Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 38.031-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución (AD CAMP) nº 150/17, dictada en el expte. SIGEA n° 12647-177-2010.
2Costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-111726691-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 7 de Octubre de 2025 ADUANAS s/ recurso de apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Horacio J. Segura, para dictar sentencia en los autos caratulados “LACTEOS CONOSUR S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, expte. nº 38.031-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 9/16 vta., se presenta por apoderado, la firma epígrafe e interponen recurso de apelación contra la Resolución (AD CAMP) n° 150/17, recaída en el SIGEA n° 12647-177-2010, en cuanto lo condena por la presunta infracción al art. 954, ap. 1, incs. a) y c) del C.A., relacionado con las destinaciones n° 09 008 EC01 000628 M, 08 008 EC01 013694 S, 09 008 EC01 006188 T, 09 008 EC01 003700 G, 09 008 EC01 005262 L, 08 008 EC01 013693 R, 09 008 EC01 006246 Y y 09 008 EC01 000189 Y, intimándosele el pago de una multa de $ 1.224.921,00 y la suma de U$S 11.690,48 en concepto de tributos. En primer término, efectúa un breve relato de los antecedentes que dieran origen al dictado de la resolución apelada. Expresa que los informes que sustentan la infracción son a todas luces incompletos, por cuanto no traducen la realidad de las operaciones del mercado internacional y se apartan de manera intencionada de los hechos con el único propósito de demostrar un ilícito que no existió. Manifiesta que la declaración del valor de venta formulada en cada uno de los permisos de embarque fue exacta y veraz. Considera que el hecho de que la Aduana tenga dudas sobre el valor documentado no implica que sean inexactos y que corresponda reproche infraccional. Relata que el área denunciante omite que las divisas fueron correctamente ingresadas al país en cumplimiento de las exigencias del Banco Central. Realiza consideraciones respecto de los arts. 332 y 954 del C.A. Expresa la Aduana no verificó la diferencia entre el precio declarado y el resultado de la comprobación sino que estipuló un valor estimativo de mercado que determinó a su criterio. Asimismo, considera que la desestimación del precio declarado no se traduce en una autorización para formular un reproche infraccional. Hace referencia al principio de razonabilidad. Subsidiariamente, solicita se aplique el art. 898 del C.A. Cuestiona la dolarización de los tributos en la resolución recurrida, ya que en la corrida de vista el servicio aduanero intimó a la empresa a pagar los tributos en pesos. Sostiene que vulnera el principio constitucional de la reformatio in pejus al implicar un agravante en la condena. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 32/37, la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte. Efectúa un relato de los hechos y contesta los agravios de la actora. Expresa que los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, preciosos y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente. Sostiene que la actora no ha logrado demostrar ni siquiera justificar, en una suerte de inversión de la carga probatoria, la veracidad de los precios declarados, como tampoco que dichos valores se corresponden a la realidad de la operación comercial. Manifiesta que no puede existir una determinación tributaria sin que la misma sea seguida de una infracción al art. 954 del C.A. Realiza consideraciones respecto de la infracción de referencia. Respecto a la solicitud de la actora en cuanto a la aplicación del art. 898 del C.A., expresa su rechazo. En relación a la carga tributaria, los dólares estadounidenses son tomados por el art. 20 de la Ley n° 23.905, sin que exista ningún problema técnico que lo invalide porque técnicamente no ha variado la carga tributaria sino que solamente pudo haberse expresado incorrectamente los guarismos representativos de la suma adeudada, esto no implica que se agrave ninguna deuda porque no se agrega ningún valor adicional a la deuda original. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 41, se abre la causa a prueba (producida a fs. 46/58). A fs. 68, se declara clausurado el período de prueba. A fs. 72, se elevan los autos a la Sala “F” y, se ponen los autos para alegar. A fs. 77, quedan los autos en estado de dictar sentencia.
IV. Las actuaciones administrativas SIGEA n° 12647-177-2010 se inician, a fs. 1, 13/23, 26/30, 33/37, 40/44, 47/57, 61/65 y 68/72 con los Informes de Valor n° 384/10, 132/10, 320/10, 321/10, 319/10, 131/10, 318/10 y 385/10 de la Sección Fiscalización y Valoración de Exportación. A fs. 7, 12, 31, 38, 45, 46, 66 y 73, obran los sobres contenedores n° 09 008 EC01 000628 M, 08 008 EC01 013694 S, 09 008 EC01 006188 T, 09 008 EC01 003700 G, 09 008 EC01 005262 L, 08 008 EC01 013693 R, 09 008 EC01 006246 Y y 09 008 EC01 000189 Y. A fs. 8, 25, 32, 39, 59, 67 y 74, lucen las denuncias n° 876/10, 304/10, 714/10, 715/10, 302/10, 712/10 y 239/10. A fs. 78/79, se dispone la instrucción de sumario y se corre vista de todo lo actuado a la firma LACTEOS CONOSUR S.A. y al despachante de aduana Anibal Godolfino Curotto. A fs. 82/82 vta., se notifica a la firma exportadora (9/5/12). A fs. 91/99, contesta vista la recurrente. A fs. 119/120, obra el Dictamen n° 4/17. Finalmente, a fs. 121/122vta., se dicta la Resolución (AD CAMP) n° 150/17, aquí apelada.
V. Seguidamente, debe determinarse en autos si la resolución recurrida por la que se condena a la recurrente a la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. a) y c) del C.A., al pago de una multa y tributos adeudados, se ajusta o no a derecho, siendo necesario para ello determinar si se encuentran reunidos los elementos configurativos de la infracción imputada.
La firma exportadora LACTEOS CONOSUR S.A. documentó las destinaciones de exportación n° 09 008 EC01 000628 M, 08 008 EC01 013694 S, 09 008 EC01 006188 T, 09 008 EC01 003700 G, 09 008 EC01 005262 L, 08 008 EC01 013693 R, 09 008 EC01 006246 Y y 09 008 EC01 000189 Y, de la mercadería descripta como “Las demás Leche entera --Sin adición de azúcar ni otro edulcorante -En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en peso: LECHE Y NATA (CREMA), CONCENTRADAS O CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE”, que ubicó en la P.A. 0402.21.10.900M, por la cantidad detallada de 90.000, 50.000, 25.000, 25.000, 50.000, 50.000, 25.000 y 50.000 kg por cada uno de los P.E., de acuerdo con las facturas comerciales n° 0006-00000050, 27/5 (pro-forma), 0006-00000065, 0006-00000062, 0006-00000064, 27/4 (pro-forma), 0006-00000066 y 29/1 (pro-forma), con un valor de 90.000, 50.000, 25.000, 25.000, 50.000, 50.000, 25.000 y 50.000 dólares estadounidenses.
La Sección Fiscalización y Valoración de Exportación a través de los informes n° 384/10, 132/10, 320/10, 321/10, 319/10, 131/10, 318/10 y 385/10, procedió a realizar un ajuste del FOB declarado en los despachos de exportación mencionados en relación al detalle de los costos de producción y gastos de exportación -provisto por la empresa recurrente-, de acuerdo con lo estipulado en el art. 736 del C.A. Asimismo, efectuó el cálculo de la multa correspondiente y, posteriormente, instruyó sumario en los términos de los incs. a) y c), ap. 1, del art. 954 del C.A.
Al contestar la vista conferida, la exportdora argumentó su proceder sobre cuestionamientos que no se relacionaban con lo argüido en los informes respectivos, es decir, su defensa se basó en indicar que para utilizar una base de comparación de mercadería idéntica a la exportada se debe tener en cuenta la fecha de embarque de los productos ya que los valores FOB que se declaran suelen sufrir grandes cambios que dependen de la oferta mundial.
Pese al descargo formulado, el servicio aduanero resolvió condenar a la firma recurrente, al pago de una multa por la comisión de la infracción mencionada e intimar al pago en concepto de diferencia de tributos.
VI. Previo a adentrarme en el análisis de la documentación acompañada en causa corresponde que me expida sobre la significación y el alcance de la normativa aplicable al caso.
Cabe establecer que para determinar la base imponible para el pago de los tributos, en materia de exportación, el Código Aduanero sigue los lineamientos de la Definición de Valor de Bruselas, en contraposición a las pautas que deben considerarse para determinar los valores de importación, ya que estas últimas fueron modificadas, como consecuencia de la aprobación de nuestro país del Acuerdo sobre Valoración del GATT, que justamente da las pautas sólo para la valoración de las mercaderías en aduana en materia de importación.
Aclarado ello, debe destacarse que el valor imponible de la mercadería exportada para consumo es determinado en base a un precio al que cualquier vendedor podría entregar la mercadería que se exportare (art. 745 del C.A.), como consecuencia de una venta efectuada entre un comprador y un vendedor independientes (arts. 735 y 742 del C.A.), lo que se corresponde con la “noción teórica” de valor, aplicable en materia de exportación.
Se trata del valor FOB, FOT o FOR dependiendo del medio de transporte que se utilice, entre un comprador y un vendedor independiente uno de otro, en el momento en el que determinan los arts. 726, 727 o 729 en cada supuesto, como consecuencia de una venta al contado (art. 735 del C.A.). En los artículos subsiguientes –hasta el art. 750 del C.A.- se precisan los elementos o condiciones que integran el concepto de valor imponible, como son el precio, la cantidad, el tiempo, el lugar y el nivel comercial.
El valor imponible en cuanto a los tributos a la exportación ad valorem es el valor FOB, FOT o FOR, según el medio de transporte de que se trate, incluyendo todos los gastos ocasionados hasta “el puerto en el cual se cargare en el buque con destino al exterior, para la mercadería que se exportare por vía acuática” (inc a), del art. 736 del C.A.), “el aeropuerto en el que se cargare, con destino al exterior, para la mercadería que se exportare por vía área” (inc b), de mismo artículo), o “el lugar en se cargare el automotor o ferrocarril con destino al exterior, para la mercadería que se exportare por vía terrestre” (inc c), del 736).
Asimismo, el art. 739 señala que “Los gastos a que se refiere el artículo 736 comprenden especialmente: a) los gastos de transporte y de seguro hasta el puerto, aeropuerto o lugar previstos en el mencionado artículo; b) las comisiones; c) los corretajes; d) los gastos para la obtención, dentro del territorio aduanero, de los documentos relacionados con la exportación desde dicho territorio; e) los tributos exigibles dentro del territorio aduanero, con exclusión de aquéllos que con motivo de la exportación hubieran sido eximidos o cuyos importes hubieran sido o debieran ser reembolsados como así también de los derechos y demás tributos que gravaren la exportación para consumo; f) el costo de los embalajes, excepto si éstos siguen su régimen aduanero propio; g) los gastos de embalaje (mano de obra, materiales y otros gastos); y h) los gastos de carga, excluidos los de estiba en la medida en que no estuvieren comprendidos en aquéllos.
VII. En la causa, el valor declarado en los despachos de exportación aludidos, tienen como contrapartida los importes expresado en las facturas comerciales n° 0006-00000050, 27/5 (pro-forma), 0006-00000065, 0006-00000062, 0006-00000064, 27/4 (pro-forma), 0006-00000066 y 29/1 (pro-forma), que sólo discriminan el valor individual y total del producto en sí. No obstante, se aprecia de la “hoja de ruta” que desde la localidad de Suipacha (lugar de elaboración del bien) hasta la Aduana de salida (Campana), hay un flete interno no incluido en tales valores. Además, de la documentación acompañada por la propia recurrente se evidencian gastos de “despacho, contenedor y proporcionales (sobre FOB)” que no fueron incluidos en el precio FOB declarado.
Como bien se ha mencionado, el inc a), del art. 739 del C.A., se refiere justamente, a los gastos de transporte y de seguro hasta el puerto, aeropuerto o lugar previstos. En tal sentido, se observa que el coste mencionado no fue incluido en el valor FOB declarado en los despachos citados. Asimismo, la recurrente no ha negado tal situación toda vez que incluso no ha aportado prueba alguna a los efectos de demostrar que dichos importes se encontraban incluidos, sino por el contrario.
Por ende, en el caso particular, la firma exportadora no probó ni ofreció prueba tendiente a demostrar que los gastos exigidos se podían encontrar incluidos en el precio declarado y facturado y, que los importes observados por el servicio aduanero se trataban de gastos que no debían incluirse en el valor de la mercadería.
VIII. A los efectos de la infracción en trato, es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación.
El precio declarado al coincidir con el de las facturas comerciales que contiene únicamente el precio de la mercadería en sí, teniendo en cuenta que debió declarar -el flete interno y demás gastos hasta el puerto de carga para la exportación- en la totalidad del precio FOB percibido por la operación y, en su caso, efectuar las deducciones correspondientes en el campo “ajuste a deducir”, posibilidad brindada por el SIM, la que no ha sido efectuada en autos, corresponde entonces tener por acreditada la diferencia entre lo declarado en los cuerpos del despacho y lo comprobado por el servicio aduanero.
A los efectos de esa diferencia, debe producir o haber producido, en caso de pasar inadvertida, en el supuesto del art. 954, ap.1, inc a), un perjuicio fiscal y, en el caso, del inc c), el ingreso desde el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere.
Que al consignarse un monto FOB menor al total efectivamente percibido en las operaciones involucradas en autos, ocasionaría un perjuicio fiscal por el pago de un importe menor al correspondiente en conceptos de tributos, al ser la base imponible declarada menor que la real.
Teniendo en cuenta las normas relativas al cálculo del valor en aduana de la mercadería en materia de exportación, donde en el valor imponible se debía incluir los gastos indicados y, no habiéndose probado que ya se encontraban incluidos en el valor declarado, el importe sobre el cual deberían calcularse los tributos correspondientes es distinto al señalado por la recurrente, ocasionándose la consecuencia del inc a), ap. 1, del art. 954 del C.A.
En cuanto, al inc c), del citado artículo, al indicar en el campo a “FOB total” y a “FOB total en Divisa” un importe menor al efectivamente percibido y que no incluiría la totalidad de los gastos que debían efectivamente incluirse por la exportadora, la suma efectivamente percibida por la exportadora pudo producir un ingreso desde el exterior de importes diferentes –al caso, mayores- a los declarados, dando lugar a la infracción impuesta al efecto.
En consecuencia, corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto a la comisión de la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, incs a) y c) del C.A.
IX. Respecto al planteo subsidiario efectuado en relación a la cuestión relativa a la dolarización de las liquidaciones suplementarias, cabe señalar que fue tratada en el precedente “Volkswagen Argentina S.A. c/AFIP-DGA”, de fecha 23/8/11, en el cual la CSJN avaló la postura de la Procuradora Fiscal, quien entendió que el art. 20 de la Ley n° 23.905 no fue dejado sin efecto por la Ley n° 23.928, porque según lo dispuesto en su art. 7° ésta solo estaba dirigida a las obligaciones de dar sumas determinadas en moneda nacional, mientras que las obligaciones cuya suerte se debate debían determinarse en dólares.
X. En cuanto a las costas del proceso, no advierto motivos para apartarme del principio general de la derrota, debiendo las mismas ser soportadas por la actora (art. 1163 del CA).
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución (AD CAMP) nº 150/17, dictada en el expte. SIGEA n° 12647-177-2010.
2. Costas a la actora.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos y conclusiones que resultan de los Considerandos I a V del voto que antecede.
II. Que en cuanto al fondo del asunto, nunca debe perderse de vista, al momento de resolver, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido pacíficamente, en sucesivos pronunciamientos, que el juzgamiento de las infracciones debe seguir los lineamientos que corresponde dar al juzgamiento de los delitos, lo que implica la plena aplicación de los principios del Derecho Penal en el ámbito infraccional aduanero (entre otros, Fallos: 311:2779; 303:1548; 297:215). Así las cosas, no sólo resultarían de aplicación las disposiciones generales del Código Penal, sino también aquellas emergentes de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en particular, de aquellos que integran el denominado bloque federal de constitucionalidad (confr. voto del suscripto in re “La Mercantil Andina c/ DGA”, del 31/7/12 de la Vocalía Nro. 13, Expte. Nro. 23.469-A).
En efecto, dicha jurisprudencia ha admitido expresamente la naturaleza penal de las infracciones aduaneras y la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal (sentencias del 18/10/73 in re “Guillermo Mirás S.A.C.I.F. y del 12/11/74 en autos “Linch, Mauricio s/ recurso de queja”), señalándose que “el carácter de infracción, no delito, que en principio revisten los ilícitos penales aduaneros, no empece la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal [...] en tanto la ley penal especial no disponga derogación expresa o tácita” (Fallos 293:670, disidencia de los Dres. Miguel Angel Bercaitz y Agustín Díaz Bialet).
En tal orden de ideas, cabe concluir que los principios de la ley penal operan, como regla, sobre las disposiciones represivas aduaneras (Fallos: 293:670), pues admitir lo contrario significaría vulnerar los principios generales del derecho penal que resultan aplicables en virtud de la naturaleza de la sanción apelada (Fallos. 310:1822).
Asimismo, también debe tenerse presente que el Alto Tribunal ha consagrado en materia de infracciones tributarias el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que “sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible le puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente” (Fallos: 271:297; entre muchos otros).
III. Que, bajo tales premisas, cabe recordar que en materia infraccional aduanera, siguiendo el principio de culpabilidad, de raigambre constitucional, el CÓDIGO Aduanero argentino adoptó el factor de atribución de responsabilidad subjetivo. Ello implicó sin duda un cambio normativo cualitativo respecto de la regulación contenida en la Ley de Aduana, que conforme las modificaciones introducidas por la ley 21.898, recogía expresamente el criterio de responsabilidad objetiva.
En la Exposición de Motivos del CÓDIGO Aduanero argentino se expresa que el sistema de responsabilidad en materia infraccional en esa norma gira en torno del cumplimiento de los deberes impuestos por el ordenamiento aduanero. En ese sentido, el artículo 902 del citado ordenamiento legal establece que no podrá imponerse sanción a quien hubiere cumplido con todos los deberes inherentes al régimen, operación, destinación, o cualquier otro acto o situación [...].
Ese sistema de responsabilidad conlleva que para aplicar una sanción lo que se exija es un mínimo de culpa y no necesariamente dolo. Lo que no resulta admisible es la imputación objetiva, ya que no respetaría la plena vigencia de las garantías enunciadas en el artículo 8° de la CADdHh, que conforme la doctrina de la Corte Suprema debe ser respetada por todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales (conf. “Losicer”, Fallos: 335:1126). Al respecto, cabe destacar que el artículo 4 del CÓDIGO Penal establece que las disposiciones generales de ese código resultan de aplicación a todos los delitos previstos por leyes especiales. Por ende, cabe colegir que entre la contravención y el delito no existe otra diferencia más que la cuantitativa (confr. Fallos 293:50, Consid. 5°, entre otros), por lo que aquellas disposiciones generales resultan también de aplicación al juzgamiento de las contravenciones aduaneras.
IV. Que, bajo tales postulados, a los fines de la imposición de una sanción de palmaria naturaleza penal, la resolución debiera, al menos, contener una clara exposición de elementos esenciales, a efectos de no vulnerar el debido proceso adjetivo. Se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional. Dichos elementos son:
a) los hechos que la sustentan, b) los elementos de juicio que constan en el expediente y que acreditan la existencia de la contravención, c) las razones que ameritan tener por configurado el hecho punible, tanto en su faz objetiva como subjetiva (culpa o dolo, según correspondiere), y d) los fundamentos de la graduación de la sanción aplicada en el caso particular.
A tal fin, la DGA tiene que describir la conducta punible en forma precisa, sin recurrir a fórmulas genéricas, como así también debe hallarse probada en forma clara y suficiente la maniobra denunciada, debiendo ponerse de manifiesto todos los elementos considerados por la Administración que demuestren que la decisión adoptada es fruto de la valoración de la conducta del agente.
En efecto, tratándose de materia infraccional aduanera, y por estricta e ineludible aplicación de los enunciados penales supra referidos, nunca se debe presumir la culpa o el dolo del agente, sino su inocencia, por lo que, a consecuencia de ello, el servicio aduanero, como órgano acusante, debe probar la culpabilidad de la firma exportadora -lo que en la especie NO se encuentre suficientemente acreditado-, y no exigirle a ésta la difícil prueba de su inocencia, en virtud de que no se debieran, a tal fin, utilizar únicamente los mismos elementos que fueran contemplados para cuantificar el perjuicio fiscal, para presumir y tener por probada la existencia de la conducta infraccional.
V. Que, bajo la plataforma fáctica que se desprende del sub-lite, lo cierto es que se advierte la falta de elementos que permitan considerar que la demandada ha efectuado un acertado encuadre jurídico de la situación descripta en relación a la firma recurrente.
Por ende, cuando el resultado disvalioso no permite inferir la falta de cuidado y previsión de la apelante, no se puede atribuir responsabilidad, salvo que se trate de una ley que atribuye responsabilidad sin culpa, lo que estaría en contra de los principios elementales del derecho penal, como así también de la Constitución Nacional y de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Por lo tanto, tanto en materia penal como en la infraccional, la efectiva operatividad del principio de legalidad impone la necesidad de practicar una hermenéutica que, basada en las palabras utilizadas para la elaboración del tipo legal, resuelva las dudas interpretativas en la forma más limitativa de la criminalización. En consecuencia, la opción en favor de una exégesis que amplifique el ámbito de la prohibición penal compromete ciertamente la garantía que implica el nullum crimen sine lege y, por ello, resulta preferible la elección de la interpretación más restrictiva de la punición en la medida en que, además, no provoca en el caso una consecuencia ridícula o absurda (CSJN in re “Valerga, Oscar Alfredo”, del 28 de agosto de 2007: disidencia de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni).
VI. Que, a mayor abundamiento, cabe aclarar que en la especie el servicio aduanero no ha logrado probar de modo concluyente la efectiva configuración del elemento subjetivo, a los fines del reproche infraccional endilgado en la litis.
En consecuencia, y no existiendo un nexo causal de tipo subjetivo entre la infracción endilgada por el servicio aduanero y la conducta de la firma exportadora, se encuentra suficientemente probada en la litis la imposibilidad de realizar respecto de Lácteos Conosur S.A. el principio de culpabilidad, siendo que no resulta jurídicamente admisible la alternativa de exigirle un comportamiento diferente al desplegado en autos, precisamente por su incapacidad –en el caso sometido a análisis del Tribunal- de acción y de autodeterminación, pues ello implicaría, sin más, negar la base misma del juicio de reproche.
VII. Que, por lo tanto, habida cuenta las especiales circunstancias de la causa, propicio que se revoque la multa aplicada a la empresa actora por aplicación del principio del artículo 898 del CÓDIGO Aduanero (“Beneficio de la Duda” o “Benefit of the doubt meaning”), en tanto no se deprende del sub lite una participación reprochable que de manera acabada o convincente concluya en la pretendida atribución de responsabilidad, siendo que la prueba rendida resulta insuficiente a tales efectos, al carecer de la significación incriminatoria necesaria para proporcionar la certeza de la responsabilidad de la recurrente en la producción del evento dañoso, máxime que en la especie se desprende la existencia de elementos de juicio que ponen en duda la presencia del elemento intencional integrativo del tipo que le fuera reprochado por la Administración en el suceso, conforme fuera supra relatado.
Por lo demás, el principio de la duda como pauta de valoración de la conducta del imputado en el proceso es una consecuencia natural de la presunción de inocencia contenida en el art. 18 de la Constitución Nacional (confr. Sala IV CAF in re “Prodmet S.A. c/ ANA” del 15/3/96; “Solanas Country S.A.” del 3/4/01; y “Curtiembre Pelicce S.A. (T.F. 9684-A) c/ DGA”, del 31/8/2004).
Consecuentemente, quien suscribe considera que las penas impuestas mediante el artículo 1° de la resolución apelada en autos -Disposición Nro. 343/2014 (AD BARI)- deben revocarse por estricta aplicación del artículo 898 de dicho ordenamiento, norma que recepta en debida forma garantías constitucionales de ineludible aplicación en la materia.
Todo ello, sin perjuicio del criterio que he asumido– por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, Expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, Expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, Expte. Nº 36.507- A, del 06/03/20, entre muchos otros).
VIII. Que admitir una solución contraria a la propiciada implicaría, en definitiva, conculcar la vigencia y progresividad del principio de la tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria (aduanera), que se encuentra contemplado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos 315:1492, jerarquía supralegal (art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 2, numeral 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros), como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (“Caso de la Panel Blanca” -Paniagua Morales vs. Guatemala -, Consid. 149 y ss, del 8/3/1998; “Caso del Tribunal Constitucional del Perú” -Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú-, Consid. 66 y ss, del 31/1/2001; “Baena Ricardo y otros c/ Panamá”, Consid. 129 y ss., del 2/2/2001; “Ivcher Bronstein c/ Perú”, Consid. , 100 y ss, del 6/2/2001; “Gelman c/ Uruguay”, Consid. 193, del 24/2/2011), que deviene vinculante -confr. art. 68 de la CADH- para los distintos poderes del Estado Nacional.
IX. Que, por lo demás, también se trata de preservar, conforme se ha expuesto, la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional, por lo que a su respecto siempre deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.).
X. Que repecto a lo resuelto en el artículo 3° de la resolución apelada, por el que se intima a la recurrente a al pago de derechos de exportación por la suma de U$S 11.690,48, con más sus intereses, considero que dicha decisión no se ajusta a derecho y corresponde revocarla, en virtud de las razones esgrimidas por el suscripto in re “KOHDEN´S SRL c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación” (Expediente N° 37.567-A),que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación, y a cuyos fundamentos corresponde remitirse en toda su extensión, a los fines de resolver el agravio de naturaleza tributaria introducido por la demandante.
XI. Que en relación a las costas del pleito, en atención a la complejidad y a las particularidades del caso, como así también considerando las decisiones adoptadas en sede judicial sobre la temática objeto de autos y el modo en que esta Sala ha decidido precedentes que guardaban sustancial analogía con la cuestión de fondo debatida en el presente proceso recursivo, resulta ajustado a derecho distribuirlas en el orden causado; todo ello con excepción de la Tasa de Actuación, la que queda íntegramente a cargo de la empresa actora. ASÍ LO VOTO.-
El Dr. Segura dijo:
Que adhiere al voto del Dr. González Palazzo.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución (AD CAMP) nº 150/17, dictada en el expte. SIGEA n° 12647-177-2010.
2. Costas a la actora.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2025.10.07 12:18:53 ART Date: 2025.10.07 15:38:33 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.07 16:39:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.07 16:39:59 -03:00
Fin de la sentencia