Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 21.181-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar las resoluciones apeladas, con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-104611524-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 30 de Septiembre de 2022 Reunidos en la Sala G los titulares de la Vocalías 20, 21 y 19 respectivamente, Dres. Claudia B. Sarquis, Horacio Joaquín Segura y Miguel Nathan Licht, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “LADE SEGURIDAD S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, Expediente N° 21.181-A;
La Dra. Sarquis dijo:
I. Que, a fs. 31/45 y vuelta, se presenta con patrocinio letrado la representante legal de la empresa LADE SEGURIDAD S.A. e interpone recurso de apelación contra las resoluciones DE PLA nros. 5034/2004 y 1522/2005. Transcribe las partes resolutivas. En la primera de ellas se la condena por infracción al art. 954 inc. a) del Código Aduanero, formulándosele cargos por multa y tributos. Por la segunda, se le indica que el (SIC) cargo formulado por diferencia de tributos le serán aplicables las disposiciones de la Ley 25.561, los arts. 4 y 8 del Decreto 214/04 y el instructivo general obrante en la Nota Externa N° 2/04 (DGA) de fecha 26/11/04 por la que se dejó sin efecto la Instrucción General 39/02 (SDGLTA), todo ello al momento del efectivo pago.
Resume los antecedentes administrativos que culminan con las providencias recurridas. Sintéticamente, recuerda que importó mercaderías a través del DI 99 073 IC04 045555-P. Declaró dichos enseres en la P.A. NCM 8525.30.20. El servicio aduanero manifiesta una discrepancia entre dicha posición aranceleria, y la resultante de control aduanero. Por considerar que correspondería la PA 8525.30.90, efctúa denuncia por presunta infracción al art. 954 inc a) del C.A. Refiere las consideraciones de la resolución que apela. Plantea sus argumentos de defensa, dividiéndolos en diversas cuestiones: En la primera de ellas, afirma: “Que la Posición Arancelaria declarada es correcta” Sustenta su afirmación -contraria al informe técnico aduanero- en un dictamen del INTI.
Se trata de cámaras de televisión color, y en el recurso en vista se transcriben parcialmente las dos opiniones técnicas en pugna. A ellas se suman las expresadas por las pericias de oficio y del consultor técnico de parte, que se expidieron oportunamente. Dicha pericia conjunta fue remitida a la División Clasificación Arancelaria, que a fojas 130 del expediente aduanero, informó que por haber tomado un diferente valor de iluminación (“0,1 lux ...en vez de 1,5 lux”) arribaron a una errónea conclusión clasificatoria. Ante un nuevo traslado, el perito oficial “rectificó” lo informado, pero el perito de parte dio una explicación según la cual el valor “expresado en escena” de 1,5 lux se traduce según las fórmulas matemáticas aplicadas por el INTI en una ecuación de la cual resulta 0,09 lux.
Y por tales fundamentos -muy detallados por el perito de parte y transcriptos por la actora en su recurso- la declarante oportunamente adoptó “0,1 lux. Agrega que el requerimiento de la posición arancelaria es “sensible a necesidades de iluminación inferior a 0,2 lux” por lo cual concluye que fue correctamente declarado en el despacho de importación aquí mentado. A ello agrega que el dispositivo cumplía también con la cantidad de pixeles, que debía ser superior a 490 x 580. Asevera que el dispositivo también cumple dicho requisito, ya que sus pixeles son 752 x 582. Asegura que el perito de parte también comprobó que los 1,5 lux -que figuran en el manual de especificaciones técnicas- se refieren a iluminancia en escena y no en el sensor, que es donde se debe medir a los efectos clasificatorios.
Y que a tal efecto resulta aplicable la fórmula matemática aplicada por el INTI y por los peritos. No así por el Dictamen Técnico aduanero 58/2004, que menciona la palabra “sensibles” en relación a las cámaras y no al sensor. Ello no obstante, la recurrente aclara que dicha afirmación no es la que se refleja en el texto del P.A. NCM, ya que la diferencia es de orden físico o matemático y no filosófico. Con este criterio interpretativo, cita jurisprudencia de este Tribunal Fiscal de la Nación, “in re” “LABORATORIOS AVANZADOS DE ELECTRONICA S.A. S/ rec. de Apelación”, expte. 13.826-A, en el cual se dijo “Que en la peritación de fs. 117/119 se informa que la sensibilidad está siempre medida sobre el sensor, dado que el tubo es el sensor y no, sobre la imagen...” Por tales fundamentos, impetra que se establezca como correcta la posición arancelaria documentada por el contribuyente.
Como segunda cuestión, plantea la improcedencia del requerimiento tributario, en virtud de sostener la corrección de la declaración aduanera.
La inexistencia de infracción, como correlato, es planteada como tercera cuestión, ya que la única discrepancia con lo declarado es de tipo clasificatorio, lo cual excluye el reproche a la parte en los términos del art. 954 del C.A. Y es al servicio aduanero, a quien corresponde clasificar la mercadería.
Remite al derogado art. 957 del C.A., que estaba vigente a la fecha del despacho. Agrega la normativa del art 241 y del entonces también vignte art. 234 del C.A Cita varios casos de jurisprudencia que considera favorables a su argumento.
Subraya que la declaración se hizo en virtud de aquel momento nuevo Sistema Informático María.
Agrega como cuarta cuestión el art. 916 y su aplicación al caso de autos, y despliega al respecto fundamentos para la atenuación de la pena por la falta de antecedentes y la actitud diligente evidenciada por la firma. Incorpora una quinta cuestión, subsidiaria, respecto a la no aplicación de los arts. 4 y 8 del Decreto 214/02, ya que el reclamo de tributos en todo momento fue determinado, liquidado y expresado en pesos. Plantea el Caso Federal. Ofrece prueba instrumental e informativa. Solicita se revoque las resoluciones apeladas, con expresa imposición de costas a la contraria.
II. Que a fs. 56/65, se presenta la representante de la DGA y contesta el traslado oportunamente conferido. En primer lugar, y en cumplimiento del imperativo procesal, niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la actora.
Resume las presentaciones e informes que lucen en las Actuaciones Administrativas que adjunta como prueba de su parte. Señala que su mandante actuó de acuerdo a lege, pues a su juicio ha quedado probado que la declaración bajo análisis no resulta exacta. Manifiesta que el hecho punible surge de una diferencia entre lo declarado y lo documentado. Asevera que la imputada no la justificó debidamente en tiempo y forma. Transcribe el artículo 954 del Código Aduanero. Cita jurisprudencia que considera favorable a su postura, basada en la tutela de la veracidad y exactitud por parte de los importadores como auxiliares del servicio aduanero. Sostiene la legalidad del pronunciamiento apelado. Agrega que en el caso concreto debe interpretarse la normativa a la luz de la jurisprudencia de los casos “SUPBGA SACIEI” (CSJN 15-2-92) y “FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.”
(CSJN 15-2-92) entre otros.
Advierte que el recurrente no cumple con la carga del “Onus Probandi” que le compete a los efectos de lograr su exculpación, sino que por el contrario sus consideraciones son rebatidas con la prueba documental que aporta su parte. Considera inaplicable el art. 957 en la forma pretendida por la accionante. Interpreta que tampoco procede la aplicación del art 916 del C.A., ya que no existe fundamento alguno para reducir la pena impuesta. Invoca jurisprudencia relativa al decreto 214/02. Dice que la actora solamente efectiviza argumentos dogmáticos que no logran ni son verosímiles para desvirtuar la infracción constatada y sancionada por el servicio aduanero. Acompaña el expte. EAAA 602.089/99. Plantea el caso federal y solicita se dicte sentencia confirmando el decisorio de su parte, con costas a la actora.
III. Que a fs. 66 se declara la causa de puro derecho. A fojas 73 se elevan los autos a consideración de la Sala G. A fs. 74 se ponen los autos para dictar sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas precedentemente referidas, en cuanto aquí interesa, se originan en el Acta Denuncia 43/99 obrante a fojas 1/3, por la que se da cuenta de una presunta diferencia clasificatoria que tendría como consecuencia un perjuicio fiscal. A fojas 7 dice que habiéndose documentado la PA 825.30.20.000- Y, correspondería haber clasificado en la NCM vigente por la PA 8525.30.90.000-R “las demás...” Que a fojas 64/117 la firma encartada se presenta y destaca que clasificar la mercadería es una facultad de los agentes aduaneros, y las eventuales discrepancias no pueden cuestionarse como de tratamiento infraccional, máxime cuando el importador debidamente ha documentado en los términos de ley, acompañó la documentación complementaria respaldatoria y, en consideración a ella, nada situa la cuestión como una declaración inexacta, al menos para imputar en los términos pretendidos por el Fisco. Que allí se agrega a fs. 46/48 el dictamen 071474 efectuado por el INTI, con el cual no concuerda la División Clasificación Arancelaria (ver al respecto fojas 130). Los peritos producen sus informes a fojas 134/135 -perito de la parte- y 137 -perito de la Aduana-. El Dictamen Técnico 58/04 que compete a la División Clasificación Arancelaria -a fojas 139/141- opina que la mercadería debe conceptuarse como “Cámara de televisión policromática con sensor de imagen CCD, de 752 (H) x 582 (V) pixeles activos, sensible a intensidades de iluminación igua o superiores a 1,5lux”. Por ello interpreta que clasifica en la P.SIM 8525.30.90.000, tributando un D.I. =27% y una T.E. =0,5%, ello a la fecha de la documentación. Como consecuencia de ello, la Resolución aquí apelada considera punible la situación para la importadora pero absuelve al despachante, y formula también cargo por los tributos que considera adeudados.
V. Corresponde entonces a esta Instancia determinar si se ajusta o no a derecho el decisorio recurrido. En este sentido, adelanto que resulta mayoritaria la jurisprudencia que a lo largo de la vigencia del Sistema Informático María, tiene dicho que la simple falta de coincidencia entre la posición arancelaria declarada y la invocada por las áreas idóneas del organismo fiscal, no permite “per se” hacer responsable al importador de la infracción prevista en el art. 954 del Código Aduanero.
Por el contrario, la discordancia entre los informes reseñados, de distintos Peritos en el tema, introduce una razonable e importante duda respecto de dichas opiniones clasificatorias, tanto, que aún en el supuesto de considerarse que existiera algua inexactitud en la declaración, impediría en nuestro sistema legal vigente castigar al hipotético infractor.
En efecto, en otras palabras, a fin de tener efectos en materia penal, la supuesta diferencia clasificatoria debería demostrar en forma indubitable que la declaración era inexacta, situación que es ajena a lo sucedido en estos actuados.
Lo cierto es que el Sistema Informático María, según el cual se efectuó la declaración que nos ocupa, liquidó los tributos correspondientes a la posición arancelaria ingresada por el documentante. En el caso, el régimen tributario correspondiente a la mercadería que se documenta es una consecuencia de la declaración efectuada. Vale decir que si se consigna una posición arancelaria distinta a la que le corresponde a la mercadería, será diferente el tratamiento tributario que el propio sistema le adjudique. Como consecuencia, el documentante paga tributos diferentes a aquellos que correspondan. No obstante ello, queda claro que -al estar la descripción de la mercadería sujeta a los límites que le asigna dicho sistema informático- resulta prácticamente imposible, en los hechos, desplegar una descripción total y detallada de todas las mercaderías, en la medida que el eventual documentante se encuentra sujeto a un texto preestablecido. Tal situación conlleva que, por una parte, la obligación del importador o exportador consiste en extremar los cuidados necesarios a efectos de elegir el texto que se corresponda mejor con la mercadería de que se trate. Pero, por la otra, debe atenderse a la circunstancia de que el contribuyente disponga en la especie, de las condiciones necesarias aseguradas, para ejercitar correctamente su opción. Siguiendo este razonamiento, a partir de la implementación del SIM, no pueden aplicarse rígidamente los conceptos clasificatorios. Máxime cuando los propios especialistas discrepan en sus opiniones, como surge de la comparación de los informes periciales obrantes en los actuados administrativos, que fueron reseñados precedentemente.
El deber de colaboración de los auxiliares del servicio aduanero, se encuentra aún más limitado por las características propias del régimen clasificatorio. Y como contracara de lo expuesto, resulta aún más exigente la interpretación del Juzgador al momento de endilgar cualquier responsabilidad infraccional derivada del obrar de dicho auxiliar del Servicio. Es por ello que a partir de los conocimientos técnicos aplicables a esta materia, en el caso concreto el interesado cuenta -y ha aportado como prueba- con un informe del INTI y otro pericial de parte, que analizan la clasificación emanada del Fisco, con argumentos que le resultan oponibles. Nótese que aún el perito aduanero se ha expresado en forma contradictoria al respecto. Por todo ello, se advierten fundamentos más que suficientes para permitir eximir al accionante del incumplimiento que se le imputa.
Asimismo, parece razonable extremar los recaudos a efectos de analizar si el importador actuó con la debida diligencia, sobre la base de sus conocimientos técnicos y de las opciones informáticas existentes. Cabe aclarar que, como dijo la Dra. D. Paula Winkler “in re” “ARGEN AGRO SRL c/ DGA s/ rescurso de apelación” (sentencia del 26 de noviembre de 2009) “si bien el documentante tiene la opción de efectuar una declaración completa, a través de la elección correcta del texto a validar o bien de consultar al servicio aduanero en caso de duda, dichas circunstancias siempre se encontrarán condicionadas a los textos determinados por el sistema informático (doctrina de sent. Sala “E”, mi voto, en: “DISPORTEKO S.A.”, del 24 de febrero de 1999, expdte. TFN N° 9174-A, entre otros). Nótese que a la fecha de los hechos, el art. 234 del Código Aduanero no había sido modificado por la ley 25.986.”
Entiendo que “mutatis mutandi” resulta aplicable también a este caso, el criterio de la distinguida Vocal desplegado en tales antecedentes jurisprudenciales de la Sala “E” de este Tribunal.
Se deduce de lo expuesto, que fue necesario practicar varios análisis para llegar a determinar cuál sería la posición arancelaria aplicable. De la propia complejidad de la cuestión clasificatoria, es indiscutible que no resulta imputable ni siquiera alguna falta de diligencia del interesado, respecto de su deber de declarar con veracidad. La realidad de este hecho, a la luz de la doctrina y de la jurisprudencia vigentes, permite justamente absolver al importador.
En cuando al aspecto tributario, corresponde en justicia concluir que -en virtud de las circunstancias antes resumidas- también le asiste razón al reclamante. Así lo ha determinado la jurisprudencia mayoritaria, según la cual aún en el caso de una errónea ubicación arancelaria de la mercadería, ella no determina la inaplicabilidad de preferencias arancelarias, puesto que estas se conceden a las mercaderías y no a las posiciones arancelarias. Más aún en este caso concreto, en el que se ha logrado comprobar que la sensibilidad de la cámara de televisión debe ser medida sobre el sensor, y no sobre la imagen (igual criterio se siguió in re “LABORATORIOS AVANZADOS DE ELECTRÓNICA S.A. S/ rec. de apelación, expte. TFN 13.826-A). En resumen, atento que la declaración comprometida ha resultado correcta, no existe sustento para reclamar diferencias de tributos. Todo ello, también impide tener por válido el ajuste practicado. Por lo tanto, el cargo aquí apelado deviene improcedente y en consecuencia, debe revocarse. Dicha conclusión exime de tratar los demás argumentos desplegados por las partes.
Que por todo lo expuesto, VOTO por:
Revocar las resoluciones apeladas, con costas a la DGA.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
Que adhiere al voto precedente.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad SE
Revocar las resoluciones apeladas, con costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese y firme que quede la presente por, Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a su lugar de origen y, oportunamente, archívese.
Date: 2022.09.30 18:10:14 ART Date: 2022.09.30 18:26:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.30 22:23:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.30 22:25:03 -03:00
Fin de la sentencia