Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de San Nicolás · Causa ZC-6142-2026
Lo que resolvió el tribunal
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1Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la amparista, por los fundamentos dados y en los términos y con los alcances que surgen del voto que sustenta la presente; -
2Imponer las costas a la parte demandada, en su condición de vencida (artículo 19 Ley n° 13.928); -
3Tener presente la reserva del caso federal formulada por la demandante; -
4Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (artículo 51 de la norma arancelaria abogadil).
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, conforme lo establece el Anexo Único, apartado II, artículo 5 y ss., del Acuerdo n° 3975/20, se reúne en Acuerdo ordinario , con la integración de los Señores Jueces Marcelo José Schreginger y Damián Nicolás Cebey, para dictar sentencia definitiva en la fecha en que se suscribe el presente bajo la actual modalidad digital, en los autos " LAGOS GARCIA BEATRIZ EMA ELVIRA, INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL (O S/ AMPARO (RECURSO DE) ", en trámite bajo el n° ZC-6142-2026 , con arreglo al siguiente orden de votación: Cebey y Schreginger.
Sentencia (17/07/2026)
Vienen las actuaciones a esta Alzada, con motivo del recurso de apelación deducido por la parte actora, contra la parcela pertienente de la sentencia dictada por el Tribunal de grado, en la que resuelve: -
«. 1) Hacer lugar parcialmente al amparo y, en consecuencia, ordenar al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) que, dentro del plazo de tres (3) días, otorgue y garantice a favor de la Sra. Beatriz Ema Elvira Lagos García, en forma continua y a mes vigente: a) la cobertura al 100% de la medicación prescripta; b) la provisión mensual de pañales y apósitos descartables conforme prescripción; c) la kinesiología motora trisemanal y la rehabilitación neurocognitiva dos veces por semana; d) el seguimiento mensual de Psiquiatría y la sesión semanal de Psicología clínica; y e) el transporte con acompañante para todo traslado vinculado a su cuadro de salud.
2. Rechazar el amparo en cuanto a la petición de la actora de que se ordene a IOMA la cobertura integral, continua y a mes vigente para la continuidad de la internación de la Sra. Beatriz Ema Elvira Lagos García en la institución "Pinos Puente - Residencia para Adultos Mayores", bajo el módulo "Hogar Permanente con Centro de Día - Categoría A" con más el adicional del 35% por dependencia, sin perjuicio del derecho de la actora de ocurrir por la vía que estime corresponder y de instar el trámite administrativo pertinente ante la demandada.
3. Mantener la medida cautelar dispuesta el 4 de junio de 2026 y su aclaratoria del 10 de junio de 2026 respecto de las prestaciones reconocidas en el punto 1). Asimismo, y en atención a la contraindicación médica absoluta de traslado acreditada en autos, mantener la garantía de continuidad de la internación y el mecanismo económico provisorio allí dispuestos hasta que la presente adquiera firmeza.
4. Notificar la presente en forma urgente, con habilitación de días y horas inhábiles.
5. Imponer las costas a la demandada (art. 68 del CPCC, de aplicación supletoria), en atención a la naturaleza alimentaria del derecho debatido y a que la demandada dio motivo a la promoción de la acción respecto de las prestaciones reconocidas. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad...».
Para así decidir, en lo que interesa destacar, repasa la pretensión de la amparista, refiriendo que la misma se trata de una afiliada de 83 años, titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD en adelante), quien persigue la cobertura integral, continua y a mes vigente de un conjunto de prestaciones: la continuidad de su internación en "Pinos Puente - Residencia para Adultos Mayores" bajo el módulo "Hogar Permanente con Centro de Día - Categoría A" con el adicional del 35% por dependencia; prestaciones de rehabilitación y seguimiento (kinesiología motora trisemanal, rehabilitación neurocognitiva bisemanal, control psiquiátrico mensual y psicología clínica semanal), cobertura al 100% de la medicación y provisión mensual de pañales y apósitos, y transporte con acompañante para los traslados vinculados a su cuadro.
También sintetiza la postura del IOMA, relatando que el Fisco, al contestar la acción, negó los hechos y denunció la tramitación de expedientes administrativos.
Ingresando en el análisis del caso, el Tribunal de origen comienza señalando que -según la historia clínica- la Sra. Lagos García se encuentra internada en dicha residencia "Pinos Puente" desde el mes de noviembre del año 2025, y que recién reclamó la cobertura de tal prestación en junio de 2026; que el CUD -emitido en fecha 15/11/2024 por la Junta Evaluadora de Escobar- fija como orientación prestacional la asistencia domiciliaria, prestaciones de rehabilitación y transporte. Destaca a su vez que (conforme el resumen de historia clínica suscripto por la Dra. Rocío N. Leis, especialista en medicina interna) la amparista tiene indicado tratamiento farmacológico vinculado con su discapacidad, una sesión semanal de psicología clínica a domicilio, seguimiento psiquiátrico mensual a domicilio, una sesión individual trisemanal de kinesiología a domicilio, una sesión a domicilio individual de rehabilitación neurocognitiva dos veces por semana, la provisión de 180 pañales mensuales y 60 apósitos; y que la Médica dejó constancia que la paciente (institucionalizada desde el señalado mes de noviembre del 2025) logró una buena adaptación y un bienestar psicofísico estable, por lo que contraindicó de manera absoluta su traslado o cualquier modificación al esquema vigente.
Seguidamente, el Tribunal analiza por separado los dos reclamos de la actora.
En cuanto al primero [relativo a la cobertura de las prestaciones de rehabilitación y seguimiento (kinesiología motora trisemanal, rehabilitación neurocognitiva dos veces por semana, seguimiento mensual de Psiquiatría y sesión semanal de Psicología clínica), cobertura al 100% de la medicación prescripta, provisión mensual de pañales y apósitos descartables y transporte con acompañante para todo traslado vinculado a su cuadro] entiende que corresponde hacer lugar en forma íntegra a las mismas; con fundamento en el derecho a la salud consagrado en el artículo 42 de la CN, en su artículo 75 inciso 22 que incorpora los tratados internacionales de derechos humanos, que contemplan el derecho a la salud, en la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (Ley n° 25.280), así como en la Ley n° 24.901, que impone a las obras sociales la cobertura total y obligatoria de las prestaciones básicas enunciadas en esa ley y que requieran los afiliados con discapacidad, cualquiera sea el prestador. Concluye que no hay duda que tales prestaciones deben ser cubiertas en su totalidad por el organismo accionado.
Respecto del segundo reclamo -cobertura integral, continua y a mes vigente de su internación en la institución "Pinos Puente - Residencia para Adultos Mayores" , bajo el módulo "Hogar Permanente con Centro de Día - Categoría A" con más el adicional del 35% por dependencia- el Tribunal lo rechaza. Sostiene que la internación decidida por la familia constituye un acto voluntario cuyas consecuencias debe asumir la propia accionante, y que no se encuentra acreditado que tal institución sea la única alternativa terapéutica adecuada, ni que la documentación acompañada contenga una indicación médica concreta que justifique esa modalidad específica por sobre otras. Pondera que tampoco se demostró la insuficiencia de los prestadores de la red del IOMA, así como tampoco circunstancias excepcionales que impongan apartarse de ella. Considera que la pretensión aparece sustentada en una preferencia de la parte actora sin respaldo médico específico. A su vez, atribuye carácter dirimente al hecho que el propio CUD de la actora -que ella misma calificó como prueba central por emanar de un dictamen interdisciplinario- no contempla la institucionalización bajo hogar permanente, sino la asistencia domiciliaria, y que, en consonancia con ello, todas las prestaciones indicadas por la Médica tratante fueron prescriptas a domicilio.
En cuanto a la contraindicación de traslado de la amparista, a la que hace referencia la Médica tratante, el Tribunal descarta el alcance pretendido, al entender que fue emitida con posterioridad a la institucionalización de la accionante y sobre la base de la adaptación ya lograda, describiendo una situación de hecho consolidada y sus ventajas sobre la salud de la actora, sin pronunciarse sobre la necesidad terapéutica originaria de esa modalidad, ni evaluar las alternativas de la red asistencial del IOMA, en función de ello, considera que el encuadre prestacional que la actora pretende que IOMA solvente -módulo "Hogar Permanente con Centro de Día - Categoría A" , con adicional del 35% por dependencia- no encuentra correlato en la orientación prestacional certificada por el organismo competente ni en la modalidad de ejecución que la propia médica tratante indicó para las prestaciones que requiere la afiliada. Agrega el Tribunal que la Ley n° 24.901, pese a imponer cobertura integral obligatoria, no obliga a cubrir cualquier requerimiento del afiliado con prestaciones ajenas a la cartilla, y que la actora no acreditó haber gestionado alternativas dentro de la red del IOMA ni la adecuación de éstas.
Concluye que no se configuran circunstancias excepcionales que justifiquen imponer la cobertura fuera de la red asistencial, y que admitir tal pretensión importaría desnaturalizar el funcionamiento del sistema, sustituyendo los criterios médicos y organizativos del agente de salud sin base suficiente.
Con base en ello decide de la forma indicada.
Recurso de apelación (05/08/2026)
El Letrado apoderado de la amparista deduce recurso de apelación contra el rubro 2) de la parte dispositiva del decisorio de grado.
En su primer agravio, sostiene que la sentencia resulta contradictoria dado que -por un lado- reconoce que la médica tratante contraindicó el traslado de la actora o cualquier modificación del esquema vigente e indicó continuar la internación en hogar permanente con centro de día, pero -luego- afirma que no existe indicación médica concreta y reduce la pretensión a una mera preferencia familiar. Señala que ello configura una contradicción que viola los principios de razón suficiente y no contradicción, y que se agrava porque el fallo utiliza el propio Certificado Único de Discapacidad (CUD) como elemento excluyente otorgándole un alcance opuesto a la indicación actual de la médica tratante, lo que -a su entender- subvierte su función tutelar y lo convierte en una barrera de exclusión, en abierta contradicción con la normativa que rige la materia. Añade que la sentencia incurre en un yerro al afirmar que la actora recién reclamó la cobertura en el mes de junio del año 2026, pese a que el propio Tribunal había tenido por acreditados en su despacho cautelar, los trámites de fechas 27/04/2026 y 21/05/2026, la carta documento del 20/05/2026 recibida por el IOMA al día siguiente y la respuesta administrativa que desestimó uno de los reclamos bajo una calificación errónea de internación domiciliaria. Pondera, además, que el Tribunal se apartó de sus constataciones cautelares sin prueba nueva ni explicación razonada, y que invirtió en perjuicio de la afiliada la ausencia probatoria del IOMA, que no individualizó alternativa alguna. Por lo que considera arbitraria la sentencia por fundamentación contradictoria, insuficiente, atravesada por vicios lógicos que impiden sostener válidamente la conclusión denegatoria alcanzada.
En su segundo agravio, refiere que -en sentencia- se niega una indicación médica que en la misma se transcribe y se tiene por acreditada, y que también se tuvo por verificados su institucionalización en un establecimiento de tercer nivel, la adaptación alcanzada, la estabilidad psicofísica sostenida, la dependencia respecto de terceros, la contraindicación absoluta de traslado y la expresa indicación de continuar la internación bajo el esquema de hogar permanente con centro de día, sin embargo, luego de fijar tal plataforma fáctica, se concluyó en el decisorio que no existiría una indicación médica concreta que justificara la modalidad y presenta la pretensión como una preferencia familiar, calificando tal conclusión de arbitraria. Por lo que sostiene que la parcela impugnada no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicado a las circunstancias comprobadas de la causa, por encontrarse afectada por una contradicción lógica insalvable, una valoración arbitraria de la prueba y una interpretación regresiva del sistema integral de protección de las personas mayores.
En tercer lugar, señala que el Tribunal de grado -tras habilitar la vía de amparo, tener por acreditados los reclamos administrativos y por configurada una omisión materialmente denegatoria del IOMA- rechaza la prestación institucional principal y remite a la actora a transitar nuevamente la vía administrativa cuya ineficacia había sido uno de los presupuestos determinantes de la intervención judicial. Considera que ello importa una denegación de tutela judicial efectiva, aún más gravosa por tratarse la amparista de una mujer de 83 años con discapacidad y contraindicación absoluta de traslado. Refiere que el artículo 5 de la Ley n° 13.928 no otorga efecto interruptivo a las presentaciones administrativas a fin de evitar que la persona afectada quede atrapada en un circuito burocrático mientras corre el término para acceder a la jurisdicción. Cita un precedente de esta Alzada en sustento de su postura y funda en derecho su posición. Solicita se excluya todo reenvío a sede administrativa y ordenando al IOMA a instrumentar la cobertura conforme el régimen aplicable y bajo condiciones que aseguren la continuidad asistencial.
En su cuarto agravio, la recurrente alega que la sentencia invierte la función tuitiva del Certificado Único de Discapacidad (CUD) al atribuirle carácter dirimente y excluyente a la orientación prestacional consignada en el mismo, por la ausencia de la palabra "hogar" en un certificado emitido en el año 2024, alegando que el CUD acredita la discapacidad pero no constituye prescripción médica exhaustiva ni inmutable, agregando que el artículo 3 de la Ley n° 22.431 adopta una concepción multidimensional y dinámica de la discapacidad. Hace referencia a la secuencia clínica posterior a la emisión del CUD (fractura, luxación, reintervención y secuelas severas) y señala que la Ley n° 24.901 prevé la reorientación según la evolución del beneficiario. Considera absurdo el argumento relativo a que las terapias fueran prescriptas "a domicilio" , dado que -indica- tal referencia describe el lugar de ejecución de las prestaciones de rehabilitación y seguimiento justamente en el domicilio donde se encuentre la amparista, pero no puede ser utilizado de manera desdibujada para limitar sus derechos.
En quinto lugar, indica que el fallo confunde el derecho a la prestación institucional con la discusión sobre el prestador, al plantear el caso como una imposición al IOMA de un prestador extra cartilla elegido por la familia. Sostiene que el IOMA no puede invocar en abstracto una red propia y trasladar al afiliado la carga de probar la insuficiencia de prestadores que nunca individualizó. Cita precedentes de la CSJN, de la SCBA y de esta Alzada, en los que -según indica- se resolvió a favor del afiliado frente a la falta de alternativa concreta ofrecida por el Instituto accionado, y destaca que este último no acreditó institución, vacante, evaluación de admisión ni equivalencia asistencial a la pretendida.
En su sexto agravio, refiere que la sentencia ilegítimamente invierte la carga probatoria, al reprochar a esa parte no haber demostrado la inadecuación o insuficiencia de los prestadores de la red del IOMA, ni haber realizado trámites destinados a buscar una alternativa de internación ofrecida por la obra social; considerando que tal razonamiento invierte la posición procesal de las partes, dado que exige a una afiliada adulta mayor, discapacitada y postrada probar la inadecuación de alternativas abstractas que solamente ese Instituto conoce y administra, por lo que se encuentra en inmejorables condiciones de acreditar una respuesta alternativa. Pondera que la demandada no resolvió los reclamos, no aportó alternativa alguna y remitió expedientes administrativos sin información sustancial, circunstancias que -aduce- la sentencia utiliza a favor de esta última, y que tal razonamiento vulnera las reglas de la sana crítica y las cargas probatorias dinámicas. Cita jurisprudencia en sustento de su postura.
En su séptimo agravio, refiere que la sentencia desfigura el objeto procesal al construir el rechazo a partir de una pretensión que la actora nunca dedujo, cuando se afirma que la internación se trató de un acto voluntario de la familia y que cualquier afiliado podría concurrir por su voluntad a una institución asistencial y reclamar luego el reintegro de los gastos a su obra social sin limitaciones. Aclara que en la demanda no se procuró trasladar al IOMA el precio privado irrestricto de cualquier residencia, sino obtener la cobertura de una prestación institucional expresamente reconocida, sujeta al módulo, categoría, adicional por dependencia y límites arancelarios aplicables, y que la familia debió optar por el único dispositivo disponible ante la falta de respuesta útil del organismo que no individualizó establecimiento alguno. Estima que, al resolver sobre esa construcción ficticia, y no sobre el objeto concreto, vulneró el principio de congruencia y dictó una conclusión que debe ser revocada.
En octavo lugar, la recurrente considera que la sentencia prescinde del régimen normativo específico y de la normativa prestacional vigente del IOMA, limitándose a invocar genéricamente la cartilla prestacional del IOMA,, instrumento organizativo que no puede restringir derechos de rango superior. Señala que la Ley n° 6.982 (artículos 1 y 22), la Ley n° 10.592 (artículos 1, 4, 7 y 19) y la Resolución IOMA n° 443/2026 reconocen y regulan expresamente la modalidad reclamada (Hogar Permanente y Hogar con Centro de Día Permanente, con adicional del 35% por alto grado de dependencia) y priorizan la continuidad prestaciones, por lo que considera que no existe laguna normativa que justifique el rechazo de su pretensión. Cita jurisprudencia en sustento de su postura.
En noveno lugar, refiere que en la sentencia se omite aplicar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Leyes n° 27.360 y 27.700), pese a que la amparista, de 83 años, reúne las condiciones de persona mayor, con discapacidad y con dependencia severa, lo que -indica- impone un estándar de protección reforzada. Añade que los artículos 12 y 19 de la Convención indicada, exigen un sistema integral de cuidados y atención de calidad, y que lo decidido deja a la amparista expuesta a la interrupción de los cuidados que su estado de salud exige.
En su décimo agravio, la apelante señala que el Tribunal rechazó la producción de prueba informativa subsidiaria, la pericial y el reconocimiento de firmas y citación de profesionales, y luego atribuyó consecuencias negativas a la supuesta falta de profundización técnica que él mismo había limitado. Pondera que la prueba informativa dirigida a Pinos Puente fue diligenciada y respondida favorablemente, y que las observaciones formales posteriores no autorizaban a desconocer su contenido sustancial. Estima que, si las constancias eran suficientes, correspondía reconocer la prestación, y si no lo eran, el Tribunal debía producir las medidas para mejor proveer pertinentes, lo que -afirma- vulnera su derecho de defensa, la tutela judicial efectiva y las reglas de la sana crítica.
Seguidamente y bajo el rubro " III. ALCANCE DE LA REVOCACIÓN SOLICITADA (.)", la recurrente solicita se revoque el punto 2 de la sentencia y se ordene al IOMA la cobertura integral, continua y a mes vigente de la internación en "Pinos Puente" , bajo el Módulo Hogar Permanente con Centro de Día, Categoría A, más el 35% por dependencia, con costas.
Por último, y como " PLANTEO SUBSIDIARIO ", para el caso que no se hiciera lugar a su requerimiento anterior, requiere se condene al IOMA a asumir su cobertura por vía económica, mediante pago directo, reintegro contra factura o depósito judicial, hasta los valores que la propia demandada abona a sus prestadores por el mismo módulo conforme la Resolución IOMA n° 443/2026, incluido el adicional del 35% por alto grado de dependencia. IOMA no puede ahora invocar razones de costo o de organización de su red para eludir esa obligación económica mínima, cuando en ningún momento del proceso identificó, propuso ni acreditó una alternativa concreta, disponible y equivalente dentro de su cartilla que permitiera sostener lo contrario.
Mantiene la reserva del caso federal, y solicita se haga lugar a su recurso, en los términos reseñados.
Contestación de agravios (10/08/2026)
Corrido el traslado del memorial, la Representante Fiscal procede a contestarlo.
En primer lugar, expresa que la sentencia recurrida se encuentra debidamente fundada, dado que distingue entre la necesidad de cobertura de las prestaciones que la afiliada requiere y otra, sustancialmente diferente, es la pretensión inherente a que dicha cobertura deba ser brindada necesariamente en una institución determinada y bajo una modalidad prestacional específica, sin que se haya acreditado su carácter indispensable.
Sostiene que no se acreditó que la institución "Pinos Puente - Residencia para Adultos Mayores" constituya la única alternativa terapéutica adecuada, ya que considera que la adaptación alcanzada por la paciente y la indicación de continuar con el mismo equipo tratante, no equivalen a una prescripción médica en tal sentido, y que la contraindicación de traslado, formulada con posterioridad a la institucionalización, tampoco acredita que esa modalidad haya sido una necesidad terapéutica originaria ni que se haya efectuado una evaluación comparativa con las alternativas de la red asistencial. Destaca que el CUD emitido el 15/11/2024 por la Junta Evaluadora de Escobar establece como orientación prestacional la asistencia domiciliaria, la rehabilitación y el transporte, sin contemplar el hogar permanente pretendido, y que las prestaciones indicadas por la médica tratante fueron prescriptas para su realización en el domicilio, lo que evidencia la falta de correspondencia con el módulo reclamado. Afirma que la Ley n° 24.901 no impone cubrir cualquier prestación en la institución elegida por el afiliado, y que la actora no acreditó la insuficiencia de la red prestacional del IOMA ni circunstancias excepcionales que justifiquen apartarse de ella, así como tampoco gestiones tendientes a procurar una alternativa dentro de la red.
Finalmente, rechaza que la sentencia haya desatendido la situación de vulnerabilidad de la afiliada, señalando que contempló su estado de salud, su dependencia y la contraindicación médica de traslado, sino que se resolvió que tales circunstancias no resultaban suficientes en el marco probatorio existente, para imponer a la demandada la cobertura de una prestación específica y fuera de su red asistencial sin que se hubiera acreditado su carácter indispensable, dejando a salvo que la contraindicación señalada conserva virtualidad en la vía procesal y administrativa correspondiente, por lo que concluye que no existe desprotección sino ausencia de acreditación de los presupuestos necesarios para hacer lugar a la pretensión.
Solicita se rechacen los agravios formulados, y se confirme la parcela de la sentencia apelada.
Actuaciones ante esta Cámara
Arribados los autos, y dirimida -a instancias de esta Cámara- la cuestión inherente a la intervención de la Asesoría de Incapaces en las presentes actuaciones, se devolvió la causa al Tribunal de grado, a efectos que provea lo que estime corresponder con relación a la solicitud efectuada por la Sra. Asesora de Incapaces actuante en su escrito de fecha 04/09/2026. Cumplido ello y elevados nuevamente el proceso, en fecha 24/09/2026 se ordena medida para mejor proveer, consistente en un pedido de informe al IOMA y en la producción de un informe médico pericial.
Producido el señalado informe médico pericial, sustanciado el mismo con las partes -el que solo fue contestado por la accionante-, no habiendo el Fisco cumplido con el aludido requerimiento que le fuera formulado, pese a la intimación formulada por esta Alzada a tal efecto, se hizo efectivo el apercibimiento intimado y se dictó el llamamiento de autos para sentencia. Firme el auto que así lo dispuso, la Cámara estableció la siguiente cuestión a resolver: -
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión, el Juez Cebey dijo : -
I. Liminarmente corresponde realizar el examen de admisibilidad del recurso que motiva la intervención de esta Alzada. En ese sentido, es dable mencionar que el mismo fue interpuesto en legal tiempo y forma; en tanto fue presentado dentro del plazo legal previsto y por escrito fundado (artículos 16 y 17 Ley n° 13.928).
II. A su vez, corresponde recordar que esta Cámara tiene una doble limitación procesal, por un lado, la que resulta de la relación procesal consolidada a través de la demanda y contestación, y la de la apelación (principio tantum devolutum quantum apellatum ). En tal sentido así lo ha resuelto en numerosas ocasiones la SCBA (entre otras, sentencia del 14/02/2007 en SCBA causa Ac. 93036 "Club Atlético y Deportivo Junior c/ Municipalidad de Florencio Varela s/ Incumplimiento contractual y daños y perjuicios" , sentencia del 31/08/2004 en la causa Ac. 85.095. "Lavié, Juan Manuel y otros contra Provincia de Buenos Aires s/ Amparo" ) y nuestra Cámara (Vg. sentencia del 24/11/2009 en causa n° 699-2009, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Castaños María Teresa s/ apremio provincial" ).
III. Sentado lo anterior, con el fin de tratar el recurso de apelación actoral, procede de inicio circunscribir la materia objeto de abordaje por parte de esta Cámara.
III.1. Ante todo, cabe señalar que la recurrente impugna sólo lo decidido en el numeral 2) de la parte dispositiva de la sentencia de grado, en cuanto rechazó el amparo respecto de la pretensión inherente a que se ordene al IOMA la cobertura integral, continua y a mes vigente de la internación de la amparista en la aludida residencia para adultos mayores, en los referidos términos pretendidos.
De otro lado, se impone a su vez precisar que el Fisco accionado no ha deducido recurso alguno contra en numeral 1) de la señalada parte resolutiva del pronunciamiento de grado, en donde se hace parcialmente lugar a la demanda.
III.2. De otro lado, en punto a lo expresado en el rubro " I. OBJETO " del recurso articulado, es del caso puntualizar que las consideraciones allí vertidas no revisten técnicamente el carácter de agravios, ya que -a los mismos- los desarrolla en el siguiente apartado " II. EXPRESA AGRAVIOS " de su planteo recursivo. Por tanto, en función de la señalada limitación procesal que ostenta esta Instancia de revisión (principio tantum devolutum quantum appellatum ), no procede su consideración y tratamiento por parte de esta Alzada (artículos 260 CPCC, 25 Ley n° 13.928) [El destacado y subrayado obran en el original].
IV. Delimitado el marco de tratamiento de la señalada pieza recursiva actoral, adelanto que -por los motivos que siguen- la misma ha de prosperar, empero, en los términos y con los alcances que seguidamente expongo.
V. Entiendo dable memorar -ante todo- que en el caso se encuentran en juego el derecho a la salud y a la vida de una persona adulta mayor.
Así, estimo necesario traer a colación algunas reflexiones, en palabras de la CSJN (causa "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa R., M. S. c/ OSDE s/ amparo de salud" , sentencia de fecha 27/08/2020): -
«1) Que a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, de la Ley Suprema), la Corte ha reafirmado en diversos pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud (comprendido dentro del derecho a la vida) y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga ('Campodónico de Beviacqua', Fallos: 323:3229; 321:1684 y 323:1339 y CCF 12922/2006/CA2 - CS1 'S., J. L. c/ Comisión Nac. Asesora para la Int. de Personas Discapac. y otro s/ amparo', disidencia del juez Rosatti, fallada el 5 de diciembre de 2017).
Específicamente, la obligación de instrumentar acciones positivas en tutela de las personas con discapacidad y los niños fue consagrada por el constituyente argentino en el año 1994 en el artículo 75, inciso 23, donde dispone que corresponde al Congreso Nacional 'legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad'.» (El destacado me pertenece).
En esa línea argumental, recordó el Máximo Tribunal federal que la vida es el primer derecho de la persona humana reconocido y protegido por la Ley Fundamental y que -en tanto eje y centro de todo el sistema jurídico- es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los demás tienen siempre carácter instrumental. Adunó que, conforme se desprende de sus precedentes, el Tribunal ha puntualizado, con especial énfasis tras la reforma constitucional del año 1994, que la preservación de la salud integra el derecho a la vida, por lo que existe una obligación impostergable de las autoridades públicas de garantizarla mediante la realización de acciones positivas (conf. artículos 42 y 75 inciso 22 de la CN y Fallos 321:1684; 323:1339 y 3229, entre otros).
Y recordemos también que la SCBA, ha dicho: -
« Tras la reforma constitucional del año 1994, la preservación de la salud integra el derecho a la vida, por lo que existe una obligación impostergable de las autoridades públicas de garantizarla mediante la realización de acciones positivas (cfr. arts. 42 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional)." [SCBA LP A 73575 RSD-80-16 S 04/05/2016 Juez Pettigiani (MA) "B. ,R. J. c/ I. s/ Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" , Magistrados Votantes: Pettigiani, Kogan, Genoud, Negri, Soria, de Lázzari, Tribunal Origen: CA0000SN].
A ello debemos sumar la protección que el artículo 75 inciso 23 de la CN y el artículo 36 de la CPBA garantiza respecto del derecho a la salud en su inciso 8 y en su inciso 6 la protección integral a las personas con discapacidad en el inciso 5.
También los marcos legales, en Nación la Ley n° 24901 y en la Provincia de Buenos Aires regulado en la Ley n° 10592 y el parámetro orientador que sentara la SCBA respecto de la interpretación de la cobertura integral frente a la discapacidad (vgr. en sentencia del 04/05/2016 en la causa A. 73.575, antes aludida).
Vale asimismo resaltar que los derechos de los adultos mayores actualmente se encuentran expresamente protegidos por la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos de las Personas Mayores, aprobada por Ley n° 27360 y con jerarquía constitucional en los términos del artículo 77 inciso 22 de la CN, conforme Ley n° 27700.
VI. Sin perder tal norte, considero pertinente abordar el planteo recursivo esgrimido en el sexto agravio, en el que la amparista impugna uno de los fundamentos sustanciales del rechazo decidido en la parcela de la sentencia impugnada, consiste en que esa parte actora no demostró la inadecuación o insuficiencia de los prestadores de la red asistencial del IOMA, ni realizó trámites tendientes a obtener una alternativa de internación ofrecida por la obra social.
Estimo que tal razonamiento parte de la premisa de la existencia de una propuesta y/u oferta concreta e individualizada por parte del IOMA, en punto a la cobertura de la prestación objeto de análisis, circunstancia que no se verifica en modo alguno de las constancias objetivas que el proceso exhibe.
En efecto, se aprecia que el Tribunal de origen -respecto de los reclamos administrativos formulados por la afiliada en sede administrativa-, al tiempo de expedirse favorablemente en lo que atañe al despacho cautelar pretendido por la accionante (04/06/2026), constató en tal sentido que: -
«...De las constancias surge que la parte formuló reclamos administrativos concretos -identificados bajo n.° 05252055699826 (27/04/2026) y n.° 05252070816926 (21/05/2026), entre otros- y cursó carta documento (20/05/2026, recibida el 21/05/2026), sin obtener respuesta útil, concreta y oportuna; siendo que el único trámite expresamente contestado fue desestimado con base en una calificación formal del sistema ("no corresponde a tte de internación domiciliaria"), ajena al objeto sustancial pretendido...» .
En esa misma resolución cautelar ordenó al organismo accionado que, al contestar el traslado de la demanda -también allí ordenado-, se expida «.sobre el encuadre prestacional aplicable a la internación de la amparista, la categorización del establecimiento y el arancel reconocido o reconocible.» [apartado 5) de su parte dispositiva].
Frente a ello, la accionada en su escueto escrito de contestación de demanda (15/06/2026) se limitó -previo a efectuar negativas de rigor- a denunciar la formación y tramitación de expedientes administrativos y a ofrecer prueba, sin expedirse en cuanto al señalado requerimiento formulado en la instancia.
A su vez, en la audiencia celebrada el día 23/06/2026, en los términos del artículo 11 de la Ley n° 13.928, la Representante Fiscal compareciente manifestó en esa oportunidad, que los Profesionales de esa dependencia no tienen facultades conciliatorias, que tampoco se presentó nadie del IOMA, a pesar del pedido efectuado desde esa Fiscalía de Estado al efecto, que esta última no tenía acceso a los antecedentes administrativos que le fueron requeridos al organismo accionado, así como tampoco a las actuaciones administrativas respectivas.
Cabe a su vez destacar que (conforme se indica en la sentencia apelada) tales actuaciones administrativas -finalmente remitidas, 03/07/2026- no revelan «.novedad respecto del cumplimiento de la medida cautelar, como así tampoco información relativa al objeto de esta demanda.» ; de su contenido se desprende -en lo sustancial- el pase interno de las actuaciones y un requerimiento de la propia Fiscalía de Estado al IOMA para que informe si la Resolución n° 443/2026 resultaba aplicable a la afiliada y, en caso negativo, las razones por las que no se había autorizado la cobertura, sin que conste respuesta sustantiva alguna.
De otro lado, se impone precisar que la accionada, en su reseñada contestación de agravios (10/08/2026), a fin de intentar resistir el planteo recursivo actoral, básicamente se limitó a esgrimir iguales fundamentos a los desarrollados por el Tribunal de origen para sustentar el impugnado rechazo de la pretensión actoral en cuestión.
En este punto, es del caso a su vez puntualizar que la demandada no contestó el traslado del informe médico pericial acompañado junto con la presentación de fecha 02/10/2026 por lo que, en consecuencia, al punto I. de la providencia dictada por Presidencia de esta Alzada en fecha 21/10/2026, se le dio por perdido el derecho dejado de usar.
Se suma a todo lo anterior, el hecho que esa parte accionada tampoco dio cumplimiento al requerimiento formulado por esta Cámara en el numeral 1) del apartado II. de la aludida medida para mejor proveer ordenada por esta Alzada en la resolución dictada en fecha 24/09/2026; ello, a pesar que en el punto II. de la providencia dictada el día 21/10/2026, se la intimó a su cumplimiento bajo apercibimiento de resolver con las constancias que la causa exhibe, el que a la postre se hizo efectivo en la providencia dictada en fecha 05/11/2026, la que -valga destacar- ha adquirido firmeza.
En ese marco, además que la parte demandada -al contestar la acción y más allá de la negativa genérica de rigor allí efectuada- no se opuso en forma puntual y concreta a la internación requerida por esta vía; se aprecia que esa parte, pese a toda la actividad procesal desplegada en el presente proceso al efecto, y tal como lo señala la recurrente en su quinto y sexto agravios, no ha mostrado u ofrecido una opción alternativa a la propuesta actoral, en tanto no individualizó una sola institución concreta, no acompañó cartilla ni listado de prestadores con equivalencia asistencial con la prestación que la afiliada recibe, ni propuso un esquema asistencial compatible con el cuadro de la afiliada.
Circunstancias todas ellas que configuran una inadmisible ausencia total de respuesta útil y prestacional concreta del organismo obligado.
VII. Ahora bien, y sin soslayar todo lo anterior, en punto a la requerida pretensión principal -consistente en la cobertura integral en especie respecto de una institución que no consta adherida a la red del Instituto accionado-, considero que la misma no puede ser de recibo en los términos pretendidos.
VII.1. Ello así, en primer lugar, habida cuenta que (tal como expresamos en autos "B., M. I. c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Prov. de BA - CASA s/ amparo" , expediente n° 6256, sentencia del 20/10/2026) hemos dicho -en reiteradas oportunidades- que es necesario aplicar un criterio de razonabilidad para la determinación de los alcances, condiciones y límites de las prestaciones que debe brindar la obra social ya que, de permitir el establecimiento de las características de los servicios a los beneficiarios, sin considerar la complejidad del entramado de prestaciones que se deben cubrir a la masa de afiliados, ello puede generar injustos privilegios y situaciones de desigualdad no queridas por el sistema, frente a la obligación genérica de la obra social de brindar prestaciones adecuadas, correspondiendo al afiliado la elección de los profesionales que resulten prestadores (vgr. "C., M. J. c/ IOMA s/ amparo" , sentencia de fecha 10/12/2015, entre muchas otras).
A su vez, hemos recordado que la Provincia de Buenos Aires garantiza la cobertura integral de las prestaciones reconocidas a través de profesionales e instituciones idóneos y de acuerdo con las condiciones económicas que estipule con dichos prestadores, salvo que -en determinada situación de riesgo- resulte necesario adoptar otras medidas tendientes a la protección del derecho a la salud en cumplimiento de la prestación debida, lo que sin duda acontece en el caso bajo examen, en tanto la demandada -como se dijo- no solo no ofreció prestadores propios, sino que, a su vez, incurrió en las reseñadas omisiones tanto en sede administrativa como durante la sustanciación de la presente acción de amparo.
Sobre ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (sentencia del 27/12/2012, en la causa CSJ 104/2011 (47-R)/ CS1 "R., D. y otros c/ Obra Social del Personal de la Sanidad" ) adhiere al Dictamen de Procuración, en el que se señaló: -
"Me detendré sí en los dictámenes publicados en Fallos: 327:2413, 331:2135 y 332: 1394, en los cuales se propició la perspectiva de que es la parte demandada la que debe ocuparse concretamente de probar -y poner a disposición- una alternativa entre sus prestadores, que proporcione un servicio análogo al que se persigue en juicio. Asimismo, se ponderó -a contrario sensu- que debía demostrarse la exorbitancia o sinrazón de la elección paterna, siendo que el Síndrome de Down lleva de suyo la necesidad de iniciar y mantener el tratamiento en establecimientos que cuenten con equipos capacitados, con modelos sistemáticos y, en principio, inclusivos, lo cual -insisto aquí- resulta un correlato propio de esa patología y de los progresos logrados por la persona afectada, que podrían desvanecerse de no continuar el proceso en curso (conf. AlHRC/4/29, parág. 10, 12, 25, 27, 40, 41, 84 'd', 'e', 'f' y 'g'; Observación General N' 9, parág. 27 y 33)" .
VII.2. En segundo lugar, en tanto es la propia amparista quien, en su séptimo agravio, deja sentado el alcance de su pretensión y el expreso sometimiento de la misma a la normativa que resulta aplicable en la materia, al señalar allí sobre el particular que:-
«.La demanda, por tanto, no procuró trasladar a IOMA el precio privado irrestricto de cualquier residencia, sino obtener la cobertura de una prestación institucional expresamente reconocida, sujeta al módulo, categoría, adicional por dependencia y límites arancelarios aplicables.
Existe así una incongruencia argumental objetivamente verificable : la sentencia rechaza un reintegro total y sin límites que no fue solicitado y omite resolver la cobertura nomenclada y económicamente delimitada que sí integró la pretensión..» (El subrayado y destacado obran en el original).
VIII. En ese cuadro de situación, por los fundamentos dados y como se adelantó, no procede acceder a la aludida pretensión principal, así como tampoco hacer lugar a los restantes agravios esgrimidos en tal sentido.
IX. No obstante, ponderando el señalado criterio de razonabilidad que esta Alzada viene aplicando para determinar los alcances, condiciones y límites de las prestaciones de las obras sociales, así como la señalada ausencia total de respuesta útil y prestacional concreta por parte del organismo obligado a la que vengo de referir; estimo procedente hacer lugar al planteo subsidiario postulado en la parte final de su recurso, en donde solicita «. se condene a IOMA a asumir su cobertura por vía económica, mediante pago directo, reintegro contra factura o depósito judicial, hasta los valores que la propia demandada abona a sus prestadores por el mismo módulo conforme la Resolución IOMA 443/2026, incluido el adicional del 35% por Alto Grado de Dependencia.» , empero, en los términos y con los alcances que seguidamente se exponen; lo que -a mi modo de ver- resulta una solución de balance que permite respetar los derechos de la persona afectada sin alterar la facultad del IOMA de administrar sus recursos de la forma más eficaz y eficiente posible.
IX.1. En cuanto al módulo pretendido ( "Hogar Permanente con Centro de Día" ), cabe en primer lugar puntualizar que considero que la Resolución IOMA n° 443/2026 (RESO-2026-443-GDEBA-IOMA) dictada en fecha 11/03/2026, por medio de la cual el Directorio del Instituto accionado aprueba "la nueva cobertura de prestaciones en instituciones para personas con discapacidad" (artículo 1° y sus anexos), resulta aplicable al supuesto objeto de autos.
Ello así, en atención a que el organismo demandado no explicó ni dio motivos o razones por las que tal normativa no resultaría aplicable a la afiliada, pese a haber sido instada a ello por la propia Fiscalía de Estado.
A su vez, tal resolución prevé, respecto de prestadores con afiliados del IOMA y sin categoría ANDIS, que «.Cualquier situación devenida que se oponga, deberá privilegiar la continuidad prestacional, jerarquizando las necesidades de los afiliados..» (Anexo I, apartado 1.3 in fine ), lo que -estimo- refuerza tal conclusión alcanzada.
Sentado ello, de su contenido se observa que tal módulo reclamado por la actora, se encuentra previsto y arancelado en tal normativa.
IX.2. Con relación a la categoría aplicable al caso, se impone señalar que la aludida resolución distingue distintos valores según la categoría del prestador (A, B y C, conforme la categorización de la ANDIS y "sin categoría ANDIS" ), y que la actora reclama el correspondiente a la categoría A.
Si bien es cierto que no luce acreditada en autos una categorización del establecimiento respectivo ante el señalado organismo nacional, estimo que -en este caso concreto y particular- ello no obsta a que se le reconozca el valor correspondiente a la categoría pretendida.
En primer lugar, en tanto fue la propia parte demandada quien debió expedirse acerca del requerimiento que le fuera formulado en la Instancia en cuanto a "la categorización del establecimiento y el arancel reconocido o reconocible" [apartado 5) de la parte dispositiva de la resolución cautelar dictada en fecha 04/06/2026], y -tal como vengo de referir- guardó silencio al respecto, omisión que no puede redundar en un beneficio para el organismo requerido. En segundo, dado que la institución informó que brinda un servicio residencial permanente, con alojamiento y cuidados continuos durante las veinticuatro (24) horas, asistencia geriátrica, enfermería, seguimiento médico y actividades de estimulación y socialización, el que se observa compatible con un esquema de "Hogar Permanente con Centro de Día, categoría A" .
Lo anterior, sin perjuicio que si -en el trámite administrativo que a continuación se ordena- se acreditara una categorización o habilitación distinta del establecimiento en cuestión, el tope por categoría se ajuste a la que -en su caso- resulte.
IX.3. Respecto del reclamo inherente al requerido adicional del 35% por alto grado de dependencia, la aludida normativa del IOMA lo aplica a los afiliados con alto grado de dependencia, con independencia del tipo de prestador.
Entiendo que el señalado grado de dependencia establecido por la normativa se encuentra debidamente acreditado en autos, circunstancia que no fue controvertida de modo alguna por la parte demandada.
La Médica tratante en su resumen de historia clínica, da cuenta que la paciente requiere asistencia continua de terceros, así como supervisión médica constante por su grado de dependencia; a su turno, la institución en donde se encuentra informó la asistencia diaria que recibe para su aseo, vestido, alimentación, desplazamientos, uso de silla de ruedas, cambios posturales y transferencias; por otro lado, el Dr. Ricardo Fabián Bay, Perito Médico de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial San Nicolás, en su informe médico acompañado junto con su escrito del 02/10/2026 -ordenado por esta Alzada como medida para mejor proveer-, expresó que las constancias médicas que ponderó al efecto «.guardan correspondencia con una calificación de una persona con dependencia severa.» .
No soslayo que el "ANEXO III. ACCESO A LA COBERTURA PRESTACIONAL" de la señala Resolución del IOMA prevé el procedimiento para su asignación, y que el Instituto conserva la facultad de auditar unilateralmente las condiciones de prestación (rubro 3. de dicho Anexo); empero, tal procedimiento no ha sido puesto en marcha por el IOMA respecto de la afiliada, no obstante habérsele requerido se expida acerca del encuadre y el arancel, por lo que tal ausencia u omisión no resulta imputable a la afiliada, ni -como vengo señalando- tampoco puede traducirse en la privación del adicional, cuando fue el propio Instituto quien no desplegó tal evaluación a su cargo.
En tales condiciones, procede reconocer en este estado el señalado adicional pretendido. Ello, sin perjuicio de lo que pudiera decidir el IOMA sobre el particular en el trámite que se fija a continuación, así como de las aludidas facultades de auditoría del IOMA sobre el punto.
IX.4. En lo concerniente a la modalidad, corresponde mantener el mecanismo que el Tribunal de origen dispuso cautelarmente en forma provisoria en la resolución dictada en fecha 10/06/2026, aclaratoria de la medida cautelar (04/06/2026), consistente «.en la modalidad que la demandada estime más adecuada (pago directo, reintegro contra factura o depósito judicial) ( . ) conforme la facturación o liquidación que presente la institución..» , que la actora peticiona en subsidio, y tal como lo viene haciendo hasta el presente en cumplimiento de tal medida cautelar. La cobertura rige a mes vigente y quedan comprendidos los períodos desde el dictado del señalado despacho cautelar (04/06/2026), computando lo que el IOMA hubiera abonado en virtud de tal mecanismo provisorio.
IX.5. En este punto entiendo pertinente memorar que -en autos "R., R. A. c/ Instituto de Obra Médico Asistencial s/ amparo" , expediente n° SN-5466-2025, sentencia del 19/08/2025, al que alude la amparista en el recurso en tratamiento- hemos decidido: -
«... En efecto, las disposiciones que rigen la actuación del IOMA en el caso particular están dadas por lo normado en el artículo 22 de la ley prov, n° 6982 y su Decreto reglamentario n° 593/2022 que reglamenta aquel artículo y que establece la existencia de un trámite de excepción.
Así pues, he de destacar que -si bien no advierto de las constancias de la causa que la actora iniciase ante el IOMA el pedido de un trámite de excepción en este sentido específico- también observo que considerar dicha deficiencia como elemento dirimente para rechazar la acción de amparo, en el estado de situación descripto, configura un exceso de rigor formal incompatible con los derechos sustanciales que se pretenden resguardar.
En función de ello -y más allá de lo propiciado como resolución en el párrafo que antecede- entiendo que deberá ser la amparista quien -en el plazo máximo de treinta (30) días- sustancie los trámites de excepción pertinentes, con los certificados médicos actualizados, para que el I.O.M.A. brinde -a la prestación solicitada- el alcance ajustado a la normativa vigente. ..».
Siguiendo en el presente el señalado criterio, y toda vez que no consta que la actora haya iniciado ante el IOMA el trámite de excepción del Decreto n° 593/2022 ni los restantes trámites del módulo, corresponde que la amparista, en el plazo máximo de treinta (30) días, sustancie ante el Instituto los trámites pertinentes, con los certificados médicos actualizados y la documentación que corresponda a la institución prestadora (Resolución IOMA n° 443/2026), a fin que el IOMA fije el alcance definitivo de la cobertura conforme a la normativa vigente . Hasta entonces, la cobertura aquí ordenada, que sustituye al mecanismo cautelar provisorio decidido en la Instancia, se mantiene sin solución de continuidad.
X. No obstante ello, queda a salvo, asimismo, la posibilidad [que ya admitiéramos en los señalados autos "R., R. A. c/ Instituto de Obra Médico Asistencial s/ amparo" , expediente n° SN-5466-2025, sentencia del 19/08/2025] de que el IOMA -en uso de sus facultades- informe y ponga a disposición de la afiliada centros de internación con los que tenga convenio y que brinden las mismas prestaciones que las que hoy recibe la amparista.
En atención a la contraindicación médica absoluta de traslado de la misma, cualquier sustitución requerirá acreditar la equivalencia asistencial, la existencia de vacante y la viabilidad médica del traslado, y deberá contar a su vez, con la expresa conformidad de la médica tratante, así como de la Asesora de Incapaces interviniente, traslado que no podrá ser llevado adelante sin que se acrediten tales condiciones.
XI. Con relación a las costas de esta Instancia, corresponde imponerlas a la parte demandada, en su calidad de vencida (artículo 19 Ley n° 13.928).
ASÍ VOTO.
El Juez Schreginger sostuvo : -
Que, por similares consideraciones que las expresadas por el Juez Cebey, VOTO en igual sentido.
En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Cámara RESUELVE : -
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la amparista, por los fundamentos dados y en los términos y con los alcances que surgen del voto que sustenta la presente; -
2. Imponer las costas a la parte demandada, en su condición de vencida (artículo 19 Ley n° 13.928); -
3. Tener presente la reserva del caso federal formulada por la demandante; -
4. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (artículo 51 de la norma arancelaria abogadil).
Regístrese, y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. artículo 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20). Y oportunamente devuélvase.
Damián Nicolás Cebey Marcelo José Schreginger
Suscripto por los Señores Jueces, y registrado por el Actuario firmante en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA n° 3975/20).
Firmas
Funcionario firmante: CEBEY Damian Nicolas - JUEZ
Funcionario firmante: SCHREGINGER Marcelo Jose - JUEZ
Funcionario firmante: PERMAN Guillermo Adrian - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 207-2026
Fin de la sentencia