Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 29.192-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el artículo 1 de la Resolución DE PRLA N°5061/2010, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación SIGEA N°12197-2945-2005.
2Confirmar parcialmente el artículo 3 de la citada resolución, declarando que el monto adeudado en concepto de tributos asciende a $35.010,02 con más intereses. Revocar con relación a los conceptos de Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3Declarar que el monto que se le puede exigir a la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA será aquél establecido en la póliza N°800287, con más los intereses del art. 794 del CA.
4Costas por sus respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-126166011-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 12 de Noviembre de 2025 CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.; Expte. N° 29.192-A.
En Buenos Aires, los Vocales integrantes de la Sala "G", Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, se reúnen para resolver en los autos caratulados: “LATIN COMPANY SA c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, Expediente N° 29.000-A y su acumulado “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, Expediente N° 29.192-A.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante la Resolución DE PLA N°5061/2010, la autoridad aduanera impuso al presunto responsable una sanción consistente en una multa y emitió el cargo correspondiente en forma solidaria con la aseguradora al determinar que incurrió en la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero (“CA”). La imputación se basa en el presunto incumplimiento del régimen de importación temporal, en tanto la firma LATIN COMPANY SA omitió cancelar en su totalidad la mercadería importada temporariamente mediante la destinación de importación N° 04001IT14000805W.
II. Contra dicho pronunciamiento, la firma LATIN COMPANY S.A. interpone recurso de apelación, alegando en primer término que el servicio aduanero omitió expedirse sobre la pertinencia de la prueba ofrecida en sede administrativa, motivo por el cual solicita se declare la nulidad de la resolución. En cuanto al fondo de la cuestión, sostiene que la totalidad de la DIT fue reexportada en término y que, en caso de existir un remanente, éste no puede ser considerado en situación infraccional, toda vez que la actora solicitó una prórroga del plazo para reexportar, petición sobre la cual el servicio aduanero nunca se expidió. Solicita que, en forma subsidiaria, se aplique al presente caso lo normado por el art. 898 del CA. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Por su parte, en el expediente acumulado N° 29.192-A, obra a fs. 53/57 el recurso de apelación interpuesto por la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA contra la misma resolución. Entre sus argumentos, manifiesta la necesidad de contar con las pólizas para acreditar si las mismas se encuentran activas o fueron devueltas al importador. En lo que respecta a la determinación tributaria, indica que los rubros IVA Adicional, Impuesto a las Ganancias y Derecho Adicional no se encuentran alcanzados por la cobertura de la póliza. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se resuelva conforme a lo solicitado.
IV. Por su parte, el representante del organismo fiscal solicita el rechazo de las apelaciones interpuestas. Tras formular la negativa genérica de rigor, sostiene que el planteo de nulidad efectuado por la actora resulta extemporáneo. Asimismo, recuerda que la carga de acreditar el cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora, sin que en el caso se hayan acompañado los elementos cancelatorios que permitan demostrar la íntegra observancia del régimen. Señala que el art. 898 del CA no autoriza a deslindar de responsabilidad al imputado de una infracción por el solo hecho del derecho en expectativa respecto de la concesión de la prórroga solicitada. En lo ateniente a los agravios esbozados por la aseguradora, sostiene que la misma se obliga en virtud de la póliza como un fiador solidario, por lo que le corresponde el pago de los conceptos reclamados por el servicio aduanero. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
V. Previo a todo análisis, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros).
VI. En esas condiciones, corresponde abordar en primer término el planteo de la actora acerca de la supuesta nulidad de la resolución apelada. En ese sentido, es necesario destacar que el análisis de las circunstancias que fundamentan la nulidad solicitada no puede realizarse de forma mecánica, sino mediante la ponderación de la gravedad de la irregularidad y la posibilidad de subsanarla en cada caso concreto.
Así las cosas, se observa que, conforme surge de las actuaciones administrativas, el servicio aduanero corrió vista del sumario a la actora a fs. 39, quien contestó el mismo a fs. 53, solicitando como medidas de prueba la confección de diversos oficios, la realización de una pericia contable y la incorporación de prueba testimonial. En respuesta, la aduana remitió las actuaciones a la Sección Procedimientos Técnicos a fin de evaluar los planteos de la actora, así como la pertinencia de la prueba solicitada. Sin embargo, dicha remisión quedó inconclusa, ya que, inmediatamente después, se dictó la Resolución DE PRLA N° 5061/10, sin pronunciarse sobre la admisibilidad de la prueba solicitada por la actora. Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que la actora ofreció idéntica prueba ante este tribunal, la cual fue debidamente concedida y parcialmente producida, debido a que fue intimada a manifestar su interés en la producción bajo apercibimiento de considerarla desistida, apercibimiento que se hizo efectivo a fs. 208.
En dichos términos, resulta evidente que la actora contó con la oportunidad suficiente para ofrecer y producir toda la prueba que considerara pertinente en esta sede, a fin de ejercer su derecho de defensa.
Dentro de este marco interpretativo, la CSJN ha sostenido en reiteradas oportunidades que la vulneración de la garantía constitucional consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional no se configura mientras exista la posibilidad de remediar dicha restricción en una etapa judicial posterior (Fallos, 205:549; 247:52; 267:393, entre otros). En consecuencia, conforme a lo expuesto, no procede acoger la nulidad planteada.
VII. Sentado lo anterior, la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del CA, con respecto a la mercadería importada temporariamente mediante la Destinación de Importación N° 04001IT14000805W.
VIII. Así las cosas, es imperioso recordar que el artículo 250 del CA establece: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Esto significa que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Asimismo, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del CA incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del CA, es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
En ese sentido, resulta dable mencionar que, al tratarse de una importación temporaria, la carga de la prueba que acredite el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
De igual manera, debe ponderarse que, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del DIT (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del DIT –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los PE) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Considerando lo expuesto y tras un análisis exhaustivo de las constancias y pruebas obrantes en la causa, cabe señalar que la actora se limitó a acompañar una planilla en la que enumera los Permisos de Embarque y los respectivos CTC que, en teoría, acreditarían la reexportación de la DIT denunciada, sin aportar dichos documentos en original ni en copia.
En virtud de ello, y a la luz de la normativa anteriormente mencionada, este tribunal se encuentra imposibilitado de verificar si la mercadería fue efectivamente exportada y de comprobar la relación insumo/producto correspondiente, lo que torna insuficiente la prueba aportada para acreditar los extremos reclamados por la actora.
En consecuencia, no se ha demostrado el cumplimiento del régimen al que la actora se acogió voluntariamente, lo que da lugar a los efectos tributarios e infraccionales previstos por la normativa aplicable (arts. 274 y 970 del CA).
X. Sentado lo que antecede, resulta pertinente expedirse sobre la prórroga del plazo para reexportar solicitada por la actora. En tal sentido, de fs. 25 de las actuaciones administrativas surge que la firma LATIN COMPANY S.A. solicitó una prórroga de importación temporaria respecto de la DIT N° 04001IT14000805W, aduciendo como causa que “no se había exportado aún la cantidad total ingresada”.
En este contexto, la actora sostiene que el servicio aduanero nunca se expidió sobre su solicitud, por lo que no podría imputársele un incumplimiento del régimen de importación temporaria mientras su pedido permaneciera sin resolución. No obstante, de fs. 31 se desprende la Nota 3265/05, mediante la cual la Secretaría de Procedimientos Técnicos rechaza la solicitud de prórroga por considerarla extemporánea, notificando dicho acto a la actora el 07.04.2005, según consta a fs. 33.
En consecuencia, el agravio planteado carece de fundamento y debe ser rechazado.
XI. En otro estado de cosas, en cuanto aquí es de estricto interés, cabe consignar en relación al Derecho Adicional, que corresponde aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “IEF Latinoamericana S.A.” sentencia del 14/08/2013 que remite en lo pertinente a la causa “Fisher S.R.L.” sentencia del 14/08/2013, en la que se revocó la exigencia del Derecho Adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME Nº 72/92, limitando el pago solo a los casos en que se solicita la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y no en los casos en que al no regularizar en término la situación de los bienes, corresponda imponer de las sanciones previstas por el art.970 del CA. Por consiguiente, en el caso de autos, no corresponde el pago del Derecho Adicional previsto en el art. 23 del Decreto Nº 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación, por lo que corresponde revocarlo modificando la exigencia tributaria.
XII. En relación con los conceptos IVA adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “Cladd ITA S.A. c/ EN – DGA, Resol. 2590/06 (expte n° 604155/01) s/DGA (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(…) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998), y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos 285:177). En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(…) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (Fallos 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XIII. En consecuencia, por lo expuesto en los Considerandos XI y XII, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
LIQUIDACIÓN DIT 04001IT14000805W
Concepto % Importe ($)
Base Imponible 80.696,13 Derechos de Importación 18 14.525,30 Tasa de Estadística 0,5 403,48 Base IVA 95.624,92 IVA 21 20.081,23 TOTAL 35.010,02 En virtud de lo expuesto, el monto de los tributos adeudados por la mercadería en infracción ascienden a la suma de $ 35.010,02. Todo ello, sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista, hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del CA.
XIV. Finalmente, en lo que respecta a la responsabilidad de la aseguradora, debemos destacar que no se encuentra controvertido en autos que la operación de marras se encontraba asegurada por la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA mediante la siguiente Póliza:
• Póliza N°800287 del 22/01/2004 (fs. 99), mediante la cual se aseguró a la AFIP-DGA el monto de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL ($87.000.-), con más los intereses y demás accesorios que resulte obligado a efectuarle LATIN COMPANY SA por la siguiente operación: “IMPORTACIÓN TEMPORARIA- CTO. MRUB- 01WL34CLLBUE – FACTURA NRO. 001-0000928 – MERCADERÍA: SPANDEX RECUBIERTO SZ-240 BLANCO – SPANDEX RECUBIERTO CONVENCIONAL SIMPLE S-1270 BLANCO”.
En las condiciones indicadas, surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante, de los tributos adeudados como consecuencia de la importación a consumo de la mercadería importada.
XV. En tal entendimiento, el núcleo de la cuestión radica en determinar la naturaleza jurídica de la relación entre las compañías que aseguran el cumplimiento de obligaciones de derecho público y el servicio aduanero.
XVI. Dicho esto, es dable destacar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución, es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
En este sentido, en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo, de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado surge que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). El asegurador, además, tampoco goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
En consecuencia, el importe exigible a la aseguradora será el correspondiente al monto máximo garantizado por la póliza mencionada respecto de la Destinación de Importación N° 04001IT14000805W. Ello con más los intereses del art. 794 del C.A.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar el artículo 1 de la Resolución DE PRLA N°5061/2010, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación SIGEA N°12197-2945-2005.
2. Confirmar parcialmente el artículo 3 de la citada resolución, declarando que el monto adeudado en concepto de tributos asciende a $35.010,02 con más intereses. Revocar con relación a los conceptos de Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Declarar que el monto que se le puede exigir a la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA será aquél establecido en la póliza N°800287, con más los intereses del art. 794 del CA.
4. Costas por sus respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. Confirmar el artículo 1 de la Resolución DE PRLA N°5061/2010, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación SIGEA N°12197-2945-2005.
2. Confirmar parcialmente el artículo 3 de la citada resolución, declarando que el monto adeudado en concepto de tributos asciende a $35.010,02 con más intereses. Revocar con relación a los conceptos de Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Declarar que el monto que se le puede exigir a la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA será aquél establecido en la póliza N°800287, con más los intereses del art. 794 del CA.
4. Costas por sus respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.11.11 17:05:48 ART Date: 2025.11.12 16:16:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.11.12 22:29:35 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.12 22:30:02 -03:00
Fin de la sentencia