Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 63.089
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia recurrida de fs. 919/922 y su aclaratoria de fs. 938.
2Admitir el agravio de la codemandada apelante, teniéndose por cumplida la obligación de La Perseverancia con la suma depositada a fs. 891, conforme la liquidación practicada.
3Imponer las costas en ambas instancias en el orden causado por tratarse de una cuestión opinable, pudiendo razonablemente la actora con derecho a plantear la incidencia (art. 68 C.P.C.).
4Modificar y Confimar la regulación de honorarios efectuada a fs. 894/894 vta. por el principal y hasta el dictado de la sentencia en primera instancia, en la forma dispuesta en la Segunda Cuestión, Considerando II), apartado A).
5Modificar la regulación en crisis practicada a fs. 894 vta. “in fine”/895 por la incidencia de fs. 270/271, en un todo de acuerdo con lo resuelto en la Segunda Cuestión, Considerando II), apartado B). 3) Decretar la deserción respecto de las apelaciones deducidas a fs. 907 por la perito calígrafo Nora S. Guevara contra los honorarios regulados a su favor a fs. 895 segundo párrafo y a fs. 923 por el letrado apoderado de “Seguros Sura S.A.” contra todos los honorarios regulados a los peritos actuantes en autos, conforme lo resuelto en la Segunda Cuestión, Considerando II), apartado C). 4) Modificar la regulación practicada a la perito psicóloga interviniente a fs. 895 segundo párrafo, en atención a lo resuelto en la Segunda Cuestión, Considerando II), apartado D). 5) Establecer la retribución a los …
Causa nº: 2-63089-2018 "LATU, PATRICIA ARACELI Y OTRO C/ CORRADI, DEBORA SOLEDAD Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (SUMARIO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - TANDIL
Sentencia Registro nº: 185 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los veintinueve días del mes de Noviembre del año Dos Mil Dieciocho, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Jorge Mario Galdós, María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Latú, Patricia Araceli y Otro c/ Corradi, Débora Soledad y Otro s/ Daños y Perjuicios (Sumario)” (Causa N° 63.089), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, arts. 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós - Dra. Longobardi - Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª.- ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 919/922 vta. y su aclaratoria de fs. 938?.
2ª.- ¿Es justa la regulación de honorarios recurrida de fs. 894/895?. 3ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I Ó N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Galdós, dijo:
I. En la etapa de ejecución de sentencia, y en la determinación en concreto del monto de condena, habiéndose aprobado la liquidación pertinente, se suscitó una cuestión interpretativa relativa al alcance de la cláusula de limitación de cobertura de la póliza extendida por “La Perseverancia Seguros S.A.”, y de la cuantía con que ella debe contribuir al pago de capital e intereses, conjuntamente con “Royal & Sun Alliance Seguros Argentina S.A.” (hoy “Seguros Sura S.A.”), sobre la base de cuestiones decididas en la sentencia de Primera Instancia de fs. 739/751 y en la de este Tribunal de fs. 833/852, recaída en la sentencia única correspondiente a los autos “Corradi, Débora Soledad c/ Cardozo Arana, Edgar Isabelino y Otros s/ Daños y Perjuicios” (Causa Nº 61.459) y “Latú, Patricia Araceli y Otros c/ Corradi, Débora S. y Otros s/ Daños y Perjuicios” (Causa Nº 61.417).
La sentencia definitiva, y para lo que aquí interesa destacar, en la causa nº 61.459 “Corradi” (nº 45.790 de la instancia de origen) confirmó el rechazo de la demanda deducida por Débora Soledad Corradi contra Edgar Isabelino Cardozo Arana y su aseguradora “La Perseverancia Seguros S.A.”, con costas. Señalo brevemente con fines explicativos que Débora Soledad Corradi reclamó daños patrimoniales y morales propios y los derivados del fallecimiento de su esposo Gustavo Javier Bauer a raíz del siniestro vial ocurrido en Tandil el 12 de Noviembre de 2007, en ocasión en la que su cónyuge manejaba una motocicleta marca Honda XR 250 y en la que ella lo acompañaba en el asiento trasero. El evento lo protagonizó dicho vehículo con el automotor Torino TS dominio RWD 901 conducido por Edgar Cardozo Arana y asegurado en la compañía citada en garantía “La Perseverancia Seguros S.A.”.
En el lamentable hecho falleció su esposo Gustavo J. Bauer y ella sufrió diversas lesiones. La sentencia eximió de responsabilidad a Cardozo Arana, conductor del Torino y a su aseguradora “La Perseverancia Seguros S.A.”, entendiendo que medió responsabilidad exclusiva del conductor de la moto. La sentencia definitiva única a la que vengo haciendo mención (fs. 833/852 citada) en la restante causa acumulada “Latú” (nº 61.417 de Alzada y nº 41.919 de Primera Instancia) confirmó el fallo de condena y aumentó el monto de los daños resarcibles. De este modo, y tal como se decidió a fs. 751 de la sentencia de Primera Instancia, se admitió la demanda deducida por Patricia Araceli Latú y Miguel Gustavo Chantada por los daños derivados del fallecimiento de su hijo Isaías Santiago Chantada (quien viajaba como acompañante de Cardozo Arana, conductor del Torino) contra Débora Soledad Corradi (como sucesora de su cónyuge Gustavo Javier Bauer, quien –reitero- manejaba su motocicleta y falleció en el evento) y contra Edgardo Isabelino Cardozo Arana, conductor del Torino ,asegurado en “La Perseverancia Seguros”.
La sentencia de grado “hizo extensiva la condena a las compañías de seguros citadas a juicio (art. 118 L.S.) “La Perseverancia Seguros S.A.” y “Royal & Sun Alliance Seguros Argentina S.A.” (hoy “Seguros Sura S.A.”). Destaco por resultar de importancia que la sentencia de grado, que quedó firme por no haber sido materia de recurso, dispuso expresamente en cuanto a la “extensión de la responsabilidad a las compañías de seguro” que “frente a las víctimas de este accidente en este proceso (Latú y Chantada) ambas compañías de los condenados responderán por el todo, mancomunadamente, en la proporción de los límites de coberturas denunciados (art. 118 LS). Por lo que haré extensivaconcluyó el juez de grado- la condena a La Perseverancia Seguros S.A. y Royal & Sun Alliance Seguros Argentina S.A.” (sic., fs. 750 vta. de la sentencia de grado firme).
También es importante señalar, y siempre ceñido a lo que aquí interesa destacar, que “La Perseverancia Seguros S.A.” aseguradora del Torino de Edgar I. Cardozo Arana, al contestar la demanda reconoció la existencia de seguro y especificó los límites que poseía la cobertura. A fs. 157 vta. dijo textualmente: “que es verdad que mi mandante contrató el seguro de responsabilidad civil hacia terceros con límite, tal como resulta de las Condiciones Particulares de la Póliza, sobre las siguientes bases: - “Límites Cap. A: - Daños corporales o muerte: - Máximo por pluralidad de reclamos $ 170.000.- Límite máximo por persona muerte o lesionada: $100.000.- II.- Daños materiales $30.000.- III.- Máximo por acontecimiento $200.000.” (sic., fs. 157 vta.).
Retomando las contingencias suscitada en este proceso a fs. 879/880 la parte actora, rectificando la liquidación practicada a fs. 874/875, determinó el monto total de todos los daños en la suma de $1.843.215,95 discriminados del modo siguiente: 1) el monto indemnizatorio fijado inicialmente a favor de Patricia Araceli Latú (por daño patrimonial $150.000; por daño moral $220.000 y $5.000 por daño psíquico) asciende actualmente a $928.233,40; 2) el monto indemnizatorio fijado a favor de Miguel Gustavo Chantada (por daño patrimonial $150.000 y por daño moral $220.000) asciende a la suma de $914.982,55, que sumados a la cifra ya mencionada a favor de Latú ($928.933,40) representa el total de condena de $1.843.215,95 citado. Esa liquidación fue aprobada a fs. 894/895 oportunidad en la que también se regularon todos los honorarios de los letrados y peritos intervinientes.
A fs. 894/895 se aprobó la liquidación practicada que ascendió a esa fecha a $1.843.215,95 y que –como se dijo- reguló honorarios de los letrados y peritos intervinientes.
A fs. 897/898 “Seguros Sura S.A.” depositó en autos y dio en pago la suma equivalente al 50% del monto precitado, esto es $931.607,97. Pide con relación a las costas y honorarios se aplique lo dispuesto en el art. 730 CCCN, concordante con el art. 505 del Código Civil anterior. En línea con ello, y en su consecuencia, sostiene que el 25% de la liquidación practicada por la actora asciende a $460.803,98 por lo que deposita la suma de $230.401,99. En definitiva depositó y dio en pago consintiendo su extracción el monto de $1.152.009,96 que resulta de la sumatoria del capital e intereses del monto de condena de $921.607,97 y de $230.401,99 en concepto de costas.
A fs. 900 apela los honorarios la perito psicóloga María Celeste Etchemendi quien los fundó a fs. 902/903. A fs. 907 apeló la perito calígrafo Nora S. Guevara, recurso concedido a fs. 908. A fs. 923 apela sus honorarios por altos el letrado de “Seguros Sura S.A.” y a fs. 925 el apoderado de “La Perseverancia Seguros S.A.”, recurso concedido a fs. 926. A fs. 938 se ordenó librar giro a favor de los actores por la suma de $475.396,12, los que se concretaron a fs. 945/946.
Retomando el relato de las cuestiones litigiosas sometidas a consideración del Tribunal, a fs. 891/892 el apoderado de “La Perseverancia Seguros S.A.” deposita y da en pago el 50% del capital e intereses que del total de $259.184,27 ($100.000 “por muerte de una persona o daños personales” y $159.184,27 por intereses). Entiende que esa es la suma y la proporción que le corresponde pagar. Así, deposita y da en pago en la parte proporcional del 50% correspondiente a cada uno de los dos actores de la suma de $129.592,13 para los beneficiarios (que son Patricia Araceli Latú y Miguel Gustavo Chantada). Añade que las costas del proceso deben ser asumidas por la citada en garantía en forma proporcional a la cobertura, es decir, “a prorrata de la suma asegurada” y funda su postura en que atento lo dispuesto por el art. 118 de la Ley 17.418 la aseguradora responde “en la medida del seguro”, que al tercero damnificado le son oponibles todas las cláusulas del contrato de seguro, y que al contestar la citación en garantía esa aseguradora invocó la existencia de límites en la cobertura “en la póliza nº 2.745.149/4 contratada por el codemandado Sr.
Edgar Isabelino Cardozo Arana sobre las siguientes bases: máximo por pluralidad de reclamos: $170.000. Límite máximo por persona muerta o lesionada $100.000. Daños materiales $30.000 y máximo por acontecimiento $200.000” (sic., fs. 891). A fs. 904/906 el apoderado de la actora se notifica del depósito efectuado por “Seguros Sura S.A.” por $921.607,97 como pago del 50% de capital e intereses, pide la liberación a favor de los actores Latú y Chantada de la suma de $460.803,98 para cada uno de ellos y cuestiona la aplicación del art. 730 CCCN y la limitación del 25% en concepto de honorarios y costas porque los emolumentos de la citada en garantía están firmes para ella al haberse notificado de la regulación y dado en pago $230.401,99.
En lo restante, y que constituye la materia litigiosa que aquí debe ser abordada, impugna el depósito efectuado por la “La Perseverancia Seguros S.A.” de $259.184,27, solicitando se lo tenga a cuenta de capital e intereses alegando errónea interpretación de la cláusula que fijaba los límites cuantitativos de la cobertura. Afirma que no debe aplicarse el máximo ($100.000) “por persona muerta o lesionada” el que se aplicaría si hay pluralidad de reclamos, es decir, “varias personas muertas o lesionadas”. Sostiene que debe depositarse la suma de $200.000 que constituye “el máximo por acontecimiento, puesto que siendo que no hay pluralidad de reclamos, no hay pluralidad de lesionados o muertos y no hay daños materiales propiamente dichos, el máximo por acontecimiento debe ser tenido en cuenta como límite total del contrato de seguro total y debe ser aplicado en tal sentido en garantía del patrimonio del asegurado y como derecho a la reparación a las víctimas“ (sic., fs. 904).
Más adelante afirma que el límite oponible al damnificado y asegurado es $200.000 que constituye la cobertura total contratada y que no hay pluralidad de reclamos por lo que abonar sólo $100.000 y guardarse los $100.000 restantes en perjuicio del asegurado y de los accionantes resulta abusivo. Cuestiona enfáticamente la interpretación que formula el apoderado de la aseguradora y pide que se ordene a “La Perseverancia Seguros S.A.” a pagar la suma de $200.000, con más la de $301.201,57 en concepto de intereses, la que deberá ser actualizada. En tal sentido la aplicación de intereses a la Tasa Pasiva Digital, desde el 11/11/07 hasta el 06/07/17 representa la suma de $501.201,57. De lo contrario dado el tiempo transcurrido desde la fecha del hecho (año 2007) se produciría un enriquecimiento ilícito de la demandada.
A fs. 911/912 la aseguradora se opone reiterando que la suma de $200.000 correspondería en el caso de que exista más de un reclamo, es decir pluralidad pero que el máximo a indemnizar por persona lesionada o por muerte asciende a $100.000. En autos existen dos reclamos de personas fallecidas por los que debía abonar $100.000 a los Sres. Patricia A. Latú y Miguel G. Chantada progenitores del fallecido Isaías Santiago Chantada, toda vez que los restantes $100.000 correspondían al otro reclamo judicial que fue rechazado. Descarta que la misma constituya una cláusula abusiva; se refiere a la jurisprudencia de la Corte de la Nación con relación a la oponibilidad del tercero al límite de cobertura pactado entre aseguradora y asegurado recalcando que $100.000 es el límite máximo por la muerte del Sr. Chantada que era el tercero transportado en el automotor que protagonizó el accidente objeto de estos actuados. Pide que con la suma de $259.184,27 depositada se tenga por cancelada íntegramente la deuda.
A fs. 919/922 se dictó sentencia, ahora recurrida, interpretando el Sr. Juez de Grado el contenido y alcances de la cláusula contractual pertinente, la que transcribe íntegramente. Tras ello, y analizando el conjunto de las cláusulas insertas en un contrato predispuesto resuelve que en el plazo de cinco días “La Perseverancia Seguros S.A.” debe depositar $200.000 con intereses que constituye “el límite por acontecimiento”. Para fundamentar esa conclusión razonó del modo siguiente: “sin lugar a dudas al contestar demanda existía ‘pluralidad de reclamos’ que en el caso concreto otorgaba a la compañía de seguros La Perseverancia la posibilidad de limitar en dos el monto máximo por acontecimiento ($200.000, dividiéndolo en cubrir $100.000 en cada uno de ellos). Sin embargo, a posteriori, uno de esos reclamos no prosperó (demanda rechazada, como bien reconoce el letrado de la aseguradora en su escrito), dando lugar al planteo de la actora de este juicio de intentar abrazar el máximo por acontecimiento en este único proceso donde se encontró condena” (sic., fs. 921). En lo relativo a la aplicación del art. 730 del CCCN solicitada por “Seguros Sura S.A.” la desestima sosteniendo que en todo caso la eventual reducción del monto, conforme el porcentaje global del 25%, corresponde efectuar al momento de la liquidación, esto es, en la presente etapa. Aclara que dicho porcentual que asciende a $460.803,98 es el límite cuantitativo para el pago de las costas que se refiera a tasa, sobretasa y honorarios de los abogados de los no condenados en costas, abogados de la actora. Finalmente ordena los giros conforme la suma depositada en autos y la reserva que dispone por lo que del total de $1.180.792,20, ordena el giro para cada uno de los actores de $590.396,10, importe luego rectificado luego a fs. 938 el que se aclaró que corresponde a $950.792,24 por lo que corresponde $475.936,12 a cada uno de los padres de la víctima.
Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de apelación la aseguradora “La Perseverancia Seguros S.A.” a fs. 925, el que se concedió en relación a fs. 926.
A fs. 933/935 agregó el memorial de agravios que fue contestado por el actor a fs. 939/943. La pieza recursiva sostiene en esencia que media errónea interpretación de la cláusula contractual porque la aseguradora, tal como se desprende del Volante F10 del contrato asume responsabilidad con un límite de $100.000 por persona “respecto de los daños corporales a personas sean éstas transportadas o no”. Ese es el límite máximo establecido y los restantes montos ($200.000) se refieren al supuesto en que exista pluralidad de damnificados. Critica el fallo, controvierte su argumentación y reitera que cuando se trata de una persona damnificada el límite de cobertura de $100.000 extendiéndose a un máximo por acontecimiento de $200.000 en caso de existir más de una persona damnificada. Luego de otras consideraciones dice que se está condenando a pagar de modo duplicado y sin causa la suma comprometida contractualmente. Formula otras consideraciones y afirma, en subsidio, que siguiendo aún la equivocada y forzada postura interpretativa del fallo la suma máxima podría ser $170.000 y no $200.000 ya que hay un máximo indemnizatorio de $30.000 destinado a un rubro específico que no es ni muerte ni daños corporales a personas. Finalmente solicita se revoque la sentencia interlocutoria atacada teniendo por cumplida su obligación con el pago del monto ya depositado y percibido por los actores.
En el escrito de contestación de agravios que la actora formula a fs. 939/943 aduce que el recurso se encuentra insuficientemente fundado por no cumplimentar los requisitos técnicos pertinentes. Tras ello se explaya reiterando y extendiendo las consideraciones formuladas al contestar a fs. 904/906 el planteo de la restante codemandada.
Habiéndose dispuesto que los autos debían resolverse con la formalidad del Acuerdo y firme el proveído que hizo saber el orden de la votación (cf. fs. 967 y fs. 968 respectivamente), el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto.
II.- 1.- Anticipo mi opinión en el sentido que el recurso debe ser atendido, toda vez que el resultado final de la interpretación de la cláusula contractual cuestionada está condicionado por los principios procesales de la cosa juzgada derivada de las sentencias definitivas de Primera y Segunda Instancia (cf. fs. 739/751 y fs. 833/852) y por el principio de congruencia que circunscribe el marco interpretativo de la cláusula referida.
Antes que nada señalo que debe desestimarse el planteo de la actora de deserción del recurso de la aseguradora porque, contrariamente a lo que afirma, el escrito impugnativo contiene una crítica concreta y razonada de los argumentos de la sentencia atacada, cumplimentándose los requisitos de los arts. 246, 260 y 261 C.P.C. No hay inadmisibilidad formal del recurso y corresponde analizar su procedencia.
Retomando el razonamiento y con referencia al mencionado principio de inmutabilidad de la cosa juzgada, que en autos tiene marcada gravitación, recuerdo brevemente que “la cosa juzgada produce la inmutabilidad o inmodificabilidad de los efectos de la sentencia que goza de tal atributo. Ello significa que en ningún caso otra autoridad jurisdiccional podrá alterar los términos de un pronunciamiento pasado en autoridad de cosa juzgada (conf. Couture, Eduardo “Fundamentos del Derecho Procesal”, 3ªed. pág.402). Dicho instituto se estructura con miras al interés privado de las partes, pero también a una finalidad pública, que se desdobla en dos aspectos: la economía de esfuerzo jurisdiccional, al evitar la repetición de la misma controversia y la paz social, al establecer la inmodificabilidad del pronunciamiento” (cf. Podetti, Ramiro, “Tratado de los actos procesales”, pág. 460; esta Sala, causas nº 40.151, 9/9/99, “Bco. Pcia. Bs. As. c/ Tridoy, Juan y otra s/ Cobro Ejecutivo”; nº 45.768, 27/11/03, “Bco. Mayo Coop. Ltdo. c/ Andreu, José F. s/ Conc. Especial” y nº 47.894, 04/05/06, “Banco Crédito Rural (en liquidación por el B.C.R.A.). Inc. de Nulidad de Escritura en autos: ‘Tres Marías en Quiebra’”, pub. en LLBA 2006-1340).
Quedó firme como consecuencia de la sentencia de grado, confirmada y modificada parcialmente por la de este Tribunal en lo que fue materia de recurso y agravio:
- que las dos aseguradoras, La Perseverancia, en la que el conductor del Torino Miguel Gustavo Chantada tenía contratado el seguro de ese vehículo, y que Sura Seguros, aseguradora de la moto de Gustavo Javier Bauer, responderán mancomunadamente, lo que según el art 825 CCCN significa el fraccionameinto de la deuda en tantas relaciones jurídicas independientes como acreedores que haya ( sentencia de Primera Instancia fs 750 vta punto G);
- que la condena lo es en proporción al límite de cobertura de cada aseguradora, como lo prescribe el art 118 LS, y se expresa en el fallo de grado a fs 750 vta y 751, siendo en el caso La Perseverancia la única que invocó al contestar la demanda el siguiente límite que resulta de las Condiciones Particulares de la Póliza: “Límites Cap. A: - Daños corporales o muerte: - Máximo por pluralidad de reclamos $ 170.000.- Límite máximo por persona muerte o lesionada: $100.000.- II.- Daños materiales $30.000.- III.- Máximo por acontecimiento $200.000.” (sic., fs. 157 vta.). La cuestión litigiosa gira en torno a la interpretación de la presente cláusula (sentencia de Primera Instancia fs. 750 vta. puntos G) y parte resolutiva fs. 751; póliza fs. 63/71);
- que la liquidación aprobada fue practicada en función del monto firme de condena ($ 1.843.215,95; fs. 879/880, 894/895).
Por otro lado no se planteó en la Instancia de Grado ni fue objeto litigioso los aspectos relativos a la insuficiencia o abusividad de esa cláusula que fija los límites cuantitativos que mencioné. Incluso ello se advierte que tampoco fue alegado al practicar la liquidación de fs. 879/880, modificatoria de la de fs. 874/875, lo que constituyó el punto de partida que desembocó en la cuestión ahora en disputa: la interpretación de la cláusula y su alcance. La actora introdujo incipientemente la cuestión al contestar a fs. 904/905 el escrito en el que da cuenta del depósito dado en pago por la aseguradora codemandada, conforme su interpretación. Recién al contestar el traslado del memorial, la actora planteó a fs. 939/943 vta. argumentos relativos al abuso que supone admitir un límite cuantitativo de cobertura que estima depreciado. Es decir, siendo que por un lado desde el inicio los aspectos litigiosos se circunscriben a la interpretación de la cláusula, y que lo relativo a su abusividad fue planteado en la Cámara, deviene aplicable el principio de congruencia decisoria, tal como lo adelanté (arts. 272, 34 inc. 4, 163 inc. 6, 2666 y concs. CCCN).
Sobre el tópico tiene dicho la Suprema Corte de Buenos Aires que “dictar una sentencia más allá de lo pedido, comporta decidir sobre lo que no está en el juicio -materia de debate-, conteniendo el fallo algo distinto a lo que fue objeto de la pretensión y de la oposición. Está así vedado a los jueces apartarse de los términos de la relación procesal y decidir en forma distinta a la pedida por las partes, pronunciándose sobre cosas no planteadas en los escritos de demanda y contestación, o resolver sobre capítulos o reclamos no propuestos que en manera alguna integraron la litis, desde que ello importa desviarse de las pretensiones de las mismas deducidas en juicio (ver Morello A. M., Sosa G. L y Berizonce R. O.; "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Comentados y Anotados", La Plata, Librería Editora Platense y Abeledo Perrot, 1986, tomo II-C; pág. 81/vta.). También ha expresado esta Suprema Corte –prosiguió- que dicha pauta rectora impone a los órganos jurisdiccionales observar una adecuada correspondencia entre las postulaciones básicas articuladas por las partes en el litigio y la sentencia que las dirime. Por ello, los jueces o tribunales deben pronunciarse sobre lo que se pide, esto es, sobre las pretensiones sometidas a su decisión, mas sólo sobre éstas; y, a la vez, deben basar sus pronunciamientos en todos los elementos de hecho aportados en apoyo de las formulaciones hechas valer por los contendientes, sin acudir en principio a otros (conf. doct. causas C. 99.848, sent. del 11-XI-2009; C. 99.906, sent. del 12-X-2011; C. 117.156, sent. del 25-VI-2014; etc.)” (conf. SCBA, causa C. 120.023, 26/10/16, “R., F. A. y otros c/ O., F. y otros. Daños y perjuicios”; esta Sala, causa nº 63.142, 23/10/18, “Giammátolo …”).
Sobre estas bases, e interpretando la cláusula objeto de disputa, corresponde pronunciarse (arts. 272, 34 inc. 4,163 inc. 6, 2666 y concs. CCCN; art. 118 LS, arts. 1197, 1198 y concs. CC ).
2. La póliza expedida por La Perseverancia Seguros nº 2745149/4, glosada a fs. 63/71, vigente desde las 12 horas del 08/06/07 hasta las 12 horas del 08/12/07 a favor de Cardozo Arana Edgar I. dispone textualmente: “Condiciones Particulares. Cobertura (a) Responsabilidad Civil Exclusivamente. Vehículo: Automóvil Renault Torino TS. Uso: Particular. Patente: RWD-901. Mod.: 73. Chas.: 600143. Cap. A: Responsabilidad Civil hacia terceros. I) Daños corp. y muerte y II) Daños materiales: con límite. Cap. B: Daños al vehículo: I) Daño parcial: no se cubre. II) Daño total: no se cubre. Cap. C: Robo o Hurto: no se cubre. Límites Cap. A: I) Daños corporales y muerte: máximo por pluralidad de reclamos $170.000.- Límite máximo por persona muerta o lesionada: $100.000.- II) Daños materiales $30.000.- III) Máximo por acontecimiento $200.000.-“ (sic., fs. 63).
Luego el Anexo identificado como Volante “C” de las Condiciones Generales para el Seguro de Vehículos Automotores y/o remolcados Aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación, en el Capítulo “A” - Responsabilidad civil hacia terceros- de la Cláusula 2ª – Riesgo cubierto, en lo pertinente, establece que: “El asegurador se obliga a mantener indemne al Asegurado y/o a la persona que con su autorización conduzca el vehículo objeto del seguro (en adelante el conductor), por cuanto deban a un tercero como consecuencia de daños causados por ese vehículo o por la carga que transporten en condiciones reglamentarias, por hechos acaecidos en el plazo convenido, en razón de la responsabilidad civil que pueda resultar a cargo de ellos.
El Asegurador asume esta obligación únicamente en favor del Asegurado y del conductor, hasta la suma máxima por acontecimiento, establecida en las Condiciones Particulares por daños corporales a personas, sean éstas transportadas o no transportadas y por daños materiales, hasta el monto máximo allí establecido para cada acontecimiento sin que los mismos puedan ser excedidos por el conjunto de indemnizaciones que provengan de un mismo hecho generador. Se entiende por acontecimiento todo evento que pueda ocasionar uno o más reclamos producto de un hecho generador. En relación a los alcances de la cobertura hacia personas transportadas, la responsabilidad asumida por la Seguradora se extiende a cubrir dentro del límite indemnizatorio por acontecimiento señalado precedentemente, los daños corporales únicamente sufridos por terceras personas transportadas en el habitáculo destinado a tal fin……” (sic., fs. 64).
Por su lado el Volante “F10” – Responsabilidad civil con límite. Cláusula 2 – Responsabilidad civil hacia terceros, también dispone, en su literal transcripción que: “De acuerdo a la Cláusula 2 del Capítulo A del Volante “C” de las Condiciones Generales la Responsabilidad asumida por el Asegurador se extiende a cubrir CON LÍMITE en su monto indemnizatorio respecto de los Daños Corporales a Personas, sean éstas Transportadas o no Transportadas hasta la suma de $100.000 por persona, con un máximo para el caso de pluralidad de reclamos de $170.000; por Daños a cosas no transportadas de terceras personas hasta la suma de $30.000.- y con un máximo por acontecimiento de $200.000.- En relación con los alcances de la cobertura hacia personas transportadas la responsabilidad asumida por el Asegurador se extiende a cubrir los daños sufridos por terceras personas transportadas en el habitáculo destinado a tal fin en el vehículo asegurado, siempre que su número no exceda la capacidad indicada en las especificaciones de fábrica o admitida como máximo para el uso normal del rodado. Quedan excluidos de la cobertura los casos previstos en las Cláusulas 21, 22 y 23 ítems 1 al 23 y las personas transportadas en ambulancias en calidad de pacientes” (sic., fs. 70).
En el caso medió sólo “un acontecimiento”, esto es un único evento dañoso, accidente de tránsito, accidente de automotores o siniestro vial, en el que participaron la moto de Gustavo Bauer y el automóvil de Edgardo I. Chantada. Se trata, en los términos de la póliza, de un “mismo hecho generador” porque “se entiende por acontecimiento todo evento que pueda ocasionar uno o más reclamos producto de un hecho generador” (sic., fs. 64 y 70).
El evento generó inicialmente una “pluralidad de reclamos” ya que se produjeron daños a tres damnificados directos, es decir víctimas inmediatas del hecho: el fallecido Gustavo Javier Bauer (conductor de la moto), su acompañante (su esposa y actora Débora Soledad Corradi) y el transportado en el auto, Isaías Santiago Chantada, también fallecido. La “pluralidad” de reclamos a los que se refiere el contrato de seguro importa el cómputo de las víctimas directas o inmediatas (las tres personas de las cuales, lamentablemente, fallecieron dos) y no de actores o legitimados activos porque, en el caso, se advierte que concurren la esposa de Bauer y los padres de Chantada. Es decir “la pluralidad de reclamos comprende” la cantidad de víctimas directas, lo que -de ordinario- podrá determinar un número mayor de víctimas si se computan las indirectas, como ocurre en estos procesos acumulados.
En suma y reiterando: la existencia de pluralidad de reclamos está definida por la pluralidad de víctimas o damnificados directos del acontecimiento único (tres en el sub lite), más allá de que ese número pueda o no coincidir con la cantidad de legitimados activos, en el caso cuatro personas: la esposa de Bauer, la citada Débora Soledad Corradi, damnificada directa por sus daños personales e indirecta como heredera de su cónyuge; los dos padres de Chantada, Patricia Araceli Latú y Miguel Gustavo Chantada, como damnificados indirectos por el deceso de su hijo. Sin embargo, y dado el tenor y alcance de la cláusula transcripta más arriba y en análisis, al haber quedado excluidos del ámbito de la cobertura obligatoria los daños (“reclamos”) derivados de dos víctimas directas (Bauer y su esposa) se configura una situación fáctica y jurídica en la que existe un “límite máximo por persona muerta o lesionada” ($ 100.000 y $ 30.000 por daños materiales) y no “pluralidad de reclamos” con un máximo de $ 170.000, porque se rechazó la demanda incoada por la parte que correspondía a Bauer, por mediar culpa de la víctima. De la lectura de la póliza transcripta más arriba, y de su confronte con los hechos juzgados, conforme se encuentra limitada la cuestión, media un acontecimiento y un límite por persona muerta o lesionada, ya que no puede entenderse que se configura el supuesto de “pluralidad de reclamos”, que invoca la actora, porque ello se refiere a la pluralidad de reclamos procedentes o admisibles, en cuyo caso el límite sería de $ 170.000 (por daños corporales o muerte o lesiones), con el tope máximo de $ 200.000 por acontecimiento que podría resultar de la sumatoria de los daños personales o muerte mencionados, los citados $ 170.000, con más los $ 30.000 por daño materiales.
En suma: un acontecimiento único, un límite de $ 100.000 por persona muerta o lesionada (el fallecido Isaías Chantada), porque el resultado de la litis y el rechazo de la demanda resarcitoria promovida en nombre de los otros dos reclamantes (Bauer y su esposa), al determinarse la culpa en el hecho del conductor de la moto (Bauer), conlleva a entender que no hay pluralidad de reclamos en los términos de la póliza. La pluralidad a la que alude el contrato se refiere, en mi opinión, a las pretensiones declaradas admisibles o procedentes, porque esta es la “medida” o alcance del deber resarcitorio. El máximo por acontecimiento significa el tope que corresponde admitir cuando la pluralidad de reclamos declarados procedentes pueda superar esa cuantía. Si bien aquí en un principio fueron varios los “reclamantes”, el juzgamiento de la responsabilidad civil de la aseguradora de Chantada no puede extenderse, a fines del cómputo de la procedencia de la pretensión, a favor de quién se decidió era el causante del daño. Aunque la cuestión pueda resultar opinable, el sentido de la cobertura es responder en la medida del contrato, y en autos se rechazó la demanda promovida por Débora Soledad Corradi (por sí y por su cónyuge, conductor de la moto asegurada por Sura Seguros) contra Edgar Isabelino Cardozo Arana y su aseguradora La Preserverancia, admitiéndose la derivada por los legitimados activos correspondientes al Sr Isaías Santiago Chantada, transportado en el auto de Cardozo Arana.
Entiendo que la interpretación expuesta es la que surge del análisis global y contextual de la póliza, emplazada en los términos en los que se decidió la responsabilidad ya que el asegurado de Sura Seguros resultó el único causante del hecho, sin perder de miras que por la firmeza de la sentencia de Primera Instancia (por falta de agravios) se condenó concurrentemente al conductor del Torino y su aseguradora por el fallecimiento de su acompañante y transportado (arts. 1198 y concs. CC).
3. Es pertinente destacar, brevemente, que no resulta aplicable en el caso el precedente reciente de la Suprema Corte, en el que, modificando su doctrina legal y apartándose del criterio de la Corte Suprema, resolvió que “la condena a la aseguradora debe incluir la cobertura básica vigente al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva” (SCJBA ,21/02/2018, Martínez, Emir vs. Boito, Alfredo Alberto s. Daños y perjuicios por mayoría voto Dr. Pettigiani al que adhirieron los Dres. Soria, Genou y Kogan). En ese antecedente se decidió que “la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza de seguro, convenida en concordancia con la normativa vigente al momento del hecho (cobertura básica obligatoria), no puede ser oponible al asegurado y a la víctima cuando la magnitud de los daños padecidos por esta última no fue estimada en un tiempo actual, en el que también debe ser ejecutada la garantía, pues ante los disímiles contextos habidos en tales fechas, su pretendida aplicación literal se muestra ostensiblemente irrazonable, al resultar abusiva, desnaturalizar el vínculo asegurativo por el sobreviniente carácter irrisorio de la cuantía de la cobertura finalmente resultante, afectar significativamente la ecuación económica del contrato y la equivalencia de sus prestaciones destruir el interés asegurado, provocar en los hechos un infraseguro, contrariar el principio de buena fe y patentizar un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora” (conf. arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y cc., Constitución Nacional; arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1037, 1068, 1069, 1071, 1077, 1079, 1109, 1137, 1167, 1197, 1198 y cc., Código Civil; art. 68 y cc., Ley 24449; arts. 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43 y cc., Ley 20091; arts. 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 109, 118, 158 y cc., Ley 17418; arts. 3, 37 y cc., Ley 24240; arts. 217, 218 y cc., Código de Comercio; arts. 47, 92 y cc., Ley 11430 de la Provincia de Buenos Aires; SCJBA, 21/02/2018, “Martínez, Emir vs. Boito, Alfredo Alberto s. Daños y perjuicios”, voto del Dr. Pettigiani, que hizo mayoría, al que adhirieron los Dres. Soria, Genoud y Kogan).
En este caso en disputa, a diferencia de aquél, el objeto litigioso no estaba integrado por la oponibilidad del límite de la cobertura tanto respecto al asegurado como a la víctima, por la violación al deber de la reparación integral y el alcance de las resoluciones emanadas de la Superintendencia de Seguros de la Nación, aspectos aquí marginados por la operatividad de la cosa juzgada y del principio de congruencia (arts. 272, 34 inc. 4, 163 inc. 6, 2666 y concs. CCCN; art. 118 L.S.; arts. 1197, 1198 y concs. CC ). Por lo expuesto propicio al acuerdo revocar la sentencia recurrida de fs. 919/922 y su aclaratoria de fs. 938 y admitir el agravio de la codemandada apelante, teniéndose por cumplida la obligación de La Perseverancia con la suma depositada a fs. 891, conforme la liquidación practicada, con costas en ambas instancias en el orden causado por tratarse de una cuestión opinable, pudiendo razonablemente la actora con derecho a plantear la incidencia (art. 68 C.P.C.).
Así lo voto.
A la misma cuestión los Señores Jueces Dres. Longobardi y Peralta Reyes, votaron en igual sentido, por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Galdós, dijo:
I. Contra la regulación de honorarios practicada a fs. 894/895, se dedujeron los siguientes recursos de apelación:
a) a fs. 897/898 “Seguros Sura S.A.” solicita con relación a los honorarios se aplique lo dispuesto en el art. 730 CCCN, concordante con el art. 505 del Código Civil anterior;
b) a fs. 900 la perito psicóloga María Celeste Etchemendi apela los honorarios que se le regularan por considerarlos bajos, presentando su fundamentación a fs. 902/902 vta.;
c) a fs. 907 recurre por baja la perito calígrafo Nora S. Guevara la retribución establecida a su favor, recurso concedido a fs. 908; d) a fs. 923 el letrado de “Seguros Sura S.A.” apela todos los honorarios regulados en autos por considerarlos elevados y reitera nuevamente la aplicación del art. 730 del CCCN, como ya lo había hecho a fs. 897/898.
II. Conforme lo expuesto precedentemente, y previo a adentrarnos en el tratamiento de los remedios procesales articulados en torno al aspecto cuantitativo de los honorarios regulados –hoy apelados- se debe dar respuesta a lo peticionado a fs. 897/898 por la citada en garantía “Seguros Sura S.A.”, en lo relativo a que a los honorarios se les aplique lo dispuesto en el art. 730 CCCN, concordante con el art. 505 del Código Civil anterior. Sobre el tema, este Tribunal ha resuelto que “siendo que el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación (vigente a partir del 01/08/15), vino a reiterar lo ya normado por el art. 505 de la vieja normativa, corresponde mantener la doctrina sentada por este Tribunal en otras causas.
Al respecto se tiene dicho que "en lo referido a la cuantificación de los honorarios profesionales de conformidad con lo normado en el art. 505 del Código Civil, cabe advertir que el Máximo Tribunal Provincial en la causa 'Altuna' (L. 85.321 del 8-10-08), ha cambiado la doctrina legal imperante en el tema en tratamiento. En efecto, en dicho precedente la Suprema Corte de Justicia se pronunció –por mayoría- sobre la constitucionalidad del art. 8 de la ley 24.432, señalando que esa norma no invade materia no delegada a la Nación, ya que el art. 277 de la ley de Contrato de Trabajo –al igual que el art. 505 del Código Civil, ambos en su nueva redacción- contienen una limitación respecto del alcance de la responsabilidad por las costas, no así respecto de los montos por honorarios profesionales.
Siendo esto así, cabe interpretarse que no existe imposibilidad de regular los honorarios por los trabajos profesionales conforme las disposiciones locales; en cambio sí puede inferirse una limitación respecto de la medida en que puede afectar al deudor, teniendo en cuenta su obligación de reparación integral” (del voto del Dr. De Lázzari, Mayoría)”. Por ello, siguiendo la doctrina de la Casación local antes citada, corresponde establecer que la regulación de honorarios deberá efectuarse con aplicación de la ley arancelaria local, tornándose operativa la aplicación del art. 730 CCCN al momento de efectivizar el pago de los honorarios regulados, definiéndose, en esa etapa, el límite de la responsabilidad previsto en el referido artículo (cf. esta Sala, causas nº 53.403, 23/10/09, "Andrade de Elgart, Vilma y otros c/ Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda. s/ Daños y Perjuicios"; n° 59.602, 0/09/2015, “Prieto …”; y n° 61.958, 16/03/17, “Genta …”), razón por la cual, corresponde rechazar el agravio vertido por la compañía citada en garantía respecto de esta cuestión.
Consecuentemente, habiéndose cumplido las labores desplegadas en Primera Instancia durante la vigencia del Decreto/Ley 8904/77, las retribuciones se revisarán utilizando dicha normativa legal.
Por ello, en atención al monto al que asciende la liquidación practicada en autos y que fuera aprobada por el Sr. Juez de Grado a fs. 894 primer párrafo ($1.843.215,95), al valor y mérito de los trabajos realizados, y de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 26 2° párrafo, 28 inc. b, 47, 51 y concs. del Decreto/Ley 8904/77, se regulan los honorarios de los profesionales intervinientes del siguiente modo: A) Por el principal y hasta el dictado de sentencia en primera instancia: los del Dr. Néstor Guillermo Di Giano, quien reviste el carácter de apoderado de la parte actora, en la suma de pesos ciento diez mil seiscientos ($110.600), los del Dr. Julio José Julián Meiller Castro, quien actúa en la misma condición que el Dr.
Néstor G. Di Giano, en la suma de pesos ciento diez mil seiscientos ($110.600), los del Dr. Ricardo Juan Vázquez Pianzola, en su carácter de patrocinante del demandado –Sr. Edgar Isabelino Cardozo Arana-, en la suma de pesos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y nueve ($45.149), los de la Dra. María Soledad Gallego, quien se desempeña como patrocinante del codemandado –Sr. Miguel Ledesma-, en la suma de pesos ciento cincuenta mil ($150.000), los del Dr. Rodolfo Corradetti, en su condición de apoderado de la codemandada –Sra. Débora Soledad Corradi-, en la suma de pesos ochenta mil ($80.000), los del Dr. Adolfo Selsi, revistiendo la misma condición que el Dr. Rodolfo Corradetti (y por su presentación de fs. 517), en la suma de pesos tres mil ($3.000), los del Dr.
Alberto Antonio Almirón, por su labor como apoderado de la citada en garantía –“La Perseverancia Seguros S.A.”-, en la suma de pesos cincuenta mil ($50.000), los del Dr. Daniel Enrique Boeris, quien reviste la misma condición que el Dr. Alberto Almirón, en la suma de pesos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y nueve ($45.159), los del Dr. Abel Rubén Soria, por su desempeño como apoderado de la citada en garantía –“Royal & Sun Alliance Seguros Argentina S.A.” (hoy “Seguros Sura S.A.”)-, en la suma de pesos sesenta mil ($60.000), y los del Dr. Armando Daniel Galli, quien reviste la misma condición que el Dr. Abel R. Soria, en la suma de pesos veintidós mil quinientos ochenta ($22.580), MODIFICÁNDOSE así, respecto de los Dres.
Néstor Guillermo Di Giano, Julio José Julián Meiller Castro, Ricardo Juan Vázquez Pianzola, Daniel Enrique Boeris y Armando Daniel Galli y CONFIRMÁNDOSE, dada la forma de apelación, en relación a los Dres. María Soledad Gallego, Rodolfo Corradetti, Abel Rubén Soria, Alberto Antonio Almirón y Adolfo Selsi, la regulación en crisis de fs. 894/894 vta., en todos los casos con más el aporte legal e I.V.A. en el caso de que alguno de los profesiones revista la condición de “Responsable Inscripto” ante dicho tributo.
B) Por la incidencia de fs. 270/271: se fijarán los honorarios conforme a lo previsto por el art. 22 del Decreto/Ley 8904/77, ya que la misma no posee contenido económico o monto propio (cf. Hitters, Juan Manuel - Cairo, Silvina, “Honorarios …”, págs. 243 y 540 vta. “in fine”). Por lo tanto, se regulan los honorarios del Dr. Néstor Guillermo Di Giano, quien reviste el carácter indicado anteriormente, en la suma de pesos dos mil ciento quince ($2.115), los del Dr. Julio José Julián Meiller Castro, quien actúa la condición mencionada en el apartado A), en la suma de pesos dos mil ciento quince ($2.115), los de la Dra. María Soledad Gallego, quien actúa en el carácter mencionado en el punto A), en la suma de pesos un mil seiscientos treinta ($1.630), y los del Dr. Abel Rubén Soria, por su tarea en la condición referenciada en el párrafo que antecede, en la suma de pesos un mil seiscientos treinta ($1.630), MODIFICÁNDOSE así, la regulación apelada de fs. 894 vta. “in fine”/895, en todos los casos con más el aporte de ley e I.V.A. en caso de corresponder.
C) Respecto de las apelaciones deducidas a fs. 907 por la perito calígrafo Nora S. Guevara contra los honorarios regulados a su favor a fs. 895 segundo párrafo y a fs. 923 por el letrado apoderado de “Seguros Sura S.A.” contra todos los honorarios regulados a los peritos actuantes en autos, no habiéndose fundado las mismas dentro del plazo legal establecido para hacerlo, DECRÉTASE SU DESERCIÓN (art. 246 del C.P.C.C.).
D) En relación a la apelación formulada a fs. 900 por la perito psicóloga María Celeste Etchemendi, quien considera que la retribución efectuada a su favor es baja, previo al análisis del tema cuantitativo, corresponde dar respuesta a los argumentos que esgrime en su fundamentación obrante a fs. 902/903.
Este Tribunal tiene dicho que “los honorarios de los peritos y auxiliares de la justicia deben guardar relación con los fijados a favor de los letrados intervinientes en cada causa, pues su regulación debe adecuarse además del mérito, importancia y naturaleza de la labor cumplida, al monto del juicio y a los honorarios de los profesionales que han intervenido en la causa" (cf. Cám.Civ.2, Sala 3, La Plata, causa B-66870 RSD-42-89 del 28/3/1989, "Industrial Thames s/ Incidente"; pub. en JUBA Sum.B-350056; esta Sala, causas nº 47.645, del 31/8/04, "Fulgenzi c/ Mandarano s/ Daños y Perjuicios"; nº 48.875, del 15/9/05, "Sucesores de Gaute..." y nº53.964 del 15/12/09, “Pizarro…”; y n° 57.250, del 13/12/12, “Pekel S.A. c/ Goñi, Pablo Luis s/ Daños y Perjuicios”, entre otras).
Conforme a ello, en atención a lo dispuesto por la Resolución n° 890/2002 del C.P.P.B.A., a la cuantía del asunto, valor y mérito de la tarea cumplida en autos y teniendo en cuenta los honorarios regulados a los letrados intervinientes, regúlanse los honorarios de la perito Licenciada en Psicología María Celeste Etchemendi, en la suma de pesos cuarenta y seis mil cien ($46.100), MODIFICÁNDOSE así, la regulación objeto de apelación de fs. 895 segundo párrafo, con más el aporte establecido por ley y la adición correspondiente al I.V.A. si correspondiere.
E) Por los trabajos realizados ante esta Alzada, regúlanse los honorarios de los profesionales actuantes, de la siguiente manera:
1. POR EL DICTADO DE LA SENTENCIA DE FS. 833/852: los del Dr. Julio José Julián Meiller Castro, en la suma de pesos cincuenta y nueve mil setecientos veinte ($59.720), los del Dr. Daniel Enrique Boeris, en la suma de pesos dieciocho mil sesenta y cuatro ($18.064), y los del Dr. Rodolfo Corradetti, en la suma de pesos dieciséis mil ($16.000), en todos los casos con más el aporte que por ley resulte pertinente e I.V.A. en el caso de que alguno de los letrados revista la condición de “Responsable Inscripto” ante dicho tributo.
2. POR EL DICTADO DE LA PRESENTE SENTENCIA: en atención al resultado arribado en la presente, corresponde diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77 y art. 31 de la Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión los Señores Jueces Dres. Longobardi y Peralta Reyes, votaron en igual sentido, por los mismos fundamentos.
A LA TERCERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Galdós, dijo:
Atento a lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del CPCC, se resuelve: 1) revocar la sentencia recurrida de fs. 919/922 y su aclaratoria de fs. 938. 2) Admitir el agravio de la codemandada apelante, teniéndose por cumplida la obligación de La Perseverancia con la suma depositada a fs. 891, conforme la liquidación practicada. 3) Imponer las costas en ambas instancias en el orden causado por tratarse de una cuestión opinable, pudiendo razonablemente la actora con derecho a plantear la incidencia (art. 68 C.P.C.). 4) Modificar y Confimar la regulación de honorarios efectuada a fs. 894/894 vta. por el principal y hasta el dictado de la sentencia en primera instancia, en la forma dispuesta en la Segunda Cuestión, Considerando II), apartado A). 5) Modificar la regulación en crisis practicada a fs. 894 vta. “in fine”/895 por la incidencia de fs. 270/271, en un todo de acuerdo con lo resuelto en la Segunda Cuestión, Considerando II), apartado B). 3) Decretar la deserción respecto de las apelaciones deducidas a fs. 907 por la perito calígrafo Nora S. Guevara contra los honorarios regulados a su favor a fs. 895 segundo párrafo y a fs. 923 por el letrado apoderado de “Seguros Sura S.A.” contra todos los honorarios regulados a los peritos actuantes en autos, conforme lo resuelto en la Segunda Cuestión, Considerando II), apartado C). 4) Modificar la regulación practicada a la perito psicóloga interviniente a fs. 895 segundo párrafo, en atención a lo resuelto en la Segunda Cuestión, Considerando II), apartado D). 5) Establecer la retribución a los letrados actuantes ante esta Alzada por la sentencia dictada a fs. 833/852, en la forma dispuesta en la Segunda Cuestión, Considerando II), apartado E) 1). 6) Diferir la regulación de honorarios por la presente sentencia para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77 y art. 31 de la Ley 14.967; cf. Segunda Cuestión, Considerando II), apartado E) 2), en atención al resultado arribado. Así lo voto.
A la misma cuestión los Señores Jueces Dres. Longobardi y Peralta Reyes votaron en igual sentido, por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 29 de Noviembre de 2018.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) revocar la sentencia recurrida de fs. 919/922 y su aclaratoria de fs. 938. 2) Admitir el agravio de la codemandada apelante, teniéndose por cumplida la obligación de La Perseverancia con la suma depositada a fs. 891, conforme la liquidación practicada. 3) Imponer las costas en ambas instancias en el orden causado por tratarse de una cuestión opinable, pudiendo razonablemente la actora con derecho a plantear la incidencia (art. 68 C.P.C.). 4) Modificar y Confimar la regulación de honorarios efectuada a fs. 894/894 vta. por el principal y hasta el dictado de la sentencia en primera instancia, en la forma dispuesta en la Segunda Cuestión, Considerando II), apartado A). 5) Modificar la regulación en crisis practicada a fs. 894 vta. “in fine”/895 por la incidencia de fs. 270/271, en un todo de acuerdo con lo resuelto en la Segunda Cuestión, Considerando II), apartado B). 3) Decretar la deserción respecto de las apelaciones deducidas a fs. 907 por la perito calígrafo Nora S. Guevara contra los honorarios regulados a su favor a fs. 895 segundo párrafo y a fs. 923 por el letrado apoderado de “Seguros Sura S.A.” contra todos los honorarios regulados a los peritos actuantes en autos, conforme lo resuelto en la Segunda Cuestión, Considerando II), apartado C). 4) Modificar la regulación practicada a la perito psicóloga interviniente a fs. 895 segundo párrafo, en atención a lo resuelto en la Segunda Cuestión, Considerando II), apartado D). 5) Establecer la retribución a los letrados actuantes ante esta Alzada por la sentencia dictada a fs. 833/852, en la forma dispuesta en la Segunda Cuestión, Considerando II), apartado E) 1). 6) Diferir la regulación de honorarios por la presente sentencia para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77 y art. 31 de la Ley 14.967; cf. Segunda Cuestión, Considerando II), apartado E) 2), en atención al resultado arribado. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE.
JORGE MARIO GALDÓS PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II MARÍA INÉS LONGOBARDI VICTOR MARIO PERALTA REYES JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II ANTE MÍ CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia