Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa C-17709-AZ1E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, consecuentemente, confirmar -por los argumentos expuestos en el voto que concitó adhesión- la decisión de grado objetada. Imponer las costas de alzada a la accionada vencida (arg. arts. 51 inc. 1°, 77 y ccds. del C.C.A).
2Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Anexo único del Acuerdo S.C.B.A. n° 3975/2020, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa C-17709-AZ1E "LAZARTE, CARLOS NAHUEL c. PROVINCIA DE BUENOS AIRES s. PRETENSIÓN ANULATORIA - EMPLEO PÚBLICO" , con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: doctores Ucín y Mora .
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Azul rechazó la excepción previa de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por la demandada y ordenó la reanudación del plazo para contestar la demanda. Impuso las costas del incidente a la demandada vencida (res. del 10-08-2026).
II. Declarada por esta Cámara la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en fecha 18-08-2026 (el cual fue contestado por la contraparte en fecha 26-08-2026), conforme proveído de Presidencia del 23-10-2026, corresponde plantear y votar la siguiente
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Ucín dijo:
I.1. El juez de grado dictó resolución con el alcance precedentemente indicado.
Para decidir de ese modo, consideró que la Resolución N° RESO-2025-1936-GDEBA-MSGP, cuya anulación persigue el actor, había calificado las lesiones en los términos del art. 339 del decreto N° 1050/09, descartando tácitamente su consideración como lesiones producidas en acto de servicio.
Señaló que esa calificación, adversa a la pretensión del accionante, constituía una manifestación concreta de voluntad estatal idónea para configurar un conflicto justiciable. En apoyo de ese criterio, remitió a lo resuelto por esta Cámara en los precedentes "Porta", "Domínguez", "Diestra" y "Guerrero", en los que se había admitido la articulación consecuencial de una pretensión anulatoria y otra de reconocimiento de derechos.
Agregó que el subsidio previsto en el art. 1° de la ley 13.985 constituía un derecho reglado, cuyo reconocimiento dependía de la verificación de los presupuestos normativos, sin que existiera margen discrecional para denegarlo una vez comprobado que el agente había resultado herido e incapacitado en acto de servicio. Entendió, por ello, que exigir un nuevo pronunciamiento administrativo implicaría un ritualismo excesivo, contrario a los principios de economía, celeridad y tutela judicial efectiva.
Finalmente, invocó el principio in dubio pro actione , derivado del art. 15 de la Constitución provincial, que imponía favorecer el acceso a la jurisdicción frente a interpretaciones restrictivas del derecho de defensa.
Luego de efectuar unas consideraciones introductorias sobre los recaudos de admisibilidad de la pretensión y con respecto a la desmedida aplicación que -a su juicio- los Tribunales hacen del principio de la demandabilidad directa del Estado, adujo -en lo que aquí interesa- que, en estos autos, el debate judicial de fondo debía circunscribirse al análisis de la resolución impugnada, que calificó las lesiones sufridas por el agente en los términos del art. 339 del decreto reglamentario N° 1050/09. A su modo de ver, ésta sería la única cuestión justiciable de la litis, razón por la cual los restantes planteos introducidos por el actor son meramente prematuros y formalmente inadmisibles. Afirmó que el reconocimiento del subsidio y las cuestiones vinculadas a su cuantificación constituyen asuntos posteriores y autónomos.
Sostuvo que, de atenderse el planteo nulificante del accionante, la Administración no podía ser privada de la posibilidad de analizar y -en su caso- conceder en su sede la procedencia del pago del beneficio previsto por la ley 13.985, sin necesidad de proceso, ni del pago de costas por ese motivo.
Resaltó, en función de lo expuesto, que no existía un "caso" o "controversia" respecto del cobro del subsidio y su reajuste, pues todavía no había existido un reclamo en sede administrativa que hubiera sido rechazado por la autoridad competente.
Agregó que, recién en el hipotético supuesto de serle favorable la sentencia en este proceso en relación al cambio de calificación de las lesiones, el accionante podría reclamar el pago del subsidio en sede administrativa. Sostuvo, asimismo, que el juez había confundido la relación entre cuestiones previas y posteriores con la existente entre pretensiones principales y accesorias, con afectación de las competencias administrativas y del principio de división de poderes.
Afirmó, asimismo, que la resolución presentaba una fundamentación aparente, pues habría omitido considerar adecuadamente los planteos de la Fiscalía. Cuestionó la incidencia que la apertura directa de la jurisdicción tendría sobre las costas y los honorarios de los procesos, citó jurisprudencia que entendió de aplicación al caso y solicitó, por los motivos expuestos, la revocación del fallo apelado.
II. El recurso no es de recibo.
1. Del relevamiento de los antecedentes del caso surge, en lo que aquí interesa, que el accionante (Carlos Nahuel Lazarte) promovió en fecha 22-10-2025 una pretensión judicial contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad), luego ampliada en fecha 14-05-2026, con el objeto de que: (i) se disponga la anulación de la Resolución N° RESO-2025-1936-GDEBA-MSGP, del 22-09-2025, en cuanto calificó las lesiones sufridas por su parte el 30-08-2024 en los términos del artículo 339 del Anexo del decreto reglamentario N° 1050/2009; (ii) consecuentemente, se declare que tales lesiones resultaron consecuencia de un "acto de servicio", en los términos del art. 51 de la ley 13.982 y del art. 338 del decreto reglamentario n° 1050/2009, y se le reconozca el derecho a percibir el subsidio previsto en el art. 1° de la ley 13.985 por todos los períodos de incapacidad laboral derivados del referido hecho, por un monto equivalente al haber por todo concepto de un Teniente Primero del Subescalafón General con 23 años de antigüedad; (iii) se declare la inconstitucionalidad del art. 3° del decreto N° 149/10, en tanto limitaría los conceptos remuneratorios utilizados para el cálculo del subsidio y, con carácter eventual, de sus arts. 2° y 4°, en cuanto supeditan el beneficio ante una eventual incapacidad permanente a un porcentaje mínimo de incapacidad; (iv) se condene a la demandada al pago retroactivo de las sumas correspondientes al beneficio desde el 30-08-2024, calculadas según los valores reclamados, con intereses y costas.
2. Tal como lo ha señalado esta Alzada reiteradamente en precedentes que guardan sustanciales puntos de contacto con la cuestión que aquí se ventila (cfr. arg. doct. causas C-12794-DO1E "Domínguez" , sent. del 06-08-2024; C-14457-DO1E "Diestra" , sent. del 24-10-2024; C-13530-MP1E "Guerrero" , sent. del 31-10-2024; C-16151-MP1E "Defelippis" , sent. del 09-10-2025 y C-16380-MP1E "Cruz" , sent. del 25-11-2025; C-16547-MP1E "Nicolossi" y C-16523-AZ1E "Murray" , ambas sent. del 4-12-2025; C-16599-MP2E "Gonzalez" , sent. del 19-02-2026; C-16748-DO1E "Giles" y C-16768-NE1E "Rivero" , ambas sent del 17-03-2026; C-17062-DO1E "Díaz" , sent. del 02-06-2026; C-17385-MP1E "Badoza" , sent. del 27-08-2026; C-17288-NE1E "Bustamante" , sent. del 2-09-2026 y C-17479-DO1E "D´Andrea" , sent. del 14-09-2026; entre otras -y cuyos términos corresponde remitir en lo pertinente y con las modulaciones propias del caso-), el reclamo jurisdiccional del actor se compone de diversos pedimentos que, aunque susceptibles de individualización, se vinculan -en última instancia- con una cuestión central: el reconocimiento del derecho que entiende le asiste a percibir -con el alcance pretendido- el subsidio previsto en el art. 1° de la ley 13.985, norma que establece "para el personal policial herido e incapacitado transitoriamente en el acto de servicio y en función de policía de seguridad un subsidio mensual a cargo del Estado Provincial equivalente al haber que por todo concepto percibe un Teniente Primero del régimen de la Ley 13.201 de las Policías de la Provincia de Buenos Aires mientras dure la incapacidad y en las condiciones que determine la reglamentación" .
Para alcanzar tal cometido, el actor ha planteado -en primer orden- una pretensión de naturaleza anulatoria (art. 12 inc. 1° del C.C.A.), con el fin de invalidar la decisión de la autoridad policial que habría calificado las lesiones sufridas por el agente de un modo diverso al que se exige para acceder al mentado subsidio. A renglón seguido, peticionó que se reconozca su derecho a percibir el subsidio (art. 12 inc. 2° del C.C.A.). Y, en lo que concierne a este último punto (liquidación y pago de los importes debidos), cuestionó la constitucionalidad de las pautas reglamentarias relativas a su procedencia y cálculo, por cuanto -a su juicio- limitarían el acceso al beneficio y cercenarían cuantitativamente el derecho consagrado en la norma legal, de rango superior.
Sin mayor esfuerzo puede advertirse que las pretensiones blandidas en el presente caso se encuentran consecuencialmente conectadas. Por un lado, la pretensión de anulación del acto ministerial que calificó las lesiones constituye el primer escollo que el accionante debería sortear, ineludiblemente, para obtener el reconocimiento del subsidio contemplado en la ley 13.985. En ese contexto, las restantes pretensiones introducidas en la demanda resultan complementarias de aquélla y se encuentran subordinadas a su suerte, dado que su éxito se halla supeditado a que, previamente, sea invalidado el acto administrativo de la autoridad -reputado ilegítimo- que habría determinado que las lesiones sufridas por el agente no lo fueron en acto de servicio.
3. Tal postulación jurisdiccional del actor no luce objetable y responde a un criterio lógico en el planteamiento del caso judicial.
3.1. Es que, por un lado, de haberse peticionado directamente el pago del subsidio -sin solicitar la previa anulación del acto-, la pretensión del agente podría presentar una falencia que conspiraría contra su admisibilidad, dado que se estaría requiriendo en sede judicial el reconocimiento de un derecho cuyo presupuesto de base habría sido descartado por un acto formal adverso a las postulaciones del interesado, decisión que eventualmente podría adquirir firmeza si no se la ataca de manera tempestiva (cfr. arg. doct. S.C.B.A. causas B. 64.843 "González", sent. del 31-08-2021). En tanto el acto proyecta la voluntad de la autoridad pública, debe ser impugnado expresamente conforme lo dispone el art. 12 inc. 1º de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, pues, en defecto de tal recaudo, resulta aplicable la doctrina del Supremo Tribunal provincial acerca de la imposibilidad -por regla- de demandar judicialmente la revisión de actos que han adquirido firmeza en sede administrativa por falta de impugnación oportuna (cfr. arg. doct. S.C.B.A. causas B. 67.337 "Posadas", res. del 14-12-2016; B. 67.132 "Rodríguez", sent. del 13-03-2019; B. 67.133 "Peralta" y B. 67.134 "Basualdo", ambas sent. del 25-09-2019).
3.2. En segundo lugar, pues -en el singular contexto de la litis - el reconocimiento del derecho del actor al pago del subsidio constituiría una consecuencia si se quiere directa de una eventual sentencia judicial invalidatoria de la decisión administrativa impugnada en autos (ello sin perjuicio del análisis particularizado que requerirá el planteo de inconstitucionalidad que fue adosado a dicha pretensión).
Pues, al tratarse de un derecho reglado en el ordenamiento legal (art. 1° de la ley 13.985), la autoridad policial no contaría con mayor margen de arbitrio para denegar el derecho pretendido, una vez verificado el presupuesto normativo al que se supedita la concesión del subsidio (v.gr. personal policial herido e incapacitado transitoriamente en el acto de servicio y en función de policía de seguridad). Sin pretender realizar un análisis exhaustivo que sería impropio de esta etapa procesal, basta señalar que de la propia redacción del precepto no surge, prima facie , que el otorgamiento del beneficio pudiera depender de un razonable marco de discrecionalidad conferido a la autoridad administrativa - hipótesis en la que sí resultaría pertinente una eventual remisión de las actuaciones a dicha sede, a fin de no interferir en atribuciones propias de la Administración-, sino que aquel es consecuencia directa de lo estatuido expresamente en un enunciado legal de tipo mandatorio, del que el sujeto estatal no podría, en principio, apartarse.
Por ello, la articulación consecuencial de la pretensión de reconocimiento de derechos (como complemento natural del pedimento anulatorio) resulta plenamente válida en esta sede judicial, dado que la controversia judicial quedó debidamente configurada desde el momento mismo en que la autoridad policial con competencia resolutoria final -aspecto este que no se encuentra en tela de juicio- dictó el acto administrativo impugnado en autos, contrario a las expectativas del agente actor. No era necesario que la Administración emitiera otra decisión para denegar expresamente el subsidio por incapacidad, pues en la mencionada Resolución ya anidaba la respuesta contraria al reclamo del accionante.
En fin, la coyuntura descripta permite apreciar la existencia de un escenario de conflicto actual y no meramente prematuro o conjetural. Por ello, la exigencia del "caso" como principio básico que informa la labor jurisdiccional se encuentra, en mi opinión, debidamente abastecida en el sub lite (cfr. arg. doct. S.C.B.A. causas B. 63.874 "Municipalidad de Vicente López", sent. del 27-11-2013; B. 61.504 "Orazi", sent. del 28-12-2016; I. 77.485 "Zacarías", res. del 31-07-2023).
Así pues, en el contexto descripto, el desmesurado celo del representante estatal en que -de anularse en autos el acto atacado- se le brinde a la Administración la posibilidad de meritar la concesión del subsidio no luce compatible con las razones expresadas, sino que, antes bien, se muestra como una exigencia ritual inútil, meramente dilatoria y contraria a los principios de economía y celeridad procesal (arg. art. 14 inc. 1° ap. "b" del C.C.A.; arg. doct. S.C.B.A. causa A. 70.865 "De Francesco", sent. del 03-05-2017; cfr. arg. doct. esta Cámara causa C-9838-BB1 "Faccinini" , sent. del 20-08-2020 -a contrario-).
4. Para finalizar, corresponde recordar -para más- que el principio in dubio pro actione -que emerge de la regla de accesibilidad jurisdiccional estatuida por el art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- disipa cualquier posible solución obstativa a la admisibilidad formal de la demanda (cfr. arg. doct. S.C.B.A. causas I. 74.078 "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", sent. de 19-09-2018; A. 74.360 "Asoc. Pers. de Organismos de Control contra Provincia de Bs As.", sent. del 29-12-2020), máxime tratándose de una cuestión vinculada a la seguridad social, materia que goza de preferente protección constitucional (cfr. arg. doct. S.C.B.A. causa B. 64.675 "Albano", sent. del 14-06-2017), y en la que es esperable una especial prudencia del órgano judicial, especialmente en supuestos en los que la aplicación del régimen legal pueda acarrear la pérdida del derecho de quienes dichas normas han querido proteger, debiendo primar, en principio, los fines tuitivos propios de la materia, optándose por las soluciones que mejor los resguardan y no por aquéllas que dificultan su consecución (cfr. arg doct. S.C.B.A. causas B. 65.686 "Arenas", sent. del 02-11-2011; B. 61.284 "Alsina", sent. del 08-11-2017; A. 74.591 "Tedesco", sent. del 08-05-2019; A. 75.519 "Eli", sent. del 14-09-2020; A. 75.634 "Nichea", sent. del 23-12-2020; A. 77.283 "Albano", sent. del 23-06-2023; conf. art. 39 de la Constitución provincial).
En casos como el de autos, debe rechazarse toda hermenéutica que limite o cierre infundadamente el camino a la jurisdicción -por tratarse de una garantía que se erige en uno de los pilares básicos del estado de derecho- (cfr. arg. doct. S.C.B.A. causas B. 60.760 "García", sent. del 19-12-2018; A. 73.330 "Luis Solimeno e Hijos S.A.", sent. del 16-12-2020; art. 15 de la Constitución provincial). Sobre tales bases debe descartarse toda interpretación que conduzca a desconocer la regla sentada en dicha norma constitucional y que importa una vulneración al derecho de defensa (cfr. arg. doct. S.C.B.A. causas B. 62.799, "Albornoz", sent. del 16-09-2009; B. 59.642, "Baldi", sent. de 26-10-2010; B. 60.790, "Alcaraz", sent. del 13.11.2013; B. 62.139, "Mac Namara", sent. del 15-07-2015; B. 55.300, "Concivi S.A.", sent. del 27-04-2016; A. 71.498, "González", sent. del 11-05-2016; B. 60.927, "Bernardi", sent. del 18-10-2017; B. 60.760, "García", sent. del 19-12-2018; A.73.905, "Merlo Ocampo", sent. del 10-07-2019; entre muchas; doct. esta Cámara causas C-9181-AZ1 "Gainza" , sent. del 04-02-2020; C-11154-DO1E "Arzamendia" , sent. del 04-11-2021; C-10734-BB1 "Bertola" , sent. del 09-08-2022; C-12405-AZ1 "Barontini" , sent. del 16-05-2024; entre otras).
III. Si lo expuesto es compartido, se proponeal Acuerdo rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, consecuentemente, confirmar -por los argumentos expresados- la decisión de grado objetada. Las costas de alzada deberían ser impuestas a la accionada vencida (arg. arts. 51 inc. 1°, 77 y ccds. del C.C.A).
Con el alcance indicado, doy mi voto a la cuestión planteada por la negativa .
El señor Juez doctor Mora , por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Ucín, y con igual alcance, vota a la cuestión planteada también por la negativa .
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, consecuentemente, confirmar -por los argumentos expuestos en el voto que concitó adhesión- la decisión de grado objetada. Imponer las costas de alzada a la accionada vencida (arg. arts. 51 inc. 1°, 77 y ccds. del C.C.A).
2. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese electrónicamente conf. art. 10 del Anexo Único del Ac. 4013/21 - t.o. Ac. S.C.B.A. 4039/21-. Hecho, devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado a los fines de la prosecución del trámite, de conformidad con lo que aquí se decide.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1031-2026
Fin de la sentencia