Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2021-40155882-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 67/21 (AD ROSA) dictada en el Expte. Administrativo SIGEA 12542-3980-2013.
2Imponer las costas por su orden
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-68667832-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 1 de Julio de 2024 APN-SGASAD#TFN TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez Y Miguel N. Licht (como subrogante por encontrarse vacante la Vocalía 14ª) con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados “LDC Argentina S.A. c/DGA s/RECURSO DE APELACIÓN”
EX-2021-40155882- -APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: La firma LDC Argentina S.A. se presenta e interpone recurso de apelación contra la resolución 67/21 (AD ROSA) dictada por el Administrador de la Aduana de Rosario en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12542-3980-2013. Mediante tal resolución se resolvió rechazar la solicitud de devolución de derechos de exportación supuestamente pagados en demasía, por un monto total de $74.923,20, en relación a la destinación de exportación 08052EC01008957A. Explica que con motivo de la exportación de autos se vio obligada a tributar la alícuota aplicada por el SIM, la que fue del 24% de conformidad con lo establecido por la resolución MEyP 10/07. Manifiesta que tal resolución y sus modificatorias son inconstitucionales por ser contrarias al principio de legalidad en materia tributaria, lo que según indica habría sido confirmado por la CSJN en el fallo “Camaronera Patagónica S.A.”.
Aclara que el recurso solo comprende las sumas ingresadas por encima de la alícuota del 20% fijada por la resolución ME 35/02, atento a que tal resolución si obtuvo aprobación legislativa. Se expresa sobre el marco normativo aplicable, haciendo un raconto de la evolución normativa en cuanto a los derechos de exportación fijados para la mercadería objeto de autos, concluyendo que ninguna de las resoluciones dictadas con posterioridad a la resolución ME 35/02 tuvo ratificación legislativa posterior a través de una ley formal. Sostiene que los derechos de exportación son impuestos y rige a su respecto el principio de legalidad en materia tributaria, que reserva al poder legislativo la facultad para crearlos.
Cita doctrina y jurisprudencia que hace a su derecho. Luego, refiere puntualmente a la inconstitucionalidad de las resoluciones 10/07, 368/07, 369/07, 125/08, 64/08 y 182/08, indicando que al momento de registrarse la DJVE objeto de autos ninguna de ellas había merecido ratificación legislativa, por lo que no correspondía el pago del incremento de los derechos de exportación por encima del 20%. Agrega que ninguna de las normas invocadas en los considerandos de dichas resoluciones contenía una clara política legislativa sobre las alícuotas a aplicar y cita nuevamente jurisprudencia. Realiza su interpretación sobre el fallo Camaronera Patagónica S.A., detallando su alcance e implicancias y explicando que la fecha a partir de la cual finaliza la cobertura legal de la legislación delegada es el 24.08.06.
Indica que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de la Producción no son los órganos competentes para fijar derechos de exportación, ya que aun en los supuestos donde se admita la delegación legislativa ella debe recaer en el presidente de la nación, quien no puede transferir el ejercicio de dicha facultad delegada a otros funcionarios. Sostiene que este tribunal es competente para declarar la inconstitucionalidad planteada en el caso, desde que la CSJN ya se ha pronunciado al respecto en sentido favorable a su pretensión. Impugna la tasa de interés en pesos, realiza sus conclusiones, ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Contestación de la Aduana: Previo emplazamiento, el Fisco se presenta y contesta el traslado conferido (IF-2021- 61704041-APN-DTD#JGM). Efectúa una breve reseña de los hechos y realiza la negativa de rigor. Cita los artículos 724, 725 y 755 del CA. Sostiene que la interpretación del precedente “Camaronera Patagónica S.A.” realizada por la actora es errónea y no recepta un análisis completo de dicha sentencia. Agrega que en el caso de autos estamos frente a una norma presidencial que de forma razonable ejerció una atribución expresamente reconocida poder ejecutivo, y que dicha norma fue luego sometida al escrutinio legislativo mediante el procedimiento previsto en la ley 26.122, en el marco del cual fue mantenida en su vigencia y validez desde el mismo momento en que fue publicada, de acuerdo a la interpretación armónica de los art. 17 y 24 de la mencionada ley. Recuerda que la CJSN se ha expedido sobre el establecimiento de aranceles para mercaderías que se importen o exporten a países miembros del MERCOSUR en el precedente “Whirlpool Puntana S.A.”, el que cita y transcribe. Luego, sostiene que por imperio del art. 1164 del CA este tribunal tiene vedado expedirse sobre el planteo de inconstitucionalidad de la actora. Plantea la falta de legitimación activa, toda vez que la actora no demostró haber efectivamente abonado los derechos de exportación, dado que en ningún momento probó no haber trasladado el precio de los derechos a los terceros involucrados en la operación de compraventa de la mercadería exportada. En cuanto al planteo de intereses, solicita se aplique lo previsto por los arts. 811 y 812 del CA. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva de caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Proceso ante el Tribunal Fiscal: El 14.07.21 se tiene por contestado el traslado, por acompañadas las actuaciones administrativas y se abre la causa a prueba. El 27.08.21 se agrega la respuesta al oficio de parte del Banco de la Nación Argentina. El 31.08.21 la actora agrega la respuesta al oficio por parte del BCRA, de la cual se corre vista al Fisco el 06.09.21.El 14.06.24 se clausura el período probatorio. El 18.06.24 se elevan los autos a la Sala “E”. El 25.06.24 se resuelve no poner los autos a alegar y el 28.06.24 se llaman los autos a sentencia.
IV. Procedimiento ante la Dirección General de Aduana: Las actuaciones administrativas SIGEA 12542-3980-2013 se inician con la interposición de la acción de repetición por parte de LDC Argentina S.A., en fecha 19.12.2013, a fin de obtener la restitución de las sumas que considera abonadas en exceso en concepto de derechos de exportación (fs. 1/22). A fs. 34 se tiene por iniciado el procedimiento de repetición y se ordena que se agregue el sobre contenedor de la destinación de exportación 08052EC01008957A. A fs. 37/44 se agregan impresiones de pantalla de la DDT objeto de autos, obtenidas a través del SIM, atento a que no se ha logrado obtener el sobre contenedor OM-2133 de la declaración detallada. A fs. 45 obra comprobante de pago de liquidación manual. A fs. 46 obra listado de afectación de depósitos. A fs. 47 se informa que por la destinación de autos la actora ingreso la suma de $449.539,20 en concepto de derechos de exportación. A fs. 50/52 obra dictamen 83/17 (DV RJU2), que concluye que correspondería no hacer lugar a lo peticionado. A fs. 59/60 obra la resolución 67/21 (AD ROSA), apelada en autos y que rechaza la solicitud de devolución intentada.
V. Decisión del caso: Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -67/21 (AD ROSA)-, en cuanto denegó la devolución de las sumas pretendidas por la firma LDC Argentina S.A. en concepto de diferencia de derechos de exportación abonados con relación al PE 08052EC01008957A, se ajusta a derecho.
Mediante dicho PE la actora documentó la exportación de mercadería ubicada en la PA 2304.00.10.200G –Pellets (Ley 21.453). Harina y “pellets” TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE SOJA (SOYA), INCLUSO MOLIDOS P EM “PELLETS”- abonando los derechos de exportación establecidos por el decreto 509/07 que fijó, para esa PA, una alícuota del 24% (Ver art. 16 y Anexo XIV del referido decreto). De modo liminar, cabe precisar que la exportación de autos se encuentra gobernada por la ley 21.453, con lo cual su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la alícuota vigente a la fecha de cierre de venta -20.09.07 para el PE de autos que luce a fs. 20/21 de las act. adm.- conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La alícuota aplicada automáticamente por el SIM fue pues, para tal fecha, la del 24%, del decreto 509/07 –conforme el art. 16 y su Anexo XIV-, publicado en el Boletín Oficial el 23.05.07, en el que está incluida la PA 2304.00.10.200G. La actora cuestiona la validez de toda la normativa dictada con posterioridad a la resolución ME 35/02, por los fundamentos que expone, que remiten al precedente de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388) del 15.04.14. En esta línea, manifiesta que la única normativa que tuvo refrenda legislativa -y sería por ende constitucional- fue la mencionada resolución ME 35/02 (BO: 08.04.02), la cual según refiere estableció una alícuota del 20% para la PA objeto de autos.
V.1. Corresponde señalar, en primer lugar, que con posterioridad a la resolución ME 35/02 se dictó la resolución MEyP 10/07 (BO: 12.01.07), que estableció para la PA de autos un derecho de exportación adicional del 4%, llevando la alícuota al 24%. Posteriormente, mediante el decreto 509/07 (BO: 23.05.07) se mantuvo, para la PA de autos, el derecho de exportación adicional creado por la mencionada resolución MEyP 10/07, fijándose en consecuencia una alícuota de derechos de exportación del 24% (Ver art. 16 y Anexo XIV del referido decreto).
En segundo lugar, es necesario resaltar que tanto al momento del dictado de la resolución MEyP 10/07 como del decreto 509/07 se encontraba ya vigente la ley 26.122 (BO: 28.07.06). Dicha ley tiene por objeto regular el trámite y la intervención del Congreso respecto de los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa bajo la previsión del art. 76 de la Constitución (art. 1). El Capítulo II regula la delegación legislativa. Su art. 11 establece que "las bases a las cuales debe sujetarse el poder delegado no pueden ser objeto de reglamentación por el Poder Ejecutivo" y el art. 12 dispone que el "Poder Ejecutivo, dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente". En lo que interesa el art. 22 establece que las Cámaras se pronunciaran respecto de la aprobación o rechazo de las normas delegadas mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de la legislación delegada debe ser expreso (conf. art. 82 de la Constitución). El sistema constitucional, en su regulación por la ley 26.122, establece un mecanismo de intervención del Congreso —de aprobación o rechazo- a posteriori del dictado de las normas delegadas por parte del PEN. De tal modo, el art. 76 de la Constitución –que establece los requisitos de validez inexcusables que debe revestir la legislación delegante- tiene una contrapartida en la regulación constitucional de la ulterior intervención del mismo Congreso (art. 99 inc. 3 último párrafo in fine mediante la ley que allí se prevé) de control de la legislación delegada dictada por el PEN. El Congreso que previamente delega sus facultades legislativas luego controla su ejercicio por el PEN. Se señala que nada de lo anterior exime al PEN de legislar bajo modalidad delegada prescindiendo de las exigencias claras del art. 76 de la Constitución: ley delegante previa, que contenga las bases de la delegación, con plazo para su ejercicio.
En tercer lugar, no puede dejar de señalarse la relevancia que tiene en autos la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388), sentencia del 15.04.14, en cuanto establece el estándar jurisprudencial de ratificación por el Congreso de una norma delegada nula de nulidad absoluta e insanable por inexistencia de norma delegante o, de existir, incumplimiento de los requisitos del art. 76 de la Constitución.
V.2. A la luz de lo expuesto supra es que corresponde resolver la controversia de autos.
Específicamente, véase que las normas delegantes de facultades que se invocan, tanto para el dictado de la resolución MEyP 10/07 (De modo genérico el CA, el decreto 2275/94 y sus mod. y el decreto 2752/91) como para el dictado del decreto 509/07 (art. 99 incs. 1 y 2 del art. 99 de la Constitución, arts. 11 apartado 2 y 12 del CA y el art. 6 de la ley 25.561) que deberían haber habilitado al Poder Ejecutivo Nacional a aumentar las alícuotas para las exportaciones de la mercadería objeto de autos, son normas que, prima facie, no superarían el test del art. 76 de la Constitución -materia delegable, clara política legislativa, con plazo para su ejercicio-.
Así, la resolución MEyP 10/07 y el posterior decreto 509/07 no se dictaron con base en una delegación constitucionalmente válida de facultades legislativas, conforme la jurisprudencia de Fallos: 337:388 (“Camaronera Patagónica”). En consecuencia, las alícuotas incrementadas por dichas normativas, padecerían el vicio de nulidad absoluta e insanable que embargaría a la mencionada resolución y al referido decreto (conf. Camaronera Patagónica, considerandos 9º, 10º y 11). Tal vicio de nulidad -absoluta e insanable- del decreto delegado 509/07 –que mantiene las alícuotas establecidas por la resolución MEyP10/07- pudo purgarse, en los términos del estándar de ratificación del precedente Camaronera (considerando 11) y bajo el procedimiento de la ley 26.122 (supra V.1.), por una intervención ratificatoria del Congreso, que tendría solamente efecto futuro desde la ratificación. El decreto delegado 509/07 fue, efectivamente, sometido a la aprobación parlamentaria de la ley 26.122. Así fue declarado válido por resolución del Senado de la Nación del 22.08.07 y por resolución de la Cámara de Diputados del 28.11.07.
Bajo el estándar constitucional del considerando 11 del fallo “Camaronera”, aplicado al procedimiento de la ley 26.122 y al trámite seguido en el Congreso respecto al decreto delegado 509/07, puede decirse que su ratificación solamente tuvo la virtualidad de purgar el vicio originario de nulidad que padecía -relativa a aumentar las alícuotas de derechos de exportación- recién al completarse la intervención de las dos cámaras del Congreso, adquiriendo validez constitucional y vigencia también desde ese momento. En el caso ello ocurrió el 28.11.07 con la aprobación del decreto 509/07 por la Cámara de Diputados. Bajo el considerando 11 del Fallo “Camaronera” recién desde esa fecha habrían adquirido legalidad constitucional las alícuotas incrementadas de derechos de exportación del decreto 509/07 y ello solamente con efecto futuro, jamás retroactivo.
En consecuencia, bajo tal estándar de ratificación de “Camaronera” el decreto delegado 509/07 recién habría adquirido rango legal -en cuanto al aumento o en este caso sostenimiento de las alícuotas de derechos de exportación sobre las PA que dispuso- el 28.11.07, fecha posterior a la de cierre de venta en el caso de marras -20.09.07- que es la que se debe considerar para determinar la alícuota de derechos de exportación aplicable (art. 6 de la ley 21.453).
Por ello, a la fecha de cierre de venta -20.09.07-, y hasta la aprobación del decreto delegado 509/07 por la Cámara de Diputados bajo la ley 26.122 -28.11.07-, las alícuotas emergentes de la resolución MEyP 10/07 y el decreto 509/07, aplicadas por el SIM en autos, debían considerarse como aplicadas con base en una norma nula de nulidad absoluta e insanable, conforme el art. 76 de la Constitución y bajo la jurisprudencia “Camaronera Patagónica” de la Corte (considerandos 9º, 10º y 11), por lo que el reclamo de la actora deviene legítimo.
VI. Inaplicabilidad del plenario del tribunal del 26.04.22: A todo evento se señala que por los fundamentos expuestos en mi voto en la causa “RIVARA S.A.” (EX-2020-91669654- -APN-SGASAD#TFN) del 19.10.22, a los que se remite, no resulta aplicable al presente caso el plenario de este tribunal del 26.04.22. Ello sin perjuicio de destacar que, en este caso, el propio PEN había asumido que carecía de facultades constitucionales para fijar alícuotas de derechos de exportación, remitiendo el decreto delegado 509/06 para su ratificación por el Congreso bajo el procedimiento de la ley 26.122.
VII. Costas: En relación a las costas, deben imponerse en el orden causado atento las particularidades de la cuestión debatida y no haberse resuelto la disputa con base en argumentos expuestos por las partes (art. 1163 del CA).
VIII. Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Revocar la resolución 67/21 (AD ROSA) dictada por el Administrador de la Aduana Rosario en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12542-3980-2013 y hacer lugar a la devolución de Pesos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Veintitrés con 20/100 ($74.923,20), con más los intereses de los arts. 811 y 812 del Código Aduanero que deberán calcularse desde el 19.12.13, fecha en que la actora presentó su reclamo hasta la fecha del pago efectivo y total.
2. Imponer las costas por su orden.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos expuestos en los Considerandos I al IV del Voto del Dr. Juan Manuel Soria.
II. Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -67/21 (AD ROSA)-, en cuanto denegó la devolución de las sumas pretendidas por la firma LDC Argentina S.A. en concepto de diferencia de derechos de exportación abonados con relación al PE 08052EC01008957A, se ajusta a derecho.
Mediante dicho PE la actora documentó la exportación de mercadería ubicada en la PA 2304.00.10.200G –Pellets (Ley 21.453). Harina y “pellets” TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE SOJA (SOYA), INCLUSO MOLIDOS P EM “PELLETS”- abonando los derechos de exportación establecidos por el decreto 509/07 que fijó, para esa PA, una alícuota del 24% (Ver art. 16 y Anexo XIV del referido decreto, publicado en el Boletín Oficial el 23.05.07, en el que está incluida la PA 2304.00.10.200G.).
La actora cuestiona la validez de toda la normativa dictada con posterioridad a la Resolución ME Nro. 35/02, por los fundamentos que expone, que remiten al precedente de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388) del 15.04.14. En esta línea, manifiesta que la única normativa que tuvo refrenda legislativa -y sería por ende constitucional- fue la mencionada Resolución ME 35/02 (BO: 08.04.02), la cual según refiere estableció una alícuota del 20% para la PA objeto de autos.
III. Atento los diversos planteos efectuados por la recurrente, corresponde en este punto dejar sentado que conforme lo dispuesto en el artículo 1164 del C.A., el Tribunal Fiscal de la Nación no puede pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, salvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiera declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso este Tribunal podrá seguir la interpretación del Alto Tribunal.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la fecha, no se ha pronunciado respecto a la inconstitucionalidad del Decreto N° 509/07, ni tampoco resulta aplicable –ver fundamentos en el punto XI “infra”- el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388), por lo que a su respecto corresponde rechazar el planteo efectuado por la recurrente.
IV. Aclarado ello, y avanzando en la cuestión de fondo planteada en autos, corresponde en primer lugar señalar que conforme surge de la documental incorporada en autos, en el PE 08052EC01008957A, el exportador hizo uso de la ventaja “AUTOLIQLIBREEXP” en virtud de la cual es el propio exportador quien declara y establece el porcentual de derechos de exportación que corresponde abonar, en el caso de autos, el 24%, por lo que mal puede atribuir al sistema MALVINA, como pretende, que este le impuso el Derecho de Exportación a abonar.
La 'AUTOLIQUIDACION' es un mecanismo que se incluye en el S.I.M. a efectos de permitir a los documentantes usuarios del mismo, registrar en el Sistema una gama de operaciones aduaneras de Exportación. El principio de esta transacción es permitir que los documentantes, puedan efectuar las declaraciones, registrando autoliquidaciones realizadas por ellos mismos de las bases imponibles de cálculo, Derechos de Exportación y demás Tributos y eventuales Beneficios a la Exportación, que recaigan sobre la operación que se está registrando.
Siendo obligatoria la intervención de las UTV en los registros efectuados a través de la autoliquidación (están excluidos del Canal Verde de Selectividad), resulta responsabilidad de las mismas el control de la constitución de las bases imponibles de cálculo, las liquidaciones tributarias y de eventuales Beneficios a la Exportación fijadas por el documentante y de la presentación de la totalidad de la documentación que resulte exigible en orden a la operación realizada, todo lo cual deberá estar acorde a la normativa en vigencia.
En consecuencia, el 24% del Derecho de Exportación abonado por el documentante, fue por él determinado y declarado, en el entendimiento que es el porcentual que correspondía conforme a derecho.
Dicho ello, y atento que con posterioridad a su auto liquidación el exportador entiende que se equivocó y abonó un derecho de exportación distinto al que correspondía, plantea su repetición, por lo que corresponde en esta instancia analizar la pertinencia y legalidad de los importes abonados.
Para ello, corresponde tener presente que mediante la Resolución ME 35/02 se estableció un derecho de exportación del 20% para la mercadería objeto de autos (circunstancia que la actora no controvierte) y posteriormente se dictó la Resolución MEyP 10/07 (BO: 12.01.07), que estableció para la PA de autos un derecho de exportación adicional del 4%, llevando la alícuota al 24%. Posteriormente, mediante el Decreto 509/07 (BO: 23.05.07) se mantuvo, para la PA de autos, el derecho de exportación adicional creado por la mencionada Resolución MEyP 10/07, fijándose en consecuencia una alícuota de derechos de exportación del 24% (Ver art. 16 y Anexo XIV del referido decreto).
Que el Congreso de la Nación, con fecha 28/11/2007, declaró la validez del Decreto 509 de fecha 15 de mayo de 2007. Que en forma paralela y atento las circunstancias económicas concomitantes, el 10 de noviembre de 2007 entró en vigencia la Resolución 368/2007 del Ministerio de Economía y Producción, que sustituyó el Anexo XIV del decreto 509/07 antes mencionado, y elevó al 32 % la alícuota de derechos de exportación para la mercadería objeto de estos obrados.
V. Que el Decreto 509/07 se dictó en ejercicio de las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por los incisos 1 y 2 del Artículo 99 de la CONSTITUCION NACIONAL, por los Artículos 11, apartado 2 y 12 de la Ley Nº 22.415 (Código Aduanero) y por el art. 6º de la Ley de Emergencia Nº 25.561 con sus prórrogas –leyes 25.972 (BO: 17.12.04); 26.077 (BO: 10.01.06); 26.204 (BO: 20.12.06); 26.339 (BO: 04.01.08); 26.456 (B0: 16.12.08); 26.563 (B0: 22.12.09); 26.729(B0: 28.12.11); 26.896 (BO: 22.10.13) y 27.200 (BO: 04.11.15)- y en las leyes 26.217 (BO: 16.01.07) y 26.732 (BO: 28.12.11), la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, el Artículo 2º inciso d), apartado 5) del Decreto Nº 101 de fecha 16 de enero de 1985 y el Artículo 2º del Decreto Nº 645 de fecha 26 de mayo de 2004, plexo normativo y demás leyes que fueron prorrogándose en la emergencia económica hasta el mes de enero del año 2017, con un intervalo que duró hasta el dictado del decreto 793/18 el 4 de septiembre de 2018, ratificado por ley 27.467 del Congreso de La Nación con vigencia hasta finales del año 2020.
La ley 25.561 (BO: 07.01.02) fue prorrogada en su vigencia hasta el 31.12.17 mediante las leyes 25.972 (BO: 17.12.2004); 26.077 (BO: 10.01.2006); 26.204 (BO: 20.12.2006); 26.339 (BO: 04.01.2008); 26.456 (BO: 16.12.2008); 26.563 (BO: 22.12.2009); 26.729 (BO: 28.12.2011); 26.896 (BO: 22.10.13) y 27.200 (BO: 04.11.15). En consecuencia, al momento del dictado del decreto 509/07 las condiciones de emergencia determinadas por la ley 25.561 no habían variado para el Congreso de la Nación.
En tal sentido, durante un periodo de 15 años desde su creación y mediante sus sucesivas prórrogas existió una indubitable y clara voluntad del Congreso de gravar con derechos de exportación a las operaciones de este tipo. Del mismo modo, el Congreso de la Nación, tanto en la ley 26.217 como en la 26.732, además de crear y prorrogar por cinco años el impuesto a la exportación que había creado, delegó en el PEN -por cada una de esas leyes- las facultades para establecer las alícuotas correspondientes (art. 6 de la ley 25.561 y art. 1 de las leyes mencionadas), así como ratificó y ordenó expresa y nominalmente la continuación en vigencia de las normas delegadas dictadas previamente por el PEN que fijaban las alícuotas de los derechos (art. 2 de ambas leyes, 26.217 y 26.732) en base precisamente a las normas delegantes mencionadas en primer término (arts. 6 de la ley 25.5.61 y arts. 1 de las leyes 26.217 y 26.732).
Las regulaciones legales del Congreso enunciadas en el párrafo anterior, especiales y específicas, se dispusieron además sin perjuicio del régimen general de delegación legislativa de la ley constitucional 26.122 (sancionada por el Congreso conforme la manda del art. 99 inc. 3 cuarto párrafo de la Constitución), vigente desde el 28.07.06 para todas las normas delegadas dictadas por el PEN -es decir previo al dictado del decreto 509/07 cuestionado en autos- y cuyos fundamentales arts. 17 y 24 establecen la vigencia de las normas delegadas dictadas por el PEN desde su entrada en vigencia y hasta su ratificación o derogación por parte del Congreso. En caso de ratificación de la norma delegada por el Congreso, tal ratificación tiene efecto retroactivo y aún en el caso de su derogación, los efectos de tal acto derogatorio son prospectivos.
La ley 25.561 (BO: 07.01.02) en cuanto declaró la emergencia cambiaria que motivó la creación por el Congreso del derecho de exportación y la delegación en el Poder Ejecutivo de las facultades legislativas para fijar las alícuotas, fue prorrogada por el Congreso mediante las leyes 25.972 (BO: 17.12.2004); 26.077 (BO: 10.01.2006); 26.204 (BO: 20.12.2006); 26.339 (BO: 04.01.2008); 26.456 (BO: 16.12.2008); 26.563 (BO: 22.12.2009); 26.729 (BO: 28.12.2011); 26.896 (BO: 22.10.13) y 27.200 (BO: 04.11.15) que extendió su vigencia hasta el 31.12.17. En consecuencia, al momento del dictado del decreto 509/07 las condiciones de emergencia cambiaria determinadas por la ley 25.561 no habían variado para el Congreso de la Nación, extendiéndose hasta el año 2017.
VI. Que la exportación a consumo de este tipo de mercadería (clasificable en la PA 2304.00.10.100B), se encuentra gobernada por la ley 21.453, con lo cual, su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la alícuota vigente a la fecha de cierre de venta, esto es: 20.09.07, para el PE de autos, conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La alícuota derterminada en el SIM fue para tal fecha, la del 24% conforme el decreto 509/07 que contó con el posterior aval del Congreso y las resoluciones del ME que modificaron los derechos de exportación de determinadas mercaderías, Todo ello con posterioridad a las Resoluciones 11/02 y 35/02.
VII. Que en relación a las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación corresponde estarse a la doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683) fijada con fecha 26/04/2022, por este Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en donde por mayoría se acordó lo siguiente: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.”.
VIII. Que en relación a la presunta vulnerabilidad del Principio de Reserva Legal planteado por la recurrente, debemos tener presente que al momento de los hechos de autos -y en la actualidad-, estas normas constitucionales interactuaban en forma conjunta al declarar la “vigencia” de la ley 22.415, ha declarado, en consecuencia, la vigencia de las delegaciones en ella dispuestas, y en los términos en ella consignados, y fundamentalmente, con la ley 26.122 (publicada en el Boletín Oficial con fecha 28-07-2006) que, precisamente, ha establecido un mecanismo adecuado de control y aprobación “a posteriori” (con posterioridad) del Congreso de la Nación, de los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades delegadas.
Al respecto, tiene dicho la C.S.J.N. que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, a la vez que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. (Conforme doctrina de la Corte Suprema in re: “Ford Motor Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; “Obras Sanitarias de la Nación c/ Emilia Irma Frieboes de Bencich y otro”; “Gowland Acosta, Elena Sauze de c/ Provincia de Córdoba y otros”; entre muchos otros).
La ley 26.122, que se publicó en el Boletín Oficial el 28/07/2006 y que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional como norma vigente a partir del 06/08/2006, es de nuclear importancia para comprender el tratamiento que a partir de esa fecha corresponde dar a los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa, los cuales, a partir de entonces, si bien mantienen la fuerza ejecutoria desde su dictado, se encuentran sometidos al control posterior por parte de la autoridad delegante, el Congreso de la Nación. Es una norma central, que concilia los dos valores en juego: la eficacia de la administración y el principio de legalidad.
La C.S.J.N. tiene dicho que “Las normas de la Constitución y de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines, del modo más beneficioso para la comunidad...”. (CSJN, 1956/04/23: Grisolía, Francisco M. LL, 82, 690) (el subrayado me pertenece).
En el caso de autos, y toda vez que -como se expondrá en los puntos siguientes- el Congreso de la Nación procedió a la ratificación legislativa del Decreto 509/07, en consecuencia, no se ha producido la vulnerabilidad al principio de legalidad o reserva de ley en materia tributaria planteada por la parte apelante.
IX. Que en relación al planteo de la recurrente en cuanto a que el decreto 509/07, las resoluciones del ME 10/07, 367/07, 125/08, 64/08, 182/08 26/08, 28/08 son nulas de nulidad absoluta e insanable y que recién pudieron recobrar virtualidad con el dictado de la ley que las valide, corresponde tener presente las siguientes consideraciones:
Corresponde en primer lugar efectuar una diferenciación y precisión conceptual: una cosa es establecer o fijar una alícuota de un tributo y otra muy distinta es “aprobar” o convalidar una alícuota ya fijada por un órgano competente (por delegación) pero sujeta a aprobación por parte del órgano delegante. Con respecto al primer supuesto, rige el principio de irretroactividad de la ley, es decir, la alícuota fijada solo rige desde su publicación, en cambio, en el segundo supuesto, la alícuota rige desde el dictado de la norma aprobada y no desde su aprobación.
Se trata de normas “condicionadas” o “ad referendum” de su aprobación por parte del órgano delegante investido con tal competencia originaria, pero que gozan de plena fuerza ejecutoria desde su dictado.
El artículo 17 de la ley 26.122, aplicable al caso de autos, establece precisa-mente que los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil (actual Art. 5° del Código Civil y comercial de la Nación), es decir, que son plenamente válidos desde su dictado y publicación, mientras no sean rechazados por el Poder Legislativo.
En otros términos, los Decretos del Poder Ejecutivo, dictados en el ejercicio de facultades delegadas, gozan de plena validez y fuerza ejecutoria desde su dictado, y la misma se mantiene en tanto y en cuanto, el órgano delegante, el Congreso de la Nación, no proceda a su desaprobación o rechazo.
Aclarado ello, corresponde tener presente que la aprobación expresa realizada por el Congreso de la Nación mediante ambas cámaras desde el 28.11.07 del decreto 509/07 resulta suficiente para convalidar su validez, y a posteriori, nada se ha cuestionado.
En definitiva, se ha cumplido con la finalidad procurada por la ley 26.122, esto es, que el Congreso de la Nación apruebe lo actuado en el marco de las facultades delegadas.
En este punto debe tenerse presente que el artículo 18 de la ley 26.122 prevé la intervención de oficio del Congreso de la Nación ante la falta de comunicación por parte del Poder Ejecutivo, por lo que el Congreso se encontraba claramente habilitado para intervenir y convalidar lo actuado.
X. Que además de lo expuesto precedentemente, corresponde tener presente que las cuestiones planteadas en el presente caso, son análogas a lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación en el fallo Plenario comentado “ut supra”, donde se aplicó la siguiente doctrina con fecha 26/04/2022, mediante IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”. Por todo lo expuesto, no corresponde hacer lugar a la nulidad del Decreto N° 509/07 y las Resoluciones del Ministerio de Economía planteada por la parte recurrente.
XI. Por último, corresponde aclarar que no es factible extender -como lo solicita la parte actora- al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388) toda vez que dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso, en donde el Poder Legislativo ha declarado vigentes las facultades delegadas (Ley 26.939), previsto su intervención “a posteriori” del dictado el Decreto Delegado (Ley 26.122) y producida la convalidación legislativa de las alícuotas establecidas por el Poder Ejecutivo, así como los parámetros utilizados para cuantificarlas, estableciendo asimismo, sus topes máximos.
Por todo lo expuesto, resulta indubitable que el Decreto 509/07, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en el ejercicio de las facultades, ha gozado de una clara convalidación por parte del Congreso de la Nación, y en consecuencia, los derechos de exportación en ella fijados, resultan legítimamente exigibles y correctamente abonados al momento de documentarse la exportación a consumo 08052EC01008957A, correspondiendo, en consecuencia, confirmar la Resolución N° 67/21 (AD ROSA) en cuanto deniega la acción de repetición interpuesta por la actora.
XII. En relación a las costas, considero que las mismas deben ser impuesta a la actora vencida en conformidad a lo dispuesto en el art. 1163 del C.A..
Por lo expuesto, VOTO POR:
Confirmar la Resolución N° 67/21 (AD ROSA) dictada en el Expte. Administrativo SIGEA 12542-3980-2013, con costas (art. 1163 del C.A.).
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
I. El voto preopinante sostiene que el plenario del tribunal del 26 de abril de 2022 no es aplicable al caso en cuestión. Para justificar esta posición, argumenta que el caso discutido en el plenario se centraba en un proceso de repetición de impuestos, lo que lo hace inaplicable a los procedimientos determinativos de impugnación. Además, sostiene que la doctrina del plenario se aplica exclusivamente a las leyes, sin que pueda extenderse a los decretos y demás reglamentaciones.
II. En este contexto, es pertinente recordar lo que establece el artículo 1164 del Código Aduanero: "La sentencia no podrá contener pronunciamiento respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiere declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por ese tribunal".
III. A la luz de lo anterior, una simple lectura de la norma citada permite entender que no existe una diferencia de trato entre la ley y los reglamentos, ya que un reglamento se incorpora a la ley que regula y tiene el mismo efecto jurídico (FALLOS:325:645).
IV. En relación con el régimen de nulidad establecido en el artículo 99 inc.3 y 76 de la Constitución Nacional, es crucial no confundir las esferas de competencia del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Es el Congreso el que, mediante un mecanismo específico de control, puede determinar la nulidad absoluta e insanable del decreto de necesidad y urgencia y del decreto delegado. El Poder Judicial, por su parte, siempre examinará la validez de estos decretos en el contexto de un caso concreto, y los efectos de su decisión serán limitados, ya que la declaración de inconstitucionalidad no eliminará los decretos del ordenamiento jurídico, los cuales mantendrán su vigencia para el resto de las personas que no son parte del juicio. Esta realidad ha sido considerada por la Corte Suprema desde sus primeros tiempos (cfr. Fallos: 2:254), al señalar que la discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes y, en general, de los actos de las otras dos ramas del gobierno, no es en sí misma una cuestión sobre la que deben opinar los tribunales nacionales; solo deben hacerlo cuando sea necesario examinar el tema para decidir un caso que verse sobre puntos regidos por la Constitución, los tratados y las leyes nacionales, a petición de una parte interesada.
V. En ese sentido, en una reciente columna de opinión publicada en el diario Clarín ( https://www.clarin.com/opinion/soberania-popular-control-judicial_0_W9RU6l2UoP.html), Andrés Gil Domínguez, profesor de derecho constitucional, expuso su visión sobre el impacto de la reforma constitucional de 1994 en Argentina. Según Gil Domínguez, esta reforma marcó un hito en la legislación argentina. Los Convencionales Constituyentes establecieron de manera inequívoca que el Poder Ejecutivo "no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo". Gil Domínguez explicó que si el Poder Ejecutivo emite un decreto de necesidad y urgencia que no cumple con los requisitos constitucionales establecidos, la consecuencia inevitable es la nulidad absoluta e insanable de dicho decreto. Este es el fundamento del control de nulidad constitucional absoluta. En este sentido, el profesor se pregunta por qué los Convencionales Constituyentes decidieron incorporar esta cláusula en el artículo 99.3 de la Constitución. La respuesta, según él, es que esta reforma asignó al Poder Judicial la crucial tarea de controlar las nulidades constitucionales, resignificando así la noción de “caso” o “controversia” y permitiendo una legitimación procesal especial.
VI. En esa inteligencia, como se puede observar, la opinión del profesor Gil Domínguez coincide con la del vocal preopinante. Ambos parecen sugerir una modificación sustantiva respecto al régimen de control asignado a la justicia sobre las actividades materialmente legislativas del ejecutivo. Esta visión no advierte que una reforma de tal índole, que exima la existencia de un “caso”, no estaba habilitada por el artículo 2° - Núcleo de Coincidencias Básicas - ni, incluso en su interpretación más expansiva, por el artículo 3° - Temas habilitados por el Congreso de la Nación para su Debate por la Convención Constituyente - de la ley 24.309.
Además, es importante recordar que “el primer método de interpretación al que debe acudir el juez es el literal, conforme al cual debe atenderse a las palabras de la ley” (Fallos: 326:4909, entre otros), ya que la claridad de las normas referidas impone apegarse, para la resolución del tema debatido, al principio sostenido reiteradamente por la Corte, según el cual la primera fuente de interpretación de la ley es su letra. No es admisible una interpretación que equivalga a prescindir del texto, pues la exégesis de la norma, aun con el fin de adecuación a garantías y principios constitucionales, debe practicarse sin violar su letra o su espíritu (Fallos: 300:687; 301:958 y 307:928). Efectivamente, el artículo 116 de la Constitución Nacional de Argentina mantiene la misma redacción que el artículo 100 de la Constitución reformada. El artículo 116 establece que corresponde a la Corte Suprema ya los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, las leyes de la Nación, y los tratados con naciones extranjeras, entre otros asuntos. En este sentido, no hay margen de encuentro alguno para considerar que el sistema de control difuso de constitucionalidad, que requiere inexorablemente la existencia de un “caso”, haya sido modificado por la reforma constitucional de 1994.
VII. En ese orden de ideas, debe hacerse notar que no corresponde confundir “nulidad” e “inconstitucionalidad”. La nulidad supone la supresión de la norma del ordenamiento jurídico. Así, cuando un funcionario administrativo competente revoca un acto administrativo de alcance general y/o individual en el marco de un remedio administrativo, lo que hace es eliminar la norma del ordenamiento jurídico. En sentido contrario, el juez también sanciona la irregularidad de una ley y sus normas reglamentarias al declararlas inconstitucionales, pero estas subsisten en el ordenamiento jurídico. Son dos categorías jurídicas conceptualmente disímiles y no son intercambiables entre sí.
VIII. En ese estado de cosas, está claro que la limitación al ejercicio de la competencia del Tribunal Fiscal para declarar la inconstitucionalidad de las leyes tributarias y aduaneras y sus reglamentaciones también se hace extensiva a los decretos de necesidad y urgencia y los decretos delegados. Como ya lo expliqué, permitir declarar la nulidad implicaría habilitarlo a eliminar la norma.
En efecto, si una entidad o persona no tiene la capacidad o autoridad para realizar una acción menor, tampoco la tendrá para realizar una acción de mayor alcance. En otras palabras, "a minori ad maius" , "de lo menor a lo mayor". Precisamente, si una autoridad no tiene competencia para realizar una acción de menor envergadura, mucho menos la tendrá para realizar una acción de mayor envergadura. Por ejemplo, si un tribunal no tiene la competencia para declarar la inconstitucionalidad de un reglamento de ejecución, tampoco la tendrá para declarar la nulidad de una norma de mayor importancia como un decreto delegado o un decreto de necesidad de urgencia. Este principio se fundamenta en la lógica de que las capacidades y competencias se construyen de manera incremental. Si no se puede realizar una acción básica, es lógico suponer que no se puede realizar una acción más compleja o de mayor alcance. En términos jurídicos, esto se traduce en la necesidad de respetar los límites de competencia establecidos por la ley. Sucede que siempre debe indagarse el verdadero alcance de la norma, mediante un examen que otorgue pleno efecto a su finalidad (Fallos: 342:667) y que consulte su racionalidad, no de una manera aislada o literal, sino computando la totalidad de sus preceptos de manera que guarden debida coherencia (Fallos: 323:3289, considerando 4° y sus citas, entre otros).
IX. Respecto de que la sentencia plenaria no constituye una unidad lógica-jurídica, al margen del acierto u error del argumento, no advierte el voto preopinante que este Tribunal no tiene posibilidad alguna de convocar a conjueces porque esa situación no está prevista. La única manera entonces de resolver una eventual divergencia de fundamentos entre los vocales es someter la cuestión escindiendo las cuestiones, pues no hay otro modo de proceder legalmente contemplado que permita superar la situación de atolladero institucional que se verificaría cuando la mayoría absoluta no concordare con la decisión de todas las cuestiones que exigen la solución del conflicto. Esta situación ha sido abordada en la jurisprudencia, como se observa en Fallos: 343:1923.
En este contexto, es importante recordar que la interpretación de las normas debe otorgar pleno efecto a su finalidad y racionalidad, considerando la totalidad de sus preceptos para mantener la coherencia normativa (Fallos: 342:667; 323:3289).
X. En relación al agotamiento de la doctrina del fallo plenario a las acciones de repetición, no puedo compartir esa tesitura, habida cuenta de que no logra explicarse cuál es la incidencia sobre sus alcances en relación a la modalidad recursiva.
XI. Así las cosas, encuentro que las cuestiones planteadas en el presente caso, son análogas a lo resuelto en el Plenario citado por lo que corresponde mantener la resolución apelada en autos.
XII. En virtud de lo expuesto considero que corresponde confirmar la resolución apelada, imponiendo las costas por su orden, por la complejidad de la cuestión.
Por ello VOTO POR:
Confirmar la Resolución N° 67/21 (AD ROSA) dictada en el Expte. Administrativo SIGEA 12542-3980-2013, con costas por su orden.
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE
1. Confirmar la Resolución N° 67/21 (AD ROSA) dictada en el Expte. Administrativo SIGEA 12542-3980-2013.
2. Imponer las costas por su orden Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Licht por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA)
Date: 2024.07.01 13:16:46 -03:00 Date: 2024.07.01 13:45:06 -03:00 Miguel Nathan Licht Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.07.01 15:22:23 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.07.01 15:22:24 -03:00
Fin de la sentencia