Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 25.977-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución Nº 172/08, dictada por la Administradora de la División Aduana Mar del Plata, en el trámite de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12647-245-2006 (Ex SA37 N° 78/06).
2Costas a la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-103480257-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 28 de Septiembre de 2022 En Buenos Aires, se reúnen los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht; Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura, a fin de resolver en los autos caratulados: “LATIN FISH S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, Expte. N° 25.977-A.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 7/18, la firma LATIN FISH S.A., interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 172/08 (AD MARD), dictada el 25/06/2008 por la Administradora de la División Aduana Mar del Plata en el trámite de la actuación SIGEA N° 12647-245-2006 (Ex SA37 N° 78/06), mediante la cual, se la condena al pago de una multa por la infracción al art. 954 incs. a) y c) del C.A., cuyo monto total asciende a la suma de $ 8.089,71 en relación a la Destinación de Exportación Nro.
03 037 EC01 002146 F.
II. La recurrente considera que la resolución apelada debe ser revocada por no ser una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a los hechos comprobados en la causa. Hace manifestaciones genéricas en relación a las prerrogativas de autotutela que tiene la autoridad aduanera, las características del régimen exorbitante que la gobierna, advirtiendo que tales extremos no justifican un proceder arbitrario. Concretamente, sostiene que la declaración aduanera objetada condice con la realidad, por cuanto la imputación realizada en su contra se sostiene meramente en que la factura de exportación emitida no condicen con el valor declarado en la Carta de Porte Internacional.
III. A fs. 50/57, la representante fiscal contesta el traslado y realiza una negativa genérica y una breve reseña de los hechos. Tras ello, recuerda que la figura infraccional endilgada ha querido tutelar el principio básico de la veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera. Defiende la justicia del acto recurrido al consignar que la declaración difiere con el resultado de la comprobación, habida cuenta de que se constató la existencia de valores de transacción anormalmente disminuidos, produciéndose un perjuicio fiscal.
IV. A fs. 85 se declara la causa de puro derecho y se elevan los autos a Sala G. A fs. 88 pasan los autos a sentencia.
V. En las condiciones indicadas, cabe recordar que el artículo 954 del C.A incorpora una figura infraccional que sanciona el incumplimiento del deber de declarar las operaciones con sujeción a la realidad, si de esa discrepancia se cierne un peligro a la percepción de la renta fiscal, una transgresión al régimen de prohibición y/o un ingreso o egreso de divisas que no correspondiere.
VI. En mi parecer, asistimos a la presencia de una figura cuya aplicación no requiere la comprobación de las razones subjetivas que llevan a sostener la inexactitud entre lo declarado y el hecho comprobado. Tan así que el precepto legal no refiere a la falsedad de la declaración sino a la diferencia de resultado. Es que, en efecto, estamos ante una sanción administrativa que castiga el incumplimiento de los deberes de colaboración que se ponen en cabeza de determinados sujetos que deben facilitar el ejercicio de la función de control que incumbe al organismo aduanero.
VII. Sentado ello, cabe poner en evidencia que distintas personas tienen que cumplir con la obligación de hacer manifestaciones ante el servicio aduanero. Va de suyo que las exigencias de exactitud son demandables en la medida en que el sujeto podía llegar a precaver en cualquier circunstancia de tiempo y lugar que la información suministrada es completa e inequívoca, ya que no resultaría razonable considerar que puede ponerse en cabeza de una persona una exigencia de cumplimiento imposible[1]. En ese sentido, verbigracia, no son las mismas responsabilidades que incumben al responsable del medio que aquel otro que declara en razón de tener la disponibilidad jurídica de la mercadería transportada, o de inminente arribo al territorio aduanero.
VIII. Ahora bien, puestas las cosas en su recto quicio, advierto que es necesario hacer un juicio de culpabilidad relativo a las razones que motivaron el incumplimiento del deber legal. Como primera aproximación a la cuestión debatida, no resulta ocioso consignar que la recta comprensión del problema depende, en buena medida, del entendimiento previo del papel que desempeña la sanción administrativa y su fundamento en la justicia distributiva que, por oposición a la justicia “general” o “legal”, no está orientada al castigo o la sanción de los vicios, sino a la correcta adjudicación de los recursos.
VIII. En efecto, la sanción penal tiene relación con la justicia general, aquella que lleva a los gobernantes a establecer —a través de la ley— las reglas de comportamiento virtuoso que debían ser observadas por los gobernados. Es así, la modalidad de justicia que a través de la ley, fija las reglas de comportamiento virtuoso que debían ser observadas y las sanciones que se derivan de su incumplimiento. Se trataba, por tanto, de una modalidad de justicia que, referida a la ilicitud de las acciones humanas, tiene una clara vertiente subjetiva y culpabilista[2]. En cambio, la responsabililidad sancionatoria administrativa, como se ha señalado, resulta vinculada, en realidad, a otra clase distinta de justicia que tiene por objeto exclusivo el reparto e intercambio de las dignidades y de los bienes disponibles. No refiere a una justicia atinente a los comportamientos o a las conductas impuestas por el poder público a los ciudadanos de un Estado, sino de una justicia objetiva, proyectada sobre las cosas y los objetos, sensibles, que a cada uno de esos ciudadanos pertenecen. Por consiguiente, el caso de la responsabilidad sancionatoria administrativa pertenece al ámbito de la justicia como virtud particular, en tanto trata de dar cada uno lo suyo”, y se servía, para ello, del sistema de justicia distributiva.
IX. Al respecto, cabe consignar que la dinámica que caracteriza esta tipología de justicia se basaba en tres elementos principales: el beneficio o la carga -la ganancia o la pérdida- que había de ser objeto de distribución, las personas entre las que debía producirse el reparto y el criterio o mérito comparativo que determinaba la parte alícuota correspondiente a cada persona. La justicia distributiva adquiere, así, la forma de justicia proporcional basada en el mérito o la virtud de cada uno de los partícipes. Se consigue con ello una igualdad de ratios en la que cada cual debía recibir una cuota proporción a la su mérito respectivo.
X. Precisamente, en ese entendimiento del asunto, el obligado por la norma administrativa es responsable por su rol de garante, por introducir un riesgo comunitario, que obliga a dispensar una serie de recursos en exceso, para fiscalizar el cumplimiento de la norma preventiva. Desde ese atalaya, la responsabilidad puede ser atribuida a quien se comprometió a garantizar el cumplimiento de la norma. No importa si la interrupción total o parcial del nexo causal fue realizada por un tercero, ni si tuvo culpa, habida cuenta de que se le atribuye la responsabilidad en virtud de que introdujo al medio social un riesgo del que se comprometió evitarlo. Desde tal perspectiva, el poder sancionatorio administrativo interviene en la esfera jurídica del obligado a través de la sanción. Para ello no requiere necesariamente que el sujeto realice una acción culpable. Aun sin el juicio de valor que comporta la culpabilidad es posible fundamentar la sanción administrativa.
XI. Así las cosas, para el caso conviene también destacar que obviándose la culpabilidad, el modelo sancionatorio administrativa se desliga de muchos de los institutos propios del ámbito del derecho penal, en virtud de que su naturaleza no es eminentemente punitiva, sino que existe la necesidad de obtener un comportamiento determinado del sujeto obligado por la norma administrativa. De allí que la culpabilidad no se ubica como principio que configura y da sentido al derecho administrativo sancionatorio a poco que se repara que le responsabilidad podría surgir por el hecho de ser garante del cumplimiento de la obligación y no por la conducta desplegada. En definitiva, resulta evidente que un sistema basado solamente en el principio de responsabilidad por culpa es difícilmente aceptable y sostenible ante e impacto que tiene la producción masiva de bienes y servicios. Esta situación trae aparejado que las personas tengan la expectativa de que el orden jurídico los protege frente a la multitud de nuevos riesgos que el desarrollo ha llevado en esta nueva era[3].
XII. En ese orden de ideas, desde el punto de vista del análisis económico del derecho, la introducción de este sistema de responsabilidad crea incentivos para fidelizar el cumplimiento de la norma e inducir niveles eficaces de la actividad. Cuando se aplica la regla de la responsabilidad por culpa, el habilitado no es responsable si ejercita un nivel de cuidado que equivale o excede el deber de diligencia, se desentiende del riesgo restante y, por tanto, sobrepasa el nivel de la actividad que maximiza bienestar. Por lo contrario, la responsabilidad objetiva lleva al cuidado óptimo y a un eficiente control de actividad, dado que el habilitado en cada caso internalizaría riesgo de responsabilidad en su totalidad[4].
XIII. De ello se sigue que el modelo sancionador administrativo y el modelo penal persiguen objetivos distintos; mientras el primero hace foco en la prevención de riesgos al motivar que la actividad permitida se encarrile dentro de los márgenes habilitados por la autoridad administrativa. Se basa en la idea de la peligrosidad de la actividad desarrollada por el sujeto que ha obtenido una habilitación para realizar la actividad riesgosa. Esta reglamentación mira al futuro pretendiendo que no se vuelva a incumplir la norma regulatoria[5]. En sentido contrario, el derecho penal mira el pasado interesándose en castigar a la persona que ha exhibido desinterés en el cumplimiento de la norma. En ese panorama va de suyo que el principio de culpabilidad ha de cumplir un rol trascendental en la configuración del sistema sancionador al legitimar la reacción punitiva. Todavía podría agregarse que la culpa fundamenta la pena a través de tres principios básicos: el principio de personalidad de las penas, el principio de responsabilidad por el hecho propio y el principio de responsabilidad subjetiva.
XIV. Frente a los mentados valores del derecho penal, ello significa que sólo pueden castigarse aquellas conductas que han puesto en peligro o lesionan determinados bienes jurídicos protegidos y cuya punibilidad depende de un principio de ejecución, el cual ha de deducirse según la estructura de cada tipo penal. En sentido contrario, el principio de lesividad es particularmente cuestionable en el ámbito administrativo, porque a diferencia del ámbito punitivo, podría sancionarse el incumplimiento en sí mismo sin se traduzcan en lesiones que pusieran en peligro bienes jurídicos[6]. En el caso concreto de la figura examinada bastaría que exista la mera posibilidad de alguno de los riesgos que la norma quiere censurar, ya sea que se presentan de forma individual o conjunta.
XV. En consecuencia, en rigor de verdad, poco ha de interesarle al derecho administrativo sancionador si el obligado estuvo en condiciones de elegir entre realizar lo injusto o hacer una conducta conforme a derecho. El castigo administrativo puede imponerse más allá de la debida diligencia que en el caso concreto actuó el obligado por la norma regulatoria administrativa. La búsqueda de los factores que podrían justificar la imposición de responsabilidad objetiva lleva a recordar el viejo aforismo romano ubi emolumentum ibi onus. Según éste si una actividad desarrollada por el agente está dirigida a aumentar su patrimonio y si para conseguir este propósito produce daños a terceros, aunque éstos fueran ocasionados sin culpa del que lleva a cabo tal actividad, dichos daños han de ser resarcidos por el agente ya que constituyen el pasivo de las ventajas obtenidas exclusivamente por él. En particular, corresponde advertir que si el agente pudiese transferir los costes de la actividad llevada a cabo a terceros, manteniendo simultáneamente los beneficios generados, se produciría un desequilibrio entre las esferas de ambas personas, que podría considerarse una violación de los principios de justicia distributiva. En términos más sencillos, si aquel que desarrolla una actividad peligrosa cumpliese siempre con la normativa aplicable, la autoridad administrativa no debería desplegar ninguna actividad para fiscalizar su cumplimiento. Como va de suyo que tal circunstancia solamente existe en un mundo idílico, la sanción aplicable se sustenta en el dispendio extraordinario que para los demás conlleva la fiscalización del cumplimiento de la regulación. La sanción concebida constituye el medio para establecer la distribución justa de las cargas entre las personas que no desarrollan actividades de riesgo y otros que sí.
XVI. En este orden de ideas, cabe revelar que la legitimidad del fin perseguido por la política sancionatoria administrativa y la necesidad de modular los principios punitivos es una imperiosa necesidad desde el punto de vista de instrumentar un sistema eficaz de represión[7]. De lo hasta aquí expuesto se colige con claridad que los presupuestos de imputación en el derecho administrativo sancionador tienen sus propias razones de justificación, ya que lo que se protege es el ejercicio de la función administrativa como instancia autónoma de protección, no requiriéndose la lesividad penalmente relevante de un cierto peligro para bienes jurídicos en particular. En ese estado de situación, resulta elocuente la inadmisibilidad de transpolar las estructuras de imputación al ámbito administrativo sancionador, toda vez que éste no se basa en el respeto a las libertades individuales. No debe olvidarse que el derecho administrativo simultáneamente es un orden jurídico de protección de prerrogativas públicas y garantías individuales. De tal manera que la legitimidad de la potestad sancionadora administrativa finca en la protección de los bienes de naturaleza colectiva que deben ser distribuidos proporcionalmente por la autoridad. Su misión no es proteger la libertad individual, por lo cual no puede pretenderse un sistema centrado en la protección de bienes concretos y basados en la atribución de responsabilidad subjetiva e individual. Es que siendo el derecho penal de aplicación excepcional, el ejercicio de la potestad punitiva resulta condicionado por la rigurosa observancia del principio de lesividad, por lo que se demanda un resultado tangible respecto del detrimento de un bien jurídico material que resulta afectado por una acción humana en concreto.
XVII. En efecto, sin dominio del agente del nexo causal no existe posibilidad de imputación de responsabilidad punitiva; en cambio, en el derecho administrativo aduanero sancionador se protege bienes de índole colectiva, entidades supraindividuales, tutelando el ejercicio de funciones estatales en sí mismas. Por consiguiente, se observa un crecimiento en las estructuras de imputaciones, advirtiéndose la posibilidad de mecanismos de imputación cercanos a la objetividad y de organizaciones vicariales, acorde a los fenómenos de delegación de control de riesgos difusos.
XVIII. En ese sentido, conviene recordar que bajo el yugo del Estado de Derecho, la potestad penal se justifica desde el concepto de bien jurídico y desde principio del daño. En sentido opuesto, la potestad sancionadora administrativa irrumpe para hacer frente a escenarios y escollos que no pueden ser afrontados desde la clásica teoría del delito, habida cuenta de que el ideal del derecho penal es la libertad, mientras que el derecho administrativo adopta como estándar el interés público. En razón de lo anterior es que la potestad penal solo puede tener cabida cuando la tipificación está dirigida a prevenir la afectación a la libertad de terceros. Bajo ninguna circunstancia resulta dable incurrir en prohibiciones penales que tengan meros fundamentos perfeccionistas, habida cuenta de que la censura penal solamente tiene asidero si se encuentra en juego la supervivencia de un bien jurídico. En consecuencia, para que una prohibición penal resulte legítima debe verificarse un daño y una acción persona, ya que sólo resulta pasible el reproche penal por la conducta individual que cada sujeto realiza. En cambio, la potestad sancionadora administrativa considera relevante los meros incumplimientos a las disposiciones, habida cuenta de que el cúmulo de infracciones ya es por sí relevante para producir una frustración en los fines de la función administrativa. Al respecto, resulta elocuente que la suma de incumplimientos de igual naturaleza afecta de modo abrumador al interés público. En ese sentido, la situación comentada lleva aparejado cambios tajantes en la imputación de responsabilidad, donde conductas que en sí mismo no causan menoscabo alguno que, no obstante, sumadas a otras de igual característica lesionan las condiciones del ejercicio de la función administrativa.
XIX. En tal inteligencia, corresponde recordar, en orden a la cuestión de que se trata, que el derecho penal es reacio a sancionar conductas que por sí mismos son insignificantes para poner en peligro a un bien jurídico. Los postulados liberales no condicen con la posibilidad de recurrir a la potestad punitiva para encausar procesos macrosociales o asignarle una orientación preventiva. Por el contrario, la potestad sancionadora administrativa guarda relación con el objetivo constitucional de proteger preventivamente a los bienes de incidencia colectiva. Es el caso, por ejemplo, de la protección ambiental o los derechos de los consumidores, habida cuenta de que sin una prohibición, reforzada por la sanción, de las conductas que causan daños por acumulación, la consecuencia natural sería una perturbación evidente de los intereses tutelados por la autoridad administrativa.
XX. En tales condiciones, es un correlato necesario del sistema administrativo sancionador que no se tome en consideración como protagonistas excluyentes al principio de culpabilidad, ni el de proporcionalidad entre el grado de injusto de la acción y la sanción, ya que lo que justifica la imputación de responsabilidad del agente, no es sino el pronóstico de acciones futuras por parte de otros agentes. En cuanto a la responsabilidad sancionatoria administrativa debe tenerse en cuenta que los presupuestos de imputación no exigen un reproche de culpabilidad basado en un hecho lesivo individual, toda vez que los presupuestos no están configurados en torno a la competencia por la propia autonomía individual con respecto al menoscabo de una esfera de libertad ajena.
XXI. En lo relativo a estos aspectos, cabe destacar que en el campo administrativo sancionador ninguna duda puede caber respecto a la posibilidad constitucional de utilizar indicios y presunciones para acreditar la materialidad de un hecho ilícito.
Ya en el año 1948, la jurisprudencia de la Corte Suprema daba cuenta de la posibilidad de aplicar sanciones administrativas tributarias con sustento en la falsedad de las anotaciones de los libros del contribuyente si éste no probaba fehacientemente su inocencia (Fallos: 211:1370). Por supuesto, distinto cantar es que, según conocida doctrina de la Corte Suprema, tratándose de infracciones que requieren de una actividad dolosa no puede basarse la sanción aplicada en las presunciones que contempla la legislación a los efectos de determinar la obligación tributaria (Fallos: 312:447), pero no es, precisamente, el caso de autos en donde la configuración de la infracción administrativa no requiere de la prueba de ardid o engaño.
XXII. En atención a ello, el problema jurídico se reduce a si es plausible la existencia de una diferencia importante entre el valor de las ventas que la actora le efectuó a la firma LIBONSUD S.A. (U$S 27.500.-) y el valor declarado en las Cartas de Porte Internacional por Carretera, el cual resulta más alto que el anterior (U$S 33.750, U$S 31.250 y U$S 33.250, respectivamente).
XXIII. En ese estado de cosas, en el supuesto de autos, el incumplimiento de los denominados deberes formales por parte del administrado no resultó acreditado por el organismo aduanero. El administrado ha dado razones plausibles de la diferencia tanto en sede administrativa como en esta instancia de revisión y frente a ello el ente administrado meramente se abroqueló en posiciones dogmáticas que, si bien se comparten en su gran mayoría, no son suficientes para defender el sustento del acto administrativo sancionador. Con ello se advierte que la decisión de autoridad administrativa de apartarse de la declaración consignada surge del mero voluntarismo y no precede de un razonamiento fundado en la experiencia de las cosas.
XXIV. En ese orden de ideas, si bien es cierto que no puede sostenerse la correspondencia entre lo declarado y la realidad económica subyacente por el hecho de que lo informado se corresponda con las facturas de exportación, no lo es menos que la diferencia señalada no constituye un indicio preciso, grave y concordante que logre destruir todas las probanzas acompañadas por la recurrente.
En efecto, de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas resulta que el valor F.O.T. total declarado por la actora para la operación de exportación aquí involucrada (ítems 1 y 2), asciende a la suma de U$S 20.400. Asimismo, de la factura de exportación N° 0001-00000350 surge que el valor de venta total a la firma compradora LIBONSUD S.A. asciende a la suma de U$S 20.400, y del campo 27 del MIC/DTA involucrado resulta idéntico dato al aludido precedentemente (valor F.O.T. U$S 20.400). A lo que cabe agregar que del campo 14 de la Carta de Porte Internacional por Carretera (CRT) N° AR-243.300.033 que amparaba el traslado de la mercadería cuestionada, surge que el valor de la operación involucrada asciende a la suma de U$S 23.100; del campo 16 surge que “NO HAY” una declaración del valor de las mercancías y que la condición de venta es “FREIGHT COLLECT" (el destinatario abona los gastos del flete). Al respecto es menester recordar que, conforme surge del art. 1 del Convenio sobre el Contrato de Transporte y la Responsabilidad Civil del Porteador en el Transporte Terrestre Internacional de Mercancías, la Carta de Porte es un documento que emite el porteador (en este caso, TRANSPORTES SILVIO LTDA.) acreditando que ha tomado a su cargo las mercancías para su entrega según lo convenido, por lo que la supuesta diferencia entre el valor declarado en el campo 14 de la CRT y el valor facturado a la firma compradora no se encuentra dentro del ámbito de su responsabilidad, más aún cuando éste último resulta coincidente con el valor documentado en los P.E. 03 037 EC01 002146 F y con el declarado en el campo 27 del MIC/DTA.
En atención a lo expuesto, cabe concluir que no puede discutirse la veracidad y exactitud de las declaraciones efectuadas por la firma exportadora LATIN FISH S.A. en virtud de diferencias advertidas al cotejar el valor consignado en las Cartas de Porte Internacional y el valor de venta facturado a la firma compradora ya que, como he manifestado, dicha diferencia no resulta ser un señal cabal y grave que logre echar por tierra todas pruebas obrantes en los presentes actuados o que permita comprobar que en los P.E. en trato se ha declarado un valor distinto al que correspondía, produciéndose o habiendo podido producirse un perjuicio fiscal o un ingreso desde el exterior de un importe distinto al que correspondía..
Por ello, voto por:
1. Revocar la resolución Nº 172/08, dictada por la Administradora de la División Aduana Mar del Plata, en el trámite de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12647-245-2006 (Ex SA37 N° 78/06).
2. Costas a la demandada.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la resolución Nº 172/08, dictada por la Administradora de la División Aduana Mar del Plata, en el trámite de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12647-245-2006 (Ex SA37 N° 78/06).
2. Costas a la demandada.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y, oportunamente, archívese.
[1] En ese sentido, el artículo 902 del Código de marras es elocuente: “No se aplicará sanción a quien hubiere cumplido con todos los deberes inherentes al régimen, operación, destinación o a cualquier otro acto o situación en que interviniere o se encontrare, salvo los supuestos de responsabilidad por hecho de otro previstos en este Código” .
[2] En orden a ello, cabe destacar que la exigencia de culpabilidad es propia de la filosofía liberal que signo la suerte de la legislación a partir del siglo XIX. El rol estatal esta signado por poner un límite a la autonomía individual. Así, se sanciona aquellas acciones perturbadoras para los bienes jurídicos de los demás. A este efecto, cada sistema legal, por una parte, otorgaba a todo el miembro de la sociedad el derecho de preservar sus intereses sin que los otros los vulnerasen o pusiesen en peligro, y por otra permitía que los derechos de los individuos fueran desarrollados de forma libre. Estas dos reglas llevaron a la erupción de un principio general de derecho de acuerdo con que el límite hasta el que una persona puede llevar a cabo una actividad se encuentra en la vulneración de intereses de otras personas. Esto se traducía en la imposición de la responsabilidad por culpa. En esa concepción del asunto una persona una persona sólo podía sea responsable por los actos que podía y debía evitar.
[3] BECK, Ulrich, Risiko-Gesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp, Frankfurt amMein, 1986, Ulrich BECK, Risk Society, Towards a New Modernity, Sage Publication, London, 1992,(trad. por Mark RITTER), SIMÓN, Jonathan, “The Emergence of a Risk Society. Insurance, Law and theState”, Socialist Law Review, núm. 95, 1987, pp.61-89.
[4] Cfr. NELL, Martin /RICHTER, Andreas, The Design of Liability Rules for Highly Risky Activities- Is Strict Liability the Better Solution, Working Papers on Risk and Insurance, Hamburg University, núm. 1, June, 2001, pág. 1.
[5] Como paradigma de dicho razonamiento se podría señalar que una empresa obligada a brindar seguridad podría elegir la opción económica más ventajosa para prestar el servicio y sin que le pudiera endilgarse apartarse del estándar de diligencia exigible. Precisamente estamos ante un caso en el que se pone de manifiesto la necesidad de diferenciar el ilícito administrativo y el ilícito penal, pues esta última por su gravitación en la esfera del individuo no puede simplemente justificarse por necesidades de defensa social o por criterios preventivo generales. Ese límite infranqueable a la actividad punitiva del estado no siempre es de rigor en el ámbito sancionatorio administrativo, porque así como el sujeto que tiene mayor capacidad contributiva debe afrontar una mayor carga impositiva, de la misma manera, todo aquel que obtiene la ventaja de realizar una actividad de riesgo ha de tomar también sobre sí los perjuicios que a ella van unidos para otros. Se puede decir que la persona que emprende una actividad permitida que puede crear o mantener una fuente de peligros para otros carga sobre sí por ello una responsabilidad especial y, como consecuencia, ha de responder del peligro. [6] Así, por ejemplo, una empresa podría ser sancionada por no cumplir con las normas de higiene laboral aun cuando ningún trabajador sufriera un percance.
[7] Una compulsa permite advertir que los principios como las reglas, al tener vocación normativa, se manifiestan en mandatos, permisiones o prohibiciones que delimitan y exigen un determinado comportamiento. Sin embargo, difieren por la especificidad de sus órdenes, pues cabe señalar, en primer término, que los principios son normas que trascienden la mera descripción de un hecho jurídico, sino que sus enunciados sirven de base y fundamento de todo el ordenamiento jurídico; a poco que actúan como directriz hermenéutica para la aplicación de las reglas jurídicas; y pueden ser utilizados como fuente integradora del derecho. En cambio, las reglas strictu sensu constituyen normas de conducta que consagran imperativos categóricos o hipotéticos que deben ser exactamente cumplidos en cuanto a lo que ellas exigen, sin importar el ámbito fáctico o jurídico en el que se producen. Date: 2022.09.28 20:22:41 ART Date: 2022.09.28 20:36:54 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.28 20:37:33 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.28 20:37:59 -03:00
Fin de la sentencia