Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 63.113
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia apelada de fs. 772/778 vta.;
2Hacer lugar a la demanda promovida por Pedro Salvador Lappano y Pablo Osvaldo Lappano contra Rogelio Adrián Rotonda y, en consecuencia, condenar a éste último a pagar a los actores en concepto de daño moral las sumas de $ 140.000 para Pablo Osvaldo Lappano y $ 80.000 para Pedro Salvador Lappano, sumas que son cuantificadas a la fecha y que devengarán intereses desde la fecha de mora (el 13 de Febrero de 2006, fecha de citación a sede penal a los actores y a partir de la cual se presume conocieron la imputación calumniosa) en la forma dispuesta en la Primera Cuestión;
3Imponer las costas de ambas instancias, en atención al resultado al que se arriba en este pronunciamiento, al accionado vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.);
4Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en la sentencia objeto de recurso y agravio a los letrados y peritos intervinientes; y 5) diferir la retribución por la labor desplegada en esta Instancia para su oportunidad (arts. 51 del Dec./Ley 8904/77 y 31 de la Ley 14.967).
Causa nº: 2-63113-2018 "LAPPANO, PEDRO SALVADOR Y OTRO/A C/ ROTONDA, ROGELIO ADRIÁN S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (SUMARIO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - TANDIL
Sentencia Registro nº: 7 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 26 días del mes de Febrero del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Lappano, Pedro Salvador y Otr. c/ Rotonda, Rogelio Adrián s/ Daños y Perjuicios” (Causa Nº 63.113), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós – Dra. Longobardi - Dr. Peralta Reyes. Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª.- ¿Es justa la sentencia dictada a fs. 772/778 vta.?.
2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I Ó N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
I.- 1.- Pedro Salvador Lappano y Pablo Osvaldo Lappano promovieron demanda de daños y perjuicios, reclamando en concepto de daño moral la suma de $70.000, o la que resulte de la prueba de autos, contra Rogelio Adrián Rotonda. Manifestaron que ambos, y sobre todo el primero de ellos - progenitor de Pablo Osvaldo-, mantuvieron una relación comercial con el demandado consistente en la distribución de ejemplares de diario “El Eco de Tandil”, propiedad del demandado Rotonda. En ese marco, se suscitaron conflictos a raíz del cual concluyó el mencionado vínculo negocial. Tras ello el Sr. Rotonda promovió una denuncia penal contra ambos actores atribuyéndoles el delito de estafa. Se trata de la causa I.P.P. 18.522 “Rotonda, Rogelio Adrián s/ Estafa” que tramitó por ante la U.F.I. nº 2 de Tandil y que concluyó con el archivo de esas actuaciones. En esa causa le imputan a ambos la comisión del delito precitado, sosteniendo el denunciante Rotonda que padre e hijo retuvieron indebidamente dinero que le correspondía, la suma de $11.642,43, percibida por los actores en concepto de pagos realizados por los suscriptores del diario, y que debían restituirle, siempre según la precitada denuncia. Califica de retención indebida la omisión de pagar la suma mencionada ya que sostiene que la deuda alegada por los Lappano era inexistente y que él es el verdadero acreedor por incumplimiento de pago de los denunciados. También el accionado publicó un comunicado, que los actores denominan “panfleto”, dirigido a los suscriptores del diario y difundido televisivamente cuyo contenido los Sres. Lappano consideran ofensivo y difamatorio.
Tramitada la causa, a fs. 772/778 vta., el Sr. Juez de grado dictó sentencia rechazando la demanda interpuesta; previamente desestimó la defensa de prescripción interpuesta por la demandada (cuestión que se encuentra firme por no haber sido objeto de agravio); impuso las costas a la actora vencida y reguló los honorarios de los letrados actuantes –por el principal y por la incidencia resuelta a fs. 524/525- y de los peritos intervinientes en autos.
Para así decidir, y a partir –fundamentalmente- de los argumentos utilizados para desestimar la excepción de prescripción, el Juez de grado enmarcó la cuestión en la figura de la acusación calumniosa, con sustento en el art. 1090 del Código Civil. No obstante ello –añadió- que aún en ausencia de dolo puede acudirse a la culpa grave o grosera para tipificar la procedencia del resarcimiento en caso de pretensiones resarcitorias de esta naturaleza. Sostiene que se requiere un plus de conducta negligente o culpable que revele que el denunciante obró sin fundamento alguno y con pleno conocimiento de la inocencia del acusado. Con esa base conceptual afirmó que del propio relato de la actora surge que medió entre las partes una obligación negocial confusa y opinable.
A raíz de ello, el actor entendió – sin que mediara reconocimiento judicial de tal situación- que tenía a su favor “un estado de deuda” que lo habilitó para ejercer un supuesto ejercicio del derecho de retención o compensación sobre pagos que debía efectuar a Rotonda. La sentencia añade que la actora no probó su derecho patrimonial vulnerado porque el informe contable del contador Ricardo H. Carreira; el oficio al Ministerio de Trabajo; la pericial caligráfica de fs. 696/703 y fs. 735/742 sobre la firma atribuida a un tercero (el mencionado contador Ricardo Carreira) resulta improcedente y recae sobre aspectos que no fueron objeto de este juicio. Prosigue sosteniendo que la parte contraria procuró dilucidar la situación negocial, sobre todo con las cartas documento remitidas y el intercambio epistolar entre las partes, y que con esas bases efectuó una denuncia penal que califica como “una conducta antijurídica, dañosa y culpable, a más de causalmente eficiente, pero que de ninguna manera puede desentenderse del contexto expuesto, como para considerar la sinrazón o la carencia absoluta de fundamentos en el demandado de acusación calumniosa” (sic., fs. 777).
Más adelante tuvo en cuenta que la prueba testimonial producida por la actora demostró el sufrimiento que la situación le causó a los actores pero ellos derivaron de sus propias creencias de que la demandada le adeudaba una suma de dinero. Incluso los testigos manifestaron la existencia de “problemas” entre las partes, lo que ratificaron algunos de ellos por haber recibido la comunicación (llamada por la actora “panfleto”) que se acompañó a los diarios que recibían los clientes de la zona cuya distribución tenían los actores. Por todo ello concluyó que no procedía la demanda por no haberse probado que el demandado efectuó infundadamente una denuncia penal contra los actores al señalar al padre y al hijo como sujetos que retuvieron sin derecho montos que le pertenecían al demandado Rotonda.
Argumenta que la denuncia penal se efectuó como estrategia procesal en el marco del conflicto y concluye que no se reunieron los requisitos legales para la procedencia de la demanda.
Contra ese pronunciamiento, a fs. 788 apeló la actora perdidosa, recurso que fue concedido a fs. 789. A fs. 810/816 se glosó la expresión de agravios la que fue respondida a fs. 818/820 vta. En su escrito de expresión de agravios la parte actora desarrolla cinco quejas. En el que denomina “Agravio I”, cuestiona la valoración que hizo el juez de grado de los hechos y la prueba producida, las que, sostiene, demuestran que el relato de la actora es mucho más claro que el de la demandada y que la prueba pericial contable pone de manifiesto que el accionado efectuó una denuncia calumniosa al no probar los hechos que les imputaba. Añade que la pericia contable tenía por objeto y probó que el actor no le debía nada al demandado, sino que por el contrario los actores eran acreedores de Rotonda quien efectuó culposa y dolosamente la denuncia penal conociendo dicha situación.
Afirma que el demandado actuó denunciando falsamente un hecho a sabiendas de que nunca existió ya que los actores procedieron correctamente al ejercitar el derecho de compensación previsto en el art. 818 del Código Civil. En el denominado “Agravio II” cuestiona la conclusión del juez de que la denuncia penal constituyera una estrategia procesal aceptable; describe el art. 1089 del Código Civil (el que requiere dolo o culpa del denunciante) y afirma que el demandado no probó la verdad de sus imputaciones. De esa manera incurrió por lo menos en ligereza culpable la que autoriza su reclamo. Cita jurisprudencia y afirma que el archivo de las actuaciones penales tiene efectos equiparables a la sentencia absolutoria y que reviste el carácter de cosa juzgada favorable a los actores en sede civil.
En el “Agravio III” la parte demandante cuestiona que no se haya valorado adecuadamente la prueba testimonial que acredita el daño moral sufrido por los actores tanto por la denuncia penal efectuada en contra de ambos como por la difusión por parte del Sr. Rotonda del “panfleto” dirigido a los suscriptores del diario y los anuncios televisivos que hacían público el conflicto existente entre ellos, desprestigiando a los Sres. Lappano. Igualmente afirma que “la denuncia, los panfletos, las publicaciones probadas en autos y no negadas por la contraria” y la prueba pericial contable demuestra que la demandada resultaba deudora de los actores (y no al revés como se alegó en la denuncia penal) y ponen de manifiesto la culpa del demandado, todo lo que torna procedente la pretensión resarcitoria.
De ahí concluye que la culpa de Rotonda “se encuentra debidamente probada” ya que la pericia contable y las boletas acompañadas demuestran que “cobró sumas en exceso”, no obstante lo cual incurrió en una conducta negligente y que los difamó lesionando su honor. Finalmente impugna la valoración del testimonio de Luis Horacio Stupino y pone de relieve las graves repercusiones psicológicas negativas que sufrieron los demandantes como consecuencia de la denuncia penal y de la distribución del panfleto. Así se probó la existencia del daño moral. En el “Agravio IV” sostiene que la sentencia es incongruente porque rechaza la demanda pese al reconocimiento de la existencia de una denuncia penal que concluyó con el archivo de las actuaciones.
En este acápite como en los anteriores cita jurisprudencia sobre los presupuestos y requisitos para aplicar el art. 1090 del Código Civil. En el “Agravio V” afirma que se vulneró el principio de congruencia porque la sentencia no atendió “los hechos narrados por las partes, los escritos de constitución del proceso (demanda y contestación), los que fijan y limitan los poderes del juez” (sic., fs. 815 vta.). Como consecuencia de todo lo expuesto solicitan se revoque la sentencia, con costas a la demandada. A fs. 818/820 el Sr. Rotonda contesta la expresión de agravios sosteniendo –en esencia- que el ilícito civil de los Lappano se configuró cuando continuaron recibiendo fondos de suscripciones una vez concluida la relación comercial sin rendir cuentas.
Destaca que ambos procedieron de hecho y por su cuenta a retener dinero que era de él como propietario del diario, y que los actores alegaron unilateralmente que les debía dinero y ejercieron un supuesto derecho de retención. Enfatiza que no medió de su parte ni dolo, ni culpa grave, grosera o maliciosa. Formula otras consideraciones y concluye que no existió conducta antijurídica ni una denuncia calumniosa atribuible a esa parte ya que los hechos se originan con la retención de fondos efectuada por los propios Lappano, quienes debían acreditar el elemento subjetivo del demandado en su actuación en sede penal. Formula luego otras consideraciones y solicita la confirmación de la sentencia.
Llamados autos para sentencia y firme el proveído que hizo saber el orden de la votación (cf. fs. 828 y fs. 829 respectivamente) el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto.
II.- 1.- El agravio es fundado por lo que corresponde revocar la sentencia y admitir la pretensión resacitoria de los Sres. Pedro Salvador Lappano y su hijo Pablo Osvaldo Lappano contra Rogelio Adrián Rotonda. Los hechos precedentes a la denuncia penal considerada calumniosa (arts. 1089 y 1090 CC y art. 1771 CCCN) son los siguientes: resulta admitido por las partes que el Sr. Salvador Lappano, primero, y luego (a partir del año 2004) en forma conjunta con su hijo Pablo Osvaldo tenían una relación contractual con el demandado, que se inició en el mes de Mayo de 1996, consistente en la distribución por parte de los primeros de cierta cantidad de ejemplares, y en las zonas especificadas, del diario propiedad del demandado, “El Eco de Tandil” (en su carácter de “concesionarios”), a cambio de una retribución consistente en el pago a Rotonda del 80% del valor de todos los diarios entregados por la empresa para su distribución. Ello se desprende del contrato originario glosado y del que autorizaba a Pedro Salvador a actuar como vendedor autónomo de diarios (causa penal fs. 9/10, causa I.P.P. 18.522, “Rotonda, Rogelio Adrián s/ Estafa” que tramitó por ante la U.F.I. nº 2 de Tandil; fs. 4/7 del escrito de demanda; fs. 9 contrato del 30/6/2002)”. Dicha relación negocial -sucintamente expuesta- cesó a partir del 31 de Marzo de 2005, según nota manuscrita remitida al demandado por el actor, con fecha 20 de Octubre de 2004 y que Rotonda agregó a fs. 11 de la causa penal. Más tarde, el 4 de Abril de 2005, en la carta documento de fs. 11 Rotonda se refiere a la rescisión del contrato “a partir del día de la fecha”.
Ahora bien, las razones de las desavenencias contractuales no han sido dilucidadas por ninguna sentencia judicial porque pese a las profundas diferencias entre las partes sobre las razones invocadas por ambas, ninguna de ellas manifestó haber promovido algún juicio civil tendiente al reconocimiento de sus derechos patrimoniales. Los actores alegan que en Agosto del año 2004 comprobaron errores en la facturación y en los montos que debía abonarle el demandado por sus trabajos de distribución de los ejemplares del diario, error que se remonta al año 1994 y que arrojaba a su favor un saldo de $ 19.710,29. Afirman que plantearon a Rotonda dicha circunstancia quién rechazó el reclamo esgrimiendo que no se trataba de error en la liquidación y facturación sino que las diferencias correspondían a que al precio de venta de los diarios se aplicaba el IVA, existiendo distintas contingencias porque en algunos períodos la actividad estaba exenta y luego fue gravada aplicándose un porcentual especial. Los actores persisten en su postura en que el descuento efectuado era improcedente porque la actividad estaba exenta por lo que, ante la negativa del accionado, expresaron que ejercieron el derecho de compensación que los habilita el art. 818 CC reteniendo las sumas cobradas en exceso, a partir de la fecha en la que se verificó el error a Diciembre de 2004 -en la que detectó la equivocación el referido error-, quedando incluso sumas para percibir, aún en el período posterior al mes de Marzo de 2005. En suma: alega que las sumas fueron retenidas legítimamente y obedecían a pagos adeudos, incluso reconocidos por Rotonda, quien en el resumen de Marzo de 2005- siempre según los dichos de los actores- reconoció la suma de $ 2.734,77 cuando les intimó el pago de $ 11.642,43, lo que supone efectuar la deducción de aquél importe (conf. cartas documentos y sus respondes interpelándose recíprocamente a pagar de fs. 29/39 de la causa penal). A fs. 32 con fecha 15 de Marzo de 2005 luce el reclamo del demando por $ 11.642,43.
Antes de proseguir con el relato fáctico aclaro que en esa interpelación extrajudicial Rotonda reclama $ 11.642,43, en la certificación contable agregada en la causa penal la deuda informada es de $ 17.270,94 y que el monto alegado por los actores es de $ 19.710,29 (fs. 458 vta).
Por su lado, el demandado en su escrito de contestación negando esos hechos y manifestando ser acreedor de los $ 11.642,43 citados (es decir la suma no coincide con la certificación contable que él mismo presentó en la justicia penal) sostiene que no le debe nada a los actores y que ellos procedieron ilícitamente a retener sin causa dicho importe. Agrega que resulta improcedente la compensación y que el ilícito civil se configuró por la retención indebida de sumas que le pertenecían. El accionado asienta su postura defensista en la existencia de una deuda derivada de la omisión de pago (el 80 % del valor de los diarios entregados para su distribución) y al igual que en sede penal, cuando formula la denuncia por estafa contra los Sres. Lappano, omite referirse al argumento aducido por los demandantes relativo a la liquidación errónea por el cómputo del IVA.
En conclusión: a partir del reconocimiento recíproco y de la admisión procesal de la frustración del vínculo contractual, lo cierto es que cada parte atribuye a la otra el incumplimiento: la actora dice ser acreedora de $ 19.710,29, suma que afirma retuvo legítimamente de los pagos pendientes que debía efectuar a Rotonda, ejercitando su derecho a compensar. Por su lado la demandada sostiene en este juicio civil que ella es acreedora de la suma de $ 11.642,43, monto coincidente con el esgrimido en la causa penal como ilegítimamente retenido, aunque acompañando una certificación notarial que arroja como saldo la suma de $ 17.270,94 al 6 de Abril de 2005. Ninguna de las dos partes interpuso ninguna pretensión de incumplimiento contractual para procurar el reconocimiento judicial de sus derechos, particularmente la demandada que frente a la situación consolidada por los actores de retener la suma que dice es ilícita, directamente el 11 de Octubre de 2005 promovió la denuncia penal por estafa.
2. Si bien el objeto litigioso radica en determinar si media afectación al honor de los actores a partir de la denuncia penal formulada por el demandado y aquí no se discute cuál de las partes es deudora o acreedora, no puede prescindirse de emplazar la denuncia penal en el contexto fáctico en el que se sucedieron los hechos que motivaron el requerimiento penal. De ahí la necesidad de efectuar un análisis suficiente para apreciar la entidad y razonabilidad del proceder del denunciante y verificar si se concurre el elemento subjetivo que exige el art. 1090 CC. En el señalado marco, y retomando el relato, las partes se intercambiaron cinco cartas documentos entre los meses de Marzo a Abril de 2005, atribuyéndose en todas ellas incumplimientos recíprocos, pretendiendo cada una percibir la suma que se afirma le adeuda el otro. Es importante destacar que el demandado siempre individualizó el monto $ 11.642,43 pero nunca especificó cómo arribó al monto y tampoco -ni en este expediente ni en la causa civil- detalló o indicó el procedimiento contable y matemático sobre cuya base sostiene dicha cuantificación. Rotonda, en todas las oportunidades, manifestó e interpeló afirmando que la retención era ilegítima y que su crédito derivaba de la omisión de los Lappano de pagar el 80% de los ejemplares de los diarios entregados, considerando que el contrato se rescindió y calificando de ilícita aquella conducta, anticipando la eventual promoción de la denuncia penal por estafa (conf. expte. penal fs. 32/39; estos autos fs. 10/12).
Los actores tampoco detallaron y fundaron de modo claro cómo procedieron a calcular la deuda, los períodos computados, el error detectado, su origen y circunstancias, máxime que afirman que las diferencias se remontan al año 1994 y llegan hasta el 2004.
Lo expuesto revela claramente que ninguna de las partes demostró de modo documentado y circunstanciado el título sobre el que fundan sus derechos patrimoniales derivados del incumplimiento del contrato, limitándose ambas a acompañar las facturas y recibos y restante documentación (conf. fs. 1/ 176 y 400/456 y fs. 12/ 28 de la causa penal), pero de las que no puede inferirse con certeza y de modo incontrastable, sin intervención técnica de un profesional que explique y describa las operaciones técnicas pertinentes, los montos finales. La planilla que acompaña la actora a fs. 168, suscripta por el contador Ricardo Carreira, sobre cuya firma se practicó prueba pericial caligráfica y que la actora denomina “informe contable”, carece de toda precisión y no sirve. Por su lado, la demandada acompañó en la causa penal a fs. 9 una certificación contable de saldo deudor de cuenta corriente en la que el contador Manuel A. Grandio informó la deuda de $ 17.250,94, al 6 de Abril de 2005, cotejando “la documentación respaldatoria de los movimientos contables asentados en la cuenta corriente nº 1797 de Osvaldo P. Lappano (facturas, notas de débito y crédito, recibos de pago)” (fs. cit. causa penal). Con la declaración testimonial del contador Grandio en estos autos, a fs. 601/603 vta., la demandada procura conferirle valor probatorio de importancia a dicha certificación contable, cuyo valor indiciario no puede desconocerse, pero que por sí misma y sin circunstanciada explicación y fundamentación de los rubros y componentes que integran la cuenta final, carece de eficacia para tener por probado el carácter de deudor de los actores. Grandio fue interrogado por ambas partes pero su testimonio se centró en la operatoria del contrato, en que entendía que la modificación del régimen del IVA no incidía en la modalidad de la facturación, entre muchos otros aspectos, pero -en lo que aquí interesa- sostuvo que su tarea consistió en “sumar la cantidad de ejemplares retirados diariamente (por los actores)
multiplicándolos por el precio convenido del 80% constatando que los pedidos controlados estuvieran correctamente facturados” (fs. 603; arts. 384 y 474 C.P.C.). Si bien no hay motivo para dudar de su palabra, lo cierto es que se refirió genéricamente al procedimiento llevado a cabo omitiéndose agregar siquiera como prueba documental complementaria, un detalle circunstanciado de dichas operaciones (fs. 601/603; arts. 384 y 456 C.P.C.). Es decir, en suma, ninguna de las partes demostró el saldo adeudado por la contraria, de modo indubitable y serio, no habiéndose probada la veracidad y admisibilidad de ninguna de ambas posturas. Empero ello debe vincularse con dos aspectos: la actora alegó error de cálculo y la existencia de saldo a su favor, lo que frente a la negativa de la demandada a ella le incumbía la carga de la prueba (arts. 375 y 384 C.P.C.). Por otro lado, no es menos significativo que sólo la actora ofreció prueba pericial contable tendiente a acreditar dichos extremos (fs. 465 vta./466) mientras que la demandada se opuso a su producción (fs. 498 vta.), lo que fue denegado por resolución firme de fs. 524/525. Y al intentar producirse esa prueba la demandada no presentó la documentación correspondiente para poder realizar pericia contable (repito: que ofreció la actora) porque a fs. 744 el perito designado Esteban Garasa informó que se le manifestó “que estaba extraviada”, impidiendo de ese modo la producción de una prueba esencial y decisiva para dilucidar quién era el acreedor y quién el deudor (arts. 375, 384, 474 C.P.C.). En suma: la prueba pericial se frustró por causas imputables a Rotonda, sin brindar una explicación verosímil del citado extravío.
Todo lo expuesto lo es con la salvedad de que ello no importa manifestación alguna de mi parte acerca de la verosimilitud de los hechos invocados por la actora o la demandada ni emitir juicio de valor sobre quién es el titular del crédito ni convalidar la actuación de la actora al ejercer lo que ella califica de legítimo derecho de retención (art. 818 CC), ante la supuesta y no probada diferencia de montos en la liquidación y facturaciones.
3. Dicho lo expuesto, retomo el relato de los hechos.
Ante la retención de los actores (según la demandada) o ejercicio del derecho de compensación (según aquellos) Rotonda procedió a comunicar la situación planteada a los suscriptores del diario correspondientes a la zona de distribución de los concesionarios y a promover una denuncia penal por el delito de estafa.
Con relación a lo primero el comunicado firmado por Rotonda (que la actora denomina planfleto) dice, y limitado a lo que aquí interesa: “me dirijo a Ud. para informarle que a partir del 01/04/05, ha cesado la concesión de la distribución del diario por parte del Sr. Pablo Lappano. Ante noticias que indican que este individuo e incluso su padre están intentando seguir percibiendo el dinero de las suscripciones, se ruega muy especialmente no efectuar pago alguno a partir de la fecha, como no sea al cobrador directo de “El Eco de Tandil”, que lo visitará en su domicilio con la correspondiente acreditación” (sic., fs. 167).
También formuló la referida denuncia penal cuyos párrafos esenciales transcribiré porque ponen de manifiesto que el demandado procedió con culpa agravada en la imputación formulada, atendiendo los términos utilizados, los hechos descriptos y los elementos objetivos de prueba con los que contaba (y los que ofreció en la causa penal) para corroborar la veracidad de la atribución de responsabilidad penal de los Lappano. Afirmó “venimos de conformidad con lo establecido por los artículos 285, 268, siguientes y concordantes del CPP a exponer formal denuncia por el delito de Estafa (artículos 172 y 173, inciso 2º del Código Penal) y/o el que V.S. entienda corresponder contra Pedro Salvador Lappano, LE nº 5.383.760 y Pablo Lappano, DNI nº 21.871.234 …” (sic., fs. 40 causa penal). Luego describió brevemente la mecánica de la operatoria de retiro de los ejemplares por parte de los actores en la empresa, las funciones de distribución, se remitió al contrato que acompañó y manifestó que los denunciados concluyeron unilateralmente el contrato a partir del 31 de marzo de 2005. Paso seguido dice: “ahora bien, sin perjuicio de cumplir nuestro mandante en todo momento con las obligaciones asumidas en el contrato originario y la confianza legal depositada en los concesionarios, Pedro Salvador Lappano y Pablo Lappano, estos retuvieron indebidamente la suma de $ 11.642,43, quienes habiendo percibido la misma en función del pago realizado por los suscriptores, no rindieron la suma en cuestión faltando a la observancia legal de lo acordado y afectando la integridad patrimonial de nuestro mandante. La retención resulta indebida porque la devolución del dinero no reviste el carácter de facultativa, sino que responde a la obligación asumida por los señores Lappano previamente, quienes mediante la negativa a restituir (comunicada mediante carta documento que se adjunta) convalidan la ilicitud de la conducta y perfeccionan la consumación del hecho delictivo” (sic., fs. 41 y vta. causa penal).
Se advierte claramente del tenor de la denuncia que la imputación se efectuó de modo categórico y asertivo, sin dubitaciones, omitiendo utilizar términos potenciales o expresiones o formulas usuales, tales como que “se investiguen los hechos a fines de verificar si constituyen un ilícito penal”. Se endilgó directamente la retención indebida dejando de lado (y soslayando) el conflicto contractual existente entre las partes, actuando como si efectivamente la suma retenida resultara exigible y líquida, no sujeta a cuestionamientos negociales, más allá de la procedencia o no del planteo de los Sres. Lappano. Por lo demás, concurre otro dato no menos importante: se ofreció como prueba técnica o contable la certificación de deuda la que si bien no resulta ineficaz, es marcadamente insuficiente (por ausencia de prueba de las operaciones técnicas que la sustentan) ya que las facturas acompañadas y los resúmenes de cuenta no fueron correlacionados ni vinculados causalmente con el crédito alegado.
Por lo demás, no pidió se practicara prueba pericial y pese a haberse presentado como particular damnificado consintió el archivo de la causa decretado a fs. 108 “por no haberse acreditado la existencia de los hechos denunciados”. Finalmente en este juicio civil, la pericia contable propuesta por la actora, como lo dije –y ahora lo reitero- no se pudo llevar a cabo porque la demandada manifestó que extravió la documentación, frustrando la producción, en este proceso, de la producción de prueba que pudiera acreditar la verdad de los hechos denunciados penalmente (arts. 384, 375 y art. 163 inc. 5º segundo párr. del C.P.C.C.). Siempre se cobijó en el argumento de que el dinero no pagado por los Lappano constituía una retención ilícita.
Al declarar escuetamente en sede penal (fs. 99) aseveró que el actor era deudor de la suma consignada en la certificación contable agregada a fs. 19, la que, como ya lo dije, no es coincidente. Todo lo expuesto, y su cotejo y emplazamiento en la compleja disputa sobre el cumplimiento recíproco de los deberes negociales, lo que antes expliqué, denota que el denunciante actuó con un “plus” de culpa, algo más que la imprudencia, impericia o negligencia, y que sin ingresar a la clasificación de las gradaciones de culpa, conforman el elemento subjetivo agravado exigido por el art 1090 CC (hoy art. 1771 CCCN). Por lo demás los testigos propuestos por el demandado en ambos expedientes no sabían nada de la posible existencia o no de crédito a favor de uno u otro, ya que su conocimiento se limitaba al procedimiento diario de retiro por Lappano de los ejemplares para su distribución, manifestando algunos incluso que sabían el porcentaje que percibía y la mecánica del procedimiento y operatoria.
Pero nadie -ni siquiera los empleados del sector administrativo del diario- estaban al tanto de la existencia de deuda (conf. causa penal testimonios de fs. 90/ 94 de Ricardo Isamael Merlo, Carlos Ariel Antonio Núñez, Mónica Graciela Lastra de Jaramillo, José Alberto Irigoin y Graciela Mabel Fernández, respectivamente; arts. 384 y 456 C.P.C.).
La plataforma fáctica explicitada permite tener por configurada la actuación lesiva del demandado afectando el honor de los actores porque no medió “presentación de los hechos” que habilitaran razonablemente el tenor de la imputación. Tiene dicho la Suprema Corte, con reenvío a la opinión de Salvat que “… puede, perfectamente ser absuelto el acusado y sin embargo, no haber incurrido el querellante o denunciante, en el delito de acusación calumniosa ni contraer responsabilidad civil, cuando la forma en que se presenten los hechos que dan margen a la querrella realmente autorizaban la opinión de la existencia del delito …”. En el voto unánime del Dr. de Lázzari se agregó que “la reparación de los perjuicios derivados de una denuncia sólo procede cuando quien la efectuó ha obrado con malicia, temeridad o, por lo menos, con ligereza culpable (conf.
Ac. 41.227, sent. del 21-XI-1989 en “Acuerdos y Sentencias”, 1989-IV-214; Ac. 46.241, sent. del 2-VI-1992 en “Acuerdos y Sentencias”, 1992-II-251; Ac. 48.447, sent. del 8- VI-1993 en “D.J.B.A.”, t. 146, pág. 18; Ac. 51.345, sent. del 23-VIII-1994 en “Acuerdos y Sentencias”, 1994-III-435; Ac. 59.900, sent. del 26-VIII-1997 en “Acuerdos y Sentencias”, 1997-IV-424; Ac. 77.047, sent. del 27-XII-2000)” (cf. S.C.B.A., Ac 83877, 03/12/2003, “Bincaz, José Luis c/ Municipalidad de Punta Indio y otro s/ Daños y Perjuicios”). En otro precedente la Corte local se refirió al mentado elemento subjetivo del modo siguiente: “la acusación calumniosa es una especie de calumnia con tratamiento particular en el art. 1090 del Código Civil.
Para su configuración se requiere la falsedad del acto denunciado y el dolo delictual, esto es que el denunciante haya obrado con conocimiento de tal falsedad y con intención de dañar (art. 1072, Código Civil) Mas ello no impide que el denunciante pueda ver comprometida su responsabilidad civil a título de culpa y con basamento en lo normado por el art. 1109 del Código Civil” (cf. S.C.B.A., C 100027, 07/03/2012, “B., G. M. c/ A., M. E. s/ Daños y Perjuicios”, Sumario Juba B30145). En un antecedente de este tribunal se sostuvo en sentido concordante que “bien puntualizan Pizarro y Vallespinos en torno a la materia en análisis, que para enervar la culpabilidad del denunciante en esta clase de situaciones, bastará con la presencia de antecedentes fácticos razonables que justifiquen el ejercicio de la facultad de denunciar y que conduzcan al denunciante a pensar que los hechos podrían constituir delitos” (cf. auts. cits., “Instituciones de derecho privado, obligaciones”, tomo 4, pág. 369; esta Sala, causa nº 59.249, 30/04/15, “Coz, Aurelio Antonio c/ Dorinzi, Alberto Oscar s/ Demanda interruptiva de prescripción por daños y perjuicios”, voto Dr.
Peralta Reyes). En suma: Rotonda procedió con precipitación al efectuar la denuncia en sede judicial concreta y asertiva careciendo de bases objetivas y sólidas y soslayando los conflictos anteriores entre los aquí litigantes; su estado de indefinición no le permitían razonablemente tener el convencimiento subjetivo que avalara la aseveración concluyente y terminante de que los Lappano lo habían estafado (arts. 108 y 1090 CCCN). Sobre el tema en otro lugar sostuve que “la acusación calumniosa estaba prevista en el art. 1090 del Código Civil, se corresponde con el art. 109 y siguientes del Código Penal, y consiste en la falsa imputación de un delito denunciado por querella o denuncia. La acusación calumniosa se configura cuando se formula ante la autoridad competente … El factor de atribución es la culpa agravada o el dolo, no bastando la culpa porque prevalece el interés social en la investigación y represión de los delitos criminales …”.
“Para que exista acusación calumniosa deben concurrir los siguientes presupuestos: a) la denuncia o querella por un delito ante la autoridad, b) la falsedad de la misma y c) la previsión de la conducta delictiva imputada entre las figuras del Código Penal” (cf. Sagarna, Fernando, “Responsabilidad civil directa y por el hecho de terceros”; Rivera, Julio (Dir) – Medina, Graciela (Coord.) Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación 2012, La Ley, Bs. As., 2012, p. 941). “El denunciante o querellante responde por la falsedad de la denuncia o querella siempre que se pruebe que no tenía razones para creer que el acusado estaba implicado en el hecho que le atribuía, por lo que se sanciona la acusación precipitada e imprudente, realizada con ligereza y negligencia “grave” o “dolosamente”, conforme la jurisprudencia” (cf.
Cám. Nac. Civil, Sala L, 06/05/10, Lanare de Fernández, Marta Aurora c. Limardo de Cozzo, Rosario y otro, RCyS 2010-XI, 182, CNCiv., sala A, 23/12/08 M., M. A. y otro c. G., N. N., LL, 2009-B, 252, , cit por Sagarna, Fernando, “Responsabilidad civil directa y por el hecho de terceros” op. cit.). La norma ampara el honor de la persona denunciada, aunque también se señala que se tutela el normal desenvolvimiento de las funciones de la justicia penal para investigar y esclarecer los delitos (Zavala de González, Matilde, “Tratado de Daños a las personas. Daños a la dignidade”, Tomo I, pág. 249, Ed. Astrea, Bs. As., 2011)” (cf. Galdós, Jorge Mario, en “Código Civil y Comercial de la Nación comentado.
Arts. 1769- 1771”, Dirigido por Ricardo L. Lorenzetti, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2012, págs. 634/648).
Concluyo acudiendo a lo argumentado en reciente pronunciamiento de esta Sala que decidió sobre la responsabilidad derivada de acusaciones o denuncias calumniosas o imprudentes (esta Sala, causas n° 50.175 del 19/12/06, S., A.A. c/A., N.M. s/ daños y perjuicios; n° 59.249 del 30/4/2015, “C., A. A. c/ D., A. O. s/ Demanda interruptiva de prescripción por daños y perjuicios”, ambas con voto del Dr. Víctor Peralta Reyes; N° 57.721, sent. 09/5/2017, L., D.D. c/ T., V. G. y ots. s/ daños y perjuicios”, con voto de la Dra. Longobardi). En esta última se dijo que” en el ámbito en que estamos incursionando aparece la figura prevista en el art. 1090 del Código Civil, que corresponde a la acusación calumniosa, para cuya configuración se requiere la imputación de un delito de acción pública (con formulación de la pertinente denuncia ante la autoridad competente), y la falsedad del acto denunciado con conocimiento de esa falsedad por parte del denunciante, esto es el dolo delictual.
Pero ello no impide la posibilidad de que también surja la responsabilidad del denunciante en base a su culpa y en los términos generales del art. 1109 del Código Civil, como cuasidelito. En este último caso la figura se llama simplemente acusación o denuncia culposa (Vázquez Ferreyra, en Código Civil de Bueres-Highton, tomo 3 A, pág. 282; Kemelmajer de Carlucci en Código Civil de Belluscio-Zannoni, tomo 5, págs. 258 y 259; Bustamante Alsina, La acusación calumniosa y el hecho culposo "in genere" como fuentes diversas de responsabilidad civil, L.L. 1994-E-37; Parellada, Responsabilidad emergente de la denuncia calumniosa o negligente, J.A. 1979-III-693 y 694). Aprehendiendo las hipótesis antedichas, ha sostenido la Corte Federal que … resulta indispensable que a su autor pueda imputársele dolo o culpa en su accionar (art. 1067 del Código Civil) (cf.
C.S.J.N., "Fallos" 319:2824, in re "Asociación Mutual Latinoamericana", sent. del 3-XII-1996). En este sentido también se ha expresado la Suprema Corte de Justicia Provincial, al decir que la reparación de los perjuicios derivados de una denuncia sólo procede –ahora lo reitero- cuando el denunciante ha obrado con malicia, temeridad, o por lo menos con ligereza culpable” (cf. Ac.83.877, sent. de 2-XII-2003; Ac.87.049, sent. de 8-IX-2004; Ac.94.416, sent. de 23-8-06; esta Sala, causas n° 50.175, “Staheli” y n° 59.249 del 30-4-15, “C., A. A…”, N° 57.721, cits. y nº 61.436, 23/10/18, “Leal, Manuel c/ Yunes, José Miguel y Otro s/ Cobro de Pesos por Depósito”, voto Dra. Longobardi).
En conclusión: corresponde revocar la sentencia y condenar al resarcimiento por daño moral (arts. 1089 y 1090 CC).
III.- 1.- El daño reclamado por ambos demandantes es el extrapatrimonial o moral que, como se anticipó, se tiene por presumido por la propia afectación al derecho personalísimo del honor (art. 1078 CC y arts. 51, 1741 y concs. CCCN).
No pueden quedar dudas de los padecimientos y aflicciones experimentados por los actores a raíz de los sucesos relatados, siendo por demás contundente la prueba pericial aportada en autos sobre este aspecto de la litis con relación a Pablo Lappano. La Suprema Corte provincial ha desarrollado la tesis de que el daño moral es “todo cambio disvalioso disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra y como tal debe ser indemnizado” (S.C.B.A. L58812, 25/3/97, “Obregón”, D.J.B.A. 152, 274-284; L65757, 23/2/2000, “Villagrán”, D.J.B.A. 158, 85; L68063, 21/6/2000 “Montovio, Luis P. c/Ormas S.A.I.C.I. s/Indemnización Daños y Perjuicios”). Más explícitamente: “el daño moral constituye toda modificación disvaliosa del espíritu, es su alteración no subsumible sólo en el dolor, ya que puede consistir en profundas preocupaciones, estados de aguda irritación, que exceden lo que por el sentido amplio de dolor se entiende, afectando el equilibrio anímico de la persona sobre el cual los demás no pueden avanzar; de manera que todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra configura un daño moral” (S.C.B.A. Ac. L55728, 19/9/95, “Toledo”, A.y S. 1995 III,635; Ac.53110, 20/9/94, “Colman”, D.J.B.A. 147- 299, J.A. 1995-III-183, A.y S. 1994-III-737), (Esta Sala, causa n° 45.193, sent. del 25-2-03, "Santillán", causa n°47.417, del 28/10/04, “Escobar”, causa n° 54.862, del 23/10/11, “Miranda”). En virtud de las consideraciones antedichas, entiendo que ha quedado debidamente acreditada la magnitud del daño moral provocado a los actores, aunque en diferente medida y alcance” (cf. esta Sala, causa nº 59.249, 30/04/15, “Coz Aurelio Antonio c/ Dorinzi Alberto Oscar s/ Demanda interruptiva de prescripción por daños y perjuicios”, voto Dr. Peralta Reyes).
El daño moral atiende no sólo al dolor sino a todas las aflicciones, preocupaciones y pesares a los que el dinero puede compensar en cierta medida, reemplazando en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido" como medio de "obtener contentamientos, goces y distracciones para reestablecer el equilibrio de los bienes extrapatrimoniales. Consiste "no sólo en el dolor, padecimiento o sufrimiento espiritual del individuo", sino también en la privación de momentos de satisfacción y felicidad en la vida del damnificado -víctima o reclamante- y que en definitiva influyen negativamente en la calidad de vida de las personas" (cf. Cám. Civ. y Com. Azul, Sala II, 17/10/2017, “D., N. c/ Mugueta, Miguel Ángel s/ Daños y perjuicios”).
Tiene decidido este Tribunal en caso aplicable analógicamente para este supuesto que “la determinación del daño moral derivada de la afectación al honor se infiere a partir de la calidad objetiva de la ofensa. El reclamo de indemnización del daño moral no necesita prueba directa en casos de delitos contra el honor, ya que se infiere a partir de la calidad objetiva de la ofensa en correlación con las circunstancias particulares de la víctima”.Igualmente “cabe presumir o inferir el daño a la autoestima -el que debe presumirse en materia de injurias, sean dolosas o culposas-, pues por su índole, los agravios debieron herir los sentimientos del injuriado, no siendo necesario que se haya producido un descrédito objetivo, esto es, la repercusión negativa en la reputación ante los demás" (esta Sala, causa nº 63.187, 17/10/2017, “D., N. c/ Mugueta, Miguel Ángel s/ Daños y perjuicios”).
La negativa repercusión psicológica de la acusación penal en Pablo Lappano resulta acreditada con el informe del psicólogo Marcelo Iturralde (fs. 343/345), profesional que atendió al paciente, y fundamentalmente con la pericia psicológica de la licenciada María C. Etchemendi (fs. 645/646 y aclaraciones fs. 651; arts. 384 y 474 C.P.C.). Ambos coinciden en que, en la actualidad, Pablo Lappano no presenta patología psíquica y que el tratamiento psicoterapéutico permitió su favorable evolución. Sin embargo, y en lo que aquí interesa como sintomatología que revela la existencia de afecciones espirituales, la licenciada Etchemendi es clara en cuanto a que “los hechos mencionados en la demanda han conllevado a una vulnerabilidad respecto a la vida personal y de relación, sobre todo en lo que refiere a su dignidad y el respeto por su familia, afectándole los hechos no sólo en lo que a su bien nombre refiere si no más en todo en lo que refiere a su padre” (sic., fs. 645 vta.).
Añade que “se evidencia durante la evaluación indicadores congruentes con un cuadro de tipo depresivo que el actor haya atravesado a mediados del año 2005 tales como trastornos en el sueño, sentimientos inapropiados de culpa, angustia y ansiedad. La reversión de la sintomatología ha sido notable no presentando incapacidad actualmente” (sic., fs. 645 vta.), aclarando luego que “se toman como equivalentes los términos depresión y cuadro depresivo” (sic., fs. 651). También da cuenta de la existencia de que “se evidencian signos de ansiedad tanto en su desempeño laboral como vida de relación no llegando a ser enmarcados como signos fóbicos” (sic., fs. 646).
En ese contexto, y con relación a Pedro Salvador Lappano, el testigo Diego A. Avila contó que se encontró con Lappano padre y que lo vio muy mal, a”fligido, dolorido y afectado” por “el episodio” (según lo describe la pregunta del interrogatorio de fs. 583) vivido con Rotonda y de la formación de la causa, que “había viajado a Azul porque en Tandil se excusaron algunos jueces”, que se trataba de una muy buena persona, vinculada al gremio de los gráficos y que resultó afectado en su vida social (fs. 584/585 vta.). No ponderaré su manifestación de que por televisión se hizo referencia a una estafa porque en el comunicado transcripto más arriba en ningún momento se acusa a los actores de incurrir en delito (fs. 385), por lo que prescindiré parcialmente de sus dichos en tal sentido (arts. 384 y 456 C.P.C.). Jorge Baliño también se explaya sobre el malestar anímico y la alteración de la vida social de Pedro Salvador, luego detalla el episodio del “panfleto”, y también cuenta cómo la denuncia penal produjo en el actor que se sintiera “muy mal” (fs. 586/587). Carlos Ferraro y Luis Stupino declararon que “andaba mal anímicamente”, que “no volvió a ser el de antes”, estaba “muy bajoneado” y deprimido por el conflicto con Rotonda (cf. Stupino, fs. 589 y vta.). El restante testigo manifestó que durante un tiempo bastante largo lo vio “mal, muy mal”, que él lo llevó a Azul a hacer trámites y que “en realidad no el mismo hombre que conocí tiempo atrás. Andaba bastante cabizbajo, no tenía el mismo ánimo” (sic., fs. 588; arts. 384 y 456 C.P.C.). Los restantes deponentes también dan cuenta del estado emocional del co-actor. Destaco, porque ello es de relevancia, que no tendré en cuenta las referencias –comunes en muchos testigos- del “comentario del Sr. Rotonda en el noticiero de televisión” (sic., fs. 596, testigo Presa) porque ello no fue objeto de la pretensión específica de acusación calumniosa, no se denunció en la demanda que sólo alude al comunicado de Rotonda” (fs. 461) y –lo que es decisivo- no se acreditó ni su existencia ni contenido (arts. 375 y 384 C.P.C.).
En este punto destaco que la prueba testimonial es idónea para fortalecer la procedencia del reclamo resarcitorio porque evidencian las repercusiones extrapatrimoniales desfavorables para los actores, padre e hijo. Aún cuando ya retomo el aporte de los declarantes, señalo que aunque algunos de ellos hacen referencia a la difusión de la noticia del conflicto y de que los Señores Lappano se “quedaron con plata del demandado” ello resulta más que nada de inferencias surgidas a partir de sus dichos sobre el comunicado o panfleto más que de la acusación calumniosa en sí. Lo expuesto revela que ello no alcanza entitativamente para tener por configurado un supuesto fáctico de significación para acceder a la pretensión de la demanda de que disponga una retractación pública por parte de Rotonda.
En torno a la cuantía del daño moral en la jurisprudencia se registran valiosos antecedentes que a fines de ponderar la entidad y cuantía de la reparación tienen en cuenta parámetros objetivos como retributivos o sustitutivos de la aflicción causada y del interés conculcado. Por ejemplo, en el supuesto en el que una señora fue insultada públicamente, en un salón de baile (se la calificó a ella y a su hija de prostituta), se indemnizó el daño moral atendiendo a que con esa suma se podía gratificar "accediendo a una muy buena colección de grabaciones de tango" y también "para poder viajar un fin de semana en Buenos Aires, disfrutando de los mejores espectáculos tangueros" (Cám. Apel. Civ. y Com., Sala II, Bahía Blanca, 23/11/2006, "G.
S. c/ M. J. s/ Daños y Perjuicios", voto Dr. Viglizzo). La ponderación del daño moral como precio del consuelo (art. 1741 CCCN) registra un antecedente en Bahía Blanca cuando se indemnizó el daño moral padecido por el actor - casado y padre de dos hijos- quién en razón de un erróneo análisis de sangre sufrió durante tres años la zozobra de padecer SIDA. Para admitir la procedencia del daño moral se tuvo en cuenta que con esa cuantía se podría lograr una gratificación del espíritu, de intensidad similar al dolor padecido, concretando la compra de una casa "sencilla pero propia" (Cám. Apel. Civ. y Com., Sala II, Bahía Blanca, junio de 2006, "B. L. A c/ Municipalidad de Bahía Blanca", voto Dr. Viglizzo).
En la ponderación del daño moral como precio del consuelo se registra un caso muy singular: un padre fue privado de su libertad durante 22 días y enfrentó otros graves padecimientos por la falsa denuncia penal de su ex esposa que le atribuyó abuso sexual del hijo menor de ambos. Para fijar el daño moral se ponderaron factores externos que permitan "trocar el sufrimiento por alegría o placer y producir nuevamente la armonización perdida", considerando que con esa suma el padre podrá: gozar de unas vacaciones que son la máxima expresión de la libertad, el opuesto contradictorio al encierro; obtener una mejora estructural y/o de comodidades en su casa, generando un más confortable ámbito donde pueda disfrutar placenteramente con su hijo; adquirir algún objeto material que le reporte placer, que según los gustos podría ser un cambio de automóvil, una lancha, un equipo de audio, o audio-video de categoría, etc." (Cám.
Apel. Civ. y Com., Bahía Blanca, Sala II, 19/09/2006, "B .G. M. c/ A, M. E. s/ Daños y Perjuicios", voto Dr. Peralta Mariscal; Cám. Civ. y Com. Azul, Sala II, 17/10/2017, “D., N. c/ Mugueta, Miguel Ángel s/ Daños y perjuicios”).
Con esta base fáctica la suma de $ 140.000 para Pablo Osvaldo Lappano (a tenor del informe psicológico analizado) y la de $ 80.000 para Pedro Salvador Lappano resultan una indemnización que mitigará materialmente los dolores existenciales de los actores (arts. 1078 CC y art. 1741 CCCN) permitiéndoles acceder a bienes materiales que les proporcionen placeres o goces sustitutivos.
2. La fecha de mora debe ser fijada no con relación a la comunicación o “panfleto” de desvinculación de los actores con la empresa del demandado sino que debe computarse la de efectivo conocimiento por parte de los actores de la formulación de la acusación calumniosa, el 13 de Febrero de 2006, fecha de citación a sede penal a y a partir de la cual se presume sufrieron afectación a su honor (conf. causa cit.).
Por lo expuesto corresponde condenar al demandado a pagar a los actores en concepto de daño moral las sumas de $ 140.000 para Pablo Osvaldo Lappano y $ 80.000 para Pedro Salvador Lappano, sumas que son cuantificadas a la fecha y que desde la fecha de mora (el 13 de Febrero de 2006, fecha de citación a sede penal a los actores y a partir de la cual se presume conocieron la imputación calumniosa) siguiendo la doctrina legal de la Suprema Corte, devengarán los intereses fijados “cuando se fije un quantum indemnizatorio a valores actuales (como ocurre en el caso de marras), debe en principio aplicarse desde el hecho dañoso hasta la sentencia el denominado interés puro del 6%. De allí en adelante, debe aplicarse la tasa de interés que surge de la doctrina legal sentada en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. del 21/10/2009), y C. 119.176, "Cabrera" (sent. del 15/06/2016); es decir, la tasa pasiva digital en cuando tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días” (SCBA, causas C. 120.536, "Vera, Juan Carlos ...”, del 18/04/18 y C 121.134, "Nidera S.A. ...”, del 03/05/18).
En consecuencia, propicio aplicar desde la fecha de mora (13 de Febrero de 2006, fecha de citación a sede penal a los actores y a partir de la cual se presume conocieron la imputación calumniosa -hecho dañoso de autos-) hasta la del presente decisorio, intereses al 6% anual, devengándose de allí en más y hasta el efectivo pago intereses a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
3. Consecuentemente, propicio al Acuerdo revocar la sentencia apelada de fs. 772/778 vta.; hacer lugar a la demanda promovida por Pedro Salvador Lappano y Pablo Osvaldo Lappano contra Rogelio Adrián Rotonda y, en consecuencia, condenar a éste último a pagar a los actores en concepto de daño moral las sumas de $ 140.000 para Pablo Osvaldo Lappano y $ 80.000 para Pedro Salvador Lappano, sumas que son cuantificadas a la fecha y que devengarán intereses desde la fecha de mora (el 13 de Febrero de 2006) y hasta su efectivo pago, en la forma dispuesta anteriormente; imponer las costas de ambas instancias, en atención al resultado al que se arriba en este pronunciamiento, al accionado vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.); dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en la sentencia objeto de recurso y agravio a los letrados y peritos intervinientes y diferir la retribución por la labor desplegada en esta Instancia para su oportunidad (arts. 51 del Dec./Ley 8904/77 y 31 de la Ley 14.967). Así lo voto.
A la misma cuestión los Señores Jueces Dres. Longobardi y Peralta Reyes, votaron en igual sentido, por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Dr. Galdós, dijo:
Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del CPCC, se resuelve: 1) revocar la sentencia apelada de fs. 772/778 vta.; 2) hacer lugar a la demanda promovida por Pedro Salvador Lappano y Pablo Osvaldo Lappano contra Rogelio Adrián Rotonda y, en consecuencia, condenar a éste último a pagar a los actores en concepto de daño moral las sumas de $ 140.000 para Pablo Osvaldo Lappano y $ 80.000 para Pedro Salvador Lappano, sumas que son cuantificadas a la fecha y que devengarán intereses desde la fecha de mora (el 13 de Febrero de 2006, fecha de citación a sede penal a los actores y a partir de la cual se presume conocieron la imputación calumniosa) en la forma dispuesta en la Primera Cuestión; 3) imponer las costas de ambas instancias, en atención al resultado al que se arriba en este pronunciamiento, al accionado vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.); 4) dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en la sentencia objeto de recurso y agravio a los letrados y peritos intervinientes; y 5) diferir la retribución por la labor desplegada en esta Instancia para su oportunidad (arts. 51 del Dec./Ley 8904/77 y 31 de la Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión los Señores Jueces Dres. Longobardi y Peralta Reyes, votaron en igual sentido, por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, de Febrero de 2019.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) revocar la sentencia apelada de fs. 772/778 vta.; 2) hacer lugar a la demanda promovida por Pedro Salvador Lappano y Pablo Osvaldo Lappano contra Rogelio Adrián Rotonda y, en consecuencia, condenar a éste último a pagar a los actores en concepto de daño moral las sumas de $ 140.000 para Pablo Osvaldo Lappano y $ 80.000 para Pedro Salvador Lappano, sumas que son cuantificadas a la fecha y que devengarán intereses desde la fecha de mora (el 13 de Febrero de 2006, fecha de citación a sede penal a los actores y a partir de la cual se presume conocieron la imputación calumniosa) en la forma dispuesta en la Primera Cuestión; 3) imponer las costas de ambas instancias, en atención al resultado al que se arriba en este pronunciamiento, al accionado vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.); 4) dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en la sentencia objeto de recurso y agravio a los letrados y peritos intervinientes; y 5) diferir la retribución por la labor desplegada en esta Instancia para su oportunidad (arts. 51 del Dec./Ley 8904/77 y 31 de la Ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE.
MARIA INES LONGABARDI PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II VICTOR MARIO PERALTA REYES JORGE MARIO GALDOS JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II ANTE MÍ CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia