Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 45.684-I
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-31354282-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 21 de Marzo de 2023 En el día de la fecha se reúne la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por las Dras. Agustina O’Donnell (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), la Dra. Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y el Dr. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación) para resolver el Expediente N° 45.684-I, caratulado “Laminación Gorriti S.A. s/recurso de apelación”.
La Dra. Agustina O’Donnell dijo:
I. Laminación Gorriti S.A. interpone el recurso de apelación previsto en el inc. b) del art. 76 de la ley 11.683 contra la Resolución N° 284/15, dictada el 18 de noviembre de 2015 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se determina su obligación frente al impuesto al valor agregado de los períodos fiscales enero de 2009 a mayo de 2012, intimándola a ingresar la suma de $3.679.500,98, más intereses resarcitorios.
Además, se le aplica una multa por defraudación de $379.947,04 (art. 46, ley 11.683) por los períodos fiscales enero a abril 2009 y se difiere la aplicación por los períodos restantes, de conformidad con lo dispuesto por el art. 20 del entonces régimen penal tributario.
En su presentación ante este Tribunal, manifiesta que tiene como actividad la provisión de lingotes, planchas y barras fabricadas de metales dentro del territorio nacional.
Indica que el Fisco Nacional le cuestionó el cómputo del crédito fiscal del IVA originado en operaciones efectuadas con los proveedores Lider Metales S.A., Industrial Metalworks Associations S.A., Delta Metalsur S.A., Carlos Alfredo Quiroz, Industrial Red S.A., Pedro Kweik, Total Blend S.A., Industrial Power S.A. y Guido René Ramos, por irregularidades detectadas en los mismos, que, entiende, resultan ajenas a su parte. Destaca que la inclusión en la base apoc es de fecha posterior a la realización de las operaciones, por lo que se encontró imposibilitado de tomar conocimiento de tales irregularidades.
Señala que no existen cuestionamientos en las actuaciones respecto a la validez de los comprobantes emitidos y su código de autorización de impresión, tratándose de sujetos que se inscribieron ante el Organismo y que fueron autorizados a facturar.
Afirma que llevó a cabo la totalidad de los controles que estaban a su cargo y que dio efectivo cumplimiento a la normativa que regía la actividad, sin que pueda atribuírsele el control de los domicilios de los proveedores cuestionados y su falta de localización, en tanto la responsabilidad por dicho control es exclusiva del Ente Fiscal. Plantea que tampoco puede ser su responsabilidad la falta de presentación de DDJJ por parte de los proveedores o su presentación deficiente, en tanto ella carece de la facultad o de la obligación legal de constatar dichas circunstancias. Agrega que el Fisco Nacional cuestiona la capacidad operativa de los proveedores cuando es él quien los autorizó a facturar sin exigirles que acreditaran la misma.
Señala que se encuentra acreditado que las operaciones existieron y que cumplió con lo establecido por la ley 25.345, ya que los pagos fueron efectuados con cheques librados a la orden de los proveedores.
En particular, dice de cada proveedor:
1. Industrial Metalworks Associations S.A.: Fue incluido en la base apoc con fecha muy posterior a la concreción de las operaciones y destaca que se encuentra inscripto, que las facturas son válidas y que no fueron impugnadas. Respecto de los cuestionamientos efectuados (a saber: no localización, presentación de DDJJ que arrojan dudas, falta de bienes registrables) señala que son ajenos a ella y que surge de las actuaciones que sufrió retenciones por parte de otros actores del mercado.
2. Delta Metalsur S.A.: Afirma que la fiscalización no informó su incorporación a la base apoc, concluyendo sobre la base de una débil fiscalización que la empresa carece de capacidad económica, sin perjuicio de reconocer la existencia de la empresa, dado que el Fisco Nacional consideró que tuvo actividad, locales en la localidad de Merlo, operaciones con diversos proveedores, etc. También plantea respecto de este proveedor que pudo constatar la validez de la inscripción y su facturación.
3. Pedro Kwiek: Asegura que recién fue incorporado a la base apoc el 26/06/2013 y destaca que la impugnación a este proveedor se basó en la relación comercial que lo unió a un tercero, Lo Bruno Estructuras S.A., circunstancia ajena al contralor de Laminación Gorriti S.A.. También indica que las manifestaciones efectuadas por el imprentero respecto de la supuesta falta de realización de los trabajos no están directamente relacionadas con el servicio prestado por el proveedor.
4. Industrial Red SA: Destaca que fue incorporado a la base apoc con posterioridad a la celebración de las operaciones y que se realizan consideraciones que le son ajenas, tales como la no ubicación en sus domicilios.
5. Guido René Ramos: Su incorporación en la base apoc fue en 2014, es decir, posterior a la celebración de las operaciones y por una supuesta resistencia a la fiscalización. Por otra parte, señala que ha sido el propio ente fiscal el que autorizó la emisión de facturas hasta el 2012. Señala que el proveedor se encuentra inscripto, su facturación es válida, su objeto social es del ramo, que tuvo acreditaciones bancarias y que los cheques circularizados fueron librados a nombre del proveedor y endosados por éste.
6. Carlos Alfredo Quiroz: Argumenta que se incorporó a la base apoc recién en 2012, por supuesta falta de capacidad económica, que estaba inscripto, que su actividad declarada era coincidente con la ejercida, que sus facturas eran válidas, que la imprenta reconoció haber efectuado la impresión de facturas, que declaraba personal y que los cheques fueron librados a la orden del proveedor y endosados por éste. Dice que las impugnaciones efectuadas por el Organismo Recaudador son en base a situaciones ajenas a su contralor, tales como la falta de respuesta por parte del proveedor a circularizaciones y requerimientos o presentación de declaraciones juradas con saldos a favor o exiguos.
7. Lider Metales S.A.: Plantea que fue considerado proveedor apoc en atención a la falta de contestación a los requerimientos, como así también por encontrarse inactiva la CUIT por aplicación de la RG AFIP N° 3358. Agrega que la fiscalización no fue realizada con la profundidad debida, que los servicios fueron prestados, que los pagos fueron hechos según la normativa vigente y que la facturación es válida. Manifiesta que la falta de cuentas bancarias e inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas no resultan atribuibles a su parte, por tratarse de cuestiones ajenas a su contralor.
Manifiesta similares consideraciones respecto de los ajustes a las operaciones con los proveedores Industrial Power S.A. y Total Blend S.A.
A modo de conclusión, reitera que los cuestionamientos efectuados por el Fisco Nacional escapan a su control y que los insumos adquiridos a los proveedores fueron necesarios para llevar adelante la actividad gravada. Enfatiza que dio cumplimiento a la totalidad de las disposiciones que regulan el impuesto para acceder al cómputo de las sumas abonadas como crédito, cumpliendo así con la regla establecida por el art. 12 de la ley de IVA, por lo que solicita que se deje sin efecto la determinación de oficio notificada en la Resolución. En cuanto a la sanción aplicada en dicho acto, explica que, más allá de la verificación objetiva de la omisión de impuestos, debe constatarse la efectiva intención de fraude respecto del sujeto al cual le es atribuible la conducta reprochada a título culpable.
Afirma que en el caso no se ha acreditado el elemento subjetivo de su accionar y solicita se declare la nulidad de la sanción, dado que, dice, el acto administrativo impugnado no ha descripto y justificado de manera precisa, detallada y fundada las circunstancias que permitieron al Ente Fiscal encuadrar una simple conducta culposa como dolosa, de la mano de la utilización de las presunciones contenidas en el art. 47 de la ley 11.683. Cita jurisprudencia en abono de su postura, ofrece prueba y, por lo expuesto, solicita que en este aspecto también se revoque la Resolución, con costas.
II. A fs. 110/119vta. la representación fiscal contesta el traslado del recurso.
En primer lugar, señala que la fiscalización actuante detectó entre otras anomalías, que: los proveedores en cuestión estaban cargados en la base apoc, su actividad declarada no coincidía con los insumos facturados, existía una baja relación entre el débito fiscal con el crédito fiscal de cada proveedor, no había pagos de impuestos, no fueron localizados en ninguno de los domicilios declarados, no tenían capacidad operativa-financiera para desarrollar la actividad, no percibieron el monto de las operaciones; en los casos de sociedades comerciales, se intentó localizar a los representantes, no pudiendo encontrarlos en los domicilios declarados.
Niega la representante fiscal que su parte haya puesto en cabeza de la recurrente una tarea de control sobre los proveedores con quienes contrata, en reemplazo de las propias que lleva adelante el Ente Fiscal, sino que lo que se le requiere es que suministre toda documentación e información que permita seguir el circuito desarrollado para la concreción de las operaciones.
En cuanto al cumplimiento de los requisitos formales de las facturas emitidas, afirma que dicha circunstancia no acredita por sí misma la efectiva realización de las operaciones comerciales, en tanto lo que interesa a los efectos tributarios no es la formalidad de documental –que puede ser extrínsecamente correcta-, sino la realidad económica de los actos que mediante ellas pretenden exteriorizarse. Las facturas y los recibos per se carecen de entidad suficiente para acreditar la materialización de una operación.
Señala que la fiscalización actuante, al circularizar a los bancos solicitando frente y dorso de los cheques, pudo constatar que éstos no fueron cobrados por los proveedores observados.
Por las consideraciones que expone, solicita que se confirme la Resolución en todas sus partes, incluidos los intereses resarcitorios allí intimados y la multa aplicada, también con costas.
III. A fs. 132/133vta. se abre la causa a prueba y se hace lugar a la prueba informativa, pericial contable y pericial técnica en ingeniería ofrecida. A fs. 145/150 luce agregada la respuesta brindada por la AFIP y a fs. 153, punto 2°) y 157, punto 1°) se dan por decaídas las pruebas restantes. A fs. 157 se clausura el período probatorio y se elevan las actuaciones a consideración de la Sala. A fs. 171/175 obra agregado el alegato del Fisco Nacional, no habiendo la actora hecho uso de su derecho. A fs. 176 quedan en estado para dictar sentencia.
IV. Corresponde ahora decidir si la Resolución aquí recurrida se ajusta a derecho.
De la misma surge que en el procedimiento de fiscalización llevado a cabo respecto de Laminación Gorriti S.A. se detectó que contrató con proveedores considerados apócrifos, a saber: Lider Metales S.A., Industrial Metalworks Associations S.A., Delta Metalsur S.A., Carlos Alfredo Quiroz, Industrial Red S.A., Pedro Kweik, Total Blend S.A., Industrial Power S.A. y Guido René Ramos.
Tanto en los Considerandos de la Resolución, como en los antecedentes administrativos previos que preceden su emisión, se detallan las irregularidades detectadas durante la exhaustiva tarea de fiscalización a cada uno de los proveedores (v. fs. 11/57 de autos), que llevaron a calificarlos de apócrifos, las que, en apretada síntesis, fueron las siguientes:
- estaban cargados en la base de contribuyentes no confiables;
- presentaron irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en tanto las DDJJ presentadas consignaron montos muy exiguos o en cero, o sin movimiento, o sin saldo a pagar o directamente no fueron presentadas;
- no presentaron consumos relevantes de servicios públicos, energía, gas, etc;
- en su mayoría no tenían bienes registrables o cuentas bancarias y si las tenían, se verificaron acreditaciones bancarias que no resultaron acordes al volumen de las transacciones. Tampoco tenían personal en relación de dependencia;
- algunos, como Industrial Metalworks Associations S.A., presentan irregularidades en su documentación contable (balance general no suscripto por contador) o el mismo contador que certificó sus balances contables, resulta ser socio gerente de una de sus empresas proveedoras (caso de Delta Metalsur S.A.);
- otros, como Pedro Kwiek y Guido René Ramos, figuraban inscriptos en actividades muy variadas y disímiles entre sí;
- ninguno de los proveedores pudo ser localizado en su domicilio fiscal, legal o alternativo, por ende, ninguno aportó la documentación requerida por la fiscalización actuante;
- tampoco pudieron ser localizados sus directivos/as y, en el caso de Industrial Metalworks Associations S.A., terceras personas inclusive, informaron que estaban presos;
- en algunos casos, los inspectores actuantes dejaron constancia que en el domicilio de la firma no había actividad comercial alguna (v. Delta Metalsur S.A. y Carlos Alfredo Quiroz), o vieron estructuras que descartan la realización de la actividad comercial para la cual estaban inscriptos (en el caso de Industrial Power S.A., una casa en construcción);
- a su vez, los clientes y/o proveedores de estos proveedores tampoco pudieron ser localizados y/o los que contestaron los requerimientos cursados desconocieron haber contratado con ellos (v. los casos de Industrial Metalworks Associations S.A. y su proveedor The Metal Place S.A., Delta Metalsur S.A. y de Guido Rene Ramos, con su proveedor ABC S.A.);
- en algunos casos, se localizaron a los transportistas que supuestamente trasladaron mercadería para los proveedores y sus propios proveedores y/o clientes, quienes desconocieron haber trasladado mercadería para ellos (obsérvese lo informado por el Sr. Héctor Delgado respecto de la mercadería supuestamente trasladada a Delta Metalsur S.A. y su proveedor Industrias Deriplom S.A.);
- la imprenta desconoció haber realizado el trabajo de impresión de algunas facturas exhibidas (caso de Pedro Kwiek);
- la Inspección General de Justicia informó que los proveedores Industrial Metalworks S.A., Delta Metalsur S.A., Industrial Red S.A., Total Blend S.A. e Industrial Power S.A. fueron incluidos en el Registro de Entidades Inactivas por no haber presentado la declaración jurada prevista en la Resolución General IGJ N° 1/2010; Asimismo, en la Resolución se deja constancia que los cheques relacionados con los proveedores no fueron depositados ni cobrados por ellos y que de la cadena de endosos se verificó que los últimos endosantes fueron empresas que, en su mayoría, eran mutuales, empresas que desarrollan actividades relacionadas con la venta en comisión y consignación de cereales, de ganado, de diarios y revistas y sociedades de bolsa. Es decir, actividades no relacionadas con la de los supuestos proveedores.
Ante los requerimientos cursados por el Fisco Nacional, algunas de estas firmas endosantes no contestaron el pedido de información cursado, mientras que, en otros casos, el correo indicó que el domicilio es desconocido o se mudó. Las empresas que sí contestaron indicaron que recibieron los cheques emitidos por Laminación Gorriti S.A. de manos de terceros con quienes mantienen relaciones comerciales pero que no son los proveedores observados.
Adicionalmente, entre otras irregularidades, resulta llamativo que en los cheques de fs. 221, 223 y 225 de las actuaciones administrativas (v. Cpo. N° 2 del Impuesto a las Ganancias), las firmas insertas con la aclaración Carlos Alfredo Quiroz, sean completamente diferentes entre sí. Similar situación se verifica respecto de Industrial Red S.A., al comparar las firmas de su Presidente en los cheques agregados a fs. 625/626 y 627/628 del Cpo. N° 4 de IVA.
Por otra parte, tampoco escapa a la atención de este Tribunal la llamativa coincidencia de que los proveedores Total Blend S.A. e Industrial Red S.A. compartan como accionista y presidente, respectivamente, a la Sra. Mirtha Zulema Aballay, quien no pudo ser localizada por las diversas Divisiones que los fiscalizaron.
Algo similar ocurre con Industrial Red S.A. e Industrial Power S.A.: El Sr. Daniel Esteban Rocha era socio en Industrial Red S.A. y socio y Presidente de Industrial Power S.A., y tampoco pudo ser localizado. Asimismo, y en el marco de la fiscalización efectuada respecto de Industrial Metalworks Associations S.A., fueron también investigados sus proveedores, entre ellos The Metal Place S.A., cuyo presidente era el Sr. Luis Esteban Loto y la directora suplente, la Sra. Noelia Nieto, según las bases del Fisco Nacional. Al presentarse en el domicilio fiscal de dicha firma, los inspectores constataron que en ese domicilio funcionaba el Hipódromo de San Isidro. Asimismo, lograron localizar al presidente, el Sr. Loto, quien ante la consulta sobre las operaciones comerciales entre las firmas Industrial Metalworks Associations S.A. y The Metal Place S.A. informó no conocer a las mencionadas empresas. Aclaró que trabaja en relación de dependencia desde el año 2000 en el rubro gastronómico y recordó haber concurrido años atrás a una estación de servicio, situada en la localidad de Monte Chingolo, juntamente con otros vecinos, entre ellos la Sra. Noelia Nieto (directora de The Metal Place SA) y el Sr. Daniel Alejandro Ramponi (director suplente de Industrial Metalworks Associations SA), donde a través de una persona que trabajaba en la Municipalidad de Lanús, firmaron algunos papeles a cambio de una retribución, día en el que se labró el acta al efecto.
Por otra parte, surge también de las actuaciones administrativas un contraste importante entre la falta de actividad comercial verificada por los inspectores y el volumen del negocio declarado por los proveedores impugnados en sus declaraciones juradas.
Véase a modo de ejemplo el caso de Delta Metalsur S.A.: del informe agregado a fs. 254/275 del Cpo. “Copia investigación de antecedentes contribuyente Delta Metalsur”, surge que inició sus actividades en el año 2006, habiendo la sociedad efectuado ventas ya en el año 2008 por más de $100.000.000. Sin embargo, tanto en el 2008 como en el 2009 no se abonó impuesto alguno, debido a que en 2008 se declararon retenciones que superaron el impuesto determinado y en 2009 se declararon gastos operativos que representaron el 87% de los ingresos, como así también aumentó en más del 100% la cantidad de pasivos contraídos en ese año.
En síntesis: el resultado de las tareas de fiscalización da clara cuenta que los proveedores no tenían capacidad económica ni operativa para vender la mercadería facturada a Laminación Gorriti S.A.
Frente a las objeciones formuladas, era a la contribuyente a la que le correspondía probar la real existencia de sus operaciones con los proveedores cuestionados porque así se encuentra diseñado el proceso en la ley de procedimiento tributario, corolario del régimen de autodeclaración de la obligación tributaria que rige en el orden nacional.
Ello, además, por aplicación del criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al interpretar el art. 12 de la ley del impuesto al valor agregado en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI” del 10 de marzo de 2015, y sostener: "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "En todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...". Resulta claro entonces, que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto de los vendedores de los bienes o prestadores de los servicios, extremos que no se cumplen en las presentes actuaciones, pues la recurrente no rindió ninguna prueba ante este Tribunal tendiente a acreditar que, a pesar de las inconsistencias detectadas a todos y cada uno de los proveedores, las operaciones con éstos no existieron y por ello, tampoco los créditos fiscales cumplen con el recaudo del art. 12 de la ley y, como tales, son legítimos para ser computados en las declaraciones juradas.
En definitiva, de las circunstancias apuntadas se desprende que son insuficientes los elementos probatorios incorporados tanto en la instancia administrativa como ante este Tribunal –que consistió en un oficio librado a la misma AFIP - DGI para que informara si los proveedores impugnados fueron autorizados a emitir facturas durante los períodos en discusión, y se indicara la fecha de su inclusión en la base apoc- para demostrar la existencia de las compras a los proveedores cuestionados, lo que pone de resalto la ausencia de pruebas categóricas y conducentes para desvirtuar la postura fiscal en la forma específicamente exigida en esta clase de ajustes fiscales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Aunque sobre decirlo, ni la sola existencia de las facturas, ni su registración, aunque sea correcta y oportuna, ni tampoco la emisión de cheques conforme a las reglamentaciones vigentes constituyen de por sí solas prueba suficiente a los fines antes indicados y exigidos en la jurisprudencia del Alto Tribunal antes citada. Es necesario que el contribuyente demuestre que los bienes y/o servicios enunciados en los comprobantes fueron efectivamente adquiridos y/o prestados, pero no por cualquier proveedor, sino por el que aparece allí identificado, y es esa la prueba que la recurrente no ha rendido, ni ha hecho esfuerzo alguno por producir, ya que en su presentación ante este Tribunal solo se ha limitado a hacer consideraciones genéricas en relación a su falta de responsabilidad en el cumplimiento fiscal de sus proveedores, que no es lo que la ley y la jurisprudencia exigen que demuestre en este tipo de ajustes.
En efecto, la única prueba informativa producida en nada modifica la decisión, ya que se trata de información que en modo alguno prueba que las compras se hicieron a los proveedores y las pruebas pericial contable y pericial técnica a las que se habían hecho lugar, fueron dadas por decaídas.
Todas estas razones son por demás suficientes para confirmar la Resolución N° 284/2015, tanto en cuanto al capital como los intereses intimados en ella, con costas.
V. Respecto a la sanción de defraudación aplicada en dicho acto con sustento en los arts. 46 de la ley 11.683, las consideraciones de hecho y de derecho formuladas en párrafos precedentes, demuestran que también debe ser confirmada por cuanto ha quedado acreditado el dolo incurrido por Laminación Gorriti S.A. en la confección de las declaraciones juradas en las que incluyó créditos fiscales de comprobantes fiscales emitidos por proveedores inexistentes, es decir, engañosas. En cuanto al dolo exigido por dicha figura, cabe recordar que el art. 47 de la ley habilita al juez administrativo a presumir la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas.
En el caso, el juez administrativo recurrió a las presunciones previstas en los incs. a), b) y c), cuyos presupuestos se encuentran configurados y no se han formulado agravios concretos al respecto.
Por lo expresado, corresponde confirmar también la sanción aplicada, con costas.
La Dra. Laura Amalia Guzmán dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos y a las conclusiones a las que arriba la Vocal Instructora en su voto. En efecto. De acuerdo con el relato efectuado por la Dra. O’Donnell, como consecuencia de las tareas que le son propias, el organismo fiscal pudo comprobar serias y concretas irregularidades de algunos proveedores de la recurrente que lo llevaron a la conclusión fundada de que se estaba frente a operaciones inexistentes e impugnables en tanto los proveedores no contaban con capacidad económica ni operativa para operar en los niveles declarados y facturados.
En atención a lo expuesto, el tema en debate queda delimitado a una cuestión de hecho y prueba a fin de establecer con un grado de certeza la realidad de los hechos tenidos en cuenta por la administración y negados por la recurrente, lo que nos lleva a analizar las probanzas arrimadas por ésta.
Resulta oportuno recordar que la carga de la prueba constituye tanto una regla de juicio para el juez, pues le indica cómo debe fallar en atención a los hechos probados y una regla de conducta para las partes, toda vez que advierte y delimita los hechos que serán objeto de prueba a fin de que el juez los considere como ciertos.
II. Que cabe destacar preliminarmente que la defensa de la actora a lo largo de su escrito recursivo consiste –fundamentalmente- en sostener que las operaciones se realizaron y que los indicios tenidos en cuenta son circunstancias que le resultan ajenas a su relación contractual y que conllevan poner en cabeza de los contribuyentes controles que sólo puede ejercer la administración fiscal.
Sobre el particular, si bien, de manera alguna puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto (en particular aquellas que se vinculan con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la firma emisora de las facturas y su inclusión en la base de datos del organismo de proveedores apócrifos), lo cierto es que la impugnación de las operaciones con ciertos proveedores de la recurrente se realizó sobre la base de una serie de indicios graves y concurrentes, tales como la no localización de alguno de los proveedores, falta de capacidad operativa de los mismos, la falta de acreditación del circuito financiero, etc, elementos que en su en su conjunto llevaron al organismo fiscal a concluir sobre la inexistencia de las mismas.
En esa inteligencia cabe traer a colación lo sostenido por la Sala B de este Tribunal, en su anterior conformación, in re “Vialbo Construcciones S.A.”, 12/2/2002, donde señaló que en la medida que el Fisco había formulado concretas y graves impugnaciones a los proveedores, el actor no podía limitarse a afirmar que no se encontraba obligado a conocer o verificar la situación fiscal de aquellos con quienes contrata. Allí, advirtió que “…no pueden considerarse las impugnaciones del Fisco Nacional en forma aislada y someterlas a un análisis singular, como pretende equivocadamente la apelante, para concluir si tenía obligación de conocerla o no, cuando la realidad indica que se trata de situaciones reiteradas, irrazonables desde el punto de vista del supuesto trato comercial (que habría abarcado más de cuatro años), que se conjugan con un racimo de otras anomalías propias de operaciones falsas...claramente, una cosa es reputar de apócrifa una factura por el mero hecho de que el proveedor no haya presentado las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado y/o al Impuesto a las Ganancias, o que las haya presentado en forma constante con saldo a su favor, circunstancias éstas que resultan completamente ajenas al adquirente de tales bienes o servicios y que no bastan, por sí solas, para calificar de falso instrumento alguno (cfr. Doctrina Jurisprudencial emergente de la causa “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 17/3/02)...otra muy distinta es la situación que se presenta cuando se dan, concomitantemente, una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas...y como corolario una actitud de la apelante que se limita a aseverar dogmáticamente que no le compete el control de la situación fiscal de aquellos con quienes contrata, sin aportar dato adicional alguno...tendiente a profundizar la investigación en terrenos que resulten de su exclusivo interés". Asimismo, no puede dejar de señalarse que dado el grado de sofisticación cada vez mayor de las maniobras utilizadas por algunos contribuyentes, destinadas a evadir el impuesto debido a través del cómputo improcedente de créditos fiscales o de gastos, no puede convalidarse la existencia de las operaciones discutidas únicamente porque las mismas se encuentran registradas en la contabilidad de la firma y las facturas que las respaldan cumplen con los recaudos exigidos por la normativa fiscal.
En ese contexto y a la luz del análisis de la prueba recolectada por la administración fiscal en el ejercicio de su tarea de fiscalización y de la prueba producida en sede administrativa y ante este Tribunal, que ha sido correctamente analizada y ponderada por la Vocal Instructora, sólo cabe concluir que no se han aportado elementos que puedan destruir los fundados y probados hechos tenidos en cuenta por el ente fiscal para impugnar las operaciones realizadas por la recurrente.
En esa dirección, la Alzada ha tenido oportunidad de expresar reiteradamente que “... ante las fundadas observaciones efectuadas por el Fisco, pesaba sobre la parte actora, la demostración de la existencia y veracidad de las operaciones cuestionadas, refutando adecuadamente el contenido de la impugnación fiscal, a lo que debe añadirse que, los documentos ofrecidos en sustento de la veracidad de las operaciones carecen de virtualidad para demostrarla y exigen de la utilización de otros medios probatorios para comprobar la existencia de las negociaciones (conf. esta Sala, Causa Nº43037/2011, in re “Lim Sur SA (TF 24762-I) C/DGI”, del 20/11/2012; Causa Nº 7795/08, in re “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ E.N.- AFIP DGI- Resol 370/08 s/ DGI”, del 03/04/12; y Sala II, Causa Nº32.350/2012, in re “Toledo Pedro Roque (TF 29.171-I) c/ DGI”, del 29/11/2012)”.
Y, agregó, que “....no basta para contradecir las conclusiones del acto determinativo la mera demostración del cumplimiento de recaudos formales de orden documental o contable, sino que es menester que el contribuyente aporte elementos concretos y contundentes que acrediten la veracidad de tales operaciones (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de la Plata S.A. c/ AFIP DGI (Resol 247/06) s/ proceso de conocimiento”, del 3-7-12; y “Cereales Acebal S.A. c/ AFIP (TF 30769-I) c/ DGI”, del 11-9-12; en el mismo sentido, CNACAF, Sala I, causa “Nidera SA”, expte. nro. 41858/2005, del 20/03/2012 y Sala IV, causa “Agrocomercial Ramallo SA”, expte. nro. 5341/2015, sentencia del 11/08/2015, entre muchos otros)”.
En consecuencia, los agravios de la recurrente –sobre quien reposaba la carga probatoria, como se dijo- resultan a la postre meras afirmaciones dogmáticas que no logran destruir las conclusiones a las que arribó el juez administrativo en las resoluciones apeladas en autos.
Finalmente, es menester traer a colación la importante doctrina sentada por esta Sala, en su anterior integración, en numerosos pronunciamientos (vid. por todos “Impulso S.A.”, 27/3/98). Se dijo allí que “de la de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la “doctrina de la concurrencia de los elementos material-formales del crédito fiscal”. En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia del aspecto material (existencia de las operaciones) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal).
Dicho criterio fue convalidado por Nuestro Máximo Tribunal en la causas “ADM Argentina SA” y “Molinos Rio de la Plata S.A.” de fechas 10 de marzo de 2015 y 25 de agosto de 2015, respectivamente, en donde se estableció que “...a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente”.
En esa inteligencia, corresponde al actor acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales, por distintas vías, independientemente de la identidad del presunto proveedor, lo que –como quedó dicho- no ha hecho en la especie, por lo que corresponde confirmar el ajuste efectuado por el Fisco Nacional en la resolución determinativa en cuanto impugna el crédito fiscal computado en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado. Con costas.
III. Que resta tratar la procedencia de la sanción aplicada en el impuesto al valor agregado, períodos fiscales 1 a 4 de 2009, que el ente fiscal subsume en los artículos 46 y 47, incisos a) b) y c) de la ley de rito. En primer término, corresponde rechazar el planteo dirigido a obtener la nulidad del acto sancionatorio apelado, con sustento en la vaguedad, imprecisión y falta de fundamentos, que pone -a su criterio- a la contribuyente en estado de indefensión.
De acuerdo con lo que se desprende de las actuaciones administrativas acompañadas, el ente fiscal dio cabal cumplimiento al procedimiento sumarial y la recurrente ejerció su derecho de defensa. Es más, ha podido esbozar argumentos en esta instancia y expuso las razones de hecho y derecho por las que entendía que no correspondía la calificación de su conducta en la figura que se le enrostra.
De tal forma, los agravios de la recurrente están dirigidos a cuestionar las conclusiones a las que arribó el juez administrativo, hecho que no conlleva la nulidad del acto, pues se emparentan con la cuestión de fondo que debe resolver este Tribunal.
Ahora bien, con respecto a la sanción aplicada, debe tenerse presente que en materia de ilícitos materiales por defraudación tipificados en el artículo 46 de la ley de procedimientos fiscales se deberá respetar la secuencia que se describe seguidamente, en orden a determinar si se verificaron sus elementos tipificantes.
En primer término, se debe analizar el aspecto objetivo al evaluar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad. Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un ardid o engaño, es decir, con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”. Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación.
Y ello es así porque “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de “declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario”, Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones”, Cap. XXI, “Multa por defraudación”, Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304). Bajo esas premisas, sólo resta afirmar que será el ente fiscal el encargado de comprobar la existencia de ambos elementos.
Y en el caso sub examine, el Fisco Nacional recurrió para encuadrar la conducta del recurrente, al artículo 47 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) que presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas, cuando se verifiquen algunas de las situaciones que se describen en sus cinco incisos.
Dos características son comunes a todo tipo de presunciones, cualquiera sea su clase: por un lado la estructura lógica del juicio en que se basan; por otro, y como consecuencia, el hecho de que no son juicios orientados a la certeza, sino razonamientos simplemente probabilísticos. La doctrina las ha definido como aquélla operación lógica tendiente a fijar la existencia o dimensión de un hecho desconocido a partir de uno conocido, que según la experiencia le sigue o precede.
En el caso de las presunciones contenidas en el artículo citado, el legislador, a partir de un hecho cierto (hecho inferente, comprobado o fundante, que son los descriptos en sus incisos) y que debe ser probado por el ente fiscal, elabora a partir de él una regla de experiencia que nos indica cómo es -generalmente- el orden natural de las cosas y a partir del cual deriva una afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (inferido, presumido, fundado). En la especie, deriva la afirmación de que existió la voluntad de producir declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, que posibilita tener por cierto que existió un obrar en fraude al Fisco. Según Bielsa, la presunción jurídica no es una fórmula legal puramente artificial o imaginaria, sino una disposición legislativa que tiene fundamento en la realidad, pues la ley funda la presunción en el hecho de que en general eso casi siempre ocurre (“presumtio sumitir ex so quo prelumque fit”), aunque en algunos casos no suceda así (Bielsa, Rafael, “Metodología Jurídica”, Librería y Editorial Castellvi, Santa Fe, 1961, pag. 580). Bajo la luz de esas premisas, analizadas las actuaciones administrativas, el informe final de inspección y en atención a lo resuelto en Considerandos precedentes, el Fisco Nacional actuó correctamente al encuadrar la conducta de la recurrente. En efecto, imputa a la apelante la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas toda vez que “media una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surgen de sus declaraciones juradas”, en dicha documentación “se consignan datos inexistentes que incidieron gravemente en la materia imponible” y dichos elementos se encuentran en disconformidad con las normas legales y reglamentarias.
Frente a ello, los argumentos que ensaya no tienen entidad para enervar la ausencia de una conducta dolosa. Baste para ello destacar que sus declaraciones juradas originales no reposaban en documentación fidedigna, pues se encontraban declarados créditos fiscales que no contaban con el debido respaldo documental que significaron un importante ajuste en su determinación de la obligación tributaria.
Finalmente, entiendo que la sanción ha sido debidamente cuantificada por el juez administrativo, en atención a los hechos relatados en el acto en crisis, los que –vale reiterar- no han sido desvirtuados en autos. El Dr. Pablo Alejandro Porporatto dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto de la Dra. O’Donnell.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución N°284/2015, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas acompañadas y archívese. Date: 2023.03.21 17:54:41 -03:00 Date: 2023.03.21 20:56:24 -03:00 Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.03.21 21:22:19 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.21 21:22:21 -03:00
Fin de la sentencia