Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa SI-122726
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1∞.- Revocar la sentencia, y en consecuencia condenar a la Provincia de Buenos Aires a pagar a la actora la suma de $ 126.800.000, con m·s intereses al 6 por ciento anual desde el 26/08/13 hasta el dÌa la fecha, y a partir de este momento hasta el efectivo pago a la tasa fijada por la reglamentaciÛn del BCRA (art. 768 inc. c C.C.C.), en el plazo establecido en el art. 70 de la ley de presupuesto de la provincia (ley 15.394 y modificatorias).
2∞.- Imponer las costas de ambas instancias a la demandada en su calidad de vencida.
3∞.- Remitir copia certificada de la presente sentencia al Fiscal General Departamental a los fines seÒalados en el considerando VI) de la primera cuestiÛn tratada.
Expte: SI-122726 Juzgado de origen: Juzg Civ y Com N∞ 2 Dptal.
Juicio: LARROZA PATRICIA MIRIAM C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ DA—OS Y PERJ. RESP. ESTADO (DEL/CUAS.EXC.AUTOM.)
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en la fecha de la firma digital (Ac. 3971 de la Excma. SCBA) se re˙nen en Acuerdo telem·tico continuo los seÒores Jueces de la Sala I de la C·mara de ApelaciÛn en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y GABRIELA ANDREA ROSSELLO, (designada por decreto del Poder Ejecutivo Provincial nro. 1709 del 29/07/25 y Ac. extraordinario de esta C·mara del 19/09/25), con la intervenciÛn del Funcionario Letrado actuante, para dictar sentencia en el Expte. N∫ SI- 122726 , en los autos: “LARROZA PATRICIA MIRIAM C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ DA—OS Y PERJ. RESP.
ESTADO (DEL/CUAS.EXC.AUTOM.)”.
La C·mara resolviÛ votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la ConstituciÛn Provincial y 266 del C.P.C.C..
1∞.- øEs justa la sentencia apelada en cuanto rechaza la demanda?
2∞.- En su caso, øquÈ indemnizaciÛn corresponde reconocer?
3∞.- øQuÈ pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votaciÛn: Dres. Emilio Armando IbarlucÌa y Gabriela Andrea Rossello.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el seÒor juez Dr. Emilio A. Ibarlucia dijo:
I. RecepciÛn de la causa y actuaciones cumplidas.
La sentencia de fecha 26/11/24 es apelada por la actora, quien expresa agravios el 11/04/25, los que son contestados por el representante de la FiscalÌa de Estado, quien contesta el 7/05/25.
Con fecha 4/2/26 esta Sala como medidas para mejor proveer requiriÛ: a) a la UFI n∞ 3 de Moreno-Gral.RodrÌguez la IPP 09-02-8710-13, y b) al Juzgado de GarantÌas n∞ 3 de igual Dep. Judicial la causa n° 1049 (ambas caratuladas “Vázquez, Matías y otra s. Homicidio agravado”) y las actuaciones complementarias. El 6/03/26 se ordenaron oficios reiteratorios.
El 13/03/26 se recibe la UFI n∞ 3 de Moreno- Gral. RodrÌguez la IPP digitalizada en PDF.
El 26/03/26 se amplÌa la medida para mejor proveer, pidiendo: a) a la UFI indicada que exprese si existe una carpeta complementaria con respecto al testigo de identidad reservada mencionado a fs. 90 de la IPP, y b) al Juzgado de GarantÌas reiterando la remisión de la causa n° 1049 en “expediente físico” y las actuaciones complementarias respecto del testigo de identidad reservada indicado. El 27/03/26 la titular de la UFI n∞ 3 de Moreno- GR contesta que el testimonio del testigo de identidad reservada fue enviado oportunamente (el 3/03/15) al titular de la FiscalÌa de Juicio Dr. Eduardo Lennard, quien lo acompaÒara al Tribunal Oral Criminal Oral n∞ 4 Departamental.
El 1/04/26 por SecretarÌa se informa que el testimonio de identidad reservada se encuentra en el T.O.C. n∞ 4 Departamental como “efecto 391”, por lo que se ordena oficio pidiendo la remisiÛn. El 9/04/26 se recibe el testimonio de identidad reservada en sobre cerrado (ver inf. de actuaria).
El 16/04/26, ampliando las medidas para mejor proveer, se solicita a la UFI n∞ 3 de Moreno-Gral. RodrÌguez el envío de la IPP arriba mencionada en expediente “físico”, el que se recibe el 21/05/26.
Siendo que la causa n∞ 1049 del Juzgado de GarantÌas n∞ 3 de Moreno-GR es el comienzo de la causa 1564/00, “Vázquez, Matías Lucas s. Homicidio agravoado” y Larroza, Patricia Miriam s. robo agravado” del T.O.C. n° 4 Departamental, elevada a esta C·mara oportunamente, los autos se hallan en condiciones de ser fallados.
II. Antecedentes.
1. Por medio de apoderado, la sra. Patricia Miriam Larroza promoviÛ demanda contra la Provincia de Buenos Aires por indemnizaciÛn de los daÒos sufridos con motivo de la privaciÛn de libertad durante dos aÒos y dos meses, siendo finalmente absuelta de culpa y cargo por el Tribunal Oral en lo Criminal N∞ 4 Departamental que la juzgÛ.
Dijo que a raÌz de un homicidio ocurrido el 5/07/13 en Moreno se instruyÛ la IPP en la que fue detenida, procesada y elevada a juicio oral. En esta ˙ltima etapa el fiscal desistiÛ de la acusaciÛn y el Tribunal Oral la absolviÛ, disponiendo su inmediata libertad el 30/09/15.
ExpresÛ que era persona trabajadora, buena madre de familia y tuvo que soportar la detenciÛn injusta, sufriendo vej·menes y trato inhumano, que con el tiempo su familia se fue desgranando hasta perderla, como tambiÈn su humilde casa y la pÈrdida del trabajo; Dijo que sufriÛ el descrÈdito familiar y social, no pudiendo recuperar su familia, que se componÌa de un hijo discapacitado. ImputÛ a los Ûrganos judiciales negligencia y falta de adecuada aplicaciÛn del derecho.
PidiÛ reparaciÛn por lucro cesante, gastos documentados y no documentados, daÒo moral y daÒo psicolÛgico.
2. El juicio fue radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo de Mercedes, y su titular, de oficio, se declarÛ incompetente con fundamento en jurisprudencia de la SCBA en cuanto a que los tribunales de ese fueron no debÌan entender cuando se cuestionaba la actividad jurisdiccional del Poder Judicial, y lo remitiÛ a la ReceptorÌa General de Expedientes para que se sorteara el Juzgado respectivo del fuero civil y comercial (fs. 24/25)
2. Radicados los autos en el Juzgado Civil y Comercial n∞ 2 Departamental, se corriÛ traslado de la demanda. La FiscalÌa de Estado no opuso excepciÛn de incompetencia, y contestÛ la demanda, pidiendo su rechazo, con costas (fs. 34/39).
NegÛ los hechos expuestos y sostuvo que, por aplicaciÛn del art. 1764 del C.C.C. no podÌa hacerse responsable a la provincia dado que no habÌa habido irregular cumplimiento de obligaciones legales por parte de los funcionarios judiciales que intervinieron en la causa.
Dijo que la actora y MatÌas V·zquez (marido de su hija) fueron detenidos por considerarse que existÌan motivos suficientes para encontrarlos involucrados en el hecho en que resultÛ muerto su entonces pareja, Fabi·n MartÌnez. Por ello el juez de GarantÌas le dictÛ la prisiÛn preventiva el 1/10/2013 y su defensor solicitÛ la morigeraciÛn de la medida, lo que fue denegado. El 30/09/2015 se realizÛ el debate del juicio oral y el fiscal desistiÛ de la acusaciÛn por entender que no llegaba al grado de certeza necesario para imputarle participaciÛn en el hecho, razÛn por la cual se decretÛ su absoluciÛn y su inmediata libertad.
CitÛ jurisprudencia en cuanto a que los actos emanados del Poder Judicial debÌan ser soportados por los particulares si no habÌan sido producto de la irregular prestaciÛn del servicio, pues eran el costo inevitable de la adecuada administraciÛn de justicia. Dijo que la actora no fue privada ilegalmente de su libertad sino que la cautelar que se le decretara fue el resultado del cumplimiento por el Poder Judicial del mandato constitucional.
Con cita de un fallo de la CSJN dijo que la absoluciÛn del procesado no implicaba autom·ticamente el derecho a ser indemnizado sino sÛlo cuando el auto de prisiÛn preventiva se revelara como incuestionablemente infundado, lo que no acontecÌa en el caso.
Sostuvo que el accionante tenÌa la carga de la prueba de demostrar que el servicio de justicia se habÌa prestado en forma irregular, deficiente y defectuosa, con causa adecuada del daÒo. SolicitÛ el rechazo de los rubros indemnizatorios reclamados.
III. Sentencia.
Producida la prueba, se dictÛ sentencia rechaz·ndose la demanda, con costas.
Para asÌ decidir, el juez, luego de decir que era aplicable el cÛdigo de VÈlez Sarsfield en virtud de la fecha del hecho generador de la causa, dijo que cuando habÌa habido error judicial, se exigÌa que el acto originante del daÒo hubiera sido declarado nulo y dejado sin efecto, puesto que mientras ello no ocurriera el acto gozaba de legitimidad e impedÌa juzgar la presencia de error.
Sostuvo el magistrado que la responsabilidad lÌcita del Estado era excepcional dado que por un principio de justicia general o legal, los administrados tenÌan el deber de someterse a los procesos jurisdiccionales y soportar las cargas consiguientes sin derecho a indemnizaciÛn, especialmente si obedecÌan a razones atendibles.
En tal orden de ideas dijo que la prisiÛn preventiva del 1/10/13 fue confirmada por la C·mara de Apelaciones y GarantÌas el 20/01/14, y luego el pedido de morigeraciÛn fue desestimado el 4/02/14, resoluciÛn tambiÈn confirmada por la C·mara el 5/12/14.
ArgumentÛ que el desistimiento del fiscal fue luego de recibirse la causa a prueba, habida cuenta del grado de certeza que era necesario, y manifestando el tribunal "sin perjuicio de las sospechas que pudiera haber”.
ConcluyÛ el juez que los distintos actos jurisdiccionales no habÌan sido declarados nulos y ostentaban car·cter de verdad legal, por lo que no se evidenciaba que se hubiera incurrido en falta de servicio generadora de responsabilidad del Estado en los tÈrminos del art. 1112 del C.C. ni que el tiempo consumido hubiera sido irrazonable de conformidad con las particularidades de la causa. RecordÛ que, seg˙n la doctrina de la Corte Nacional, la absoluciÛn del imputado no implicaba autom·ticamente derecho a la indemnizaciÛn por la privaciÛn de libertad.
IV. Agravios.
1. La actora alega que luego de dos aÒos y medio de detenciÛn, el fiscal dijo que no podÌa acusarla por orfandad probatoria.
Expresa que en la causa penal existieron anormalidades, que no fueron resultado de la actuaciÛn de la actora, y que la sentencia infringe el principio de congruencia.
2. La demandada, al contestar, defiende la sentencia y manifiesta que el apelante no desvirt˙a que el tiempo de la prisiÛn preventiva fuera irrazonable de conformidad con las particularidades de la causa.
V. SoluciÛn del caso.
1. La doctrina de la Corte Nacional sobre responsabilidad del Estado por la detenciÛn preventiva del imputado que resulta absuelto en la sentencia definitiva.
Lo resuelto en la sentencia apelada se ajusta, en principio, a lo que es la regla general de la doctrina de la Corte Suprema Nacional en materia de responsabilidad del Estado por actividad lÌcita del Poder Judicial, pero no tiene en cuenta que el m·ximo tribunal ha sentado dos excepciones, que califica como actividad irregular o ilÌcita: a) el exceso de la prisiÛn preventiva fuera del plazo razonable; y b) la arbitrariedad manifiesta del auto del procesamiento o del mantenimiento del mismo. Estas dos excepciones – adelanto – se dan en el caso de autos por las razones que a continuaciÛn expongo. Comienzo por recordar los conceptos que vertí al fallar en las causa n° 115.890, “Gómez c. Provincia de Buenos Aires s/ Daños” (sent. del 29/12/16) y en la causa n° 122.462, “Sucesores de Mínguez c. Fiscalía de Estado s/ daños” (sentencia del 23/12/25, pub. en MJ-JU-M-159163-AR|MJJ159163|MJJ159163), que a continuaciÛn reitero.
La Corte Suprema Nacional en 1991 expresÛ en la causa “Cejas” (Fallos: 314:1668) que: “atento a la raigambre constitucional de la prisiÛn preventiva, la sola circunstancia de haber sido absuelto en la causa no basta para responsabilizar al Estado por los daños sufridos por el procesado durante el término de la detención”. Concordantemente, tres aÒos antes la Corte en el fallo “Vignone” de 1988 (Fallos: 311:1007) había dicho que no podÌa responsabilizarse al Estado si el acto judicial no habÌa sido declarado ilegÌtimo. Esta doctrina fue reiterada por el m·ximo tribunal nacional en el fallo “Balda” de 1995 (Fallos: 318: 1990), y luego en el fallo “Iacovone” de 2010 (Fallos: 333:2355) donde adhiriÛ al dictamen del Procurador General en cuanto a que “para que proceda la responsabilidad del Estado por error judicial, el acto jurisdiccional que originÛ el daÒo debe previamente ser declarado ilegÌtimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el car·cter de verdad legal que ostenta la sentencia impide juzgar que haya error, toda vez que, de lo contrario, la acciÛn de daÒos y perjuicios constituirÌa un recurso contra el pronunciamiento firme, no previsto en la ley” (con cita de Fallos: 311:1007 y 328:3797). La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha seguido invariablemente tal doctrina de la Corte Nacional (A 70.729 del 2/05/13, Ac. 76.041 del 23/04/03, Ac. 79.211 del 16/07/03; C 105.561 del 17/03/10; C 102.594 del 22/12/10; C 98.844 del 29/06/11; C 95.635 del 18/04/12; C 103.663 del 22/05/13; C 109.036 del 3/04/14). Concretamente, dijo el Dr. Hitters en este ˙ltimo fallo, recordando sus votos en casos anteriores, que los actos judiciales eran ajenos a la responsabilidad del Estado por actividad lÌcita (en minorÌa el Dr. Negri sostuvo lo contrario).
En definitiva, tanto la Corte Nacional como la Suprema Corte provincial excluyen la aplicaciÛn de la doctrina de la responsabilidad del Estado por actos lÌcitos a los dictados por Ûrganos del Poder Judicial en ejercicio de su actividad jurisdiccional. Tiene dicho esta Sala que la doctrina de la casaciÛn provincial debe ser seguida cuando es consolidada (causas n∞ 109.171, “Riquelme c. Mollo” del 7/04/05; 110.363 del 12/09/06; 112.391 y 112.396 del 18/06/09; 112.404 del 15/10/09; 113.072 del 16/09/19; 114.997 del 11/11/14, entre otras). Igual tesis ha sostenido en relaciÛn a la doctrina constitucional de la Corte Nacional cuando se trata de cuestiones federales o constitucionales (causas n∞ 109.171 del 7/04/05, 107.441 del 10/07/07; en igual sentido: voto del Dr. Hitters en el tema que nos ocupa en causa C. 109.036 ya citada,“Resumil c. Prov. de Bs. As.”).
Por consiguiente, como dije en mis votos en las causas arriba citadas, lo primero que debe decirse es que, cualquiera que sea la posiciÛn personal que desde el punto de vista doctrinario o acadÈmico los jueces podamos tener sobre el tema analizado, no cabe otra soluciÛn que la no admisiÛn de la responsabilidad del Estado provincial por el daÒo causado por la actividad lÌcita de Poder Judicial Vale aclarar que cuando la Corte Nacional habla del “pronunciamiento firme” se refiere al auto de prisión preventiva, que quedÛ firme durante el proceso, y no, obviamente, a la sentencia definitiva ulterior. Es asÌ que cuando ambos m·ximos tribunales dicen que sÛlo se puede responsabilizar al Estado si el auto de prisiÛn preventiva fue declarado ilegÌtimo se refiere a que asÌ haya sido en las instancias recursivas del proceso pertinente. Es decir, por la C·mara de Apelaciones en lo Penal, por el Tribunal de CasaciÛn, o, en casos excepcionales, por la Suprema Corte provincial o la Corte Nacional. Se trata del supuesto en que el tribunal superior declara la nulidad del auto de procesamiento por alg˙n vicio formal o sustancial del mismo. No se refiere, en principio, a la declaraciÛn de invalidez dispuesta por un tribunal ajeno al proceso penal. Es que si no fuera asÌ, un tribunal civil o contencioso administrativo, fuera del ·mbito de su competencia material, se erigirÌa en tribunal de revisiÛn de actos procesales firmes dictados en el fuero penal y confirmados por los tribunales superiores.
La doctrina de la Corte Nacional sobre responsabilidad del Estado se tradujo en la ley 26.944 sancionada en 2014. El art. 11 de esta ley invitÛ a las provincias a adherir (la responsabilidad del Estado es un tema de derecho administrativo y por ende de competencia reservada por las provincias, art. 121 C.N.) y la Provincia de Buenos Aires hasta el momento no lo ha hecho. No obstante, entiendo que no hay motivos para no aplicarla por analogÌa (art. 2 C.C.C.).
Esta ley distingue la responsabilidad por actividad lÌcita de la correspondiente a la actividad ilÌcita. Para lo primero impone que se den requisitos muy concretos (art. 4), y, adem·s de decir que es de carácter excepcional, expresamente prescribe que “los daÒos causados por la actividad judicial legÌtima del Estado no generan derecho a indemnizaciÛn” (art. 5). Es decir, en esta materia – reitero – adopta la doctrina de la Corte Nacional.
En cuanto a la responsabilidad por actividad irregular o ilegÌtima del Estado, la ley 26.944 la contempla en el art. 3, que, entre los requisitos, prevÈ la falta de servicio por la actuaciÛn u omisiÛn irregular del Estado.
La doctrina de la Corte en cuanto a que no puede hacerse responsable al Estado si el acto jurisdiccional (la prisiÛn preventiva) no fue declarado ilegÌtimo lleva a preguntarse si puede haber actuaciÛn u omisiÛn irregular del Poder Judicial sin que haya mediado una declaraciÛn de ese tipo, que, como vimos, debe haber sido efectuada en la misma causa penal por un tribunal superior.
Antes de avanzar en el tema es preciso descartar, como dije en la causa n∞ 115.890 de esta Sala arriba citada, que esa actuaciÛn no se refiera al error judicial, como equÌvocamente a veces se dice. Ello asÌ porque esta expresiÛn lleva a confusiÛn, dado que siempre que un tribunal de apelaciÛn revoca una resoluciÛn o una sentencia de un tribunal inferior lo hace porque entiende que se ha incurrido en un error (en la interpretaciÛn o aplicaciÛn del derecho, en la evaluaciÛn de las pruebas de la causa, etc.), pero ello no implica de manera alguna responsabilidad del Estado si alg˙n daÒo causÛ el pronunciamiento revocado (independientemente de la responsabilidad del que pidiÛ una medida cautelar en los casos contemplados por el art. 207 del C.P.C.C.). Por el contrario, cuando se ha dictado una medida calificable como actuaciÛn u omisiÛn irregular, m·s que de error, debe hablarse de actividad ilÌcita o, si se quiere, de actividad irregular del Poder Judicial, encuadrable en el vasto campo de la antijuridicidad material (recogida en el art. 1717 del CÛdigo Civil y Comercial). La posibilidad de que los jueces incurran en errores est· Ìnsita en la misma tarea judicial, por lo que el ordenamiento procesal contempla instancias ordinarias de apelaciÛn y a˙n extraordinarias. Pero ello encuadra dentro de la actividad lÌcita del Estado-Juez, que, como hemos visto, tanto la Corte Nacional como la provincial niegan que genere responsabilidad por eventuales daÒos que pudiera causar.
Despejado ese tema, pueden existir tres supuestos de actividad irregular o ilegÌtima del Poder Judicial que generen derecho a indemnizaciÛn por la detenciÛn preventiva del que finalmente es absuelto: a) la prisiÛn preventiva o la sentencia condenatoria (no firme) dictada sobre la base de prueba obtenida ilegÌtimamente; b) la dilaciÛn indebida de los procedimientos fuera del plazo razonable; c) la arbitrariedad manifiesta del auto de procesamiento o del mantenimiento de la misma. TratarÈ por separado los tres supuestos.
2. Los supuestos de actividad irregular del Poder Judicial aplicados al caso de autos.
2.1. El primer supuesto reciÈn indicado no ofrece duda alguna, porque es obvio que si una prueba esencial fue obtenida ilegalmente genera responsabilidad del Estado.
2.2. El segundo supuesto se da en el caso de autos. En efecto, el art. 7.5 de la ConvenciÛn Americana de Derechos Humanos establece que toda persona detenida tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesto en libertad, sin perjuicio de que contin˙e el proceso, y agrega que la libertad puede ser condicionada a garantÌas que aseguren su comparecencia a juicio. Luego de elevarse a jerarquÌa constitucional la ConvenciÛn por la reforma de 1994, el Congreso Nacional dictÛ la ley 24.390 (promulgada el 21/11/94) reglamentando el artÌculo mencionado (conf. art.10), que en 2001 se modificÛ por la ley 25.430 (BO del 1/06/01). La misma prescribe que la prisiÛn preventiva no puede exceder el plazo de dos aÒos sin que se haya dictado sentencia. No obstante – aÒade -, cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo indicado, Èste podr· prorrogarse por un aÒo m·s por resoluciÛn fundada, que deber· comunicarse de inmediato al tribunal superior que corresponda para su debido contralor (art. 1). A continuaciÛn establece que esos plazos no se deben computar cuando se cumplieren despuÈs de haberse dictado sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme (art. 2).
La provincia de Buenos Aires hasta el momento no ha dictado una ley equivalente (aunque alguna doctrina ha considerado que, siendo la ley 24.390 reglamentaria del art. 7.5 de la CADH es de aplicaciÛn en todo el paÌs (Postma, Hern·n Fernando, “Algunas cuestiones sobre la interpretación de la ley 24.390”, Mayo de 1998, Tomo ZEUS Nro. 77, p·g. 153, ZEUS Editora S.R.L., Id SAIJ: DASN990041). El CÛdigo Procesal Penal de la provincia (ley 11.992) prescribe en el art. 1 que toda persona sometida a proceso tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas. Y el art. 169 establece que si el juez o tribunal considerase que la prisiÛn preventiva excede el plazo razonable a que se refiere el artÌculo 7 inciso 5∞ de la C.A.D.H. en los tÈrminos de su vigencia, teniendo en cuenta la gravedad del delito, la pena probable y la complejidad del proceso, puede disponer la excarcelaciÛn.
Es decir, el cÛdigo no fija un plazo determinado (prorrogable por otro plazo), sino que deja librada la razonabilidad de la duraciÛn de la prisiÛn preventiva al criterio de los jueces que deben tener en cuenta las pautas que menciona.
Los jueces y tribunales de la provincia han seguido criterios variados y por lo tanto las soluciones han dependido de cada caso. Ello generÛ que se solicitara al Tribunal de CasaciÛn que estableciera concretamente cu·l debÌa ser el plazo. El Tribunal se pronunció en el expediente nº 5627, caratulado “Fiscales ante el Tribunal de Casación solicitan convocatoria a Acuerdo Plenario”, el 30/11/06. Por mayoría se pronunció de la siguiente manera: “No es posible fijar judicialmente en abstracto un tÈrmino para el plazo m·ximo razonable de duraciÛn de la prisiÛn preventiva, siendo de incumbencia de los jueces su determinaciÛn en cada caso particular. En tal determinaciÛn corresponde tener en cuenta que, cuando no medie complejidad en las causas, la prisiÛn preventiva no puede durar m·s de dos aÒos hasta la sentencia no firme del juicio oral, sin computarse en dicho tÈrmino el tiempo insumido por el diligenciamiento de prueba fuera de la jurisdicciÛn, los incidentes, los recursos, o mientras el Tribunal no estÈ integrado. Que cuando se verifiquen supuestos de suma complejidad del proceso derivados de la pluralidad de imputados, las circunstancias del hecho y el concurso de delitos se deber· estar a las previsiones del “plazo razonable” puntualizado en el artículo 2° del C.P.P., sujeto a la apreciaciÛn judicial en cada caso. Ese plazo razonable ser· el criterio para establecer la legitimidad del encarcelamiento en su extensiÛn temporal en la etapa recursiva, tom·ndose en cuenta las recomendaciones de los Organismos Internacionales referidas a: la complejidad del caso; la actividad procesal de las partes; la conducta de las autoridades judiciales en cuanto hayan implicado dilaciones indebidas y la proporcionalidad con la pena”.
En la misma lÌnea, la ProcuraciÛn General ante la S.C.B:A. en el dictamen P. 104.283 del 19/05/2010; dijo que como no habÌa un lÌmite temporal exacto de la prisiÛn preventiva (art. 169 inc. 11 del CPP), los jueces debÌan evaluarlo y decidirlo en cada caso en concreto.
Ambos pronunciamientos son anteriores al tiempo en que la actora en autos sufriÛ la prisiÛn preventiva (del 26/08/13 al 30/09/15)
Llevadas las pautas plasmadas en el plenario del Tribunal de CasaciÛn al caso que nos ocupa, tenemos que no existÌa complejidad de la causa. Se trataba de dos imputados por un solo hecho (aunque encuadrable en m·s de una figura delictiva) Las pruebas que dieron lugar al procesamiento se habÌan recabado apenas comenzada la instrucciÛn, y la confirmaciÛn de la prisiÛn preventiva por la C·mara Penal fue a los cinco meses de la detenciÛn (20/01/14), la fiscal dispuso la prÛrroga de la instrucciÛn hasta el 7/05/14 (fs. 336 de la IPP), y la audiencia del juicio oral reciÈn se hizo un aÒo y cinco meses despuÈs, fecha en que se ordenÛ la libertad de los imputados (el 30/09/15, fs. 290/94 de la causa del T.O.C. n∞ 4 de Mercedes)
Por entonces, la Corte Nacional en la causa “Rosa, Carlos” fallada en 1999 (Fallos: 322:2683) habÌa dicho que la detenciÛn del imputado durante los dos primeros aÒos habÌa sido en ejercicio regular de la administraciÛn de justicia, pero que, cuando pasado ese lapso, se le denegÛ por segunda vez la excarcelaciÛn, se habÌa incurrido en ejercicio irregular de justicia, y por lo tanto el encausado era acreedor a una indemnizaciÛn por el tiempo transcurrido en exceso con prisiÛn preventiva.
Tampoco surge de la causa que a los dos aÒos de la detenciÛn preventiva se hubiera dictado una resoluciÛn fundando expresamente su prÛrroga, como contempla la ley 24.390, de indudable aplicaciÛn analÛgica (aÒos despuÈs, en 2008, la C.I.D.H. en el caso “Bayarri vs. Argentina” dijo que si el país había reglamentado el art. 7.5. de la CADH era imperativo para los jueces cumplir los plazos en ella previstos, como ya habÌan dicho los jueces Petracchi y Bossert en el caso “Rosa, Carlos”).
En consecuencia, no cabe duda que a partir de los dos aÒos de cumplida la detenciÛn preventiva (el 26/08/13), la actora debe ser reparada por ejercicio irregular o ilegÌtimo de la actividad del Poder Judicial por el tiempo transcurrido hasta que se ordenÛ su libertad (30/09/15). O sea, por el exceso de 35 dÌas de detenciÛn preventiva.
2.3. Sentado lo anterior, entiendo, adem·s, que en autos se da el tercer supuesto que he seÒalado por el que corresponde indemnizar al procesado privado de la liberad que resulta finalmente absuelto.
.En efecto, la Corte Nacional ha dejado sentadas excepciones a la doctrina de la irresponsabilidad del Estado por actos judiciales no declarados inv·lidos. Me refiero a lo seÒalado por el máximo tribunal en la causa “Cura” de 2004 (Fallos: 327:1738) (que recogiera la salvedad hecha por los jueces Fayt, Belluscio y Petracchi el fallo “Balda” de 1995 – Fallos: 318:1990 - y por los ministros Boggiano y López en la causa “López, Juan” de 1998 – Fallos: 321:1712): “La indemnizaciÛn por la privaciÛn de la libertad durante el proceso no debe ser reconocida autom·ticamente a consecuencia de la absoluciÛn sino sÛlo cuando el auto de prisiÛn preventiva se revele como incuestionablemente infundado o arbitrario, mas no cuando elementos objetivos hayan llevado a los juzgadores al convencimiento - relativo, dada la etapa del proceso en que aquÈl se dicta - de que mediÛ un delito y de que existe probabilidad cierta de que el imputado sea su autor”.
Este criterio fue reiterado en “Gerbaudo” (Fallos: 328:4175) y “Lindoro ICSA” de 2005 (Fallos: 328:1466;), y en “Pouler c. Estado Nacional” de 2007 (Fallos: 330:2112). En este último caso la Corte dijo que no procedÌa la indemnizaciÛn si el auto de prisiÛn preventiva encontraba sustento lÛgico suficiente en las constancias de la causa. En esta lÌnea de an·lisis en un importante fallo la Suprema Corte de Mendoza recurriÛ a tal excepciÛn para condenar al Estado provincial por la detenciÛn que una persona habÌa sufrido durante m·s de ocho meses, que se considerÛ manifiestamente arbitraria (”Rojo, Laura c. Prov. de Mendoza” del 19/05/08, voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, pub. en www.laleyonline.com.ar, ver Supl. de Der.Const. del 22/10/08, con comentario del suscripto).
La detenciÛn preventiva dispuesta por el juez de primera instancia se habÌa basado en la imputaciÛn de instigadora del delito que le hiciera un coimputado en la causa. Dijo el tribunal mendocino: “Para creer la descabellada historia y, de este modo, encontrar justificaciÛn al hecho que la sindicada como instigadora continuase detenida, un mÌnimo de razonabilidad propio de una rep˙blica que recepta un sistema constitucional penal de corte liberal, exigÌa que, al menos, se corroborara uno de los elementos que conformaban el relato”. A continuaciÛn seÒalÛ puntualmente que, no sÛlo ning˙n otro elemento corroboraba la imputaciÛn, sino que todas las inferencias lÛgicas que podÌan extraerse de los antecedentes y de la situaciÛn de la imputada al momento del crimen, conducÌan a descartar que pudiera haber sido partÌcipe o instigadora del mismo.
Ante la “manifiesta carencia de sustento lógico” de la decisiÛn, expresÛ la sentencia que se imponÌa la obligaciÛn del Estado de responder por los daÒos y perjuicios ocasionados, ya que sostener lo contrario implicaba admitir el absurdo de que “la justicia es una actividad riesgosa y que los riesgos los asume el justiciable”, que la imputada, por tener “la mala suerte de ser individualizada por un paranoico… debe soportar ese daño pues así lo impone el bien común”, o que “todos, por honestos o trabajadores que seamos, vivimos bajo libertad condicional”. Entiendo que la doctrina de la Corte sentada en la causa “Cura” de 2007 y las otras reseñadas, seguida por la Suprema Corte de Mendoza, se impone en el caso de autos dado que la prisiÛn preventiva de Patricia Larroza y su mantenimiento hasta el momento del juicio oral fue manifiestamente infundada y arbitraria, de manera tal que puede hablarse de administraciÛn irregular de justicia.
Veamos las actuaciones de la causa penal y en especial el auto de prisiÛn preventiva del 1/10/2013 (fs. 258/66 y 267/vta. de la I.P.P). Veamos primero lo actuado en la causa para analizarlo a luz de la doctrina referida.
2.3.1. Las actuaciones de la causa penal.
El viernes 5/07/13 se encontrÛ una persona en la calle muerta por heridas punzantes de arma blanca que se identificÛ como Fabi·n HÈctor MartÌnez (acta de fs. 1/3 de la IPP). La autopsia luego arrojÛ que habÌa recibido siete puÒaladas (fs. 103/107). Se recibiÛ declaraciÛn a Stella Maris Tuffarelli (ex pareja conviviente de MartÌnez), quien dijo que ese dÌa a la noche recibiÛ un mensaje de Patricia (o sea, Patricia Miriam Larroza), pregunt·ndole si sabÌa algo de Èl y tambiÈn el s·bado o el domingo su hija Erica averiguando sobre lo mismo. AclarÛ que le dijo que Fabi·n estaba con ella (fs. 32/33).
Luego declarÛ su hija Yamila Elizabeth MartÌnez, quien dijo que poco antes su madre habÌa recibido un mensaje de Patricia Miriam Larroza (por entonces pareja del fallecido), diciÈndole que estaba preocupada por su padre, que estaba enterada que le habÌan robado y apuÒalado, y que luego su hermana Erica comenzÛ a recibir mensajes similares de parte de la misma. AclarÛ que su padre en esos dÌas cobraba la remuneraciÛn de una cooperativa que le depositaban en el banco. Dijo tambiÈn que AnÌbal MartÌnez (hermano del fallecido) manifestÛ que alrededor de las 4.30 hs de ese dÌa habÌa estado en su negocio comprando bebidas alcohÛlicas en compaÒÌa del hijo de Miriam (fs. 71/75).
Se verificÛ que ese dÌa a eso de las 3 hs.
habÌa habido tres extracciones bancarias de la cuenta de MartÌnez por un total de $ 900 (fs. 83 y 132).
La policÌa dejÛ constancia de que se acercÛ un testigo de identidad reservada (fs. 87), quien declarÛ que habÌa escuchado que Miriam había “entregado” a Fabián para que le robaran, lo que habÌan arreglado con el hijo de aquella, de nombre MatÌas, y dos amigos para que lo hicieran una vez que extrajera el dinero del cajero autom·tico (fs. 90).
AnÌbal MartÌnez ratificÛ que su hermano Fabi·n en la madrugada de viernes habÌa ido a su vivienda para que le vendiera cervezas y otras cosas, y que estaba acompaÒado por otro sujeto. ExpresÛ tambiÈn que al enterarse de los mensajes de Miriam le llamÛ la atenciÛn que se hubiera enterado tan r·pido (fs. 92/94). Los dichos de AnÌbal fueron corroborados por su mujer, Norma Gladys Turfarelli, quien corroborÛ la presencia en el negicio de MartÌnez esa noche (fs. 95/96).
Se obtuvieron filmaciones del banco de donde surgÌa que Fabi·n MartÌnez habÌa realizado extracciones (tres de $ 300 cada una) acompaÒado por un hombre y una mujer (luego se observÛ que estas eran la hija de Miriam, Marianela Larroza, y su novio MatÌas V·zquez) (fs. 139vta.).
Con dichos elementos el 22/08/13 se ordenÛ el allanamiento de las viviendas de Patricia Miriam Larroza y de MatÌas V·zquez (fs. 157/62).
Se detuvo a la primera (el 26/08/13) y se le tomÛ declaraciÛn en los tÈrminos del art. 308 del CPP (fs. 185/88). Larroza narrÛ que primero estuvieron en lo de Fabi·n tomando cerveza hasta las 11 de la noche, luego en el automÛvil Fiat 147 se fueron a la casa de su hija (en el barrio Lomas) con el marido de esta, MatÌas V·zquez, y, como pretendÌan seguir bebiendo, Fabi·n y Marianela fueron a un cajero autom·tico a retirar dinero (porque ambos cobraban un subsidio de una cooperativa), mientras que ella se quedÛ en la casa con la hija de Marianela. Volvieron y una vez m·s Fabi·n y MatÌas fueron a comprar cerveza a lo del hermano de Fabi·n, y tambiÈn le dijeron que iban a comprar cocaÌna. Volvieron con cervezas y pasada una hora Fabi·n volviÛ a irse acompaÒado por un joven diciÈndole que enseguida volverÌa. Dijo Larroza que fue la ˙ltima vez que lo vio, y que se enterÛ del fallecimiento m·s o menos a las 3 o 4 de la tarde por su yerno MatÌas, quien le dijo que habÌa oÌdo un comentario de que le habÌan robado y apuÒalado en el barrio. ContinuÛ relatando que se acercÛ al hospital de Moreno donde nada sabÌan de lo sucedido y le preguntÛ por mensaje de texto a la ex mujer de Fabi·n si sabÌa donde estaba y le contestÛ que estaba con ella. Luego pasaron unos dÌas hasta que el hermano de Fabi·n le dijo que habÌa aparecido muerto y que se hallaba en la morgue de Moreno.
MatÌas V·zquez fue detenido y declarÛ en forma coincidente (30/08/13, fs. 205/08). Dijo que luego de comprar cervezas en lo del hermano de Fabi·n regresaron a la casa de Miriam, aquel se cruzÛ con dos muchachos y una muchacha, y le dijo a Miriam que volverÌa subiÈndose al auto con uno ellos. ExpresÛ que lo esperaron toda la noche y al otro dÌa, al ir al kiosco, dos seÒores hablaban de que habÌan encontrado una persona muerta a una cuadra y, seg˙n lo que contaron, era de rasgos fÌsicos parecidos a los de Fabi·n.
Un informe de agente de policÌa dio cuenta que el seÒor del kiosco se llamaba Dionisio Escalante e identificÛ a un tal “NN Miguel” (fs.250).
Se recibiÛ declaraciÛn testimonial a Erica Paola MartÌnez, quien ratificÛ lo declarado por su hermana Yamila (fs. 231/32), y luego lo hizo Marianela Larroza, corroborando las declaraciones de su madre (Miriam) y de V·zquez (fs. 238/41). Se ordenÛ investigar quiÈnes vivÌan en el domicilio de Nicaragua 360 y recibirle declaraciÛn a Miguel Montenegro (fs. 253). Informado que ahÌ vivÌa Mauricio Miguel Montenegro se le tomÛ testimonial el 25/09/13 (fs. 256/57), respecto de la cual, por su importancia, luego me referirÈ.
Ese dÌa la fiscal pidiÛ la conversiÛn de la detenciÛn en prisiÛn preventiva (fs. 266/81). El 1/10/13 se llevaron a cabo las audiencias del art. 168 bis del CPP, en las que las defensoras de ambos imputados pidieron que se dejara sin efecto la detenciÛn, argumentando que no habÌa elementos para el procesamiento, o, en su caso, la morigeraciÛn de la restricciÛn de libertad (fs. 52 de la causa del T.O.C. n∞ 4 de Mercedes).
El mismo dÌa el juez de GarantÌas dictÛ el auto de prisiÛn preventiva de ambos imputados (fs. 258/66). AdmitiÛ que Matías Vázquez no se había ido en el Fiat 147 con Fabián y los “pibes”, sino que se habÌa quedado en la casa con Marianela y Miriam, pero dijo que se hallaba ante un cuadro probatorio integral en el que la totalidad de los elementos analizados de manera conjunta permitÌan presumir la participaciÛn de MatÌas Lucas V·zquez y Patricia Miriam Larroza en los hechos investigados. Luego de referenciar la causa, dijo el juez que tales circunstancias en conjunto con la actitud que los testigos afirmaban que tenÌa Miriam, sin poder explicar cÛmo tenÌa tanta informaciÛn acerca de lo ocurrido cuando todavÌa el personal policial no habÌa identificado al fallecido, “sumado a lo declarado por el testigo de identidad reservada, quien si bien no arrima ninguna prueba concreta”, brindaba una explicaciÛn que era conteste con el resto de las probanzas, que respaldaban la hipÛtesis de la fiscal que seÒalaba a MatÌas V·zquez como coautor y a Miriam como instigadora. Acerca del testigo de identidad reservada dijo el juez que si bien no podÌa tener en cuenta los dichos difamatorios hacia la persona de Larroza como indicio de culpabilidad, lo relevante eran “las circunstancias precisas que tal testigo brinda como para dar entidad a su versiÛn, la cual por sÌ sola no serÌa suficiente, a menos que la cotejemos con el resto de la prueba colectada, cuya hipótesis de la sra. Fiscal…”.
ConcluyÛ el juez que existÌan elementos para sospechar que Larroza habÌa sido instigadora del robo del que habÌa sido vÌctima Fabi·n MartÌnez perpetrado por jÛvenes no identificados, que finalizÛ con su muerte con arma blanca, atraco en el que actuara MatÌas V·zquez como partÌcipe necesario al guiar dolosamente a la vÌctima a quienes serÌan sus agresores.
CalificÛ el hecho como homicidio agravado “criminis causa” en concurso real con robo agravado por el uso de arma. A V·zquez lo procesÛ por partÌcipe necesario en ambos delitos, y a Larroza - en resoluciÛn rectificatoria del 10/10/2013 – como instigadora del segundo delito (arts. 45, 46, 47, 55 y 166 inc. 2 del C. Penal) Es decir: la prisiÛn preventiva de Larroza se sustentÛ b·sicamente en dos elementos: 1) la sospecha generada por el hecho de que Larroza habÌa enviado mensajes de texto a la madre y a la hermana de Martinez pregunt·ndoles sobre si sabÌan algo del mismo ya que se habÌa enterado de que le habÌan robado y apuÒalado, antes de que la policÌa lo identificara; 2) la declaraciÛn de un testigo de identidad reservada que dijo que habÌa escuchado que Miriam habÌa “entregado” a Fabián para que le robaran, lo que habÌan arreglado con el hijo de aquella, de nombre MatÌas y dos amigos, para que lo hicieran una vez que extrajera el dinero del cajero autom·tico.
El defensor oficial de Larroza apelÛ la prisiÛn preventiva, alegando que lo ˙nico que acreditaban los testimonios era que la vÌctima mantenÌa una relaciÛn sentimental con ella y que Èsta habÌa demostrado su preocupaciÛn ante el desconocimiento de su paradero. Y, asimismo, que tampoco el testimonio de identidad reservada brindaba detalles de cÛmo Larroza habÌa “entregado” a MartÌnez para que le robaran y determinado a terceros para que lo hicieran, testimonio que no habÌa podido ser controlado por su parte. Subsidiariamente pidiÛ el defensor la morigeraciÛn de la prisiÛn preventiva por arresto domiciliario por no existir peligros procesales. La Sala 2 de la C·mara Penal de Mercedes en la fecha 20/01/14 confirmÛ la prisiÛn preventiva (fs. 302/06).
Luego de relatar cÛmo habÌan sucedido los hechos seg˙n los testimonios recabados – admitiendo, igual que el juez, que V·zquez se habÌa quedado en la casa con Miriam y Marianela -, considerÛ que el testimonio de identidad reservada era el puntapiÈ para afirmar la existencia de sospechas indiciarias, que, junto con los dem·s elementos reunidos, permitÌan destacar: a) la sugestiva preocupaciÛn de Larroza por el destino de la vÌctima al comunicarse con la ex pareja del mismo y de sus hijas manifestando que le habían “robado y apuñalado”, pese a que al declarar en los tÈrminos del art. 308 del CPP habÌa manifestado que no se preocupaba por Èl dado que desaparecÌa un tiempo y luego volvÌa; b) que el mismo dÌa en que fue hallado MartÌnez sin vida preguntÛ a la anterior concubina cÛmo se encontraba al punto de ir al hospital de Moreno a localizarlo; c) que era llamativo el contenido de los mensajes el domingo siguiente al hecho dirigidos a Yamila MartÌnez, el primero diciendo que estaba preocupada porque le habÌan robado y apuÒalado, y los otros insistiendo en que estaba preocupada; d) la declaraciÛn de Larroza en la que dijo que al dÌa siguiente, a eso de las 3 o 4 de la tarde, su yerno – MatÌas - le dijo que habÌa escuchado en el barrio un comentario de que habÌa muerto, que le habÌan robado y apuÒalado; e) asimismo que dijo que luego de ir al hospital le mandÛ un mensaje a la ex mujer de la vÌctima , quien le dijo que estaba con ella, y que lo mismo le dijo al compadre de Fabi·n; quien agregÛ que Erica (hija de la vÌctima) le preguntÛ si sabÌa algo de Èl, entonces volviÛ a ir al hospital y no estaba; f), que nunca fue a la PolicÌa y no volviÛ a hablar con su yerno (V·zquez) sobre el tema, ni tomÛ contacto con familiares.
Dijo la C·mara que era llamativo que luego de tanta preocupaciÛn demostrada el 5 de julio, una vez que supo de su muerte, no se acercara al velatorio ni mantuviera comunicaciÛn con su yerno ni intentÛ mantener contacto con la familia. SeÒalÛ que los mismos familiares habÌan dicho que les resultaba sospechoso que Larroza se hubiera enterado el mismo viernes de la desapariciÛn de su padre, dÌa en que enviÛ mensajes de texto, y que luego no se hubiera vuelto a comunicar con ellos. TambiÈn citÛ el testimonio de AnÌbal MartÌnez (hermano de la vÌctima), en cuanto a que le resultaba sospechoso que Larroza se enterara tan r·pido de que le habÌa pasado algo ya que vivÌa en un barrio distinto de donde fue encontrado el cad·ver. Por ˙ltimo hizo referencia a los dichos del mismo acerca de lo que Miriam le habrÌa dicho acerca de con quien habÌa estado Fabi·n la noche del 4 de julio y cu·ndo se habrÌa ido, lo que para la C·mara indicaba mendacidad respecto de los dichos de Larroza sobre las circunstancias de tiempo y modo en que habÌa estado con la vÌctima.
Concluyó la Cámara que “la encartada tenÌa conocimiento de que MartÌnez contarÌa con dinero en efectivo en su poder ese dÌa, que habrÌa sabido antes que los familiares del fallecido respecto del robo que culminara con su muerte, sumado ello al testimonio prestado con reserva de identidad que establecerÌa – en principio – que Larroza habrÌa sido quien lo entregÛ para que lo roben, permite en este estadio procesal – y siempre con el grado de probabilidad exigido por el rito -, confirmar la decisiÛn del Magistrado de Garantías”.
En relaciÛn al pedido subsidiario de morigeraciÛn de la restricciÛn de la libertad, la C·mara considerÛ que la pena en expectativa resultaba suficiente para justificar la medida de coerciÛn adoptada, ya que patentizaba el peligro de fuga (con cita de arts. 138 1er. p·rr. y 2do. p·rr., incs. 2 y 4 del CPP), y que por ello no devenÌa desproporcionada.
Antes de la resoluciÛn – el 9/01/14 – la defensora oficial reiterÛ el pedido de morigeraciÛn de la restricciÛn de libertad, diciendo que la valoraciÛn provisional de los hechos conducÌa a que Larroza era ajena a ellos y que no aparecÌan elementos indiciarios de peligro de fuga y entorpecimiento de la acciÛn de la Justicia. AlegÛ que su defendida contaba con domicilio fijo, convivÌa con su familia y gozaba de buen concepto vecinal, que no tenÌa antecedentes penales, que podÌa trabajar como empleada domÈstica y que tenÌa tres hijos (de 14, 17 y 21 aÒos, Èste con hidrocefalia). Sostuvo que el p·rrafo agregado al art. 144 del CPP habÌa acentuado el car·cter restrictivo y subsidiario de la medida de coerciÛn, y que negarlo exclusivamente por la escala penal del delito imputado implicaba desvirtuar la presunciÛn de inocencia.
Se corriÛ traslado a la fiscal de la causa, quien se opuso, y el 4/02/14 el juez de GarantÌas denegÛ el pedido, argumentando que no se daba ninguno de los supuestos del art. 159 del CPP que justificaran el dictado de una medida alternativa, ya que subsistÌan indicios de riesgo procesal por parte de Larroza. ConsiderÛ que la pena en expectativa superaba el lÌmite seÒalado por el art. 169 inc. 3 del cÛdigo. AgregÛ que desde el dictado de la prisiÛn preventiva – ya confirmada por la C·mara - los elementos probatorios que se habÌan meritado no habÌan variado, por lo que seguÌa siendo razonable y proporcionada.
La fiscal interviniente el 6/03/14 comunicÛ al juez de GarantÌas la prÛrroga de la I.P.P. hasta el 7/05/14 por estar pendientes las pericias psicolÛgica y psiqui·trica.
El 27/03/14 la fiscal pidiÛ la elevaciÛn a juicio de ambos imputados (V·zquez y Larroza). Al narrar los hechos dijo que al volver MartÌnez con MatÌas V·zquez y dos sujetos no identificados del lugar donde compraron cerveza a la casa de Matías, “el incuso V·zquez junto a los varones restantes – en razÛn de la influencia psicolÛgica que la mentada Patricia habÌa ejercido sobre los mismos, instig·ndolos dolosamente a que despojaran de modo ilÌcito a su novio del dinero que momentos previos habÌa obtenido en la entidad financiera referida y de lo cual la misma estaba anoticiada, e inducÌÈndolos a que al efecto emplearan un arma blanca que llevaban consigo -, abordaron al damnificado MartÌnez, lo arrojaron a la cinta asf·ltica y, en el af·n de preparar y facilitar el desapoderamiento pretendido, procurar su impunidad por ser conocidos del mismo y asegurar sus resultados, con el claro propÛsito de darle muerte, lo atacaron con un adminÌculo de doble filo – liso, de no menos de 3 cm. de ancho de hoja y no menos de 11 a 12 cm. de longitud, todavÌa no secuestrado – al cual introdujeron en reiteradas ocasiones – estimadas siete – en su humanidad, provoc·ndole asÌ su inmediato fallecimiento… Que dicho trío – guiado por el af·n delictivo que los vinculaba -, se dio a la fuga del lugar junto al objeto del robo originariamente buscado y pretendido por la propia pareja del difunto, el cual conformó no solo el dinero… sino también el vehículo en el cual el mismo circulaba…, su teléfono celular…, la campera … y el par de zapatillas…”. ContinuÛ citando los elementos probatorios que fundaban su acusaciÛn, entre otros el testimonio de identidad reservada obrante a fs. 90 de la IPP. CalificÛ el hecho imputado a Larroza como homicidio agravado “criminis causa” (destaco que al tratarse de dos imputados, imputÛ a V·zquez ambos delitos – homicidio y robo agravado – y a Larroza el primero de ellos) (fs. 162/74 de la causa del Tribunal Oral).
Elevada la causa al Tribunal Oral n∞ 4, el 15/05/14 el fiscal de juicio Dr. Eduardo Lennard ofreciÛ prueba: la declaraciÛn de los imputados, informativa, testimonial (incluido el testigo de identidad reservada). El defensor particular de Larroza adhiriÛ a la producciÛn de la testimonial. El 29/08/14 el Tribunal resolviÛ admitir la prueba ofrecida por el fiscal y fijÛ audiencia para el 30/09/15 y el 11/10/15.
Pendiente ello, el 5/12/14 el Tribunal, ante un nuevo pedido de morigeraciÛn de la prisiÛn preventiva, denegÛ el mismo por entender que no se habÌan erradicado los peligros procesales. Apelado ante la C·mara, este tribunal ratificÛ la decisiÛn afirmando que no habÌan cambiado las circunstancias por las que en su momento confirmara tal medida de coerciÛn, y que no se daban motivos que disiparan los riesgos procesales aludidos por el art. 148 del CPP, habida cuenta de la violencia del hecho (peligrosidad superior a la media), la conminaciÛn penal que pesaba sobre la encartada, y que no estaba acreditada la discapacidad del hijo de la misma (resol. del 5/12/14). El 30/09/15 se llevÛ a cabo la audiencia de debate.
Seg˙n surge del acta respectiva, primero se dio lectura a las actuaciones de la IPP. Luego declararon los testigos, y es destacable que nada esclarecedor de cÛmo ocurriÛ el hecho surge de los testimonios. Erica MartÌnez (hija de la vÌctima) dijo que se habÌa enterado por “comentarios” que su papá había muerto por puñaladas y que había sido por “drogas y por cuestiones de mujeres”, y que no sabía “quien es Maldonado”. Yamila Martínez (la otra hija) dijo que se enteró por la UFI de Moreno de la apariciÛn sin vida de su pap·. Norma Gladys Tufarelli dijo que su marido (AnÌbal MartÌnez) no habÌa recibido ning˙n mensaje de Fabi·n. Anibal MartÌnez corroborÛ esto ˙ltimo, asociÛ la muerte de su hermano con la droga y dijo que no sabÌa cÛmo habÌa ocurrido.
Se incorporaron por lectura los testimonios de Marianela Larrosa y Melina Landriel y las partes desistieron del resto de los testigos. Concedida la palabra al fiscal, dijo que, luego de escuchar a los testigos y valorado los elementos probatorios, consideraba que no se encontraba acreditada la autorÌa y la responsabilidad penal de los encausados sin perjuicio de las sospechas que pudiera haber. TambiÈn tuvo en cuenta los relatos de los imputados al prestar declaraciÛn en los tÈrminos del art. 308 del CPP donde negaron desde un principio la imputaciÛn. Dijo que la hija de la encartada, Marianela Larrosa, y MatÌas V·zquez reconocieron haber estado en el cajero con la vÌctima cuando extrajo dinero.
Textualmente dijo: “En cuanto al testigo de identidad reservada Maldonado hago saber que serÌa parte de una banda que se encargarÌa de armar causas penales truchas, por ello desestima tal declaración” (sic). En razÛn de lo expuesto desistiÛ de la acciÛn penal que se iniciara oportunamente y pidiÛ que se extrajeran fotocopias para proseguir la investigaciÛn y dar con los responsables del hecho. Luego de oÌr a los defensores el Tribunal ordenÛ la inmediata libertad de ambos imputados. El 7/10/15 se dio a conocer el veredicto absolutorio. La sentencia da por probado que Fabi·n MartÌnez fue muerto entre las 4 y las 7.40 hs. del 5/07/13. En cuanto a la participaciÛn de los imputados en el hecho el Tribunal compartiÛ el dictamen del fiscal de juicio.
Dijo que a eso de las 4 hs. estaba probado que tanto V·zquez como Larrosa estaban en el domicilio de la hija de esta (Marianela Larroza), por lo que no obraba certeza alguna que vinculara a los mismos con la muerte de la vÌctima, y que su cuerpo fue hallado a una distancia de 15/20 minutos del barrio donde aquellos estaban. DestacÛ tambiÈn que la vÌctima y Larroza llevaban 4 o 5 aÒos en pareja y que no era la primera vez que el primero retiraba dinero del cajero para llevarle a su ex mujer. TerminÛ diciendo el Tribunal que subsistÌa una duda seria y razonable respecto de la participaciÛn de los incusos en los hechos del juicio, lo que por imperio del principio de la duda a favor del reo, debÌa resolverse a favor de los mismos.
2.3.2. An·lisis de la causa desde la doctrina sobre la responsabilidad del Estado por administraciÛn irregular de Justicia.
Referenciado todo el tr·mite de la causa, explicarÈ a continuaciÛn por quÈ entiendo que se da la excepciÛn seÒalada por la doctrina de la Corte Nacional, que justifica apartarse de la irresponsabilidad del Estado por la privaciÛn de la libertad durante el proceso de quien resulta finalmente absuelto en la sentencia definitiva. PuntualicÈ cu·les fueron los elementos que el juez tuvo en cuenta para el dictado de la prisiÛn preventiva de Larroza. En lo fundamental sÛlo dos: a) la sospecha generada por haber mandado mensajes a la ex mujer del fallecido y a una de sus hijas preguntando sobre si sabÌan algo de Èl cuando todavÌa no se habÌa identificado el cad·ver; b) la declaraciÛn de un testigo de identidad reservada. Respecto de lo primero no se entiende bien quÈ vinculaciÛn necesaria pudiera haber entre interesarse por dÛnde andaba su pareja con el hecho de que hubiera sido instigadora de que le robaran. Es cierto que Larroza en tales comunicaciones habrÌa dicho que le habÌan comentado que le habÌan robado y apuÒalado, pero øde ahÌ se derivaba que habÌa sido ella la instigadora?
Larroza escribiÛ a la ex mujer de la vÌctima cuando ya se sabÌa que habÌan encontrado un cad·ver cerca de la casa de su hija.. Esto ˙ltimo ocurriÛ a eso de las 7.40 hs. del viernes 5/07/13 (conf. acta de fs. 1/3 de la IPP), y tales comunicaciones las hizo a la noche de ese dÌa (asÌ lo destacÛ la C·mara Penal al confirmar la prisiÛn preventiva, ver fs. 304vta. de la IPP). Es que al prestar declaraciÛn Larroza (el 27/08/13) dijo que a eso de las 3 o 4 de la tarde su yerno (MatÌas V·zquez) le dijo que habÌa escuchado un comentario en el barrio de que habÌa un muerto, a quien habÌan robado y apuÒalado, con una descripciÛn parecida a la de Fabi·n, por lo que le mandÛ mensajes a Èste sin recibir contestaciÛn y luego, con su hija y MatÌas, fueron al hospital de Moreno para averiguar si habÌan llevado alg˙n herido, les dijeron que no, y posteriormente le enviÛ mensajes al celular de la ex mujer de Fabián, diciéndole que había escuchado “un rumor” y, como le dijo que estaba con ella, se quedÛ tranquila (fs. 187vta. de la IPP).
Estos dichos coinciden totalmente con lo que declarÛ V·zquez (el 30/08/13). Dijo que la noche del 4 al 5 de julio, luego de que Fabián se fuera en el auto con un “pibe”, diciéndole a Miriam que ya volverÌa, se quedaron esper·ndolo hasta las 7 hs. m·s o menos, se acostaron, y al otro dÌa (refiriÈndose al mismo 5 de julio) saliÛ a comprar una coca y buscapina y en el kiosco habÌa dos seÒores hablando que habÌan encontrado un muerto a una cuadra y media de la su casa, a la vuelta; les preguntÛ cÛmo era porque les dijo que habÌa desaparecido un amigo, lo describieron y le dijeron que lo habÌan encontrado apuÒalado sin zapatillas, sin documentos y sin el auto; luego – continuÛ narrando – se lo comentÛ a su seÒora (Marianela) y a su suegra (Miriam Larroza), y como “no caÌan” que era él fueron al hospital de Moreno, y al tiempo se enteraron de que estaba en la morgue de Gral.
RodrÌguez, que era Fabi·n, quien habÌa fallecido a la vuelta de su casa (fs. 307 y vta.). A su vez, Erica MartÌnez (hija de la vÌctima) declarÛ que su madre recibiÛ un mensaje de Miriam el viernes a la noche (fs. 231vta.). Completa el cuadro que en la declaraciÛn testimonial inicial Yamila MartÌnez (hija de la vÌctima) dijo que su madre habÌa recibido mensajes de Patricia (o sea, Miriam), diciÈndole que se habÌa enterado de que a Fabi·n le habÌan robado y apuÒalado y que no habÌan podido dar con Èl en los hospitales de Moreno y Merlo. AgregÛ que el domingo su hermana Erica recibiÛ mensajes de Miriam diciÈndole que le habÌa mandado mensajes a la madre pregunt·ndole por Fabi·n (fs. 72vta./73vta.).
De manera que cuando Miriam Larroza escribiÛ a la ex pareja de la vÌctima fue a la noche del viernes 5 de julio, bastante despuÈs de que se enterara por boca de su entonces yerno MatÌas que habÌan encontrado un muerto en el barrio. Reitero que esto ˙ltimo ocurriÛ a eso las 7,40 u 8 hs. de la maÒana (conf. test. de Elena Beatriz GimÈnez, quien llamÛ a la policÌa, acta de fs. 1 y test de fs. 250). Es totalmente lÛgico que en el barrio se enteraran dado que la policÌa p˙blicamente labrÛ actuaciones en el lugar, recabÛ informaciÛn e hizo el acta con testigos, adem·s de que se llevaron el cuerpo en una ambulancia (fs. 1/3).
Si a eso de las 4 o 5 hs. de la maÒana Fabi·n se había ido con unos “pibes”, diciéndole a Miriam que pronto regresaría, lo que no ocurriÛ, y a la tarde se enterÛ del comentario de que habÌan encontrado una persona muerta en el barrio, es totalmente normal que se preocupara y que intentara averiguar quÈ habÌa pasado con Fabi·n, que por eso llamara a la ex mujer (de quien sabÌa que mantenÌa vÌnculos con Èl, conforme a las declaraciones testimoniales de las hijas Yamila y Erica), y que le dijera que habÌa escuchado que le habÌa pasado algo. Obviamente preocuparse por el paradero de una persona con quien se mantiene una relaciÛn afectiva (de noviazgo o pareja), de ninguna manera puede ser motivo de sospecha de que intentara ocultar que habÌa pergeÒado robarle a travÈs de terceros. SeÒalo que la ex mujer le contestÛ por mensaje de celular que Fabi·n estaba con Èl (seg˙n sus hijas para ponerla celosa), por lo cual ella, seg˙n dijo, se quedÛ en ese momento tranquila.
No podÌa ser que Larroza intentara robarle a la vÌctima por medio de V·zquez porque, como dijo el mismo juez al dictar la prisiÛn preventiva, la C·mara al confirmarla y el Tribunal Oral al dictar sentencia, cuando MartÌnez se fue con uno o dos sujetos (despuÈs de las 4 de la maÒana., o sea despuÈs de volver del kiosco de AnÌbal MartÌnez), aquel se quedÛ en la casa de Larroza, donde tuvo una reyerta con la hija de Èsta (Marianela), y la muerte fue entre las 4 hs. y las 7.40 hs. Ambas declaraciones eran corroborables con los datos de la causa antes de la prisiÛn preventiva.
No tiene sentido suponer que Larroza haya pergeÒado que el novio de su hija y dos personas m·s lo atacaran a puÒaladas para robarle el dinero que habÌa extraÌdo poco antes del cajero autom·tico. MartÌnez trabajaba para una cooperativa (aparentemente municipal, como recibiendo un subsidio). Seg˙n su hija Yamila percibÌa $ 2.100, pero, adem·s, est· probado que esa noche extrajo $ 900 (inf. de fs. 132). Aunque no fuera una suma menor para gente humilde, es descabellado pensar que por ese importe Larroza hubiera instigado a su yerno y a dos personas m·s a que le robaran apuÒal·ndolo. Si era su pareja mucho m·s f·cil era robarle revis·ndole los bolsillos de la ropa cuando dormÌa. Adem·s, como dijo el Tribunal Oral hacÌa 4 o 5 aÒos que eran pareja. En cuanto al automÛvil Fiat 147, el celular y las zapatillas ning˙n indicio hay que de que hubieran llegado a manos de Larroza (y tampoco de V·zquez). Se ordenaron sendos allanamientos tanto en la casa de Miriam Larroza como en la de V·zquez, sin que ninguno de los elementos sustraÌdos a la vÌctima (una billetera, tarjetas, documentos, un celular, una campera y zapatillas) fueran encontrados (fs. 153/56, 157/62, 167/68, 178/79). El automÛvil Fiat 147 tampoco fue hallado, y llama la atenciÛn que, siendo f·cilmente identificable (por patente y n˙meros de motor y chasis) no consta que se haya ordenado su captura. De haberse hecho, alg˙n indicio podrÌa haberse obtenido de la ruta seguida por los homicidas de MartÌnez luego del hecho (consta a fs. 315 de la causa del T.O.C. que al 12/02/16 nada nuevo se incorporÛ a la investigaciÛn).
Entonces, lo que determinÛ el procesamiento de Larroza fue la declaraciÛn del testigo de identidad reservada (como destacÛ la C·mara Penal). Esta Sala pidiÛ al Juzgado de GarantÌas que lo enviara y asÌ lo hizo en sobre cerrado (constancia de fecha 9/04/26). Veamos cÛmo apareciÛ este misterioso testigo y analicemos sus dichos. Como ya se referenciÛ, a fs. 87 de la IPP el oficial principal de la PolicÌa Carlos Roberto Zarate informÛ que una persona masculina habÌa aportado datos de interÈs para el esclarecimiento del hecho. La fiscal ordenÛ que se le recibiera declaraciÛn (fs. 89), y a fs. 90 y vta. obra su testimonio (del 18/07/13). Surge de su lectura que se llamaba Patricio Ezequiel Maldonado, de 21 aÒos, soltero, y que deseaba proteger su seguridad y la de sus familiares, preserv·ndose de intimidaciones y represalias, por lo que se le recibiÛ declaraciÛn bajo estricta reserva de identidad dado que lo justificaban los motivos.
Se citaron los arts. 83 inc. 5 y la doctrina del art. 286 3er. p·rr del CPP. El primero se refiere a la garantÌa de la seguridad de la vÌctima, de sus familiares y de los testigos que depongan en su interÈs, sobre todo cuando se trata de la investigaciÛn de actos de delincuencia organizada. El segundo versa sobre la denuncia de un delito y contempla que cuando motivos fundados lo justifiquen el denunciante puede requerir al funcionario interviniente la estricta reserva de su identidad. En tales condiciones este hombre declarÛ que desde hacÌa un aÒo y tres meses era pareja de Paola Fabiana Larroza, de 19 aÒos, hija de Liliana Carmen Larroza, hermana de Patricia Miriam Larroza. Dijo que convivÌa con Paola y por ello tenÌa trato frecuente con la familia y sus amistades.
ExpresÛ que Patricia Miriam no tenÌa pareja estable, “andaba con todo el mundo” (uno de ellos Fabián Martínez). Preguntado si sabía cómo se ganaba la vida, dijo “la mina es un cachivache, vive en pedo, borracha, cobra el plan universal por hijos y despuÈs vive de lo que le dan los tipos con los que anda”. Manifestó que a los dos dÌas del homicidio estaba comiendo con su mujer y llegÛ Betiana – hermana de Patricia Miriam –, quien entrÛ llorando y dijo que “lo habÌan matado a Fabi, que le habÌan pegado un montÛn de puÒaladas y que le habían robado el 147”; su mujer dijo que seguro que “estaba con la tía” y ella respondió: “si, fue ella la que lo entregó para que le roben”. SiguiÛ diciendo que Miriam habÌa acordado con MatÌas y dos amigos de aquel para que le robaran, que “se lo entregó a ellos”.
AgregÛ que luego de que estuvieran Fabi·n y Miriam drog·ndose fueron a la casa de MatÌas y Marianela, para que, junto con Èste fueran a comprar m·s droga porque era quien tenÌa el contacto. AclarÛ que Betiana dijo que antes de ir a lo de MatÌas, Fabi·n y Miriam fueron a retirar plata de un cajero autom·tico; Miriam se quedÛ en la casa de MatÌas, y Fabi·n en compañía de Matías y de “dos pintas” amigos de él fueron a comprar droga. Agregó: “era todo mentira, Miriam ya tenÌa todo arreglado con estos tipos, le hizo sacar plata del cajero para que despuÈs estos le afanen”. Betiana dijo que Miriam le contÛ que MatÌas volviÛ caminando y Fabi·n no. Dijo que no sabÌa cÛmo se enterÛ Miriam de la muerte, si se lo contÛ MatÌas o los otros pibes.
ManifestÛ que al rato llegÛ Miriam llorando y dijo que “a esos pibes se les habÌa ido la mano, despuÈs no dijo más nada”. DescribiÛ fÌsicamente a MatÌas y dijo que a los otros dos no los conocÌa. AgregÛ que Miriam estaba muy mal, que se habÌa querido suicidar, que se sentÌa muy culpable, que le habÌa prendido una vela al Fabi, que “est· re loca”.
Los dichos de este hombre no coinciden con los dem·s obrantes en la causa. En primer lugar no fue Miriam quien acompaÒÛ a Fabi·n al cajero sino MatÌas y Marianela. En segundo lugar, MatÌas no fue con esos dos muchachos en el auto (aparentemente a comprar droga), sino que se quedÛ con Marianela y Miriam en la casa. Los dichos debieron, a mi juicio, corroborarse con los dem·s testimonios y, en su caso, recibiendo nuevas declaraciones. Adem·s, no se entiende por quÈ no le tomaron declaraciÛn a Betiana (hermana de Miriam), y a Paola Fabiana Larroza (quien, seg˙n este hombre, estuvo presente cuando se dio esa conversaciÛn). El testimonio de Maldonado era de suma gravedad para la imputaciÛn contra V·zquez y Larroza, por lo que requerÌa ser corroborado. Tampoco se advierte que, al declarar la imputada Larroza, le hubieran preguntado si al dÌa siguiente de la desapariciÛn de Fabi·n habÌa ido a la casa de su sobrina Paola Fabiana y su pareja (tÈngase en cuenta que la declaraciÛn de este testigo de identidad reservada es anterior al de la imputada).
Pero, adem·s, es importante tener en cuenta que a la tarde del jueves 4 de julio Miriam Larroza y Fabi·n MartÌnez habÌan estado en la casa de este ˙ltimo, y a la noche fueron a la casa donde vivÌan la hija de aquella (Marianela) y su pareja MatÌas V·zquez (conf. declaraciones coincidentes de los imputados y los que a continuaciÛn menciono). Luego de beber y bailar fueron Fabi·n, Marianela y V·zquez a eso de las 3 de la maÒana a sacar plata del cajero autom·tico. Volvieron al mismo domicilio y despuÈs fueron Fabi·n y V·zquez a comprar alcohol a eso de las 4 de la maÒana a la casa de AnÌbal MartÌnez (donde tiene un negocio) (conf. testimonial de esta persona, fs. 92/94, y de su pareja Norma Gladys Tuffarelli, fs. 95/96). Al volver a la casa Fabi·n MartÌnez, aparentemente sin entrar, se fue con unos “pibes” en el auto, diciéndole a Miriam que enseguida volvería. Seg˙n esta imputada, MatÌas V·zquez no fue con ellos, se quedÛ en la casa., y lo mismo dijo este ˙ltimo al declarar. Esto fue corroborado por la declaraciÛn de Marianela Larroza (fs. 238/41).
Pero lo decisivo es que tambiÈn lo corroborÛ el testimonio de Mauricio Miguel Montenegro prestado el 25/09/13.. En efecto, al declarar V·zquez se le preguntÛ cu·ntas personas vivÌan en su domicilio (Nicaragua n∞ 2360 de Barrio Lomas de Moreno), y dijo que eran “como piezas” donde vivían muchas familias, uno de ellos un tal Miguel que vivÌa en la cuarta habitaciÛn, quien ese dÌa los vio que iban a comprar cerveza, y luego le preguntÛ quÈ se decÌa en el barrio de la muerte de Fabi·n, a lo que le contestÛ que la zona era peligrosa, y que el “viejito” que tenía un kiosco se lo había dicho (fs. 207vta.). El defensor oficial pidió que se “evacuaran las citas” en punto al sindicado Miguel y al seÒor del kiosco.
AsÌ se hizo. Se le recibiÛ declaraciÛn a Mauricio Miguel Montenegro (fs. 256/57, 25/12/13)), quien, adem·s de corroborarse que vivÌa en ese domicilio, dijo que era una suerte de “vecindad” donde hay unas seis casas, y por eso conocÌa a MatÌas V·zquez, quien alquilaba frente a la suya porque hacÌa un mes habÌa ido a vivir con su novia Marianela. ExpresÛ que, estando en su casa con la puerta abierta, a eso de las 22 hs., vio llegar a lo de MatÌas y su novia a la “madre de este joven” (acá es evidente que el testigo se confunde porque se traba de la madre de Marianela) y a otro masculino, del que luego se enteró que era el “difunto”. Al rato los vio salir con envases de cerveza en un Fiat blanco, quedando en la casa las dos “femeninas”.
Dijo que Èl se fue a cenar a la casa de un amigo, volviÛ a eso de las 0 hs y se acostÛ a dormir. A eso de las 4 hs. – continuÛ narrando – se despertÛ por gritos que provenÌan de la casa de MatÌas (voces de mujer y de hombre); oyÛ un ruido y vio a MatÌas tomando de sus cabellos a Marianela y a la madre de ésta gritando que la soltara. Aclaró que “el restante sujeto” no estaba con ellos. Contó qué le recriminaban las mujeres a MatÌas, que se querÌan ir y no las dejaba. Dijo que intervino para calmarlos y que lo logrÛ haciendo que la madre se quedara en la casa de Èl. ExpresÛ que tal situaciÛn se prolongÛ hasta las 7 hs., que la madre de Marianella entraba y salÌa diciendo que se querÌa ir con su hija, que le mandaba mensajes de texto a su pareja (el hombre que habÌa visto antes) para que las fuera a buscar pero Èste no respondÌa.
A eso de las 7 hs. el testigo se fue a dormir. Una semana despuÈs Marianela le dijo que el difunto que habÌa aparecido era el novio de su madre, que era la persona que Èl habÌa visto aquella noche, y que luego MatÌas le dijo que la ˙ltima vez que habÌa visto al muerto habÌa sido esa noche, que él (Matías) lo había visto irse en el auto con unos pibes “que estaban en el kiosco de enfrente” y que no sabía si fueron a comprar droga. AclarÛ que a ese comercio iba mucha gente porque estaba abierto de noche. Finalmente, preguntado acerca de si podÌa aportar los nombres de otros moradores, dijo que una chica de nombre Sol y otros. Luego, el 29/10/13 se le recibiÛ declaraciÛn a Sol Daiana Menes, domiciliada en el mismo lugar, quien dijo que vivÌa en una pieza pegada a la casa de MatÌas, separada sÛlo por una puerta de madera, razÛn por la cual se escuchaba todo a eso de las 5 hs. de la maÒana.
Dijo que eran de discutir y que después “se calmaron”, que MatÌas le dijo a su suegra que se tranquilizara, que no iban a discutir m·s, y escuchÛ cuando entraron a la casa y se fueron a dormir. AgregÛ que al dÌa siguiente al mediodÌa MatÌas le pidiÛ disculpas por lo que habÌa pasado y le contÛ que el hombre acompaÒante de Miriam estaba desaparecido, que lo llamaban por telÈfono y no contestaba. AclarÛ que no oyó ninguna otra voz en la discusión que no fuera la de “ellos tres”. (fs. 89/91)
TambiÈn declarÛ Melina Giselle Landriel (fs. 292/93), tÌa materna de V·zquez, quien dijo que Èste el 5 de julio a la tarde le dijo que a dos cuadras de su casa habÌan encontrado un muerto, de lo que se enterÛ cuando fue a comprar al kiosco, y que al dÌa siguiente, llorando, le dijo que se trataba de quien andaba con su suegra y que eran amigos. AclarÛ que le dijo que habÌan estado en su casa tomando cerveza, que fueron al cajero y que después “este muchacho” se fue con la intenciÛn de comprar cocaÌna. ContÛ que MatÌas le dijo que se puso nervioso cuando se fue Fabi·n, que su mujer le echaba la culpa de que se hubiera ido, que la suegra lo empezÛ a llamar y Fabi·n no contestaba, y por eso le enviÛ un mensaje de texto a la ex mujer, quien contestÛ que estaba con ella, por lo que se quedaron tranquilos En cuanto al “seÒor del kiosco” mencionado por V·zquez en su declaraciÛn, como ya sido referido, con fecha 8/09/13 obra la declaraciÛn del policÌa RubÈn DarÌo GimÈnez (fs. 230), donde informó que en el “kiosco de enfrente” fue atendido por un “viejito” de nombre Dionisio Escalante, quien dijo que a su negocio concurrÌan varias personas porque tenía toda la noche abierto y mencionó a un “NN Miguel”, que vivía en el predio del imputado (Vázquez).
En conclusiÛn: antes de la prisiÛn preventiva (del 1/10/13) ya existÌan en la IPP pruebas suficientes de que MatÌas Vázquez no había ido con Fabián Martínez y los dos “pibes” (aunque no est· claro si se fue con uno o dos) en el Fiat 147. Se quedÛ en la vivienda de Nicaragua 2360 del barrio Lomas de Moreno (especialmente corroborado con el testimonio de Montenegro). Y antes de la confirmaciÛn por la C·mara (20/01/14), quedÛ probado que, al quedarse en esa vivienda, V·zquez protagonizÛ una pelea con su pareja, con golpes y a los gritos, que fueron oÌdos por los vecinos Mauricio Miguel Montenegro y Sol Daiana Menes. El informe policial sobre el “viejito” del kiosco y la declaraciÛn de la tÌa de V·zquez (Melina Giselle Landriel) terminaron de corroborar las explicaciones dadas por ambos imputados (es decir, la “evacuación de las citas” pedida por el defensor oficial) y tambiÈn por Marianella Larroza.
Ahora bien, la hipÛtesis de la fiscal y del juez de GarantÌas fue que Larroza fue instigadora del robo a Fabi·n MartÌnez. La primera directamente entendiÛ que V·zquez habÌa participado en el robo seguido de homicidio. El segundo tambiÈn aunque aceptÛ que se habÌa quedado en la casa pero no dio ninguna explicaciÛn acerca de cÛmo habÌa sido esa participaciÛn. En cuanto a la instigaciÛn de Larroza a la comisiÛn del robo con armas, ninguno de los dos explicÛ quÈ prueba existÌa de que lo habÌa hecho a travÈs de su yerno V·zquez. La pregunta inevitable es: øcÛmo pudo haberlo instigado a que lo asaltaran (con arma blanca) si en las horas en que ocurriÛ el hecho estaba con ella y su hija en el domicilio de Nicaragua 2360? Tampoco explicaron cÛmo era posible que tal instigación se hubiera hecho a través de “los pibes” (o “el pibe”) que se fueron con Martínez porque no hay siquiera un indicio de que los conociera. Entonces, øcÛmo llegÛ a sustentarse tal instigaciÛn dolosa? La resoluciÛn de la C·mara confirmatoria de la prisiÛn preventiva ampliÛ un poco la enumeraciÛn de indicios para sospechar del involucramiento de Larroza en el hecho, pero no dijo nada acerca de quÈ elementos evidenciaban la instigaciÛn a cometer el robo con armas por parte de los “pibes”. Es decir, ni el Ministerio P˙blico ni los jueces de ambas instancias dieron explicaciones acerca de la relaciÛn causal entre la conducta atribuida a Larroza y el robo que sufriÛ la vÌctima. Adem·s, como ya he seÒalado, los allanamientos en ambos domicilios (el de MatÌas y el de Larroza) dieron resultado negativo. Nunca se encontraron el dinero y los objetos robados y mucho menos el auto. Larroza fue detenida en su casa cuando se practicÛ el allanamiento, y V·zquez se presentÛ espont·neamente en la FiscalÌa para aclarar su situaciÛn, oportunidad en que fue detenido (fs. 191).
La C·mara Penal, al confirmar la prisiÛn preventiva, dijo que AnÌbal MartÌnez habÌa dicho que le llamaba la atenciÛn que Larroza se enterara tan r·pido sobre el ataque a su hermano dado que vivÌa en Cortajerena y el hecho habÌa ocurrido en Lomas. PasÛ por alto la C·mara que esa noche Miriam estuvo en la casa de su hija toda la noche (barrio Lomas), como ya ha sido explicado. TambiÈn dijo que era sospechoso que no hubiera ido al velatorio, afirmaciÛn que no es segura dado que el testigo Pedro Nicol·s Sosa dijo que habÌa estado (fs. 233/34), sin perjuicio de que ello no es indicio de haber instigado el robo..
2.3.3. Sobre la figura del testigo de identidad reservada.
La circunstancia de tratarse el principal elemento de cargo la declaraciÛn de un testigo de identidad reservada – como dijo la C·mara Penal -impidiÛ, seguramente, que la defensa de Larroza pidiera un careo con el mismo, y, en su caso con su hermana Betiana y su sobrina Paola Fabiana (art. 263 del CPP), vulner·ndose su derecho de defensa.
Esta figura del derecho procesal penal es muy delicada y controvertida en doctrina dado que muchos autores consideran que vulnera el derecho constitucional de defensa en juicio. Vale la pena detenerse en ella.
En el orden nacional fue incorporada primeramente en la ley 23.737 de estupefacientes y tr·fico de drogas por medio de la ley 24.424 (del 9/01/1995), que agregÛ en ella los arts. 33 bis y 34 bis. Posteriormente la ley 27.319 (del 22/11/2016) derogÛ el primero de estos artÌculos.
La ley 25.241 (del 15/03/2000) de lucha contra el terrorismo previÛ la posibilidad del cambio de identidad para los imputados colaboradores (art. 7), que no es lo mismo que “identidad reservada en la causa”.
La ley 25.764 (del 12/08/2003) creÛ el Programa Nacional de ProtecciÛn de Testigos e Imputados, que hubieran colaborado en la investigaciÛn de los delitos previstos en la misma (arts. 142 bis - privaciÛn de libertad - y 170 - secuestro extorsivo - del C. Penal y los de las leyes 23.737 y 25.241). Asimismo, contemplÛ que, a requerimiento de autoridad judicial, el Ministro de Justicia pudiera incluir otros casos no previstos cuando se tratara de delitos vinculados con la delincuencia organizada o de violencia institucional y la trascendencia e interÈs polÌtico-criminal de la investigaciÛn. Lo curioso es que esta ley no contempla el testimonio bajo identidad reservada, sino el suministro de documentaciÛn bajo nombre supuesto a los fines de mantener la persona protegida y de su grupo familiar (art. 5 inc. g). En noviembre de 2009 se publicÛ la ley 26.538 sobre Fondo Permanente de Recompensas para una serie de delitos graves (art. 1). Por el art. 5 se establece que la identidad de la persona que suministre informaciÛn debe ser mantenida en secreto durante el proceso y despuÈs de finalizado, no obstante lo cual puede ser convocado como testigo en el juicio oral si se considerase imprescindible valorar sus dichos.
La ley 27.063 (del 16/12/2014) aprobÛ el CÛdigo Procesal Penal Federal. El art. 79 inc. c) prescribe que es un derecho de la vÌctima pedir medidas de protecciÛn de su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interÈs. El art. 154 regula la declaraciÛn de los testigos durante la investigaciÛn preparatoria, y en el último párrafo prevé: “Si temen por su integridad fÌsica o de otra persona podr·n indicar su domicilio en forma reservada, pero no podr·n ocultar su identidad salvo en los casos en que estÈn incluidos en un programa de protecciÛn de testigos. La reserva de identidad sólo podrá mantenerse hasta el juicio”.
Como se advierte, en el orden nacional el testigo de identidad reservada se fue incorporando de a poco, con mucha prudencia, en la legislaciÛn. Primero para la investigaciÛn de delitos de narcotr·fico, luego para el terrorismo, despuÈs con el Programa Nacional de ProtecciÛn de Testigos se agregaron los delitos de privaciÛn de libertad y secuestro extorsivo. La ley 26.538 no agregÛ otros delitos y el CÛdigo Procesal Penal de la NaciÛn, que prevÈ medidas de protecciÛn para los testigos, establece como regla general que no pueden ocultar su identidad.
Como dije antes, la figura ha sido muy cuestionada por la doctrina especializada por violar el principio de publicidad del proceso penal y, en especial, el derecho de defensa por no permitir a la defensa del imputado su valoraciÛn y control (Rudi, Daniel M., “Protección de testigos y proceso penal”, 2da. ed., Astrea, Bs. As., 2008, p. 166). JosÈ Cafferata Nores dice que es violatorio de los arts. 8.2.f. de la CADH y 14.3.3 del PIDCP. Horacio J. Romero Villanueva y Ricardo A. Grisetti, luego de citar la opiniÛn contraria de LÛpez Barja de Quiroga en el comentario de la sentencia “Kostovskey” del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, opinan que puede aceptarse solamente en la etapa de la investigación preliminar del proceso (“Código Procesal Penal de la Nación Comentado, ley 27.065”,T. II, A. Perrot, 2015, p. 1071).
En el orden provincial, antes de 2014 el testigo de identidad reservada podÌa justificarse por vÌa de los arts. 83 inc. 5 y 286 3er. p·rr. del CPP, que son, como hemos visto, los que se invocaron en el caso de autos para proceder de esa manera.
La ley 14.632 (sancionada el 10/09/14)
introdujo en el cÛdigo los arts. 233 bis y 233 ter. Por el primero el fiscal debe pedir al juez de GarantÌas que se permita la declaraciÛn del testigo en esas condiciones, de modo fundado y teniendo en cuenta el car·cter restrictivo del instituto, lo que puede autorizarse en forma motivada (conf. art. 106). El artÌculo dice que tal testimonio no se puede utilizar como ˙nico medio de prueba para fundar la condena del imputado, y en ning˙n caso puede por sÌ solo ser fundamento de la privaciÛn cautelar de la libertad del imputado. El art. 233 ter establece que el juez debe agregar actuaciones complementarias (con los datos personales del testigo) que quedan bajo la guarda del juez hasta la elevaciÛn de la causa a juicio. La norma dice que se exime al testigo de responder todo interrogatorio que directa o indirectamente revele su identidad. La reserva de identidad del testigo cesa en el debate oral siempre y cuando conste el efectivo cumplimiento del programa de protecciÛn de testigos al que se haya acogido.
En el caso de autos, la declaraciÛn del testigo de identidad reservada fue antes de la sanciÛn de la ley 14.362 y por lo tanto fue recibida por la fiscal sin previa autorizaciÛn del juez, pero es evidente que, recurriendo a los arts. 86 inc. 5 y 286 3er. p·rr. del CPP, podÌa hacerse en forma muy restrictiva, car·cter que ya habÌa resaltado el Tribunal de CasaciÛn Penal de la provincia en resoluciÛn del 10/10/06 (LP 11780, RSD-529-6 S, Juba), al decir que no podÌa ponerse en juego el derecho del acusado de controlar la prueba de cargo.
Adem·s, como hemos visto, antes de 2014 en el orden nacional se utilizaba para delitos muy graves. Teniendo en cuenta que la figura afecta el derecho de defensa, la doctrina sostiene que debe ser necesaria, idÛnea y proporcional respecto del derecho que se pretende tutelar. De ahÌ que el art. 233 bis exige actualmente una resoluciÛn motivada del juez que lo autorice (Madina, Marcelo Augusto, comentario a arts. 233 bis y 233 ter, en Torres, Sergio y BasÌlico, Ricardo (Dir.), “Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. An·lisis doctrinal y jurisprudencial”, T. 1, Hammurabi, Bs. As., 2022, p. 877). A mi juicio, no se utilizÛ la figura del testigo de identidad reservada con la prudencia que exige (y siempre exigiÛ) su car·cter excepcional. Reitero que no se recibiÛ declaraciÛn testimonial a la persona (Betiana Larroza) que, seg˙n el testigo, involucrÛ a Larroza en el episodio del que resultÛ muerto, ni a la que estuvo presente en tal circunstancia (Paola Fabiana Larroza). Tampoco se le preguntÛ a Miriam Larroza si fue ese dÌa a la casa donde este testigo vivÌa con su sobrina. Se tomÛ la palabra de este testigo como la verdad revelada. Para la fiscal y para el juez alcanzÛ con confrontar sus dichos con la sospecha emergente de que Larroza hubiera mandado mensajes de texto a la ex mujer y a una de las hijas de MartÌnez cuando todavÌa no estaba identificado el cad·ver (lo que, como vimos, era totalmente explicable dado que su pareja Fabi·n no habÌa vuelto esa noche y estaba enterada que habÌan encontrado a una persona muerta).
El trabajo m·s completo que he leÌdo sobre el tema es el de Luciano G. Censori, “El testigo de identidad reservada” (https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/41124-testigoidentidad-reservada). Luego de hacer la reseÒa legal que hemos hecho, este autor critica duramente que, haciendo uso del art. 79 inc. c) del CPPN, algunos tribunales hicieron una aplicaciÛn extensiva de la figura. SeÒala que las Salas de la C·mara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal tienen posturas disÌmiles, unas a favor de la aplicaciÛn extensiva y otras en sentido restrictivo.
Se pronuncia este autor por la inconstitucionalidad del testigo de identidad reservada. Recuerda que el art. 14 inc. 3.e) del PIDCyP garantiza a los imputados el derecho a interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los de cargo, y asimismo el art. 8 inc. 2.f) de la CADH el derecho a interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia de otros.
Luego de citar la opiniÛn de Julio Maier acerca del derecho del imputado de controlar la prueba de cargo, dice que al no poder cotejar los datos de identidad del testigo (incluidos los vÌnculos de parentesco o de interÈs con las partes), se le impide verificar si el testigo guarda razones que afecten su objetividad, como si mantiene enemistad con Èl. Asimismo, tampoco puede verificar si tiene problemas fÌsicos o psÌquicos que le hayan afectado su percepciÛn de los hechos, o la existencia de otras circunstancias que lo tornen poco confiable. Dice que a˙n cuando el defensor pueda presenciar el testimonio, si se desconoce informaciÛn sobre su identidad no podr· hacerle preguntas que pudieran ser beneficiosas para su defendido.
El art 8.2 inc. f) de la CADH contempla el derecho de todo inculpado de un delito durante el proceso a interrogar a los testigos presentes en el tribunal. Claro est· que no especifica en quÈ etapa del proceso, y puede decirse que en el rÈgimen procesal bonaerense ello est· garantizado en la del juicio oral (antes de la ley 14.362 no estaba dicho en forma explÌcita pero podrÌa decirse que estaba implÌcito), pero ello no quita la forma extremadamente prudente y excepcional que debe (y debÌa) hacerse del instituto.
No puedo dejar de seÒalar la perplejidad que me causa el pedido de elevaciÛn a juicio de la fiscal, cuyos tÈrminos he transcripto. øDe quÈ elementos de la IPP surge que Larroza ejercÌa influencia psicolÛgica sobre MatÌas V·zquez y los otros dos muchachos (nunca identificados) como para instigarlos dolosamente a que despojaran de modo ilÌcito a su novio del dinero que habÌa extraÌdo de un cajero autom·tico? øDe donde sale que los indujo a utilizar un arma blanca para ese fin? øDe donde surge que el objeto del robo fue buscado y pretendido por la pareja del difunto? No veo elemento de prueba alguno de donde pudieran deducirse tales aseveraciones.
Indudablemente no lo eran los mensajes de texto mencionados (reitero, cuando ya habÌa aparecido el cad·ver) ni las declaraciones del testigo de identidad reservada, que solo habÌa relatado dichos de una tercera persona, que a su vez habÌa oÌdo de boca de otros terceros.
AsÌ como en la instrucciÛn no se tomÛ declaraciÛn a las dos personas mencionadas por el testigo de identidad reservada Maldonado (Betiana Larroza y Paola Fabiana Larroza), tampoco se hizo en el juicio oral, lo cual es indicativo de la nula importancia que el fiscal de juicio dio a ese testimonio, al punto de decir expresamente que lo desistía porque “serÌa parte de una banda que se encargaría de armar causas truchas” (sic).
Los escasos elementos probatorios reunidos en la causa contra Larroza hicieron que fuera inexorable que se dictara la absoluciÛn de culpa y cargo y su inmediata libertad despuÈs de dos aÒos de decretada la prisiÛn preventiva por el juez de GarantÌas. En el medio la procesada habÌa apelado el auto de prisiÛn preventiva sin Èxito y habÌa pedido la morigeraciÛn de la cautelar de privaciÛn de libertad tal como contemplan los arts. 159 y 160 del CPP, lo que fue denegado en tres oportunidades (la primera por la C·mara al resolver la apelaciÛn de la prisiÛn preventiva, la segunda por el juez de GarantÌas ratificada por la C·mara, y la tercera por el Tribunal Oral tambiÈn ratificada por la C·mara). No se hizo lugar, pese a que la imputada tenÌa cuatro hijos, dos de ellos menores de edad y uno discapacitado, atento al peligro de fuga frente a la amenaza de pena que implicaba el delito por el que estaba procesada.
3. ConclusiÛn.
El an·lisis que hemos hecho conduce, a mi juicio, a que la prisiÛn preventiva dictada a Larroza y su privaciÛn de libertad durante dos aÒos y treinta y cinco dÌas (del 26/08/13 hasta el 30/09/15) fue arbitraria e infundada, calificable de administraciÛn irregular de justicia, y por lo tanto, conforme a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la NaciÛn que he citado, la actora debe ser indemnizada.
El resultado final de la causa – falta de acusaciÛn del fiscal en la etapa del juicio oral – fue el resultado inexorable de la orfandad probatoria con que se decretÛ y mantuvo la prisiÛn preventiva de Patricia Miriam Larroza. SeÒalo que la referencia de la sentencia del Tribunal Oral acerca de la subsistencia de una “duda seria y razonable” respecto de la participación de los encausados en los hechos juzgados no parece ser más que una “frase hecha” (habitual cuando se dictan absoluciones), que no se condice en absoluto con las razones dadas por el fiscal para desistir de la acusaciÛn y con la argumentaciÛn desarrollada por el mismo tribunal para arribar a la absoluciÛn.
A esto se suma que la privaciÛn de libertad excediÛ en treinta y cinco dÌas el plazo razonable de detenciÛn conforme a la doctrina de la Corte Nacional que hemos visto.
Destaco, por ˙ltimo - reafirmando la responsabilidad del Estado provincial por administraciÛn irregular de justicia -, que est· claro que lo actuado en la causa no se compadece, con la finalidad de la instauraciÛn del procedimiento penal acusatorio en 1997 por la ley 11.922, que a travÈs de todas sus disposiciones separa la funciÛn investigativa y acusatoria (a cargo del Ministerio P˙blico), de la funciÛn de custodia de la legalidad y de las garantÌas de los imputados (a cargo del juez y C·mara de GarantÌas; arts. 21 y 23 CPP).). Ello sin perjuicio de que el fiscal debe adecuar sus actos a un criterio objetivo y no necesariamente en pro del procesamiento de los imputados (arts. 56 y 56 bis CPP). El cÛdigo impone que debe seguirse una interpretaciÛn restrictiva de toda disposiciÛn que coarte o limite la libertad personal de los encausados, que limite el ejercicio de derechos o que establezca exclusiones probatorias (art. 3) (no se explica cÛmo se compadece esta directiva con la aplicaciÛn abusiva de la figura del testigo de identidad reservada tan cuestionada por la doctrina). Asimismo, el cÛdigo privilegia la morigeraciÛn de las restricciones de la libertad mediante diversas formas (arts. 163 a 168 bis) (lo que la actora pidiÛ en varias oportunidades sin Èxito, pese a que tenÌa hijos menores de edad y uno discapacitado).
VI. ObligaciÛn de denunciar la comisiÛn de un delito.
Ante mi sorpresa veo que el tribunal de juicio en lugar de ordenar que se formara una causa penal para investigar el grave delito denunciado por el fiscal Dr. Leonardo Lennard (testigo de identidad reservada que “formaba parte de una banda que se encargarÌa de armar causas penales truchas”), nada hizo y se limitó a absolver a los acusados. No surge tampoco de las actuaciones que el fiscal hubiera hecho la denuncia penal pertinente (tanto por posible comisiÛn del delito previsto por el art. 210 como del art. 275 del C.Penal). Esto pone a este tribunal ante la obligaciÛn de efectuar la denuncia penal pertinente como contempla el art. 277 inc. d) del C.Penal, no siendo competencia de este tribunal decidir acerca de si las acciones penales est·n prescriptas o no. Por lo que propongo al acuerdo, si mi voto es compartido, remitir copia de la presente sentencia al Fiscal General Departamental para que proceda seg˙n estime corresponder.
Por lo expuesto, VOTO POR LA NEGATIVA.
La seÒora jueza Dra Gabriela A. Rossello, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el seÒor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA,
el seÒor juez Dr. Emilio A. IbarlucÌa dijo:
I. De acuerdo a cÛmo ha quedado votada la cuestiÛn anterior, corresponde abordar el pedido de indemnizaciÛn de los daÒos sufridos.
1. Lucro cesante.
Dijo en la demanda la actora (deducida el 26/08/16) que, como producto de la detenciÛn sufrida, se vio privada de asistir a sus tareas durante el tÈrmino de dos aÒos y dos meses, y que antes de ello se desempeÒaba como manufacturera y repartidora de panaderÌa de la zona, y realizaba changas de jardinerÌa en el barrio, percibiendo en enero de 2013 aproximadamente $ 5.200, lo que multiplicado por ese lapso arrojaba $ 145.600. En el petitorio pidió “o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse”.
Es jurisprudencia pacÌfica que el lucro cesante debe ser probado por quien lo invoca (esta Sala, causas n∞ 91.450 del 24/04/94, 94.154 del 7/04/87, entre otras; SCBA, Ac. 52.258 del 2/08/94, AC. 75.918 del 21/11/01; C 95.167 del 5/12/12, C. 118.589 del 21/06/18 y otras; Trigo Represas-López Mesa, “Tratado de la responsabilidad civil”, La Ley, 2004, T. I, p. 464). En autos la ˙nica prueba sobre los ingresos de la actora antes de la privaciÛn de libertad son las declaraciones testimoniales prestadas el 9/09/24 (ver acta, audiencia videograbada en CD). El testigo Alberto Augusto Prieto dijo que trabajaba en un local de ropa y preparaba pan casero en su casa. Lo primero no se condice con lo declarado por el testigo Francisco Solano Paz, quien dijo que trabajaba en servicio domÈstico. Lo segundo, en cuanto hacÌa pan casero, se trata de prueba insuficiente como para dar por acreditado el lucro cesante (arts. 384 y 456 CPCC), por lo que se impone su desestimaciÛn.
En la demanda se pidiÛ resarcimiento por este concepto. Esta Sala tiene dicho reiteradamente que no tiene autonomÌa dado que no existe un tercer gÈnero distinto del daÒo material y del daÒo moral, sin perjuicio de que de que debe evaluarse para medir la incapacidad (en el caso de que la prueba pericial acredite que padece un trauma psÌquico, que le impide desarrollar actividades productivas o econÛmicamente valorables, doct. art. 1746 CCC), y tambiÈn el daÒo extrapatrimonial (at. 1078 CC, art. 1741 CCC).(esta Sala, nros.108.706 y 108.707 del 14/10/04, 108.415 del 31|/08/04, 109.549 del 7/10/05, 109.519 del 9/08/05, 110.993 del 22/05/07, 111.705 del 17/04/08, 112.796 del 10/12/09, 112.798 del 16/02/10, 116.733 del 3/04/18, 116.912 del 3/7/2018, 116.880 del 2/8/2018, 118.011 del 04/08/20, 118.839 del 32/11/21, 118.833 del 10/12/21, 120.946 del 08/04/24, entre otras; SC.B.A., L. 81.159 del 27/11/02, Ac. 77.461 del 13/11/02, Ac. 58.505 del 28/04/98, Ac. 64.248 del 8/09/98, AC. 79.853 del 3/10/01, SCBA LP C 108063 S 09/05/2012; SCBA LP C 100299 S 11/03/2009, SCBA LP B 59984 RSD-116-17 S 12/07/2017, 121.930 del 12/03/25, entre otros).
En el caso, surge del informe pericial psicolÛgico de la perito oficial Lic. Debarah Chvatal que la actora, con motivo de los hechos que motivan la causa, sufre una merma de sus aptitudes psÌquicas, debilitamiento de su sistema defensivo, afectaciÛn de su estructura yoica, en la medida que ha quedado impedida de desenvolverse como antes lo hacÌa, debiendo abandonar y no pudiendo volver a retomar actividades cotidianas laborales, familiares y sociales. Se detecta sintomatologÌa de malestar psicolÛgico significativo, y sufre situaciones de inestabilidad afectiva, ansiedad y angustia, que repercuten en el ·mbito familiar, social y laboral, Dictamina la experta una incapacidad del 20 por ciento, seg˙n baremo de Mariano Castex y Daniel silva (fs. 70/71)- Por lo tanto, por lo arriba indicado, entiendo que lo pedido encuadra en incapacidad psicolÛgica.
Si bien la perito, entre parÈntesis, apunta “parcial y transitorio”, no aclara por qué dice esto último, y entiendo que es evidente, dadas las causas de la sintomatologÌa y la edad de la actora al realizarse el informe (45 aÒos), que la incapacidad es permanente. La impugnaciÛn al peritaje por parte del apoderado de la demandada no es atendible porque se limita a decir que el porcentual de incapacidad es excesivo sin dar razones. Por lo tanto, entiendo que debe aceptarse un 20 % de incapacidad psÌquica (art. 474 CPCC). La actora al ser privada de libertad .tenÌa 40 aÒos, (fs. 2), y en cuanto a los ingresos, no existiendo prueba fehaciente, debe tomarse el SMVM (causas n∞ 122.069 del 19/03/25, 122.812 del 05/03/26, entre varias), Como se trata de una deuda de valor tomo en consideraciÛn el actual ($ 367.800, conf. Resol. n° 9/25 del CNEPySMVM), y recurriendo a la fórmula “Méndez” (esta Sala, causas 122.648 del 19/12/25, 122.812 del 5/03/26, 121.667 del 2/02/26, 122.160 del 17/09/25, entre oras), , el c·lculo arroja $ 26.800.000 a valores actuales, lo que asÌ propongo (arts. 1067, 1068, 1069, 1083 y cctes. C.C; art. 1746 C.C.C.).
3. DaÒo moral.
Como dije en la causa n° 122.464, (”Suc. de Mínguez”, arriba citada), no hay nada más preciado que la libertad ambulatoria, y es evidente que estar privado de ella durante m·s de dos aÒos (25 meses) genera daÒos espirituales de todo tipo. En el caso de autos, surge en forma indubitable del informe pericial psicolÛgico, en el que la licenciada atribuye los trastornos de vida que sufre la actora (recuerdos angustiosos recurrentes, miedos, llantos espont·neos, alteraciones del sueÒo, etc.) a una relaciÛn causal con los hechos que motivan estos autos.
Corroboran ello, adem·s, los testimonios recibidos en la audiencia del 9/09/24, en la que los declarantes han dado cuenta de la angustia padecida por la actora, quien estuvo presa teniendo cuatro hijos (dos de ellos menores por entonces; ver partidas y DNI de fs. 4/7 e inf. de perito psicÛloga), entre los cuales uno discapacitado, lo que es corroborado por el informe del Hospital de Gral. RodrÌguez, que da cuenta de que JosÈ Alejandro Larroza, (nacido el 13/01/92), fue atendido por problema neurolÛgicos en varias oportunidades entre abril de 2009 y noviembre de 2012, y el documento de fs. 8 (de fecha 20/04/10) da cuenta de que padecÌa hidrocefalia (con colocaciÛn de v·lvula). Huelgan las palabas para imaginar lo que puede sufrir una madre estando presa, teniendo una hija (Micaela) de 13 aÒos y un hijo discapacitado, siendo, adem·s, la familia de condiciÛn humilde y por ende sin recursos para atenderlos. Ambos testigos declararon que, con motivo de la prisiÛn de la madre, la hija de 13 años “agarró por mal camino” o llevó una “mala vida”. Fácil es presumir lo que debe haber sufrido la actora por hallarse impotente, por encontrarse privada de libertad, ante tal situaciÛn, y las secuelas generadas hasta el dÌa de hoy. Por estas razones, considerando que en esta caso el daÒo moral es mucho mayor que el evaluado en la causa n∞ 122.463 (“Suc. de Minguez”), propongo al acuerdo fijar la suma de $ 100.000.000 a valores actuales (art. 1078 C.C., art. 1741 C.C.C.).
4. Gastos documentados y no documentados.
PidiÛ la actora en la demanda el reintegro del pago de honorarios por la defensa en la causa penal, pero no se advierte que haya acompaÒado el recibo respectivo. TambiÈn solicitÛ los gastos de alimentos, vestimenta y traslados que la familia debiÛ asumir para trasladarse a las distintas c·rceles en que estuvo presa. Si bien son presumibles esos gastos, la actora no tiene personerÌa para reclamarlos en su nombre. Por lo tanto se desestima este rubro (art. 384 CPCC).
5. Intereses.
En la demanda se reclamaron intereses sobre los montos indemnizatorios desde ocurrido el hecho hasta el efectivo pago.
En los apartados precedentes los montos han sido fijados a valores actuales. Por lo tanto, los intereses deben computarse al 6 por ciento anual desde la privaciÛn de libertad (26/08/13) hasta el día la fecha (SCBA, “Vera” u “Nidera S.A.” de la S.C.B.A., C 120.536 y 121.134 del 3/05/18; C 122.107 de. 26/02/21; C 122.303 del 25/02/21, C 122.878 del 26/04/21, C 123.271 del 31/03/21, A 73677 RSD-43-21 S 24/02/2021 entre varias; esta Sala, causas n∫ 116.912 del 3/07/18, 117.397 del 11/6/19, 117.856 del 22/04/2020, entre otras), y de ahÌ en m·s hasta el efectivo pago a la tasa fijada por la reglamentaciÛn del BCRA – tasa TIM - (art. 768 inc. c CPCC) (conf. esta Sala, causa n∞ 123.190 del 5/06/26).
6. Plazo de cumplimiento de la sentencia.
Siendo que es el Estado provincial el que debe cumplir la presente sentencia, el plazo de pago debe ser el previsto en el artÌculo 70 de la Ley de Presupuesto Provincial (ley 15.394 y modificatorias), para lo cual, una vez firme la presente, la actora practicar· liquidaciÛn y una vez aprobada, el Estado provincial arbitrar· el pago conforme a la norma indicada (esta Sala, causa n° 122.464, ”Suc. de Mínguez c. Fisco de la Provincia de Buenos Aires”, ya citada).
II. Costas.
Si mi voto es compartido, las costas de ambas instancias deben ser a cargo de la demandada vencida (arts. 68 y 274 CPCC).
ASI LO VOTO.
La seÒora jueza Dra Gabriela A. Rossello, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el seÒor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA,
el seÒor juez Dr. Emilio A. IbarlucÌa dijo:
De acuerdo a la forma en que han quedado votadas las cuestiones anteriores, el pronunciamiento que corresponde dictar:
1∞.- Revocar la sentencia, y en consecuencia condenar a la Provincia de Buenos Aires a pagar a la actora la suma de $ 126.800.000, con m·s intereses al 6 por ciento anual desde el 26/08/13 hasta el dÌa la fecha, y a partir de este momento hasta el efectivo pago a la tasa fijada por la reglamentaciÛn del BCRA (art. 768 inc. c C.C.C.), en el plazo establecido en el art. 70 de la ley de presupuesto de la provincia (ley 15.394 y modificatorias).
2∞.- Imponer las costas de ambas instancias a la demandada en su calidad de vencida.
3∞.- Remitir copia certificada de la presente sentencia al Fiscal General Departamental a los fines seÒalados en el considerando VI) de la primera cuestiÛn tratada.
ASI LO VOTO.
La seÒora jueza Dra Gabriela A. Rossello, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el seÒor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dict·ndose la siguiente:
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser revocada.-
POR ELLO y dem·s fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE
1∞.- Revocar la sentencia, y en consecuencia condenar a la Provincia de Buenos Aires a pagar a la actora la suma de $ 126.800.000, con m·s intereses al 6 por ciento anual desde el 26/08/13 hasta el dÌa la fecha, y a partir de este momento hasta el efectivo pago a la tasa fijada por la reglamentaciÛn del BCRA (art. 768 inc. c C.C.C.), en el plazo establecido en el art. 70 de la ley de presupuesto de la provincia (ley 15.394 y modificatorias).
2∞.- Imponer las costas de ambas instancias a la demandada en su calidad de vencida.
3∞.- Remitir copia certificada de la presente sentencia al Fiscal General Departamental a los fines seÒalados en el considerando VI) de la primera cuestiÛn tratada.
NOTIFIQUESE por medios electrÛnicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac.
4039/21).Y DEVUELVASE.
Fin de la sentencia