Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 37467-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la apelación intentada por el Fisco Nacional, revocar parcialmente el punto
2De la parte resolutiva del pronunciamiento del 30/08/2023, en cuanto pesificó los tributos aduaneros y en consecuencia, confirmar el punto 5°) de la resolución aduanera DE PRLA n° 3337/2016, en cuanto formuló cargo por los tributos adeudados por la suma de U$S 3.660,40, en concepto de derecho de exportación, Tasa de Estadística e IVA, aplicándose para su conversión en pesos al tipo de cambio vendedor informado por el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago , con más el interés previsto que se liquidará conforme lo dispuesto en el art. 794 del Código Aduanero, y 2°) imponer las costas de ambas instancias, respecto de la cuestión por la que procede la apelación, a la actora vencida (arts. 279 y 68, 1° parte del CPCCN, y 1163 del C.A.).
Lanxess SA (TF 37467-A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo Buenos Aires, 4 de octubre de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 30/08/2023 el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 3337/2016, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en la Actuación SIGEA N° 12197-5884-2016, en cuanto condenó a la firma LANXESS S.A. al pago de una multa equivalente a la suma de $ 11.270, 36, por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero. Impuso las costas a cargo de la actora. Confirmó parcialmente el art. 5° de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XI de dicho pronunciamiento, declarando que la actora adeudaba la suma de $11.270,37. Asimismo, estableció que, adeudaba, al 15/08/2023, la suma de $37.986,18, en concepto de intereses, sin perjuicio de aquellos que se devenguen hasta la fecha en que se efectúe el pago total de lo adeudado. Impuso las costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 62 % a cargo de la actora y en un 38 % a cargo del fisco. Ordenó, remitir el expediente a la DGA a los fines de dar cumplimiento a lo ordenado en el art. 2° de la Resolución apelada y a lo dispuesto en el art. 1115 del C.A. Para así resolver, en primer lugar, en cuanto aquí interesa, precisó que la cuestión de autos radicaba en determinar si en el caso se había configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., con respecto la totalidad de la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 05 001 IT14 002530 U, de la firma LANXESS S.A. registrada ante la Aduana de Buenos Aires, el 5/04/2005, al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 7/04/2006.
A tal fin, adujo que, por medio del Expediente N° S01 238730/04 la importadora solicitó ante la Dirección de Promoción de las Exportaciones una autorización para poder utilizar los CTC allí detallados que fueran expedidos a solicitud de BAYER S.A., toda vez que dicha empresa escindió las operaciones de su sector químico industrial, fundando la firma LANXESS S.A. para llevar adelante aquellos negocios a futuro. En respuesta a dicha petición, por Nota N° 715/04, en fecha 6/10/2004, se hizo lugar a lo solicitado, en relación al listado de certificados acompañados por la requirente.
Apuntó que, del cotejo de la documentación obrante en las actuaciones administrativas, en particular aquella que había sido aportada por la propia importadora (incluida en el sobre adjunto a fs. 42) se desprendía que existía mercadería en infracción, toda vez que -tal como explicó la División Control Ex Ante de la Aduana de Buenos Aires (Nota N° 188/16 adjunta a fs. 49 del expediente principal) la Nota N° 715/04 no amparaba los CTC utilizados en los permisos de embarque Nros. 05 042 EC03 002360 D, 05 001 EC03 031509 F, 05 001 EC03 033401 V y 05 042 EC03 002567 M.
Afirmó que, dicha circunstancia se vía reflejada en el cuadro adjuntado en la sentencia, del cual se desprendía que el único CTC apto para avalar la mercadería era el N° 1593/04 que sí se encontraba incluido en la solicitud que dio lugar a la Nota N° 715/04.
Por todo lo expuesto, concluyó que, en el caso de autos la actora no había logrado demostrar el cumplimiento total del régimen respecto de parte de la mercadería importada temporalmente y, como consecuencia, se han producido los efectos tributarios e infraccionales legalmente previstos al respecto (arts. 274 y 970 del C.A.), correspondiendo por ende confirmar la resolución apelada en ese punto.
Ponderó que, previo a efectuar la liquidación de lo adeudado en concepto de tributos por la mercadería en infracción, correspondía aclarar que en la liquidación adjunta a fs. 50 de las actuaciones administrativas no fue incluido el rubro de derecho adicional.
Asimismo, puntualizó que, previo a los efectos de la determinación de los tributos adeudados, correspondía señalar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”. Refiere que, justamente, sobre esa base, concluyó que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
En dicho contexto, entendió que, resultaba evidente que, en el presente caso, la DGA carecía de facultades para exigir los importes reclamados en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
En virtud de lo expuesto, dispuso que, correspondía modificar la exigencia tributaria de fs. 50 de las actuaciones administrativas, sin incluir las percepciones de IVA y ganancias (equivalentes a las sumas de U$S 1.087,34 y 1.196,07 respectivamente= $ 7.030,63).
Con respecto de los intereses, expresó que, la importadora fue notificada de la corrida de vista, con fecha 19/11/2015 (ver fs. 23 vta. de las act. adm.), por lo tanto, los intereses corren, en el caso, desde el 4/12/2015, ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A.
Indicó que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1166 del C.A., formulaba liquidación de los tributos e intereses al 15/08/2023, con los intereses desde el 4/12/2015: Capital nominal total $ 11.270, 37. Intereses del 4/12/2015 al 15/08/2023 (s/ $ 11.270, 37.-).
Finalmente, postuló que, atento a lo dispuesto en el 2° de la resolución apelada, la absolución parcial del art. 1° y lo normado en el art. 1115 del C.A. correspondía remitir el expediente a la DGA a efectos de que continúe el procedimiento de aprobación por el superior.
II. Que contra dicha decisión con fecha 12/10/2023, el Fisco Nacional interpuso recurso de apelación, expresando agravios el 6/11/2023, los que fueron contestados por la contraria el 14/12/2023.
Se agravia la recurrente, por cuanto el TFN, al momento de calcular los tributos adeudados, en virtud de la probada comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del CA por parte de la actora, procedió a pesificar los mismos determinando su cuantía en moneda nacional yendo en contra de la normativa y jurisprudencia aplicable.
Al respecto, destaca que la CSJN ha tratado este tema y se encuentra zanjada la postura al respecto, por lo que únicamente cabría remitirse a la doctrina del fallo “Volkswagen Argentina S.A. (TF 22.179-A) cl DGA” (S.C. V. 312, L.XLV) que -haciendo suyos los argumentos del Dictamen de la Procuración General de la Nación- dispuso que “(...) el primer agravio de la actora remite al estudio de lo dispuesto por el art. 20 de la lev 23.905. (...). Dicho precepto estableció que los derechos de Importación y de exportación, así como los demás tributos que gravaren tales operaciones ‘se determinaran en dólares estadounidenses’. Y agregó que el pago puede efectuarse -entre otras opciones allí contempladas- en dólares o en la moneda nacional, caso éste en que ‘la equivalencia se determinará conforme al tipo de cambio vigente aI día anterior aI del efectivo pago´. En mi opinión, tal disposición no fue dejada de lado por la ley 23.928 pues, a tenor de lo dispuesto en su art. 7°, esta sólo estaba dirigida hacia las obligaciones de dar sumas determinadas en moneda nacional -australes al momento de su sanción-, mientras que las obligaciones cuya suerte aquí se debate debían ser determinadas en dólares. Además, estimo que también resulta estéril el esfuerzo argumental de la recurrente fincado en la inteligencia del art. 639 del Código Aduanero en cuanto este menciona que, para proceder a la liquidación de los derechos de importación y demás gravámenes, la conversión de la divisa extranjera a moneda nacional debe hacerse considerando el tipo de cambio vigente a las fechas establecidas para los diversos supuestos regulados por los arts. 637 y 638 de dicho Código, por la sencilla razón de que, aI ser la ley 23.905 posterior aI dictado del referido cuerpo legal, ha de estarse a lo dispuesto en ella (...) Por otra parte, considerar vigente el citado art. 20 de la ley 23.905 es el criterio que, implícita pero indudablemente, subyace en la sentencia de ese Tribunal del 27 de abril del corriente año, dictada en la causa B.828, L.XLIII, "Bridgestone Firestone Argentina S.A. (TF 16.674-A) c/ Dirección General de Aduanas", dada la forma en que la controversia fue allí resuelta”.
Expone que, de esta manera, el Alto Tribunal concluyó que los derechos de importación y de exportación, así como los demás tributos que gravaren tales operaciones, deben ser calculados en dólares hasta el momento de su efectivo pago y que, sobre ellos, deben calcularse los intereses previstos en el artículo 794 del C.A.
A mayor abundamiento, considera que, de ninguna manera puede considerarse que el artículo 10 de la Ley 23.928 desvirtúa el temperamento adoptado por nuestro Máximo Tribunal en el precedente “Volkswagen”
anteriormente citado, ello por cuanto el mencionado artículo en ningún momento menciona la prohibición de indexación de deudas en dólares.
Aduce que, de la forma en la que han sido sancionadas las Leyes 23.905 y 23.928 y la escasez de tiempo que existió entre la sanción de la una y la otra, se puede interpretar que existe entre ellas una unidad normativa, resultando contrario a la lógica entender que una derogue a la otra. En efecto, del análisis de ambas normas en conjunto surge que la intención del legislador no pudo haber sido otra que la de mantener la tributación aduanera en dólares y la aplicación del tipo de cambio vigente al momento en que se efectúe el pago (siempre con el fin último de proteger la recaudación fiscal, que no es otra cosa que proteger a toda la comunidad) mediante la Ley 23.905; y por otro lado prohibir la indexación de deudas en moneda nacional, a los fines establecidos en la Ley 23.928. Alega que, resulta evidente que si la deuda en concepto de tributos no fuera calculada tomando el tipo de cambio del día anterior a la fecha del efectivo pago, tal como lo establece el artículo 20 de la ley 23.905, ella quedaría licuada por el mero transcurso del tiempo, ya que la firma actora quedaría obligada a pagar la misma cantidad al tipo de cambio del día en que oficializó la operación, suma que dejaría de ser representativa del respectivo porcentaje del valor en dólares de la mercadería importada/exportada (conf. artículo 734 del C.A.). Agrega que, además, si se aceptara el criterio sostenido por la firma actora, a los importadores/ exportadores les bastaría con impugnar los cargos y apelarlos para dilatar lo máximo posible el momento del efectivo pago y, por ese medio, pagar una cantidad de dólares menor que la inicialmente adeudada, lo que atentaría contra la renta fiscal.
Por lo tanto, entiende que, de ninguna manera se puede interpretar que sería de aplicación el art. 20 de la Ley 23.905 “solo a las determinaciones originarias”.
Afirma que, ha quedado establecido que el artículo 20 de la Ley 23.905 (en cuanto establece la moneda de liquidación y el tipo de cambio aplicable) se encuentra plenamente vigente, no siendo óbice para su aplicación lo previsto por la normativa en la que la recurrente basa su defensa.
En otro orden, destaca que la Resolución General AFIP N° 3271/2012 (en adelante la “Resolución 3271”), en su artículo 1 dispone: “Establécense para las obligaciones tributarias aduaneras ‘originarias o suplementarias’ expresadas en dólares estadounidenses que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 23.905 y su modificación, se ingresen en moneda de curso legal, lo siguiente: a) Para su conversión en pesos se utilizara el tipo de cambio vendedor que informa el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago. b) Cuando correspondan intereses, los mismos deberán ser calculados sobre el capital adeudado ‘en pesos’ hasta la fecha de su pago, de acuerdo con lo establecido por el articulo 794 y concordantes del Código Aduanero (…)”.
Esboza que, ello así, tanto la Resolución citada como el artículo 20 de la Ley 23.905 siempre refieren a la conversión del capital adeudado a pesos al tipo de cambio vigente al momento del efectivo pago, y en ningún momento mencionan una conversión distinta.
Asevera que, por ello, siguiendo la lógica de la reglamentación reseñada, al momento de abonar la obligación tributaria, en primer lugar el capital de la misma debe convertirse a pesos al tipo de cambio correspondiente al día hábil anterior a la fecha del efectivo pago y, en segundo lugar, si correspondiere el cálculo de accesorios, el mismo debe realizarse sobre el capital adeudado “en pesos” (conversión que ya fue efectuada conforme lo indicado en el artículo 1, inciso a de la Resolución 3271) hasta la fecha de su pago.
En tales condiciones, considera que, la pesificación llevada a cabo por el TFN resulta no solo incorrecta sino contrario a Ley. En lo que respecta al lapso de devengamiento de intereses, cuestiona la decisión del TFN en orden a su punto de partida, expresando que, el artículo 794 del C.A. dispone, en su parte pertinente, que: "Vencido el plazo de (10) días, contado desde la notificación del acto por el cual se hubieren liquidado los tributos, o vencido el plazo cierto de espera que se hubiere concedido para su pago, el deudor o responsable debe pagar juntamente con los mismos un interés sobre el importe no ingresado en dicho plazo, incluida en su caso la actualización respectiva. La tasa de interés será fijada con carácter general por la Secretaría de Estado de Hacienda”.
Refiere que, por su parte, el artículo 795 del C.A. establece que el curso de los intereses no se suspende por la impugnación de la liquidación o por la interposición de recurso alguno contra la misma y que por su parte, el art. 796 del mismo código determina el momento hasta el cual se devengan los réditos y en en este sentido prescribe que: “Los intereses previstos en el artículo 794 se devengaran hasta el momento del pago, otorgamiento de espera o interposición de demanda de ejecución fiscal o bien hasta que se garantizare el importe controvertido con dinero en efectivo, entregado en calidad de depósito en sede aduanera”.
De la normativa transcripta se desprende que una vez vencido el plazo de diez días desde la notificación del acto por el cual se liquidaron los tributos, el deudor debe pagar, juntamente con aquéllos, un interés sobre el importe no ingresado en dicho plazo, y dicha tasa de interés, que se devenga desde la fecha que señala el artículo 794, es la que ha fijado la Secretaría de Hacienda. Cita Jurisprudencia y destaca que la interpretación que resulta de los precedentes transcriptos pone en evidencia la insuficiente demostración por parte de la actora, en el caso específico, del gravamen que invoca. Ello porque la recurrente no logra demostrar fehacientemente que los montos reclamados resultan “abusivos”, máxime teniendo la posibilidad de hacer uso de la facultad prevista por el ordenamiento aduanero (artículo 796 C.A.).
Concluye que, ha quedado establecido que las tasas de interés aplicables a las deudas tributarias serán las que fijan las resoluciones del Ministerio de Economía vigentes en cada momento de la obligación tributaria, conforme lo prevé el Código Aduanero, constituyendo dichas disposiciones una reqlamentación específica que desplaza a las disposiciones de carácter más general. A mayor abundamiento, señala que, los argumentos esgrimidos en los fallos de la C.S.J.N. “Arcana, Orazio” (Fallos 308:283) y “Neumáticos Goodyear S.A. (TF 8659-A) c/DGA” (Fallos 323:3412) confirman que la tasa de interés establecida en la Resolución 314 resulta correcta y conforme a derecho. No debe olvidarse que la percepción de la renta fiscal en el tiempo y modo establecido por la normativa aplicable, es condición indispensable para el funcionamiento del Estado.
Conforme lo expuesto, solicita se revoque la Sentencia dictada por el TFN en lo que es materia de agravios, se confirme la Resolución Aduanera en su totalidad e impongan la costas tanto de primera instancia como de la alzada a la actora.
III. Que de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-5884-2006 surge que:
(i) con fecha 4/05/2006, la importadora solicita la cancelación de la DIT 05 001 IT14 002530 U.
(ii) a fs. 2/4 obra la declaración jurada. A fs. 5/6 obra copia del CTC n° 1593.
(iii) con fecha 14/02/2011 se labra Acta de denuncia n° 460/2011.
(iv) mediante Nota n° 896/11 (SE PRTE) de fecha 14/02/2011, la División Registro de Importación informa que la denuncia se formula por la totalidad de la mercadería y que la carpeta original de la destinación no ha podido ser localizada. (v) a fs. 12 la División Verificación efectúa la clasificación y valoración de la mercadería.
(vi) a fs. 13 se agrega liquidación de tributos.
(vii) en fecha 2/08/2011, se dispone la instrucción de sumario (fs. 15). (viii) a fs. 16/17 luce nueva liquidación por multa y tributos.
(ix) a fs. 18 obra la captura de pantalla de la garantía afectada a la operación.
(x) con fecha 14/10/2015 se dispuso correr vista de todo lo actuado a la importadora y citar a la aseguradora, a efectos de que ejerzan su derecho de defensa y aporten la prueba que haga a su derecho. Textualmente se hizo saber que “si dentro del plazo para contestar la vista se efectúa el pago voluntario de la multa mínima, cuyo importe asciende a $ 35.721,19 (…) se declarará extinguida la acción penal y no se registrará el antecedente…Asimismo, teniéndose en cuenta lo ordenado en la Resolución General AFIP n° 3271/2012 y Disposiciones DE PRLA n° 16/2012 y 15/2013, se le hace saber que los tributos adeudados ascienden a U$S 11.601,56 (…) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, aplicándose para su conversión en pesos al tipo de cambio vendedor informado por el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago y a $ 22.283,46 (…) en concepto de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Para el caso de incumplimiento en el pago de las sumas reclamadas, se aplicará sobre el importe no ingresado dentro del plazo establecido, el interés previsto en el art. 794 del Código Aduanero…” (fs.19 y notificada a fs. 23/24).
(xi) a fs. 31/42 la actora se presenta, contesta vista y acompaña documentación.
(xii) a fs. 43/47 la aseguradora contesta vista, solicita se agregue la documentación original y plantea nulidad.
(xiii) con fecha 4/07/2016 la División de Control Ex Ante informó, mediante Nota n° 188/16 (DV CEXA) que “(…) habiendo analizado la documentación (…) la destinación 05 001 IT14 002530 U se encontraría en infracción por 4543,33 kilogramos de la mercadería importada temporalmente toda vez que la Nota n° 715/04 de la Dirección de Promoción de las Exportaciones obrante en la documentación aportada a fs. 42 no ampara los CTC utilizados en los PE 05042EC03002360D, 05001EC03031509F, 05001EC03033401V y 05042EC03002567M” (fs. 49).
(xiv) A fs. 50 se formuló nueva liquidación por tributos y multa.
(xv) con fecha 26/07/2016 el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales aduaneros dictó la resolución DE PRLA n° 3337/2016, por la que se condenó al pago de una multa de $11.270,36, por considerarse en infracción 4.543,33 kg., atento a no haber acreditado debidamente su reexportación (art. 3°). Asimismo, ordenó formular cargo a la actora y a la compañía aseguradora CHUBB por tributos adeudados por las suma de U$S 3.660,40 en concepto de derechos de exportación, tasa de estadística, derecho adicional e IVA y por la suma de $7.030, en concepto de IVA Adicional y Ganancias (art. 5°).
IV. Que efectuada la reseña que antecede, corresponde recordar que según lo establecido en el artículo 641 del Código Aduanero, los derechos de importación consisten en un porcentaje o alícuota aplicada sobre la mercadería importada cuyo valor en aduana está fijado en moneda extranjera; por lo que tales derechos constituyen obligaciones de pagar la cantidad resultante en esa misma especie de moneda (o, de acuerdo con el artículo 660 del Código Aduanero, en obligaciones de pagar una cantidad fija de la moneda que se indique por unidad de medida).
Es decir, no se trata de obligaciones de pagar moneda nacional sujetas a cláusulas de ajuste.
Es por ello que en el artículo 20 de la ley 23.905 se establece que deben determinarse en dólares estadounidenses las obligaciones correspondientes a “los derechos de importación, los derechos de exportación así como los demás tributos que gravaren las importaciones y exportaciones…El pago podrá efectuarse en la mencionada moneda, en bonos de crédito a la exportación de acuerdo a las normas vigentes, o en australes. En este último caso la equivalencia se determinará conforme al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago”. (cfr. causa V.312.XLV “Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/DGA” del 23 de agosto de 2011).
A mayor abundamiento, cabe tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente B.828.L.XLIII, “Bridgestone Firestone Argentina S.A. (TF 16.674-A) c/Dirección General de Aduanas”, del 27 de abril de 2010 indicó, aunque en relación a la procedencia del CER, que “…en el caso de autos el organismo aduanero determinó tales tributos en dólares estadounidenses y formuló cargo por la suma expresada en esa moneda ….sin que la resolución aduanera 7388, que rechazó el procedimiento de impugnación articulado por la empresa actora contra el mencionado cargo, alterara ese extremo, en la medida en que, al limitarse a confirmar el mencionado acto (cfr. art. 1°), no modificó la moneda en la que había sido expresada la deuda (…)”.
Tales manifestaciones pueden trasladarse al caso de autos en la medida en que tanto en la corrida de vista como en la resolución DE PRLA n° 3337/2016, el servicio aduanero intimó al pago de los tributos adeudados en dólares. En definitiva, y aun cuando en los precedentes mencionados la Corte Suprema de Justicia de la Nación no examinó lo establecido en la Resolución General AFIP n° 3271/12, lo resuelto en ellos se corresponde con lo establecido en dicha resolución en la medida en que se afirmó que la determinación en dólares estadounidenses de los tributos que gravan a las operaciones de importación y de exportación y su conversión a pesos al tipo de cambio del día anterior al del efectivo pago, no implican necesariamente una repotenciación de la deuda (en este sentido, Sala V, in re: 3397/2022 “Odfjell Argentina SA - TF 34751- A c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, senten. del 3/10/2023, del voto del Dr. Alemany).
Sumado a ello, cabe tener presente lo aseverado por la Sala V de la Excma. Cámara del fuero, en la causa “Compañía Argentina de Seguros La Mercantil Andina SA c/ EN - DGA s/ Dirección General de Aduanas” (expte. nro. 23493/2015), por sentencia del 17/09/2019 y sus citas, en la que entendió en alegaciones de similar identidad a las aquí articuladas, al señalar que “(…) aun cuando en los precedentes mencionados la Corte Suprema de Justicia de la Nación no examinó lo establecido en la Resolución General AFIP n° 3271/12, lo resuelto en ellos se corresponde con lo establecido en dicha resolución en la medida en que se afirmó que la determinación en dólares estadounidenses de los tributos que gravan a las operaciones de importación y de exportación y su conversión a pesos al tipo de cambio del día anterior al del efectivo pago, no implican necesariamente una repotenciación de la deuda. (…) si la deuda en concepto de tributos no fuera calculada tomando el tipo de cambio del día anterior a la fecha del efectivo pago, tal como lo establece el artículo 20 de la ley 23.905, ella quedaría licuada por el mero transcurso del tiempo ya que la firma actora quedaría obligada a pagar la misma cantidad al tipo de cambio del día en que se configuró la infracción (en el caso de autos el 23/05/2007 -fecha del vencimiento de la DIT en trato-), que ya ha dejado de ser representativa del respectivo porcentaje del valor en dólares de la mercadería importada. En tal sentido, y además, si se aceptara el criterio sostenido por la firma actora según el cual solamente le pueden ser reclamados los (…) pesos (en concepto de derechos de importación e IVA) liquidados al tipo de cambio histórico del momento de la configuración de la infracción, a los importadores les bastaría con impugnar los cargos y apelarlos, para dilatar lo máximo posible el momento del efectivo pago y, por ese medio, pagar una cantidad de dólares menor que la inicialmente adeudada. (…)”.
Bajo tales premisas, la determinación en dólares de los tributos aduaneros liquidados, por los cuales se le formuló cargo a la actora, mediante la resolución DE PRLA nro. 3337/2016 se ajusta a la normativa aplicable al caso.
En tales condiciones, corresponde admitir la apelación intentada por el Fisco Nacional, revocar parcialmente el punto 2°) de la parte resolutiva del pronunciamiento del TFN de fecha 30/08/2023, en cuanto pesificó los tributos aduaneros y en consecuencia, confirmar el punto 5°) de la resolución aduanera DE PRLA n° 3337/2016, en cuanto formuló cargo por los tributos adeudados por la suma de U$S 3.660,40, en concepto de derecho de exportación, Tasa de Estadística e IVA, aplicándose para su conversión en pesos al tipo de cambio vendedor informado por el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago , con más el interés previsto en el art. 794 del Código Aduanero.
Se deja constancia que, sin perjuicio que, en el punto 5°) de la resolución aduanera se consignó expresamente “en concepto de Derechos de exportación, Tasa de Estadística, Derecho Adicional e IVA”, el ítem derecho adicional no fue contemplado en la liquidación de fs. 50 de las actuaciones administrativas y ello fue especialmente observado por el organismo jurisdiccional administrativa, quien sólo trató la improcedencia de las percepciones de IVA Adicional y Ganancias. Y finalmente en punto a la cuestión relativa a los intereses, cabe destacar que el temperamento adoptado por el TFN en el decisorio recurrido coincide con la postulación de la demandada, a poco que se repare en que al calcular los accesorios, tomó como fecha de inicio la correspondiente al día siguiente del vencimiento del plazo previsto en el art.794 CA y extendió su cómputo hasta el decisorio (v. Consid. XII y liquidación allí practicada), sin establecer limitación o reconocer circunstancia alguna suspensiva de su curso, por lo que no se advierte la existencia de agravio susceptible de reparación en esta instancia.
V. Que dado el modo en que se resuelve corresponde imponer las costas de ambas instancias respecto de la cuestión por la que procede la apelación a la parte actora vencida, de conformidad con el principio objetivo de la derrota (conf. artículos 68, 1° parte del CPCCN y 1163 del C.A.).
En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: 1º) admitir la apelación intentada por el Fisco Nacional, revocar parcialmente el punto 2°) de la parte resolutiva del pronunciamiento del 30/08/2023, en cuanto pesificó los tributos aduaneros y en consecuencia, confirmar el punto 5°) de la resolución aduanera DE PRLA n° 3337/2016, en cuanto formuló cargo por los tributos adeudados por la suma de U$S 3.660,40, en concepto de derecho de exportación, Tasa de Estadística e IVA, aplicándose para su conversión en pesos al tipo de cambio vendedor informado por el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago , con más el interés previsto que se liquidará conforme lo dispuesto en el art. 794 del Código Aduanero, y 2°) imponer las costas de ambas instancias, respecto de la cuestión por la que procede la apelación, a la actora vencida (arts. 279 y 68, 1° parte del CPCCN, y 1163 del C.A.).
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia