Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 217/12, 218/12 y 219/12 con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por su actuación en autos en las dos primeras etapas procesales en la suma de $ 70.961 por la representación procesal y de $ 177.403 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 101.264 equivalente a 13,61 UMA y por el patrocinio letrado la suma de $253.161 equivalente a 34,04 UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y la actividad desarrollada en la segunda y tercera etapa procesal, conforme lo dispuesto por los arts. 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29 y 51 de la ley 27.423.
4Regular los honorarios del Contador Público José Luis Domper en la suma de $ 72.573, a cargo de la recurrente, por su actuación en autos en el carácter de perito designado a propuesta del Fisco Nacional, teniendo en consideración las pautas establecidas por la ley 24.432.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-48018406-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 13 de Mayo de 2022 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N°37.308-I caratulado “Los Laureles de Areco S.R.L. s/ Apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Los Laureles de Areco S.R.L. interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones dictadas el 20 de diciembre de 2012 por la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Microcentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos:
a.- la Resolución N° 217/2012, en la que se impugnan los créditos fiscales del impuesto al valor agregado computados en los períodos fiscales 01/2006 a 12/2007 y se la intimó a ingresar $342.693,46, más intereses resarcitorios. Asimismo, en dicho acto se le aplicó una multa de defraudación de $108.208,50 (art. 46, ley 11.683) por los periodos fiscales 1/2006 a 3/2006, y se hizo reserva de juzgar su conducta infraccional por los periodos fiscales 4/2006 a 12/2007, por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
b.- la Resolución N° 218/2012, en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2007, y se la íntima a ingresar $273.826,57, más intereses resarcitorios. Allí también se hizo reserva de juzgar la conducta infraccional de Laureles de Areco S.R.L. por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.)
c.- la Resolución N° 219/2012, en la que se intima el pago del impuesto a las salidas no documentadas por los períodos fiscales 1/06, 4/06 a 12/06, 1/07 a 3/07, por $255.543,21, más intereses resarcitorios, y se le impone una multa de defraudación de $26.250 (art. 46, ley 11.683) por el periodo fiscal 1/06 y se hizo reserva de juzgar la conducta infraccional de los periodos fiscales 4/06 a 3/07, por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.). En su presentación ante este Tribunal, Los Laureles de Areco S.R.L. explica que su actividad es la comercialización de productos forestales remanentes de una explotación agropecuaria ubicada en la Provincia de Santiago del Estero y que provee insumos al campo Argentino.
Explica que mediante la O.I. 435.913 se le inició una fiscalización que culminó en las Resoluciones recurridas en las que se determinan de oficio sus obligaciones y se le intima el ingreso de gravámenes a partir de la impugnación de las compras de varillas de madera y postes a algunos de sus principales proveedores: Verpho S.A., JNC Obras Civiles de Infraestructura S.A., Eurocampo S.A., Tree Transplanter S.R.L., Servicios Industriales Roma S.R.L., Del Oeste Construcciones S.A., y por los servicios de fletes facturados por Leandro Mulet y Patricia Glenz, respecto de los cuales se cuestionó el cómputo del crédito fiscal en el impuesto al valor agregado.
Además, se objetó la deducción de los gastos en la declaración jurada del impuesto a las ganancias únicamente por las operaciones con Servicios Industriales Roma S.R.L., Verpho S.A., JNC Obras Civiles de Infraestructura S.A. y con Patricia Glenz.
Por último, la intimación a ingresar el impuesto a las salidas no documentadas fue cursada en relación a los proveedores Servicios Industriales Roma S.R.L., Verpho S.A., Del Oeste Construcciones S.A. y Patricia Glenz. Informa que en la instancia administrativa previa se reconocieron las operaciones con Tree Transplanters S.R.L., pero que no se analizó la procedencia de las restantes operaciones de compra y venta, teniendo en cuenta que muy difícilmente se podrían haber llevado a cabo las ventas sin los insumos y los servicios adquiridos a los proveedores a tal fin.
Entiende también que quien afirma la inexistencia de operaciones comerciales que se encuentran debidamente registradas, contabilizadas y documentadas, es la Administración Tributaria y que sobre ella recae la carga de acreditar la pretendida inexistencia de las mismas. Agrega, por otro lado, que no está controvertida la documentación de las operaciones con comprobantes que cumplen con todos los requisitos, ni su registración en los libros pertinentes.
Señala también que el juez administrativo reconoce que la empresa contaba con disponibilidades suficientes para hacer frente a los pagos de los proveedores en cuestión, y que las operaciones fueron efectivamente canceladas, por lo que tampoco la efectiva realización de los pagos está en discusión.
En cuanto a la intimación por salidas no documentadas, explica que es improcedente, porque las erogaciones que presuntamente se encontrarían respaldadas con documentación falsa o inexistente –de acuerdo a lo afirmado por el juez administrativo- tuvieron por destino sujetos claramente individualizados, por lo que no hay los beneficiarios ocultos que permita exigir el impuesto previsto en el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias. Respecto a las multas aplicadas en las Res. Nros. 217/12 y 219/12, también considera que existen elementos certeros que acreditan su buena fe, lo que imposibilita el encuadre doloso de su conducta, por lo que solicita se descarte la figura intencional del art. 46 de la ley, y califica de improcedente la aplicación de la presunción de dolo del inc. b) del art. 47 en que se funda.
Aporta prueba documental y ofrece la producción de prueba informativa y pericial contable y solicita, en consecuencia, que se revoquen las Resoluciones en todas sus partes, con costas.
II. A fs. 252/272 el Fisco Nacional contesta el traslado de los recursos, solicitando que se confirmen sus actos, también con costas.
III. A fs. 281 está el auto de apertura a prueba del 8 de noviembre de 2013 en el que se hace lugar a la prueba informativa y a la pericial contable ofrecidas. A fs. 294, 298/301, 302/305, 306/307, 313/314, 315/317,318/320 y 346/368, obran las respuestas a los oficios librados a la Administración Enrique Duhau SAAG, Duggan Hnos. S.A., Iburapuera S.A., Bernardo L. Duggan S.A, Gregorio Numo y Noel Werthein S.A., Safico S.A., al Sr. Ernesto Quiroga Micheo, al Sr. Ricardo Oscar Benedicto, respectivamente. A fs. 292 la recurrente desistió del libramiento del oficio dirigido al Sr. Jorge Alberto Blanco por haber fallecido. A fs. 394/397 se agregó el informe pericial contable.
A fs. 422 mediante auto del 6 de mayo de 2019 se hace saber la integración de la Sala y se declara el cierre del período probatorio y se elevaron las actuaciones a su consideración. A fs. 425 se pusieron los autos para alegar, obrando a fs.428/448 el alegato de la recurrente y a fs.449/451 el del Fisco Nacional.
Por último, a través del IF-2022-44544480-APN-VOCXI#TFN quedan en estado para dictar sentencia.
IV. Corresponde resolver sobre la legitimidad de las Resoluciones recurridas, para lo cual cabe recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970 y en el mismo sentido la Cámara in re “Agropecuaria Huinca SRL”, sentencia del 2/9/2014 y sus citas, entre muchas otras).
Surge de los Considerandos de dichos actos que luego de sustanciarse el procedimiento de fiscalización iniciado a Los Laureles de Areco S.R.L., se impugnaron las operaciones con proveedores que luego de una exhaustiva investigación realizada a cada uno de ellos fueron calificados de apócrifos: Del Oeste Construcciones S.A, Mulet Leandro Jaime, Servicios Industriales Roma S.R.L, Vherpo S.A., Eurocampo S.A., JNC Obras Civiles de Infraestructura S.A. y Glenz Patricia.
Para ello se tuvo en cuenta aspectos tales como que carecían de bienes registrables y que no contaban con personal en nómina (vgr. Del Oeste Construcciones S.A.); otros, como Servicios Industriales Roma S.R.L. y Vherpo S.A., además, no tenían acreditaciones bancarias y los conceptos facturados no coincidían con la actividad de inscripción; en otros casos, no se pudo localizar en sus domicilios ni a las empresas ni a sus directores (vgr. Vherpo S.A.); el señor Leandro Jaime Mulet directamente desconoció ante la fiscalización haber prestado servicios de flete a Los Laureles de Areco S.R.L. y aclaró que desde el año 2002 era vigilador y que había cobrado dinero ($300) por ceder su clave fiscal a un contador a quien también le extendió un poder (fs. 402/406, ant. Adm.). Del mismo modo el director de JNC Obras Civiles de Infraestructura S.A. desconoció la letra con la que se confeccionaron las facturas y dijo no recordar a Los Laureles de Areco S.R.L. como cliente. La señora Patricia Glenz, por su parte, reconoció haber prestado servicios de fletes a Los Laureles de Areco S.R.L. pero no pudo aportar documentación ya que dijo que los traslados los hacían los fleteros del Mercado Central y que no le entregaban documentación.
En cuanto a los pagos, los cheques entregados a Servicios Industriales Roma S.R.L. fueron endosados a favor de otras personas, entre ellos un empleado de Los Laureles de Areco S.R.L.; por su parte, los cheques de Del Oeste Construcciones S.A. fueron endosados a favor de uno de sus directores, el cual no pudo ser localizado. El juez administrativo tuvo en cuenta también que si bien Los Laureles de Areco S.R.L. aportó a la fiscalización la copia del Libro Diario y planillas con el detalle de las operaciones efectuadas con los proveedores, no cumplió con la totalidad de los puntos del requerimiento, que tenía por propósito obtener mayor precisión sobre las mismas, como conceptos facturados y las personas de contacto de los proveedores.
Consideró, asimismo, que ante el pedido para que aportara documentación respaldatoria de las compras del año 2006, su representante informó primero que tenía dificultades para localizarla y luego aportó una denuncia policial por extravío hecha el 19 de agosto de 2009 respecto de 600 facturas tipo “A” de compras entre enero del 2006 hasta marzo del 2007. Cabe ya decir que la denuncia policial es posterior al primer requerimiento efectuado por la fiscalización el 29 de junio de 2009, en el cual se le requería que aportara balances, libros contables y sociales, facturas emitidas y la documentación respaldatoria de sus compras.
Todo ello tuvo como resultado la impugnación de los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado al desconocerse la realidad de las compras a los proveedores Del Oeste Construcciones S.A., Mulet Leandro Jaime, Servicios Industriales Roma S.R.L., Vherpo S.A., Eurocampo S.A., JNC Obras Civiles de Infraestructura S.A, y Glenz Patricia; la impugnación de los gastos deducidos en el impuesto a las ganancias por los comprobantes de Servicios Industriales Roma S.R.L., Vherpo S.A., JNC Obras Civiles de Infraestructura S.A y Glenz Patricia, por último, la intimación del pago del impuesto a las salidas no documentadas por Servicios Industriales Roma S.R.L., Del Oeste Construcciones S.A., Vherpo S.A. y Glenz Patricia.
Entre la prueba rendida en esta instancia, obran las respuestas dadas a los oficios que se libraran en los que requirió a clientes de Los Laureles de Areco S.R.L. que informaran si habían celebrado operaciones comerciales con ella -Administración Enrique Duhau S.A.A.G, Duggan Hnos. S.A., Ibirapuera S.A., Bernardo L. Duggan S.A., Gregorio Numo y Noel Werthein S.A., Safico S.A.F. y C., el Sr. Ernesto Quiroga Micheo, el Sr. Ricardo Oscar Benedicto-. Todos ellos confirmaron las compras de varillas y postes a Los Laureles de Areco S.R.L. en los períodos fiscales comprendidos en las determinaciones recurridas.
En esta instancia, además, se produjo prueba pericial contable en el informe obrante a fs. 394/397 donde los expertos detallan la registración de todas y cada de las compras a los proveedores; además en cuanto a los pagos, informaron que del Libro Diario surgía el débito a nombre de los proveedores, aunque aclararon que no se identificaban allí los comprobantes utilizados. A la pregunta, propuesta por Los Laureles de Areco S.R.L. al ofrecer la prueba, si de acuerdo a las existencias iniciales y finales en los libros de inventario y balances pudo haber hecho las ventas facturadas a sus clientes sin las compras a los proveedores impugnados, manifestaron que los libros no especificaban en forma detallada el inventario de bienes de cambio al 31/03/2007 y al 31/03/2008; hacen saber, por último, que el total de ventas incluidas en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado de los períodos 4/06 al 3/07 era igual al total de ventas del Estado de Resultados del ejercicio finalizado el 31/3/2007.
a.- Ajustes en el impuesto al valor agregado -Res. N° 217/2012.
Respecto a la impugnación de los créditos fiscales computados en las declaraciones juradas por las compras efectuadas a Del Oeste Construcciones S.A, Mulet Leandro Jaime, Servicios Industriales Roma S.R.L, Vherpo S.A, Eurocampo S.A, JNC Obras Civiles de Infraestructura S.A. y Glenz Patricia, y contrariamente a lo que invoca Los Laureles de Areco S.R.L. en su recurso de apelación, era a ella a la que le correspondía demostrar su efectiva realización por así disponerse en la ley 11.683, por lo que debe analizarse la prueba rendida con dicho propósito, tanto en la instancia administrativa previa como en la presente instancia. En efecto, le correspondía a la recurrente, en el derecho de contradicción que la ley procesal le acuerda ejercer, demostrar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección a partir de razones que tienen entidad suficiente para poner seriamente en duda su real existencia, para lo cual deben ofrecerse pruebas fehacientes en tal sentido.
Ello así, toda vez que ante ajustes como el que aquí se analiza resulta de aplicación la interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de las disposiciones del art. 12 de la ley del gravamen en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI”, del 10 de marzo de 2015, entre muchas otras, al sostener: "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...".
Similares consideraciones hizo en “ADM Argentina S.A.” del 10 de marzo de 2015 y en “Molinos Río de la Plata S.A.” del 25 de agosto de 2015.
Lo explica la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal cuando dice que “…el contribuyente debe acreditar fehacientemente la real existencia de las operaciones realizadas y a su vez, para que se pueda computar el crédito fiscal, es necesaria la existencia de la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido por haber abonado el Impuesto al Valor Agregado en la etapa anterior (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de La Plata SA c/ EN- AFIP DGI- Resol. 227/06 39/06 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 14/08/12)” – conf. “Avital S.A.”, del 24.2.2022, entre otras-.
Resulta así claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto del prestador del servicio o del vendedor de los bienes, extremo que es el que corresponde analizar aquí, en orden a determinar si fueron realmente los proveedores impugnados los que efectivamente vendieron los insumos rurales y prestaron los servicios de flete, por ende, si le asiste a la recurrente el derecho a computar el crédito fiscal de los comprobantes fiscales extendidos por éstos, a pesar de las múltiples irregularidades invocadas por el juez administrativo a partir de las tareas de fiscalización llevadas a cabo a cada uno de ellos. Entre ellas que algunos proveedores tenían el mismo domicilio fiscal, representantes y contadores, como Tree Planter S.A. y JNC Construcciones Civiles S.A.; por otro lado, llama la atención que ninguno de los proveedores, que supuestamente le vendieron varillas y postes de madera, tenían domicilio en la provincia de Santiago de Estero o cerca que es donde Los Laureles de Areco S.R.L. declaró que ejercía su actividad.
Por otro lado, cabe recordar que ante la fiscalización la recurrente manifestó respecto de las compras del año 2006 que tenía dificultades para localizarlas y luego aportó una denuncia presentada el 19 de agosto de 2009 ante la Comisaria N°19 de la Policía Federal Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, posterior al primer requerimiento que se le notificara el 29.6.2009-, en la que denunció el extravió de 600 facturas tipo “A” de compras del periodo enero del año 2006 hasta marzo del año 2007, justamente los periodos fiscales comprendidos en las determinaciones de oficio recurridas.
Se advierte así que, en el caso, la recurrente no ha logrado probar la compra de los insumos a los proveedores impugnados, ya que la prueba informativa se refirió a las ventas efectuadas, mientras que del informe pericial contable solamente puede extraerse que los comprobantes fiscales eran formalmente válidos y fueron registrados, extremo que no estaba en discusión, mas no surge de dichos elementos que los proveedores fueron realmente los que aparecen en dichos comprobantes que es lo que determina el cómputo del crédito fiscal. Así lo entendió en más de una oportunidad la Cámara, recogiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia -conf. “Calimboy S.A.” sentencia del 20.5.2010 y “Cargill S.A.C.I.”, del 7.4.2011-.
No puede soslayarse además que respecto de los proveedores investigados el Fisco puso en evidencia una serie de irregularidades que se presentaron de forma reiterada resaltando esencialmente la falta de capacidad operativa, patrimonial, económica y/o financiera de los mismos para, situaciones que no puede calificarse como de meros incumplimientos formales de terceros -conf. Cámara, en “Las Tres Mulitas”, sentencia del 9.12.2015-. Ello así, la incapacidad atribuida a los proveedores impide considerarlos como generadores genuinos del crédito fiscal, extremos que no fueron cuestionados -ni desvirtuados- por la recurrente -conf. criterio de la CSJN en “Molinos Río de la Plata S.A.”, sentencia del 25.9.2015-.
A ello cabe agregar que si bien la recurrente efectúa en su recurso una minuciosa y detallada crítica de la forma en que la fiscalización llevó a cabo sus tareas de investigación que la llevo a concluir en la falta de capacidad operativa de los proveedores para vender los insumos descriptos en los comprobantes, lo cierto es que a la misma vez no da ningún dato que permita a este Tribunal llegar a la convicción que contrató realmente con ellos y esa omisión probatoria es, precisamente, la que determina la suerte adversa de sus agravios.
Como dijo la Cámara en el precedente “Avital S.A.” antes citado –“…, no se trata de hacer cargo a la actora de los efectos de los incumplimientos de sus proveedores sino de exigirle que acredite la supuesta existencia de las operaciones en cuestión”.
Lo expuesto es suficiente para confirmar la pretensión fiscal notificada en la Res. N°217/2012.
b.- Ajustes en el impuesto a las ganancias – Res. N° 218/2012 El juez administrativo también impugnó los gastos deducidos por las mismas operaciones en el periodo fiscal 2007, únicamente respecto de los proveedores Servicios Industriales Roma S.R.L., Vherpo S.A, JNC Obras Civiles de Infraestructura S.A. y Glenz Patricia. Lo que la recurrente tenía que demostrar era que los gastos efectivamente existieron y que fueron necesarios para el ejercicio de su actividad, que en el caso era la venta de los insumos en el mismo estado y los servicios de flete que dice haber recibido, pagado e incorporado a su proceso económico o productivo, en los términos previstos en los arts. 17 y 80 de la ley del gravamen, pero tampoco lo hizo.
La prueba informativa dirigida a sus clientes arrojó que efectivamente hizo ventas con ellos, pero al no haber exhibido sus libros de compras debido al extravío de 600 facturas de compras que luego del inicio del procedimiento de fiscalización denunció en sede policial, impide tener certeza sobre la totalidad de sus compras. Del informe pericial contable tampoco se desprende la veracidad de los gastos, ya que además que los expertos dejan constancia de la existencia de observaciones a las registraciones, algunos de sus puntos no pudieron ser contestados por los expertos por no haber contado con la documentación respaldatoria de las operaciones. Especial referencia debe hacerse del punto 5°) del mencionado informe en el que se dice que no se puede especificar en forma detallada el inventario de bienes de cambio al 31/3/2007 y al 31/3/2008, es decir, Los Laureles de Areco S.R.L. no probó por ningún medio lo que invoca en su recurso que es que las compras a los proveedores fueron luego ventas a sus clientes.
En tal situación, no puede aseverarse como pretende la recurrente que sin las compras a los proveedores impugnados, le hubiese sido materialmente imposible cumplir con las ventas y entregas comprometidas. Por esta razón, corresponde confirmar también la Res. N° 218/2012.
c. Intimación por impuesto a las salidas no documentadas -Res. N° 219/2012.
En cuanto a la intimación de pago de este gravamen, de la propia Resolución surge que de la circularización realizada al Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. para que informara sobre los cheques entregados en pago por Los Laureles de Areco S.R.L. a los proveedores Servicios Industriales Roma S.R.L., Del Oeste Construcciones S.A., Vherpo S.A. y Glenz Patricia, surgió que si bien fueron librados a favor de los supuestos proveedores, fueron endosados por otras personas jurídicas y cobrados por los socios de la firma –el Sr. Nicolás Fabris y el Sr. Marcelo Fabris-, así como por empleados en relación de dependencia, lo que lleva a concluir sin mayor dificultad que no fueron los proveedores sus verdaderos destinatarios y beneficiarios.
Tampoco la prueba rendida en esta instancia permite llegar a una solución diferente, más aun cuando en el informe contable se expresa que no obran los comprobantes utilizados que responden a cada débito, es decir la recurrente que ofreció la prueba no exhibió a los expertos la documentación necesaria para que se expidieran sobre los puntos por ella misma ofrecidos con los que hubiera podido demostrar la forma de cancelación de las facturas observadas, así como la inexistencia de compras por los mismos conceptos, entre otros aspectos. De nuevo, al no haberse exhibido la totalidad de las registraciones de las compras, impiden aplicar la presunción del art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias ya que no hay ninguna prueba de la efectiva realización de las erogaciones, ni tampoco que su objetivo fue la adquisición de bienes luego integrados al proceso productivo y/o comercial.
De ello se sigue también la falta de prueba sobre el efectivo pago a los proveedores resultando así aplicable el impuesto que prevé el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias, conforme a la jurisprudencia que en la materia ha adoptado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos323:3376 y 326:2987, entre otros, al decir que “…aquella previsión ha sido adoptada por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual ante la falta de individualización de los beneficiarios a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio...", que es precisamente el supuesto en este caso, por lo que corresponde confirmar la Res. N° 219/12.
Por lo expuesto, corresponde confirmar las resoluciones recurridas tanto en cuanto al capital, como los intereses resarcitorios que se devengan en forma automática desde el vencimiento de la obligación por aplicación del art. 37 de la ley 11.683, sin que se hayan esgrimido agravios con entidad suficiente para eximir a Los Laureles de Areco S.R.L. de su responsabilidad por la mora.
V. Por último, respecto de las sanciones de defraudación aplicadas en las Res. Nros. 217/12 y 219/12 con sustento en el art. 46 y valiéndose de la presunción de dolo establecida en el art. 47, inc. b) de la ley 11.683, no existe dudas que se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo que permiten confirmar el encuadramiento de la conducta de Los Laureles de Areco S.R.L. en dicha figura infraccional. Las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado fueron presentadas en forma inexacta ya que se incluyeron en ellas créditos fiscales por operaciones que no fueron acreditadas, a partir de maniobras tendientes a disminuir la obligación debida en su justa medida, conforme se expuso en los Considerandos precedentes.
En cuanto al aspecto subjetivo, no aportó tampoco elementos de prueba que permitan desvirtuar fehacientemente la intención de defraudar. Por el contrario, se limitó, en su recurso a efectuar una crítica genérica sobre su improcedencia sin particularizar en las concretas imputaciones que llevaron al juez administrativo a calificar de dolosa su conducta. En cuanto a la multa aplicada en la Res. N° 219/12 en el impuesto a las salidas no documentadas debe confirmarse también, ya que no demostró la recurrente la validez de la documentación de respaldo de sus erogaciones, ni haber hecho realmente los pagos ya que los fondos terminaron en poder de sus socios y/o empleados, sin que en su extenso recurso se refiera a este supuesto. Estos hechos no pueden calificarse de otra forma que no sea como dolosos, del mismo modo que lo hiciera la Cámara al fallar en “Megamodel S.A.”, sentencia del 9 de febrero de 2021, entre otros.
A ello cabe agregar que no se han alegado, menos aún probado razones que permitan eliminar el dolo en la conducta de la aquí recurrente y así reencuadrar la multa en una figura más leve en la forma requerida en su presentación, facultad que la ley reserva para supuestos muy diferentes al aquí expuesto.
El Dr. Martín dijo:
Que por análogos argumentos adhiero a la decisión adoptada por la Dra. O’Donnell.
La Dra. Gómez dijo:
I.-. Que adhiere en lo sustancial a los argumentos expuestos por la Dra. O´Donnell en cuanto confirmara los ajustes en el IVA, Impuesto a las Ganancias y Salidas no Documentadas relativos a la impugnación de la operatoria con los supuestos proveedores individualizados en los correspondientes actos apelados (vide fs. 10, 52 y 84)
Que a mayor abundamiento, cabe resaltar las deficiencias detectadas en la contabilidad que surgen del informe producido en autos (fs. 394/397 vta.) y son traídos a colación por el organismo recaudador en su alegato (fs. 449/451 vta.).
En este sentido, deben destacarse las irregularidades evidenciadas: fecha de la primera registración asentada anterior a la rúbrica de determinados libros; atraso en las registraciones de otros; ausencia de documentación respaldatoria de registraciones sobre las que se solicitaron puntos de pericia. Por todo ello, tal probanza lejos está de rebatir los ajustes practicados por el organismo recaudador.
II. Respecto de la liquidación de intereses, teniendo en cuenta su naturaleza resarcitoria y el criterio restrictivo para su exención que impera en la materia fiscal (cfr. Fallos: 323:1315); corresponde confirmar su procedencia y el cálculo efectuado en los actos apelados.
III. Resta referirse a las multas aplicadas en las resoluciones determinativas IVA, por los períodos enero a marzo de 2006, y de Salidas no Documentadas con relación al período enero de 2006, con sustento en los arts. 46 y 47 inc. b) (vide fs. 48 y 124, respectivamente).
En lo que respecta a la sanción en Salidas no Documentadas, cabe destacar que partir de la doctrina emanada de los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver las causas “Red Hotelera Iberoamericana”, “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI” y “Antu Aplicaciones Industriales Integradas S.A. - TF 20958-I c/ DGI”, sentencias del 26/8/2003, 27/9/2011, y 31/7/2012, respectivamente, el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias debiendo descartarse que la norma citada revista el carácter de una norma sancionatoria (conf. CSJN Fallos: 323:3376) y por lo tanto su incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley N° 11.683.
Que por otra parte, si bien la actora plantea la improcedencia de la citada sanción poniendo especial énfasis en la forma en que se liquida el gravamen y que es ingresado, dado que no se confecciona declaración jurada y se abona mediante un volante de pago -conforme lo establece la Resolución General (AFIP) 893/00-, cabe señalar que sobre la base de lo establecido por el art. 15 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y modif.) la fundamentación esgrimida queda sin sustento, dado que dicha norma prevé que las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte, tienen el carácter de declaración jurada, quedando por ello sin sustento los argumentos expresados al respecto en el recurso incoado contra la improcedencia de la sanción.
Sentado ello, la figura tipificada en el art. 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración el elemento intención, según surge de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De allí que resulta necesaria la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco (cfr. Sala IV de la Alzada in re MG Promociones SRL”, sentencia del 9/09/2014).
Que el Fisco partió de la propia información aportada por la recurrente sobre la supuesta operatoria celebrada con los pretendidos proveedores para determinar las diferencias detectadas y realizar los ajustes, no advirtiéndose irregularidad o arbitrariedad alguna en tal labor, ni sustentándose el ajuste sobre las presunciones establecidas por el art. 18 de la ley de rito.
Del juego armónico de los arts. 46 y 47 surge que debe acreditarse en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio. Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales.
Ello así, estimo pertinente traer a colación lo expuesto por la Sala V de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal al resolver la causa “Italiano, Antonio Alberto”, con fecha 12/02/2008, donde (voto del Dr. Alemany) se expuso que “En el precedente "Mazza, Generoso" la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314... En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados.
Asimismo, en dicho precedente se expuso (voto del Dr. Morán) que “En lo que respecta a la causa "Montenegro", si bien al momento de acaecer el hecho imponible ya habían sido reincorporadas al texto de la ley 11683 las presunciones del citado artículo (conf. art. 19, L. 23314 - ADLA XLVI-B-1124-), no corresponde efectuar una aplicación mecánica del criterio allí expuesto. Siendo ésta una cuestión relacionada con el ámbito de la prueba, no puede ser ordenada con el carácter de un mandato ineludible. La fuerza vinculante de una presunción queda siempre al buen juicio del órgano que se encuentra en situación de aplicarla; de modo que podría optar por hacerlo siempre que entienda preservados los derechos fundamentales involucrados en el proceso” , para luego agregar que “...ello no puede interpretarse como una prohibición absoluta de aplicar las presunciones de dolo previstas en el citado artículo 47, en la medida en que éstas resulten intrínsecamente razonables, y se encuentren acreditados los hechos que determinan su aplicación.
Que, en un sentido acorde, esta Sala tiene dicho que la intención defraudatoria -indemostrable en cuanto estado psicológico condicionante de la voluntad del sujeto- "sólo puede evidenciarse mediante datos objetivos o manifestaciones externas que la pongan de manifiesto, que resultan ser aquellas a las que la ley atribuye ese significado..." ["Las Pirguas SRL (TF 24.592-I) c/DGI" – 31/8/2007]”. En igual sentido la Sala IV de la Alzada in re "Yuviet SA c/Dirección Gral. Impositiva" – 9/6/2005. En efecto, el artículo 47 de ley 11.683, establece presunciones legales “iuris tantum” tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Quiere decir que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales –en este caso la prevista en el inciso b) - consiste en que una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (conf.
CANACF -Sala V-, in re: “Beleza SA (TF 21382-I) c/ DGI”). Que en tal sentido, se advierten variadas inconsistencias en las operaciones que intentó hacer valer la recurrente, que dan cuenta de maniobras tendientes a ocultar su realidad impositiva, que no hubieran sido exteriorizadas de no mediar la actividad fiscalizadora del organismo recaudador y, por ende, se ha perfeccionado la presunción contenida en el inciso b) del art. 47.
Como lógica consecuencia, de lo señalado no corresponde dispensa ni reencuadre de la conducta en la figura omisiva prevista en el art. 45 de la ley 11.683, ello por cuanto, la presunción de dolo contemplada en el art. 47, no fue debidamente desvirtuada por el apelante a los fines de la aplicación de una figura culposa; correspondiendo la confirmación de las sanciones aquí tratadas.
Atento el resultado de la votación que antecede, SE
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 217/12, 218/12 y 219/12 con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por su actuación en autos en las dos primeras etapas procesales en la suma de $ 70.961 por la representación procesal y de $ 177.403 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 101.264 equivalente a 13,61 UMA y por el patrocinio letrado la suma de $253.161 equivalente a 34,04 UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y la actividad desarrollada en la segunda y tercera etapa procesal, conforme lo dispuesto por los arts. 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29 y 51 de la ley 27.423.
4. Regular los honorarios del Contador Público José Luis Domper en la suma de $ 72.573, a cargo de la recurrente, por su actuación en autos en el carácter de perito designado a propuesta del Fisco Nacional, teniendo en consideración las pautas establecidas por la ley 24.432.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.05.12 19:49:11 -03:00 Date: 2022.05.13 10:31:42 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.13 12:28:43 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.13 12:28:44 -03:00
Fin de la sentencia