Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Bahía Blanca · Causa 148454
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia apelada de fs. 865/868 y admitir la demanda, condenando al accionado a pagar:
A- En concepto de daños materiales: la suma de $1.315,20 más sus intereses calculados a la “tasa activa restantes operaciones” del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde que se efectuó la extracción del dinero embargado en el cobro ejecutivo (expte. 55.794) y hasta su efectivo pago. Asimismo, los gastos generados en el cobro ejecutivo nro. 55.794 derivados del llenado abusivo del documento que aquí se ventila, así como de las erogaciones que se acrediten que efectuaron en la causa penal, montos que deberán determinarse en la etapa de ejecución de sentencia (art. 165 C.P.C.C.).
B- En concepto de daño moral, la suma de $20.000 a Oscar Lagonegro, $15.000 a Roberto Lagonegro y $12.000 a Alicia Anderson, montos a los que se aplicará intereses desde mayo de 2000 (dies a quo para su cómputo) hasta el 15/4/2011 (fecha de interposición de la demanda) a la tasa pura del 4% anual y, en adelante, a la tasa activa “restantes operaciones” del Banco oficial.
C- En concepto de daños punitivos, la suma de $30.197, a repartir por partes iguales entre los tres actores, correspondiendo $10.065,56 a cada uno.
2Imponer las costas de ambas instancias a la demandada.
3Diferir la determinación arancelaria para su oportunidad (arts. 31, 51 y concordantes del Decreto Ley 8904).
Número de orden:
Libro de sentencias número:
En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a 24 de mayo de 2017, reunidos en acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Doctores Leopoldo L. Peralta Mariscal y Abelardo A. Pilotti, para dictar sentencia en los autos caratulados “Lagonegro Roberto Antonio y otros contra Elías Gastón Luciano sobre daños y perjuicios” (expediente número 148454) y, practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal), resultó que la votación debe tener lugar en el siguiente orden: Doctores Peralta Mariscal, y Pilotti, resolviéndose plantear las siguientes C U E S T I O N E S 1) ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada, dictada a fs. 865/868?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DR. PERALTA MARISCAL DIJO:
A- El asunto juzgado.
A. 1) A fs. 587/625 Oscar Lagonegro, Roberto Lagonegro y Alicia Anderson promovieron demanda por daños y perjuicios contra Gastón Elías por $81.240,20 y U$S 1.315, más sus intereses, costas y “pesificación y actualización monetaria en el caso del daño material reclamado en dólares”.
Señalaron que los hechos que motivan la acción reconocen su origen en un contrato de mutuo de dinero otorgado por el demandado a los reclamantes en mayo de 1.999 por $1.500 y el consecuente libramiento de veinte pagarés por U$S 100 cada uno en garantía de la devolución de la totalidad del préstamo, incluyendo intereses. Agregaron que los instrumentos fueron abonados en forma puntual, con excepción del último, que no fue pagado. Sostuvieron que el demandado se valió de ese documento pendiente, lo adulteró (agregando el número “2” adelante del 100) y persiguió el cobro ejecutivo de U$S2.100, en lugar de los U$S100 adeudados. Obtuvo sentencia favorable en ambas instancias -atento al estrecho marco cognoscitivo del proceso ejecutivo- y el embargo de los haberes de los coactores Oscar y Roberto Lagonegro. En razón de ello efectuaron una denuncia penal, tramitando la causa por el delito de “estafa procesal en concurso aparente con falsificación de documento privado”. Resaltaron que los informes periciales obrantes en esas actuaciones demostraron la adulteración, brindando detalles de lo dictaminado. Asimismo refirieron que se le otorgó al demandado el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, oportunidad en que les ofreció una indemnización de $2.100, la cual rechazaron por considerar insuficiente, decidiendo incoar la presente demanda.
Peticionaron la aplicación de las normas de defensa del consumidor al caso, detallando la actividad del accionado y el contrato que los vinculó. También se explayaron sobre su responsabilidad civil, solicitando que la conducta se juzgue a la luz de las normas que regulan la responsabilidad contractual, conforme la opción brindada por el art. 1.107 del Código Civil. Finalmente solicitaron el resarcimiento de los siguientes rubros: I-Daño material: a) U$S 1.315,20 (requiriendo su “pesificación”) por el retiro de dinero efectuado por el demandado en el cobro ejecutivo promovido con el pagaré adulterado; b) $1.240,20, consistente en el dinero embargado y aun depositado en la cuenta correspondiente a ese expediente; c) $3.000 en concepto de reintegro de gastos y honorarios que debieron afrontar para incoar la denuncia penal, más la defensa en causa civil, estimados a razón de $1.000 por cada uno de los actores. Requirieron por la aplicación de intereses a la tasa activa.
II-Daño moral: $20.000 para Oscar Lagonegro; $15.000 para Roberto Lagonegro y $12.000 para Alicia Anderson.
III-Daños punitivos: $30.000 “y/o lo que en más o en menos” se entienda prudente fijar.
A. 2) El demandado, Gastón Elías, respondió a fs. 660/671.
Liminarmente opuso excepción de prescripción. Luego efectuó una negativa pormenorizada de los hechos invocados por la contraria y dio su versión de lo acontecido. Explicó que procedió a “prestarle en forma personal” U$S1.500 a mediados de 1999, los que serían devueltos en enero de 2000 por un valor de U$S2.100, monto por el cual se suscribió el pagaré que posteriormente ejecutó. Manifestó que no cometió defraudación alguna, sino que “completó” el documento con el número “2”, lo que en nada modificó la obligación ya que esa era la suma que figuraba en letras. Realizó consideraciones en torno a la causa penal, aclarando que la suspensión de juicio a prueba no implica confesión o reconocimiento de la responsabilidad civil, por lo cual no puede considerarse como una condena. Negó que la relación pueda subsumirse en las normas de defensa de los derechos del consumidor, aunque reconoció “que existió una relación de consumo entre las partes”, de la cual no surge daño alguno. A todo evento, impugnó la liquidación practicada y solicitó el rechazo de la demanda. A. 3) La actora respondió la excepción de prescripción a fs. 676/681, habiendo el a quo diferido su tratamiento para el momento de dictar sentencia.
Producida la prueba ofrecida, a fs. 785/787 el magistrado de la instancia anterior sostuvo que los daños que se reclaman “nacerían a partir de un hecho que origina responsabilidad extracontractual”. Ello así, hizo lugar a la excepción de prescripción planteada y rechazó la demanda. Este Tribunal a fs. 836/839 señaló que la existencia de una relación contractual entre las partes y su subsunción al régimen consumeril estaban fuera de debate, habiendo la actora optado expresamente por que se juzgue por el sistema de la responsabilidad contractual.
Consecuentemente, considerando aplicable el plazo prescriptivo decenal del art. 4.023 -que no se encontraba cumplido- se revocó lo decidido y se ordenó al a quo expedirse sobre el fondo del asunto (reenvío ratificado a fs. 854, dado el planteo del magistrado de fs. 849).
B- La solución dada en primera instancia.
El juez de la instancia anterior dictó sentencia a fs. 865/868. Primeramente aclaró que su competencia le fue impuesta por no haberse admitido su excusación de fs. 849. Señaló que atento a lo resuelto por esta Alzada “me encuentro en el entuerto de sentenciar el caso en la órbita de la responsabilidad contractual cuando ya he resuelto al sometérseme la cuestión de la prescripción, que el asunto ha desencadenado daños aquilianos”. Ello así, adelantó que no observaba la existencia de daños que encuadren en la responsabilidad contractual y permitan admitir la acción. Posteriormente analizó si existe entre las partes, respecto al hecho por el que se reclaman los daños y perjuicios, relación de consumo. Sostuvo que si bien reconocen que el pagaré cuya adulteración se denunció penalmente ha tenido creación por intermedio de un contrato de consumo, los daños cuya indemnización se demanda no nacen como consecuencia del préstamo sino a partir del supuesto delito, por lo que no se relacionan con la conjunción consumerista. Agregó que más allá de la evaluación que efectuó prima facie al correr traslado de la demanda, el presente proceso no queda alcanzado por las normas de la ley 24.240, con vigencia al momento del hecho.
En cuanto a la responsabilidad del demandado, si bien hizo propias las conclusiones del perito calígrafo obrantes en la causa penal, consideró que la adulteración del pagaré escapa a la responsabilidad contractual reclamada por la actora “haciendo uso -o mal uso- de la opción del art. 1107 del CCiv.”. Concluyó en que no existe incumplimiento contractual alguno por parte de la demanda que le atribuya responsabilidad, agregando que “aquí la antijuridicidad no la constituye una circunstancia en relación a las condiciones de ejecución del contrato sino que nace de un hecho ajeno a él” y que “la adulteración del pagaré consecuencia del contrato de mutuo se constituye en un ilícito violatorio al deber de no dañar, ajeno al cumplimento contractual”.
Ello así, rechazó la demanda, imponiendo las costas a los actores. C- La articulación recursiva.
Contra lo así resuelto interpusieron los actores recurso de apelación a fs. 872, el que fue concedido en relación y con efecto devolutivo a fs. 873. A fs. 878/896 luce la expresión de agravios, obrando a fs. 900/902 la réplica de la contraria.
D- Los agravios.
D. 1.1) Sostienen los recurrentes que el a quo desconoció la calidad de cosa juzgada de la sentencia dictada por este Tribunal a fs. 836/839, donde se determinó que se encuentra debidamente acreditado en autos la existencia de una “relación contractual (cuya subsunción al régimen consumeril está fuera de debate)”, configurándose un supuesto de responsabilidad contractual en función de la expresa opción ejercida al entablar la demanda.
Entienden que el juez de primera instancia ha efectuado “una vez más” un análisis incompleto, parcial y erróneo de las postulaciones de los litigantes y las pruebas producidas, ignorando el referido fallo. Sostienen que lo resuelto viola el principio de congruencia, ya que el a quo determinó que los daños reclamados no nacen como consecuencia del préstamo por el cual el demandado recibe el pagaré, sino a partir del supuesto ilícito, por lo que no se subsumen en la relación de consumo, afirmaciones que desconocen el atributo de cosa juzgada de la sentencia de Cámara, donde se determinó expresamente que “nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad contractual porque se utilizó un pagaré que formó parte de la relación contractual”. Se explayan sobre la eficacia de la cosa juzgada, citando doctrina y jurisprudencia.
Consideran que el fallo resulta incoherente, arbitrario e incongruente, ya que se debió necesariamente dictar sentencia aplicando la normativa regulatoria de la responsabilidad contractual y la ley de defensa del consumidor como se indicó en la resolución de este Tribunal. Señalan “que resulta incomprensible para los suscriptos, en nuestro carácter de simples ciudadanos y trabajadores, comprender el porqué de la conducta y/o razones que llevan al a quo a desconocer el mandato judicial de la sentencia del ad quem e insistir en el dictado de un fallo basado en los mismos argumentos que ya fueron rebatidos y dejados sin efecto por un Tribunal Superior”
D. 1. 2) Asimismo critican que se haya apartado de la sentencia de Alzada que determinó la existencia de un supuesto de responsabilidad contractual. Agregan que, además, se ignoraron los arts. 1197 y 1198 del Código Civil, que disponen que los contratos son ley para las partes y deben ser celebrados, interpretados y ejecutados de buena fe. Sostienen que cualquier modificación a las condiciones pactadas en el mutuo celebrado importa una actuación contraria a la buena fe y un claro incumplimiento contractual, verificado en el caso con la actitud del demandado, quien abandonó el proceso ejecutivo que promovió luego de que los actores formularan la denuncia penal. Puntualizan que el accionado tenía derecho a que se le devolviera la suma prestada más el interés pactado, por lo cual quedando una sola cuota impaga -de U$S 100- la ejecución de un pagaré adulterado por U$S 2.100 constituye un incumpliendo contractual que generó un delito durante la etapa de ejecución del contrato. Concluyen en que la responsabilidad delictual del demandado se produce dentro del marco de los derechos y obligaciones resultantes de la relación de consumo producto del contrato de mutuo, estando en presencia de un único hecho que simultáneamente configura un incumplimiento de contrato doloso -se dificultó el cumplimiento de la verdadera obligación- y contrario a la obligación general de no dañar, siendo los únicos perjudicados los mutuarios y cometiendo la doble infracción (contractual y delictual) el mutuante demandado.
D. 1. 3) También se duelen de que se haya considerado que se hizo un mal uso de la opción del art. 1107 del C.C., cuestión que fue expresamente reconocida en la sentencia de Cámara. Asimismo cuestionan que no se hayan analizado las postulaciones de las partes y pruebas rendidas en la causa.
En síntesis, entienden que conforme sentencia de fs. 836/839 dictada por este Tribunal, no existe duda respecto a la existencia de una relación de consumo y de un contrato de mutuo, la aplicación del estatuto del consumidor y el incumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato por parte del demandado. Ello así, solicitan que se revoque el decisorio -insistiendo en su nulidad- y que se haga lugar a la demanda en todas sus partes.
D. 1. 4) Finalmente se agravian de la imposición de costas.
Sostienen que les fue concedido el beneficio de gratuidad en función del art. 53 de la Ley de defensa del Consumidor, decisión que se encuentra firme, por lo cual la condena debe ser revocada a fin de no conculcar los institutos de la preclusión y cosa juzgada, así como la garantía de defensa en juicio. A modo eventual, solicitan que los gastos causídicos se distribuyan en el orden causado.
D. 2) A fs. 900/902 el demandado solicita la confirmación de lo resuelto. Afirma que la demanda ni siquiera debió ser interpuesta ya que “quien no cumple no puede exigir el cumplimiento de la otra parte, y mucho menos reclamar un supuesto daño”. Considera que los actores desinterpretan la sentencia de primera instancia y que el a quo resolvió la cuestión de fondo conforme se le indicara, pero determinando que no existieron incumplimientos obligacionales del demandado. Argumenta que el haber establecido este Tribunal la órbita contractual del presente litigio para resolver la prescripción no se traduce en un incumplimiento de su parte e insiste en que completó el documento y no lo adulteró.
E. El análisis de la sentencia apelada en función de los agravios. E. 1) Dado que la presente sentencia es declarativa de derechos y no constitutiva, juzgándose un hecho ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, por aplicación de su artículo 7° ha de resolverse la cuestión en función de lo dispuesto en los hoy derogados Código Civil y Código de Comercio, pues lo contrario implicaría una improcedente aplicación retroactiva de la ley. E. 2) Asiste razón a los recurrentes en todas sus afirmaciones respecto al apartamiento en que incurrió el magistrado de la instancia anterior al tratar cuestiones que ya fueron evaluadas por este Tribunal y quedaron firmes, estando fuera de discusión la existencia de una relación contractual entre las partes y su subsunción al régimen consumeril, habiendo la actora optado expresamente por que sea juzgada por el sistema de la responsabilidad contractual (sentencia de fs. 836/839). Consecuentemente y siendo imperioso dar una respuesta al caso, me abocaré si más al tratamiento de los planteos introducidos en la demandada, no sin destacar la obstinación del Inferior por desconocer lo resuelto por esta Alzada, cual si se tratara de un magistrado de instancia única y, además, dueño absoluto de la verdad.
La única cuestión que debe despejarse en esta instancia procesal respecto a la relación de las partes es la existencia de incumplimiento contractual del demandado Elías. Y debo adelantar que la respuesta afirmativa se impone.
Es que, más allá de los esfuerzos argumentativos que viene desplegando desde sus presentaciones en el cobro ejecutivo que promovió (expte. nro. 55.794 que obra por cuerda) y que reiteró tanto al declarar en sede penal (copia a fs. 132 del presente) como al responder la demanda de autos, no ha podido acreditar su versión de los hechos.
En efecto, ha señalado el accionado insistentemente que el pagaré cuya ejecución promovió por U$S 2.100 (copia a fs. 111) fue originariamente suscripto por ese monto, no habiendo procedido a su “adulteración”, sino a “completarlo” con un “2” adelante del “100” para que coincida con el monto consignado en letras. Asimismo ha referido en todas las instancias que se trataba de un único pagaré por un único préstamo y que ese mutuo lo otorgó a los actores a título personal y no como miembro de la Compañía Financiera Intercambio.
Sin embargo, de los elementos arrimados se desprende que se libraron una serie de pagarés por U$S100, que fueron identificados, según las cuotas, con una numeración correlativa (1/20, 2/20 y así sucesivamente) llevando el que dio lugar a estas actuaciones la constancia “20/20”. Además, en todos los títulos se consignó al pie el número “198”, lo que da cuenta de una clara vinculación entre ellos.
Tanto el instrumento en cuestión como este sistema de identificación fueron analizado por el Perito Juan Andrés Akmens en la causa penal. En su primer informe (cuya copia luce a fs. 107 y por un error de costura continúa a fs. 109) determinó que el número “2” fue insertado en el pagaré (conclusiones a fs. 109, copia del pagaré a fs. 111).
En su segundo dictamen (copias a fs. 139/142 y conclusiones - erróneamente cosidas- a fs. 108 y vta.) analizó los restantes pagarés aportados por los actores (recuperados al pagar cada cuota), todos extendidos a favor de “Intercambio” e identificados en lápiz como 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 9/20 y 10/20. Sostuvo el experto que todos ellos, así como el que originó el presente (20/20) fueron completados por la misma persona que realizó el cuerpo de escritura de la causa penal, el allí imputado y aquí demandado Elías (fs. 108 vta.).
Estas consideraciones fueron tenidas en cuenta por la Sra. Fiscal al formular la requisitoria de elevación a juicio (copias a fs. 257 y ss.) y ponderadas para hacer lugar a esa elevación (fs. 319 y ss. resolución conf. a fs. 360 y ss.). Ello sin perjuicio de que, finalmente, se resolvió suspender el juicio a prueba (fs. 410 y ss.).
Si bien el encartado intentó justificar esas constancias de identificación y restar fuerza a la postulación de los accionantes de que evidencian la vinculación entre todos los pagarés, sus argumentos no solo no fueron contundentes, sino que dan cuenta de su participación en el negocio a través de la Compañía Financiera Intercambio. Así, en su declaración en sede penal dijo que otorgó un mutuo a Lagonegro en las instalaciones de la firma pero que se trató de un préstamo personal “o sea que el que le presté la plata fui yo y no la financiera Intercambio”. Asimismo reconoció ser uno de los socios de esa entidad y que fue en esas oficinas donde entregó el dinero (copias a fs. 133), lo que fue ratificado por un empleado de “Intercambio” (v. declaración a fs.123).
Por otra parte, Elías señaló que el número 20/20 que lleva el pagaré en su parte superior izquierda es “solo a efectos de identificarlo internamente” (referida declaración en sede penal, fs. 132 vta.), afirmación que no hace más que corroborar los dichos de los actores.
En definitiva, existe una serie de pagarés, todos extendidos a favor de “Intercambio” salvo el último (que generó este pleito), otorgado a favor de Elías. Todos están vinculados por esa “identificación interna” que hace referencia indudable al número de cuotas (1/20, 20/20) y todos llevan al pie un mismo número de “identificación interna”: “198” (v. copias a fs. 13/14 y 111), habiendo concluido el perito calígrafo en que todos fueron confeccionados por el demandado. A ello se suma que se utilizaron las oficinas de la financiera Intercambio para efectuar la entrega del dinero y que el accionado es uno de sus socios. Finalmente, la firma Empresur informó que el coactor Oscar Lagonegro figuró en su base de datos de deudores morosos por una deuda con Intercambio que coincide en monto y fecha con la aquí declarada (fs. 768).
Todos estos elementos -que no han sido refutados con prueba alguna por parte del accionado- sumados a la circunstancia de que quedó acreditado que el pagaré en cuestión fue adulterado, llevan a concluir en que el negocio entre las partes se realizó como los actores describieron en su escrito postulatorio: mutuo a pagar en 20 cuotas de U$S100, de las cuales quedó pendiente de pago la última, aprovechando esa circunstancia el demandado, quien adulteró el pagaré y promovió el cobro ejecutivo de U$S2.100 en lugar de los U$S100 adeudados.
Consecuentemente, ha quedado demostrado el incumplimiento contractual en el cual incurrió el Sr. Elías, quien no obró con la buena fe que debe primar en los contratos y alteró las condiciones documentales originarias de la contratación de un modo que lo llevó incluso a ser investigado por la justicia penal (art. 1198 y conc. del Código Civil). E. 3) Sentado ello, me adentraré en los rubros reclamados por los recurrentes.
En primer lugar solicitan en concepto de daño material, la suma de U$S1.315,20 requiriendo que sea “pesificada” y a ello se le adicione la tasa activa. Arriban a este monto señalando que en el cobro ejecutivo promovido por el aquí demandado, el Sr. Elías (allí ejecutante) retiró un cheque de $1.415,20. Añaden que esos fondos eran producto del embargo sufrido en el año 2000, por lo que consideran que dado que se encontraba vigente la “Ley de convertibilidad”, equivalían a U$S1.415,20, cantidad a la que corresponde detraer los U$S100 que debían.
Del referido cobro ejecutivo surge que, efectivamente, el 16/4/2002 el apoderado de Elías extrajo $1.415,20 (fs. 73 y vta., c. 55.794 agregada por cuerda). Ahora bien, ese embargo de haberes se hizo efectivo en pesos y el cheque librado al ejecutante lo fue en la misma moneda. Ello así, la pretensión de los recurrentes no encuadra en los casos de “pesificación”, sino que implica una actualización monetaria que resulta improcedente ante la expresa prohibición contenida en los arts. 7 y 10 de ley 23928 en su actual redacción. Por consiguiente, este rubro prospera por un mil trescientos quince pesos con veinte centavos ($1.315,20).
En cuanto a los intereses a aplicar, propongo que se calculen sobre la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires para “restantes operaciones”.
En efecto, es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho que el art. 565 del Código de Comercio no impone que a todas las obligaciones comerciales les sea aplicada necesariamente la denominada tasa activa (Conf. S.C.B.A., Causa 94239, sentencia del 30-VI-2010, entre muchos otros fallos); que tiene incorporado -además de lo que corresponde al "precio del dinero"- un plus constituido por el costo financiero propio de las entidades que se dedican a la intermediación de capitales y que no pesa sobre el acreedor; costo que, en nuestra economía, resulta desproporcionado por el sobredimensionamiento del sistema bancario y financiero (conf. S.C.B.A., Ac. 49439, del 31-VIII-1993 en DJBA 145, 187, entre otros). Pero a pesar de ello, corresponde aplicarla en el caso de autos. En primer lugar, de esa doctrina no resulta que a la operación comercial que vinculó a las partes no corresponda aplicarle la tasa activa, sólo se desprende que no necesariamente a todas las obligaciones comerciales debe aplicárseles, pero no veda -a contrario de lo que ocurre en materia civil- su utilización en operaciones comerciales extra bancarias, si el tribunal competente lo considera adecuado.
En autos, ha quedado acreditado que la relación que vinculó a las partes es comercial y que la actividad del demandado consiste en el préstamo de dinero, por lo cual el acto se rige por la legislación mercantil, cobrando vigencia lo previsto en el art. 565 del Código de Comercio, conforme al cual la tasa a fijar es la activa, desplazando el art. 622 del Código Civil (en igual sentido, expte. 147.555 del 16/3/2017, causa donde apoyé mi voto en los esclarecedores argumentos de mi distinguido colega Dr. Pilotti volcados en el expte.146.578 del 4/10/2016).
Para evitar conflictos posteriores, ante la existencia de distintos guarismos del Banco oficial bajo el mismo nombre, propongo que se aplique la tasa activa en su modalidad “restantes operaciones” por las razones que ha explicitado este tribunal con anterioridad, a las que me remito en homenaje a la brevedad (causa 142.680, “El Creditón”, del 15/05/2014).
E.4) También como daño material reclaman los actores (puntualmente Oscar Lagonegro) la suma de $1.240,20 que aún se encuentra depositada en el cobro ejecutivo y que se corresponde con haberes embargados.
Si bien de la compulsa de la referida ejecución no surge que aun exista dinero depositado, tal circunstancia ha sido acreditada en el presente con el informe de fs. 777/779, donde constan depósitos en la cuenta de esos autos, retenidos al reclamante hasta mayo de 2005 (ver también recibos de haberes a fs. 580/586).
Ahora bien, de la lectura del cobro ejecutivo se advierte que el Sr. Oscar Lagonegro peticionó y obtuvo el levantamiento del embargo (resolución de fs. 93, dictada el 16/2/2005) por lo cual desde entonces pudo solicitar la devolución del dinero indebidamente embargado y aun no retirado por el ejecutante. Consecuentemente, no cabe hacer lugar a este rubro en el modo requerido, debiendo el interesado efectuar su petición ante el Juez donde tramita la referida ejecución, pues lo solicitado no es un tópico que concierne a estos autos.
E. 5) El siguiente ítem que solicitan los actores, también como daño material, es “el reintegro de los gastos y honorarios que hemos debido afrontar para incoar la denuncia penal más la defensa en la causa civil”, monto que estiman en $3.000, a razón de $1.000 para cada uno (fs. 608). Si bien el planteo no resulta del todo claro, cabe diferenciar las distintas erogaciones que pueden estar involucradas:
a) En cuanto a los gastos en el cobro ejecutivo en el cual resultaron condenados, corresponde hacer lugar a este planteo. Y no existiendo aún regulación en esas actuaciones, propongo establecer que en la etapa de ejecución de sentencia se liquiden a favor de la actora todas las sumas que allí debiere pagar derivadas del abuso del llenado del documento que aquí se ventila.
b) En relación a las erogaciones en las que debieron incurrir en sede penal, también corresponde hacer lugar a los gastos generados, en la medida en que sean acreditados, lo que también se decidirá en la etapa de ejecución de sentencia (art. 165 C.P.C.C.)
c) Finalmente, todo lo concerniente a gastos causídicos por el presente proceso será tratado en la parte pertinente de este resolutorio. E. 6) También solicitan los recurrentes daño moral, discriminado del siguiente modo: $20.000 para Oscar Lagonegro, dada la relación de confianza con el accionado, el juicio que debió afrontar, los embargos trabados y figurar injustamente en una base de riesgo crediticio como deudor moroso; $15.000 para Roberto Lagonegro, por la demanda civil y embargos que enfrentó y $12.000 para Alicia Anderson, por el juicio civil promovido en su contra.
Tal como he sostenido en causa "Castelli” (expte. 141.404 del 28/08/2014) y he reiterado recientemente (expte. nro. 147.279 de la Sala I, del 20/4/2017) la indemnización por daño moral se sustenta en la doctrina del artículo 1078 del Código Civil, pudiendo ser definido como toda modificación disvaliosa del espíritu generadora de profundas preocupaciones o estados de aguda irritación que afectan el equilibrio anímico de la persona. No constituye un título válido para indemnizar quisquillas ni tiene por finalidad engrosar la indemnización de los daños materiales; busca mitigar el dolor o la herida a los derechos personalísimos más estrechamente ligados a la dignidad de la persona física y a la plenitud del ser humano.
Es cierto que en el ámbito de la responsabilidad contractual la ocurrencia de esta clase de perjuicio debe ser suficientemente acreditada, pues, a diferencia de lo que sucede en la órbita extracontractual, en principio no cabe presumirlo in re ipsa. De allí que quien lo invoca debe acreditar no sólo su existencia, sino que ha excedido las simples molestias propias de todo incumplimiento contractual, aventando reclamos que respondan a una excesiva susceptibilidad o carezcan de significativa trascendencia jurídica (S.C.B.A., in re "Bernard", Ac. 56.328 del 05/08/1997, JUBA). Sin embargo, aun en el marco de esta doctrina legal, "...restricción no es sinónimo de prohibición, y si el perjuicio está suficientemente acreditado, debe ser resarcido".
En el caso de autos, con respecto a la relación previa del coactor Oscar Lagonegro con el demandado, el propio Elías reconoció que se conocieron por una cuestión comercial “pero luego se transformó en una amistad”, producto de la cual en reiteradas ocasiones le habría prestado dinero (v. copia fs. 132 declaración en sede penal). También se acreditó que a raíz del pagaré adulterado figuró en la base de datos de una asociación que evalúa los riesgos crediticios (Empresur, conf. fs. 561 y 768). Asimismo obran declaraciones de personas que trabajaban con él cuando fue trabado el embargo y dan cuenta del malestar que le generó la situación (testigos Montero y Calcinelli, a fs. 741 y 743).
Sin perjuicio de esta prueba rendida en particular con respecto a Oscar Lagonegro, el daño sufrido tanto por éste como por los restantes coaccionantes surge de las constancias mismas de la causa, desde que contra los tres se promovió un juicio ejecutivo en base a un pagaré adulterado, habiendo sufrido embargos en sus haberes tanto Oscar como Roberto Lagonegro. Asimismo se desprende de las copias acompañadas de la causa penal, que los tres recurrentes efectuaron la denuncia y se presentaron como particulares damnificados, siguiendo el proceso en todas las instancias. Y, a pesar de que gran parte de los elementos probatorios allí recabados fueron facilitados por los actores, no pudieron encontrar una justa reparación en ese fuero, debiendo finalmente incoar la acción en estudio (v. escasa oferta que se hizo al acordarse la suspensión de juicio a prueba, cuestión que la Cámara de Garantías consideró inapelable: copias a fs. 415 y ss. y fs. 429/431).
En definitiva, todas estas vicisitudes por las cuales atravesaron los actores durante más de 17 años (el cobro ejecutivo del pagaré adulterado fue iniciado el 28/3/2000) exceden notoriamente las inquietudes propias y corrientes del mundo de los negocios y deben necesariamente haber impactado en el espíritu, la tranquilidad y la vida diaria de los peticionantes, haciendo procedente la reparación por daño moral peticionada.
En cuanto a su monto, siendo uno de los rubros indemnizatorios más difíciles de cuantificar porque se carece de cánones objetivos, este Tribunal adhiere a la teoría de los placeres compensatorios, consistente en bucear entre distintos placeres posibles, a saber: el descanso, las distracciones, las diversiones, los juegos, escuchar buena música, placeres de la gastronomía, etc. (Iribarne, Héctor Pedro: "La cuantificación del daño moral", en Revista de Derecho de Daños n° 6: Daño Moral, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1999, pág. 185 y siguientes).
En autos no existen pruebas suficientes que permiten determinar el nivel de vida de los actores ni sus gustos personales. Sin embargo los recurrentes han peticionado montos concretos para la reparación de este rubro. Ello así, y debiendo entenderse que ellos son quienes en mejores mejores condiciones se encuentran de ponderar su sufrimiento, corresponde determinar la suma de veinte mil pesos ($20.000) para Oscar Lagonegro y la suma de quince mil pesos ($15.000) para Roberto Lagonegro, montos con los cuales podían adquirir en el año 2011 (fecha de la demanda), por ejemplo una motocicleta Marca Daelim, modelo Daystar o un cuatriciclo Cerro, Modelo Former 250, lo que evidencia que la pretensión era razonable (ver sitio web oficial de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del automotor y créditos prendarios, DN 00971/2010 que detalla los valores vigentes para automotores y motocicletas entre el 3/1/2011 y el 2/1/2012). Asimismo corresponde otorgar a Alicia Anderson los doce mil pesos ($12.000) que requirió, con los cuales en 2011 podía adquirir, a modo de ejemplo, un televisor LCD 42’’ LG -$8900- y un equipo de música Sony 4400 W -$2.000- (valores aproximados conforme catalagogarbarino.wordpresss.com/2011; también compulsar “catálogos electrodomésticos 2011 Frávega”). Todos estos son placeres compensatorios no solo razonables, sino hasta mesurados, en tren de compensar la honda aflicción que conlleva el sentirse víctima de un delito doloso contra la propiedad groseramente violatorio de la buena fe contractual.
Como el daño moral se fija a valores vigentes a la fecha de la demanda (15/4/2011) corresponde que los intereses desde mayo de 2000 (dies a quo para su cómputo por ser la primera oportunidad de manifestación del daño ya que en esa fecha fueron intimados de embargo en el cobro ejecutivo en base al pagaré adulterado y desde entonces comenzó la denuncia de irregularidades, conf. fs. 11/16 expte. 55794 por cuerda) hasta la fecha de interposición de la presente acción corran a la tasa pura del 4% anual para continuar, en adelante, con la tasa activa “restantes operaciones” del Banco oficial, por las mismas consideraciones vertidas al tratar el rubro daño material, a las que me remito (igual criterio sostenido al determinar el daño moral en la referida causa “Castelli”). E. 8) Finalmente solicitan los recurrentes la determinación de daños punitivos.
Tal como especifica el artículo 52 bis de la ley 24.240, la multa debe graduarse considerando la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, con independencia de las otras indemnizaciones que correspondan. A ello se agrega que, en atención al carácter punitivo de la figura, no basta el mero incumplimiento, sino que es necesario que se trate de una conducta particularmente grave, "caracterizada por la presencia de dolo (directo o eventual) o, como mínimo, de una grosera negligencia." (Lorenzetti, Ricardo Luis, Consumidores, 2ª edición, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2009, pág. 563).
En el sub examine, está fuera de discusión la relación de consumo habida entre las partes. Asimismo ha quedado acreditado el incumplimiento contractual en el que dolosamente incurrió el demandado al adulterar el pagaré que aún no había sido saldado, promoviendo un juicio ejecutivo por U$S 2.100 cuando la deuda en realidad ascendía a U$S100, provocando el embargo de los haberes de dos de los ejecutados. No puedo soslayar que la conducta reseñada constituye un grave y objetivo incumplimiento de las exigencias de la ley 24.240, en desprecio a los derechos de la contraparte, aprovechándose del acotado marco cognoscitivo del proceso ejecutivo incoado y manteniendo su postura en todas las instancias procesales -incluso en el presente- a pesar de los elementos probatorios contundentes arrimados en sede penal.
Asimismo debe ponderarse que el demandado es socio de una entidad financiera y fue en ella donde se efectuó el mutuo, siendo entonces su actividad comercial habitual el préstamo de dinero, por lo cual su conducta puede llegar a reiterarse.
Fijar su monto es una tarea delicada, siendo premisas ineludibles: a) que no es un resarcimiento; b) que es una sanción; c) que tiene incidencia la gravedad de la falta; d) que no tiene relación lineal con los rubros indemnizatorios; e) que debe cumplir una función preventiva, disuadiendo al infractor de reincidir en conductas análogas.
En demanda, los actores peticionaron la suma de $30.000 “o lo que en más o en menos V.S. entienda prudente fijar en concepto de daños punitivos, a repartir “en forma igualitaria” a razón de $10.000 a cada actor. Entiendo que tal pedido es inocuo; carece de la manera más absoluta de incidencia en la cuantificación porque no se trata de un resarcimiento a favor de la víctima, sino de una sanción al infractor. Comparto, en este sentido, lo que elocuentemente ha señalado Álvarez Larrondo: "Es claro que al no ser éste un rubro indemnizatorio sino una sanción de carácter preventivo impuesta por el Magistrado interviniente, el consumidor no puede ni debe mensurar dicho rubro, y de hacerlo, el Juez en modo alguno quedará limitado por dicha petición" (Álvarez Larrondo, Federico M: "Los daños punitivos y su paulatina y exitosa consolidación", en La Ley, 29/11/2010). En la misma línea, el Tercer Congreso Euroamericano de Protección Jurídica de los Consumidores (Buenos Aires, 23 a 25 de septiembre de 2010) ha despachado unánimemente por su comisión 5° ("Principio de prevención. Daños punitivos"), de lege lata que "El consumidor no debe mensurar el daño punitivo al tiempo de su petición, por cuanto su imposición ha sido atribuida exclusivamente al magistrado en cumplimiento de una manda constitucional (art. 42 C. Nac.), y por consiguiente no es pasible de la oposición de la excepción de defecto legal atento a quedar encuadrado en la excepción que impone el art. 330 segundo párrafo del Código Procesal de la Nación y el de la Pcia. de Buenos Aires". Por ello, el quantum solicitado es irrelevante, sobremanera cuando se lo relativizó en función de lo que más o en menos determine el criterio del tribunal, aunque era innecesario. Ello sin perjuicio de que, como se verá, por una mera casualidad, en estos autos lo pedido coincide con lo que corresponde fijar.
El quid de la cuantificación del daño punitivo radica en una cantidad encuadrable en el concepto de sanción con función estrictamente preventiva que no sea inferior ni superior a la suma necesaria para generar incentivos económicos suficientes en el infractor como para disuadirlo de incurrir en conductas análogas, postura que ha sido aprobada por unanimidad en el citado Tercer Congreso Euroamericano de Protección Jurídica de los Consumidores bajo la siguiente fórmula: "De lege lata se interpreta que la multa civil no debe ser inferior ni exceder el monto necesario para cumplir con su función de disuasión".
Se trata de que el deudor internalice las consecuencias de la baja probabilidad de condena, lo que se logra obligándolo a pagar a un damnificado los daños provocados a los demás afectados que no hicieron el reclamo ante la autoridad jurisdiccional; se compensa con daños punitivos la escasa probabilidad de ser sentenciado.
Como se ha dicho, "no estamos aquí ante una indemnización o reparación por daño alguno sufrido por la víctima, sino ante un instrumento preventivo sancionador, que ha elegido como destinatario a la víctima, con la sola finalidad de fomentar la denuncia de prácticas lesivas del orden económico integral… Es que al conocer el consumidor que su reclamo de escaso monto puede recibir además un plus producto de la sanción al obrar violatorio de todo el ordenamiento económico (por cuanto el mismo distorsiona las reglas del mercado, perjudicando a los competidores ajustados a la ley), éste tendrá mayor interés en iniciar el arduo camino de un proceso judicial, y ante el incremento de los reclamos, las empresas que actúan como la aquí demandada descubrirán que el negocio de lesionar los derechos de sus clientes deja de ser rentable para convertirse en deficitario y, en consecuencia, comenzarán a resolver los inconvenientes directamente en su propia sede, descargando de esa manera el costo de gestión de conflictos que hoy trasladan masivamente al Estado a través de sus oficinas de Defensa del Consumidor…" (Álvarez Larrondo, Federico M., "Los daños punitivos y su paulatina y exitosa consolidación" La Ley, 29/11/2010).
Tampoco debe tratarse de una suma superior a la necesaria para generar incentivos suficientes que disuadan al infractor de incurrir en conductas análogas, porque si bien el daño punitivo es una sanción, su finalidad es estrictamente preventiva y, por ende, resultaría excesiva una cantidad mayor.
En búsqueda de la mayor objetividad posible a la hora de fijar el quantum punitivo, debemos atenernos en cuanto resulte posible a modelos matemáticos, pues se trata de un auxilio eficaz para el juez a la hora de lograr la ansiada objetividad, con la decisiva ventaja correlativa de permitir la reconstrucción del razonamiento que lleva a fijar una suma indemnizatoria y no otra, lo que permite a su vez a las partes ejercer de manera mucho más amplia su derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional), pues para individualizar el yerro de fundamento les bastará demostrar ante un tribunal superior que la fórmula utilizada es inadecuada, que no se la aplicó correctamente o que una o varias de las variables son equivocadas.
Mucho más difícil es persuadir a un tribunal revisor del error en la determinación de una suma que se considera "prudente", "acorde a las circunstancias del caso" o que se valida con una alocución similar. Lo "prudente", lo "mesurado", es más opinable -y por ende irrebatible- que los parámetros cuánticos de una fórmula aritmética y, como he dicho, lo peticionado en demanda debe descartarse de plano como parámetro de cuantificación, en cuanto a daños punitivos concierne. Comparto las palabras de Acciarri cuando dice que la utilización de fórmulas matemáticas es muy superior al lenguaje retórico para obtener cálculos complejos con variables interrelacionadas, pues las fórmulas aportan una claridad a la argumentación que si bien no restringe la discrecionalidad, limita la arbitrariedad judicial (Acciarri, Hugo A.: "¿Deben emplearse fórmulas para cuantificar incapacidades?", en Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, La Ley, año IX, n° V, mayo de 2007).
He de valerme de la fórmula aritmética propuesta por Irigoyen Testa ("Cuantificación de los daños punitivos: una propuesta aplicada al caso argentino", en Castillo Cadena, Fernando y Reyes Buitrago, Juan - coordinadores-: Relaciones contemporáneas entre derecho y economía, Coedición Grupo Editorial Ibáñez y Universidad Pontificia Javeriana, Bogotá, 2012, págs. 27 a 61), quien mejoró la fórmula tradicional propuesta en los Estados Unidos de Norteamérica para calcular daños punitivos (Cooter, Robert D., "Punitive Damages for Deterrence: When and How Much?", 40 Ala. L. Rev. 1143 1988-1989), en la que se tiene en cuenta el resarcimiento por daños reparables que corresponden a la víctima (en este caso $48.315, 20 o sea, $1.315, 20 por daño material y $47.000 por daño moral) y la probabilidad de que un damnificado decida transitar todo el periplo necesario y logre una condena resarcitoria por los padecimientos infligidos, que incluya daños punitivos.
Nótese que estamos ante un doble condicionamiento: por un lado, debe tenerse en cuenta la probabilidad de que la víctima decida iniciar un proceso judicial y obtenga éxito en él, a lo que debe agregarse que bajo ese contexto el dañador sea condenado a pagar daños punitivos.
En el procedimiento matemático que utilizaré se obtendrá como resultado la ausencia de daño punitivo (o su cuantificación en cero, que es lo mismo) si existe un cien por ciento de probabilidad de que en todos los casos el infractor sea condenado a resarcir el total del daño materialmente provocado a las víctimas. Contrariamente, la multa civil comenzará a existir cuando ese grado de probabilidad sea menor que el cien por ciento, y aumentará cuanto menor sea la probabilidad de que se produzca.
La fórmula a aplicar, ponderando que la cuenta indemnizatoria se integra con daños estrictamente reparables en el sentido que he dado a esta expresión, es la siguiente:
D = C x [(1 - Pc) / (Pc x Pd)] En ella:
"D" = daño punitivo a determinar;
"C" = cuantía de la indemnización compensatoria por daños provocados;
"Pc" = probabilidad de ser condenado por la indemnización compensatoria de daños provocados;
Pd = probabilidad de ser sentenciado por daños punitivos, condicionada a la existencia de una condena por resarcimiento compensatorio.
La constatación de las probabilidades que constituyen dos de las variables de la fórmula ("Pc" y "Pd") es un problema de gran dificultad, aunque no concierne a la técnica de cálculo, sino a la engorrosa acreditación de la cuestión de hecho que constituye su presupuesto; es un problema jurídico y no matemático que, en el caso, consiste en determinar la probabilidad de que el demandado sea sentenciado a resarcir los daños provocados a los clientes a través de actitudes antijurídicas como la constatada en autos, a lo que se suma la probabilidad de que en esa resolución se añada la condena accesoria a pagar daños punitivos. No es este un inconveniente que aparece únicamente cuando se utiliza una fórmula matemática; se trata de una dificultad inexorable a la hora de cuantificar el daño punitivo aunque aparezca solapada bajo el manto de una argumentación retórica que siempre desemboca en anodinas fórmulas como "resulta equitativo", "deviene mesurado", "es conforme a las circunstancias del caso" o en el cómodo pero arbitrario trámite de recurrir a lo pedido en la demanda.
Con fórmula matemática o sin ella, no existe otra alternativa que acudir a presunciones hominis derivadas del sentido común y la experiencia del juzgador (arg. art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial), derrotero en el cual encuentro que en las actuales circunstancias de tiempo y lugar, aproximadamente noventa y nueve consumidores entre cien que se encuentren en situación análoga a la del actor intentarán y obtendrán una efectiva condena judicial a que se le resarzan los daños y perjuicios ocasionados por conductas como las que se ventilan en autos, ya que salvo por un error grosero de derecho se dictaría una sentencia desestimatoria de la pretensión; y muy difícilmente una demanda de estas características no se entablará ante tamaña acción dolosa.
Obtenida la condena, la probabilidad de que a la principal se agregue otra por daño punitivo cabe estimarla en un 80%, pues pese a la claridad de su procedencia, habrá quienes entiendan que no se trata de un daño infligido mediante algún método regular de su operatoria y por ello no aplicable el art. 52 bis de la ley de defensa del consumidor, más aún con la escasa prueba aportada en autos.
Con base en estos parámetros y partiendo de la indemnización fijada en autos con carácter resarcitorio ($48.315,20) se llega a un daño punitivo de $ 30.197, cifra con la que propongo sancionar al demandado Gastón Elías, en los términos del art. 52 bis de la ley 24.240 y, conforme lo pedido, distribuirla a razón de $10.065,66 por cada actor.
El cálculo para cuantificar "D" (daño punitivo) es el siguiente: D = C x [(1 - Pc) / (Pc x Pd)] D = 48.315,20 x [(1-0,99) / (0,2 x 0,80)] D = 48.315,20 x [0,01 / 0,16] D = 48.315,20 x 0,625 D = 30.197 Reexpresado sintácticamente, el demandado podría haber previsto que si existe una probabilidad de ser condenado que no llega al 100% (Pc = 99%, es decir que noventa y nueve personas de cada cien estarían dispuestas a iniciar un juicio, logrando contratar a un abogado y obteniendo sentencia favorable) por el daño total provocado de $48.315,20 (que en el caso es "daño material y moral"), tiene una condena "esperada" por este rubro de solo $47.832,04 ($48.315,20 x 99%), cantidad que por ser inferior al total del daño provocado resulta insuficiente para disuadirlo de seguir cometiendo este tipo actitudes perjudiciales a los consumidores y usuarios.
Sin embargo, si además puede prever que recibirá una condena por daños punitivos que compense la baja probabilidad de ser sentenciado, tendrá una condena "extra" esperada que lleve la previsibilidad de condena al cien por ciento en todos los casos, seguramente corregirá su accionar para el futuro (ya no le resultará eficiente incumplir la conducta debida) y se ajustará a los estándares sociales de diligencia requeridos tanto para la protección de los intereses económicos de consumidores y usuarios, cuanto para que no se viole el derecho a recibir un trato equitativo y digno, todo lo cual halla amparo en el art. 42 de la Constitución Nacional. Asumo que el 99% y el 80% de probabilidad que, respectivamente, incluí como variables en la fórmula aritmética utilizada, son relaciones opinables y que la actora encontrará razones para argumentar que he sobreestimado la probabilidad y la demandada, por el contrario, que la he subestimado.
Pero hacer explícito mi razonamiento -y por lo tanto permitir su cuestionamiento por ambas partes-, lejos de constituir una fisura, descubre una virtud, cual es permitir un suficiente debate -en el marco de eventuales recursos- que permita un acabado ejercicio del Derecho de defensa (art. 18 de la Constitución Nacional). No debe dejar de advertirse que, por callarlos, los fundamentos no se tornan inexistentes: si yo hubiera dicho simplemente que estimo "mesurado, prudente y acorde a las circunstancias del caso" fijar un daño punitivo de la misma entidad, habría tenido en cuenta esos mismos porcentajes probabilísticos aunque sin explicitarlos, y lo único que hubiera logrado es hacer más inatacable la sentencia con la inaceptable contrapartida de respetar en menor medida el derecho de defensa en juicio.
Porque es obvio que es menos cuestionable la "mesura" o "prudencia" de determinada suma con la que se cuantifica una multa civil que las probabilidades que he decidido incluir en la fórmula de matemática financiera, pues en este caso basta la demostración de que el guarismo es erróneo mientras que en aquél la discusión se perderá en argumentaciones retóricas que solapadamente hallarán cobijo en lo recóndito de lo opinable.
Con esta base, ambas partes podrán cuestionar las premisas del cálculo y de esta manera ejercer plenamente su Derecho de defensa (art. 18 de la Constitución Nacional). Es decir, ambas partes tienen elementos concretos para intentar justificar, en un discurso fundado y coherente, la composición de las variables de la fórmula, que por mi parte he mensurado fundadamente en el 99% de probabilidad de condena, con un 80% de probabilidad adicional de conminación al pago de daños punitivos. Destaco que parte de la doctrina considera importante, a la hora de fijar el daño punitivo, el caudal económico del infractor (Tinti, Guillermo Pedro y Roitman, Horacio: "Daño punitivo" en Revista de Derecho Privado y Comunitario 2012-1, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, pág. 222) o su posición en el mercado (Alterini, Atilio Aníbal: "Las reformas a la Ley de Defensa del Consumidor: primera lectura, 20 años después", La Ley, 9/4/2008). No adhiero a estos puntos de vista porque si bien el instituto es ontológicamente sancionatorio, tiene una estricta función preventiva que impide que su cuantificación actúe como función del patrimonio del dañador. Empero, aun de admitirse estas posturas, es evidente que la demandada, al ser socio de una importante entidad dedicada al préstamo de dinero, es merecedora de la multa propuesta, que no sólo puede pagar sino que hará una mella ínfima en sus arcas.
Consecuentemente, voto por la negativa.
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DOCTOR PILOTTI DIJO:
Adhiero al voto del Dr. Leopoldo L. Peralta Mariscal.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DOCTOR PERALTA MARISCAL DIJO:
Atento al resultado arribado al votar la cuestión anterior, corresponde revocar la sentencia apelada y admitir la demanda, condenando al accionado a pagar:
1. En concepto de daños materiales: la suma de $1.315,20 más sus intereses calculados a la “tasa activa restantes operaciones” del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde que se efectuó la extracción del dinero embargado en el cobro ejecutivo (expte. 55.794) y hasta su efectivo pago. Asimismo se reconoce el pago de los gastos generados en el cobro ejecutivo nro. 55.794 derivados del llenado abusivo del documento, así como de las erogaciones que se acrediten que efectuaron en la causa penal, montos que deberán determinarse en la etapa de ejecución de sentencia (art. 165 C.P.C.C.).
2. En concepto de daño moral, la suma de $20.000 a Oscar Lagonegro, $15.000 a Roberto Lagonegro y $12.000 a Alicia Anderson, montos a los que se aplicará intereses desde mayo de 2000 hasta el 15/4/2011 (fecha de interposición de la demanda) a la tasa pura del 4% anual y, en adelante, a la tasa activa “restantes operaciones” del Banco oficial.
3. En concepto de daños punitivos, la suma de $30.197, a repartir por partes iguales entre los tres actores, correspondiendo $10.065,56 a cada uno.
Propongo que las costas en ambas instancias las soporte la demandada vencida (art. 68 del C.P.C.C), deviniendo abstracto el tratamiento del agravio introducido al respecto por los actores.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DOCTOR PILOTTI DIJO:
Adhiero al voto del Dr. Leopoldo L. Peralta Mariscal.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente S E N T E N C I A VISTOS Y
Que en el acuerdo que antecede ha quedado resuelto que la sentencia apelada no se ajusta a derecho Por ello, el tribunal
1. Revocar la sentencia apelada de fs. 865/868 y admitir la demanda, condenando al accionado a pagar:
a- En concepto de daños materiales: la suma de $1.315,20 más sus intereses calculados a la “tasa activa restantes operaciones” del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde que se efectuó la extracción del dinero embargado en el cobro ejecutivo (expte. 55.794) y hasta su efectivo pago. Asimismo, los gastos generados en el cobro ejecutivo nro. 55.794 derivados del llenado abusivo del documento que aquí se ventila, así como de las erogaciones que se acrediten que efectuaron en la causa penal, montos que deberán determinarse en la etapa de ejecución de sentencia (art. 165 C.P.C.C.).
b- En concepto de daño moral, la suma de $20.000 a Oscar Lagonegro, $15.000 a Roberto Lagonegro y $12.000 a Alicia Anderson, montos a los que se aplicará intereses desde mayo de 2000 (dies a quo para su cómputo) hasta el 15/4/2011 (fecha de interposición de la demanda) a la tasa pura del 4% anual y, en adelante, a la tasa activa “restantes operaciones” del Banco oficial.
c- En concepto de daños punitivos, la suma de $30.197, a repartir por partes iguales entre los tres actores, correspondiendo $10.065,56 a cada uno.
2. Imponer las costas de ambas instancias a la demandada.
3. Diferir la determinación arancelaria para su oportunidad (arts. 31, 51 y concordantes del Decreto Ley 8904).
Hágase saber y devuélvase.
Fin de la sentencia