Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 33.054-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución 273/2012 (SDG OAI) dictadas en la actuación 12629-12-2011, con costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-106568270-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 5 de Octubre de 2022 En el día de la fecha, reunidos los Vocales de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Cora M. Musso y Héctor Hugo Juárez, con la presidencia de la Vocal nombrada en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: “LDC ARGENTINA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente nº 33.054-A, El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que a fs. 44/57 la firma recurrente, mediante letrado apoderado, interpone recurso de apelación contra la resolución 273/2012 (SDG OAI) dictada en las actuación SIGEA 12629-12-2011, mediante la cual se deniega la repetición de los tributos abonados respecto del permiso de embarque 05059EC01000466Y. Manifiesta que el 18.03.05, oficializó la mencionada destinación mediante la cual documentó la exportación de 12.000 toneladas de trigo pan y que autoliquidó el 20% de derechos de exportación por la suma de USD 268.800. Aclara que dicha mercadería tenía como destino un país del Mercosur (Brasil), no obstante, lo cual se vio obligada a autoliquidar la alícuota de derechos de exportación como si se tratase de mercadería extrazona.
Se agravia de la resolución apelada por cuanto realiza -a su criterio- una incorrecta interpretación de la aplicación de los derechos fijados por la resolución 11/02 del Ministerio de Economía. Sostiene que resulta aplicable el Tratado de Asunción aprobado por la ley 23.981 y cita los arts. 1º y 5º del mismo. Se refiere al plazo previsto en el Tratado para la eliminación de los derechos aduaneros y demás restricciones al comercio, que fue prorrogado hasta el 31.12.99. Explica que la resolución MEI 11/02 fue dictada como consecuencia de la ley de emergencia económica 25.561 y estableció derechos de exportación para todo el universo de la mercadería contenida en la NCM, sin hacer mención alguna a la mercadería intrazona.
Sostiene que ante el conflicto entre ambas normas debe resolverse en forma favorable a la aplicación del Tratado de Asunción, atento a que una normativa ministerial no puede desplazar a normas internacionales que gozan de jerarquía superior a las leyes (art. 75, inc. 24 de la CN). Afirma que ambos regímenes rigen en un ámbito que le es propio y como no surge del texto de la resolución la abrogación expresa, no cabe presuponer en el legislador la voluntad de gravar mediante una norma general aquello que no se encuentra alcanzado por una norma específica. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal que hace a su derecho.
Hace referencia al Código Aduanero del Mercosur, según el cual la aplicación de los derechos de exportación debe respetar los derechos de los Estados Parte. Solicita la opinión consultiva al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur a efectos de que se expida respecto del tema de autos. En subsidio, plantea la inconstitucionalidad de la resolución MEI 11/02. Reitera que las normas de derecho interno no pueden afectar disposiciones de un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes y que, a la fecha de la realización del Tratado de Asunción, las operaciones de exportación no se encontraban gravadas. Cita abundante jurisprudencia. Agrega que dicho tratado se basa en el Tratado de Montevideo de 1980 que creó la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el cual reconoce que los derechos de aduana constituyen con frecuencia obstáculos para el comercio, por lo que es necesario reducir el nivel general de los mismos.
Afirma que los Tribunales ad-hoc sostienen la obligación de los Estados Parte de no impedir o dificultar la libre circulación intrazona. Cita el fallo recaído el 14.09.06 en la causa “Sancor CUL c/ DGA”, Causa nº 17.440/2006 (TF 18.476) que declaró la inconstitucionalidad de la mencionada resolución. Agrega que los derechos de exportación deben ser determinados por ley del Congreso de la Nación y que el Ministerio de Economía carece de competencia para ello en forma directa ni por delegación del Poder Ejecutivo. Cita jurisprudencia. Concluye que el pago efectuado fue indebido y, por lo tanto, el Fisco nacional debe devolver el importe abonado, con más sus intereses. Ofrece prueba documental e informativa, confiere autorizaciones, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, haciendo lugar a la repetición solicitada, con costas.
II. Que, corrido el pertinente traslado, la representación fiscal lo contesta a fs. 66/73 y acompaña las actuaciones administrativas. Luego de la negativa genérica de rigor y de una breve reseña de los hechos, se refiere a los agravios de la recurrente y sostiene que la destinación fue oficializada durante la vigencia de la resolución MEI 11/02, que fue dictada como consecuencia de la ley 25.561 que declaró la emergencia económica. Afirma que no hay una violación a la jerarquía normativa ni un incumplimiento de las obligaciones contraídas por nuestro país en el Tratado de Asunción, por cuanto considera que las cláusulas de este son meramente programáticas. Cita doctrina y jurisprudencia que considera aplicable respecto de los procesos de integración. Hace referencia al Código Aduanero del Mercosur aprobado por la decisión 27 de 2010 del CMC y por la República Argentina mediante la ley 26.795 (21.11.12). Afirma que el art. 75, inc. 22 de la CN otorga rango constitucional a los tratados internacionales suscriptos por la Argentina como sucede con el mencionado Código Aduanero del Mercosur. Cita su art. 157 y manifiesta que de su lectura surge que los derechos de exportación se rigen por la legislación preexistente de cada estado parte. Cita jurisprudencia de cada una de las Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Desconoce el monto apelado por el recurrente atento a que no habría acompañado la liquidación practicada en el caso. Agrega que, si bien los derechos de exportación se expresan en dólares estadounidenses, se abonan en pesos de curso legal y la devolución debe efectuarse en la misma moneda. Agrega que no resulta aplicable el art. 20 de la ley 23.905. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas y se opone a la ofrecida por la actora. Hace reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita que se confirme las resolución aduanera, con costas.
III. Que la actuación 12629-12-2011 se inicia a fs. 1/20 con la solicitud de devolución de tributos por la suma de U$D 268.800 presentada por la firma LDC Argentina S.A. con fecha 23.12.10. A fs. 22 el servicio aduanero tiene por deducido el procedimiento de repetición. A fs. 29/31 se agrega la impresión de pantalla correspondiente a la afectación de los depósitos en la Scta. María 05059LMAN000749M por los derechos de exportación abonados por la recurrente. A fs. 32 se informa el monto abonado en concepto de tributos ($ 773.607, tipo de cambio vendedor: 2,878 = 1 U$D) y la alícuota correspondiente al derecho de exportación aplicable al momento imponible, por lo que no resultaría procedente la devolución solicitada. A fs. 34/47 se agregan copias autenticadas de la destinación 05059EC01000466Y y a fs. 47, mediante nota 461/11 (AD SANI) de fecha 28.07.11, informa que el original fue remitido al Juzgado Federal n° 2 de San Nicolás en respuesta al oficio obrante a fs. 33. A fs. 49 la División Fiscalización de Operaciones Aduaneras de la Dirección Regional Aduanera Rosario informa que no corresponde hacer lugar a la repetición solicitada y a fs. 50 se requiere la emisión del dictamen jurídico del art. 1040 del CA. A fs. 53/55 se emite el dictamen 258/11 (DV JRRO). A fs. 56, mediante notas 711/11 (DV JRRO) y 487/11 (DI RARS) la Dirección Regional Aduanera Rosario manifiesta que comparte el dictamen jurídico. A fs. 57/59 se dicta la resolución 273/12 (SDG OAI) que se apela en autos, cuya notificación obra a fs. 61/62. A fs. 63 se ordena la remisión de la causa a este Tribunal.
IV. Que a fs. 74 se dispone no hacer lugar a la prueba informativa ofrecida por la actora, atento a las copias certificadas del permiso de embarque obrante en las actuaciones administrativas que corren por cuerda. A fs. 78 se tienen por constituidos los domicilios electrónicos de las partes y se declara la causa de puro derecho. A fs. 82 se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 83 pasan los autos a sentencia.
V. Que corresponde resolver en autos si procede la repetición de la suma abonada por la actora presuntamente en exceso en concepto de derechos de exportación respecto de permiso de embarque 05059EC01000466Y oficializado el 18.03.05, mediante el cual documentó la exportación de trigo pan de la p.a. 1001.90.90.110B.
Que de las actuaciones administrativas resulta que a la fecha de la oficialización de la destinación se encontraba en vigencia la Resolución n° 11/02 del Ministerio de Economía e Infraestructura y modificatorias, de conformidad con la cual se abonaron los derechos de exportación cuya repetición solicita la actora.
VI. Que, en forma preliminar, cabe referirse a la resolución MEI 11/02 (B.O. 5.03.02). Dicha norma fue dictada como consecuencia de la ley 25.561 que declaró el estado de emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.
Que los considerandos de la mencionada resolución hacen referencia al contexto económico de la época de su dictado, caracterizado por un fuerte deterioro en los ingresos fiscales y acompañado por una creciente demanda de asistencia para los sectores más desprotegidos, por lo que se hizo necesaria la disposición de medidas a fin de atenuar los efectos de las modificaciones cambiarias en los precios de los productos de la canasta familiar, pero entendiendo que su aplicación sería de carácter transitorio.
Que, a tales efectos, se estableció un derecho de exportación adicional del 10% para las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del MERCOSUR detalladas en las planillas que conforman su anexo (art. 1º) y del 5% para las mercaderías comprendidas en la NCM no consignadas en el anexo mencionado (art. 2º). Asimismo, se contemplaron algunas excepciones, que no resultan aplicables al caso por tratarse de mercaderías diferentes a las declaradas en autos. Que luego de su dictado, la resolución M.E. 35/02 (Boletín Oficial 8.04.02) introdujo modificaciones a la resolución MEI 11/02 y en su artículo 1º estableció un derecho de exportación adicional del 20% a la exportación para consumo de las mercaderías comprendidas en las posiciones de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) detalladas en su anexo, entre las cuales figura específicamente las p.a. 1001.90.90 declarada en el permiso involucrado en autos. Asimismo, en el artículo 2º determinó la continuidad de las alícuotas establecidas en la resolución M.E.I. 11/02 para las restantes posiciones de la NCM.
Que, con posterioridad, el decreto 690/02 (BO 2.05.02) mediante su anexo XXVII introdujo modificaciones a las resoluciones M.E.I. 11/02 y M.E. 35/02, manteniendo el 20% de derechos de exportación para la p.a. 1001.90.90 y que fueron liquidados automáticamente por el SIM en la destinación involucrada en autos.
VII. Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que no se encuentra controvertido el destino intrazona de la mercadería exportada (Brasil), la cuestión que se plantea en autos radica en determinar si los derechos de exportación establecidos por la resolución MEI 11/02 y sus modificatorias, se encuentran en pugna con las disposiciones establecidas en el Tratado de Asunción del 26 de marzo de 1991. En segundo lugar, corresponde resolver si es procedente el planteo de inconstitucionalidad de la citada resolución, por entender que el Poder Ejecutivo carece de facultades para dictar una norma que establezca derechos de exportación.
VIII. Que, con relación al primer agravio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió respecto del tema planteado en autos in re “Whirlpool Puntana S.A. (T.F. 21.671-A) c/ Dirección General de Aduanas” de fecha 11.12.14 (Fallos 337:1451). En este precedente, luego de dejar sentado en el considerando 6º que “...esta Corte ha afirmado reiteradamente que la aplicación por los órganos del Estado Argentino de una norma interna que transgrede un tratado - además de constituir el incumplimiento de una obligación internacional- vulnera el principio de la supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes internas (Fallos: 315:1492, considerandos 18; 316:1669, considerando 3° y 317:1282, considerandos 8° y 9°, entre otros)”, el Máximo Tribunal se refiere específicamente al Tratado de Asunción, aprobado mediante la ley 23.981. Explica que en su artículo 1º dispuso que: “Los Estados Partes deciden constituir un Mercado Común, que deberá estar conformado al 31 de diciembre de 1994, el que se denominará "Mercado Común del Sur" (MERCOSUR).” Afirma que este primer artículo implica también “... la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente". Y también el "establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados; y la coordinación de posiciones en foros económico-comerciales regionales e internacionales". Asimismo, el citado art. 1° señala como implicancias del referido mercado común la "coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transporte y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes", y el compromiso de éstos de "armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración" (Considerando 9º).
Que conforme lo expuesto, la Corte Suprema sostiene que debe tenerse en cuenta la regla hermenéutica establecida en los arts. 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que consagra el principio de buena fe, de modo que la interpretación de las normas de un tratado debe conciliarse con las del ordenamiento jurídico a fin de dar validez a todas (conf. Considerando 11). Asimismo, señala que deben tenerse en cuenta los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio enunciados por los Estados Partes en el preámbulo del Tratado a fin de establecer el Mercado Común (conf. Considerando 12).
Que por ello, el Máximo Tribunal afirma que “… aun cuando es indudable que no resulta ajena a un sistema de integración económica la aspiración de que se supriman los derechos de exportación -como una herramienta tendiente a afianzar la libre circulación de bienes entre los países miembros- lo cierto es que no puede concluirse que el referido Tratado, según las pautas hermenéuticas señaladas precedentemente, y teniendo en cuenta el modo en que se ha ido dando el proceso de integración en los diversos acuerdos complementarios realizados entre los estados partes, imponga la prohibición de establecer tales derechos, corno una exigencia concreta y perentoria.” (Considerando 13). En este sentido, remite a lo dictaminado por el Procurador General, en cuanto a que en el tratado constitutivo del Mercosur no hay ninguna norma que de manera directa imponga a los Estados Partes la obligación de abstenerse de imponer derechos de exportación, máxime teniendo en cuenta que el Código Aduanero del Mercosur -incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por la ley 26.795- no se refiere a los derechos de exportación, siendo aplicable la ley preexistente en los Estados Parte con anterioridad a la sanción de dicho Código (conf. Considerandos 13 in fine y 15).
Que, en conclusión, teniendo en cuenta lo resuelto por la CSJN -que ha sostenido reiteradamente que su jurisprudencia es obligatoria para los jueces inferiores, de conformidad con el principio previsto en el art. 116 de la C.N. y doctrina de “Fallos” 307:1094, entre otros- y siendo que las cláusulas del Tratado de Asunción son meramente programáticas, en tanto no surge expresamente que nuestro país haya asumido el compromiso de no establecer derechos de exportación, corresponde desestimar el agravio vertido por la actora.
IX. Que respecto del segundo agravio referido a la inconstitucionalidad de la resolución MEI 11/02, la Corte Suprema también tuvo la oportunidad de expedirse in re “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ amparo”, sentencia del 15.04.14; Fallos: 337:388).
Que, en dicho precedente, el Máximo Tribunal reiteró el carácter de tributo de los derechos de exportación, por lo que resulta aplicable el principio de reserva de la ley en materia tributaria, tanto en lo que se refiere a la creación de los impuestos como a la determinación de los elementos esenciales del mismo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones (conf. Fallos: 329:1554, v. Considerando 8º in fine).
Que si bien la Corte Suprema advierte que los derechos aduaneros están ligados a las fluctuaciones propias del comercio internacional “... resulta admisible que el Congreso atribuya al Poder Ejecutivo ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, es decir, autoriza elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijen pautas y límites por lo que resulta admisible que el Congreso confiera al Poder Ejecutivo ciertas facultades en lo que se refiere al aumento o disminución de las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución se fijen pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa.” Señala que en el caso de la resolución MEI 11/02, ni la ley 22.415 ni la ley 25.561 de emergencia económica, establecen los elementos del tributo en cuestión, por lo que resolvió que la resolución cuestionada es inválida en tanto el aspecto cuantitativo del derecho de exportación quedó totalmente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo (conf. Considerando 9º).
Que no obstante ello, la Corte Suprema le otorga validez a la resolución cuestionada, como consecuencia del dictado de la ley 25.645, mediante la cual el Congreso de la Nación ratifica la legislación delegada hasta el 24 de agosto de 2002. En el Considerando 11 in fine afirma que dicha ley “… carece de eficacia para convalidar retroactivamente una norma que adolece de nulidad absoluta e insanable -como la resolución 11/02 del entonces Ministerio de Economía e Infraestructura-, pero no existe razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia (arg. de Fallos: 321:347, considerando 10). Por ello, cabe aclarar que la invalidez de la mencionada resolución 11/02 se circunscribe al período comprendido entre el 5 de marzo de 2002 (fecha en que entró en vigor) hasta el 24 de agosto de 2002, momento a partir del cual rige la ley 25.645, disposición que le otorga a su contenido rango legal.”
Que atento a que el permiso de embarque 05059EC01000466Y fue oficializado el 18.03.05, es decir, con posterioridad al período señalado por la CSJN, resulta válida la liquidación por parte del SIM de los derechos de exportación de acuerdo con la resolución MEI 11/02 y sus modificatorias, por lo que corresponde rechazar las repeticiones solicitadas por la recurrente.
X. Que, con relación a las costas, entiendo deben imponerse por su orden (arts. 1163 del CA y 68 segundo párrafo del CPCC -supletoriamente aplicable-). Ello atento a que el recurso de apelación que encabeza este expediente fue interpuesto el 20.03.13, siendo posterior -del año 2014- la jurisprudencia de la Corte Suprema por las que se deciden las cuestiones planteadas en autos, las que eran complejas y novedosas. En consecuencia, la parte actora podía considerarse con derecho a plantear el reclamo de repetición de autos.
Por ello, VOTO POR:
Confirmar la resolución 273/2012 (SDG OAI) dictadas en la actuación 12629-12-2011, con costas por su orden. La Dra. Cora M. Musso dijo:
Adhiero al voto del Dr. Soria salvo con relación a las costas, las que considero que deben ser impuestas a la actora. El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Musso.
En virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE
Confirmar la resolución 273/2012 (SDG OAI) dictadas en la actuación 12629-12-2011, con costas a la actora. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Date: 2022.10.05 16:30:10 -03:00 Date: 2022.10.05 17:11:55 -03:00 Cora Marcela Musso Hector Hugo Juarez Vocal Subrogante Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.10.05 18:39:47 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.05 18:39:47 -03:00
Fin de la sentencia