Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 7427
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7427 Sentencia: 2805 Actor: Lamas, Estela Demandada: Santi, Carlos Objeto: Daños y Perjuicios Fecha: 22/10/2019 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los veintidós días del mes de octubre de dos mil diecinueve, se reúnen los señores miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “LAMAS, Estela c/ SANTI, Carlos s/ daños y perjuicios”, Expte. Nº 22.641 del año 2018 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, de la ciudad de Puerto Deseado, que tuviera ingreso en la instancia bajo el Nº 7.427. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dr. Humberto Eduardo Monelos, Dra. Griselda Isabel Bard y Dr. Juan Pablo Olivera para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que el Dr. Maximiliano Fiol, como apoderado de la Sra. Estela Gladys Lamas promueve demanda por daños y perjuicios contra el Sr. Carlos Alcides Santi por cobro de la suma de $ 295.530,44 con más la desvalorización monetaria, intereses y costas. Refiere un contrato de locación entre las partes con relación al inmueble de la calle Almirante Brown nº 981 suscripto el 2/1/2016 por un plazo de duración de 36 meses que acompaña. Expresa que en ese contrato se establecieron diversas obligaciones a cargo del locatario que no fueron cumplidas, mencionando entre ellas el pago del alquiler pactado y relata que no obstante ello el demandado procedió a consignar las llaves del local, sin preavisarle, con los riesgos de incendio o de usurpación.
Dice que el inquilino entregó el inmueble sin realizar los arreglos comprometidos por la cláusula quinta del contrato y acompaña fotografías para constatar la no realización de las mejoras. Asegura que no obstante tener a su cargo el pago de servicios durante la vigencia del contrato no se los abonó y enumera esos rubros y su importe. Pide se condene al demandado a pagar la suma debida en concepto de impuestos impagos durante la vigencia del contrato de locación pues el demandado dejó impagos los impuestos que se comprometió a abonar conforme cláusula 8ª del contrato de locación y que su parte debió abonar más el gasto de reconexión del servicio. Transcribe artículos del Código Civil y Comercial en apoyo de su acción y sostiene que se produjo una pérdida del patrimonio pues la acción del demandado no permitió colocar nuevamente en el mercado el inmueble a los fines de obtener un canon locativo y entiende que al no haber conservado el inquilino la cosa en buen estado ni haber realizado las mejoras comprometidas responde por el deterioro.
Argumenta que al no contar con la llave del inmueble no pudo alquilarlo motivo por el cual se reclama el pago íntegro del contrato de locación firmado para hacer frente al lucro cesante a favor de la actora. Sostiene que se devolvió la cosa en el mismo estado que la recibió ni le dio un plazo prudencial a su parte para poder ir buscando otro locatario y mantener la continuidad de sus ingresos. Transcribe la carta documento enviada al demandado el 2 de agosto de 2017 y sostiene que el demandado decidió abandonar el inmueble y consignar las llaves en la escribanía local sin previo aviso o posterior notificación y relata que por averiguaciones se enteró que las llaves se encontraban en la Escribanía Rosas que le fueron entregadas junto con el acta de consignación.
Practica liquidación, funda en derecho y ofrece pruebas.
II. Que corrido traslado de la demanda por el procedimiento del juicio ordinario con la documental de fs. 24/33 y escrito de fs. 34/38 se presenta el Dr. Sergio Roberto Viotti como apoderado del demandado Carlos Alcides Santi a contestar la demanda solicitando el rechazo de la misma. Formula una serie de negativas de hechos invocados en la demanda y realiza, como su versión de los hechos, un relato pormenorizado, comenzando con la referencia a la suscripción el 2 de enero de 2016 de un contrato de locación en la inmobiliaria La Patagonia, y hace referencia a sus cláusulas. Afirma que el 17 de marzo de 20178 la locadora remitió un mail donde comunica la rescisión del contrato de locación y la comunicación por carta documento que el demandado remitió a la actora haciéndole saber que el 31 de marzo entregaría las llaves y le solicita que indique la persona que recibiría las mismas y que ante la falta de colaboración o la negativa consignaría las llaves en la escribanía local y cuenta que la actora guardó silencio motivo por el cual el 11 de abril de 2017 procedió a consignar las llaves en la escribana Karen Carbone Miele quien labró acta.
Relata que recién después de cuatro meses de consignar las llaves la actora remite la carta documento del 2 de agosto de 2017 referida en el libelo de inicio y se refiere a su respuesta a la misma. Afirma haber cumplido todas y cada una de las obligaciones que pesaban sobre el locatario al momento de consignar las llaves. Rebate la pretensión de darle un plazo prudencial para poder ir buscando otro locatario y hace notar que a la fecha del responde el inmueble permanece sin alquilar y que no puede pretenderse que deba lucro cesante. Niega haber abandonado el inmueble pues fue el locador quien rescindió el inmueble pero luego no acudió a recibir las llaves. Ataca cada uno de los rubros pretendidos negando que existan alquileres pendientes pues ellos fueron abonados por el demandado.
Se reclama daños sin que exista mención o detalle sin que pueda saber cuales con los pretendidos daños a resarcir por el demandado. Hace notar que se reclama lucro cesante combinado con alquileres impagos sin la mínima justificación de cómo obtiene ese monto de lucro cesante ni se lo justifica. Niega la procedencia del reclamo de $ 50000 por gastos de reparación negando que haya algo que reparar y menos que fuera responsable su mandante, sin que exista en todo el escrito de demanda de cuales son los supuestos daños y menos como se llega a esa suma. Afirma que la demanda es un relato carente de toda prueba o justificación jurídica y reitera que el demandado nada adeuda. Impugna la liquidación de los rubros reclamados, desconoce la documental y las fotografías acompañadas.
Ofrece la prueba de la que intentará valerse.
III. Que a pedido de la parte actora de fs. 40 a fs. 41 de convoca a las partes a la audiencia preliminar, que se celebra en los términos expuestos en el acta de fs. 45 y se provee la prueba considerada pertinente para dilucidalos hechos controvertidos.
Producida la prueba obrante en autos a fs. 77 se clausura el período probatorio y se ponen los autos en secretaria para alegar. Ninguna de las partes hizo uso de este derecho conforme informa la actuaria a fs. 79. Mediante providencia de fs. 79 vta. se llama autos a sentencia.
La sentencia de fs. 80/82 acoge parcialmente la demanda promovida por Estela Gladys Lamas contra Carlos Alcides Santi y admite el reclamo indemnizatorio correspondiente al canon locativo de los meses de diciembre de 2016 a marzo de 2017 y servicios por los períodos indicados en los considerandos condenándolo a abonar a la actora dentro del término de diez días la suma de $26.231,29, con más los intereses pactados en la cláusula tercera del contrato de locación, desde la mora y a la fecha del efectivo pago. Rechaza parcialmente la demanda con relación al resto de los rubros reclamados. Impone las costas al demandado vencido (art.68 del CPCC) y difiere la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta que la sentencia quede firme y previa estimación que hagan los letrados. Disconforme con el pronunciamiento la parte actora interpone a fs. 83 recurso de apelación que se le concede libremente y con efecto suspensivo por providencia simple de fs. 84. Funda el recurso con el memorial de agravios de fs. 86/89. El demandado no contesta el traslado de los mismos y los autos se elevan con la certificación de estilo de fs. 94. Recibidos a fs.95 se dispone el pase a sentencia. Al acogerse al beneficio de la jubilación la Dra. Connie R. Naves se integra cámara con el Dr. Juan Pablo Olivera. Consentida la nueva integración a fs. 99 se dispone el pase a estudio estableciendo el orden para ello.
IV. Que en el primer agravio la recurrente cuestiona que la sentencia incorporó como prueba producida y agregada a fs. 61/65 la contestación del oficio librado a Inmobiliaria Patagonia no obstante que dicha prueba fue declarada caduca por proveído del 5/10/18 y notificado el 9/10/18 al letrado del demandado a fs. 60. Afirma que se encuentra firme el auto que declara la caducidad de la prueba. Invoca que también se declaró la caducidad de la prueba informativa dirigida a CAMUZZI GAS DEL SUR. Critica que la sentencia consideró agregada la prueba informativa dirigida a SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO no obstante que dicha prueba había sido declarada caduca en el autos del 25/10/2018. Sostiene que la totalidad de la prueba de la demandada fue declarada caduca.
Se queja por cuanto la sentencia pretende agregar como prueba informativa a a la Inmobiliaria la Patagonia y Servicios Públicos Sociedad del Estado cuando fuera declarada caduca y sostiene que su posterior incorporación en autos es extemporánea. Sostiene que el art. 362 del CPCC que transcribe es claro y preciso y se queja por haberse incorporado prueba que se había declarado caduca. En el segundo agravio se queja por el rechazo del gasto de reparación. Sostiene que se acompañó fotos del local que permite observar el mal estado en que se encontraba al momento de tomar posesión y sostiene que se le corrió traslado de las mismas y recuerda los términos de la cláusula quinta del contrato por la que se comprometía a realizar arreglos de techos, colocar otro tanque de agua, reparación de instalaciones eléctrica, cambio de red de gas.
Afirma que se lo intimó a realizar las reparaciones a las que se comprometió por Carta Documento del 2/8/17 que no fue contestada lo que permite observar que el demandado no cumplió con la carga impuesta en el contrato de locación. Argumenta que no se puede pretender que la actora cumpla con los arreglos de su propio patrimonio o conseguir presupuestos de los arreglos que el demandado no realizó teniendo dicha obligación. En el tercer agravio se queja que no se hubiera condenado a abonar los arriendos en la extensión intimada en la carta del 21/8/17 que se agregó a autos y el demandado no la desconoció o argumentó su falsedad como se manifestó en la apertura a prueba. Entiende que esta intimación prueba el incumplimiento y que le otorgó un plazo de diez días para que cumpla con dichas obligaciones bajo apercibimiento de dar por terminado el contrato.
Critica que la sentencia establezca que el contrato finalizó el día 20/3/17 y que la actora desde el 31/3/17 tuvo la posibilidad de recuperar el inmueble y se basa en la supuesta carta documento acompañada por la demandada en su contestación y sostiene que no se le corrió traslado de la misma, sólo del poder y por ello entiende que no pudo ejercer el derecho de defensa y por ello rescindido el contrato en forma unilateral. Sostiene que el contrato fue rescindido por la parte actora por no pago de los arriendos desde que tomó posesión como se observa en la carta documento agregada a autos que no fue desconocida por el demandado por lo que no se ofició al correo. En el párrafo siguiente afirma que el demandado no abonó los alquileres desde el mes de diciembre de 2016.
Sostiene que el demandado no acreditó el pago de las rentas y solicitó oficio a la Inmobiliaria Patagonia para acreditarlos, pero que dicha prueba fue declarada caduca y critica que no se desglosó. Hace hincapié en que esa contestación es una planilla de Excel y la considera carente de valor legal, que no tiene “firma de las partes de pagaron el alquiler o recibieron el pago, no obra un recibo mes a mes del pago de los alquileres debidos, como es usual entregar mes a mes ante el pago de un alquiler”. Hace notar que dicha contestación fue agregada al día siguiente de notificar al demandado la caducidad de la prueba y califica la agregación de extemporánea. Critica que se pretenda agregar en la sentencia prueba que fue declarada caduca y una carta documento de la cual no se corrió traslado para poderla reconocer o desconocer.
Pide se revoque la sentencia en cuanto limita el rubro reclamado de alquiler impago y daño lucro cesante y se haga lugar a su pedido. En el cuarto agravio se queja por la admisión parcial del reclamo de servicios impagos y sostiene que acompañó a su demanda los pertinentes recibos de pagos e insiste en la caducidad de las pruebas informativas. Hace hincapié en que el demandado no desconoció los importes adeudados ni los recibos acompañados y sostiene que el demandado no pudo probar que el demandado realizó los pagos. Se queja que la sentencia incorpora la contestación del oficio a Servicios Públicos. Solicita se haga lugar al reclamo de servicios impagos por la suma reclamada de $ 5.530,44 y se revoque el decisorio que sólo otorga por el concepto la suma de $ 1.731,29.
Sostiene que el demandado no acreditó en forma fehaciente que cumplió con su obligación contractual y abandonó el local de la actora en forma irresponsable. Pide se revoque la sentencia conforme los agravios esgrimidos.
V. Que debo adelantar que el recurrente no alcanza, a mi criterio, demostrar error en la solución que da al pleito la sentencia en crisis. Ha dicho la doctrina y la jurisprudencia que expresar agravios, en su estricta acepción, significa refutar y poner de manifiesto los errores de hecho o de derecho que contenga la sentencia y que la impugnación que se intente contra ella debe hacerse de modo tal que rebata todos los fundamentos esenciales que le sirven de apoyo. Supone como carga procesal, una exposición o discurso por medio del cual, con un análisis razonado y crítico del fallo impugnado se evidencia su injusticia. Es decir se deben refutar los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a quo a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tache de erróneo el pronunciamiento. Para valorar el cumplimiento de esta carga y si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación no debe llevarse a cabo con injustificado rigor formal que afecte la defensa en juicio o con palmario apartamiento de lo que quede de ella se desprende con inequívoca claridad, pues si así se actúa cabe descalificar lo resuelto por haberse incurrido en arbitrariedad. (Corte Suprema de Justicia de la Nación La Ley 146/624 La Ley 1980-C-255 o Fallos 328:4009 citado por Morello Sosa y Berizonce en su Códigos Procesales … 4ª ed. Tomo IV p. 281 parágrafo b.6). Traté de reproducir los agravios, con todas las reiteraciones que contiene, las afirmaciones dogmáticas en que incurre realizando afirmaciones que no concuerda con las constancias de la causa y conclusiones que extrae de la prueba informativa y la declaración de caducidad para no omitir ninguna crítica, pero existe mucha broza en su memorial de agravios.
En ese escrito se parte de premisas equivocadas lo que quita toda seriedad a la causa que pretende sostener. Se mezclan las pruebas, se realizan afirmaciones inexactas se ignora lo que es la carga de la prueba que legisla el art. 355 del CPCC, y que, en la audiencia preliminar (ver fs. 45) la magistrada determinó los hechos controvertidos y luego proveyó la prueba que consideró conducente sin que la actora en la audiencia de referencia hubiera requerido más prueba u objetado la de la contraria.
Parte de sus agravios se centran en lo relativo a las contestaciones de oficios recibidas luego de declararse la caducidad de la prueba, como si ello fuera situación que la favorece. Olvida que la parte demandada, en razón de la inapelabilidad de las medidas de prueba (arts. 357 y 363 del CPCC), no se puede sostener que la declaración de caducidad de las pruebas se encuentra firme toda vez que la parte siempre tiene la posibilidad de replantear la cuestión en Cámara de conformidad con lo dispuesto por el art. 259 inc. 2º del CPCC. Conforme la sentencia dictada en autos la demandada no tenía necesidad de tal replanteo desde que las contestaciones estaban agregadas y ella no tenía agravios al haberlas considerado. Del examen de la causa se desprende que el oficio a SPSE se presentó en la empresa el 7/9/18 (ver fs. 50) sin que obre en autos constancia de intervención de la secretaría que le colocó el sello medalla del Juzgado y que el 11 de septiembre de 2018 acreditó el diligenciamiento (fs. 51). La firma inmobiliaria la Patagonia recibió el oficio el 8/9/18 (ver fs. 52). El recurrente no ha advertido que la contestación de los oficios dirigidos la inmobiliaria la Patagonia y SPSE se agregaron antes de la audiencia de prueba de fs. 76 por lo que sería de aplicación el art. 362 del código del rito cuando dispone que las medidas de prueba deberán ser pedidas, ordenadas y practicadas en las oportunidades previstas, las que no se produzcan en la audiencia de prueba deberán encontrarse agregadas antes de la celebración de ésta. No está de más señalar que al declarar la caducidad de las pruebas informativas conforme el art. 380 del CPCC, en ambos casos se agregó: Ello sin perjuicio de su incorporación en los términos del art. 362 del mismo cuerpo normativo….” Ver fs. 57 y fs. 67 y considerar que la agregación de ambas contestaciones se produjo antes de la audiencia del prueba.
Por otro lado cabe tener en cuenta el principio de adquisición de las pruebas ya que sería incongruente desconocer informes que están agregados a autos. No está demás recordar la recomendación formulada a magistrados y funcionarios por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia en el Acuerdo 2496 punto 42 que fuera reiterada en el Acuerdo 2550 punto 10º en estos términos:
“Ante necesidades funcionales y de servicios que así lo determinan, deviene conveniente reiterar a los Señores Magistrados y Funcionarios que en toda su actividad judicial deben actuar de manera tal de resguardar adecuadamente la justicia del caso particular, debiendo necesariamente las formas procesales someterse a este principio de superior jerarquía garantizando para los justiciables, celeridad, debido tratamiento, preocupación y toda diligencia imprescindible para articular la solución más rápida y efectiva. En síntesis se recomienda a los Señores magistrados y Funcionarios conducir su conducta funcional con plena vocación de servicio hacia el justiciable, dejando todo formalismo extremo y excesivo de lado, en miras de una actuación con diligencia, agilidad, en búsqueda de encontrar la verdad material y objetiva por encima de la verdad formal, no solo en los actos sentenciales, sino en todo acontecimiento procedimental, en tanto y en cuanto las formas procesales deben manejarse con prudencia, con razonabilidad, destinadas a afianzar la justicia y no a su obstrucción…” Pero a mayor abundamiento hay que señalar que las providencias de caducidad referidas por la recurrente tienen cierta ambigüedad. Si vamos a fs. 57 y 67 vemos que se declara la caducidad pero se aclara en ambos casos: “Ello sin perjuicio de su incorporación en los términos del art. 362 del mismo cuerpo normativo…” como se hiciera notar más arriba. Ello quiere decir que la actora fue vencedora en dos incidentes de negligencia, pero si la contestación del oficio llega antes de la audiencia de prueba se lo agrega, toda vez que el objeto de la negligencia es evitar se dilate el proceso, dilatación que no se produce al existir prueba pendiente de producción.
Ergo, si ambas contestaciones se agregaron antes de la audiencia de prueba de declaración del demandado, no hay agravio en que la magistrada pudo considerarla pues ella ya había advertido a las partes sobre la posibilidad de incorporación antes de la audiencia.
Pero este agravio raya el absurdo toda vez que en los resultandos la sentencia hace referencia a la prueba informativa a Servicios Públicos Sociedad del Estado y a Inmobiliaria La Patagonia. Cuando admite parcialmente el cobro de los arriendos de los meses de diciembre de 2016 a marzo de 2017 se apoya en el informe de la inmobiliaria para determinar que de esa prueba surge que Santi no pagó dichos meses a pesar se haberlo afirmado en su contestación de demanda. Y, cuando hace lugar parcialmente al pago de la deuda por suministro de gas y de energía eléctrica no se apoya en esos informes.
Por estas consideraciones entiendo que el primer agravio no es atendible toda vez que esas contestaciones no incidieron en perjuicio de la actora en la solución del caso.
En el segundo agravio el apoderado de la recurrente se agravia por el rechazo de gastos de reparación. Sostiene que se acompañaron fotos del local en el cual se observa el mal estado. Pero no tiene en cuenta que las 10 fotografías acompañadas (fs. 10 a 13) fueron desconocidas expresamente en el responde por no constarle al apoderado del demandado que correspondieran al local en cuestión y en “que del momento en que las mismas habrían sido tomadas.” (ver fs. 37 vta.) y en las negativas particulares se negó que las fotografías “resulten del local locado y niego que las mismas prueben que no se hayan realizado mejoras (fs. 34 vta.). Y como si fuera poco la magistrado en la audiencia preliminar dispuso: “Documental: Téngase presente el desconocimiento de las secuencias fotográficas realizado por la demandada” (fs. 45 in fine/45 vta.). Sin perjuicio de lo expuesto no es mucho lo que surge de esas fotografías y a estar a la data que tienen al pie cada fotografía no permite determinar el estado a la fecha de la consignación de las llaves.
La intimación de la carta documento del 2/8/2017 (ver fs. 8) solo intima a acreditar la realización de las tareas de arreglo de los techos, colocación de otro tanque de agua, reparación de instalación eléctrica y cambio de red de gas y la eventual no contestación de la misma no acredita el incumplimiento por el demandado. La no realización de esas tareas se debió acreditar así como el costo de esos trabajos. El propio apelante señala que la suma reclamada es “una estimación de los gastos que debió recurrir el demandado…”. Quien reclama indemnización por incumplimiento de una obligación de hacer debe acreditar el incumplimiento y el costo de realizarlo por un tercero y por cuenta del deudor o por lo menos aportar pautas para cuantificarlo. En el tercer agravio el recurrente insiste, en parte, en el tema de las reparaciones y sostiene que ante la intimación cursada (la del 2 de agosto de 2017)el demandado reconoció que debía alquileres y “que no cumplió con las reparaciones que se comprometió en el plazo pactado” pero no encuentro constancia de ese reconocimiento. Pero a mayor abundamiento a fs. 28/29 se encuentra la factura y la carta documento por la cual el demandado contestó el 18 de agosto de 2017 que debemos presumir entregada por el correo. Si la parte entendía no haber recibido esa carta documento debió plantearlo en la audiencia y solicitar se oficiara a esos efectos. No puede considerarse que hubo una conformidad tácita del demandado al reclamo del 2 de agosto de 2017.
Por ello propongo al acuerdo rechazar este segundo agravio.
En lo principal en el tercer agravio se queja por la admisión parcial de su reclamo de alquileres e insiste en la carta documento remitida al demandado el 2/8/17. En el responde el demandado acompaña la copia para el remitente de una carta documento enviada a la actora el 18 de agosto de 2017 (ver fs. 28/29). Si bien es cierto que a fs. 39 sólo se corrió traslado del poder, la parte actora pudo pedir que se le corriera el traslado del art. 336 del rito o bien directamente hacer las manifestaciones que creyera pertinente respecto de la documental acompañada por la demandada. O en su defecto, en la oportunidad del art. 338 primer párrafo del CPCC ofrecer prueba respecto a esa carta documento como se indicó más arriba. Pero lo concreto es que en sus críticas a la sentencia no demuestra el error de la sentencia al aceptar que el actor con anterioridad al 20 de marzo de 2017 “notificó a la Sra. Lamas, en virtud de una supuesta rescisión anticipada del contrato de locación dispuesta por aquella que el día 31 de marzo a las 11 horas haría entrega de las llaves del local a que persona que indique (fs. 25)” y agrega la sentencia “la actora guardó silencio por lo que el 11 de abril de 2017 Santi consignó las llaves ante la escribana Karen Carbone, quien debía entregar las mismas a la Sra. Lamas (acta de fs. 26)”. Y concluyo la magistrada estableciendo: “Es decir que a partir del 20/3/17 el contrato estuvo rescindido y desde el 31/3/17 la actora tuvo la posibilidad de recuperar el inmueble, ofertarlo y obtener la rentabilidad que este generara.”(ver fs. 81 vta.)Y en el acta de fs. 7 o 26 el demandado dejó la carta documento de fs. 25 y al acompañar el acta de fs. 7 no puede argumentar que se le privó de negar esa intimación o afectación a su derecho de defensa. Si no se demuestra donde esta el error de esta conclusión de la sentencia, que es el punto central del razonamiento posterior el agravio no puede ser atendido favorablemente.
Por estas razones el cuarto agravio no puede tener favorable acogida pues la sentencia admitió el pago de los servicios hasta el 31 de marzo de 2017 sin que se intentara argumentar contra esta conclusión de la sentencia.
Así lo voto y contesto en forma afirmativa la primera cuestión al considerar justa la sentencia.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VI. Que coincido con el primer votante por entender como él que no obstante el esfuerzo del apoderado de la actora no alcanzó a demostrar error en las partes de la sentencia materia de agravios. Adhiero pues al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VII. Que propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechácense los agravios vertidos por la parte actora para fundar su recurso contra la sentencia y en consecuencia confírmese la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios. 2º)Costas en la instancia en el orden causado por no haber existido contestación de los agravios (art. 68 segundo párrafo del CPCC) y difiérase la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos regulación de los correspondiente a los trabajos de Primera Instancia. 3º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VIII. Que considero justa y equitativa la propuesta que antecede. Adhiero al voto del preopinante.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 22 de octubre de dos mil diecinueve.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales, doctrinarias, jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 45 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Rechácense los agravios vertidos por la parte actora para fundar su recurso contra la sentencia y en consecuencia confírmese la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios.
2º)Costas en la instancia en el orden causado por no haber existido contestación de los agravios (art. 68 segundo párrafo del CPCC) y difiérase la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos regulación de los correspondiente a los trabajos de Primera Instancia.
3. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen. EL Dr. Olivera suscribe el presente sin emitir opinión por no existir disidencia.FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-Presidente-, Juan Pablo Olivera -Juez de Cámara Subrogante-. .
Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201040S.191 Tomo: XCI Sentencia: 2805 Folio Nº: 180/187 Secretaria: 1
Fin de la sentencia