Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 61/2017 (SDG OAI), recaída en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12542-4389-2014.
2Imponer las costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-44497862-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 4 de Mayo de 2026 APELACIÓN”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, los Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Juan M. Soria, a fin de resolver en los autos caratulados “LDC ARGENTINA S.A. c/DGA s/RECURSO DE APELACIÓN”, Expte. N° 38.368-A.
El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que, a fs. 44/53, se presenta la firma LDC ARGENTINA S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 61/2017 (SDG OAI), recaída en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12542-4389- 2014, a través de la cual no se hace lugar a la solicitud de devolución de $ 830.162,37 vinculada al Permiso de Embarque (“PE”) 10052EC01002538F, en concepto de derechos de exportación, con una alícuota del 23% fijada por el Sistema Informático María, en base a diversas resoluciones del Ministerio de Economía y Producción y los Ministerios de Producción y Finanzas Públicas. Efectúa un relato de los hechos e indica que las resoluciones que fijaron la alícuota son inconstitucionales por ser contrarias al principio de legalidad en materia tributaria. Refiere al fallo “Camaronera Patagónica S.A.” de la CSJN y desarrolla el marco normativo aplicable a los presentes, señalando que ninguna de las resoluciones dictadas con posterioridad a la Resolución (MEP) 35/02 tuvo ratificación legislativa posterior sancionada a través de una ley formal del Congreso que satisfaga el principio de legalidad. Señala que los derechos de exportación son impuestos y que rige a su respecto el principio de legalidad en materia tributaria, que reserva al Poder Legislativo la facultad para crearlo. Asimismo, menciona diversos artículos de la Constitución Nacional -4, 17, 75, 76 y 99, entre otros- y al art. 755 del Código Aduanero. Indica que las resoluciones 10/07, 369/07, 125/08, 64/08 y 182/08 del Ministerio de Economía, que fijaron alícuotas de derechos de exportación superiores al 20%, son inconstitucionales ya que al tiempo de registrarse la declaración jurada de venta al exterior en los términos del art. 6 de la ley 21.453, dichas resoluciones no habían merecido ratificación legislativa. Desarrolla los argumentos, alcances e implicancias del fallo “Camaronera Patagónica S.A.” de la CSJN. Señala la incompetencia del MP y y MEyFP para dictar las resoluciones 10/07, 369/07, 125/08, 64/08 y 182/08. Cita doctrina y jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que, a fs. 63/72 vta., se presenta la representación fiscal, contesta el traslado del recurso que le fuera oportunamente conferido y niega todos y cada uno de los hechos, afirmaciones, derecho, documentación y/o copias que contenga el escrito en traslado que no sean objeto de un expreso reconocimiento o que no surjan de la prueba documental. Efectúa un relato de los hechos. Menciona que la exportación de marras fue documentada estando vigente la Resolución N° 11/02 del Ministerio de Economía de la Nación, dictada conforme a expresas facultades previstas en el art. 755 del C.A. y en función de lo expuesto por la Ley N° 25.561. Agrega que la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo “Camaronera Patagónica S.A.” es desacertada y no recepta el análisis completo de dicha sentencia. Indica que el Ministerio de Economía ha dictado la norma en virtud de una legítima delegación en el marco de la ley 25.561 y con arreglo al art. 755 del C.A., y que dicha delegación se justifica en las cambiantes circunstancias de la economía que ameritan en determinadas situaciones la adopción de medidas cuya oportunidad es incompatible con los tiempos de debate que normalmente requiere el dictado de una Ley. Refiere a las leyes 22.520, 20.545 y 25.918, entre otras. Señala que no cabe el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la recurrente ante esta instancia, en razón a lo normado por el art. 1164 C.A. Cita doctrina y jurisprudencia, acompaña las actuaciones administrativas, efectúa reserva de caso federal y solicita se rechace la apelación, con costas.
III. Que, a fs. 73 se tiene por contestado el traslado, por acompañadas las actuaciones administrativas y se declaró la causa de puro derecho, quedando en estado de dictar sentencia a fs. 81.
IV. Que, las actuaciones administrativas N° 12542-4389-2014 se inician en fecha 16/12/2014 con la solicitud de repetición de los tributos pagados en relación al PE 10052EC01002538F. A fs. 25 se intima a la firma a fin de que proceda a adecuar su presentación con la normativa vigente, lo cual es cumplimentado a fs. 28/35. A fs. 57 se tiene por presentada a la firma y a fs. 61 se agrega el sobre contenedor del PE. A fs. 66 obra el informe de pago y a fs. 67 obra el informe técnico. Finalmente, a fs. 74/77, en fecha 04/07/2017 se dicta la Resolución N° 61/2017 (SDG OAI), rechazando la repetición solicitada.
V. Que, corresponde resolver si la resolución aduanera apelada, mediante la cual se dispuso no hacer lugar a la devolución pretendida por la actora, resulta ajustada a derecho.
En los presentes, la firma oficializó el PE 10052EC01002538F el 12/03/2010, mediante el cual se documentó la exportación de mercadería bajo la posición arancelaria (“P.A.”) 1001.90.90.110B. Por ello, solicita la devolución de la suma de $ 108.282,05 (conforme formulario F4), que según refiere habría abonado en demasía en relación a la operación documentada, en concepto de derechos de exportación con una alícuota del 23%, liquidados por el Sistema María según lo establecido por las Resoluciones Conjuntas N° 26/08 (Ministerio de Producción) y 28/08 (Ministerio de Economía y Finanzas Publicas). El art. 1° de dichas Resoluciones establece: “Sustitúyese en el Anexo XIV del Decreto Nº 509 de fecha 15 de mayo de 2007 y sus modificaciones, para las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR (N.C.M.) que se enumeran en el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución, el derecho de exportación que en cada caso se indica”. Seguidamente, el anexo mencionado determina una alícuota del 23% para la mercadería bajo la P.A. N.C.M. 1001.90.90. Que, preliminarmente y en cuanto a la doctrina fijada en el acuerdo plenario dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, considero que dicho precedente abarca únicamente a los procedimientos de repetición de lo abonado en concepto de derechos de exportación cuya alícuota fue fijada por Decreto 793/2018, y teniendo en cuenta que en los presentes actuados se cuestionan las Resoluciones Conjuntas N° 26/08 y 28/08 –normas distintas-, no corresponde su aplicación al caso bajo análisis.
Ahora bien, en cuanto a los antecedentes normativos de este caso, el Decreto 509/07, publicado el 23/05/2007 en el Boletín Oficial, efectuó una serie de ajustes y modificaciones en relación a la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) y las alícuotas de derechos de exportación de determinadas P.A., fijando una alícuota del 20% para la mercadería objeto de autos –P.A. 1001.90.90-, en su Anexo XIV. El citado decreto fue declarado válido por la Cámara de Senadores en fecha 22/8/2007 y por la Cámara de Diputados el 28/11/2007, obteniendo así su ratificación parlamentaria.
Mediante la Resolución del Ministerio de Economía y Producción (“MEyP”) N° 369/07, se incrementó la alícuota para la P.A. involucrada en los presentes, fijándola en 28%. Seguidamente, mediante las Resoluciones MEyP N° 125/08 y 64/08, se establecieron alícuotas móviles o de fórmula y según cada precio FOB oficial, para la mercadería objeto de autos. Posteriormente, mediante la Resolución MEyP N° 182/08, se fijó nuevamente una alícuota del 28% para la P.A. de marras.
Finalmente, el 23/12/2008, se publicaron en el Boletín Oficial las Resoluciones Conjuntas N° 26/08 (Ministerio de Producción) y 28/08 (Ministerio de Economía y Finanzas Publicas), las cuales fijaron en 23% la alícuota correspondiente al derecho de exportación aplicable a la P.A. 1001.90.90.
VI. Sentado ello, cabe señalar que la temática que debemos abordar fue analizada y resuelta por el Máximo Tribunal en el caso “Camaronera Patagónica”, donde los magistrados fijaron los lineamientos para comprender si una norma mediante la cual el Poder Ejecutivo fija derechos de exportación cumple con el estándar constitucional –lo que otorgaría legalidad a dicha exigencia tributaria– o si, por el contrario, se excedieron las atribuciones otorgadas a tal poder conforme nuestra forma republicana de gobierno, invalidando de este modo la alícuota establecida mediante el actuar injustificado. Más allá de que en el precedente referido se declaraba la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de dos resoluciones dictadas por el Ministerio de Economía, particularmente las N° 11/02 y N° 150/02, lo que nos concierne del fallo del Máximo Tribunal es que se entendió que dichas resoluciones eran violatorias de los arts. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, toda vez que el Poder Ejecutivo no podía dictar normas de carácter legislativo en materia tributaria, resaltando que, en cuanto a la división de competencias entre los poderes del Estado, la interpretación de dichos artículos debía ser estricta.
En lo que refería a la delegación para la creación del tributo contenida en la Resolución 11/02 –legislación delegada dictada con sustento en la legislación delegante preexistente a la reforma de la Constitución Nacional de 1994–, la Corte consideró inadmisible la normativa reseñada durante el período en que no contó con la ratificación del Congreso de la Nación, pero la reconoció como válida a posteriori de la ratificación efectuada, por cuanto a partir de allí existió una voluntad por parte del legislador lo suficientemente clara como para darle entidad legal idónea y poseer validez en los términos establecidos por el artículo 76 de la CN. En definitiva, la Corte invalidó parcialmente y hacia el pasado la norma ministerial por considerarla carente de respaldo legal y la convalidó desde la aprobación legislativa hacia el futuro.
Nuestra Carta Magna prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, expresando en su art. 76 que “(…) Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca (…)”. Asimismo, el art. 99 inc. 3 señala: “(…) El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros (…)”.
Por su parte, en la Ley 26.122 se establece que: "(…) las bases a las cuales debe sujetarse el poder delegado no pueden ser objeto de reglamentación por el Poder Ejecutivo (…)", y que el "(…) Poder Ejecutivo, dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente (…)", “(…) las Cámaras se pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional (…)”.
Lo mencionado ut supra, constituye un mecanismo de revisión posterior a las normas delegadas por el PEN, pudiendo aprobarlas o rechazarlas. Esto significa que, si bien el Congreso delega facultades legislativas, también las controla posteriormente a través del mecanismo antedicho.
Por lo expuesto, teniendo en consideración que las Resoluciones Conjuntas N° 26/08 (Ministerio de Producción) y 28/08 (Ministerio de Economía y Finanzas Publicas) modificaron el elemento cuantitativo del tributo –parte estructural del impuesto– y que las mismas no fueron posteriormente validadas por el Congreso, se afectó el principio de legalidad tal como se estableció en la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica”, donde, conforme lo referido precedentemente, se estableció el estándar de ratificación por el Congreso de una norma delegada nula de nulidad absoluta e insanable por inexistencia de norma delegante o incumplimiento de los requisitos del art. 76 de la Constitución. A mayor abundamiento, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, en el expediente N° 38613/2025 –de igual carátula a la presente-, resolvió “(…) declarar la nulidad de la Resolución Conjunta MP nº 26/08 y MEyFP nº 28/08 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa (…)”. Asimismo, la Sala III, en el expediente N° 19861/2024 –de igual carátula a la presente-, indicó que correspondía “(…) declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en las Res. 26/08 y 28/08 y admitir la repetición de la diferencia en pesos reclamada (…)”.
En este sentido, en virtud de los lineamientos del Fallo “Camaronera Patagónica” y toda vez que las citadas resoluciones no han sido ratificadas por el Congreso, corresponde declarar la invalidez de la exigencia tributaria realizada en base a las mismas.
Por ello, considero que se debe proceder a la devolución de la suma abonada en demasía en relación a los derechos de exportación del PE 10052EC01002538F.
VII. En cuanto a la moneda en que deberá llevarse a cabo la devolución de lo abonado indebidamente por la actora, corresponde estar a lo resuelto por el Máximo Tribunal en los autos caratulados “Cencosud SA (TF 29.535-A) c/DGA”, teniendo en consideración que la suma que la recurrente solicita que se le devuelva ha sido abonada en pesos.
VIII. En relación con la tasa de interés, teniendo presente los pronunciamientos de la Alzada en cuanto al tema analizado (Sala I, “VITERRA ARGENTINA S.A.”, Expte. N° 13419/2025; Sala III, “Thomas de Sudamérica S.A.”, Expte. N° 37527/2016; y Sala V, “LDC ARGENTINA SA”, Expte. N° 38613/2025, entre otras), corresponde aplicar la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina desde la fecha del pedido de repetición hasta la puesta en vigencia de la resolución ex MH 598/2019 (01/08/2019), y las demás tasas vigentes correspondientes a cada período, conforme la reglamentación emitida al respecto.
IX. En cuanto a las costas, corresponde imponerlas al Fisco, por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 CPCCN y art. 1163 CA).
X. Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N° 61/2017 (SDG OAI), recaída en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12542-4389-2014.
1. Ordenar la devolución a la actora de los importes abonados en demasía, conforme los Considerandos VII y VIII.
2. Costas a la demandada.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que respecto a los hechos traídos a estudio, corresponde remitirse “brevitatis causae” a la descripción realizada en el voto que antecede.
II. Que, sentado ello, cabe destacar el artículo 151 de la ley 11.683 establece expresamente, en relación a este Tribunal Fiscal, que “...Cuando una cuestión de derecho haya sido objeto de pronunciamientos divergentes por parte de diferentes salas, se fijará la interpretación de la ley que todas las salas deberán seguir uniformemente de manera obligatoria, mediante su reunión en plenario...” (el subrayado me pertenece).
III. Que, bajo tales premisas, corresponde destacar que en fecha 26 de abril de 2022, en virtud del Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, la competencia aduanera de este Tribunal Fiscal por mayoría -el suscripto no participó del referido Acuerdo por encontrarse en uso de licencia- acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
IV. Que, por ende, teniendo en expresa consideración lo ordenado en el referido artículo 151 de la ley 11.683, y sin perjuicio de la opinión en contrario sostenida por el suscripto in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA” (EX-2020-24711043- -APN-SGASAD#TFN), del 22 de diciembre de 2021 y “Bunge Argentina S.A” (Expte. Nro. 36.695-A), del 7 de febrero de 2022, entre muchos otros, a los fines de la resolución de la litis resulta plenamente aplicable la posición legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, en tanto la operatoria dispuesta por la normativa impugnada en autos, que fijara derechos de exportación a las posiciones arancelarias allí estipuladas resulta similar, mutatis mutandi, a aquella establecida en el Decreto Nro. 793/2018, cuya validez ha sido expresamente receptada en la doctrina plenaria de referencia, por lo que resulta ajustado a derecho confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso no hacer lugar al pedido de devolución de $ 830.162,37 formulado por la firma recurrente, en relación a la destinación involucrada en autos.
V. Que atento a que se resuelve en base a una decisión Plenaria de este Tribunal y a la complejidad de la cuestión debatida en virtud de la cual las partes pudieron considerarse con derecho a litigar, corresponde imponer las costas por su orden.
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar la Resolución aduanera apelada en autos.
2. Costas por su orden.
ASÍ LO VOTO.-
El Dr. Soria dijo:
I. Me remito a los considerandos I a IV del voto del Dr. González Palazzo.
II. Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -61/17-, en cuanto rechaza la solicitud de devolución de derechos de exportación interpuesta por la firma LDC ARGENTINA S.A., se ajusta a derecho.
La actora solicita la devolución de la suma de $108.282,05, que según refiere habría abonado en demasía con relación al permiso de embarque (PE) 10052EC01002538F. Mediante tal PE documentó la exportación de mercadería ubicada en la PA 1001.90.90.110B –A granel, con hasta 15% de embolsado (Ley 21.453) Trigo Pan. Los demás - Los demás: TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLÓN)- abonando los derechos de exportación establecidos por la resolución conjunta (MEyFP) 26/08 y 28/08 (BO:
23.12.08. que fijó, para esa PA, una alícuota del 23% (Ver art. 1 y Anexo de la referida de la resolución). De modo liminar, cabe precisar que las exportaciones de autos se encuentran gobernadas por la ley 21.453, con lo cual su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la alícuota vigente a la fecha de cierre de venta -10.11.09 para el PE de autos- conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La actora cuestiona la validez de todas las resoluciones, por los fundamentos que expone, que remiten al precedente de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388) del 15.04.14. En esta línea, manifiesta que la única normativa que tuvo refrenda legislativa -y sería por ende constitucional- fue la resolución ME 35/02 (BO: 08.04.02), que según refiere estableció una alícuota del 20% para la PA objeto de autos.
III.1. Corresponde señalar, en primer lugar, que con posterioridad a la resolución ME 35/02 se dictó la resolución MEyP 10/07 (BO: 12.01.07), que estableció para la PA de autos un derecho de exportación adicional del 4%, llevando la alícuota al 24%. Posteriormente, mediante el decreto 509/07 (BO: 23.05.07) se mantuvo, para la PA de autos, el derecho de exportación adicional creado por la mencionada resolución MEyP 10/07, fijándose en consecuencia una alícuota de derechos de exportación del 24% (Ver art. 16 y Anexo XIV del referido decreto). Luego se dictó la resolución 369/07 (BO: 09.11.07), que estableció para la PA de autos una alícuota de derechos de exportación del 28%. Posteriormente, se pretendió implementar las llamadas alícuotas móviles –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 125/08 (BO: 12.03.08)-, y luego variables –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 64/08 (BO: 02.06.08)-. Más tarde, se dictó la resolución 182/08 (BO: 21.07.08), mediante la cual se restableció para la PA de autos la alícuota de derechos de exportación del 28% que había sido establecida por la mencionada resolución 369/07. Sobre la validez constitucional del iter normativo descripto precedentemente, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema en “Camaronera Patagónica”, esta Sala E se ha expedido, de modo unánime, en la causa “LDC ARGENTINA S.A. c/Dirección General de Aduanas s/apelación” Expte. 38.204-A (sentencia que puede verse en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2023/04/EXPTE- N%C2%B038.204- A.pdf), a cuyos fundamentos remito y los cuales se consideran integrando la presente sentencia.
En lo que aquí interesa, tal decisorio ratifica que la resolución (MEyP) 369/07 (BO: 09.11.07) –posterior al decreto 509/07 (BO: 23.05.07)- posee una validez constitucional que se remonta al 16.01.08, oportunidad en la cual fue inequívocamente ratificada por la ley 26.351, en cuanto tuvo como fin asegurar la recaudación del aumento de alícuotas dispuesto por la mencionada resolución (ver puntos VI.2., VI.3. y VI.4. del citado fallo).
Dicha vigencia y validez legal de la alícuota del 28% establecida por la resolución MEyP 369/07 fue ininterrumpida, salvo en el periodo en que se implementaron las llamadas alícuotas móviles (resoluciones - MEyP- 125/08 y 64/08, de reconocido rechazo legislativo), siendo reestablecidas por la resolución 182/08; esto último como consecuencia del dictado del decreto 1176/08 (BO: 21.07.08), que cristalizó la voluntad del Congreso de rechazar la resolución 125/08 para retornar al régimen de alícuotas previo. En conclusión, la alícuota del 28% establecida por la resolución 369/07 para la mercadería ubicada en la PA de autos posee validez constitucional y legal desde el 16.01.08 y hasta el 23.12.08 (salvo el período de alícuotas móviles de la resolución 125/08), fecha la última en la cual la resolución conjunta (MEyFP) 26/08 y 28/08 fijó una alícuota del 23%, reduciendo la del 28 %.
Cabe destacar que por los fundamentos expuestos en el referido precedente de esta Sala E “LDC ARGENTINA S.A.” Expte. 38.204-A (https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wpcontent/uploads/2023/04/EXPTE-N%C2%B038.204 -A.pdf) las resoluciones 369/07 y 182/08, como la alícuota del 28 % -previas a la resolución conjunta (MEyFP) 26/08 y 28/08- son constitucionalmente válidas, en tanto cumplieron con el test de constitucionalidad fijado por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica” del 15.04.14.
III.2. Dicho lo anterior, la resolución conjunta (MEyFP) 26/08 y 28/08 -impugnada en estos autosredujo la alícuota establecida para la PA de autos del 28% (constitucionalmente válida conforme los fundamentos expuestos supra, al haber sido fijada por las resoluciones 369/07 y 182/08) al 23% -alícuota efectivamente abonada por la actora-. Siendo ello así no se advierte en el caso ninguna afectación al derecho de propiedad de la actora.
Por el contrario, para que se vea afectado dicho derecho -por violación al principio de legalidad en materia tributaria- se requiere una incidencia lesiva del Poder Ejecutivo sobre tal derecho. En el caso tenemos una alícuota constitucional y legal previa -del 28 %- que, con la resolución impugnada, fue reducida por el PEN al 23 %, beneficiando así a la actora que vio disminuida su carga tributaria de aquella que legalmente percibía el Poder Ejecutivo.
La intervención del Congreso para modificar alícuotas de derechos de exportación no resulta ineludiblemente exigible -en general y respetando siempre el principio de igualdad- cuando tal modificación -o el de otro elemento esencial del tributo- no incide o lesiona el derecho de propiedad de los contribuyentes afectados por tal modificación. Es lo que sucede en este caso, donde el Poder Ejecutivo - unilateralmente- redujo la alícuota y la carga tributaria consecuente que el contribuyente pagaba. En el caso, el derecho de propiedad del contribuyente, por efecto de la reducción de alícuotas legales, pasó a gozar de una mayor plenitud, expandiéndose respecto de la medida en la que -legalmente- estaba afectado previo a la intervención del Poder Ejecutivo; el Poder Ejecutivo alivió su carga fiscal con el dictado de la resolución conjunta (MEyFP) 26/08 y 28/08. En consecuencia, corresponde rechazar los agravios expuestos por la actora respecto de la denegatoria de la repetición que intentó -por ser defectuoso su planteo jurídico- y confirmar la resolución apelada.
IV. Sin perjuicio de lo expuesto, a los fines de alcanzar la mayoría necesaria para dictar sentencia, y coincidiendo la resolución sustantiva propiciada por mi voto con la solución dispositiva -prescindente de todo examen constitucional- del plenario del tribunal del 26.04.22, voto, en los mismos términos que el Dr. Garbarino, por su aplicación imponiendo las costas por su orden.
V. Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Confirmar la resolución 61/17 (SDG OAI), dictada en el marco de las actuaciones administrativas 12542-4389-2014.
2. Imponer las costas por su orden.
Así lo voto.-
Que, en virtud de los votos que anteceden, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N° 61/2017 (SDG OAI), recaída en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12542-4389-2014.
2. Imponer las costas por su orden.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo (Vocal Titular de la Vocalía de la 17a Nominación), Pablo A. Garbarino (Vocal Titular de la Vocalía de la 16a Nominación) y Juan M. Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a Nominación).
Date: 2026.04.30 12:51:36 ART Date: 2026.04.30 18:13:33 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.05.04 16:29:01 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.04 16:29:31 -03:00
Fin de la sentencia