Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar las Resoluciones N° 184/15 (SDG OAI) y 182/15 (SDG OAI), recaídas en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12542-3993-2013 y 12542-3983-2013 respectivamente.
2Ordenar la devolución a la actora de los importes abonados en demasía, conforme los Considerandos VII y VIII del voto del Dr. González Palazzo.
3Costas a la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-55689430-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 4 de Junio de 2026 APELACIÓN”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, los Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Juan M. Soria, a fin de resolver en los autos caratulados “LDC ARGENTINA S.A. c/DGA s/RECURSO DE APELACIÓN”, Expte. N° 36.489-A.
El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que, a fs. 52/61 vta., se presenta la firma LDC ARGENTINA S.A., e interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 184/15 y 182/15, de fechas 09/09/2015 y 07/09/2015, recaídas en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12542-3993-2013 y 12542-3983-2013, respectivamente, a través de las cuales se rechazó la solicitud de devolución de tributos a la exportación abonados indebidamente por la firma en las exportaciones documentadas a través de los permisos de embarque (“PE”) 08052EC01000832H y 08052EC01001351E, por un monto total de $676.423,44. Según refiere, a efectos de poder exportar la mercadería mencionada, se vio obligada a tributar la alícuota de los derechos de exportación aplicada por el SIM, la cual fue de 28%, de conformidad con lo establecido por la resolución 367/07 del Ministerio de Economía y Producción y sus modificatorias.
Efectúa un relato de los hechos, e indica que los derechos de exportación pagados por LDC según las alícuotas fijadas por la resolución 367/07 y las que posteriormente la modificaron, no fueron establecidos por una ley formal del Congreso, y en consecuencia, son inconstitucionales. Desarrolla el marco normativo aplicable a los presentes, señalando que ninguna de las resoluciones dictadas con posterioridad a la Resolución (MEP) 35/02 tuvo ratificación legislativa posterior sancionada a través de una ley formal del Congreso que satisfaga el principio de legalidad. Señala que los derechos de exportación son impuestos y que rige a su respecto el principio de legalidad en materia tributaria, que reserva al Poder Legislativo la facultad para crearlos.
Asimismo, menciona diversos artículos de la Constitución Nacional -4, 17, 75, 76 y 99, entre otros- y al art. 755 del Código Aduanero. Indica que las resoluciones 369/07, 125/08 y 64/08 del Ministerio de Economía y la resolución conjunta N° 26 y 28 del Ministerio de la Producción y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que fijaron alícuotas de derechos de exportación aplicable al trigo superiores al 20%, son inconstitucionales ya que al tiempo de registrarse la declaración jurada de venta al exterior en los términos del art. 6 de la ley 21.453, dichas resoluciones no habían merecido ratificación legislativa. Refiere al fallo “Camaronera Patagónica S.A.” de la CSJN, desarrollando sus alcances e implicancias.
Señala la incompetencia del MP y y MEyFP para dictar las resoluciones 369/07, 125/08, 64/08 y 182/08. Cita doctrina y jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoquen las resoluciones apeladas.
II. Que, a fs. 72/80 vta., se presenta la representación fiscal, contesta el traslado del recurso que le fuera oportunamente conferido y niega todos y cada uno de los hechos, afirmaciones, derecho, documentación y/o copias que contenga el escrito en traslado que no sean objeto de un expreso reconocimiento o que no surjan de la prueba documental. Efectúa un relato de los hechos. Menciona que la exportación de marras fue documentada estando vigente la Resolución N° 11/02 del Ministerio de Economía de la Nación, dictada conforme a expresas facultades previstas en el art. 755 del C.A. y en función de lo expuesto por la Ley N° 25.561. Agrega que la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo “Camaronera Patagónica S.A.” es desacertada y no recepta el análisis completo de dicha sentencia. Indica que el Ministerio de Economía ha dictado la norma en virtud de una legítima delegación en el marco de la ley 25.561 y con arreglo al art. 755 del C.A., y que dicha delegación se justifica en las cambiantes circunstancias de la economía que ameritan en determinadas situaciones la adopción de medidas cuya oportunidad es incompatible con los tiempos de debate que normalmente requiere el dictado de una Ley. Refiere a las leyes 22.520, 20.545 y 25.918, entre otras. Señala que no cabe el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la recurrente ante esta instancia, en razón a lo normado por el art. 1164 C.A. Cita doctrina y jurisprudencia, acompaña las actuaciones administrativas, efectúa reserva de caso federal y solicita se rechace la apelación, con costas.
III. Que, a fs. 82 se tiene por contestado el traslado, por acompañadas las actuaciones administrativas y se declaró la causa de puro derecho, quedando en estado de dictar sentencia a fs. 91.
IV. Que, las actuaciones administrativas N° 12542-3993-2013 se inician en fecha 19/12/2013 con la solicitud de repetición de los tributos pagados en relación al PE 08052EC01000832H. A fs. 23 se tiene por presentada a la firma y a fs. 27 se agrega el sobre contenedor del PE. A fs. 36 obra el informe de pago, y a fs. 37 y fs. 41 obran informes técnicos. Finalmente, en fecha 09/09/2015 se dicta la Resolución N° 184/15 (SDG OAI), rechazando la repetición solicitada.
A su vez, las actuaciones administrativas N° 12542-3983-2013 se inician en fecha 19/12/2013 con la solicitud de repetición de los tributos pagados en relación al PE 08052EC01001351E. A fs. 23 se tiene por presentada a la firma y a fs. 26 se agrega el sobre contenedor del PE. A fs. 30 obra el informe de pago, y a fs. 31 y fs. 35 obran informes técnicos. Finalmente, en fecha 07/09/2015 se dicta la Resolución N° 182/15 (SDG OAI), rechazando la repetición solicitada.
V. Que, corresponde resolver si las resoluciones aduaneras apeladas, mediante las cuales se dispuso no hacer lugar a las devoluciones pretendidas por la actora, resultan ajustadas a derecho.
En los presentes, la firma oficializó, por un lado, el PE 08052EC01000832H el 25/01/2008 (postembarque 02/02/2008), y por otro lado, el PE 08052EC01001351E el 11/02/2008 (postembarque 20/02/2008), mediante los cuales se documentó la exportación de mercadería bajo la posición arancelaria (“P.A.”) 1001.90.90.110B. Por ello, solicita la devolución de la suma de $676.423,44 (conforme formulario F4), que habría abonado en demasía en relación a las operaciones documentadas, en concepto de derechos de exportación con una alícuota del 28%, liquidados por el Sistema María según lo establecido por la Resolución N° 369/07 del Ministerio de Economía y Producción.
El art. 1° de dicha Resolución establece: “Sustitúyese en el Anexo XIV del Decreto Nº 509 de fecha 15 de mayo de 2007 sus modificaciones, para las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) que se enumeran en la planilla que, como Anexo, forma parte integrante de la presente resolución, el derecho de exportación por el que en cada caso se indica”. Seguidamente, el anexo mencionado determina una alícuota del 28% para la mercadería bajo la P.A. N.C.M. 1001.90.90. Que, preliminarmente y en cuanto a la doctrina fijada en el acuerdo plenario dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, considero que dicho precedente abarca únicamente a los procedimientos de repetición de lo abonado en concepto de derechos de exportación cuya alícuota fue fijada por Decreto 793/2018, y teniendo en cuenta que en los presentes actuados se cuestiona la Resolución del Ministerio de Economía y Producción (“MEyP”) N° 369/07–normas distintas-, no corresponde su aplicación al caso bajo análisis.
Ahora bien, en cuanto a los antecedentes normativos de este caso, el Decreto 509/07, publicado el 23/05/2007 en el Boletín Oficial, efectuó una serie de ajustes y modificaciones en relación a la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) y las alícuotas de derechos de exportación de determinadas P.A., fijando una alícuota del 20% para la mercadería objeto de autos –P.A. 1001.90.90-, en su Anexo XIV. El citado decreto fue declarado válido por la Cámara de Senadores en fecha 22/8/2007 y por la Cámara de Diputados el 28/11/2007, obteniendo así su ratificación parlamentaria.
Seguidamente, mediante la Resolución MEyP N° 369/07, se incrementó la alícuota para la P.A. involucrada en los presentes, fijándola en 28%, sin haber sido ratificada por una ley posterior.
VI. Sentado ello, cabe señalar que la temática que debemos abordar fue analizada y resuelta por el Máximo Tribunal en el caso “Camaronera Patagónica”, donde los magistrados fijaron los lineamientos para comprender si una norma mediante la cual el Poder Ejecutivo fija derechos de exportación cumple con el estándar constitucional –lo que otorgaría legalidad a dicha exigencia tributaria– o si, por el contrario, se excedieron las atribuciones otorgadas a tal poder conforme nuestra forma republicana de gobierno, invalidando de este modo la alícuota establecida mediante el actuar injustificado. Más allá de que en el precedente referido se declaraba la inaplicabilidad de dos resoluciones dictadas por el Ministerio de Economía, particularmente las N° 11/02 y N° 150/02, lo que nos concierne del fallo del Máximo Tribunal es que se entendió que dichas resoluciones eran violatorias de los arts. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, toda vez que el Poder Ejecutivo no podía dictar normas de carácter legislativo en materia tributaria, resaltando que, en cuanto a la división de competencias entre los poderes del Estado, la interpretación de dichos artículos debía ser estricta.
En lo que refería a la delegación para la creación del tributo contenida en la Resolución 11/02 –legislación delegada dictada con sustento en la legislación delegante preexistente a la reforma de la Constitución Nacional de 1994–, la Corte consideró inadmisible la normativa reseñada durante el período en que no contó con la ratificación del Congreso de la Nación, pero la reconoció como válida a posteriori de la ratificación efectuada, por cuanto a partir de allí existió una voluntad por parte del legislador lo suficientemente clara como para darle entidad legal idónea y poseer validez en los términos establecidos por el artículo 76 de la CN. En definitiva, la Corte invalidó parcialmente y hacia el pasado la norma ministerial por considerarla carente de respaldo legal y la convalidó desde la aprobación legislativa hacia el futuro.
Nuestra Carta Magna prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, expresando en su art. 76 que “(…) Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca (…)”. Asimismo, el art. 99 inc. 3 señala: “(…) El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros (…)”.
Por su parte, en la Ley 26.122 se establece que: "(…) las bases a las cuales debe sujetarse el poder delegado no pueden ser objeto de reglamentación por el Poder Ejecutivo (…)", y que el "(…) Poder Ejecutivo, dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente (…)", “(…) las Cámaras se pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional (…)”.
Lo mencionado ut supra, constituye un mecanismo de revisión posterior a las normas delegadas por el PEN, pudiendo aprobarlas o rechazarlas. Esto significa que, si bien el Congreso delega facultades legislativas, también las controla posteriormente a través del mecanismo antedicho.
Por lo expuesto, teniendo en consideración que la Resolución MEyP N° 369/07 modificó el elemento cuantitativo del tributo –parte estructural del impuesto– y que la misma no fue posteriormente validada por el Congreso, se afectó el principio de legalidad tal como se estableció en la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica”, donde, conforme lo referido precedentemente, se estableció el estándar de ratificación por el Congreso de una norma delegada nula de nulidad absoluta e insanable por inexistencia de norma delegante o incumplimiento de los requisitos del art. 76 de la Constitución. A mayor abundamiento, cabe señalar lo resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala I, en el expediente N° 4725/2025 –de igual carátula a la presente-, donde se sentenció “(…) declarar la inconstitucionalidad de los derechos de exportación fijados por las resoluciones ME 369/2007, 64/2008, 125/2008, 182/2008, MP y MEyFP 26/2008 y 28/2008 (…)”.
Asimismo, la Sala V, en el expediente N° 337/2024, “Bunge Argentina SA (TF 37427-A) C/DGA S/Recurso Directo de Organismo Externo”, siguiendo el mismo criterio, señaló que “no es posible identificar una ley formal que, a la fecha en que fueron cerradas las ventas de las exportaciones aquí involucradas, haya otorgado un rango legal al incremento del 8% establecido por el decreto 369/2007”, resolviendo “declarar la nulidad de la Resolución MEyP nº 369/07 y; consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa”. De forma similar se expidió la Sala II, en el expediente N° 1914/2024, “Bunge Argentina SA (TF 37364- A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, donde resolvió “declarar la invalidez de la resolución ex MEyP nº 369/2007 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados”.
En este sentido, en virtud de los lineamientos del Fallo “Camaronera Patagónica” y toda vez que la citada resolución no ha sido ratificada por el Congreso, corresponde declarar la invalidez de la exigencia tributaria realizada en base a la misma.
Por ello, considero que se debe proceder a la devolución de la suma abonada en demasía en relación a los derechos de exportación de los PE 08052EC01000832H y 08052EC01001351E.
VII. En cuanto a la moneda en que deberá llevarse a cabo la devolución de lo abonado indebidamente por la actora, corresponde estar a lo resuelto por el Máximo Tribunal en los autos caratulados “Cencosud SA (TF 29.535-A) c/DGA”, teniendo en consideración que la suma que la recurrente solicita que se le devuelva ha sido abonada en pesos.
VIII. En relación con la tasa de interés, y teniendo presente que la misma no fue cuestionada por la actora, corresponde aplicar lo normado por el art. 811 del Código Aduanero.
IX. En cuanto a las costas, corresponde imponerlas al Fisco, por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 CPCCN y art. 1163 CA).
Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Revocar las Resoluciones N° 184/15 (SDG OAI) y 182/15 (SDG OAI), recaídas en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12542-3993-2013 y 12542-3983-2013 respectivamente.
2. Ordenar la devolución a la actora de los importes abonados en demasía, conforme los Considerandos VII y VIII.
3. Costas a la demandada.
Así lo voto.-
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
I. Que respecto a los hechos traídos a estudio, corresponde remitirse “brevitatis causae” a la descripción realizada en el voto que antecede.
II. Que, sentado ello, cabe destacar el artículo 151 de la ley 11.683 establece expresamente, en relación a este Tribunal Fiscal, que “...Cuando una cuestión de derecho haya sido objeto de pronunciamientos divergentes por parte de diferentes salas, se fijará la interpretación de la ley que todas las salas deberán seguir uniformemente de manera obligatoria, mediante su reunión en plenario...” (el subrayado me pertenece).
III. Que, bajo tales premisas, corresponde destacar que en fecha 26 de abril de 2022, en virtud del Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, la competencia aduanera de este Tribunal Fiscal por mayoría -el suscripto no participó del referido Acuerdo por encontrarse en uso de licencia- acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
IV. Que, por ende, teniendo en expresa consideración lo ordenado en el referido artículo 151 de la ley 11.683, y sin perjuicio de la opinión en contrario sostenida por el suscripto in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA” (EX-2020-24711043- -APN-SGASAD#TFN), del 22 de diciembre de 2021 y “Bunge Argentina S.A” (Expte. Nro. 36.695-A), del 7 de febrero de 2022, entre muchos otros, a los fines de la resolución de la litis resulta plenamente aplicable la posición legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, en tanto la operatoria dispuesta por la normativa impugnada en autos, que fijara derechos de exportación a las posiciones arancelarias allí estipuladas resulta similar, mutatis mutandi, a aquella establecida en el Decreto Nro. 793/2018, cuya validez ha sido expresamente receptada en la doctrina plenaria de referencia, por lo que resulta ajustado a derecho confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso rechazar el pedido de repetición de derechos de exportación formulado por la firma recurrente, en relación a las destinaciones involucradas en autos.
V. Que atento a que se resuelve en base a una decisión Plenaria de este Tribunal y a la complejidad de la cuestión debatida en virtud de la cual las partes pudieron considerarse con derecho a litigar, corresponde imponer las costas por su orden.
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar la Resolución aduanera apelada en autos.
2. Costas por su orden.
ASÍ LO VOTO.-
El Dr. Juan M. Soria dijo:
I. Me remito a los considerandos I a IV del voto del Dr. González Palazzo.
II. Corresponde resolver en autos si las resoluciones apeladas -184/15 (SDG OAI) y 182/15 (SDG OAI)-, en cuanto rechazan la solicitud de devolución de derechos de exportación interpuesta por la firma LDC ARGENTINA S.A., se ajustan a derecho.
La actora solicita la devolución de la suma de $676.423,44, que según refiere habría abonado en demasía con relación a los permisos de embarque (PE) 08052EC01000832H y 08052EC01001351E. Mediante tales PE documentó la exportación de mercadería ubicada en la PA 1001.90.90.110B –A granel, con hasta 15% de embolsado (Ley 21.453) Trigo Pan. Los demás - Los demás: TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLÓN)- abonando los derechos de exportación establecidos por la resolución 369/07 (BO:
09.11.07. que fijó, para esa PA, una alícuota del 28% (Ver art. 1 y Anexo de la referida de la resolución). De modo liminar, cabe precisar que las exportaciones de autos se encuentran gobernadas por la ley 21.453, con lo cual su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la alícuota vigente a la fecha de cierre de venta -20.11.07 y 26.11.07 para el PE de autos- conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La actora cuestiona la validez de todas las resoluciones, por los fundamentos que expone, que remiten al precedente de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388) del 15.04.14. En esta línea, manifiesta que la única normativa que tuvo refrenda legislativa -y sería por ende constitucional- fue la resolución ME 35/02 (BO: 08.04.02), que según refiere estableció una alícuota del 20% para la PA objeto de autos.
III. 1. Corresponde señalar, en primer lugar, que la resolución ME 35/02 (BO: 08/04/02) fijó para la PA de autos una alícuota del 20%, incrementando 10% que había establecido la resolución 11/02 (BO: 04/03/02). Dicha resolución fue ratificada legislativamente por la ley 25.645 (BO: 09/09/02), la cual, conforme su art. 3, aprobó la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente. Con posterioridad, se dictó la resolución MEyP 10/07 (BO: 12.01.07), que estableció para la PA de autos un derecho de exportación adicional del 4%, llevando la alícuota al 24%. Posteriormente, mediante el decreto 509/07 (BO: 23.05.07) se mantuvo, para la PA de autos, el derecho de exportación adicional creado por la mencionada resolución MEyP 10/07, fijándose en consecuencia una alícuota de derechos de exportación del 24% (Ver art. 16 y Anexo XIV del referido decreto). Luego se dictó la resolución 369/07 (BO: 09.11.07), que estableció para la PA de autos una alícuota de derechos de exportación del 28%. Posteriormente, se pretendió implementar las llamadas alícuotas móviles –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 125/08 (BO: 12.03.08)-, y luego variables –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 64/08 (BO: 02.06.08)-. Más tarde, se dictó la resolución 182/08 (BO: 21.07.08), mediante la cual se restableció para la PA de autos la alícuota de derechos de exportación del 28% que había sido establecida por la mencionada resolución 369/07.
Sobre la validez constitucional del iter normativo descripto precedentemente, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema en “Camaronera Patagónica”, esta Sala E se ha expedido, de modo unánime, en la causa “LDC ARGENTINA S.A. c/Dirección General de Aduanas s/apelación” Expte. 38.204-A, a cuyos fundamentos remito y los cuales se consideran integrando la presente sentencia.
En lo que aquí interesa, tal decisorio ratifica que la resolución (MEyP) 369/07 (BO: 09.11.07) –posterior al decreto 509/07 (BO: 23.05.07)- posee una validez constitucional que se remonta al 16.01.08, oportunidad en la cual fue inequívocamente ratificada por la ley 26.351, en cuanto tuvo como fin asegurar la recaudación del aumento de alícuotas dispuesto por la mencionada resolución (ver puntos VI.2., VI.3. y VI.4. del citado fallo).
Sin embargo, las fechas de cierre de venta de los PE involucrados -20.11.07 y 26.11.07- son anteriores a dicho período, por lo que corresponde analizar si le corresponde la alícuota del 24% establecida por el decreto 509/07, que mantuvo, para la PA de autos, el derecho de exportación adicional creado por la mencionada resolución MEyP 10/07.
III. 2. En este punto, es necesario resaltar que tanto al momento del dictado de la resolución MEyP 10/07 como del decreto 509/07 se encontraba ya vigente la ley 26.122 (BO: 28.07.06). Dicha ley tiene por objeto regular el trámite y la intervención del Congreso respecto de los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa bajo la previsión del art. 76 de la Constitución (art. 1). El Capítulo II regula la delegación legislativa. Su art. 11 establece que "las bases a las cuales debe sujetarse el poder delegado no pueden ser objeto de reglamentación por el Poder Ejecutivo" y el art. 12 dispone que el "Poder Ejecutivo, dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente". En lo que interesa el art. 22 establece que las Cámaras se pronunciaran respecto de la aprobación o rechazo de las normas delegadas mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de la legislación delegada debe ser expreso (conf. art. 82 de la Constitución). El sistema constitucional, en su regulación por la ley 26.122, establece un mecanismo de intervención del Congreso —de aprobación o rechazo- a posteriori del dictado de las normas delegadas por parte del PEN. De tal modo, el art. 76 de la Constitución –que establece los requisitos de validez inexcusables que debe revestir la legislación delegante- tiene una contrapartida en la regulación constitucional de la ulterior intervención del mismo Congreso (art. 99 inc. 3 último párrafo in fine mediante la ley que allí se prevé) de control de la legislación delegada dictada por el PEN. El Congreso que previamente delega sus facultades legislativas luego controla su ejercicio por el PEN. Se señala que nada de lo anterior exime al PEN de legislar bajo modalidad delegada prescindiendo de las exigencias claras del art. 76 de la Constitución: ley delegante previa, que contenga las bases de la delegación, con plazo para su ejercicio.
Asimismo, no puede dejar de señalarse la relevancia que tiene en autos la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388), sentencia del 15.04.14, en cuanto establece el estándar jurisprudencial de ratificación por el Congreso de una norma delegada nula de nulidad absoluta e insanable por inexistencia de norma delegante o, de existir, incumplimiento de los requisitos del art. 76 de la Constitución.
III. 3. A la luz de lo expuesto es que corresponde resolver la controversia que giran en torno a estos PE. Específicamente, véase que las normas delegantes de facultades que se invocan, tanto para el dictado de la resolución MEyP 10/07 (De modo genérico el CA, el decreto 2275/94 y sus mod. y el decreto 2752/91) como para el dictado del decreto 509/07 (art. 99 incs. 1 y 2 del art. 99 de la Constitución, arts. 11 apartado 2 y 12 del CA y el art. 6 de la ley 25.561) que deberían haber habilitado al Poder Ejecutivo Nacional a aumentar las alícuotas para las exportaciones de la mercadería objeto de autos, son normas que, prima facie, no superarían el test del art. 76 de la Constitución -materia delegable, clara política legislativa, con plazo para su ejercicio-.
Así, la resolución MEyP 10/07 y el posterior decreto 509/07 no se dictaron con base en una delegación constitucionalmente válida de facultades legislativas, conforme la jurisprudencia de Fallos: 337:388 (“Camaronera Patagónica”). En consecuencia, las alícuotas incrementadas por dichas normativas, padecerían el vicio de nulidad absoluta e insanable que embargaría a la mencionada resolución y al referido decreto (conf. Camaronera Patagónica, considerandos 9º, 10º y 11). Tal vicio de nulidad -absoluta e insanable- del decreto delegado 509/07 –que mantiene las alícuotas establecidas por la resolución MEyP10/07- pudo purgarse, en los términos del estándar de ratificación del precedente Camaronera (considerando 11) y bajo el procedimiento de la ley 26.122 (supra III. 2.), por una intervención ratificatoria del Congreso, que tendría solamente efecto futuro desde la ratificación. El decreto delegado 509/07 fue, efectivamente, sometido a la aprobación parlamentaria de la ley 26.122. Así fue declarado válido por resolución del Senado de la Nación del 22.08.07 y por resolución de la Cámara de Diputados del 28.11.07.
Bajo el estándar constitucional del considerando 11 del fallo “Camaronera”, aplicado al procedimiento de la ley 26.122 y al trámite seguido en el Congreso respecto al decreto delegado 509/07, puede decirse que su ratificación solamente tuvo la virtualidad de purgar el vicio originario de nulidad que padecía -relativa a aumentar las alícuotas de derechos de exportación- recién al completarse la intervención de las dos cámaras del Congreso, adquiriendo validez constitucional y vigencia también desde ese momento. En el caso ello ocurrió el 28.11.07 con la aprobación del decreto 509/07 por la Cámara de Diputados. Bajo el considerando 11 del Fallo “Camaronera” recién desde esa fecha habrían adquirido legalidad constitucional las alícuotas incrementadas de derechos de exportación del decreto 509/07 y ello solamente con efecto futuro, jamás retroactivo.
En consecuencia, bajo tal estándar de ratificación de “Camaronera” el decreto delegado 509/07 recién habría adquirido rango legal -en cuanto al aumento o en este caso sostenimiento de las alícuotas de derechos de exportación sobre las PA que dispuso- el 28.11.07, fecha posterior a la de cierre de venta en el caso de marras -20.11.07 y 26.11.07- que es la que se debe considerar para determinar la alícuota de derechos de exportación aplicable (art. 6 de la ley 21.453).
Por ello, a la fecha de cierre de venta -20.11.07 y 26.11.07-, y hasta la aprobación del decreto delegado 509/07 por la Cámara de Diputados bajo la ley 26.122 -28.11.07-, las alícuotas emergentes de la resolución MEyP 10/07 y el decreto 509/07, aplicadas por el SIM en autos, debían considerarse como aplicadas con base en una norma nula de nulidad absoluta e insanable, conforme el art. 76 de la Constitución y bajo la jurisprudencia “Camaronera Patagónica” de la Corte (considerandos 9º, 10º y 11), por lo que el reclamo de la actora respecto de este PE deviene legítimo.
III. 4. Por todo ello, la alícuota aplicable -válida y vigente- es la del 20%, establecida por la resolución 35/02.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido de devolución de la actora por el 8% de derechos de exportación liquidados en demasía por el sistema informático.
IV. Sin perjuicio de todo lo expuesto, a los fines de alcanzar la mayoría necesaria para dictar sentencia y coincidiendo la resolución sustantiva propiciada por mi voto con la solución adoptada por el Vocal preopinante, adhiero en lo sustancial a lo propuesto por el Dr. González Palazzo.
Así lo voto.-
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar las Resoluciones N° 184/15 (SDG OAI) y 182/15 (SDG OAI), recaídas en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12542-3993-2013 y 12542-3983-2013 respectivamente.
2. Ordenar la devolución a la actora de los importes abonados en demasía, conforme los Considerandos VII y VIII del voto del Dr. González Palazzo.
3. Costas a la demandada.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo (Vocal Titular de la Vocalía de la 17a Nominación) y Pablo A. Garbarino (Vocal Titular de la Vocalía de la 16a Nominación) y Juan M. Soria (Vocal Subrgante de la Vocalía de la 18a Nominación).
Date: 2026.06.03 11:45:48 ART Date: 2026.06.03 12:43:01 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.04 16:44:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.04 16:44:44 -03:00
Fin de la sentencia