c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, ‘Correa de A.A. V. c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 pág. 54.). De su lado, este Tribunal tiene dicho que: ‘...la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...’ (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3290, Folio 5480/5482).-
VI. Igual suerte adversa siguen los planteos efectuados por el recurrente relativos a la indemnización tasada por el artículo 80 de la LCT (cfr. Ley Nº 25.345) y, también, la extensión de responsabilidad a la firma YPF S.A. en los términos del artículo 30 de citado dispositivo legal.-
Así, en lo tocante a la procedencia de la indemnización prevista ante la falta de entrega de los certificados de trabajo, aportes y remuneraciones -art. 80 de la LCT-, este Tribunal Superior de Justicia ha dicho que: “…‘…los debates sobre…si el certificado previsto en el artículo 80 de la LCT, fue entregado en tiempo y forma…son todas cuestiones de hecho cuyo discernimiento deriva de la valoración de la prueba aportada por las partes que…se encuentra reservada a la instancia ordinaria, y marginada de la casación salvo la eficaz demostración de absurdo…’ (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3162, Folio 5193/5196). En la misma senda, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que: ‘…la verificación de si en un caso dado se configuran -o no- los presupuestos fácticos para la procedencia de la sanción pecuniaria prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. ley 25.345), constituyen facultades privativas de los jueces de los tribunales del trabajo que no pueden ser revisadas por la Suprema Corte, salvo el supuesto de absurdo que debe ser denunciado y eficazmente demostrado…’ (cfr. ‘Lezcano Maximiliano Martín contra Margobal SA s/ Despido’, causas L. 119.685 del 09/08/2017; y ‘Giordano Julio César contra Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina s/ Despido’, causa L. 114.166, del 15/07/2015).” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3513, Folio 6022/6025).- Desde la óptica de la responsabilidad solidaria que el actor trata de endilgarle a la codemandada YPF S.A., este Alto Cuerpo tiene dicho que: “…los jueces de grado son soberanos en la valoración de la prueba, por lo que el control casatorio queda por regla excluido, salvo los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo o arbitrariedad (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2644, Folio 3980/3984); y que la selección y valoración de la prueba constituyen facultades privativas del Juez, que no puede ser reemplazada por el mero criterio divergente de los recurrentes, como aquí se pretende, salvo error o arbitrariedad manifiestos, los que no se avizoran en el caso bajo estudio (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3541, Folio 6088/6092) […] en lo referido al agravio de YPF S.A. sobre su responsabilidad solidaria, surge de las constancias de autos que también tal como se ha expresado precedentemente la materia en tratamiento comprende el análisis de cuestiones que escapan a esta instancia extraordinaria, por su indiscutible encuadramiento en circunstancias de hecho y prueba…”. (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXV, Reg. 3818, Folio 6957/6961). Consideraciones estas extrapolables al presente caso.-
VII. Que, en virtud de todo lo expuesto y jurisprudencia citada, el recurso de casación articulado por la parte actora en PE1336225-2024, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1372456-2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15.-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1336225-2024 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1372456-2024.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1057I.241 Tomo: XXXVI Interlocutorio: 3843 Folio N°: 7039/7042 Secretaría: 1
Fin de la sentencia