Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2020-07411475-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución Nº 133 (DI VACD) de la Dirección de Valoración y Comprobación Documental recaída en la Actuación Nº 18017-3-2017 apelada en autos y, por ende, dejar sin efecto los cargos 46, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610 y 611 del año 2016 confirmados por su art. 1.
2Imponer las costas a la demandada vencida (art. 1163 del CA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2021-58820340-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 1 de Julio de 2021 apelación En el día de la fecha, se reúnen los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Cora M. Musso y Héctor Hugo Juárez, con la presidencia de la Vocal mencionada en segundo término, para resolver en los autos caratulados: “LARTIRIGOYEN y CIA. S.A. c/DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/APELACIÓN” EX-2020-07411475-- APN-SGASAD#TFN;
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Fundamentos del recurso de apelación: Que con fecha 03.02.20 la firma recurrente, mediante letrada apoderada, interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 133/2009 (DI VACD) recaída en la actuación SIGEA Nº 18017-3- 2017, por la cual se rechaza la impugnación planteada por la actora y confirma los cargos N° 46, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610 y 611 del año 2016, en virtud del ajuste de valor practicado respecto de las destinaciones de Exportación Nº 15038EC01014243K, 15001EC01002850B, 15001EC01002857X, 15001EC01006720B, 15001EC01013314V, 15001EC01019331D, 14001EC01075153G, 14001EC01075170F, 14001EC01075170F, 14001EC0100003M, 15092EC01005809S, 15092EC01007322K, 15092EC01008626S, 15092EC01009832S, 15092EC01010778T, 15092EC01012825Y, 15092EC01021024F, 15092EC01021713K, 15092EC01023697A, 15092EC01032805Y, 16092EC07000012G, 16092EC07000013H, 16092EC07000048P, 16092EC07 000051J y 16092EC07000052K por un monto total de Dólares Ciento Veintiocho Mil Ciento Noventa y Dos con 10/100 (U$S 128.192,10).
Explica que, como consecuencia del inicio del procedimiento previsto en la RG 620/99, con fecha 30.08.16 su mandante suministró al servicio aduanero la información que permitía determinar la base de valoración, pero que dichos argumentos no fueron considerados por la aduana. Señala que el 14.11.16 se le notificaron los cargos formulados, respecto de los cuales interpuso recurso de impugnación. Manifiesta que, una vez sustanciado el recurso, se dictó la resolución que ahora apela, sin que se hubiera tenido en consideración la prueba documental y pericial producida, basándose únicamente en los informes técnicos 6/2016 (SE CLSU) y 75/2019 (SE CLSU) agregados a las actuaciones administrativas. Sostiene que el ajuste de valor practicado por la aduana, se aparta injustificadamente del valor real de transacción que rige como principio en el Código Aduanero (“CA”) para determinar el valor imponible de una exportación.
Señala que el ajuste de la Aduana viola los arts. 735 y 748 del CA en cuanto no pondera, por las razones que expone, las modalidades inherentes a la exportación de semillas de chía. Afirma que ello vulnera los principios de legalidad y de razonabilidad porque se aparta arbitrariamente de los métodos de valoración, creando -a su criterio- un método inexistente y, asimismo, porque no admite ningún margen de tolerancia entre el valor declarado y el fijado por el servicio aduanero, desconociendo la prueba pericial contable obrante en autos. Explica que el valor imponible no puede ser un valor fijado arbitrariamente por la aduana y que el CA ha pretendido abandonar la noción teórica de valor de Bruselas para acercarse a la noción positiva del Acuerdo del GATT.
Cita la Exposición de Motivos y los comentarios al CA de sus redactores, en contraposición a los informes técnicos que insisten en que el citado plexo normativo utiliza un criterio teórico, divorciado de la realidad. Agrega que las operaciones efectuadas por la recurrente son genuinas y entre partes independientes, con contratos de fecha cierta y con precios acordados en forma veraz, motivo por el cual sostiene que la aduana debe acreditar de manera fehaciente la razón por la que descarta el precio declarado. Cita el art. 748 del CA que prevé la posibilidad de apartarse de dicho valor mediante la utilización del método más idóneo para determinar el valor imponible y que, en ese caso, el servicio aduanero debe invocar y probar los motivos que conllevan a la falta de idoneidad del precio declarado como base de valoración.
Señala que la Aduana se habría limitado a confrontar el valor declarado con los precios promedio obtenidos de la base de datos obrante en el SIM u otras bases de datos de uso exclusivo por parte del Fisco, acudiendo en forma injustificada a métodos alternativos de valoración. Cita jurisprudencia de este tribunal. Considera que la Aduana, en lugar de utilizar el método de valoración previsto por el inciso a) del art. 748 del CA realizó estimaciones cuatrimestrales basadas en promedios, combinando el mencionado método con el del inciso c). Agrega que no hubo comparación de operación con operación como exige el inciso a) y tampoco el servicio aduanero cumplió en publicar con anterioridad a la fecha de registro de las destinaciones impugnadas, los valores promedio adoptados por el organismo, como exige el inciso c).
Afirma que la Aduana habría creado “un nuevo método” a partir de los precios que surgirían de bases de datos (Sistema Indira y Discover) acumulados cuatrimestralmente, obteniendo luego un precio ponderado que se tomaría como valor imponible, de lo cual se agravia y cita jurisprudencia. Señala que los promedios se formularon en base a operaciones no comparables por tratarse de exportaciones que tenían diferentes destinos y condiciones de venta, concertadas con sujetos de diferente capacidad productiva y con diferencia en cuanto a los volúmenes, por lo que considera ilegítimo el ajuste efectuado por la Aduana por sustentarse en valores arbitrarios y ficticios. En cuanto al porcentual del ajuste, manifiesta que el juez administrativo no cuestionó ni impugnó la conclusión a la que arribó la prueba pericial contable y que la variación del valor documentado por la recurrente es, según el criterio de la propia Aduana, en promedio menor al 1%, por lo que se trata de una diferencia no significativa y no correspondería realizar el ajuste.
Cita el art. 747 del CA y doctrina que hace a su derecho. Agrega que la Aduana no aclara si los valores utilizados para obtener los promedios provienen de partes independientes o vinculadas, ni tampoco indica el nombre de los exportadores. Realiza un listado de los permisos de embarque y de sus destinos y afirma que cuando se trata de comparar con mercaderías idénticas o similares, éstas deben haber sido exportadas al mismo país de importación. Ofrece prueba documental y pericial contable, hace reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada y se deje sin efecto la pretensión tributaria.
II. Contestación del traslado: Que corrido el traslado con fecha 10.03.20, la representación fiscal lo contesta con la IF- 2020-60489710-APN-DTD%JGM y, previa intimación y pedido de prórroga, acompaña las actuaciones administrativas mediante IF-2020-69006693-APN-DTD#JGM, IF-2020-69006757-APN-DTD#GM y IF-2020-69006839-APN- DTD#JGM de fecha 14.10.20. En su contestación, luego de efectuar la negativa genérica de rigor y la reseña de los hechos, da por reproducidos los argumentos que surgen de los informes técnicos 6/2016 (SE CLSU) y 75/2019 (SE CLSU) y de la resolución apelada. Explica que el ajuste de valor tuvo por finalidad el análisis de las destinaciones de exportación de semillas de chía y que, contrariamente a lo sostenido por la actora, dicho ajuste fue practicado conforme a la legislación vigente.
Manifiesta que el CA ha adoptado la noción teórica -o negativa- del valor; señala que la sistematización en torno a ella permite asignar valores a todas las mercaderías que se despachan con destino al exterior, de modo que las exportaciones deben adaptarse a esa noción o fórmula teórica en los distintos elementos que la componen como son el precio, la cantidad, el tiempo o momento, el lugar y el nivel comercial. Afirma que, a pesar de que la recurrente tuvo la oportunidad de aportar los elementos que permitieran sostener los valores declarados, no probó sus dichos. Cita doctrina y jurisprudencia. Transcribe el art. 745 del CA y sostiene que ello no implica que el valor documentado por el exportador deba necesariamente tomarse como base de valoración, dado los límites establecidos por el art. 747 del citado plexo normativo.
Se refiere a las facultades del servicio aduanero previstas en el art. 748 del CA para apartarse del precio pagado o por pagar cuando éste no constituya una base idónea de valoración y de recurrir, en el caso del inciso a), al valor obtenido por estimación comparativa con mercaderías idénticas o, en su defecto, similar competitiva tomando en consideración las modalidades de la exportación. Menciona las facultades conferidas por el art. 241 del CA y cita jurisprudencia. Hace un resumen en cinco párrafos de los argumentos en los cuales basa su contestación, refiere en uno de ellos al precedente “IAFA” de la Corte Suprema de fecha 28.08.73, y ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Asimismo, solicita que, en los términos del art. 1145 del CA se desestime la prueba ofrecida por la recurrente por inconducente, inoficiosa y dilatoria.
Confiere autorizaciones, reserva la cuestión federal y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Procedimiento ante la Dirección General de Aduanas: La actuación Nº 18017-3-2017 de fecha 09.01.17, se inicia a fs. 1/ 3 con copia del Informe Técnico n.º 6/2016 (SE CLSU) y Nº 3/2016 (SE CLSU) de la Sección Cereales, Oleaginosas y Subproductos de la Dirección de Valoración y Comprobación Documental relativo a la actuación SIGEA Nº 18017-19-2016, que fue elevado para su aprobación por la División Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Pesca mediante Nota N° 228/2016 (SE CLSU). En virtud de dicho informe, a fs. 4 mediante Nota Nº 234/2016 (SE CLSU) se elevan las actuaciones a la División Gestión Recaudatoria de Valor y Comprobación Documental a fin de que se practiquen los cargos respecto de las destinaciones involucradas en autos.
A fs. 5/36 obran los cargos 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499 y 500 del año 2016 (y sus respectivas liquidaciones y factura de exportación) notificados mediante el SICNEA con fecha 23.11.16. A fs. 37/96 obran los cargos 605, 603, 600, 602, 610, 611, 601, 606, 604, 609, 608, 597, 598, 607 y 599 del año 2016 (y sus respectivas liquidaciones y factura de exportación) notificados mediante el SICNEA con fecha 12.12.16. A fs. 97/100 obra el cargo 46/2016 (y su respectiva liquidación y factura de exportación) notificado mediante el SICNEA con fecha 14.11.16. A fs. 101/103 se requiere la remisión de los antecedentes por las impugnaciones interpuestas por la actora. A fs. 104 mediante Nota n.º 200/2017 (DV GRCD) se remiten las actuaciones a la División Impugnaciones (DE GVCD).
A fs. 105/116 y vta. obra el recurso de impugnación interpuesto por la firma recurrente respecto de los cargos VE n.º 500, 499, 498, 497, 496, 495, 494 y 493 y a fs. 121/197 la documental aportada por ésta. A fs. 198/208 y vta. obra el recurso de impugnación interpuesto respecto del cargo 46/2016 y a fs. 212/223 se agrega la documental acompañada por la actora. A fs. 224/236 se agrega el recurso de impugnación correspondiente a los cargos 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610 y 611 y a fs. 241/313 obra la documental acompañada por la recurrente. A fs. 315 se da inicio al procedimiento de impugnación y se provee a la prueba pericial contable ofrecida por la actora.
A fs. 316 la firma recurrente informa el profesional que tendrá a su cargo la realización de la pericia. A fs. 319/324 se acompaña el informe pericial. A fs. 325 mediante Nota Nº 306/2018 (DV IMGV) la División Impugnaciones remite las actuaciones a la Sección Cereales, Oleaginosas y Subproductos a fin de que amplíe el informe técnico. A fs. 326 la recurrente solicita que se resuelva la causa. A continuación, se agregan copias de destinaciones y a fs. 328/332 copias del Boletín Oficial. A fs. 333/343 mediante Nota Nº 75/19 (SE CLSU) obra el informe producido por la Sección Cereales, Oleaginosas y Subproductos, ratificado por la División Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Pesca (DV CLSP) de la Dirección de Valoración y Comprobación Documental (SDG CAD).
A fs. 344 se ponen los autos para alegar y a fs. 347/352 y vta. obra el alegato de la actora. A fs. 353/355 se emite el Dictamen Nº 134/2019. A fs. 356 mediante Nota (DV IMGV) Nº 572/2019 la División Impugnaciones eleva las actuaciones con el proyecto de resolución al Departamento Gestión de Valoración y Comprobación Documental. A fs. 357/366 se dicta la Resolución Nº 133/2019 (DI VACD). A fs. 370 la actora informa la apelación ante este tribunal.
IV. Proceso en el Tribunal Fiscal: Que con fecha 23.10.20 se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas digitalizadas y se confiere la vista de las mismas por el plazo de diez días. Mediante IF-2021-42439584-APN-DTD#JGM del 13.05.21, la actora solicita que se declare la causa de puro de derecho, lo que se provee con fecha 30.06.21 y se elevan los autos a la Sala “E”. En la misma fecha, pasan a sentencia.
V. Fundamentos de la resolución apelada: La Resolución 133/2019 (DI VACD) apelada en autos ajusta los valores imponibles correspondientes a determinados operaciones de exportación de la actora de semillas de chía. La resolución se funda en: (i) los informes técnicos Nº 6/2016 (SE CLSU) y 3/2016 (SE CLSU) de la Sección Cereales, Oleaginosas y Subproductos de la Dirección de Valoración y Comprobación Documental (fs. 1/3 de las actuaciones administrativas); (ii) la Nota Nº 75/19 (SE CLSU) en la que obra el informe producido por la Sección Cereales, Oleaginosas y Subproductos (fs. 333/343 de las actuaciones administrativas) y, (iii) el Dictamen Nº 134/2019 (fs. 353/355 de las actuaciones administrativas).
De modo resumido, los informes referidos fundamentan el ajuste de los valores de las exportaciones de la actora (ver facturas fs. 5/36; 37/96 y 97/100) comparándolos de modo directo con los precios promedios cuatrimestrales (ver cuadro de fs. 2 y 340), que surgen de Permisos de Embarque de mercadería idéntica o similar, entre los que se incluyen los ajustados a la actora (ver pericia contable, punto b), fs. 323 de las act. adm.). Sostienen los informes referidos que los precios promedio elaborados, no surgen de indicios ni de cotizaciones internacionales, sino de las exportaciones documentadas de los mismos sujetos que son objeto de los ajustes de valor (conforme informes técnicos Nº 6/2016 (SE CLSU) y 3/2016 (SE CLSU) -fs. 1/3 de las act. adm. y la Nota Nº 75/19 (SE CLSU) -fs. 333/343 de las act. adm.). Al ajustarse los valores imponibles de las exportaciones de la actora -con base en los precios promedio de los informes- se generan las diferencias de derechos reclamadas mediante los cargos apelados. Conforme la Aduana, el ajuste se realiza bajo las previsiones del art. 748 inc. a) del CA. En estos autos, la Aduana se limitó a reiterar, con citas de doctrina y jurisprudencia, los argumentos ya vertidos en sede administrativa.
Surge de los antecedentes que los precios de la actora que la Aduana desestima son precios libres -no controlados-. El carácter de precios libres fue sostenido por la actora y no fue controvertido por la Aduana, por lo que debe considerarse un hecho no controvertido en autos.
VI. Decisión del caso: Realizada la lectura de los antecedentes de estos autos se adelanta que se hará lugar a la pretensión de la actora, revocando íntegramente los cargos apelados. Ello conforme las razones que se exponen a continuación.
i. Apartamiento del orden procedimental del CA para realizar un ajuste de valor: Cualquiera fuera la inteligencia del código sobre su metodología para determinar los derechos de exportación (noción positiva de valor del Acuerdo del GATT o noción teórica de Bruselas), son sus normas las que deben aplicarse y las que rigen la controversia.
Así, asiste razón a la actora cuando sostiene que el ajuste se apartó de la manda del art. 748 del código bajo cuya invocación, conforme el método de su inciso a), la Aduana pretende fundar el ajuste.
El art. 748 establece, ab initio, que “cuando el precio pagado o por pagar no constituyere una base idónea de valoración a los fines determinar el valor imponible en forma correcta, el servicio aduanero podrá apartarse del mismo”. La correcta inteligencia del acápite del art. 748 está iluminada por los arts. 746 y 747, el primero aplicable a exportaciones celebradas entre sujetos vinculados, el segundo a los precios en general. El art. 746 dispone: “1. El hecho de que existiere vinculación entre el comprador y el vendedor que afectare lo dispuesto en el artículo 735, no constituye motivo suficiente para considerar inaceptable el precio pagado o por pagar, salvo que tal vinculación influyere en el precio. 2. Si la vinculación influyere en el precio, el servicio aduanero podrá desestimar el precio pagado o por pagar como base de valoración y en tal caso determinará el valor de conformidad con lo previsto en el artículo 748.” El art. 747 dispone: “ Se aceptará el precio pagado o por pagar y en tal caso se valorará la mercadería de conformidad con lo previsto en el art. 746, apartado 1, si el exportador demostrare que dicho precio no difiere sustancialmente de alguno de los valores corrientes y resultantes de tomar en consideración el art. 748, incisos a), b) o c). No obstante, si el servicio aduanero dispusiere igualmente de antecedentes, tomando en consideración los mismos criterios, que difieren notoriamente del precio pagado o por pagar, podrá exigir del exportador que justifique su precio de transacción bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable”.
De las normas transcriptas surge que, por principio, los precios pactados entre las partes de una exportación deben aceptarse como base para la valoración aduanera, salvo que se demuestre por la Aduana que no son aceptables.
Este principio tiene alcance más intenso cuando los precios son libres, esto es, pactados entre partes independientes. Al postular el art. 746 que ni siquiera el hecho de ser precios controlados autoriza, de por sí, a desestimarlos, debe colegirse que si nos encontramos ante precios libres -como los de autos- la exigencia para desestimarlos se acentúa, nunca puede ser menor. Es lo que no ocurrió en este caso, donde no se objetó fundadamente -como se verá infra en (ii) y (iv)- la veracidad de los precios acordados por la actora, limitándose la Aduana a oponer, de modo directo, precios promedio alternativos aduciendo la aplicación del art. 748 inc. a).
Los precios de la actora, por principio, constituyen una base idónea de valoración; si la Aduana pretende apartarse de ellos debe objetarlos fundadamente.
Si la Aduana no puede apartarse discrecionalmente de los precios declarados cuando son controlados (debe demostrar que la vinculación influyó en el precio), menos puede hacerlo respecto de precios libres, aduciendo u oponiendo precios promedio alternativos que no reflejan diferencias sustanciales o notorias (art. 747 del CA) respecto de los precios libres fijados en las transacciones fiscalizadas. Esto fue, sin embargo, lo que el organismo hizo en este caso, al elaborar sus precios promedio y compararlos, de modo directo, contra los precios de la actora, para desestimarlos como base de valoración cuando resultaban más bajos.
Así, el ajuste de valor falla en su base metodológica, pues careció de fundamentos para apartarse de los precios de la actora. Convalidar la actuación de la Aduana en autos implicaría limitar su actividad a, simplemente, construir precios o valores alternativos promedio para corregir, en todos los casos, los precios libremente pactados por los exportadores o importadores, con fin exclusivamente recaudatorio y desnaturalizando sus funciones.
Solamente después de: (a) haber descartado fundadamente los precios pactados por la actora, era posible (b) sustituirlos por precios promedio, que no son otra cosa que precios teóricos, aptos para establecer un valor imponible teórico. Omitido el primer paso fundamental (a), resulta vedado continuar con el segundo (b): esto es, el ajuste de valor con base en precios teóricos. Este proceder de la Aduana, verificado en autos, resulta contrario a la regla sentada en el transcripto acápite del art. 748 del CA y no puede ser cohonestado. Lo expuesto basta como argumento para revocar íntegramente los cargos intimados.
i. Deficiencias metodológicas del ajuste frente a las prescripciones del Código Aduanero: Resulta pertinente hacer una referencia a los precios promedio que la Aduana pretende oponer como sustitutos de los libremente acordados por la actora. A fs. 2 de las actuaciones administrativas (luego se reitera en el resto de los informes) señala el informe inicial que los “precios tomados” “no difieren en más de un cuatrimestre con el de las destinaciones bajo análisis”. No puede obviarse que el método de la Aduana consiste en comparar los precios reales contra precios teóricos elaborados por el mismo organismo. Resulta claro que el promedio cuatrimestral de precios no resulta compatible con las pautas definidas en el art. 735 del CA a los efectos de la valoración aduanera. En efecto, “el valor imponible de la mercadería que se exportare (…) es el valor FOB, en operaciones efectuadas (…) entre un comprador y un vendedor independientes uno de otro en el momento que determinan para cada supuesto los arts. (…) según correspondiere, como consecuencia de una venta al contado”.
Los precios promedio elaborados por la demandada: (a) carecen de información de respaldo respecto a si fueron fijados entre compradores y vendedores independientes; (b) se apartan de la pauta temporal del art. 735 al promediarse en una dispersión de cuatro meses, mientras que la norma establece los momentos legales de la exportación como parámetro temporal para una eventual comparación de precios o valores; (c) carecen de información de respaldo sobre si son propios de ventas al contado, obviando la incompatibilidad conceptual que existe entre un precio promedio y el precio de una venta al contado -que se exige legalmente como parámetro de comparación-. De lo anterior surge la exigencia que las comparaciones de precios sean operación contra operación, y no contra precios promedio.
En la misma línea, la comparación de precios operación por operación -que implica respetar cierta contemporaneidad entre los comparables- surge del método del art. 748 inc. a) del CA invocado por la Aduana, extremo que resulta también incompatible con una comparación entre precios promedio cuatrimestrales. Los precios promedios que fundan el ajuste no reparan, a su vez, en las modalidades inherentes a la exportación exigidas por el mismo inc. a): no hay precisiones, en los precios dispersados temporalmente a lo largo de cuatro meses, sobre: el destino de las exportaciones (mercados diferentes a los de destino de los precios objetados, conforme alega la actora a lo largo del expediente, ver fs. 114; 351vta./352 de las act. adm.); momento de la fijación de los precios (se trata de productos agrícolas, con ventas cuyos precios pueden ser muy anteriores al embarque), volúmenes, logística, etc.
Corresponde también señalar que el mecanismo de comparación contra precios promedio es propio del inc. c) del art. 748 que, sin embargo, exige que se trate de precios “preestablecidos”, lo que no ocurre con los precios promedio usados como comparables de ajuste en estos autos; son precios promedio construidos adhoc respecto de cada operación, con base en operaciones tanto anteriores como posteriores a los precios escrutados.
Paradójicamente, pese a la falta de precisiones en torno a los precios alternativos promedio de la Aduana y cómo se elaboraron, cuando se realizan los ajustes de valor contra los Valores Imponibles FOB declarados de la actora, los porcentuales de ajuste de esa base imponible oscilan -sobre un total de 25 operaciones- entre un mínimo del 0,5% y un máximo del 1 %, superándose el dígito porcentual solamente en seis operaciones (ver cuadro del BO del 30.08.2016, fs. 329/331 de las act. adm, conf. RG -AFIP- 620/1999). El carácter porcentual menor del ajuste de valor partiendo de los precios promedio (que, por definición, nunca pueden ser iguales a los reales y libres declarados por la actora) lejos de llevar a pensar que esos valores declarados son incorrectos, conduce a considerar su positiva veracidad.
Distinta podría haber sido la apreciación si se verificara diferencias de valor porcentuales sustanciales o notorias (art. 747 del CA), relevantes como para despertar, al menos, una sospecha sobre los precios concretos de la actora y cumplir con el presupuesto de aplicación del art. 748. No puede en este punto ignorarse, aun cuando estemos analizando precios libres, la Resolución General (AFIP) 1122/01 (BO:
31.10.01. de precios de transferencia, vigente en el período de exportaciones aquí analizadas. En su art. 12 tercer párrafo, al regular el rango intercuartil de precios dispone que, cuando no se cuenta con una mediana de precios de transacciones comparables, puede realizarse la comparación con precios que hubieran utilizado partes independientes, usándolos como mediana. En ese supuesto la resolución considera un margen de tolerancia del 5 %, en más o menos respecto del precio que sirve como mediana de comparación, según los precios escrutados se encuentren, respectivamente, por encima del tercer cuartil y debajo del primer cuartil en relación a dicho precio, computando como naturalmente no ajustable un precio escrutado que cae dentro del porcentaje de variación del 5%, en más o menos, del precio usado como mediana. Con todas las salvedades que corresponde hacer para este caso, producto de la metodología poco clara -ver infra punto (iv)- usada por la Aduana (los precios promedio no explicitan si comprenden transacciones controladas o libres; no son técnicamente una mediana de precios; no estamos escrutando tampoco precios controlados sino libres -los de la actora-), no puede dejar de observarse el porcentual de variación tolerable del 5 % -en más o menos- sobre el precio usado como comparable, para considerar que el precio comparado no merece observación ni ajuste cuando la diferencia está dentro de ese porcentaje. Si, además, en autos estamos ante precios libres (no contralados como los que regula la RG -AFIP- 1122/01, ni propios de mercados transparentes) el margen de ajuste máximo aplicado (en una sola operación, 1,76 %) con una mayoría de ajustes entre el 0,5 y el 1 %, los hace irrelevantes y, como se dijo, lleva a concluir que los precios de la actora son genuinos.
i. Validación de la actora de sus precios mediante la prueba pericial: Cerrando el círculo de lo expuesto, la actora produjo prueba pericial contable a fs. 319/324 de las actuaciones administrativas, elaborando sus propios precios promedio, en base a los costos y gastos incurridos para la exportación. El informe concluyó que sus precios son compatibles con el precio FOB promedio declarado ante la División Impugnaciones de la Aduana.
El informe pericial consideró esos precios son tanto: (a) genuinos, frente a la documentación de la actora relevada (Libro Diario Nº 27, Libro IVA Ventas Nº 20, Libro IVA Compras Nº 12, precios promedio según aplicación PENTA, facturas de compra período 2015, papeles de trabajo para determinar precio promedio, precios de producción según registraciones contables, ver fs. 321 de las act. adm.) como, (b) compatibles con las previsiones de los arts. 735 y 747 del CA. Esta última norma dispone que se aceptarán los precios pagados o por pagar si el exportador demostrare que sus precios no difieren sustancialmente de algunos de los valores corrientes y resultantes de tomar en consideración el art. 748, incisos a), b) o c). Esta compatibilidad sustancial se verifica con la pericia contable de fs. 319/324 en sí misma (cumpliendo la actora con la carga del art. 747 in fine del CA), como también -como se apreció en los dos últimos párrafos del anterior (ii)- respecto de los propios precios promedios elaborados por la Aduana para practicar el ajuste, en función de los incisos a) y c) del art. 748 (ver punto a) del informe pericial, fs. 323). Así ni del informe pericial producido por la actora, ni de los precios promedio elaborados por la Aduana, cabe colegir que “difieren notoriamente” (art. 747 del CA in fine) del precio pagado o por pagar declarado por la actora. La referida certificación contable ninguna apreciación crítica recibió de la Aduana en sus informes posteriores a su agregación al expediente administrativo (ver la Nota Nº 75/19 (SE CLSU) -fs. 333/343- y el Dictamen Nº 134/2019 -fs. 353/355-). Tal silencio de la administración refuerza el rechazo a la procedencia de los ajustes de valor practicados por la Aduana.
i. Oscuridad del ajuste de valor en las actuaciones administrativas: Finalmente, del examen de las actuaciones administrativas y los informes técnicos que fundan el ajuste (Nº 6/2016 (SE CLSU) y 3/2016 (SE CLSU) -fs. 1/3 de las act. adm.- y la Nota Nº 75/19 (SE CLSU) -fs. 333/343 de las act. adm.) no surge con claridad el modo ni los cálculos por los que la Aduana arribó a los porcentajes de ajuste de la base imponible en dólares (U$S) declarada por el exportador, expuestos en el cuadro publicado en el Boletín Oficial del 30.08.2016 (fs. 329/331 de las act. adm, conforme RG (AFIP) 620/1999).
Basta señalar que el informe inicial parte de un ajuste sobre precios declarados contra precios promedio elaborados por la Aduana, mientras que los ajustes porcentuales expuestos en el Boletín Oficial predican sobre la base imponible declarada en dólares (U$S) por el exportador. Con independencia de que tales cálculos existan y sean precisos, la ausencia de un informe completo y circunstanciado en el expediente administrativo, que cristalizara una apertura analítica de todos los datos relevantes y operaciones numéricas que sustentan el ajuste, atenta contra el esencial elemento de motivación del acto administrativo regular -art.
7. incs. e) y b) de la ley 19.549-, así como la exigencia de fundamento del art. 2.1.2.1 del Anexo I de la RG 620/99. Y es que, no otra cosa que un acto administrativo es la resolución apelada en autos, con los cargos que contiene.
No puede soslayarse que la determinación de un cargo aduanero constituye, de modo objetivo, una afectación del derecho constitucional de propiedad de un particular, propiedad que la Constitución define como inviolable (art. 17). En consecuencia, su determinación por parte de la autoridad administrativa debe ser especialmente prolija en la formalización de los antecedentes que la fundan y conducen a intimar el pago de una deficiencia fiscal. Esta exigencia es necesaria, por demás, no solo para posibilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa del administrado, sino en orden a su eventual revisión judicial de lo actuado por la administración, cuyas funciones no deben ser suplidas por el Poder Judicial. Sumado este grave defecto formal a lo expuesto supra en (i), (ii) y (iii), la suerte de la contienda resulta adversa a la parte demandada. Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, corresponde en el caso revocar la resolución apelada en todas sus partes y, por ende, los cargos (VE) N° 46, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610 y 611 del año 2016, con costas.
Por lo expuesto, voto por:
1. Revocar la Resolución Nº 133 (DI VACD) de la Dirección de Valoración y Comprobación Documental recaída en la Actuación Nº 18017-3-2017 apelada en autos y, por ende, dejar sin efecto los cargos 46, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610 y 611 del año 2016 confirmados por su art. 1.
2. Imponer las costas a la demandada vencida (art. 1163 del CA).
La Dra. Musso dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Juárez dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación que antecede, por unanimidad, SE
1. Revocar la Resolución Nº 133 (DI VACD) de la Dirección de Valoración y Comprobación Documental recaída en la Actuación Nº 18017-3-2017 apelada en autos y, por ende, dejar sin efecto los cargos 46, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610 y 611 del año 2016 confirmados por su art. 1.
2. Imponer las costas a la demandada vencida (art. 1163 del CA).
Regístrese y notifíquese.
Date: 2021.07.01 11:48:09 -03:00 Date: 2021.07.01 11:50:27 -03:00 Cora Marcela Musso Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.07.01 12:20:35 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.07.01 12:20:36 -03:00
Fin de la sentencia