Abriendo la norma
Cámara Primera Civil y Comercial de San Nicolás · Causa 13.420
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 305/311 vta.
2Imponer las costas devengadas ante la alzada a la parte actora vencida (art. 68 del CPCC).
En la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, a cuatro de abril de dos mil diecinueve, reunidos los señores Jueces de la Excma. Cámara Primera de Apelación para dictar sentencia en los autos caratulados: “LANZA, VALENTINA c/CHAMORRO, MARCOS RODRIGO y otro/a s/DAÑOS Y PERJUICIOS”, del Juzgado Civil y Comercial Nº 1, del Departamento Judicial San Nicolás, habiendo resultado del sorteo correspondiente que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Dres. Fernando Gabriel Kozicki, José Javier Tivano y Amalia Fernández Balbis, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª. ¿Se ajusta a derecho la sentencia de fs.305/311 vta.?
2ª. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Kozicki dijo:
I. La sentencia rechazó la demanda de daños y perjuicios iniciada por Valentina Lanza y dirigida contra Marcos Rodrigo Chamorro y la aseguradora “Orbis Compañía Argentina de Seguros SA”, con costas a la vencida.
En el decisorio se consideró determinante la conducta procesal de la actora, quien trajo una versión del hecho en su demanda que no se condice con la prueba ofrecida y rendida, dado que contiene contradicciones relevantes que modifican la escena del siniestro. Destaca el pronunciamiento que la pretensión inicial da cuenta de una colisión producida por el vehículo del demandado que, circulando en sentido contrario al de la actora, embiste la moto por ella guiada cuando invade su mano de manera imprevista, mas lo cierto es que en autos se acreditó que sendos rodados llevaban la misma dirección y que fue el vehículo menor que embistió al auto cuando éste intentaba efectuar una maniobra de giro a la izquierda. Se adunó allí que no existe prueba de que el demandado no haya advertido su maniobra y que las contradicciones apuntadas hacen que no se pueda dar crédito a lo alegado por la reclamante. Concluyó la sentencia que, amén de la gravedad de dichas contradicciones, no ajustó la actora su conducción a lo normado por el art. 39 inc. b del Código de Tránsito, ni circulaba en la emergencia por la derecha de la calzada como lo era impuesto, lo que sumado a la presunción de culpabilidad que pesa sobre la calidad de embistente conducen al rechazo de la demanda interpuesta.
Se agravió la vencida en los términos que da cuenta el memorial glosado a fs. 339/346. Plantea allí que existió un apartamiento de lo que le fuera articulado por los demandados, pues ninguno de ellos alegó que el hecho ocurrió de un modo diverso al descripto en la demanda. Alega que cometió un error involuntario al describir los hechos en su escrito inicial y que no pudo subsanarlo porque estaba trabada la litis, pero que ello no fue para obtener un rédito ni importó mala fe procesal. Hace hincapié en la conducta desplegada por el demandado Chamorro, quien se desinteresó en desvirtuar los hechos, no se presentó a estar a derecho, ni invocó la responsabilidad de la víctima. Acota que se ha rechazado la demanda por una cuestión meramente formal, sin contemplar las probanzas de autos, ni la maniobra imprudente llevada a cabo por el demandado, quien obstruyó el tránsito vehicular en una avenida, realizando una maniobra imprevista y temeraria de giro a la izquierda, probada también por su confesión ficta. Por último, expresa que la parcial valoración de las pruebas, sin tener en cuenta las normas específicas del tránsito vehicular, dictando una sentencia extra petita que incorpora argumentos que no fueron planteados por el demandado, ni la citada en garantía, vulnera ampliamente su derecho a un resarcimiento pleno que justifica la revocación de la sentencia.
II. Estimo prioritario aclarar, en atención a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, que el juzgamiento de los presentes se formulará bajo la óptica normativa del código civil velezano, pues trátase aquí de hechos y circunstancias consumados con anterioridad a la novel legislación fondal, y su aplicación lisa y llana importaría de suyo establecer la retroactividad del precepto, que sólo cabría admitirla para las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (cfr. art. 7 del Código Civil y Comercial vigente), es decir que su aplicación inmediata rige únicamente para los hechos que están en curso de desarrollo al tiempo de su sanción, mas no para aquellos consumados con anterioridad a su vigencia, por lo que no corresponde sea actuada en la especie en que el suceso de marras ocurrió el 10 de abril de 2014 (conf. doct. SCBA causas C.107.423 sent. del 2/3/2011, Ac. 63.120, sent. del 31-III-1998 en "Jurisprudencia Argentina", 1998-IV-29; "La Ley Buenos Aires", 1998-848; Ac. 75.917, sent. del 19-II-2002; C. 101.610, sent. del 30-IX-2009; C. 98.088, sent. del 11-VI- 2008).
III. He de señalar también que los Jueces no están obligados a tratar todas las argumentaciones propuestas por las partes, sino que basta que hagan mérito de aquellas que consideren más adecuadas para sustentar sus conclusiones (CSN noviembre 8-1981,«Dos Arroyos SCA C/Ferrari de Noailles», en «Actualización de Jurisp.», N 1440, La Ley, 1981-D, pág. 781). Tales cuestiones esenciales son ésas que, según las modalidades del caso, resultan necesarias para la correcta solución del pleito y vienen constituidas por puntos o capítulos de cuya decisión depende directamente el sentido y alcance del pronunciamiento y que -por su naturaleza- influyen preponderantemente en el fallo (SCBA. Ac. 21917, DJBA T III, pag. 15, ídem Ac. 35221 «Ramos de Pagella C/Escot», 22-4-86).
IV. Efectuadas estas consideraciones previas y, en lo que concierne a la atribución de responsabilidad, tengo para mí que ha sido correcto el encuadre jurídico que la sentenciante de grado ha realizado, delimitando la cuestión dentro de la norma del artículo 1113 del Código Civil. Cabe destacar que dicho precepto impone a quien acciona la carga de probar: el daño, la relación causal, el riesgo o vicio de la cosa y el carácter de dueño o guardián de la demandada. Y, acreditados dichos extremos, es el accionado quien tiene a su cargo -para liberarse de responsabilidad total o parcial- la prueba de demostrar que la conducta de la víctima o un tercero interrumpió el nexo causal entre el hecho y el daño (cfr. SCBA Ac. 54.669).
Sentado lo que precede, debo señalar que la demandante dijo en su escrito inicial que el día 10 de abril de 2014, a las 19:30 cuando iba circulando por su mano en una motocicleta Honda Tornado por Avenida Illia y en dirección al Sur es colisionada de frente por el automóvil VW gol que guiaba el demandado por la misma arteria pero en sentido contrario, quien de manera imprevista gira a la izquierda invadiendo el otro carril de marcha.
Enmarcado de ese modo el ocurrir del suceso, habré de recordar que, como se anticipó, es carga de la parte actora probar los extremos de su demanda, pues sobre dicha parte recae demostrar el presupuesto de hecho de la norma que invoca como fundamento de su pretensión (art. 375, C.P.C.) y en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés (conf. causa Ac. 45.068, sent. del 13-VIII-1991 en “Acuerdos y Sentencias”, 1991-II-774; Ac 74697 S 23/08/2000). Ello pues no son las negaciones sino las afirmaciones las que deben ser probadas, por lo que no puede pedirse que se acredite una defensa cuando no se ha demostrado el hecho que constituye el presupuesto de la acción. Mientras la accionante no pruebe tales hechos, a la parte demandada le basta con simplemente limitarse a negar, pues no está obligada a acreditar su falta de culpa de un suceso que no se encuentra probado (cfr. Cámara Civ. y Com. Quilmes, Sent del 8/3/2017 “Alcaráz c/Verón s/Daños y Perjuicios”, causa 17.587, Registro 10/17).
Cabe acotar que la demanda y su contestación, a través de los hechos que son afirmados, negados y reconocidos delimita el “thema decidendum” que enmarca la decisión judicial, debiendo la sentencia formularse de acuerdo a las constancias de la causa, conforme las acciones deducidas y los hechos alegados por las partes, entendiéndose que viola el principio de congruencia aquel fallo que decide sobre la pretensión del actor fundado en hechos ajenos a los alegados en la demanda (conf. SCBA DJBA 94-29; SCBA, DJBA 117-285, Morello y otros "Códigos Procesales…" Tomo II-C págs. 400 y sgts. y jurisp. allí citada; este Tribunal, RSD 84-09 y RSD 103-09). La narración de los hechos es una parte fundamental de la demanda (art. 330 inc. 4º del CPCC), sobre la cual se basa todo el andamiaje del proceso, y las partes arman su estrategia procesal en base a esa versión expuesta en ella (conf. Revista de Derecho Procesal, 2004-1, Demanda y reconvención, Rubinzal- Culzoni, pág. 331). Bajo tal premisa, entonces, se ejercita el derecho de defensa, derecho constitucional que en juicio se ajusta a las leyes procesales (conf. Sosa, Toribio, "Derecho al debido proceso, ¿Qué incluye?", en Diario E.D. 13/7/15, pág. 1), conforme lo hiciera la parte demandada en autos (fs. 157, 158vta. y 163).
Y es mi convicción que aquel hecho descripto en la demanda no ha sido probado y que existe una clara disociación entre lo relatado y las constancias objetivadas obrantes en la causa penal instruida en virtud de lo sucedido aquel día, pues como sostuvo la sentenciante era otra la dirección que llevaba la motocicleta conducida por la actora, quien lo hacía en un sentido inverso al descripto en los hechos. En efecto, sendos rodados circulaban por Av. Illia en la misma dirección y no existió aquella colisión frontal que atribuyó el demandado, sino que fue la motociclista quien embistió al automotor que le precedía (cfr. declaración de fs.2vta., planimétrica de fs. 24 e informe técnico de fs. 30/31 de la IPP; pericia fs. 211 vta. de estas actuaciones) (arts. 384 y 474 del CPCC). Por lo tanto, aquel marco de ocurrencia del siniestro incorporado a la pretensión inicial bilateralizada a los efectos del ejercicio del derecho de defensa y sobre el cual sustentó el reclamo resarcitorio la víctima, no ha sido aquí debidamente acreditado (art. 375 del CPCC). Las explicaciones que pretende incorporar tardíamente en la pieza fundante de los agravios de aquello que describe como un “yerro involuntario” no resultan suficientes, toda vez que los datos sobre los que se asienta la responsabilidad que atribuye a su contendora y que trajo en su versión inicial son principales y de indudable significación. En efecto, no puede resultar irrelevante el destacar con toda claridad y firmeza que venía circulando en un sentido contrario al del demandado y que se vio sorprendida por su maniobra de invasión de la mano contraria, no pudiendo evitar que éste la colisione de frente, cuando tal versión, claramente desajustada de la realidad –repárese que esto no ha sido objetado por el apelante-, fue la que enmarcó la pretensión y respecto de la cual se le dio a la parte accionada la posibilidad de defenderse, razón por la cual no es posible apartarnos aquí de tales hechos para concluir en una condena sobre un suceso distinto al invocado como presupuesto de la acción.
Una de las garantías del debido proceso consiste en el límite que tiene la judicatura de no introducir alegaciones o cuestiones de hecho sorpresivamente, de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa. La litis fija los límites de los poderes del Juez. Por ende, la sentencia ha de formularse de acuerdo a las constancias de la causa, conforme las acciones deducidas y los hechos alegados por las partes, por lo que se entiende que viola el principio de congruencia aquel fallo que decide sobre la pretensión del actor fundado en hechos ajenos a los alegados en la demanda (conf. SCBA DJBA 94- 29; SCBA, DJBA 117-285, Morello y otros "Códigos Procesales… " T.II- C pág. 400 y sgts. y jurisp. allí citada).
Introducir aquí cuestiones o alegaciones sorpresivamente, de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena defensa implica una clara violación al principio de congruencia y a la garantía de defensa en juicio (SCBA Ac. 34194, Cámara Primera Apelación San Nicolás RSD 63-05; RSD 198-93; RSD 7-01, Morello y otros, ob. cit. tomo III, pág. 301 y sgts.), por ello no es posible condenar sobre la base de un hecho que en su modo de ocurrencia es claramente distinto al traído por el actor, afectando la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los límites de los poderes del Juez (SCBA Ac.32598, Ac.34731, Ac. 66755; está Cámara, sent. del 19/5/2011, RSD-62-11). La congruencia respecto del material fáctico –hechos principales- tiene sentido a partir de la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y los derechos, en tanto un convocado a juicio no podría ser sorprendido, al tiempo de definirse la litis, con una condena basada en circunstancias y aspectos que no estuvieron presentes en la demanda y sobre los cuales no ha podido por ende replicar y probar (Cfr.
Loutayf Ranea, Roberto “Principio dispositivo”, pág. 184; Ed. Astrea 2014). De ahí que adquiere escaso valor la rebeldía del demandado Chamorro o su confesión ficta respecto de hechos que no resultaron concordantes con aquellos que de modo objetivo emergen de las constancias probatorias. En tal sentido, no puede hablarse en el caso, de un reconocimiento tácito de los hechos invocados en demanda por parte del demandado que guardó silencio, dado que para que esto ocurriera, debía tratarse de hechos verosímiles o posibles, compatibles entre sí, que se correspondieran con las reglas de la lógica que regulan el acaecimiento de los hechos y no fueran autocontradictorios (conf. Peyrano, Jorge W., "Afirmaciones formuladas en la demanda que no requieren ser negadas en el responde", en Rev. de Derecho Procesal, 2004-2, Demanda y reconvención (segunda parte), Rubinzal-Culzoni, págs. 141 y sstes.).
Esa última nota de autocontradicción se evidenciaba al contrastar el relato de los hechos de la demanda civil con el de la denuncia volcada por la víctima en la instrucción penal, como así también, con la ubicación de los daños en el vehículo (pericia accidentológica, croquis de la IPP y pericia mecánica de esta sede) y quedó remarcada con el propio reconocimiento hecho por la accionante en ocasión de fundar el recurso que nos viniera a tratamiento.
En suma, no resulta posible como lo peticiona la recurrente efectuar un juicio de reproche sobre aquella materialidad no invocada por las partes, pues ello importaría abrir valoración sobre circunstancias que no han sido siquiera invocadas por la actora, modificando el análisis de la responsabilidad sobre la base de un escenario que exorbita el thema decidendum determinado por los contendores, incursionando en una labor ajena a la discrecionalidad del juez cuya libertad impera en el ámbito de la calificación jurídica de la materia litigiosa (cfr. Loutayf Ranea ob. Cit., pág.184).
V. Como corolario de todo lo precedentemente desarrollado, no habiéndose probado la ocurrencia del hecho en el modo alegado, no es posible incursionar en los daños, ni en la relación causal de éstos con aquel hecho y, en consecuencia, por estas precisas razones el pronunciamiento recurrido en cuanto rechaza la demanda es justo y debe ser confirmado (arts. 499, 1068 y 1113 del Código Civil y arts. 375 y 384 del CPCC), con costas de alzada a la recurrente vencida (art. 68 del CPCC).
Doy así mi voto.
Por iguales fundamentos, los señores Jueces Dres. Tivano y Fernández Balbis votaron en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Kozicki, dijo:
Por las razones expuestas al tratar la cuestión precedente propongo que rechacemos el recurso articulado y confirmemos la sentencia, con costas de alzada a cargo de la parte apelante vencida (art. 68 del CPCC).
Con tal alcance emito mi voto.
Por iguales fundamentos, los señores Jueces Dres. Tivano y Fernández Balbis votaron en el mismo sentido.
Con lo que finalizó el presente Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, se resuelve:
1º.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 305/311 vta. 2°.- Imponer las costas devengadas ante la alzada a la parte actora vencida (art. 68 del CPCC).
Notifíquese y devuélvase.-
AMALIA FERNÁNDEZ BALBIS FERNANDO GABRIEL KOZICKI JOSÉ JAVIER TIVANO HERNÁN VÍCTOR PRAT
Secretario
Fin de la sentencia