Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 103157087-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
22239/2024 “LDC ARGENTINA SA (TF 103157087-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 1° abril de 2025.
VISTA:
La elevación del expediente TF 103157087-A (v. DEO del 27/12/24) “a fin de considerar los recursos de apelación interpuestos por el fisco nacional y la actora el 02/09/2024 y 04/09/2024 (v. IF-2024-94603737-APN-DTD#JGM e IF-2024-95807514-
USO
APNDTD#JGM) concedidos el 03/09/2024 y 05/09/2024 (v. PV-2024-94963341-APN- VOCXX#TFN y PV2024-96353104-APN-VOCXX#TFN) contra la sentencia dictada el 05/07/2024, en cuanto confirma las Resoluciones RESOL-2019-118-E-AFIP- OFICIAL ADNECO#SDGOAI, RESOL-2019-120-E-AFIPADNECO#SDGOAI, RESOL-2019-117-E- AFIP-ADNECO#SDGOAI, RESOL-2019-119-E-AFIPADNECO#SDGOAI, con costas por su orden (v. INLEG-2024-70813563-APN-VOCXX#TFN)” (v. nota en la pág. 1599 del expte. electrónico, donde también consta que las partes expresaron agravios dentro del plazo legal, pero no contestaron los traslados conferidos); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las resoluciones RESOL-2019- 118-E-AFIP-ADNECO#SDGOAI, RESOL-2019-120-EAFIP-ADNECO#SDGOAI, RESOL-2019-117-E-AFIP-ADNECO#SDGOAI, RESOL-2019-119-E- AFIPADNECO#SDGOAI de la Aduana de Necochea, dictadas en los expedientes SIGEA 12607-602-2014, 12607- 604-2014, 12607-600-2014 y 12607-607-2017, en cuanto habían denegado la devolución de una diferencia de derechos de exportación abonada con relación a los permisos de embarque 09 040 EC01 816H, 10 040 EC01 79 A, 10 040 EC01 211L y 10 040 EC01 208R.
Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN), donde se fijó como doctrina legal: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467 (4/12/18). Sobre esa base, se abstuvo de pronunciarse sobre la validez constitucional del plexo de normas impugnado por la actora, respecto del cual entendió extensibles aquellas conclusiones mutatis mutandi, y rechazó la repetición.
Distribuyó las costas por su orden dado que la cuestión era compleja y se resolvía en virtud de una doctrina plenaria.
2. Que, principalmente, la actora sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Explicó que el 8/4/02 se había publicado en el Boletín Oficial la resolución 35/02 del Ministerio de Economía y Producción, que estableció en el 20% la alícuota del derecho de exportación aplicable a la mercadería del caso; disposición, ésta, que fue aprobada legislativamente a través del artículo 3º de la ley 25.645 (BO 24/8/02). Agregó que, con posterioridad, se dictaron una serie de resoluciones ministeriales que fijaron alícuotas de derechos de exportación superiores al 20% para la mercadería objeto de las operaciones de este expediente, pero nunca fueron aprobadas por una ley formal del Congreso (resoluciones 10/07, 368/07, 369/07, 125/08, 64/08 y 182/08 del Ministerio de Economía y Producción, y resolución conjunta 26 y 28/08 de los Ministerios de Producción y de Economía y Finanzas Públicas). Dijo que por ese motivo había solicitado la devolución de la diferencia entre el 20% de derechos de exportación aprobado por la ley 25.645, y la mayor alícuota que debió pagar por aplicación de las resoluciones citadas.
Planteó que tampoco se habían respetado las condiciones para subdelegar la facultad que otorga el artículo 755 del Código Aduanero en el Ministerio de Economía y Producción, y que las resoluciones en cuestión fueron dictadas por un órgano incompetente, lo que también determinaba su nulidad.
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Por otro lado, argumentó que el plenario al cual remitía la decisión apelada era inaplicable al caso porque –precisamente– se cuestionaban derechos de exportación establecidos mediante resoluciones ministeriales, y no por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. A ello añadió que, tras la reforma constitucional de 1994, no cabía interpretar que el Tribunal Fiscal de la Nación careciera de facultades para examinar la constitucionalidad de las normas.
USO
En último término, impugnó la tasa de interés aplicable a las repeticiones aduaneras. Al respecto, sostuvo que la resolución MEyP 314/04 afectaba sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, inviolabilidad de la propiedad y razonabilidad OFICIAL (arts. 16, 17 y 28, CN), esto así, por la evidente desproporción con la tasa de interés resarcitorio que percibía el Fisco. Indicó que ese agravio debía mantenerse por el período comprendido entre la interposición de las repeticiones y el 1/8/19; esto último, en atención al dictado de la resolución SH 598/19, que había reconocido para las repeticiones aduaneras la pretendida tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Agregó que también cuestionaba la limitación de la tasa que tuvo lugar a partir del dictado de la resolución ME 559/22 pues, al fijarla en el 3,84% mensual, volvió a causar un atraso significativo respecto de la inflación que azota al país. Finalmente, destacó que la afectación de su derecho de propiedad era más grave de lo pensado, ya que esas tasas irrisorias se aplicaban sobre un monto convertido a pesos, de acuerdo al tipo de cambio histórico del momento en que se efectuó el pago.
3. Que, por su parte, el Fisco Nacional cuestionó la distribución de las costas y argumentó que no concurrían motivos para apartarse del principio general de la derrota.
4. Que, el 24/2/25, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y los planteos de inconstitucionalidad formulados por la actora.
5. Que, ante todo, es relevante precisar que por los permisos de embarque involucrados en esta actuación la actora documentó la exportación de mercaderías de la PA 1001.90.90.110B y abonó una alícuota de 23% de derechos de exportación (v. pp. 154-168, 450, 681, 916, 1059 y 1259, expte. cit.).
También se debe hacer hincapié en que la empresa consintió que se aplicase a las operaciones un 20% de derechos –en el entendimiento de que ese nivel de imposición había sido aprobado por el Poder Legislativo–, por lo que limitó su reclamo a la repetición de la suma de $1.684.550,26 (v. pp. 3 y 137-140, expte. cit.), equivalente a una diferencia de 3 puntos porcentuales.
Resta aclarar que, más allá del plexo de normas que la actora mencionó en sus presentaciones, la que tuvo real incidencia en el caso fue la resolución conjunta 26/08 y 28/08 (BO 23/12/08), que se hallaba vigente a la fecha de cierre de las ventas y estableció un derecho de exportación del 23% para la mercadería de la PA 1001.90.90.110B. En esos términos, los agravios de LDC Argentina SA exigen considerar estas cuestiones, y en el siguiente orden: 1) si el Tribunal Fiscal de la Nación podía declarar la inconstitucionalidad de las normas involucradas en el caso, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1164 del Código Aduanero; 2) si el derecho de exportación establecido en la resolución conjunta 26/08 y 28/08 es constitucional, o si vulnera el principio de reserva de ley en materia tributaria, en cuyo caso correspondería reintegrar lo abonado por tal concepto, con el alcance pretendido en la demanda; y 3) en la hipótesis de admitir el reclamo, si la tasa de interés prevista en el artículo 812 del Código Aduanero vulnera las garantías constitucionales de la actora y debe ser sustituida por otra.
6. Que la primera cuestión ya ha sido examinada por este Tribunal en la causa 51372/22 “Bunge Argentina SA (TF 36695-A) c/ DGA”, sentencia del 13/12/22; a cuyos fundamentos se remite por razones de brevedad (v. esp. consid. 7º).
7. Que con relación a la constitucionalidad de la resolución conjunta 26/08 y 28/08, se dan por reproducidos los términos del pronunciamiento dictado en la causa 42533/23 “Compañía Argentina de Granos SA (TF 78943355-A) c/ DGA”, sentencia del 25/6/24, considerandos 7° y 8°.
Por consiguiente, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la decisión apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en la resolución conjunta 26/08 y 28/08 y admitir la repetición de la diferencia CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 22239/2024 “LDC ARGENTINA SA (TF 103157087-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
reclamada, más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
8. Que, en cuanto a la tasa de interés aplicable desde cada reclamo de repetición, se remite a lo decidido por esta Sala, entre otras, en las causas homónimas 49628/18 y 19255/21 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA”, sentencias del 26/3/19 y 10/2/22, respectivamente. En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3º USO de la resolución MEyP 314/04 y disponer la aplicación al caso de la tasa de interés pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha de cada reclamo de repetición y hasta el 31/07/19 –esto último, en consideración a la OFICIAL entrada en vigencia de la resolución MH 598/19 y sus modificatorias, o las que la reemplacen–.
Por otra parte, se dan por reproducidos los argumentos vertidos en la causa 63190/19 “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP – DGI s/ DGI”, sentencia del 7/11/23 (esp. consid. 16), que conducen a rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la tasa prevista en el artículo 4º de la resolución ME 559/22. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
9. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN); lo que, a su vez, torna insustancial tratar el recurso del Fisco. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia