Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 33159-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 13/06/2024, con costas (arts. 68, 1° parte del CPCCN y 1163 del C.A.).
21.266/2024 “Lasedal SA (TF 33159-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” Buenos Aires, 5 de septiembre de 2025.-
VISTOS y CONSIDERANDO:
I.-Que mediante el pronunciamiento de fecha 13/06/2024 el Tribunal Fiscal de la Nación, revocó la Resolución (DE PRLA) n° 474/12, recaída en el exte. SIGEA n° 13696-130-2007. Impuso las costas a la demandada.
Para así resolver, en primer término, expuso que, la recurrente realizaba un pedido de nulidad por privación del derecho de defensa relacionado al dictado de las Resoluciones nros. 225/06 y 4/07, por las que se había llevado a cabo un procedimiento investigativo dentro del ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, tendiente a determinar el carácter originario de los tejidos de hilados de filamentos sintéticos clasificados en la P.A. 5407.69.00, 5210.59.00. 5407.61.00, 5516.22.00. 5802.19.00, 6005.31.00. 6005.32.00, 6005.33.00, 6006.31.00 y 6006.32.00 exportados por la firma H-TRADE COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA.
Al respecto, señaló que ese Tribunal carecía de competencia para pronunciarse acerca de un procedimiento dictado fuera del ámbito de la Dirección General de Aduanas no contemplado en el art. 1145 del C.A.
Sin perjuicio de ello, en lo que refería a la sustanciación del procedimiento instructorio por el que se dictó la resolución apelada, consideró que no se constataba en el sumario, error o vicio alguno, que causaren a la agraviada indefensión o gravamen que no haya podido ser subsanado en esa instancia, por lo cual, atento a la posibilidad de la firma importadora, en esa instancia de ofrecer y producir prueba con toda amplitud y exponer todos los argumentos que estimó convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornaron relativas y subsanables.
En consecuencia, entendió que, el planteo debía ser rechazado sin más por cuanto no se advertía lesión alguna al derecho de defensa de las partes involucradas en los trámites cumplidos por la Aduana, precisamente en oportunidad de investigar la supuesta comisión de la infracción tipificada en el art. 954. ap. 1, inc a) del CA. Sentado ello, apuntó que correspondía analizar en autos si la resolución apelada, por la que se la condenaba a la firma importadora al pago de una multa por infracción al art. 954, ap. 1, inc. a) del C.A., se ajustaba a derecho en lo que había sido materia de recurso.
Precisó que, la firma importadora documentó la destinación de importación a consumo n° 05 001 IC05 032680 M, de la mercadería que ubicó en las P.A. 5210.19.00.930H, 5210.59.00.930P, 5407.61.00.213R, 5407.69.00.192F. 5407.69.00.194K. 5407.69.00.292L y 5407.69.00.294Q. por una cantidad de 105.021,46 metros, con un valor FOB total de 75.262,01 dólares estadounidenses, cuyo país de origen/procedencia fue Brasil.
Indicó que, la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa dictó las Resoluciones n 225/06 y 4/07 por las que dispuso que las mercaderías ubicadas en la P.A. 5407.69.0, 5210.19.00, 5210.59.00, 5407.61.00, 5516.22.00. 5802.19.00, 605.31.00, 6005.32.00, 6005.33.00, 6006.31.00 y 6006.32.00, exportadas por la firma H-TRADE COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA., no cumplían con las condiciones para ser consideradas originarias en los términos de lo dispuesto por el Régimen de Origen MERCOSUR, suspendiendo el tratamiento arancelario preferencial y aplicando el tratamiento arancelario extrazona a los despachos oficializados en el transcurso de la investigación.
Señaló que al respecto, el servicio aduanero consideró que el despacho de importación de autos se encontraba comprendido en lo resuelto en dichas resoluciones, atento a que la empresa exportadora y las P.A. arancelarias declaradas en el despacho de trato se correspondían con lo establecido en la normativa citada. En consecuencia, entendió que tal proceder era configurativo de la conducta infraccional prevista y penada en el art. 954, ap. 1, inc. a) del CA. infracción por la que finalmente se condenó a la actora.
Con relación a ello, puso de relieve que, las Resoluciones nros. 225/06 y 4/07, en su art. 1, determinaron que los tejidos hilados de filamento sintéticos clasificados en las P.A. 5407.69.00. 5210.19.00, 5210.59.00, 5407.61.00, 5516.22.00, 5802.19.00, 6005.31.00, 6005.32.00. 6005.33.00, 6006.31.00 y 6006.32.00 exportadas a nuestro país por la firma H-TRADE COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA de República Federativa del Brasil, no cumplían con el régimen de origen MERCOSUR.
Sin embargo, puntualizó que la investigación por la que se adoptó tal temperamento, estuvo circunscripta a las destinaciones de importación n° 05 001 IC05 030721 G, 36003 F, 039290 Z, 04 001 IC05 029317 Y. 35292 N, 04 001 IC04 097617 V, 04 001 IC05 030690 K. 31198 Y. 33206 G. 38793 W. 41467 Y, 05 001 IC04 016107 H. 05 001 IC05 008137 M. 10583 K. 05 001 IC04 067094 S y 7918 R.
Advirtió que la operación de importación objeto de autos, era el D.I. n° 05 001 IC05 032680 M, que quedó fuera del alcance de la investigación suscitada en el marco del dictado de las resoluciones en cuestión.
Ponderó que no obstante ello, la Aduana consideró que la recurrente se encontraba en infracción al art. 954 del C.A. sin realizar un análisis de la validez del Certificado de Origen correspondiente a la destinación de trato, toda vez que la citada destinación no se encontraba incorporada a la investigación circunscripta en el marco de las resoluciones por las cuales se condenó a la firma importadora. En dicho contexto, destacó que, había de tenerse presente que el art. 954 ap. 1, inc. a) del CA sancionaba a aquellos que, al cumplir cualquiera de las operaciones de importación o exportación, efectuaren ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjese o hubiere podido producir un perjuicio fiscal (entre otros supuestos). Alegó que de lo expuesto, se infería que las resoluciones por las cuales se la condenó a la firma importadora por la infracción endilgada, no permitían comprobar o verificar lo sustentado por el servicio aduanero, el cual fundaba su posición en el sólo hecho de que la declaración n° 05001 IC05032680 correspondía a la misma empresa exportadora y las mismas P.A. indicadas en las resoluciones aludidas, considerando ello, como motivo suficiente para una declaración inexacta, por lo que tal interpretación resultaba insuficiente puesto que la destinación de trato no había sido objeto de investigación en tales resoluciones.
Afirmó que sostener una hipótesis contraria conllevaría a desconocer normativa de carácter supra nacional, tal como el CUADRAGESIMO CUARTO PROTOCOLO ADICIONAL al ACE n° 18, que define las normas de calificación y determinación del producto originario del MERCOSUR, así como también, las relativas a la verificación y control de los certificados de origen, por lo cual, admitir que el servicio aduanero se aparte de lo resuelto en un proceso específico de investigación, respecto de determinadas operaciones extendiendo lo decidió allí a una generalidad de operaciones no comprendidas, resultaría por demás irrazonable y contrario a derecho.
Concluyó que, por lo tanto, no se colegía en la especie constatación o comprobación alguna en la normativa citada que permita sostener que la firma recurrente había incurrido en una declaración inexacta.
Por los motivos precedentemente indicados, consideró que en la causa no se había verificado el supuesto que la Aduana endilgaba a la recurrente, por lo que correspondía revocar la resolución apelada en cuanto imputaba a la actora la comisión de la infracción tipificada en el art. 954 inc. a) del CA e intimaba el pago de multa y tributos.
II. Que contra dicho pronunciamiento, con fecha 21/08/2024, el Fisco Nacional apeló, expresando agravios el 11/09/2024, los que no fueron replicados por la contraria.
Sostiene la recurrente que lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación ha sido fruto de una interpretación arbitraria de los hechos y el derecho invocados en la causa, omitiendo considerar factores claves, motivo que lo ha llevado a cometer un error de tal magnitud que requiere el apartamiento de lo normado por el artículo 1180 del C.A.
Mantiene la argumentación contenida tanto en los diversos dictámenes formulados a lo largo de las actuaciones administrativas y en la Resolución Aduanera dictada, como en la contestación efectuada por esa representación fiscal a cuya fundamentación y conclusiones, y se agravia de la Sentencia recurrida en tanto dispone: "Revocar la Resolución (DE PRLA) n°474/12, recaída en el expte. SIGEA n°13696- 130-2007" imponiendo las costas a su parte.
Considera que en autos el Tribunal Fiscal ha incurrido en una sentencia ciertamente arbitraria al considerar que "(...) las resoluciones por las cuales se la condenó a la firma importadora a la infracción endilgada, no permiten comprobar o verificar lo sustentado por el servicio aduanero, el cual funda su posición en el hecho de que la declaración n° 05 001 ICO5 032680 expresa la misma empresa exportadora y las mismas P.A. indicadas en las resoluciones aludidas, considerando ello, como motivo suficiente para una declaración inexacta, tal interpretación resulta insuficiente puesto que la destinación de trato no ha sido objeto de investigación en tales resoluciones".
Alega que lo expuesto, difiere a tal punto de la realidad de los hechos de la causa que deberá ordenarse al Tribunal Fiscal dictar un nuevo pronunciamiento.
Pondera que la referida arbitrariedad tiene su fundamento en que el Tribunal Fiscal es contradictorio respecto de la aplicación al caso de las Resoluciones SICYPME N° 225/06 y 04/07.
Destaca que en autos, la actuación administrativa 13696-
130-2007 se inició con una investigación practicada por el área de origen respecto de la mercadería importada mediante la Destinación 05 001 IC05 032680 M. Así, del estudio efectuado y atento lo establecido por la Resolución N°4/2007 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, se determinó la configuración de la infracción prevista y penada en el art. 954 inc. a) del Código Aduanero. Ahora bien, el Tribunal Fiscal, de modo que tacha de sorprendente, omite la imputación infraccional y el cargo tributario fijado a la importadora, con fundamento en que la investigación de origen realizada en el marco de la Secretaría de Industria, y que tuvo como resultado a la Resolución (SICPYME) 4/2007, únicamente se efectuó respecto de las Destinaciones de Importación nros. 05 001 IC05 030721 G, 36003 F, 039290 Z, 04 001 IC05 029317 Y, 35292 N, 04 001 IC04 097617 V, 04 001 IC05 030690 K, 31198 Y, 33206 G, 38793 W, 41467 Y, 05 001 IC04 016107 H, 05 001 IC05 008137 M, 10583 K, 05 001 IC04 067094 S y 7918 R, descartando la Destinación que fuera objeto de la presente operación de importación.
En este sentido pone de relieve que, la mentada Resolución dispone: "Artículo 1 - Determínase que los tejidos clasificados en los ítems de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 5210,19.00, 3210.59.00,5407.61.00, 5516.2.00, 5802,19.00, 6005.31.00, 6005.32.00, 6005.33.00, 6006.31.00 y 6006.32,00, exportados a nuestro país por la firma H-TRADE COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA. de la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, no cumplen con el Régimen de Origen MERCOSUR. (...) Art. 4 - Notifíquese a la Dirección General de Aduanas dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION para que proceda a dar tratamiento arancelario de extrazona a los tejidos clasificados en los ítems de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 5210.19.00, 5210.59.00, 407.61.00, 5516.22.00, 5802.19.00, 6005.31.00, 6005.32.00, 6005.33.00, 6006.31.00 y 6006.32.00 (...) para todas esas operaciones la citada Dirección General deberá formular los cargos correspondientes". Aduce que en definitiva, resulta claro que su parte instruyó sumario y reclamó el pago de la multa y el cargo tributario intimado, en orden al desconocimiento de origen resuelto por la Resolución (SICPYME) 4/2007 específicamente para las posiciones arancelarias allí indicadas, las cuales resultaron ser declaradas por la parte actora en la Destinación 05001IC05032680M.
Pondera que en ese sentido la sentencia del Tribunal Fiscal exhibe una contradicción, en la medida en que la Resolución (SICPYME) 4/2007 es la conclusión de un procedimiento de investigación de origen que incluyó a las posiciones arancelarias que aquí se discuten, por lo que, desde la perspectiva de la propia sentencia, la referida resolución debería representar un motivo suficiente para tener por desconocido el origen declarado.
Apunta que el procedimiento de desconocimiento de origen llevado a cabo por la entonces Secretaría de Industria en tanto autoridad de aplicación local, se desarrolló de conformidad al capítulo VI del Anexo del Cuadragésimo Cuarto Protocolo Adicional del ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA N° 18 (en adelante "el protocolo adicional 44" y el "ACE 18"). Así, art. 18 del protocolo adicional 44 dispone que "No obstante la presentación de un certificado de origen en las condiciones establecidas por el presente Régimen de Origen, la autoridad competente del Estado Parte importador, podrá, en caso de duda fundamentada, requerir a la autoridad competente del Estado Parte exportador información adicional con la finalidad de verificar la autenticidad del certificado cuestionado y la veracidad de la información que en él consta, sin perjuicio de la aplicación de las correspondientes normas MERCOSUR y/o de las respectivas legislaciones nacionales en materia de ilícitos aduaneros. (...) La autoridad competente del Estado Parte importador no detendrá los trámites de importación de las mercaderías, pudiendo exigir prestación de garantía en cualquiera de sus modalidades, para preservar los intereses fiscales, como condición previa para el desaduanamiento de la mercadería ". A su vez, el art. 32 de dicha norma dispone que "Concluida la investigación con la descalificación del criterio de origen de la mercadería invocado en el certificado de origen cuestionado, se ejecutarán los gravámenes como si fuera importada desde terceros países y se aplicarán las sanciones previstas en la normativa MERCOSUR y/o las correspondientes a la legislación vigente en cada Estado Parte. En este último caso, la autoridad competente del Estado Parte importador podrá denegar el tratamiento preferencial para el desaduanamiento de nuevas importaciones referentes a la mercadería idéntica del mismo productor, hasta que se demuestre que las condiciones de producción fueron modificadas de forma de cumplir con las reglas del Régimen de Origen MERCOSUR (...)".
Sostiene que el acuerdo mismo prevé que frente a la investigación practicada y en el caso de descalificación del origen declarado, luego la autoridad competente proceda a cobrar la diferencia tributaria que corresponda y, asimismo, proceda a aplicar la sanción aduanera que corresponda, en este caso, la del art. 954, ap. 1, inc. a) del C.A.
Observa que la solución alcanzada por su parte resulta perfectamente válida y se ha ajustado a lo previsto por la normativa aplicable (ACE 18 y protocolo adicional 44), en tanto se siguieron los procedimientos allí regulados y, frente a la conclusión de la investigación con el desconocimiento del origen declarado, respecto a las P.A. investigadas, su parte reclamó los tributos que surgen de considerar a la mercadería extra-zona y al mismo tiempo impuso la multa que corresponde, en la medida en que se demostró que el origen de la mercadería resulta incorrectamente declarado.
III. Que el art. 265 del C.P.C.C.N. establece, en lo pertinente, que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
Sobre este punto, se ha dicho que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal y su forma le impone claridad expositiva, para facilitar su estudio (conf., Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, T.1, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 834/836). Al efecto, corresponde recordar que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
IV. Que en el sub examine, mientras el núcleo de la decisión del Tribunal a quo para revocar la resolución n° 474/2012 (DE PRLA), se sustentó en que, si bien las Resoluciones SICPYME nros. 225/06 y 4/07, en su art. 1, determinaron que los tejidos hilados de filamento sintéticos clasificados en las P.A. 5407.69.00. 5210.19.00, 5210.59.00, 5407.61.00 (…) exportadas a nuestro país por la firma H- TRADE Comercial E Exportadora Ltda. de República Federativa del Brasil, no cumplían con el régimen de origen Mercosur, la investigación por la que se dispuso ello, estuvo circunscripta a las destinaciones de importación n° 05 001 IC05 030721 G, 36003 F, 039290 Z, 04 001 IC05 029317 Y. 35292 N, 04 001 IC04 097617 V, 04 001 IC05 030690 K. 31198 Y. 33206 G. 38793 W. 41467 Y, 05 001 IC04 016107 H. 05 001 IC05 008137 M. 10583 K. 05 001 IC04 067094 S y 7918 R y no a la operación, D.I. n° 05001IC05032680 M, objeto de autos, la cual quedó fuera del alcance de la misma, por lo que, el hecho de que se tratara de las mismas partes y P.A. no era motivo suficiente para tener por configurada una declaración inexacta, máxime teniendo en consideración que no se efectuó un análisis de la validez del certificado de origen correspondiente a la destinación en trato.
En tales condiciones, los agravios de la recurrente solo evidencian una discrepancia con lo decidido; siendo que los mismos no rebaten, de modo eficaz y suficiente, los fundamentos expuestos por el Tribunal Fiscal de la Nación en el pronunciamiento dictado.
En efecto la recurrente, reconoce que en el caso de autos, reclamó el pago de la multa y el cargo, en orden al desconocimiento de origen resuelto por la resolución SICPYME 4/2007, sin hacerse cargo de que la resolución SICyPYME 4/2007 es inaplicable a la destinación objeto de autos.
En primer lugar, porque dicha resolución, determinó, en forma específica y concreta, cuáles eran las operaciones de la firma importadora Lasedal S.A., a las que debía darse tratamiento arancelario de extrazona, a saber: 04 001 IC04 097617 V, 04 001 IC05 030690 K, 04 001 IC05 031198 Y, 04 001 IC05 033206 G, 04 001 IC04 112513 E, 04 001 IC05 038793 W, 04 001 IC05 041467 Y, 05 001 IC04 016107 H, 05 001 IC05 008137 M, 05 001 IC05 010583 K y 05 001 IC04 067094 S; entre las que no se encontraba la operación, objeto de autos - 05001IC05032680 M-.
En segundo lugar, la resolución SICPYME 4/2007, fue publicada en el Boletín Oficial el 10/01/2007 y en su art. 5° se estableció que aquélla comenzaría a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, sin tener efectos retroactivos. Es decir que, dicha resolución no se encontraba vigente al momento de oficializarse el D.I. n° 05001IC05032680 M (26/09/2005), siendo que la fecha en que se registra el despacho de importación es determinante, a los efectos de señalar el régimen jurídico aplicable. Por consiguiente, no se advierte en el recurso de la DGA una crítica o cuestionamiento al derecho aplicable o a los fundamentos de hecho contenidos en la sentencia del Tribunal Fiscal; pues, no se observa la existencia de agravios referidos al caso concreto, sino un cúmulo de discrepancias genéricas, que no logran enervar los sólidos argumentos jurídicos expuestos por el Tribunal Fiscal, en su sentencia, que deberá ser confirmada.
En consecuencia, corresponde rechazar el recurso intentado.
VI. Que las costas se imponen a la demandada vencida, de conformidad con el principio de la derrota, del que no existen motivos que justifiquen apartarse (conf. artículos 68, primera parte y artículo 1163 del Código Aduanero).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 13/06/2024, con costas (arts. 68, 1° parte del CPCCN y 1163 del C.A.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia