Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar condonada la multa aplicada en el Sumario S/MM/1134/11 en los términos del art. 12 de la ley 27.541 y ordenar el archivo de estas actuaciones conforme el art. 8 de la R.G. 4667/2020. Las costas se imponen en el orden causado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-124772076-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 20 de Octubre de 2023 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10°Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 36.765-I caratulado “Latini Mónica Edith s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. La Sra. Mónica Edith Latini interpuso el recurso de apelación que establece el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución dictada en el Sumario S/MM/1134/11 el 12 de septiembre de 2012 por la Dirección Regional Microcentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos en la que se le aplica una multa de defraudación de $43.534,79 por la presentación inexacta de las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 12/2010, 9/2011, 10/2011 y 11/2011, en los términos del art. 46 de dicha ley (t.v.). En su presentación ante este Tribunal, manifestó que, como resultado de una inspección, el Fisco Nacional verificó y concluyó que las declaraciones juradas originales habían sido presentadas en forma inexacta. Ante ello, sin que mediara intimación alguna, la Sra. Latini dijo que consideró oportuno presentar las declaraciones juradas rectificativas correspondientes e ingresar los montos resultantes de los ajustes propuestos.
Criticó que el juez administrativo haya tenido por probada la configuración del tipo penal del art. 46 con la mera rectificación ya que, tal como resaltó, ni siquiera se le había corrido la vista prevista en el art. 17 de la ley 11.683 desconociéndose de ese modo el principio de inocencia, de raigambre constitucional.
Expresó que su derecho de defensa se vio afectado en tanto los elementos de juicio sobre los que el Fisco Nacional basó la procedencia del cargo que se le imputa en la Resolución no fueron allí mencionados ni debidamente fundamentados. Señaló que tampoco se efectuó un análisis acabado del elemento subjetivo ni existió perjuicio patrimonial para el erario público toda vez que —aseguró— las sumas debidas fueron ingresadas más sus intereses.
Ofreció prueba informativa y pericial contable y solicitó la nulidad de la Resolución recurrida, y que se revoque la multa allí aplicada, con costas.
II. El Fisco Nacional contestó el traslado del recurso y solicitó que se confirme la Resolución, también con costas. Explicó que el Sumario tuvo su origen en la presentación de las declaraciones juradas originales del impuesto al valor agregado de los períodos fiscales bajo análisis con todos sus campos en cero, en contraste con la comprobación de la existencia de operaciones gravadas en dichos periodos.
Aseguró que la Resolución cumplió todos los recaudos que prevé la normativa aplicable y que, contrariamente a lo manifestado por la recurrente, ésta pudo ejercer su derecho de defensa sin ningún tipo de obstrucción o afectación.
Aclaró que la rectificación de las declaraciones juradas originales careció de espontaneidad, sino que fue efectuada a raíz del trabajo de verificación que, de no haberse llevado a cabo, las diferencias detectadas —y luego conformadas por la contribuyente— probablemente no hubieran sido ingresadas a las arcas fiscales. Finalmente, insistió en que se comprobaron los elementos objetivo y subjetivo que configuran la infracción recurrida y pidió entonces su confirmación, también con costas.
III. A fs. 47 obra el proveído en que se decidió no hacer lugar a la prueba ofrecida por improcedente. Posteriormente, en atención a la vigencia de la ley 27.260, se le requirió al Fisco Nacional que informara si la multa se encontraba alcanzada por el beneficio de condonación allí establecido.
Éste contestó que no le cabe el beneficio por aplicación del art. 84, inc. a) de dicha ley en tanto el 14 de mayo de 2013 se dispuso la clausura del procedimiento falencial de la contribuyente por distribución final de sus bienes y el 20 de mayo de 2015 su conclusión en los términos del art. 231 de la ley de concursos y quiebras, motivo por el que no podría haber continuidad de la explotación tal como lo dispone la referida norma (v. fs. 63). Por su parte, la Sra. Latini, hizo saber que dicho criterio es erróneo porque si bien su quiebra fue declarada, la explotación de su actividad continúa. Solicitó, entonces, que se le aplique el beneficio de condonación, ya que, según aseguró, la obligación principal se encuentra cancelada en su totalidad, en un pago, antes de la fecha de la publicación de la norma y la sanción, que fue cometida antes del 31 de mayo de 2016, no se encontraba firme al momento de su entrada en vigencia (22/7/2016) (v. fs. 64 y 69).
En base a lo informado, a fs. 73, se le requirió a la Sra. Latini que aportara información sobre el estado del Expediente en el que tramitaba la quiebra y sobre el estado de la deuda principal en atención a que de los antecedentes administrativos de la causa los saldos conformados al momento de presentar las declaraciones rectificativas figuran como incluidos en el plan de pago N° F235405 presentado el 23 de mayo de 2012 (v. fs. 35 de los ant. adm.).
La recurrente, a fs. 80/85, aclaró que ese plan caducó y fue reformulado en el N° J373772 el 30 de marzo de 2017. También, adjuntó tres facturas emitidas en los años 2015 y 2017 con el fin de acreditar la explotación de su actividad continúa. Acompañó el detalle de cuotas y de obligaciones regularizadas.
A fs. 94, el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7, Secretaría N° 14 confirmó que la clausura del procedimiento por distribución final se decretó el 14 de mayo de 2013 y el proceso falencial se tuvo por concluido el 20 de mayo de 2015.
Vigente la ley 27.541 y sus modificatorias, el Fisco Nacional informó que el beneficio de condonación de la multa tampoco le cabe en los términos de dicha normativa porque la Sra. Latini se encuentra incluida en la causal de exclusión para sujetos en quiebra prevista en el art. 16 inc. a) de dicha norma.
A fs. 114, la Sra. Latini insistió en que le corresponde el beneficio previsto por el art. 56 tercer párrafo de la ley 27.260 y a los fines de aclarar sobre cómo fue cancelada la deuda principal adjuntó la documental en la que consta el pago de $16.000 efectuado el 18/11/2011 por el período fiscal 12/2010 y, respecto de los períodos fiscales 9/2011, 10/2011 y 11/2011 afirmó que “dieron saldo a favor, así que se adjunta declaraciones juradas ya que no se debía abonar nada”.
Por último, el Fisco Nacional el 19 de septiembre de 2023 a fs. 123 informó que del total de la deuda principal de $65.302,18 la recurrente:
1. por el período fiscal 12/2010, cuya deuda originaria era de $34.396,05, ingresó en forma parcial, $17.241,05 en el plan N° E962684, cancelado antes de la entrada en vigencia de las leyes 27.541 y 27.562; y $1.155 en el plan N° F235405.
2. por el período fiscal 09/2011, ingresó la totalidad de la deuda de $20.313,13 en el plan N° F235405.
3. por el período fiscal 10/2011, ingresó la totalidad de la deuda de $26.099,33 en el plan N° F235405.
4. por el período fiscal 11/2011, ingresó $ 11.272,98 en el plan N° F235405 y $6.461,74 en el plan N° J373772, el que también fue cancelado antes de la entrada en vigencia de las leyes 27.541 y 27.562.
Indicó también que todas las sumas fueron ingresadas con más sus intereses.
Mediante la PV-2023-93695561-APN-VOCI#TFN se elevaron los autos a consideración de la Sala. IV. En atención a como quedaron planteadas las cuestiones en el Expediente, corresponde en primer lugar resolver si la multa recurrida fue alcanzada por el beneficio de condonación establecido en el régimen de regularización que invoca la Sra. Latini en sus presentaciones, más precisamente en el previsto en la ley 27.260 y sus modif.
Para ello cabe tener en cuenta que el art. 55 de la ley 27.260 (B.O. 22/7/2016) dispuso con alcance general, para aquellos sujetos que incluyeran sus deudas tributarias en algunos de los planes previstos por la ley en su Título II, la condonación de las multas y demás sanciones previstas en la ley 11.683 que no se encontraran firmes a la fecha del acogimiento. A su vez, en el art. 56, previó el mismo beneficio, de pleno derecho, para las multas correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2016, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de la ley y la obligación principal hubiera sido cancelada, también a dicha fecha.
Dos son, entonces, las cuestiones a resolver para decidir sobre la procedencia de la aplicación del beneficio solicitado. En primer término, si el monto de la deuda que originó la sanción se encuentra regularizado, y en su caso, cancelado y, en segundo término, si la Sra. Latini se encuentra incluida en la causal de la exclusión invocada por el Fisco Nacional, en relación a su estado falencial.
En cuanto a la primera de las cuestiones, cabe decir que del monto total ajustado por el período fiscal 12/2010 de $34.396,05 (v. fs. 1 de los ant. adm.) el Fisco Nacional indicó a fs. 123 que la recurrente ingresó $17.241,05 más intereses en el plan N° E962684 —del cual el único dato aportado es que fue cancelado antes de la entrada en vigencia de la ley 27.541 y sus modif.— y una diferencia de $1.155 en el plan N° F235405 antes de que éste caducara y se reformulara en el plan N° J373772 el 30 de marzo de 2017, el que, a su vez, también se informa como cancelado antes de la entrada en vigencia de la ley 27.541 y sus modif.
Ahora bien, el Fisco Nacional aduce que el monto de la deuda por este período fue regularizado en forma parcial, restando por lo tanto la regularización de $16.000. Sin embargo, esa exacta suma se advierte cancelada mediante depósito el 18 de noviembre de 2011 según constancia agregada por la recurrente a fs. 114 vta. Queda claro que del Expediente surge que la obligación de la Sra. Latini en el impuesto al valor agregado del período 12/2010 por $34.396,05 se encontraba totalmente cancelada antes de la entrada en vigencia de la ley 27.541.
Respecto de los períodos fiscales 9/2011 y 10/2011, la totalidad de la deuda reclamada ($20.313,13 y $ 26.099,33 respectivamente) figura ingresada en el plan N° F235405 antes de que caducara, así como la suma de $11.272,98, en concepto del período fiscal 11/2011. Y, el saldo restante por dicho período de $6.461,74, se indica incluido en el plan N° J373772 del que ya se hiciera mención.
En suma, de todo lo anterior se extrae que lo que se encuentra acreditado en el Expediente es que la deuda total por el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales verificados se encuentra cancelada a la entrada en vigencia de la ley 27.541 y sus modif. que es, por tal motivo, el régimen que corresponde aplicar al caso. En efecto, la ley 27.541 (B.O. 23/12/2019) y su reglam. estableció un régimen de regularización de deudas tributarias y de condonación de intereses, multas y demás sanciones, por las obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019 inclusive, para contribuyentes y responsables de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, según los términos del art. 2° de la ley 24.467 y sus modif. y demás normas complementarias.
Y, en lo que aquí importa, en el art. 12 dispuso que las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 30 de noviembre de 2019, quedaran condonadas de pleno derecho siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de la ley y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha.
Resuelta la primera cuestión, a continuación corresponde adentrarse en la segunda cuestión a analizar, esto es si se ha configurado la causal de exclusión prevista en el art. 16, inc. a) de dicha normativa el que estableció que quedaría excluidos o excluidas de las disposiciones de esta ley … a) Los declarados o las declaradas en estado de quiebra respecto de los o las cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme lo establecido en las leyes 24.522 y sus modif. o 25.284 y sus modificatorias, mientras duraran los efectos de dicha declaración. Tal como se dijera, a fs. 94, el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7, Secretaría N° 14 informó que, en el marco del Expediente N°063811 caratulado “Latini Mónica Edith s/ quiebra”, que el 14 de mayo de 2013 se decretó la clausura del procedimiento por distribución final de acuerdo a lo dispuesto por el art. 230 de la 24.522. Consultado dicho Expediente en la página www.pjn.gov.ar surge además que allí también se ordenó que las actuaciones fueran paralizadas hasta la oportunidad prevista por el art. 231, in fine, que regula el supuesto en el que juez podrá disponer la conclusión de la quiebra por el transcurso de 2 años desde la resolución que decreta la clausura del procedimiento, sin que se reabra durante dicho lapso.
Así, el 20 de mayo de 2015, se tuvo por concluido el proceso en los términos del art. 231 y sgtes. y se ordenó su archivo lo que significa que para la Sra. Latini la quiebra terminó en dicha fecha ya que ello produjo el cese de todos los efectos patrimoniales y personales que se derivan de dicho estado. Siendo ello así, y en tanto la exclusión establecida en el art. 16 de la ley 27.541 y sus modif. se prevé mientras “duren” los efectos de la declaración de quiebra se concluye que la Sra. Latini no se encontraba incluida en dicha causal.
También por ello resulta insustancial pronunciarse sobre la efectiva o no continuidad de la explotación de la actividad económica de la Sra. Latini porque dicho supuesto contempla los casos de los fallidos, es decir con quiebra vigente, respecto de los cuales se declaró la continuidad de la explotación que no es el caso de la Sra. Latini.
En conclusión, se encuentra comprobada la cancelación de las obligaciones fiscales que dieron lugar a la imposición de la multa apelada así como la falta de configuración de la causal de exclusión prevista en el art. 16 inc) a de la ley 27.541 y de las restantes allí previstas y, aunque no se ha acreditado la calidad de MIPyME de la Sra. Latini a la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.541, el Fisco Nacional no efectuó observaciones al respecto al contestar los requerimientos ni tampoco surge del Expediente que se encuentre imposibilitada de acceder a los beneficios del régimen de ley 27.541 por tal motivo.
Por todo ello, corresponde declarar condonada la multa aplicada en el Sumario S/MM/1134/11 en los términos del art. 12 de la ley 27.541 y ordenar el archivo de estas actuaciones conforme el art. 8 de la R.G. 4667/2020. Las costas se imponen en el orden causado.
El Dr. Martín y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto de la Vocal Instructora.
Atento al resultado de la votación que antecede,
Declarar condonada la multa aplicada en el Sumario S/MM/1134/11 en los términos del art. 12 de la ley 27.541 y ordenar el archivo de estas actuaciones conforme el art. 8 de la R.G. 4667/2020. Las costas se imponen en el orden causado.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2023.10.20 11:33:27 -03:00 Date: 2023.10.20 12:46:19 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.20 14:25:45 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.20 14:25:45 -03:00
Fin de la sentencia