Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2023-77311410-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en el Expte. N° 48.120-I en la suma de $ 6.312.575 (Pesos seis millones trescientos doce mil quinientos setenta y cinco) por el patrocinio letrado y de $ 2.525.030 (Pesos dos millones quinientos veinticinco mil treinta) por la representación procesal; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la primer etapa cumplida, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432.
3Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en el Expte. N° 48.120-I, fijándolos por el patrocinio letrado en la suma de $ 33.177.913 (Pesos treinta y tres millones ciento setenta y siete mil novecientos trece) equivalente a 459,11 (cuatrocientos cincuenta y nueve con 11/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, y de $ 13.271.165 (Pesos trece millones doscientos setenta y un mil ciento sesenta y cinco) equivalente a 183,65 (ciento ochenta y tres con 65/100) UMA por la representación procesal, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las últimas dos etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-67997392-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 24 de Junio de 2025 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O’Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 48.120-I (y acumulado EX-2023-77311410-APN-SGAI#TFN) caratulado “LDC ARGENTINA S.A. s/recurso de apelación – Impuesto a las Ganancias”.
El Dr. Martin dijo:
I. Que a fs. 36/53 LDC Argentina S.A. interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 80/2017 (DV DEOA) de fecha 16 de junio de 2017 dictada por el Jefe (int.) de la División Determinaciones de Oficio “A” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP-DGI por la cual se impugnó la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2009 y se determinó el monto de impuesto a ingresar con más intereses resarcitorios con reserva de aplicar sanciones en los términos del art. 20 de la ley N° 24.769. Que por RE-2023-77307499-APN-SGAI#TFN (fs. 342/362) apela la Resolución Nº 28/2023 (DV DEOA) de fecha 12 de junio de 2023 dictada por el Jefe (int.) de la División Determinaciones de Oficio “A” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP-DGI en la que se aplicó una multa equivalente al 50% del Impuesto a las Ganancias omitido en el período fiscal 2009 según el art. 45 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Menciona que se dedica a la exportación de productos y subproductos de la agricultura, que hizo exportaciones de commodities tanto a empresas independientes como a vinculadas y que el Fisco Nacional aplicó el denominado “sexto método” a las exportaciones a la empresa vinculada Urugrain S.A. de la República Oriental del Uruguay, a pesar de que dichas operaciones estaban justificadas con el Estudio de Precios de Transferencia presentado en el cual se consideró más aceptable el método de precios comparables entre partes independientes.
Pone de resalto que el cargo relativo a las exportaciones de commodities a Nethgrain B.V. fue desestimado en la resolución ahora recurrida al haberse tenido por cumplidos los requisitos previstos en los incs. a), b) y c) del octavo párrafo del art. 15 de la ley del Impuesto a las Ganancias.
Señala que en el estudio presentado se indicó que el método de precios comparables entre partes independientes era el que mejor compatibiliza con su estructura empresarial y comercial al contar con una mayor y mejor calidad de información y un adecuado grado de comparabilidad entre transacciones vinculadas y no vinculadas, al no requerir de ajustes significativos. Indica que en el informe se expuso que si bien existían operaciones internas con partes independientes, dada la escasez de las mismas y en virtud de que fija los precios de sus transacciones tanto con partes relacionadas como con partes no relacionadas en función de la cotización de los commodities en mercados públicos consideró más adecuado realizar la comparación con la información pública disponible (comparables externos). Aduce que obtuvo la información de los precios FOB publicados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación a la fecha de fijación del contrato.
Explica que a través del estudio realizado se determinó que en cuarenta y dos operaciones de exportación a entidades vinculadas, el precio pactado se encontró por debajo de la mediana disminuida en un 5% de las cotizaciones comparables, sin embargo la diferencia arrojada no alcanzaba el 0,23% del total de exportaciones a compañías vinculadas analizadas. Por ello, concluyó que los precios de las exportaciones seguían, en términos generales, a los precios de mercado de la SAGPyA a la fecha de fijación del contrato. Mientras que para las cuarenta y dos operaciones restantes analizadas con los precios ajustados del CBOT, concluyó que los precios de las exportaciones no fueron inferiores a la mediana del rango intercuartil de los precios CBOT ajustados, disminuido en un 5%.
Manifiesta que según el ente fiscal para evaluar si los precios de las transacciones se ajustaban a las prácticas normales de mercado entre partes independientes, según el art. 15 de la ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997 y mod.), en primer lugar había que evaluar si se daba el cumplimiento conjunto de los parámetros previstos en el octavo párrafo del artículo mencionado, al entender que solo queda habilitada la utilización de los métodos previstos en el quinto párrafo de la norma una vez acreditados dichos factores.
Expone que en el ajuste practicado se estimó que Urugrain S.A. no reunía la condición prevista en la primera parte del inc. b) del octavo párrafo del art. 15 de la ley del impuesto de autos, en lo referente a la significatividad de las rentas pasivas sobre la actividad comercial del intermediario al entender que en el período fiscal 2009 su actividad principal consistió en la obtención de rentas pasivas, mientras que los restantes requisitos se tuvieron por acreditados.
Aduce que durante la instancia administrativa aportó prueba documental, ofreció la realización de pericias contables y el libramiento de oficios para acreditar el cumplimiento de los requisitos del octavo párrafo del art. 15 ya mencionado, sin embargo ello no fue suficiente para que la inspección advierta que la actividad principal de la firma no era la obtención de rentas pasivas.
Remite a la resolución apelada en lo que hace al cumplimiento de los restantes recaudos, es decir que se trataba de un intermediario con real presencia en el territorio de residencia al tener por cumplidos los requisitos legales sobre constitución, inscripción y presentación de estados contables, como así también lo relativo a que los activos, riesgos y funciones de Urugrain S.A. resultaban acordes a sus volúmenes de negocio en el período fiscal 2009. Apunta que también se tuvieron por acreditados los extremos de los incs. b) y c) del octavo párrafo del art. 15 de la ley del Impuesto a las Ganancias con la documentación que aportó.
Se agravia de que el organismo fiscal sostenga que Urugrain S.A. era una sociedad sin sustancia económica para aplicar el “sexto método” a las exportaciones de commodities, cuando su actividad no era la obtención de rentas pasivas, lo que asegura se encuentra respaldado por una Nota emitida por la firma (certificada por Ernst&Young) y por los Estados Contables de Urugrain S.A. de los que se desprendía que no obtuvo renta por alquileres, regalías ni percibió dividendos.
Explica que existió una diferencia de criterio en razón de que el Fisco consideró que el resultado por trading financiero de Ur$ 2.175.397.960 incluido en el resultado bruto operativo de los Estados Contables se originaba en actividades pasivas. Al respecto, consigna que la actividad principal de la firma consistía en el trading de dos tipos de activos, por un lado los commodities agrícolas y por otro los activos financieros, en especial los títulos públicos, y en ambos casos se generan resultados operativos y no rentas pasivas.
Afirma que se realizó una errónea aplicación del sexto párrafo del art. 15 de la ley citada al pretender alcanzar una serie de operaciones que no quedaban comprendidas en la norma, por lo que plantea la inconstitucionalidad del decreto reglamentario 916/2004 al extender la aplicación del método a supuestos de hecho distintos. Cita lo resuelto por el Máximo Tribunal en el precedente “Vicentín SAIC c/Estado Nacional – Poder Ejecutivo” en fecha 3/05/2023.
Por otra parte, informa que también se efectuó un ajuste a la exportación de leche en polvo (común e instantánea) con compañías vinculadas del exterior. En este caso, según el informe utilizó el método de precios comparables teniendo en cuenta comparables externos (información de precios de exportación de leche en polvo de empresas argentinas, contenida en el reporte de Expo Data), pero advierte que la inspección fundamentó el ajuste en una discrepancia con el criterio respecto del mecanismo de testeo de las operaciones entre partes relacionadas y partes independientes. Profundiza en que había comparado sus precios promedios ponderados anuales de venta con el rango intercuartil anual de precios ponderados de terceros independientes, mientras que según el criterio fiscal correspondía tomar los precios de referencia utilizando como parámetro temporal para la evaluación de cada operación, los precios promedios mensuales, sin exteriorizar los motivos de la discrepancia.
Agrega que del estudio de precios de transferencia se desprendía que en el año 2009 facturó U$S 20.649.773,84 por operaciones de exportación de leche en polvo a compañías vinculadas y que la resolución propuso un ajuste a la base imponible de tales operaciones de U$S 266.216,55, es decir de una magnitud que representaba el 1,29% del total de sus exportaciones del rubro, por lo que estima que se hizo una aplicación ilógica de las normas legales involucradas.
Respecto de ambos ajustes, plantea la irrazonabilidad y confiscatoriedad de la liquidación ya que el impuesto ajustado es de $ 82.343.223,06, lo que representa el 191,62% del resultado impositivo determinado en su declaración jurada del período fiscal 2009 y agrega que es el equivalente al 44,75% de los resultados contables de la empresa según su balance. Esgrime que también el resultado impositivo presunto determinado por AFIP resulta desproporcionado ya que por aplicación del sexto método estimó que en el año 2009 tuvo una ganancia equivalente al 547,48% de su resultado impositivo. Agrega que el resultado impositivo presunto era igual al 127,87% del resultado contable del ejercicio y al 31,23% de su patrimonio neto al cierre del ejercicio. Invoca la improcedencia de los intereses resarcitorios exigidos dado los argumentos expuestos contra los ajustes, sin perjuicio de lo cual plantea además que la mora no le resulta imputable al haber actuado en forma diligente en el cumplimiento de su obligación tributaria.
En lo que hace a la multa sostiene que se afectó su derecho de defensa debido a la falta de instrucción de sumario con la imputación de la infracción de omisión de impuestos lo que provocó que no pueda defenderse antes del dictado de la resolución ya que el organismo fiscal instruyó sumario por la infracción de defraudación, sin perjuicio de lo cual alega, por las razones que expone, que su conducta tampoco encuadra en el tipo aplicado. En subsidio, dado la complejidad del tema sometido a debate, pide que se considere un supuesto de error excusable. Por último, ofrece prueba documental, informativa, pericial contable y testimonial y por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia citada, peticiona que oportunamente se dicte sentencia revocando las resoluciones apeladas. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 66/89 y por RE-2023-109026567-APN-DTD#JGM (fs. 467/488) el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos deducidos en autos.
Refiere a las consideraciones expuestas por el Juez administrativo sobre los agravios esgrimidos por LDC Argentina S.A. y arguye que en las resoluciones apeladas se desarrollaron los fundamentos fácticos y jurídicos que dan sustento el criterio fiscal, a las que remite.
Corrobora que respecto de la firma Nethgrain B.V. radicada en Países Bajos, conforme las presentaciones efectuadas por la apelante y la medida para mejor proveer ordenada, se pudo inferir que se encontraban reunidos los recaudos legales exigidos en los incs. a), b) y c) del octavo párrafo del art. 15 de la ley del Impuesto a las Ganancias, por lo que se dejó sin efecto el cargo oportunamente conferido en la vista corrida según el art. 17 de la ley de procedimiento tributario, mientras que se mantuvo el ajuste respecto de Urugrain S.A. debido a la ausencia de acreditación conjunta de tales requisitos.
Informa que con relación a las operaciones de exportación con Urugrain S.A., se procedió a la aplicación del “sexto método” dado que LDC Argentina S.A. vendía productos consistentes en commodities agrícolas y emitía facturas de exportación a nombre de la empresa vinculada, la que actuaba como intermediaria entre quienes resultaban ser los verdaderos compradores. Trae a colación las normas pertinentes de la ley del Impuesto a las Ganancias y advierte que dado que la actora no acreditó en forma fehaciente el cumplimiento de los recaudos ya mencionados debió haber efectuado el análisis de precios de transferencia utilizando el método previsto en el sexto párrafo del art. 15 de la ley de la ley del impuesto de autos.
Con relación al segundo de los ajustes sobre las operaciones de exportación de leche en polvo, explica que la inspección examinó si las empresas exportadoras seleccionadas como comparables cumplían el requisito de independencia respecto de sus operaciones de carácter internacional, lo que provocó que se descarten algunas de ellas. Señala que también se objetó la metodología empleada, dado que la actora comparó sus precios promedios ponderados anuales de venta con el rango intercuartil anual de precios ponderados de terceros independientes, mientras que la inspección entendió que resultaba adecuado tomar como parámetro temporal los precios promedios mensuales, lo que tuvo por fin mejorar la exactitud del método aplicado por la contribuyente al advertirse que se podía hacer la comparación tomando un lapso de tiempo inferior.
Concluye en que la actora no arrimó elementos que desacrediten la postura fiscal ni tampoco que respalden la irrazonabilidad y confiscatoriedad de los ajustes.
Pide que se ratifiquen los intereses resarcitorios reclamados al haber sido calculados según el art. 37 de la ley de procedimiento fiscal, sin que sea procedente merituar una mora inimputable dado que la deuda del capital reclamado tiene como consecuencia legal la aplicación de los intereses.
Alega que para aplicar la multa se cumplió con la instrucción del sumario en los términos del art. 70 de la ley de procedimiento fiscal al entender que su conducta encuadraba, en principio, en el art. 46 de dicho texto legal, y que una vez finalizada la causa penal y a partir del análisis de los argumentos vertidos por la apelante en su descargo y de la sentencia penal se reencuadró en la infracción del art. 45 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.). Refiere a que la conducta punible consistió en la omisión de pago del Impuesto a las Ganancias en su justa medida y que tal maniobra se concretó mediante la presentación de la declaración jurada en forma inexacta, lo que fue constatado por la intervención del ente fiscal. Agrega que las circunstancias invocadas como eximentes de responsabilidad fueron tenidas en cuenta como atenuantes para graduar la multa en su mínimo legal. Por último, se opone a la prueba ofrecida y por las razones de hecho y de derecho que desarrolla, peticiona que se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas, y pide que se tenga presente la reserva del caso federal.
III. Que a fs. 96 se rechazó la producción de la prueba pericial contable y testimonial, haciéndose lugar a la prueba informativa, consistente en un exhorto dirigido a la firma Urugrain S.A. cuya respuesta se agregó a fs. 134/210, por lo que a fs. 220 se cerró el período de instrucción.
Por sentencia agregada a fs. 585 se dispuso acumular el EX -2023-77311410-APN-SGAI#TFN al presente Expte. Ello así, a fs. 597 se admitió la prueba informativa ofrecida en la causa ahora acumulada y se ordenó librar oficio al Juzgado Federal en lo Penal Económico N° 11 para que remita copia firmada de la sentencia dictada, la que fue incorporada a fs. 653/759.
Mediante PV-2025-11756377-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”. Mediante RE-2025-19683920-APN-SGAI#TFN y RE-2025-20483566-APN-SGAI#TFN se agregan los alegatos presentados por las partes. Finalmente con IF-2025-66431275-APN-VOCXII#TFN se pasan los autos para sentencia.
IV. Que corresponde establecer si la resolución dictada se ajusta a derecho.
Que la empresa LDC Argentina S.A. se encuentra inscripta en la actividad principal de “elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar y sus subproductos, elaboración de aceite virgen y en la secundaria de “venta al por mayor de cereales”, y en consecuencia se dedica a la: a) compra en el mercado interno, b) molienda, procesamiento y exportación de semillas oleaginosas y subproductos (pellets, harinas y aceites crudos) y c) exportación de cereales.
Conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas su sociedad controlante, al cierre del ejercicio 2009, era Galba S.A. con domicilio en Suiza, que detentaba el 75% de su capital social, mientras que el restante 25% correspondía a Vitellius S.A. Además se indicó que la firma recurrente poseía el 100% de las acciones de Urugrain S.A., radicada en la República Oriental del Uruguay.
Que en autos se encuentran en discusión:
1. la aplicación del “sexto método” a las exportaciones efectuadas a la firma vinculada Urugrain S.A. en orden a precisar si la actividad principal de la misma consistió en el período fiscal 2009 en la obtención de rentas pasivas, lo que habilitaría la aplicación de dicho método pretendido por el Fisco. Que el ajuste por dicho concepto alcanzó la suma de $ 190.610.050,96.
2. la corrección de los precios de las exportaciones de leche en polvo en torno al criterio fiscal en la determinación del rango intercuartil de precios comparables y testeo de las exportaciones con empresas vinculadas. Que el ajuste por dicho concepto alcanzó la suma de $ 958.649,33.
A su vez, respecto de ambos ajustes se plantea la falta de razonabilidad y confiscatoriedad.
Que corresponde en primer lugar abordar el tratamiento del primer cargo mencionado en el párrafo precedente. Que en lo que aquí interesa el art 15 de la ley del Impuesto a las Ganancias (t. o. s/ Decreto 649/97 y mod.), en su sexto párrafo dispone “Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, cuando se trate de exportaciones realizadas a sujetos vinculados, que tengan por objeto cereales, oleaginosas, demás productos de la tierra, hidrocarburos y sus derivados, y, en general, bienes con cotización conocida en mercados transparentes, en las que intervenga un intermediario internacional que no sea el destinatario efectivo de la mercadería, se considerará como mejor método a fin de determinar la renta de fuente argentina de la exportación, el valor de cotización del bien en el mercado transparente del día de la carga de la mercadería -cualquiera sea el medio de transporte-, sin considerar el precio al que hubiera sido pactado con el intermediario internacional.” (el resaltado me pertenece).
Agrega el séptimo párrafo que si el precio convenido con el intermediario internacional fuera mayor al precio de cotización vigente a la fecha mencionada, se tomará el primero de ellos para valuar la operación. A continuación añade el octavo párrafo que “El método dispuesto en el sexto párrafo del presente artículo no será de aplicación cuando el contribuyente demuestre fehacientemente que el sujeto intermediario del exterior reúne, conjuntamente, los siguientes requisitos:
a. Tener real presencia en el territorio de residencia, contar allí con un establecimiento comercial donde sus negocios sean administrados y cumplir con los requisitos legales de constitución e inscripción y de presentación de estados contables. Los activos, riesgos y funciones asumidos por el intermediario internacional deben resultar acordes a los volúmenes de operaciones negociados;
b. Su actividad principal no debe consistir en la obtención de rentas pasivas, ni la intermediación en la comercialización de bienes desde o hacia la República Argentina o con otros miembros del grupo económicamente vinculado, y c. Sus operaciones de comercio internacional con otros integrantes del mismo grupo económico no podrán superar el treinta por ciento (30%) del total anual de las operaciones concertadas por la intermediaria extranjera”.
Que en primer término cabe referirse al planteo de inconstitucionalidad formulado por LDC Argentina S.A. con relación al Decreto Reglamentario 916/2004 al afirmar que por el mismo se extendió “el sexto método” a supuestos de hecho distintos a los previstos legalmente.
Que el asunto ha sido abordado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Vicentín SAIC c/Estado Nacional – Poder Ejecutivo” de fecha 3/05/2023, con apoyo en la opinión de la Sra. Procuradora General de la Nación, el decisorio abarca un primer tema que está referido a la retroactividad que involucra al Decreto 916/2004, y dos aspectos más, vinculados a la legalidad de los párrafos primero y cuarto del inciso h) del artículo primero de dicha norma.
Cabe destacar que el fallo citado se refiere exclusivamente a la violación del principio constitucional de legalidad, por parte del Decreto 916/04 y no está en juego la aplicación pura del artículo 15 – 6to párrafo – de la LIG. Que el Decreto 916/04 lo reglamentó de la siguiente manera “A los fines de la ley, todas las operaciones de exportación en las que intervenga un intermediario internacional que no cumple con los requisitos previstos en el octavo párrafo del mismo, se considerará que no se encuentran celebradas como entre partes independientes en condiciones normales de mercado a que alude el tercer párrafo del artículo 14 de la ley”
Al tener que expedirse sobre esta última norma la Sra. Procuradora, confirma que con esta redacción se “..eliminó el requisito del “sujeto vinculado del exterior”, exigido por el artículo 15 de la ley 20.628 para que resulte de obligatoria aplicación el sexto método de determinación del precio de transferencia”. Y concluye que el párrafo agregado por el artículo 1° inciso h) primer párrafo resulta chocante con el principio de reserva de ley en materia tributaria, en cuanto pretende modificar uno de los elementos esenciales del impuesto a las ganancias -base imponible-.
Coincido con lo dictaminado por la Sra. Procuradora en cuanto al avance del decreto sobre la ley para los casos en que se prescindió de la vinculación con la empresa del exterior, por lo que la viabilidad del sexto párrafo o sexto método, queda circunscripto a la letra de la ley (artículo 15, párrafos 6to y siguientes) y a los hechos que se verifiquen en cada caso, ya que el dictamen y luego el fallo solo se expiden sobre la inconstitucionalidad de los términos del decreto con el alcance desarrollado.
Por lo cual, el agravio esgrimido por la recurrente no puede tener recepción favorable dado lo expuesto, ya que lo aquí ventilado es la existencia y transcendencia de las rentas pasivas del sujeto vinculado.
V. Que sobre dicha plataforma legal, en el presente caso cabe analizar la presencia o no de los presupuestos básicos que exige el citado artículo 15.
Que cabe recordar que el sexto método es una figura de excepción a los métodos generales de verificación y determinación de los precios de transferencia, al tratarse de un método independiente que contiene una presunción que admite prueba en contrario o si se quiere de una suposición concebida con carácter limitado, al que el ente fiscal recurrió debido a tratarse, en este caso, de operaciones de exportación de commodities agrícolas a través de entidades intermediarias vinculadas, por lo que corresponde analizar el cumplimiento de los requisitos enumerados con relación al intermediario para, en su caso, habilitar el método adoptado por la aquí recurrente. Que la actora realizó su análisis de precios de transferencias respecto de las exportaciones de commodities (cereales y oleaginosas) basado en la comparación de los precios emergentes de las facturas de exportación contra los precios FOB publicados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación (SAGPyA), para lo cual confeccionó un rango intercuartil que contemplaba la cotización del commodity al día de la concertación de la operación, el precio vigente al día anterior y el precio de referencia vigente al día posterior del cierre de la venta, recurriendo así al método de precios comparables entre partes independientes. Ello le permitió concluir que en ninguno de los casos el precio facturado era inferior al precio de referencia en razón de que acompañaban los precios de mercado, no obstante se aclaró que en cuarenta y dos (42) operaciones de exportación a entidades vinculadas, el precio pactado se encontraba por debajo de la mediana disminuida en un 5% de las cotizaciones comparables, pero la diferencia arrojada no alcanzaba el 0,23% del total de exportaciones a compañías vinculadas analizada. Sin embargo, el ente fiscal entendió que no se encontraban cumplidas en conjunto las condiciones previstas en el 8° párrafo del art. 15 de la ley del Impuesto a las Ganancias y procedió a aplicar el sexto método de dicho artículo. Para ello, comparó los precios facturados con los precios publicados por la SAGPyA a la fecha de cumplido de embarque de los commodities exportados, y en los casos que fueron inferiores al precio de referencia se efectuó el ajuste correspondiente.
Que cabe hacer mención a la distinta documentación relevante agregada en las actuaciones administrativas en razón de que la misma constituye la base fáctica de análisis en los presentes autos:
1. Estados Contables del ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2009 y finalizado el 31 de diciembre de 2009 (cpo. sin título fs. 1/72)
2. Estudio de Precios de Transferencia (EPT) por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 elaborado por PricewaterhouseCoopers (“PwC”) (cpo. sin título fs. 1/165)
3. Listado de exportaciones de commodities (cereales y oleaginosas), incluidas en el Estudio de Precios de Transferencia (EPT) (cpo. Principal N° I, fs. 119/136) junto con documentación de respaldo: facturas, permisos de embarque, contratos, declaraciones juradas de venta y bill of lading, lo que originó papeles de trabajo (act. adm., cpo. Principal II, fs. 252/324 y fs. 553/559)
Con relación a la firma Urugrain S.A., respecto de la que LDC Argentina S.A. entendió cumplidos los recaudos para descartar la aplicación del sexto método aportó:
1. Nota suscripta por el Director de dicha empresa en la que manifestó ser una sociedad anónima uruguaya, con oficina localizada en la Ciudad de Montevideo, brindó detalle resumido de su Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados. Explicó que su actividad principal es la realización de operaciones de compra y venta de cereales, oleaginosas y subproductos a nivel internacional. Hizo saber que la obtención de rentas pasivas no constituye su actividad principal ya que los resultados por dicha actividad en el ejercicio 2009 fue pérdida e inferiores al 50% de sus resultados totales. Indicó que durante el año 2009 las operaciones de comercio internacional con otros miembros del grupo económico no excedieron el 30% del total de las operaciones (cpo. Principal N° I, fs. 142/143)
2. Estados Contables y constancia de su registro en la Auditoria Interna de la Nación de la República Oriental del Uruguay (cpo. Principal N° I, fs. 138 y 154/189)
3. Información de actividades, activos, riesgos, empleados y estructura (cpo. Principal N° I, fs. 190/197)
4. Certificación de Contador Público sobre el cumplimiento de los requisitos del 8° párrafo del art. 15 de la ley del Impuesto a las Ganancias (cpo. Principal N° I, fs. 139/153)
VI. Que dentro de las condiciones a cumplir para descartar la aplicación del “sexto método” el Fisco Nacional con relación al inciso a) sostuvo que “no existen elementos que permitan objetar la acreditación de las circunstancias en él previstas, es decir, que se estaría en presencia de un intermediario con real presencia en el territorio de residencia”. Que en lo que hace al recaudo contemplado en el inciso c) de la labor de la fiscalización se desprendió que la actividad comercial con otros integrantes del mismo grupo económico era de 17,13%, es decir inferior al 30% previsto en la norma.
Sin embargo, el ente fiscal opuso reparos con relación al debido cumplimiento del requisito establecido en el inciso b) en lo que hace a la obtención de rentas pasivas.
Ello así, se analizaron los Estados Contables de la intermediaria (act. adm., cpo. Principal, fs. 923/944) y se consideró que, según su Nota 1, la sociedad tiene como objeto principal la realización de operaciones de compra y venta (trading) de commodities y de operaciones financieras, las que incluyen instrumentos como derivados, compraventa de bonos, de moneda extranjera, operaciones de pases, y otros (act. adm., cpo. Principal, fs. 922). Se hace la salvedad de que se informan los importes que netean los resultados positivos y negativos obtenidos por la actividad financiera, lo que no permitió identificar en valores absolutos el total de los movimientos de la categoría. Por ello, se aclaró que se tomaron los resultados netos para la evaluación porcentual haciendo notar que de haberse tomado valores absolutos de los movimientos financieros, su incidencia sobre el total de los resultados de la intermediaria habría sido superior al obtenido. De los papeles de trabajo se desprende que el organismo fiscal examinó los resultados financieros netos en función al total de resultados financieros netos y operativos, y corroboró que la relación ascendía a 63,16%, lo que significa que la actividad comercializadora de Urugrain S.A. resulta menos relevante que la actividad financiera ya que la obtención de rentas pasivas predomina sobre la actividad de índole comercial (act. adm., cpo. Principal, fs. 1746/1747).
Que en las actuaciones administrativas se encuentra agregado el Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, donde se expone dentro del rubro “Resultados financieros” como “Intereses ganados” la suma de Ur$ 48.966.779, luego como “Intereses perdidos” el importe de Ur$ 252.950.686, “Resultado por conversión” Ur$ 33.124.653 y “Otros resultados financieros” por Ur$ 5.510.389, lo que arrojó una perdida equivalente a Ur$ 176.369.643.
Que en ese mismo Estado de Resultados se consignan “Ingresos operativos netos - Ventas netas (trading de commodities)” por Ur$ 38.359.711.244 e “Ingresos netos financieros – Resultado neto por trading financiero” por Ur$ 2.175.397.960 (act. adm., cpo. Principal V, fs. 916).
Que en los papeles de trabajo se apuntó que el resultado del trading financiero (Ur$ 2.175.397.960) junto con los “Intereses ganados” (Ur$ 48.966.779) representa un 5,80% sobre el total de las ventas (Ur$ 38.359.711.244) (act. adm., cpo. Principal III, fs. 586).
Que, el sexto método no es de aplicación si se demuestra que el intermediario del exterior, en este caso la empresa uruguaya vinculada Urugrain S.A., cumple con los requisitos que prevé el 8° párrafo del artículo 15 de la LIG, más arriba mencionados, en especial el referido al inc. b) sobre obtención de rentas pasivas, que es el recaudo cuyo cumplimiento es controvertido por el ente fiscal.
En este punto no hay dudas que el Fisco Nacional fundó el ajuste de precios de transferencia en el sexto método, que como ya se observó queda circunscripto a los términos del artículo 15 de la ley del gravamen. Que corresponde al contribuyente demostrar fehacientemente que el intermediario del exterior reúne los tres requisitos, habiéndose dado por cumplidos los contenidos en los incisos a) y c) según la resolución apelada, en el caso del inciso b), debe analizarse la trascendencia de las rentas pasivas en cabeza de Urugrain S.A. (empresa uruguaya) en el periodo fiscal 2009, a fin de dilucidar si las mismas constituyen la actividad principal de la empresa, que en caso positivo darían lugar a la aplicación del sexto método previsto en el artículo 15 de la LIG. Por el contrario, la participación secundaria de las citadas rentas llevaría a descartar el método utilizado por el Fisco Nacional y dar paso al análisis del método utilizado por la empresa en su Estudio de Precios de Transferencia.
Que en primer lugar corresponde remarcar que si bien la recurrente argumenta que la diferencia arrojada no alcanzaba el 0,23% del total de exportaciones a compañías vinculadas analizadas, cabe hacer notar que pese a dichas conclusiones el ajuste obtenido supera el importe de 190 millones de pesos. Se advierte así que dicho procedimiento comparativo se basó en la utilización de precios de momentos diferentes a los contemplados en el sexto método, por lo que sus manifestaciones devienen distorsionadas respecto del criterio contemplado en dicho párrafo, el que debe ser aplicado sin hesitación en caso de no cumplirse con los requisitos previstos en el art. 15 de la ley del gravamen.
Que no se encuentra en debate que la propia empresa en notas a los Estados Contables debidamente certificados por autoridad competente –INFORMACION BASICA DE LA SOCIEDAD- destaca que “La sociedad – refiriéndose a URUGRAIN S.A. (la alusión me pertenece)- y sus sociedades controladas LDC Uruguay Sociedad Anónima y Urugrain International S.A., tienen como objeto principal la realización de operaciones de compra y venta (trading) de commodities y de operaciones financieras, que incluyen instrumentos tales como: derivados, compra y venta de bonos, compra y venta de moneda extranjera, operaciones de pase, etc……”. Si bien se trata de un informe de presentación es la propia empresa uruguaya que en el plano legal-societario hace un reconocimiento en el sentido positivo de la realización de operaciones vinculadas con rentas pasivas. Ello conlleva en forma inmediata a proceder al análisis de las actividades desarrolladas, permitiendo una primera lectura general de los Estados Contables del período fiscal en debate observándose que en el Estado de Resultados se exponen conceptos que ratifican la existencia de aquellas al destacarse rubros como “Ingresos Financieros”, “Resultado neto por trading financiero y resultados financieros”, elementos que exigen profundizar sobre su alcance y contenido conceptual y su impacto en los parámetros finales que permitan evaluar la verdadera incidencia sobre la actividad de la empresa, en particular con relación a las demás operaciones. Ya que si bien la actora asegura que la firma Urugrain S.A. no obtuvo renta originadas en alquileres, regalías ni dividendos, la aseveración resulta insuficiente atento que la normativa aplicable al definir la renta pasiva comprende un concepto más amplio al abarcar también otros ingresos provenientes de préstamos, enajenación de acciones, cuotas o participaciones sociales –incluidas las cuotas partes de los fondos comunes de inversión o entidades de otra denominación que cumplan iguales funciones-, colocación en entidades financieras bancarias, en títulos públicos, en instrumentos o contratos derivados que no constituyan una cobertura de riesgo (conforme art. VIII incorporado a continuación del art. 165 del Decreto reglamentario N° 1344/98, conforme remisión efectuada por el art. XI agregado a continuación del 21 del decreto reglamentario de la ley, incorporado por Decreto N° 916/2004).
Continuando con el análisis, en el rubro “Ventas netas (trading de commodities – (act. adm., cpo. Principal V, fs. 916)” del Estado de Resultados surge el monto de pesos uruguayos 38.359.711.244. Allí no se han aportado elementos que permitan identificar las entidades con las que se realizaron la totalidad de las operaciones (cpo. Principal N° IV, fs. 637 del Informe Inspección). Pero resulta destacada la ausencia de dicha información, ya que las operaciones de trading pueden estar encerrando verdaderas operaciones generadoras de rentas pasivas en los términos legales y reglamentarios, citados ut supra. Tampoco resulta intrascendente que en el costo de los bienes vendidos se pudieran estar incluyendo “resultados por negociación de futuros”. Aquí cabe destacar que la cuenta contable “Costo de los bienes vendidos” expuesta por un monto de pesos uruguayos 39.771.274.777 lleva como referencia las notas 2.7, 5 y 7, las que se ilustran con el siguiente contenido. 2.7. Bienes de Cambio se observa que los mismos muestran una exigua posición en el Activo de la empresa de 80.060.778; 7. Instrumentos derivados (las mismas se tratan de claras rentas pasivas a menos que se acredite la operación de cobertura.). Los ingresos operativos netos arrojan una pérdida por Ur$ 1.411.563.533, siendo un indicador a tener en cuenta que la actividad sustancial arroja un resultado negativo.
A ello se agrega la existencia de un “Ingreso neto financiero” por resultado neto trading financiero (notas 2.4. y 2.8) equivalente a 2.175.397.960. Al trasladarse al detalle de las notas se verifica que corresponden a Inversiones Temporarias 2.7 y a Instrumentos derivados 2.8. Este último detalle permite apreciar las distintas operatorias incluidas allí, haciéndose referencia a que los instrumentos derivados se componían de operaciones de compra y venta de commodities, así como las operaciones financieras que incluyen instrumentos tales como: derivados, compra y venta de bonos, compra y venta de moneda extranjera, operaciones de pase, etc. (act. adm., cpo. Principal V, fs. 927). A mi entender dichas actividades resultan nítidas rentas pasivas en los términos de la legislación ya citada.
Aquí debe destacarse que la exposición en el Estado de Resultados se hizo por montos brutos y netos con relación al trading de commodities, mientras que para el trading financiero solo se efectuó a valores netos, no permitiendo profundizar la incidencia de uno y otro en el renglón de ingresos brutos, destacándose la ausencia de respuestas hábiles por parte de la actora en la etapa de investigación.
En definitiva con los datos netos disponibles nos encontramos ante la existencia de resultados positivos para el trading financiero, mientras que el trading de commodities arrojó quebranto. Desde esta perspectiva el principal ingreso proviene del trading financiero y asociados a rentas pasivas. Aun en el supuesto comparativo si se descontaran los Resultados financieros expuestos en el Estado de Resultados, las conclusiones se mantendrían porque los resultados financieros se conservarían en el escalón positivo.
A ello se agrega que LDC Argentina S.A. hace mención a la existencia de ingresos por activos financieros, en especial títulos públicos, y si bien el trading financiero puede estar referido a la utilización de distintos bienes (acciones, divisas, materias primas), en el presente caso hay un reconocimiento expreso en dicho sentido, lo que desdibuja la eventual existencia de una empresa con sustancia económica que respalde la actividad comercial en la transacción de commodities.
Sobre esta base, la actividad económica -no financiera- constituye un indicador, en principio confiable, de la realización de actividades reales compatibles con las operaciones analizadas. Ello así, a mi entender el alcance del inc. b) del octavo párrafo del art. 15 de la ley del gravamen en cuanto requiere que la empresa no obtenga “principalmente” rentas pasivas está íntimamente asociado al concepto de sujetos que deben demostrar la existencia de sustancia económica de manera tal que no resulten vehículos de beneficios fiscales preferenciales indebidos o constituyan un velo para convalidar operaciones opacas.
Que dado lo expuesto, los datos e información disponibles, en ausencia de otros elementos requeridos y no aportados por la empresa, me permiten concluir que los resultados de URUGRAIN S.A. se encuentran compuestos por rentas calificadas como pasivas por la ley del Impuesto a las Ganancias y su reglamentación y en consecuencia con prevalencia sobre lo producido por las operaciones transaccionales, lo que demuestra que el criterio fiscal aplicado para el cargo analizado ha sido acertado.
VIII. Que en el segundo de los ajustes el ente fiscal analizó las operaciones de exportación de leche en polvo con compañías vinculadas del exterior, sobre las cuales la empresa utilizó el método de precios comparables entre partes independientes teniendo en cuenta comparables externos consistentes en información de precios de exportación de leche en polvo de empresas argentinas, contenida en el reporte de Expo Data elaborado por la firma MRT S.A. en base a información proveniente del Sistema María, que contiene el análisis de precios en dólares estadounidenses de las exportaciones argentinas de leche a los distintos países durante el año 2009. Se hace la salvedad de que el Fisco no objetó el método aplicado, sin perjuicio de que descartó algunas de las empresas tomadas en cuenta, sobre lo que la actora no opuso reparos, ni los precios de referencias empleados por LDC Argentina S.A. sino que confeccionó rangos intercuartiles mensuales y no anuales como resultaba del Estudio de Precios de Transferencia, con la finalidad de lograr mayor precisión para comparar cada operación de acuerdo al mes de su concreción con el rango mensual correspondiente.
Que como consecuencia, surgieron operaciones dentro de cada período mensual que estaban por debajo del rango intercuartil de precios, por lo que fueron ajustadas, mientras que respecto de aquellas que estaban incluidas por encima se entendió que respondían a la condición de operador independiente.
Al respecto, la actora se agravia al considerar que el organismo fiscal no expuso las razones para discrepar con su Informe de Precios de Transferencia, ya que del cotejo por ella efectuado, señala que se advierte consistencia con el precio pactado por terceros independientes (act. adm., Cpo. Estudio de Precios de Transferencia, fs. 75/78). Que el método de precios comparables entre partes independientes se encuentra previsto en el artículo 15 de la ley del Impuesto a las Ganancias y reglamentado en el primer artículo agregado a continuación del artículo 21 de su decreto, al disponer, en su inciso a), que por precio comparable entre partes independientes se entenderá “al precio que se hubiera pactado con o entre partes independientes en transacciones comparables.”
Que luego el artículo agregado en quinto lugar a continuación del artículo 21 del decreto mencionado establece que “cuando por aplicación de alguno de los métodos a que se refiere el quinto párrafo del artículo 15 de la ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y su reglamentación, se determinen DOS (2) o más transacciones comparables, se deberán determinar la mediana y el rango intercuartil de los precios, de los montos de las contraprestaciones o de los márgenes de utilidad.”
“Si el precio, el monto de la contraprestación o el margen de utilidad fijado por el contribuyente se encuentra dentro del rango intercuartil, dichos precios, montos o márgenes se considerarán como pactados entre partes independientes.”
“En su defecto, se considerará que el precio, el monto de la contraprestación o el margen de utilidad que hubieran utilizado partes independientes, es el que corresponde a mediana disminuida en un CINCO POR CIENTO (5%) - para el caso en que el precio o monto de la contraprestación pactados o el margen de la utilidad obtenida sea menor al valor correspondiente al primer cuartil-, o la mediana incrementada en un CINCO POR CIENTO (5%) - para el caso en que el precio o monto de la contraprestación pactados o el margen de la utilidad obtenida sea mayor al valor correspondiente al tercer cuartil.”
Sin perjuicio de ello, cuando el primer cuartil fuere superior al valor de la mediana disminuida en un CINCO POR CIENTO (5%), este último valor sustituirá al del primer cuartil y cuando el tercer cuartil fuere inferior a la mediana incrementada en un CINCO POR CIENTO (5%), el valor que resulte en consecuencia reemplazará al del tercer cuartil”.
Que de los papeles de trabajo agregados (act. adm., Cpo. Principal III, fs. 574/580) se desprende que el ente fiscal también se basó en la información extraída de la base Expo Data, que fuera utilizada por la recurrente, depurando las empresas comparables, pero en su caso, luego de determinar los valores correspondientes al primer cuartil, a la mediana y al tercer cuartil, se compararon los precios pactados por LDC Argentina S.A. según las fechas de las Bill of Landing, contra el rango intercuartil de la muestra según el mes de que se trate, a diferencia de la recurrente que lo había hecho según un rango de precios anual.
Que en lo que hace a las exportaciones de leche en polvo instantánea se analizaron operaciones efectuadas en los meses de febrero, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, advirtiéndose únicamente que el precio pactado se encontraba por debajo del valor correspondiente al primer cuartil de precios de la muestra de comparables con relación a tres operaciones del mes de diciembre sobre un total de quince transacciones de dicho mes, las que fueron ajustadas para llevar su valor hasta el correspondiente a la mediana disminuida en un 5%. Que en lo relativo a las operaciones de exportación de leche en polvo común se analizaron operaciones comprendidas entre los meses de enero a diciembre de 2009, y se advirtieron diferencias en los meses de enero (nueve operaciones sobre diecisiete), marzo (tres operaciones sobre tres), abril (dieciséis operaciones sobre dieciocho) y junio (dos operaciones sobre diez), sin observaciones por las operaciones de los restantes meses involucrados.
Que el ajuste efectuado por ambos tipo de operaciones conllevo un incremento de la base imponible del Impuesto a las Ganancias de $ 958.649,33 con una incidencia en el impuesto de $ 335.527,26.
Que del mecanismo de comparación empleado por el ente fiscal, al elaborar rangos mensuales en contraposición a la actora que empleó un rango anual, se advierte que, conforme manifiesta la resolución determinativa, se otorga mayor precisión al análisis ya que dado el volumen de operaciones de cada mes involucrado se presenta prudente que las comparables también respondan a un lapso de carácter mensual. A ello se agrega que no debe perderse de vista que las muestras y comparaciones mes a mes descartan o diluyen aquellos factores estacionales, excepcionales y las distorsiones que pudieren provocar períodos amplios de muestreo, los que llevarían a “compensaciones implícitas” que se eliminan cuando el período muestral se ajusta al lapso de las operaciones que se pretende comparar.
Que deviene pertinente recurrir a las directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia, cuando dispone en el capítulo III – Apartado 3.9 que “En teoría, para llegar a la aproximación más precisa posible a las condiciones de plena competencia, el principio de plena competencia debe aplicarse operación por operación. Ahora bien, a menudo se dan situaciones en las que operaciones separadas se encuentran estrechamente ligadas entre sí, o su continuidad está tan marcada, que no pueden valorarse adecuadamente por separado…” Que ello así, en autos se encuentran claramente identificadas cada una de las operaciones de exportación de leche en polvo, común o instantánea, a empresas vinculadas, por lo que no se advierte imposibilidad alguna para abordar el análisis en forma funcional mes a mes, sin que la actora haya alegado alguna limitación para obtener la información necesaria para arribar a comparables en períodos inferiores a un año. Ello asi, cabe concluir que el proceder fiscal se ajusta a derecho.
IX. Que respecto de ambos cargos la recurrente, además de los agravios ya considerados invoca confiscatoriedad e irrazonabilidad de los montos pretendidos por el Fisco Nacional, pero en el caso del ajuste tratado en el Considerando VII intenta comparaciones que hacen solo a sus intereses pero no demostró la diferencia de precios, ya que se trató solo de una manifestación que no probó.
Mientras que en lo que hace al cargo objeto de análisis en el Considerando precedente, la propia recurrente en su escrito recursivo en su defensa hace referencia a “la ínfima magnitud del ajuste que pretendía hacerse derivada de la insignificante diferencia advertida por el fisco en las operaciones impugnadas”. También menciona que en el período fiscal 2009 facturó U$S 20.649.773.84 por operaciones de exportación de leche en polvo (común e instantánea) a compañías vinculadas y que el ajuste propuesto respecto de las mismas ascendía a U$S 266.216,55, lo que representaba el 1,29% del total de las exportaciones del rubro, por lo que en este caso, el planteo no puede tener recepción favorable.
X. Respecto de los intereses resarcitorios pretendidos, cabe señalar que fueron liquidados conforme las prescripciones del art. 37 de la ley de procedimiento fiscal y constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. C.S.J.N., Citibank NA el DGI, 01/06/2000), por lo que corresponde disponer su confirmación.
XI. Que resta referirse a la multa aplicada, equivalente al 50% del Impuesto a las Ganancias omitido en el período fiscal 2009 según el art. 45 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Que si bien la recurrente se agravia de que en un primer momento se instruyó sumario con imputación en el art. 46 de la ley de procedimiento fiscal, como explica el representante fiscal una vez finalizada la causa penal y a partir del análisis de los argumentos vertidos por la apelante en su descargo se reencuadró su conducta en la infracción del art. 45 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), por lo que no se advierte una vulneración de sus derechos en razón de que resultó sancionada con una multa de menor severidad, sin que se afecte el principio de reformatio in peius.
Que en lo que hace a la procedencia de la sanción se encuentran acreditados los elementos que permiten encuadrar la conducta de LDC Argentina S.A. en la figura del art. 45 de la ley de rito fiscal al configurarse el presupuesto básico de omisión de pago, sin que haya logrado acreditar la falta de culpa en su accionar, ni tampoco la existencia de un error con entidad para eximirla conforme se desprende del análisis de los hechos y pruebas producidas. Por lo que cabe disponer la confirmación de la misma.
XII. Que por todo lo expuesto voto por confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas. Las Dras. Gómez y O’Donnell:
Que adhieren al voto del Vocal Instructor.
Que del voto que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en el Expte. N° 48.120-I en la suma de $ 6.312.575 (Pesos seis millones trescientos doce mil quinientos setenta y cinco) por el patrocinio letrado y de $ 2.525.030 (Pesos dos millones quinientos veinticinco mil treinta) por la representación procesal; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la primer etapa cumplida, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432.
3. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en el Expte. N° 48.120-I, fijándolos por el patrocinio letrado en la suma de $ 33.177.913 (Pesos treinta y tres millones ciento setenta y siete mil novecientos trece) equivalente a 459,11 (cuatrocientos cincuenta y nueve con 11/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, y de $ 13.271.165 (Pesos trece millones doscientos setenta y un mil ciento sesenta y cinco) equivalente a 183,65 (ciento ochenta y tres con 65/100) UMA por la representación procesal, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las últimas dos etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 11/2025 (12/06/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
4. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en el EX- 2023-77311410-APN-SGAI#TFN, fijándolos por el patrocinio letrado en la suma de $ 4.474.527 (Pesos cuatro millones cuatrocientos setenta y cuatro mil quinientos veintisiete) equivalente a 61,92 (sesenta y uno con 92/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, y de $ 1.789.811 (Pesos un millón setecientos ochenta y nueve mil ochocientos once) equivalente a 24,77 (veinticuatro con 77/100) UMA por la representación procesal, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la última etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 11/2025 (12/06/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2025.06.24 15:03:47 -03:00 Date: 2025.06.24 15:09:53 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.24 15:20:39 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.24 15:20:41 -03:00
Fin de la sentencia