Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2020-52066126-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las Resoluciones 045/2020, 043/2020, 051/2020, 054/2020 y 042/2020 dictadas en las Actuaciones SIGEA Nros. 12542-3990-2013, 12542-4373-2014, 12542-4366-2014, 12542-4374-2014 y 12542-4365- 2014. Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-33343934-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 27 de Marzo de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala "G", Dres. Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “LDC ARGENTINA S.A. c/D.G.A s/ Recurso de Apelación", EX-2020-52066126-APN-SGASAD#TFN El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. La firma LDC Argentina S.A. interpone recurso de apelación contra las Resoluciones Nros. 045/2020, 043/2020, 051/2020, 054/2020 y 042/2020 dictadas en las Actuaciones SIGEA Nros. 12542-3990-2013, 12542-4373-2014, 12542- 4366-2014, 12542-4374-2014 y 12542-4365-2014, que rechazaron las solicitudes de devolución de tributos abonados en relación a los P.E. Nros. 08 052 EC01 010028 F, 09 052 EC01 005132 G, 09 052 EC01 001953 N, 09 052 EC01 002732 J y 09 052 EC01 002745 N. Manifiesta que en las mencionadas operaciones se aplicó una alícuota del 28% y del 32%, conforme las Res. MEP 368/07 y 369/07 y sus modificatorias. Plantea la inconstitucionalidad de las Resoluciones 368 y 369 y sus Modificatorias, que elevaron la alícuota de los derechos de exportación por encima del 20%, violando el principio de legalidad en materia tributaria. Solicita se aplique el criterio sentado por la CSJN en el fallo "Camaronera Patagónica SA" del 15/4/14, que considera directamente aplicable al caso de autos. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se haga Iugar al recurso interpuesto.
II. La representación fiscal, en su responde, hace una negativa genérica y una breve reseña de los hechos. Cita numerosa jurisprudencia de Corte y de Cámara. Se refiere a la incompetencia de este Tribunal para declarar la inconstitucionalidad. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme el decisorio aduanero, rechazando el recurso interpuesto, con costas.
III. Mediante PV-2021-38789831-APN-VOCXIX#TFN se abre la causa a prueba. Cerrado el periodo probatorio y elevadas las actuaciones a consideración de la Sala “G”, ésta lo pone a alegar (v. IF-2023-15378556-APN- VOCXIX#TFN). Obran en IF-2023-24744800-APN-DTD#JGM y el IF-2023-24744915-APN-DTD#JGM, el alegato de la actora y en IF-2023-21669331-APN-DTD#JGM el del Fisco. Mediante IF-2023-30650287-APN-VOCXIX#TFN pasan los autos a sentencia.
IV. La Actuación SIGEA Nº 12542-3990-2013 iniciada el 19/12/2013 y las Actuaciones SIGEA Nros. 12542- 4373-2014, 12542-4366-2014, 12542-4374-2014 y 12542-4365-2014, fueron iniciadas el 16/12/2014 con las solicitudes de repetición de tributos interpuestas por la firma LDC Argentina S.A., en relación a las destinaciones de exportación Nros. 08 052 EC01 010028 F, 09 052 EC01 005132 G, 09 052 EC01 001953 N, 09 052 EC01 002732 J y 09 052 EC01 002745 N, respectivamente.
V. Con base en los hechos descriptos, corresponde determinar si corresponde la devolución pretendida por la actora. A ese fin corresponde considerar la incidencia que tiene en la relación jurídica de marras la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa C:486.XLIII. “Camaronera Patagónica S.A. c/Ministerio de Economía y otros s/amparo", sentencia del 15 de abril de 2014, en la que ante, un caso similar al presente, declaró la inconstitucionalidad de los derechos de exportación impuestos por la Resolución ME N° 11/02, por resultar dicha resolución violatoria del principio de reserva de ley. VI.- En esa comprensión del asunto, es conveniente comenzar a efectuar una reseña de las normas involucradas en la causa.
Por medio de la Ley 25.561 (B.O. 7/1/2002) declaró la emergencia pública en materia social; económica; administrativa; financiera y cambiaria. Esta norma fue sucesivamente prorrogada por las Leyes nros. 25.972, 26.077, 26.204 y 26.339, por esta última hasta el 31 de diciembre de 2008. En su artículo 6o dispuso: “El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las entidades financieras comprendidas y emergentes del impacto producido por las medidas autorizadas en el párrafo precedente, las que podrán incluir la emisión de títulos del Gobierno nacional en moneda extranjera garantizados. A fin de constituir esa garantía créase un derecho a la exportación de hidrocarburos por el término de cinco (5) años facultándose al Poder Ejecutivo nacional a establecer la alícuota correspondiente.
A ese mismo fin, podrán afectarse otros recursos incluidos préstamos internacionales". La Ley 26.217 (B.O. 16/01/2007) prorrogó, específicamente ese derecho de exportación, por el término de 5 años a partir de su vencimiento como, así también, las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo Nacional para establecer las alícuotas correspondientes. El Decreto 509/2007 (B.O. 3/5/2007) —en lo que aquí interesa- fijó el derecho de exportación para las posiciones arancelarias indicadas en el Anexo IV (art. 16) y facultó al Ministerio de Economía y Producción a “...realizar aclaraciones, modificaciones y excepciones que correspondan en los términos de su competencia” (art. 21). Se consignó que el decreto se dictaba en uso de las facultades conferidas por los incs. 1) y 2) del art. 99 de la C.N., los arts. 11 ap. 2 y 12 del Código Aduanero y por el art. 6o de la Ley 25.561.
Fue comunicado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación en virtud de lo dispuesto por el art. 12 de la Ley 26.122, por haber sido "dictado en uso de facultades delegadas" —conforme los términos del Mensaje nro. 138 del 15 de mayo de 2007 de la entonces Ministro de Economía y Producción— y declarado válido por las Cámaras de Diputados y Senadores a propuesta del dictamen enviado por la citada comisión. Las Resoluciones 368/2007 y 369/2007 (B.O. 9/11/2007), modificaron el Anexo XIV del Decreto 509/2007, gravando con derechos de exportación determinadas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del MERCOSUR.
VII. Así las cosas, corresponde recordar que las decisiones de la Corte se circunscriben a los procesos concretos que le son sometidos a su conocimiento, pero no cabe desentenderse de la fuerza moral que emana de su carácter supremo, sin verter argumentaciones que la contradigan (doc Fallos:332:1488, entre muchos otros).
VIII. En la inteligencia señalada, se evoca que la jurisprudencia de la Corte Suprema en la causa "Camaronera" adoptó la postura según la cual los derechos de exportación son inconstitucionales si el Congreso Nacional no ha previsto cuál es la alícuota máxima que puede establecerse. En esos términos, resulta elocuente que, el reclamo formulado por el Fisco Nacional carecería de sustento habida cuenta de que, las leyes delegantes de la facultad cuestionada en autos, no establecieron un corsé a la facultad de establecer la alícuota aplicable.
IX. Ahora bien, no puedo dejar de hacer notar que la Corte Suprema, por el contrario, a través de una línea jurisprudencial uniforme, ha concluido que en el ámbito de los derechos aduaneros no puede juzgarse inválido el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, ello es así siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida.
X. En tales condiciones no puede colegirse que la doctrina del causa "Camaronera”, por su pertinencia y semejanza frente al problema jurídico en ciernes, debe necesariamente considerarse aplicable. El principio stare decisis tiene su fundamento constitucional en la necesidad de que se dispense igualdad de trato a litigantes que tienen la expectativa de recibir la aplicación criterios adoptados en decisiones anteriores a casos que se presenten en situaciones posteriores y con circunstancias similares.
XI. Pues bien, sobre la base de tales pautas interpretativas, estimo que las cuestiones planteadas son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por este Tribunal en la causa “Petroquimica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelacion” (EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN), en el cual por mayoría, los Vocales ACORDARON fijar la siguiente doctrina legal:
ARTICULO 1º.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por la recurrente.
ARTICULO 2º.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.
ARTICULO 3º.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.
XII. En efecto. la resolución cuestionada es un reglamento dictado en el ejercicio de una delegación impropia de facultades legislativas, la que se encuentra permitida en la específica materia aduanera, por cuanto el principio de legalidad en lo fiscal, debe optimizarse a la luz de las singularidades que presenta todo lo relativo al comercio exterior.
XIII. Por su parte, cabe hacer notar que, los reglamentos administrativos como el de la especie, se dictan en ejercicio de facultades que, por imperativo constitucional son de iure propio y, por consiguiente, no tratándose de reglamentos delegados en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, no requieren ser sometidos a consideración del Congreso para su aprobación o rechazo. El reglamento cuestionado, en su condición de norma jurídica, goza de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria desde su irrupción en el ordenamiento jurídico, por Io que, la falta de aprobación, no tiene entidad para modificar el curso de la decisión.
XIV. A mayor abundamiento, debe tenerse presente que el art. 755 de la Ley 22.415 ha sido incluido en el Digesto Jurídico Argentino, aprobado por la Ley 26.939, ratificándose la delegación impropia del Congreso al Poder Ejecutivo Nacional para fijar los derechos de exportación. La insistencia de la política legislativa no puede ser soslayada.
XV. Que las costas deben imponerse por su orden en atención a la complejidad de la cuestión en trato. En virtud de todo lo expuesto, voto por:
Confirmar las Resoluciones 045/2020, 043/2020, 051/2020, 054/2020 y 042/2020 dictadas en las Actuaciones SIGEA Nros. 12542-3990-2013, 12542-4373-2014, 12542-4366-2014, 12542-4374-2014 y 12542-4365- 2014. Costas por su orden.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
Confirmar las Resoluciones 045/2020, 043/2020, 051/2020, 054/2020 y 042/2020 dictadas en las Actuaciones SIGEA Nros. 12542-3990-2013, 12542-4373-2014, 12542-4366-2014, 12542-4374-2014 y 12542-4365- 2014. Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.03.27 12:18:31 ART Date: 2023.03.27 13:52:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.03.27 15:44:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.27 15:44:52 -03:00
Fin de la sentencia