Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa L-401/01-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Aceptar las excusaciones de los Sres. Vocales de este Tribunal Superior, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, y Dras. Alicia de los Ángeles Mercau y Paula E. Ludueña Campos.-
2No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora a fs. 589/601.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: L-401/01-TSJ Sentencia N°: 351 Actor: LACUSTRE DEL SUD S.A.
Demandado: CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL – PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 12/11/14 Texto:
TOMO VII –OTROS RECURSOS– T.S.J..-
REGISTRO Nº 351 FOLIO Nº 1.331/1.335 PROT. ELECT. TSS1 015 O.141
Río Gallegos, 12 de noviembre de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “LACUSTRE DEL SUD S.A. C/ CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL - PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. N° L-401/01-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y,
Voto de la Dra. Reneé G. Fernández:
I. Que la resolución dictada oportunamente a fs. 626/630 por la que se concedía el recurso extraordinario federal, fue declarada nula por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fs. 642/644, por haber omitido pronunciarse categórica y circunstanciadamente sobre la observancia de uno de los requisitos esenciales del recurso extraordinario, cual es en el caso, la presencia de una cuestión federal de la naturaleza invocada por el recurrente (confr. fs. 643vta./644); ordenándose se dicte nueva decisión sobre el punto con arreglo a lo allí dispuesto.- A fs. 649/652 se excusan los Sres. Vocales de este Tribunal Superior, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula E. Ludueña Campos; en virtud de lo dispuesto por el artículo 17°, inciso 7, del CPC y C, por remisión del artículo 30° de la citada norma; no así la Dra. Clara Salazar, por continuar a la fecha en uso de licencia (confr. fs. 653) .-
Que, en virtud de lo expuesto, a fs. 653 obra la nueva integración de este Tribunal Superior, ordenándose el pase al Acuerdo a fs. 657.-
II. Ingresando al tratamiento de las excusaciones planteadas y observando que los Sres. Vocales nombrados precedentemente han dictado la resolución sobre la que ha recaído la nulidad referida en el primer párrafo, corresponde hacer lugar a las excusaciones deducidas conforme lo dispuesto por el artículo 30 del CPC y C. En el mismo sentido obran antecedentes en este Tribunal Superior de Justicia (confr. Tomo VIII, Sentencia, Reg. 280, Folio 1527/1528; Tomo X, Sentencia, Reg. 342, Folio 1857/1858).-
III. La actora en el recurso interpuesto expone sus argumentos. En este sentido, la recurrente entiende que en los presentes se ha configurado una cuestión federal que posee relación directa con la sentencia recurrida al resultar violatoria de los artículos 14, 16, 17, 18, y 19 de la Constitución de la Nación Argentina. (confr. fs. 590).-
Indica, que la cuestión se resolvió en base a consideraciones ambientales “…que no fue motivo de disputa ni en la tramitación administrativa ni en el presente juicio...” (confr. fs. 595). Sostiene que ello tiene su origen en una decisión del Tribunal Superior de Justicia, lo cual afecta su derecho de defensa (confr. fs. 594 vta.). Agrega que el pleito tuvo como objeto revisar la nulidad del Acuerdo 066/01 del Consejo Agrario Provincial, que le vedaba la realización de ciertos proyectos turísticos en tierras de su propiedad (confr. fs. 599), los cuales no fueron tratados por la demandada, (conf. fs. 595 vta.) amparándose en leyes que suspendían el tratamiento de cualquier proyecto por plazos improrrogables o hasta que se presentara el plan de manejo que no se dictó.
Esta circunstancia, configura una clara violación al derecho individual de propiedad y de ejercer industria lícita (confr. fs. 596 vta.).- Expone al respecto: “...Agravia a esta parte que la sentencia en crisis pretenda que la cuestión ventilada en autos sea exclusivamente la aplicación de los principios rectores del derecho ambiental fundada en meras afirmaciones dogmáticas sin conexión alguna con los hechos concretos debatidos ni menos aún con un pormenorizado análisis de los mismos todo lo cual lleva al Tribunal Superior de Justicia a dictar la sentencia en crisis...” (confr. fs. 594 vta.). Ello, violaría el artículo 19 de la Carta Magna “…en cuanto afecta la autonomía privada, disponiendo el Estado Provincial en pos de un bienestar general que en manera alguna se encuentra afectado por los proyectos en cuestión, interviniendo, arbitrariamente, el principio general de legalidad...” (confr. fs. 591 vta.).- Sostiene también, que se ha configurado la violación del derecho de defensa pues “...El Tribunal Superior de Justicia Provincial incurre en un exceso de jurisdicción al enarbolar el art. 41 de la C.N. excediendo el marco de los argumentos planteados por la demandada, pues el CAP ni tan siquiera lo cita y el PEP se limita a su transcripción, provocando en esta instancia un grave perjuicio a la actora culminando con una grave frustración del derecho de defensa en juicio...” (confr. fs. 600 vta.); y el de igualdad, puesto que, expone, las tierras propiedad de la actora se encuentran dentro de una reserva provincial, donde las restricciones son menores que en los parques nacionales, sin embargo padece más severas limitaciones al dominio que las tierras colindantes afectadas a parque nacional en las que, a pesar de estar regidas por la ley 22351, se han realizado grandes explotaciones de carácter turístico (confr. fs. 599 vta.).- Cuestiona el decisorio por arbitrario, en base a la doctrina sentada por el Máximo Tribunal de la Nación, porque, considera, en el caso ha existido un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista.
Sostiene, que “…la sentencia en crisis es dictada con un claro apartamiento de los derechos constitucionales de nuestro mandante, sin un análisis concreto de las constancias de autos, y en el marco de una interpretación arbitraria que avasalla el principio de razonabilidad que impone nuestra Carta Magna, con el único objetivo de consentir un accionar Provincial viciado desde sus antecedentes de nulidad absoluta para favorecer al Estado Provincial en perjuicio de la parte actora… El criterio jurídico sostenido en la sentencia puede ser válido pero pierde inexorablemente esa condición cuando se lo sostiene a costa del apartamiento de las constancias de la causa y de los límites que las peticiones de las partes imponen a los jueces...” (confr. fs. 600).
Finalmente afirma: “…es una mera afirmación dogmática la aplicación del art. 41 de la CN porque no tiene vinculación concreta con la causa de autos, en cuanto se hace primar el mismo sin conocer si se configura una violación o amenaza al mismo con los proyectos presentados por nuestro mandante, los que reiteramos, no fueron jamás analizados ni en sede administrativa ni en sede judicial y tampoco como corolario fueron rechazados por motivos ambientales...” (confr. fs. 600 vta.).- A fs. 610/620 vta.. la codemandada, Estado Provincial, contesta el pertinente traslado conferido, expresando que la actora no cumplió con los artículos 1°, 2°, 3° y 10° de la acordada 04/2007, explicando que recaudos, a su parecer, se han omitido y los motivos por los que, entiende, el recurso debe ser rechazado.
Sostiene asimismo que “...Los recurrentes se limitan a manifestar su discrepancia con la sentencia apelada y a proponer una solución que le confiera razón eliminando el contenido ambiental de la cuestión, sin rebatir adecuadamente los argumentos en que aquélla se sustenta, no se da cumplimiento a los requisitos de fundamentación suficiente exigido por el art. 15 de la ley 48 y la doctrina de la Corte. Todo lo expuesto, evidencia que el recurso no tiene otro sustento que una discrepancia de criterio, una solución que no es compartida por la actora, en suma las cuestiones que se pretenden traer a consideración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son las normas aplicables en si mismas, sino una interpretación de ellas desde la óptica particular de la actora (interés privado) y no general (interés colectivo ambiental)...” (confr. fs. 615 vta.).- A fs. 622 se ordena correr vista al Sr.
Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia quien dictamina a fs. 623/624. Allí expresa -sobre la base de los argumentos que esgrime y a los cuales nos remitimos "brevitatis causae"- que debe declararse inadmisible el recurso impetrado.-
IV. Que en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y analizando la presentación de la parte actora a fs. 589/601, contra el decisorio de este Alto Cuerpo que obra a fs. 571/584 y “...tal como lo disponen los artículos 257 del CPC y C de la Nación, artículos 14 y 15 de la ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la CSJN Nº 38/2011 y 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/12), corresponde que este Tribunal verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado…” (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo VI, Otros Recursos, Reg. 349, Folio 1322/1325). Siendo ello así, se procederá a analizar las exigencias de las mencionadas normas.- Lo primero que debemos destacar es que el recurrente no dio íntegro cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011 al no presentar el recurso deducido en formato de hoja A 4.-
Por otra parte, el recurso extraordinario federal ha sido interpuesto oportunamente y por quien tiene capacidad para recurrir (confr. arts. 256, 257 y concordantes del CPCCN).-
Que, en dicha tarea al verificar el cumplimiento de los requisitos impuestos por la Acordada de la CSJN nº 4/2007 se evidencia que se han cumplimentado parcialmente los requisitos de los artículos primero, segundo y tercero de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal. En efecto, la presentación no supera las 40 páginas, aunque sí los 26 renglones cada una, ha sido escrita con letra claramente legible (art. 1 del Reglamento), y cuenta con una carátula, en hoja aparte, conteniendo las exigencias establecidas en el artículo 2.- Con relación al último requisito, es preciso aclarar que si bien el recurrente acompañó una carátula en hoja aparte conforme se indica en el párrafo anterior, el domicilio electrónico denunciado no cumple los recaudos exigidos por la acordada Nº 3/12. Ello es así, toda vez que el actor denunció como domicilio electrónico una cuenta de correo electrónico y no una cuenta de usuario del Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos (SNE) otorgada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (confr. fs. 589 vta.).-
Continuando con el análisis del recurso interpuesto, observamos que la sentencia recurrida proviene del Tribunal Superior de la causa y es definitiva en la instancia provincial, con lo que se cumplimenta el requisito exigido en el artículo 3° inciso a) de la Acordada Nº 4/2007.-
El instrumento recursivo, no logra superar las restantes vallas formales enunciadas en el artículo 3 de la mentada acordada. Dicha normativa prevé un relato de las circunstancias relevantes del caso relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal (inc. b), lo cual se encuentra debidamente contenido en el escrito impugnatorio bajo examen. Sin embargo, en el escrito del recurso extraordinario federal, la recurrente no indicó el momento en el que se presentó, según su entender, por primera vez la cuestión federal. Si bien en sucesivos escritos a lo largo de la tramitación del presente expediente se expresa la clásica formula que “hace reserva del caso federal”, ello no cumple con los requisitos mínimos que son la formulación expresa e inequívoca, concreta y vinculada con la materia del proceso (confr. art. 3 inc. b) de la citada acordada). Hasta allí el cumplimiento de los requisitos del art. 3°.- Por otra parte, la actora recurrente no logra demostrar cuál es el perjuicio constitucional concreto que el pronunciamiento impugnado le ocasiona, pues sólo se limita a mencionar una serie de derechos y principios constitucionales que -a su criterio- han sido menoscabados (inc. c).-
Que, tampoco se advierte en el escrito bajo estudio “…la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas …” (confr. art. 3º inciso d) de la Acordada 4/2007 de la CSJN); ni “…la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquéllas…” (confr. art. 3º inciso e), de la mentada normativa).- Que, la doctrina elaborada por la Corte Suprema en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (confr. Fallos: 308:761 y 2421; 310:722).- Que, de contrario a lo sostenido por el recurrente, se evidencia en el pronunciamiento cuestionado un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (confr. Fallos 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).-
V. Que, en otro nivel de análisis se advierte que, en el recurso sub examine, los argumentos respecto de la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional -del modo en que ha sido planteado por el recurrente- constituyen una mera enunciación de normas y principios constitucionales supuestamente vulnerados que no logran demostrar la configuración de la cuestión federal o la arbitrariedad en el caso. En efecto, la sola mención efectuada de los preceptos constitucionales pretendidamente desconocidos (arts. 14, 16, 17, 18, y 19 de la Constitución Nacional), no autoriza a concluir que la misma se haya demostrado.- Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la sola mención de la afectación de preceptos constitucionales no alcanza para abrir la vía extraordinaria (confr. doctrina de Fallos: 165:62; 181:290; 266:135; 310:2306, entre otros). No basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar la cuestión federal, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo VI, Otros Recursos, Reg. 309, Folio 1190/1192; en igual sentido Fallos: 238:488, 295:335, y 310:2306). De admitirse tal argumento, toda pretensión con un invocado fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario.- Que, en el sub lite, el verdadero agravio de la parte impugnante se traduce en su disconformidad con el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses. -
VI. Que, respecto a la arbitrariedad acusada por la cual se pretende encauzar la viabilidad del presente recurso (confr. fs. 600/601), debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido en reiterados pronunciamientos que dicha doctrina resulta de aplicación estrictamente excepcional, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Federal (confr. Fallos 325:3265). Asimismo, ha establecido insistentemente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (confr. Fallos: 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (confr. Fallos: 237:74). Su finalidad es resguardar las garantías de defensa en juicio y debido proceso, exigiendo que los pronunciamientos de los jueces sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (confr. Fallos: 297: 100).- Que, la tacha de arbitrariedad, en consecuencia, cabe sólo frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a resulta de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (confr. Fallos: 311:1950; 315:449; 323:3139).-
Que, ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Alto Tribunal ha explicado oportuna y debidamente las razones jurídicas en las cuales apoya su decisión, adunándolas con citas doctrinarias y jurisprudenciales que son contestes con el criterio sustentado, las cuales no han podido ser rebatidas por el recurrente con la solvencia necesaria para habilitar la instancia extraordinaria federal.-
Por último, constituye un incumplimiento y que debe ser señalado es la carencia del anexo de las leyes, requerido por el artículo 8 de la Acordada 4/2007, por estar en juego la interpretación de normativa provincial, que no fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina.-
Corresponde concluir entonces que los agravios esgrimidos por la actora impugnante resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que carecen de la requerida fundamentación y soslayan en definitiva los argumentos del resolutorio cuestionado, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa por este Alto Cuerpo, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del remedio intentado. Así lo voto.-
Voto de la Dra. María Teresa Guruceaga:
I. Ingresando al tratamiento de las excusaciones planteadas, he de emitir mi voto en disidencia al de los Sres. Magistrados preopinantes por las razones que paso a exponer.-
Se excusan los Sres. Vocales en virtud de lo dispuesto por el artículo 17º, inciso 7º del CPC y C por remisión del artículo 30º del mismo código, por “Haber sido el Juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado”.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación al declarar la nulidad de la resolución de fs. 626/630, que declara admisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora, funda tal decisorio en que “...los términos genéricos del auto de concesión evidencian que el Tribunal a quo provincial ha omitido pronunciarse categórica y circunstanciadamente (con toda menudencia, sin omitir ninguna circunstancia o particularidad, según la definición de la Real Academia) sobre la observancia de uno de los requisitos esenciales del recurso extraordinario, cual es en el caso, la presencia de una cuestión federal de la naturaleza invocada por la recurrente...” (la negrita me pertenece, confr. fs. 643 vta.), y en que si bien incumbe a la Corte el juzgar sobre existencia o no de arbitrariedad de sentencia “...no es menos cierto que ello no exime a los órganos judiciales llamados a expedirse sobre la concesión del recurso extraordinario federal, de resolver circunstanciadamente si tal apelación -prima facie valorada- cuenta respecto de cada uno de los agravios que la originan con fundamentos suficientes para dar sustento, a la luz de la conocida doctrina de esta Corte, a la invocación de un caso de inequívoco carácter excepcional, como lo es el de arbitrariedad...” (la negrita me pertenece, confr. fs. cit.).- Prejuzgar es juzgar (emitir un juicio de valor de ciencia) con carácter previo, antes de la oportunidad procesal correspondiente.
Entienden Arazi y Rojas en su obra ‘Código Procesal Civil y Comercial de la Nación’, Comentado, Anotado y Concordado con los Códigos Provinciales, Tomo I, pág. 66, que es posible conceptuar el prejuzgamiento como aquella posición clara y precisa, asumida por el juez con anterioridad al momento de dictar sentencia, sobre aquellas cuestiones que resulten esenciales en la dilucidación del pleito. Por su parte Colombo y Kiper en su obra Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Anotado y Comentado, Tomo I, pág. 189, indican que toda causal de recusación con causa (excusación por remisión) tiene como presupuesto de procedencia un indebido aporte subjetivo del juez, en el prejuzgamiento, a los efectos legales, ese aporte subjetivo consiste en anticipar innecesariamente opinión en el mismo proceso que haga entrever qué decisión final habrá de tener la causa o el incidente.- A la luz de los conceptos arriba vertidos se evidencia que los Sres.
Ministros de la Corte Provincial no se encuentran comprendidos en la causal de prejuzgamiento, puesto que ya juzgaron sobre el fondo de la cuestión en litigio en la sentencia de fs. 571/584. Pero si se entendiera que el prejuzgamiento se relaciona con la concesión del recurso extraordinario de fs. 626/630, tampoco en este caso se configura tal situación. Así es, la Corte Suprema de Justicia ha anulado el resolutorio de fs. 626/630 por falta de pronunciamiento categórico y circunstanciado respecto de la cuestión federal invocada por el recurrente que, prima facie, se ha entendido existe. Es decir que, corresponde a la Corte Provincial cumplimentar ese requisito y resolver respecto de si cada uno de los agravios de la recurrente cuenta con fundamento suficiente en la naturaleza de la cuestión federal alegada.
No nos encontramos frente a una cuestión “de fondo del recurso” sino de forma, falta fundamentar, y en tal entendimiento no puede existir prejuzgamiento alguno.- En este mismo sentido se ha expresado el Tribunal Superior de Justicia in re “Rodríguez Cayupel c/ Quintana Minerals Santa Cruz Inc. S/ Daños y Perjuicios”, Sentencia del 29/02/2008, anotada al Tomo XIII, Reg. 451, Folio 2453/2461 en la que se entendió que: “...Se impone el rechazo de la pretensión casatoria con estricta e inmediata relación a la causal en tratamiento (prejuzgamiento), esto por cuanto las decisiones asumidas en el marco de los presupuestos contemplados en el artículo 213 inciso 3º del Código Procesal Civil y Comercial, (acceder a la traba de un embargo con carácter preventivo cuando quien lo solicita hubiese obtenido una sentencia favorable, aunque la misma se hallase recurrida), no importa prejuzgamiento acerca del fondo de la cuestión, como tampoco lo es la denegatoria a la sustitución del embargo trabado, ni la restitución de sumas de dinero que excedían el monto del embargo trabado y menos aún la concesión de los recursos de apelación o la elevación de los autos al Superior...” (confr.
Sumario del fallo citado, publicado en www.jussantacruz.gov.ar). Si en el precedente el Tribunal entendió que la concesión de los recursos de apelación no constituyen prejuzgamiento respecto del Juez que luego sentenció la causa, menos aún puede entenderse que existe prejuzgamiento por haber entendido -prima facie- que era admisible el recurso extraordinario respecto a una nueva resolución que funde dicha admisibilidad en los términos que impone la Corte Suprema de Justicia.- Por lo expuesto es que voto por no aceptar las excusaciones de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Angeles Mercau y Paula E. Ludueña Campos.-
Que, atento al voto emitido me exime de entrar a tratamiento de la admisibilidad del recurso impetrado. Así lo Voto.-
La Dra. Rosa R. Núñez, y los Dres. Joaquín A. Cabral y Domingo Norberto Fernández adhieren al voto de la Dra. Reneé G. Fernández.-
Que, por todo ello, el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales Subrogantes, Dres. Domingo Norberto Fernández, Reneé G. Fernández, Rosa R. Núñez y Joaquín A. Cabral, con el voto en disidencia de la Sra. Vocal Subrogante, Dra. María Teresa Guruceaga, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Aceptar las excusaciones de los Sres. Vocales de este Tribunal Superior, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, y Dras. Alicia de los Ángeles Mercau y Paula E. Ludueña Campos.-
2. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora a fs. 589/601.-
3. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante A/C Presidencia-, Dra. Reneé G. Fernández -Vocal Subrogante-, Dra. Rosa R. Núñez -Vocal Subrogante-, Dr. Joaquín A. Cabral -Vocal Subrogante-, Dra. María Teresa Guruceaga -Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1015C.141 Tomo: VII Sentencia: 351 Folio N°: 1331/1335 Secretaría: 1
Fin de la sentencia