Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 36345-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaEn virtud de lo expuesto, las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar y exigir el pago de los impuestos prescriben por el transcurso de cinco (5) años en el caso de responsables inscriptos, y teniendo en cuenta la suspensión de un (1) año prevista en la ley 26.476, el plazo empezó a computarse el 01/01/2004 y venció el 31/12/2009.
Asimismo, el obstáculo invocado por la demandada que imposibilitó el ejercicio de las facultades para determinar la materia imponible y perseguir el cobro de la obligación tributaria fue superado con anterioridad a la expiración de ese plazo, más precisamente el 30/05/2007, fecha en que la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se pronunció rechazando la acción de fondo intentada.
Por tanto, al momento de emitirse las resoluciones impugnadas, el 23/05/2012 y el 28/05/2012 las atribuciones del Fisco Nacional para determinar y exigir el impuesto a las ganancias por el ejercicio 2002 se encontraban prescriptas.
En virtud de ello, corresponde desestimar los agravios de la demandada y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (art. 68, párrafo primero del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). ASI SE DECIDE.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
51320/2019 LAPENTA, MARIA ELENA (TF 36345-I) Y OTRO c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO;
Buenos Aires, de julio de 2020.- ID Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. A fs. 301/305 el Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar a la excepción opuesta por los actores y declaró prescriptas las facultades del Fisco Nacional para determinar y exigir el impuesto a las ganancias por el ejercicio 2002 y aplicar multa por la presunta omisión del gravamen, correspondiente a los Sres. María Elena Lapenta y Carlos Alberto Bossio —únicos integrantes de una sociedad de hecho— (resoluciones nros. 25/2012 y 51/2012, del 23/05/2012 y 28/05/2012, respectivamente) y declaró abstracta el tratamiento de la cuestión de fondo. Impuso las costas a la demandada.
II. Para así decidir señaló que tratándose de responsables inscriptos, las facultades y poderes del Fisco Nacional para determinar y perseguir el pago del tributo por el período 2002 prescriben a los 5 años, computándose dicho plazo desde el 1º de enero de 2004, según lo dispuesto en los arts. 56 y 57 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modificaciones) y, si a ello se agregase la suspensión del término por un año establecido en la ley 24.769, la prescripción operó el 31 de diciembre de 2009. Destacó, sin embargo, que de los actos apelados surge que: i) la parte actora presentó el 13/11/2003 ante el Juzgado Federal de Río Cuarto una acción declarativa de certeza persiguiendo la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.073, del art. 4º de la ley 25.561 y del art. 5º del decreto 214/02; ii) en ese marco, solicitó el dictado de una medida cautelar tendiente a que la AFIP – DGI se abstenga de aplicar esas normas hasta tanto se dicte sentencia definitiva; y iii) dicha medida fue acogida favorablemente en primera instancia el 27/11/2003 y confirmada en segunda instancia el 22/09/2005, pronunciamiento que quedó firme el 15/02/2007 con la denegación del recurso extraordinario interpuesto por la representación fiscal.
Recordó que el principio “agere non valenti non currit precriptio” previsto en el art. 3980 del Código Civil de la Nación (vigente al momento de los hechos) e invocado por el Fisco Nacional para extender el cómputo de la prescripción, encuentra su fundamento en la existencia de un impedimento real para el ejercicio de la acción, en cuya virtud se otorga al acreedor un término adicional para su ejercicio; circunstancia que debe ser ponderada por el juzgador.
A la luz de la jurisprudencia y de la doctrina imperante, analizó la norma en cuestión y afirmó que no se trata de un caso de suspensión de la prescripción, por cuanto ésta se produce ipso iure por una causa legal, cuya existencia el juez sólo se limita a comprobar, sino de una dispensa que el juez puede conceder en virtud de una imposibilidad grave de obrar. Añadió que el impedimento no detiene el curso de la prescripción cumplida, sino que sólo extiende el plazo para interponer la acción por el término de tres meses. Indicó que la imposibilidad de obrar puede ser anterior al nacimiento de la acción o sobrevinientes, pero ella debe existir en el momento de vencerse el plazo, toda vez que la ley refiere a la prescripción cumplida durante el impedimento.
En tal entendimiento, concluyó que a partir del rechazo del recurso extraordinario de fecha 27/02/2009, “por aplicación del artículo 3980 del Código Civil, … el Fisco Nacional contaba con tres meses para iniciar las acciones tendientes a la determinación y a exigir el pago del tributo, así como lo referido a la aplicación de sanciones.” Manifestó que de las actuaciones administrativas surge que: i) el 15/02/2011 se puso a disposición de la parte actora una declaración jurada rectificativa con exclusión del mecanismo de ajuste por inflación; ii) el 23/03/2011 se le notificó el inicio del procedimiento de determinación de oficio; y iii) los actos apelados fueron fechados el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 51320/2019 LAPENTA, MARIA ELENA (TF 36345-I) Y OTRO c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO;
23/05/2012 y el 28/05/2012. Entendió que dicha plataforma fáctica pone de manifiesto que el Fisco Nacional instruyó las acciones con posterioridad al plazo acordado por el art. 3980 del Código Civil de la Nación, por lo que se ve impedido de hacer valer la dispensa que invocó; máxime si se tiene en cuenta su carácter excepcional, su interpretación restrictiva, su utilización prudencial por parte de por los jueces y su plazo es perentorio.
III. Disconforme, la demandada interpuso a fs. 309/vta. recurso de apelación, fundado a fs. 313/320 vta. y contestado a fs. 326/328 vta. Sostuvo que en casos como el de autos, en los que se dicten en sede judicial medidas cautelares que ordenan al Fisco Nacional abstenerse de proseguir con los procedimientos de fiscalización y determinación de gravámenes, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo planteada en el marco de la acción declarativa de certeza, quedan suspendidas, por aplicación del art. 3980 del Código Civil de la Nación, las facultades del ente para obrar, en atención a la existencia de una imposibilidad jurídica.
Manifestó que el cumplimiento de una manda judicial resulta inexcusable, en tanto la medida cautelar se encuentre vigente y mantenga efectos.
Afirmó que durante la vigencia de las medidas cautelares y durante su vigencia, la prescripción no está en curso, operando esa circunstancia como causal suspensiva, de modo que ante la falta de acción susceptible de ser ejercida no se puede computar como tiempo útil de prescripción el lapso que insumió tal impedimento.
Indicó que del acto administrativo recurrido se desprende que la Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial, Sala “A”, revocó el 30/05/2007 la sentencia dictada por el Juzgado Federal de Río Cuarto el 13/03/2006, que declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.073. Y agregó que el recurso extraordinario interpuesto por la parte actora fue rechazado, “notificación que fue ordenada por el Juez Federal de turno” el 24/11/2009.
En consecuencia, arguyó que el término de prescripción para determinar y exigir el impuesto a las ganancias del ejercicio 2002, comenzó a computarse una vez rechazada la acción declarativa; según sus dichos, el 24/11/2009, “y hasta el límite de transcurridos los seis (6) años totales, encontrándose corriendo a la fecha de las resoluciones cuestionadas”, el que operó en el año 2015.
IV. Expuesto lo anterior, se participa de la solución a la que arribó el tribunal a quo con relación a la procedencia de la excepción de prescripción opuesta por la parte actora, la solución a la que llegó el tribunal a quo debe ser confirmada, por los fundamentos y circunstancias que a continuación se pasan a exponer.
V. Preliminarmente, cabe señalar que no se encuentra controvertido en autos que la parte actora inició el 13/11/2003 la acción declarativa certeza referida a la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación junto con la pretensión cautelar a la que se aludió en el considerando II (v. fs. 1/17 del anexo III de las actuaciones administrativas). Tampoco es objeto de debate que el Juzgado Federal de Río Cuarto resolvió el 27/11/2003 acoger favorablemente la petición cautelar solicitada y suspender los efectos de las normas cuya constitucionalidad se cuestionaba, hasta tanto recaiga resolución definitiva en la causa, pronunciamiento que fue confirmado 22/09/2005 por la Sala “B” de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, tribunal que denegó el 15/02/2007 el recurso extraordinario interpuesto.
En lo atinente a la cuestión de fondo, mediante el pronunciamiento del 13/03/2006, se hizo lugar a la acción promovida y se declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.073, del art. 4° de la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 51320/2019 LAPENTA, MARIA ELENA (TF 36345-I) Y OTRO c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO;
ley 25.561 en cuanto modifica los arts. 7° y 10 de la ley 23.928, y del art. 5° del decreto 214/2002 “en la medida que no permite reconocer los efectos de la inflación en la determinación de la obligación tributaria” (v. fs. 63/78 del cuerpo de antecedentes de “Bossio” y fs. 72/87 del cuerpo de antecedentes de “Lapenta”).
Esa decisión fue revocada —en todas sus partes— el 30/05/2007 por la Sala “A” de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba (v. fs. 79/88 del cuerpo de antecedentes de “Bossio” y fs. 88/97 del cuerpo de antecedentes de “Lapenta”). Finalmente, el 27/02/2009 fue rechazada la concesión del recurso extraordinario interpuesto por la parte actora (v. fs. 89/90 y fs. 98/99, respectivamente, de las actuaciones administrativas antes referidas).
VI. Correctamente, el Tribunal Fiscal sostuvo que el art. 3980 del Código Civil, no constituye una causal de suspensión de las facultades del Fisco Nacional para determinar y exigir los gravámenes cuya recaudación le compete, sino que allí se estableció una excepción ante el impedimento real y grave del ejercicio de la acción en el término legal por parte del acreedor; dispensa que corresponde ser analizada aplicar con criterio prudencial por el juzgador.
En lo que al caso interesa, cabe indicar que de conformidad con lo dispuesto en el art. 57 de la ley 11.683 el plazo de prescripción de las facultades del Fisco Nacional para determinar el impuesto a las ganancias del ejercicio 2002, así como la acción para exigir su pago, comenzó a correr el 1º de enero de 2004, es decir, el primer día del año siguiente al vencimiento del plazo legal para presentar la declaración jurada correspondiente e ingresar el gravamen.
Por otra parte, no se observa en el caso el acaecimiento de alguna de las causales, previstas en la ley de procedimiento fiscal, como suspensivas del plazo de prescripción de las facultades del organismo fiscal tendientes a determinar y exigir la obligación tributaria.
VII. Si bien se advierte que en virtud de la medida cautelar ordenada por el Juzgado Federal de Río Cuarto, decisión que fue confirmada, como se dijo, por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, el Fisco Nacional se vio imposibilitado de iniciar cualquier tipo de reclamo administrativo y/o judicial con relación a los conceptos del tributo que integran la cuestión de fondo, cierto es que no es posible concluir, como interpreta la demandada, que dicho impedimento sólo fue superado con la notificación de la resolución que denegó el recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que puso fin a la cuestión controvertida.
En efecto, resulta de cardinal importancia señalar que las medidas cautelares tienen, ante todo, carácter provisional (Fallos: 327:5068), de modo que subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron, conforme con lo dispuesto en el art. 202 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Dado, pues, que las medidas cautelares se hallan encaminadas a asegurar el resultado práctico del proceso, parece claro, que aquéllas caducan con motivo de la sentencia que, en ese proceso, desestima la pretensión deducida por quien las obtuvo (Lino Enrique Palacio, “Manual de Derecho Procesal Civil”, Ed. Abeledo-Perrot, 18ª edición, Buenos Aires 2004, pág. 773).
Por lo tanto, en atención a lo hasta aquí expuesto, con el dictado de la sentencia por parte de Cámara Federal de Córdoba (30/05/2007), que revocó la decisión del juez de primera instancia y, en consecuencia, rechazó la acción deducida por la parte actora, desapareció todo obstáculo para que el Fisco Nacional ejerciera las facultades que la ley de procedimiento tributario le otorga a fin de determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por esa ley.
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No puede dudarse de que con la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que concluyó en que no le asistía derecho al contribuyente en cuanto a la pretensión de fondo incoada, la medida cautelar perdió eficacia al desaparecer el sustento que legitimaba su vigencia: la verosimilitud del derecho (esta sala, causa “Duran, Juan Bautista”, pronunciamiento del 20 de diciembre de 2016).
En virtud de lo expuesto, las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar y exigir el pago de los impuestos prescriben por el transcurso de cinco (5) años en el caso de responsables inscriptos, y teniendo en cuenta la suspensión de un (1) año prevista en la ley 26.476, el plazo empezó a computarse el 01/01/2004 y venció el 31/12/2009.
Asimismo, el obstáculo invocado por la demandada que imposibilitó el ejercicio de las facultades para determinar la materia imponible y perseguir el cobro de la obligación tributaria fue superado con anterioridad a la expiración de ese plazo, más precisamente el 30/05/2007, fecha en que la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se pronunció rechazando la acción de fondo intentada.
Por tanto, al momento de emitirse las resoluciones impugnadas, el 23/05/2012 y el 28/05/2012 las atribuciones del Fisco Nacional para determinar y exigir el impuesto a las ganancias por el ejercicio 2002 se encontraban prescriptas.
En virtud de ello, corresponde desestimar los agravios de la demandada y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (art. 68, párrafo primero del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). ASI SE DECIDE.
Se hace constar que la jueza Liliana M. Heiland no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Clara María do Pico Rodolfo Eduardo Facio Ante mí: Hernán Gerding (secretario de cámara)
Fin de la sentencia