Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por Jorge Luis Lancia con la asistencia técnica de la Dra. Florencia González Pinto –Defensora Oficial en lo Penal de 2° Nominación, en contra de la S. nº 06/26 dictada por el Juzgado Correccional de 3º Nominación.
2No hacer lugar al recurso de casación interpuesto, y confirmar la resolución impugnada.
3Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).
SENTENCIA NÚMERO: TREINTA Y NUEVE
En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los treinta y uno días del mes de julio de dos mil veintiséis, la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores María Fernanda Rosales Andreotti -Presidenta-, Néstor Hernán Martel, y Rita Verónica Saldaño; se reúne en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, expte. Corte nº 020/26, caratulados: “Lancia, Jorge Luis – amenazas, etc.- s/ rec. de casación c/ S. n° 06/26 de expte. n° 152/24”.
Por Sentencia (S.) nº 06 del 23 de febrero de 2026, el Juzgado Correccional de 3º Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: “2) Declarar culpable a Jorge Luis Lancia de los delitos de violación de domicilio (hecho nominado 3°) y amenazas simples (hecho nominado 4°), todo en concurso real y en calidad de autor, y condenarlo, en consecuencia, a la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo, declarándolo reincidente por tercera vez (arts. 150, 149 bis -primer párrafo-, -primer supuesto-, 45, 55, 40, 41, 50 y cctes. del CP y arts. 407, 409 y cctes. del CPP). (…)”.
Contra este fallo, la Defensora Oficial en lo Penal de 2° Nominación, Dra. Florencia González Pinto, en su carácter de asistente técnico del encausado Jorge Luis Lancia interpone el presente recurso.
Centra sus críticas en la inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica racional, de las normas previstas para la individualización de la pena (art. 454, incs. 2° y 3º del CPP).
Primer Motivo de Agravio:
En primer lugar, la defensa denuncia la arbitrariedad del fallo por motivación aparente. Sostiene que la acreditación de los hechos y la participación punible de su defendido, fueron tenidos por acreditados solo con el testimonio de José Fernández padre de -M.B.F.- ex pareja del imputado sin contar con prueba objetiva, suficiente e independiente, para que adquiera la certeza necesaria a los fines de poder fundar razonadamente una condena, haciendo caer la presunción de inocencia, de lo contrario solo cabe la absolución.
Sostiene que no corresponde la aplicación de situaciones en contexto de violencia de género en atención a que las presuntas amenazas fueron vertidas hacia su ex suegro.
Por otro lado, considera que se soslayó la debida defensa en juicio, de poder interrogar a quienes fueron parte de la prueba de cargo de la fiscalía, ya que el fiscal desistió de los testigos citados, en relación a las contradicciones de Fernández que manifestó en su momento, con las que ha expresado en la audiencia y con las denuncias brindadas por M.B.F. Y M.A.R., la cuales fueron incorporadas al debate sin cumplir con los principios de mediación.
Refiere que el juez sostuvo su afirmación y se apoyó en otros elementos de prueba, que los cuales no son suficientes ya que no corrobora el lugar por donde ingreso Lancia ni la distribución de los ambientes de la propiedad. Tales como el acta de inspección ocular (fs. 7/vta.) realizada por un sumariante judicial el que da cuenta de la altura de paredones que perimetran el inmueble, que no es de su especialidad para poder realizar dicho análisis, sin describir la propiedad en su interior, y el informe planímetro de la vivienda y sus respectivos ambientes, del cual no surge si en el interior existe una construcción destinada a vivienda. Señala que esta ausencia de prueba fue advertida por su parte, para tener por acreditadas circunstancias que requerían de otras medidas probatorias.
Así también dice que el Juez a quo valoró la pericia psicológica, cuando dicho informe solo describe un deterioro por consumo de sustancias, pero de ningún modo prueba la existencia del hecho, circunstancias de tiempo, modo y lugar de los delitos. Sostiene que es arbitraria la afirmación del juzgador respecto a que los argumentos defensivos carecían de sustento científico, recordando que es la acusación quien debe probar la culpabilidad y no el imputado su inocencia. Sin dar los fundamentos ni distinguir la pericia psicológica de la psiquiátrica, lo cual debería dar los motivos en forma razonada, de porque debe o no descartarse la misma.
Segundo motivo de agravio:
Asimismo, la defensa considera que la sentencia carece de motivación suficiente al momento de determinar la pena.
Destaca que su asistido Lancia tuvo una condena en el año 2016, luego imputado en el año 2021 para luego, ser condenado en el año 2026, es decir, cinco años después de haber sido acusado formalmente y, diez años después de haber sido condenado, por lo que se pregunta, ¿si se puede hablar de una condena dictada en tiempo razonable?.
Señala además que el juez incurrió en un vicio de fundamentación al valorar como agravantes elementos que son constitutivos del tipo penal, configurándose lo que en doctrina y jurisprudencia se entiende por prohibición de doble valoración.
Sostiene que existe una dilación injustificada en el proceso, destacando que los hechos del año 2021 recién obtuvieron sentencia en 2026, estando siempre a derecho, lo cual debería operar como un factor de atenuación según los arts. 40 y 41 del CP.
Por último, en cuanto se contempla una condena de hace diez años para hacer efectivo el cumplimiento de la pena, dejando de lado que desde el año 2016 no tuvo otras condenas, lo cual, el juez omite arbitrariamente en el análisis punitivo. Por lo expuesto, solicita al Tribunal revoque la sentencia atacada.
De acuerdo con el resultado del sorteo efectuado para determinar el orden de votación (fs. 12), nos pronunciaremos de la siguiente manera: 1º Dra. Saldaño, 2° Dra. Rosales Andreotti y 3º Dr. Martel.
Así las cosas, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:
1. ¿Es admisible el recurso?
2. ¿ La resolución cuestionada, ha inobservado o erróneamente aplicado las reglas de la sana crítica racional y las normas previstas para la individualización de la pena (art. 454, incs. 2° y 3º del CPP).? ¿Qué resolución corresponde dictar?
A la Primera Cuestión, la Dra. Saldaño dijo:
El presente recurso de casación reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos en el art. 460 del CPP debido a que es interpuesto en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada, y se dirige contra una resolución que, por ser condenatoria, pone fin al proceso y es definitiva. Por ende, es formalmente admisible. Así voto.
A la Primera cuestión, la Dra. Rosales Andreotti dijo:
Me adhiero a la solución propugnada por la Sra. Ministra Preopinante, con relación a la admisibilidad del recurso y voto en igual sentido.
A la Primera cuestión, el Dr. Martel dijo:
Entiendo acertadas las razones necesarias que deciden correctamente la admisibilidad del presente recurso. Por ello, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.
A la Segunda Cuestión, la Dra. Saldaño dijo:
Los hechos que el Tribunal consideró acreditados, son los siguientes: Hecho nominado tercero: “Que el día 23 de enero de 2021, en un horario que no se ha podido determinar con precisión, pero que sería ubicable entre las horas 11:00 y 12:20 aproximadamente, en circunstancias que M.A.R. se encontraba en su domicilio, sito en José Espeche n° 1552, localidad de Santa Rosa, Dpto. Valle Viejo, provincia de Catamarca, se hizo presente Jorge Luis Lancia, pareja de su hija M.B.F., quien procedió a ingresar al interior de la vivienda escalando a través de un portón corredizo de 3,20 mts de altura por 11,20 mts de ancho, ubicado al frente norte, en contra de la voluntad expresa de M.A.R.”.
Hecho nominado cuarto: “Que el día 23 de enero de 2021, en un horario que no se ha podido determinar con precisión pero que sería ubicable entre las horas 11:00 y 12:20 aproximadamente, en circunstancias que M.A.R. se encontraba en su domicilio, sito en José Espeche n° 1552, Localidad de Santa Rosa, Dpto. Valle Viejo, provincia de Catamarca, en compañía de su esposo José Luis Fernández, su hijo Luis Fernández y su hija María Fernández, se hizo presente a pareja de esta última, Jorge Luis Lancia, quien luego de producida una discusión, procedió a manifestarle: “si crees que porque sos abogada vas a zafar, sos la primera a la que voy a matar; los voy a matar a todos, manga de hijos de puta; si vos crees que de mí te vas a dejar, estás muerta! ¡Muerta!, causando temor en M.A.R. y en los suyos”.
En efecto, examinados los motivos que originó esta instancia recursiva, corresponde revisar el mérito efectuado por el Juzgador con relación a la pretensión de que se ha inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana critica racional en la apreciación de la prueba.
Formulada la pertinente aclaración corresponde ingresar al tratamiento del motivo formal de casación invocado, a fin de establecer si la entidad de las irregularidades denunciadas, comprometen la validez de la sentencia recurrida como pretende la defensa.
No obstante, no puedo dejar de observar que bajo la invocación formal de supuestas infracciones a la sana crítica racional, el recurrente introduce en lo sustancial, una reedición de cuestiones probatorias ya resueltas por el tribunal de mérito, pretendiendo sustituir el juicio de valoración efectuado por aquél por una interpretación alternativa que le resulta más favorable, lo cual excede notoriamente el ámbito de cognición de este Tribunal.
Establecido ello, se impone adelantar que el cúmulo de argumentos ensayados por la defensa en esta sede no podrán prosperar, por cuanto se aprecia que soslayan el completo marco probatorio ponderado por el sentenciante y efectúan críticas aisladas, centrando su esfuerzo en analizar separadamente la evidencia colectada en pos de debilitar la fundamentación llevada adelante por el a quo. Pero un análisis de la sentencia atacada me conduce claramente a sostener que la conclusión a la que arribara el tribunal de juicio, mediante una ponderación completa e interrelacionada de los elementos de convicción reunidos, resulta una derivación razonada de la prueba colectada, en un todo respetuosa de las reglas de la sana crítica racional.
Así planteada la cuestión, corresponde efectuar una aclaración preliminar antes de abordar el análisis del asunto sometido a decisión. En tal sentido, se advierte que la defensa no precisa en qué tramo de la resolución recurrida el juez a quo habría considerado un contexto de violencia de género, circunstancia que, por lo demás, no surge del texto del fallo.
Entrando analizar el agravio relacionado a las supuestas contradicciones en el testimonio de José Luis Fernández, la incorporación de los testimonios de M.B.F. y de M.A.R. pese a que el Ministerio Público Fiscal desistió de la comparecencia al debate, impidiendo el control de la prueba de cargo y vulnerando el derecho de defensa en juicio. Y por haberse valorado pruebas que no tienen la entidad suficiente para acreditar el hecho atribuido a su asistido.
En esa tarea, entiendo útil examinar el fallo recurrido, en su parte pertinente el juez a quo sostiene que: “Contrariamente a lo afirmado por la defensa, entiendo que el relato del testigo José Luis Fernández aparece como verosímil y creíble, pues no se mencionó a lo largo del debate motivo alguno que me lleve a inferir la más mínima sospecha sobre una intención deliberada de perjudicar al imputado. Todo lo contrario, a lo largo de su declaración destaco en mas de una oportunidad la buena relación que tiene con Lancia y su familia”.
“Dijo que no sabía por dónde entró, pero que estaba dentro de su casa, aclarando que el portón estaba cerrado, y que no tenía permiso de entrar porque ya habían tenido problemas a causa de que era una persona muy celosa…” “…siendo claro en que ni él como tampoco ninguno de los integrantes de la familia había autorizado el ingreso, por los serios problemas de violencia desplegados por Lancia para con su hija M.B.F….”, “…El acta de inspección ocular de fs. 07/07 vta., las fotografías de fs. 65/67 y la planimetría de fs. 68; también resultan suficientes para tener por acreditados el lugar del hecho y el ingreso de Lancia al mismo a través del único lugar que le resultaba factible, el portón corredizo que da al callejón…”, “…cuestionamiento de los informes técnicos que se acompañan, una valoración integral de los mismos, en consonancia con la inspección ocular, son suficientes para entender cómo se ubica el perímetro y distribución interna de la vivienda…”, “…Queda claro que el ingresó a la vivienda se encuentra delimitado de la vía pública por un portón, y que Lancia estaba adentro tras vencer ese obstáculo para poder ingresar, pues ninguno de los habitantes lo autorizó a ingresar y mucho me nos pudo abrirle el portón de ingreso…”. Al respecto entiendo que la defensa no se hace cargo de los sólidos fundamentos dado por el juez a quo en el fallo recurrido, reitera en esta instancia los agravios cuando ya recibió respuesta por parte del tribunal sin atacar dichos fundamentos. En consecuencia, el juez valoró el testimonio de José Luis Fernández como creíble, verosímil, sin contradicciones en lo esencial y sin carga de intencionalidad.
En ese sentido se pronunció la CSJN al sostener que: “Recuérdese, que en lo que respecta a la fundamentación probatoria, tratándose de un planteo formulado por la defensa técnica del imputado, compete a esta Corte verificar "la aplicación de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas en el caso concreto ", con el único límite de lo que no resulte revisable, esto es, "lo que surja directa y únicamente de la inmediación'' (CSJN, 20/09/05, "Casal").
Por otro lado, en relación al supuesto desistimiento de los testimonios de M.B.F. y M.A.R. por parte del Ministerio Publico. Tal afirmación, no sólo se contrapone a las constancias obrantes en el acta de debate en la cual se hace constar que el Ministerio Publico Fiscal desistió de la comparecencia de éstas al debate, lo cual fue consentido por la defensa (fs. 287 vta.). No obstante, ello, y ante el requerimiento del Juez de incorporar y por su sola mención la denuncia de las testigos, la defensa consintió expresamente, motivo por el cual fue ordenada que sean incorporadas a la prueba, todo lo cual fue referido en el fallo recurrido.
Ahora bien, en cuanto a las contradicciones sostenidas por la recurrente. El juez, luego de escuchar a José Fernández en el plenario de manera razonada concluyó que“…También discrepo con el cuestionamiento de la defensa, respecto de las supuestas omisiones ocasionales del testigo José Luis Fernández con relación a su declaración. Más allá de la influencia que puede tener el paso del tiempo y la situación de stress propia de este tipo de hechos, lo cierto es que producto de la oralidad e inmediación propia del debate oral, lo que corresponde evaluar es lo narrado por el testigo en la sala de debate sobre todo en casos como este, en donde la defensa escucho la declaración y efectuó el contra interrogatorio sin puntualizar las contradicciones que luego señaló, y tampoco hace uso del remedio procesal destinado a aclararlas…”.
La recurrente no ataca los fundamentos vertidos por el juez en el fallo recurrido, sino que se limita a expresar su discrepancia respecto de la forma en que, a su criterio, debió valorarse la prueba lo cual escapa a esta instancia casatoria. Por otra parte, de las constancias de autos, surge que, el cuestionamiento de la defensa a la inspección ocular y al informe técnico planímetro resulta extemporáneo, toda vez que en la audiencia de debate consintió la incorporación sin formular objeciones, ni efectuar reserva en los sus alegatos.
Ahora bien, en relación a que el juez a quo utilizó la pericia psicológica del imputado para acreditar el dolo o la materialidad del hecho, el cual no puede acreditar circunstancias de tiempo, modo y lugar de los delitos.
Volviendo la mirada al fallo recurrido, en este aspecto el juez a quo señaló que “…Como bien lo dijo el Sr. Fiscal el resultado de la evaluación psicológica de Lancia realizada por la Lic. Mara E. Barrionuevo, y obrante a fs. 178/181 de la causa, lo muestran con rasgo de personalidad propicios para la realización de hechos como lo que se le achacan, me refiero a una personalidad exacerbada, en estado de hiper alerta, con impulsividad contenida, tendencia a la agresividad reactiva, violencia subjetiva de tipo amenazante, asociada a estados de alucinación auditiva y visual, con ideas persecutorias, aunque con capacidad para discriminar lo correcto de lo incorrecto, aunque con dificultad para mantener un comportamiento socialmente aceptado dentro del marco de la ley…”.
De lo cual surge que el juez de grado respecto al informe psicológico hace una valoración de la personalidad informada por la psicóloga, por lo que en esta instancia reedita el agravio formulado en el debate sin incorporar nada nuevo, ni refutar los fundamentos dados por éste en el fallo recurrido.
En cuanto al agravio relacionado a la supuesta arbitrariedad de la afirmación del juzgador, respecto a que los argumentos defensivos carecían de sustento científico, recordando que es la acusación quien debe probar la culpabilidad y no el imputado su inocencia. Sin dar los fundamentos ni distinguir la pericia psicológica de la psiquiátrica, lo cual debería dar los motivos en forma razonada, de porque debe o no descartarse la misma.
Al respecto entiendo que la defensa en sus alegatos en la audiencia de debate, señaló que la pericia psicológica no era el medio idóneo para afirmar que el imputado comprendía la criminalidad de sus actos y podía dirigir sus acciones, sin embargo, como bien lo señala en Juez a quo, no refiere cual y porque medió se deberían haber probado dichos extremos. Si volvemos la mirada a las actuaciones, durante el desarrollo del proceso tampoco impugnó lo dictaminado por la perito, aun cuando la prueba pericial fue legalmente incorporada al expediente, ni contradijo con otros elementos probatorios. En tal sentido, la sola discrepancia de la prueba pericial psicológica, no es suficiente para descartarla sin más. En consecuencia, el Juez a quo, dio respuesta en forma congruente con el planteo formulado por la defensa.
En conclusión entiendo que la construcción racional a la que arribó el magistrado, resulta perfectamente acorde a los principios de la sana crítica racional, puesto que la certeza adquirida se sustenta en la ponderación del testimonio de Fernández sin contradicciones en lo esencial y sin carga de intencionalidad, respaldado por otros elementos de convicción que corroboran su relato ante la inexistencia de razones objetivas que invaliden sus afirmaciones.
Así, el pronunciamiento, presenta fundamentos serios y atendibles, y responde en un todo a las cuestiones de hecho y derecho presente. En el caso, podrá compartirse o no lo resuelto, pero no puede sostenerse que carezca de sustento fáctico y/o normativo.
La defensa no logra desvirtuar la apreciación integrada que de las distintas probanzas ha efectuado el Tribunal para alcanzar sus conclusiones. Y, aunque denuncia trasgresión a las reglas sobre la interpretación de la prueba, sólo expone su parecer distinto en cuanto a la existencia del hecho y a la participación que le cupo a su asistido, con un análisis parcializado, descontextualizado y desintegrado del material probatorio que sustenta la condena, sin desvirtuar las conclusiones de la sentencia.
Lo hizo en el entendimiento que dichos elementos de juicio permiten, sin hesitación alguna, tener por realmente ocurridos los hechos descritos; con lo cual, las razones que constituyen el fundamento de lo resuelto remiten a la consideración de prueba ciertamente conducente; por su lado el recurrente no demuestra lo contrario.
Por las razones dadas, en tanto los argumentos presentados no demuestran la acusada inobservancia o errónea aplicación en el caso de las reglas de la sana crítica racional que rigen la ponderación de la prueba, mi respuesta sobre el punto es negativa. Así voto.
2. Resuelta la cuestión anterior, corresponde ahora ingresar al tratamiento de los agravios vinculados con la inobservancia de las normas previstas para la individualización de la pena (art. 454 inc. 3° C.CP.).
Sobre el particular, es menester recordar que es facultad discrecional del juez o tribunal del juicio fijar la pena, la que sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia.
Dicha facultad, está condicionada a que la prudencia pueda ser objetivamente verificable y que la conclusión que se estime razonable no aparezca absurda respecto de las circunstancias de la causa. Es sobre este parámetro que dicha decisión podrá ser controlada por esta Corte, cuando se cuestione en el caso concreto, la validez de la decisión del tribunal a la luz de la doctrina de la arbitrariedad.
De ello se colige que, el tribunal se encuentra autorizado para considerar -dentro de un margen de razonabilidad- que una circunstancia determinada no tiene entidad suficiente o tiene escasa entidad, ya sea como atenuante o como agravante.
Y es que, las circunstancias de mensuración de la pena no computan por sí mismos de manera agravante o atenuante, ni se encuentran preestablecidas como tales, sino que la previsión del artículo 41 CP es abierta y por ello permite que sea el Juzgador quien oriente su sentido según el caso concreto (ZIFFER, Patricia, “Lineamientos de la determinación de la pena”, Ad-Hoc, 2° ed., Bs. As., 2005, ps. 100/101; DE LA RÚA, Jorge, “Código Penal Argentino - Parte General”, Depalma, Bs.As., 1997, ps. 698 y 705/706; TSJ).
En tal sentido, la posibilidad de recurrir con eficacia las sentencias condenatorias respecto de la individualización de la pena, está directamente vinculada a que tal decisión aparezca suficientemente motivada.
La exigencia de fundamentación de la pena impone al juez el examen de las condiciones mencionadas en los arts. 40 y 41 del C.P., de manera que pueda apreciarse de qué modo ellas trascienden al juicio tomando en cuenta la gravedad del hecho y la personalidad del autor, inciden en la medida de la pena. Cuando ello no ocurre, el ejercicio de aquellas facultades resulta arbitrario y genera la nulidad de la sentencia, porque impide su control.
Sentado cuanto precede, el planteo recursivo impone analizar si los vicios de razonamiento apuntados han incidido o no, en la correcta motivación del fallo en orden a la individualización judicial de la pena impuesta al imputado Lancia.
El casacionista esgrime que el tribunal valoró como agravantes elementos que son constitutivos del tipo penal.
Volviendo la mirada al fallo recurrido, al respecto el juez “Valoro entonces como circunstancias de individualización agravantes, a la naturaleza de la acción y medios escogidos por el enjuiciado, ya que se trató de un suceso extremadamente violento, cuyo ingreso a la vivienda estuvo motivado por el hostigamiento para con su ex pareja M.B.F., además de llevarse a cabo en pleno dia, lo que da cuenta de su sensación de impunidad…. Las amenazas se llevaron a cabo en el interior de una vivienda de uso fa miliar, que tuvieron como objeto al bien más preciado del ser humano, como lo es la vida y la seguridad de toda la familia…”. Al respecto considero que el juez valoró circunstancias que no hacen a elementos constitutivos del tipo penal, fundamentos de los cuales la defensa no se hace cargo de refutar.
Por otro lado, remarca una dilación injustificada en el proceso, destacando que los hechos del año 2021 recién obtuvieron sentencia en 2026, estando siempre a derecho, lo cual debería operar como un factor de atenuación según los arts. 40 y 41 del CP. Y es que, tal omisión no se verifica en tanto conforme surge de lo constatado en el acta de debate, no existe argumento alguno por parte de la defensa, referido a las pautas cuya consideración pretendía valore puntualmente el tribunal de juicio, En consecuencia, tampoco puede considerarse omitida una cuestión que no fue anteriormente introducida, máxime cuando no surge de los argumentos que invoca en sustento de su agravio el carácter dirimente de las cuestiones cuyo análisis pretende.
Por último, se agravia en cuanto se contempló una condena de hace diez años para hacer efectivo el cumplimiento de la pena, dejando de lado que desde el año 2016 no tuvo otras condenas, entendiendo que el juez lo omitió en el análisis punitivo.
Como lo explicaré a continuación, este aspecto de la sentencia también, debe ser confirmado. En efecto, en sentido inverso a lo expuesto por la casacionista, el tribunal dio razones y motivos suficientes para fundar la no condicionalidad de la pena impuesta al señalar que: “También valoro en contra del imputado sus antecedentes penales computables con sentencia condenatoria firme, pues Jorge Luis Lancia registra una condena previa dictada por el Juzgado Correccional nº 2, mediante Sentencia nº 12/16 de fecha 21 de abril de 2016, por la cual fue condenado a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo y declarado reincidente por segunda vez… cuyo vencimiento habría operado el día 17 de julio de 2.016, no correspondiendo que sea beneficiario de una condena de ejecución condicional conforme lo prevé el art. 26 del Código Penal”. En línea con lo expuesto, observo que dicho factor de atenuación de la pena deviene extemporáneo, al no haber sido planteado en la audiencia de debate, en la cual la defensa solicitó la absolución de su asistido en virtud del beneficio de la duda y, subsidiariamente, en caso de imponersele una pena, se aplique el mínimo legal conforme a las reglas del concurso. Y es que, el casacionista postula argumentos que omitió desarrollar e intenta utilizarlos en una instancia procesal posterior a la oportunidad prevista para resistirlos.
En cuanto a la condicionalidad del cumplimiento de la pena impuesta, adhiero al criterio sostenido por el juez de la causa, conforme lo exprese en mi voto en minoría en Sent. 44/2025, por considerar que sus fundamentos resultan plenamente aplicables al caso de autos.
En el caso sometido a estudio, los fundamentos expuestos en la sentencia, son suficientes para sustentar la pena de un año de cumplimiento efectivo, finalmente impuesta, la que se exhibe proporcional al disvalor de los hechos reprochados y al grado de culpabilidad del autor, encontrándose el monto discernido dentro de la escala penal que resulta aplicable de acuerdo a los delitos atribuidos. Asimismo, advierto que, al momento de establecer el monto punitivo y su modalidad de cumplimiento, el tribunal a quo efectuó una razonable valoración de las circunstancias del hecho cometido por Lancia, y de la gravedad de la lesión a los bienes jurídicos protegido.
En conclusión, la hipótesis que plantea la recurrente carece de desarrollo argumental, por lo que no logra cuestionar la modalidad efectiva de la sanción punitiva impuesta.
La parte recurrente desatiende por completo los fundamentos de la sentencia impugnada, omitiendo formular una crítica concreta y razonada de los argumentos desarrollados por el tribunal, incluso sin adicionar ninguna circunstancia, viso o particularidad a lo ya expuesto. Con esa omisión, las objeciones expuestas carecen de idoneidad para comprometer la vigencia de esa resolución cuyos fundamentos, por consiguiente, permanecen incólumes ante la crítica efectuada.
Establecido ello, cabe consignar que el recurso es una impugnación contra una resolución determinada del proceso que debe referirse a los fundamentos invocados en su sustento, demostrando los defectos que ella presenta y su entidad o suficiencia para conmover la validez de lo resuelto.
A esta altura, cabe recordar que la exigencia constitucional de motivación de la sentencia resulta satisfecha si lo resuelto se sustenta de manera suficiente en las proposiciones formuladas en torno a los hechos y el derecho del caso, de modo que la decisión no aparezca como la manifestación del mero voluntarismo de la autoridad judicial que la emite.
Por otra parte, la vía recursiva no pone a cargo de este Tribunal el buscar eventualmente deficiencias en la sentencia recurrida, sino a cargo del recurrente el demostrar la existencia de esos déficits y su relevancia concreta, por su incidencia, en la solución dada al caso.
De tal modo no basta disentir si no se dirige crítica alguna a los argumentos centrales del fallo, circunstancia que lo vuelve formalmente inadmisible, conforme los estándares establecidos por esta Corte y la doctrina procesal. En razón de lo expuesto, voto negativamente a la presente cuestión y propongo que el recurso sea rechazado y la sentencia confirmada, en todo lo que fue motivo de agravios. Con costas. Así voto.
A la Segunda Cuestión, la Dra. Rosales Andreotti dijo:
Estimo correctos los argumentos que brinda la señora Ministra preopinante que deciden la presente cuestión. En razón de ello, adhiero a aquellos y a la solución brindada. Me expido en idéntico sentido.
A la Segunda Cuestión, el Dr. Martel dijo:
La señora Ministra Dra. Saldaño da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y doy el mío en igual sentido.
Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la Sala Penal de la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA,
1. Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por Jorge Luis Lancia con la asistencia técnica de la Dra. Florencia González Pinto –Defensora Oficial en lo Penal de 2° Nominación, en contra de la S. nº 06/26 dictada por el Juzgado Correccional de 3º Nominación.
2. No hacer lugar al recurso de casación interpuesto, y confirmar la resolución impugnada.
3. Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).
4. Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.
FIRMADO: Dres. María Fernanda Rosales Andreotti –Presidenta de la Sala Penal-, Néstor Hernán Martel y Rita Verónica Saldaño ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.
Fin de la sentencia