Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa L-2244/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 950/957 vta. y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 959 y vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: L-2244/18-TSJ Interlocutorio N°: 3493 Actor: LAZARO VAZQUEZ MAYRA NEREA Demandada: MARTINA MARIA DEL CARMEN Y OTROS Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 12-06-2019 Texto: TOMO XXX -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3493 FOLIO Nº 5971/5975 PROT. ELECT. TSS1 035 I.191
Río Gallegos, 12 de junio de 2019.-
Los presentes autos caratulados: “LAZARO VAZQUEZ MAYRA NEREA c/ MARTINA MARIA DEL CARMEN Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº L-9727/08 (L-2244/18-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de las Dras. Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández y de la Sra. Presidente Dra. Paula Ernestina Ludueña:
I. Que, llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado, el Dr. Miguel Nicolás Cano (cfr. fs. 950/957 vta.), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obran- te a fs. 926/942 que modificó la imposición de costas por el rechazo de la excepción de prescripción, imponiéndolas a la Provincia de Santa Cruz y, en lo restante, confir- mó la sentencia dictada en Primera Instancia. Ésta última desestimó la excepción de prescripción interpuesta por la Provincia de Santa Cruz y rechazó la demanda incoa- da, con costas a la actora (cfr. fs. 864/873).- La actora interpone su recurso por quebrantamiento de forma y violación de la ley en los términos de los artículos 2º y 3º, incisos a) y b) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, confor- me Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad.-
II. En el presente caso se debate la responsabilidad endilgada por la Sra. Mayra Nerea Lázaro Vázquez -por sí y en representación de su hijo menor de edad- a la Dra. María del Carmen Martina, el Hospital Distrital de la localidad de Pico Truncado, el entonces Ministerio de Asuntos Sociales y el Poder Ejecutivo Pro- vincial, con motivo de la presunta mala praxis médica en la que habría incurrido la profesional demandada. Se imputa la defectuosa atención médica recibida en ocasión del nacimiento de su hijo, de la que habría derivado una afectación permanente a la salud del niño.- La Cámara, al decidir entendió que la magistrada de origen incurrió en un error material al imponer las costas relativas a la excepción de la pres- cripción, por lo que determinó que la codemandada debía hacerse cargo de las mis- mas.-
En lo relativo al fondo de la cuestión, consideró que en autos se debía demostrar si la patología actual del menor ha sido provocada por negligencia o impericia de la galena, lo que no acreditó.-
III. Contra este pronunciamiento, la actora interpone recurso de casación por entender que: “…no se aplican, o se aplican erróneamente las normas civiles, y se violan las leyes sobre pruebas y se incurre en absurdos, se viola el princi- pio de congruencia, la sana crítica, derecho de defensa y derecho de propiedad.” (cfr. foja 950 vta.).-
Sostiene que la sentencia en crisis: “…denota una postura total- mente incongruente y parcial, pues, en muchos de sus pasajes, se aparta del thema de- cidendum y da por ciertas todas y cada una de las alegaciones de la demandada…” (cfr. foja 953).-
Cuestiona que la Excma. Cámara de Apelaciones haya considerado que no se probó el hecho de que la actora debió caminar hasta la sala de partos con la cabeza del niño entre las piernas y, en tal sentido, manifiesta que: “…De esta manera, el Sr. Juez ad quem descarta sin más el hecho que habría sido la causa, el ori- gen, del daño ocasionado al menor Jatib, pues desde allí comienzan a sucederse los hechos que dieron origen a la presente demanda. Aún sin el testimonio de las enfer- meras Yañez y Feria, lo cierto es que la actora caminó hacía la sala de partos cuando el bebé ya había coronado.” (cfr. fs. 953 vta./954).- Postula que el Tribunal de Alzada: “…evidentemente no se ha impuesto como norte determinar la verdad material de los hechos, haciendo primar una realidad formal, que se encuentra enfrentada con el ideal de justicia […] Nadie, absolutamente nadie puede creer, ni aún apartándose de toda lógica que el daño sufri- do por el menor Jatib haya sido producto de la generación espontánea, teniendo en cuenta que el embarazo de la Sra. Lázaro no presentó ningún tipo de complicación. Sin duda obedece a una causa, y esa causa no puede ser otra que la falta de oxigenación, sino no se hubiese producido la hipoxia ni por ende, mucho menos, todos los males que padece actualmente…” (cfr. foja 954 vta.).- Asevera que el fallo: “…no analiza, tal y como se expone en la expresión de agravios, los indicios que fueron aportados, pues se trata de una cuestión muy difícil de probar…” (cfr. foja cit.) y que: “Viola también la seguridad jurídica, pues al aferrarse a rajatablas al los (sic) principios procesales, olvida cual es su norte, tal el de velar porque prime la seguridad jurídica y la verdad material. Todas y cada una de esas circunstancias llevan sin duda a la nulidad de la sentencia dada su arbitra- riedad…” (cfr. foja 955).- Expresa que: “Al referirse el Sr. Juez ad quem a la prueba informativa propuesta por la demandada se refiere a la misma como 'consultas científi- cas o técnicas', pero no advierte que las mismas no fueron solicitadas respecto al caso puntual del menor Jatib sino de modo genérico…” (cfr. foja 955 vta.).-
Aduce que: “…se prueba la mala praxis ante la violación de los principios de la bioética de la Dra. Martina en el proceso de parto de la actora, que culminaron con los daños ocasionados al menor Jatib…” (cfr. foja 956) y refiere que: “En función de la aplicación de las cargas probatorias dinámicas, el Sr. Juez ad quem debió entender que mi mandante se veía privada de aportar las mismas…” (cfr. foja cit.).-
Destaca que su parte: “…probó la culpa de la Dra. Martina, lo que hizo con la agregación de las historias clínicas, las testimoniales, y hasta con la prueba aportada por la propia demandada.” (cfr. foja 956 vta.).-
Finalmente arguye que el fallo es atacable: “…por cuanto resulta violada la ley…” (cfr. foja cit.). En tal sentido, señala que: “Viola el principio de congruencia, debido proceso…tratando cuestiones que no han sido alegadas o puestas en consideración por las partes…” (cfr. foja 957).-
Hace reserva del caso federal (cfr. foja cit.).-
A foja 959 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
A foja 987 se corre vista al Defensor General ante este Alto Cuerpo a fin que tome la intervención que en derecho corresponda, quien la evacúa a foja 988/990, asumiendo la representación complementaria del menor Demián Alejo Jatib.-
A foja 991 pasan los presentes al Acuerdo.-
IV. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Pará- grafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
Para realizar esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido reiteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio.-
Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito por- tador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquella que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, de- terminaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
V. El recurso de casación bajo estudio acusa el quebrantamiento de forma (cfr. foja 950). En tal sentido, el agravio inaugural refiere que el pro- nunciamiento del Tribunal de Alzada viola el principio de congruencia, puesto que -a criterio de la casacionista- los jueces se apartaron del thema decidendum y omitieron llevar a cabo un análisis pormenorizado de las probanzas producidas en el proceso. Tampoco habrían analizado -siguiendo la línea expositiva de la recurrente- el hecho de que la demandada se encontraba mejor posicionada para probar los hechos por ella alegados (ver foja 953).- El recurso de casación por quebrantamiento de forma se encuentra establecido en nuestra ley adjetiva para los supuestos en que se hubieran vio- lado las formas y solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento o la sentencia, siempre que la nulidad no haya sido consentida por las partes (cfr. art. 2º del régimen de casación).-
Este Tribunal Superior de Justicia ha considerado procedente este remedio procesal, por ejemplo, en casos de ausencia total de fundamentación de una sentencia, falta de mayoría de opiniones jurídicamente válidas o incongruencia palmaria por omisión total o parcial de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3325, Folio 5544/5547, entre otros). So- bre esta última causal, la recurrente apontoca su impugnación.- En el particular caso de autos, resulta indudable que la Excma. Cámara de Apelaciones se adentró en el tratamiento de todos los agravios propuestos en el recurso de apelación de la actora -que luce a fs. 886/898-, sin exceder ni preterir los planteos formulados en esa impugnación.-
En efecto, se advierte que la Alzada se avocó al análisis de los dos agravios enunciados por la accionante. El primero de ellos, relativos a las costas generadas en torno a la excepción de prescripción interpuesta por la Provincia de San- ta Cruz y que fue, finalmente, acogido favorablemente por los jueces de la Cámara (ver pto. XI de los Considerandos). El segundo, vinculado con el fondo de la cuestión que suscitó la controversia y que estriba fundamentalmente en la valoración de las pruebas llevada a cabo por la jueza de origen.- Este último cuestionamiento fue especialmente atendido por el órgano jurisdiccional (ver pto. XII de los Considerandos), por lo que no puede soste- nerse válidamente -como pretende la recurrente- que se omitió efectuar un estudio pormenorizado de las probanzas producidas. Por el contrario, la faena desplegada por los magistrados evidencia una ponderación individual y global de las pruebas produ- cidas a lo largo del proceso, quienes brindaron sobradas razones para descartar o re- ceptar la atendibilidad de cada una de ellas. De igual modo, discurrieron suficientemente sobre las dificultades probatorias que se pudieron haber generado en cabeza de la actora, desplegando argumentos tendientes a explicar por qué esta tesitura no logró desvirtuar en el sub lite las conclusiones a las que finalmente arribaron (ver especialmente foja 937 y vta.).- En razón de lo expuesto, cabe concluir que la recurrente no ha intentado demostrar con éxito que el Tribunal de Alzada haya infringido las reglas bá- sicas del razonamiento sentencial o incurrido en alguna omisión susceptible de confi- gurar una transgresión al principio de congruencia, puesto que los puntos indicados por la casacionista fueron objeto de análisis, valoración y juzgamiento, resultando en- tonces a todas luces inconducente el planteo formulado.-
VI. Por otra parte, es menester poner de resalto que de la atenta lectura del Recurso de Casación, surge evidente el ayuno de fundamentación recur- siva, por cuanto los planteos formulados tienen como núcleo fundamental cuestionar la valoración de las pruebas llevada a cabo por el órgano jurisdiccional de Alzada; es decir, remiten directamente a circunstancias de hecho y prueba, las que configuran cuestiones privativas de los jueces de grado, salvo la invocación y demostración de absurdo. En efecto, bajo el ropaje de una pretendida violación o errónea aplicación de la ley, la casacionista procura incursionar en cuestiones de orden probatorio y reeditar los agravios propuestos a la instancia anterior, sin refutar todas y cada una de las ra- zones desplegadas en el pronunciamiento impugnado.- El programa impugnativo planteado por la recurrente permite traer a colación lo ya expuesto por este Tribunal Superior de Justicia en la causa “Ro- jas”, en la que se expuso que: “Del análisis del escrito de casación surge de modo elo- cuente que la temática expuesta, tanto con relación al supuesto de arbitrariedad, como a la existencia de la responsabilidad del galeno y de la valoración de la prueba, se re- ferencian a circunstancias de hechos y pruebas que resultan ajenas a esta instancia ca- satoria…” (cfr. Interlocutorio XXIV, Reg. 2969, Folio 4781/4786).- En el terreno de las cuestiones de hecho, la recurrente debe alegar y demostrar eficazmente que las conclusiones del Tribunal a quo son absurdas. En tal sentido, este Alto Cuerpo ha dicho inveteradamente que el absurdo en la valo- ración de la prueba se produce cuando nos encontramos ante: “…un desvío lógico, una falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpre- tación de algún elemento probatorio, que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXIX, Reg. 3405, Folio 5733/5736 y XX, Reg. 2644, Folio 3980/3984, entre otros).- Cabe tener presente que la revocación de una sentencia por absurdo o arbitrariedad es un remedio excepcional para neutralizar los efectos dañosos del desvío de las reglas de la sana crítica (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3405, Folio 5733/5736).-
En tal inteligencia, este Alto Cuerpo ha entendido que para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrar- se el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3404, Folio 5726/5732, entre otros).- Examinados los términos del recurso se observa que el mismo contiene solo meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio en cuanto a la interpretación y valoración de la prueba, lo que hace inatendible a aquel. Paralelamente, se constata que la Alzada efectuó una interpretación de los elementos probatorios que no se advierte como absurda.-
Se observa entonces, que la recurrente intenta discurrir libremente sobre su particular visión de los hechos, sin hacerse cargo en absoluto de las fundadas conclusiones sentenciales, pretendiendo -equivocadamente- recrear la meri- tación y valoración jurisdiccional, como si se tratara de una tercera instancia común u ordinaria, lo que torna inhábil al recurso en estudio para ser considerado admisible.-
Bajo este orden de ideas, cabe destacar que la Excma. Cámara de Apelaciones ha concretado un acabado análisis de las constancias probatorias de la causa, arribando a conclusiones razonablemente fundadas, desde que aporta argumentos suficientes para justificar su derrotero intelectual.-
Ello así, en razón de que los Magistrados de la Alzada desplegaron fundamentos serios y concretos en torno a cada una de las pruebas producidas en el proceso, emitiendo juicio sobre la eventual incidencia que habrían tenido los testimonios de las enfermeras si el actor no hubiera desistido de aquellos (cfr. foja 935 y vta.), la absolución de posiciones de las partes (cfr. fs. 935 vta./936), las con- sultas científicas o técnicas realizadas a diversos organismos (cfr. fs. 936 vta./ 937 vta.), las pericias médicas (cfr. fs. 937 vta., 938 vta. y 939 vta.), las declaraciones de los médicos tratantes del niño (cfr. fs. 938 vta./939 vta.) y la historia clínica (cfr. foja 940).- No se advierte, consiguientemente, que la recurrente funde adecuadamente el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones incom- patibles con las constancias objetivas del proceso, y si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura al reexamen de los hechos de la causa, a ello sólo pue- de acudirse en situaciones que bien pueden calificarse de extremas, que -como se ha expresado- no se argumentan idóneamente. Máxime cuando, como en la especie, las argumentaciones vertidas por la casacionista no van más allá de la exposición de su propia interpretación de lo sucedido, constituyendo meras reflexiones personales y di- sentimientos, que no logran evidenciar el absurdo de la decisión, ni demuestran que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXIV, Reg. 2977, Folio 4800/4803; XXVI, Reg. 3083, Folio 5020/5023 y Reg. 3097, Folio 5047/5050, entre otros).- Desde otro costado, la recurrente denuncia la infracción legal de normas civiles al expresar que impugna el fallo: “…por cuanto en el mismo no se aplican, o se aplican erróneamente las normas civiles…” (cfr. foja 950 vta.).-
Frente a este embate es dable rememorar que el recurso de casación constituye un acto procesal de alegación crítica, pues tiene por finalidad poner de resalto los errores que se atribuyen a una sentencia definitiva. De conformidad al artículo 4º, inciso a) del régimen de casación el escrito portador del recurso debe con- tener, en términos claros y concretos, la mención de las disposiciones violadas, erró- neas o falsamente aplicadas así como la manifestación de cual es la ley o doctrina que ha debido aplicarse al caso.- De esta fórmula legal se colige que la recurrente tiene la carga de citar los preceptos legales o la doctrina legal que considera infringidos, demostran- do la transgresión a través de una: “…crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada.” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3405, Folio 5733/5736, entre otros).-
Desde este particular cuadrante, cabe advertir que una técnica recursiva ajustada a la índole extraordinaria del andarivel de marras exige fundar sufi- cientemente la impugnación; es decir, que se requiere -entre otras cuestiones- citar las normas jurídicas presuntamente violadas. Además es imperativo ineludible del im- pugnante expresar las disposiciones a la luz de las que se debió resolver el conflicto.-
Nada de esto puede predicarse respecto a la pieza casatoria bajo examen, puesto que -como se adelantó- la recurrente se limita a sostener genérica- mente que se omitieron aplicar o se aplicaron erróneamente las normas civiles, sin in- dividualizar a lo largo de todo su presentación tan siquiera una disposición del régi- men civil y comercial imperante en la Nación que haya sido quebrantado por el acto sentencial cuestionado. Forzoso es así concluir la patente insuficiencia del embate re- cursivo.- Idéntica suerte adversa debe asignarse a la endeble crítica ensa- yada por la recurrente, según la cual se ha violado el derecho de defensa y el derecho de propiedad (cfr. foja 950 vta.) y se han violentado: “…todos los principios que con- sagra la Constitución Nacional, Constitución provincial (sic)…” (cfr. foja 953), en la medida en que el impugnante omite indicar de que forma se produjo la transgresión que predica -dado que sus agravios no pasan del mero enunciado- sin hacer referencia a su aplicación concreta al caso y sin explicar de que manera se habrían afectado las prerrogativas constitucionales aludidas. En esta línea, este Alto Cuerpo ha sostenido inveteradamente que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de que ma- nera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. Tomo XXIX, Reg. 3405, Folio 5733/5736, entre otros).-
VII. Las razones hasta aquí brindadas resultan asimismo suficientemente justificativas de la ausencia de arbitrariedad del pronunciamiento ataca- do.-
Este Alto Cuerpo ha señalado, que: “...La doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad excepcional, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2969, Folio 4781/4786, entre otros).-
En el caso de autos la recurrente no logra demostrar la arbitrariedad que achaca al dispositivo sentencial que pretende postrar. Sólo se desprende del recurso impetrado -como se dijo anteriormente- una exposición reiterada de meras discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos re- lativos a cuestiones de hecho y prueba. No se demuestra ni se aprecia que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales; antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con los criterios sustentados por los jueces, el fallo abunda en fundamentos de diverso orden que le dan suficiente consistencia jurídica.-
VIII. Como corolario de lo expuesto, se debe concluir que las críticas de la recurrente sólo traducen diferencias de criterio con el órgano jurisdiccio- nal de Alzada y no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideracio- nes expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Excma. Cámara de Apelaciones resulta suficientemente motivada, lo que avienta la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional inválido. En esta inteligencia, este Tribunal ha sostenido que: “…no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instan- cias de grado, insuficiente, por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisi- va carencia de fundamentación (conf. Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3194, Folio 5253/5255, entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tri- bunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo que se denun- cie y demuestre la existencia de absurdo; violación de la ley o de la doctrina legal; y/o quebrantamiento de forma…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3344, Folio 5580/5584), circunstancias estas que no se avizoran en la presente causa.-
IX. Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación arti- culado por la parte actora a fs. 950/957 vta. no ha logrado habilitar la presente instan- cia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y en consecuen- cia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fo- ja 959 y vta., de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Así lo votamos.- Voto de los Dres. Daniel Mauricio Mariani y Enrique Osvaldo Peretti:
I. Sin perjuicio de adherir al relato efectuado en el voto de nuestras distinguidas colegas preopinantes, nos permitimos disentir con la conclusión allí expuesta, por entender que se encuentran reunidos los extremos formales que ha- cen a la interposición del Recurso de Casación, correspondiendo declararlo bien con- cedido a tenor de lo dispuesto en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sección 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -De- creto 2228/15-. En consecuencia, corresponde ordenar se pongan los autos a disposi- ción de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º de la ley citada y por el tér- mino allí establecido. Así lo votamos.- Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayo- ritario y concordante de las Sras. Vocales, Dras. Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández, y de la Sra. Presidente Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y el voto en disidencia de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani y Enrique Osvaldo Peretti; y oído que fue el Defensor General, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 950/957 vta. y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 959 y vta.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-; Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1035I.191 Tomo: XXX Interlocutorio: 3493 Folio N°: 5971/5975 Secretaría: 1
Fin de la sentencia