Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2023-81167622-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 34/2023, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en la suma de $18.946, equivalente a 0,75 UMA por la representación procesal y $47.365, equivalente a 1,87 UMA, por el patrocinio letrado, a cargo de LDC Argentina S.A., teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada, la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-150956681-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 20 de Diciembre de 2023 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12° Nominación) para dictar sentencia en el EX-2023-81167622- -APN-SGAI#TFN caratulado “LDC Argentina S.A. s/ apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. LDC Argentina S.A. interpone el recurso de apelación que establece el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 34/2023 (DV DEOA), dictada el 21 de junio de 2023 por la División Determinaciones de Oficio “A” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Dirección de Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se le aplicó la multa de defraudación prevista en el art. 46 de la misma ley, por la suma de $454.847,84, por falta de ingreso del impuesto a las salidas no documentadas, períodos fiscales 01/2005 a 09/2005 y 12/2005.
La multa tiene como antecedente la Resolución N° 42/2012 (DV DEOA) en la que se determinó de oficio dicho gravamen que fue confirmada por sentencia de la Sala B de este Tribunal del 14 de agosto de 2017 -Expte. N° 36.495-I (acumulado al N° 36.492-I). Dicha decisión fue confirmada por la Cámara el 23 de abril de 2019 y quedó firme.
En la Resolución N° 42/2012, la Administración Tributaria había hecho reserva de juzgar la conducta de la empresa según el resultado de la causa penal, en los términos del art. 20 de la ley 24.769. La sentencia penal tramitó ante el Juzgado Nacional Penal Económico N° 11 terminó con una sentencia de sobreseimiento dictada el 15 de noviembre de 2018 aplicación del principio de ley penal más benigna en virtud de la modificación de la ley 27.430 a los montos de la ley 24.769.
En su recurso ante este Tribunal, LDC Argentina S.A. invoca estos antecedentes y niega que se encuentre configurado el ilícito imputado; hace referencia también a la naturaleza jurídica de las infracciones y sanciones tributarias y, en cuanto al elemento objetivo, cita jurisprudencia sobre la RG N° 893/2000 para señalar que la legislación vigente a la fecha de los períodos fiscales comprendidos en la Resolución no preveía la obligación de presentar declaración jurada en concepto de impuesto a las salidas no documentadas.
En subsidio, plantea la inexistencia del elemento subjetivo con fundamento en que no se habría demostrado la existencia de dolo ya que no fue siquiera presentada la declaración jurada, por lo que no podría ser engañosa o existir ocultación maliciosa.
En forma supletoria, solicita se revoque la multa aplicada, y se la reencuadre en la figura tipificada en el art. 45 de la ley 11.683 atento a que en aquella no se requiere la configuración de dolo sino de un actuar culposo mediante la falta de presentación de la declaración jurada del impuesto en cuestión.
II. A través del IF-2023-114539752-APN-DTD#JGM contesta el recurso el Fisco Nacional, solicitando que se confirme la Resolución, con costas.
III. No habiendo pruebas a producir, el 17 de noviembre de 2023 (PV-2023-137330862-APN-VOCXI#TFN) se elevan los autos a consideración de la Sala y el 14 de diciembre de 2023 (IF-2023-148796160-APN-VOCXI#TFN) pasan a sentencia.
IV. Corresponde entonces determinar si la multa aplicada a LDC Argentina S.A. se ajusta o no a derecho. En primer lugar, no existen dudas de que se encuentra configurado el elemento objetivo que permite confirmar el encuadramiento de la conducta de LDC Argentina S.A. en la sanción de defraudación aplicada en el art. 46 de la ley 11.683, ya que así se estableció por sentencia del 14 de agosto de 2017 de este Tribunal -que quedó firme- en la que luego de un minucioso análisis de los hechos y de las pruebas se concluyó que las operaciones efectuadas por la recurrente con sus proveedores fueron inexistentes. Con ello, las erogaciones realizadas tampoco tuvieron un beneficiario real y quedaron sujetas al pago del gravamen previsto en el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias.
Respecto a la forma en que debía ingresarse dicha obligación, el agravio que en esta instancia se formula carece de sustento si se tiene en cuenta que a la fecha que LDC Argentina S.A. tenía que hacerlo (2005), ya estaba vigente la RG N° 893/00 que fue la norma regló las forma de liquidación, conforme lo dispuesto en el art. 15 de la ley 11.683 y la jurisprudencia de la Corte Suprema en “D’Ingianti” del 20 de octubre de 2000.
Resta entonces analizar el elemento subjetivo en la conducta de LDC Argentina S.A., ya que la figura del art. 46 requiere su configuración.
Para ello, el juez administrativo se valió de la presunción del inc. b) del art. 47 de la misma ley, al decir que LDC Argentina S.A. no pudo probar mediante documentación fehaciente la verdadera identidad de los beneficiarios de las erogaciones incurridas en concepto de compras de granos. Se dijo allí, resumidamente, que “…corresponde confirmar la determinación de salidas no documentadas respecto de las operaciones impugnadas, toda vez que se verifican los dos elementos requeridos para la aplicación de la figura contenida en el art. 37 de la ley del gravamen, esto es, la carencia de documentación y la inexistencia de otro medio probatorio que permita inferir tanto la existencia de la erogación como que ella ha sido necesaria para la obtención de rentas gravadas”.
En este sentido, era a la recurrente a quien le correspondía demostrar la falta de dolo en su obrar y ofrecer pruebas tendientes a desvirtuar dicha presunción, en atención a la inversión de la carga de la prueba que se produce en las infracciones tributarias. Esto sumado a que no invocó, menos aún probó, otras circunstancias excepcionales que debidamente justificadas pudieren atenuar o inclusive eliminar la imputación infraccional - conf. “Importaciones Alfatex S.A.”, sentencia del 9 de mayo de 2002 -, me llevan a confirmar la sanción aplicada en la Resolución.
Tampoco corresponde reencuadrar la sanción en el art. 45 de la ley. En palabras de la Cámara, la conducta incurrida por la aquí recurrente “…excede, a todas luces, la tipificación culposa del art. 45 y trascienden al campo defraudatorio del art. 46 en tanto se sustentan en la utilización de facturas apócrifas (cfr. esta Sala, causa Nº 13.068/2010, in re "Ambulancias Privadas Argentinas SA (TF 20638-1) C / DGI", del 23/02/11; esta Cámara, Sala IV, causa Nº 7.094/2011, "Gramont SA (TF 25880-I) c/DGI", del 29/11/11)” – “Cerealera Tres Arroyos S.A.”, sentencia del 3 de marzo de 2015-. Por último, cabe destacar que si bien la actora invoca el sobreseimiento en la causa penal (por la sentencia del 15.11.2018) como fundamento también para la revocación de la multa, dicha decisión fue dictada por el principio de ley penal más benigna (arts. 334, 335 y 336 inc. 2 y 3 CPPN), por lo que no se da el supuesto del art 20 del Régimen Penal Tributario.
Por ello, corresponde confirmar la Resolución, con costas.
El Dr. Martin dijo:
Que adhiere a la decisión adoptada por la Vocal Instructora, por similares argumentos.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere al voto de la Vocal Instructora.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N° 34/2023, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en la suma de $18.946, equivalente a 0,75 UMA por la representación procesal y $47.365, equivalente a 1,87 UMA, por el patrocinio letrado, a cargo de LDC Argentina S.A., teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada, la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.12.20 10:13:25 -03:00 Date: 2023.12.20 10:47:50 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Subrogante Vocal Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.20 11:16:21 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.20 11:16:21 -03:00
Fin de la sentencia