Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 138542079-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y en consecuencia, revocar la sentencia apelada del Tribunal Fiscal de la Nación y reconocer el derecho de la firma LDC Argentina SA a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa –respecto del Permiso de Embarque 18 052 EC01 011085 K–, conforme los términos que surgen del Considerando X, con más sus respectivos intereses, de acuerdo con lo establecido en el considerando XII. Costas de ambas instancias a la parte demandada vencida. Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 17645/2024 “17645/2024 "LDC ARGENTINA SA (TF
138542079-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de abril de 2025. NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso La empresa LDC Argentina SA, compañía dedicada a la comercialización de cereales, algodón, oleaginosas, fertilizantes, agroquímicos y semillas, realizó exportación de mercaderías, por lo que abonó derechos de exportación, establecidos por el Decreto Nº 793/18, cuando todavía no había sido ratificado aquel decreto por la Ley Nº 27.467. En consecuencia, solicitó la devolución de aquellos importes, lo cual fue rechazado mediante el acto administrativo dictado por el Administrador de la Aduana de Rosario. En consecuencia, la empresa interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el cual desestimó su pretensión, por aplicación de un fallo plenario del Tribunal Fiscal de la Nación.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia del 7/5/2024, confirmó la Resolución Nº 569/2023 (AD ROSA) dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 12542-539-2023, que se encuentran digitalizados en el DEO 15902521, mediante la cual se rechazó el pedido de devolución de derechos de exportación formulados por la firma LDC Argentina SA. Asimismo, impuso las costas a la parte actora.
Para así decidir, el Tribunal Fiscal de la Nación señaló que, las cuestiones planteadas en la causa bajo análisis resultaban sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/4/2022, IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN, dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en la cual el Tribunal Fiscal por mayoría había acordado: “ARTÍCULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTÍCULO 2 °.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
A continuación, puntualizó que a la fecha de oficialización de la destinación involucrada, es decir el 5/12/2018, el Decreto Nº 793/18 se encontraba vigente, atento que con el dictado de la Ley Nº 27.467, publicada el 4/12/2018 en el Boletín Oficial, se había ratificado su validez.
En consecuencia, determinó que correspondía rechazar la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados en relación al Permiso de Embarque Nº 18 052 EC01 011085K, en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 793/2018 mediante el cual se había dispuesto fijar, hasta el 31/12/2020, un derecho de exportación del 12% para la exportación a consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) fijándose un tope de $4 o $3 por cada dólar estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, según corresponda.
III. Agravios de la parte actora CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 17645/2024 “17645/2024 "LDC ARGENTINA SA (TF 138542079-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Contra aquel pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de apelación y expresó agravios el 24/6/2024, los cuales fueron contestados por el Fisco Nacional el 9/10/2023.
En primer lugar, la firma exportadora en el memorial del 24/6/2024 (v. IF-2024-65573096-APN-DTD#JGM), aduce que el Tribunal Fiscal de la Nación es competente para analizar la inconstitucionalidad de una ley o reglamento. Así, puntualiza que la decisión plenaria resulta incompatible a la luz de las previsiones establecidas en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y en la Convención Americana de Derechos Humanos, y que además se aparta de los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Camaronera Patagónica SA”.
Seguidamente, plantea que al momento del registro del Permiso de Embarque respectivo, no se encontraba ratificado legislativamente el Decreto Nº 793/2018.
Al respecto, alega que la modificación introducida por el Decreto Nº 793/2018 resulta inconstitucional en tanto viola el principio de legalidad en materia tributaria, ya que al momento del registro del Permiso de Embarque involucrado, es decir el 5/12/2018, el mismo aún no había sido ratificado por la Ley Nº 27.467 (el 4/12/2018 fue publicado en el Boletín Oficial, y entró en vigencia el 13/12/2018), y dicha ley no tiene aplicación retroactiva. En este sentido, sostiene que dicha interpretación encuentra su fundamento en la doctrina fijada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Camaronera Patagónica S.A. c/Dirección General de Aduanas”, del 15/4/ 2014.
En concordancia, solicita la devolución por parte del Fisco de las sumas indebidamente abonadas en concepto de derechos de exportación fijados por el Decreto N° 793/18 en las operaciones bajo estudio, registradas desde la entrada en vigencia del mencionado decreto, el 4/9/2018, hasta la entrada en vigencia de la Ley Nº 27.467, el 13/12/2018.
Por otro lado, expresa que el artículo 755 del Código Aduanero resulta insuficiente para fundar una delegación legislativa luego de la reforma constitucional de 1994, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional. Ello así, destaca que la doctrina legal fijada en el Plenario del Tribunal Fiscal, según la cual “el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero” resulta contradictoria con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Camaronera Patagónica S.A.”.
Finalmente, impugna la Resolución Nº 559/22, en tanto considera que la misma resulta irrisoria y violatoria de la propiedad privada de la parte actora, y solicita la aplicación de la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina al período comprendido entre el 25/8/2022 y el 1/1/2024. A su vez, y ante una eventual escalada de los tipos de interés, se reserva el derecho de impugnar la tasa establecida en la Resolución Nº 3/2024 del Ministerio de Economía, y de solicitar la aplicación de la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina, a fin de mantener la integridad de las sumas reclamadas.
IV. Alcances del pronunciamiento De manera preliminar, es necesario advertir que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 17645/2024 “17645/2024 "LDC ARGENTINA SA (TF 138542079-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/2020; “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/2022, entre otros).
V. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho En este orden de ideas, es adecuado recordar que, en consonancia con lo previsto en el artículo 1.180 del Código Aduanero, no cabe rever en esta instancia las cuestiones fácticas planteadas en la instancia anterior, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (confr. CSJN, Fallos: 300:985 y; esta Sala, in rebus: “Schmid, Walter Edmundo”, del 26/10/84; “Procter & Gamble Soc. Col (TF 19609-A) c/ DGA”, del 21/9/2006; “Baxter Argentina SA TF 34662-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 16/12/2020, entre otras).
Es decir que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, en virtud de lo normado por el citado artículo 1.180 del Código Aduanero, puesto que está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (confr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 6774/2015, del 15/12/2016; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/2018; “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/2019; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/2022 y, “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/2022, entre muchos).
VI. Delimitación de la cuestión a resolver y circunstancias de hecho relevantes para la resolución del caso De manera preliminar, corresponde señalar que, la materia sobre la cual debe expedirse esta Alzada –según la lectura de las piezas que conforman esta litis– es si los derechos de exportación abonados por la firma LDC Argentina SA, en ocasión de documentar el permiso de embarque Nº PE 18 052 EC01 011085 K (en total $1.367.820), conforme a las disposiciones del Decreto N° 793/18, resultan o no ajustados a derecho.
Así las cosas, y con el propósito de lograr una mejor comprensión de la problemática involucrada en autos, me parece conveniente reseñar las circunstancias fácticas del caso según surge de las actuaciones administrativas.
Bajo esta perspectiva, de las constancias acompañadas a la causa, conforme fueran reseñadas adecuadamente por el Tribunal Fiscal, surge que la actuación SIGEA Nº 12542-539-2023 se inició el 3/3/2023 con el pedido de repetición en concepto de derecho de exportación presentado por la actora con relación a la destinación PE 18 052 EC01 011085 K, oficializada el 5/12/2018.
VII. Reseña de las normas aplicables al caso Sentado lo expuesto, resulta conveniente describir el plexo normativo aplicable. En este orden de ideas, cabe señalar que la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 17645/2024 “17645/2024 "LDC ARGENTINA SA (TF 138542079-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Constitución Nacional dispone que: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca…” (artículo 76, primer párrafo).
Por otro lado, en su artículo 99 prevé que el Presidente de la Nación posee diversas atribuciones, entre las que se encuentran –en lo que aquí interesa– las siguientes: (i) expedirá las instrucciones y reglamentos que sean necesarias para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias (inciso 2º); (ii) es quien participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar, pero no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo (inciso 3º).
Asimismo, en el mismo inciso se dispone que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”. A tal fin, “El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso” (art. 99 inciso 3º).
A su vez el artículo 100 establece que tanto el jefe de gabinete de ministros como los demás ministros secretarios no solo tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, sino que también a ellos les corresponde refrendar y legalizar los actos del presidente por medio de su firma, los cuales sin dicho requisito, carecen de eficacia. Además, el mencionado artículo determina que el jefe de gabinete de ministros es a quien le corresponde refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los cuales también estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente (inciso 12).
Por su parte, el Código Aduanero establece que el Poder Ejecutivo podrá “a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de exportación establecido” (inciso 1º, artículo 755).
VIII. Jurisprudencia de la Corte Suprema aplicable al caso Por otro lado, cabe puntualizar que en el precedente registrado Fallos: 337:388, “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ Amparo”, 15/4/2014, la mayoría del Máximo Tribunal destacó la indudable naturaleza tributaria de este derecho de exportación.
Ello así, señaló que se trataba de un “tributo cuya definición puede comprenderse en el artículo 724 del Código Aduanero, en tanto grava el hecho de la exportación misma de la mercadería, para consumo, involucrando una carga pecuniaria coactiva para el sujeto pasivo que realice la acción gravada prevista por la norma, con destino a las arcas públicas…” (Considerando 6º).
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Asimismo, destacó que en el Código Aduanero se determinó la posibilidad de que este tipo de gravámenes fuera establecido con finalidad recaudatoria, es decir, para nutrir el erario público y, también con el objeto de cumplir con los demás fines estatales. En este sentido, la Corte Suprema mencionó que “las razones que se invocaron para dictar la resolución 11/02 se inscriben dentro de tal caracterización pues en los considerandos que precedieron a dicha norma se aludió al fuerte deterioro de los ingresos fiscales (…) No obstante ello, corresponde reiterar que el ‘derecho’ establecido por la resolución mencionada es por su naturaleza un tributo – específicamente, un impuesto–, más allá de los fines que con él se hayan querido lograr” (Considerando 7º).
Así las cosas, y luego de señalar que la controversia suscitada requería el examen de compatibilidad de las normas en debate – especialmente el artículo 755 del Código Aduanero y la Resolución N° 11/02– con las que la Constitución Nacional fijó para el establecimiento de los gravámenes, afirmó que “nuestra Ley Fundamental prescribe, de manera reiterada y como regla primordial, tanto en el art. 4º como en los arts. 17 y 52, que solo el Congreso impone las contribuciones referidas en el primero de ellos”, y puntualizó que el principio de legalidad o reserva de ley, de raigambre constitucional “abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones” (Considerando 8º).
A continuación, en relación con el principio de reserva de ley en materia tributaria indicó que el mismo no cede en el supuesto de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa, recordando que ella misma sostuvo al respecto que “los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo…” (Considerando 9º).
A partir de tal premisa, destacó que el legislador no había determinado de manera cierta e indudable la forma de cuantificar la prestación, sino que había recurrido a lo dispuesto por la Resolución N° 11/02, de manera que el Congreso Nacional no había previsto cuál era la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación. Por lo tanto, concluyó que “al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados” (Considerando 9º, último párrafo).
Seguidamente, en el Considerando 10 explicó la utilidad que revisten los tributos aduaneros como herramienta estadual frente a las fluctuaciones que presenta el comercio internacional, exponiendo que en el ámbito de los derechos aduaneros “cobra relevancia la doctrina según la cual ‘tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida’”. A continuación, mencionó que en ese contexto, resultaba admisible que el Congreso atribuyera al Poder Ejecutivo determinadas facultades, las que se ceñirían exclusivamente al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, consistiendo por lo tanto en autoriza elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijaran pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa.
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A partir de este análisis la Corte Suprema concluyó que la Resolución Nº 11/02 resultaba inválida.
Sin embargo, en el Considerando 11 desechó que pudiera desconocerse que la Ley N° 25.645 había aprobado “la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma de 1994”, destacando que “Es evidente que los términos empleados por el legislador al sancionar la ley 25.645 constituyen una clara manifestación de su decisión política de ratificar la legislación delegada dictada hasta el 24 de agosto de 2002…”, lo cual representó “…la voluntad expresa del Congreso Nacional en la materia y solo pueden ser interpretados en el sentido de que quiso conferir rango de ley al contenido de todas las normas delegadas dictadas con anterioridad a su entrada en vigencia”.
Por lo tanto, negando que la Ley N° 25.645 pudiera convalidar retroactivamente una norma que adolecía de nulidad absoluta e insanable como la Resolución N° 11/02, declaró que no existía “razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia…”, resolviendo que la invalidez del reglamento se circunscribía al período comprendido entre el 5/6/2002 y el 24/8/2002, momento –este último– a partir del cual había comenzado a regir la Ley N° 25.645.
IX. Precedentes análogos dictados por esta Sala Teniendo en consideración todo lo expuesto, resulta conveniente destacar que la presente cuestión ya ha sido examinada por esta Sala en la causa “Catajuy SRL c/ EN DGA s/ DGA”, Causa N° 377/2021, del 18/10/2022, (criterio reiterado en los precedentes –en su actual integración– en los casos “Over Organización Veterinaria Regional SRL c/ EN-DGA – SIGEA 13289/3919/2019 s/ dirección general de aduanas”, Causa Nº 42.682/2022, del 14/5/2024 y “Newsan SA (TF 9768500-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 17.252/2023, del 21/5/2024; y en los precedentes “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 26.963/2022, del 29/12/2022; “Argen Pork Export Consorcio de Cooperación c/ EN - AFIP- DGA s/ dirección general de aduanas”, Causa Nº 62.761/2019, del 3/2/2023; “El Galgo SA c/ EN –AFIP DGA s/dirección general de aduanas”, Causa Nº 14.520/2020, del 28/3/2023; “Arcor SAIC (TF 69421146-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 23.225/2023, del 7/11/2023; “Arcor SAIC (TF 69398395-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 26.774/23, del 21/11/2023; “Enap Sipetrol Argentina SA (TF 25115520-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 29.337/2023, del 23/11/2023; “Refinería del Norte SA (TF 47880908-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 30.542/2023, del 23/11/2023; “Refinería del Norte SA (TF 47866058-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 34.644/2023, del 14/12/2023; y “Argensun SA (TF 36606041-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 5623/2024, del 27/3/2025).
En dicho precedente, se señaló que la ratificación legislativa, como regla general, carecía de efectos retroactivos respecto de los decretos que adolecían de vicios en su origen, al tiempo que se explicaron las razones del apartamiento a lo resuelto por esta Sala en el precedente “Patagonic Gas SRL c/ EN -AFIP- DGA s/ Amparo”, Causa N° 74.554/2018, del 14/11/2019.
En cuanto al fondo del asunto, se desestimó la tesis sostenida por la demandada, dirigida a subsumir el Decreto N° 793/18 en las facultades del artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional, atento a la preponderancia que en materia tributaria posee el principio de legalidad.
Asimismo, se puso de resalto que si bien al dictarse el decreto en cuestión regía la Ley N° 26.122, ello no tornaba diferente la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 17645/2024 “17645/2024 "LDC ARGENTINA SA (TF 138542079-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
situación a la decidida por la Corte Suprema en la causa “Camaronera Patagónica SA”, ya que en ambos casos el vicio era congénito y superado por la ley posterior sancionada por el Poder Legislativo.
A su vez, con base en lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley N° 27.467, se dispuso que el Decreto N° 793/18 –aquí cuestionado– careció de vigencia entre el 4/9/2018 –fecha de entrada en vigor del aludido decreto– y el 13/12/2018 –fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.467– (confr. esta Sala –en su actual integración– in re: “Over Organización Veterinaria Regional S.R.L.”, ya citado), por lo que correspondía reconocer el derecho al reintegro de los derechos de exportación abonados en dicho período.
X. Aplicación de los precedentes de la Sala al caso bajo análisis De conformidad con todo lo reseñado y explicado, y advirtiendo que el planteo de autos guarda semejanza sustancial con las causas mencionadas en el considerando que antecede –ello, tanto desde el plano fáctico como jurídico–, en línea con lo allí resuelto, corresponde admitir los agravios presentados por la firma actora y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia apelada.
Por ello, toda vez que las operaciones relativas al permiso de embarque Nº 18 052 EC01 011085 K, de acuerdo con las constancias de autos, tuvieron lugar el 5/12/2018 (esto es, con anterioridad al 13/12/2018), deberán reintegrarse las sumas reclamadas por la firma actora.
XI. Sobre la inconstitucionalidad de la tasa de interés establecida en la Resolución Nº 559/2022 Por otro lado, corresponde rechazar los agravios esbozados por la actora en punto a que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución Nº 559/2022 del Ministerio de Economía. Ello así, toda vez que, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General – Dictamen Nº 158/2025, del 7/2/2025–, la firma apelante se limitó a señalar genéricamente que su aplicación afecta su derecho de propiedad, sin efectuar un análisis riguroso que compruebe que esa norma resulte lesiva de sus derechos constitucionales (en igual sentido, esta Sala, in re: “Antonelli, Daniela c/ EN-AFIP-LEY 20628 s/Amparo Ley 16.986”, Causa Nº 24319/2023, del 31/10/2023; y en el mismo sentido, esta Cámara, Sala IV, in re: “Suárez, María Cristina c/ EN - AFIP - LEY 20628 s /Amparo Ley 16.986”, Causa Nº 38983/2023, del 21/12/2023). Al respecto, resulta oportuno añadir que la Sala IV del fuero ha destacado que los agravios basados en que la aplicación de la tasa antedicha no resultaría equiparable a los índices inflacionarios, no cumple con las exigencias establecidas por el Máximo Tribunal. Y concluyó que “dar favorable acogida a la argumentación de la actora, en los términos en que ha sido planteada, conllevaría a un desconocimiento de las normas dispuestas por el legislador, a través de las cuales se instauró la prohibición de indexación, mediante las leyes 23.928 y 25.561” (confr. “Industrial And Commercial Bank Of China c/ AFIP – DGI s/Dirección General Impositiva”, Causa N° 63190/2019, del 7/11/2023), doctrina que también ha extendido a las repeticiones aduaneras (confr. “PBB Polisur SRL (TF 22571331-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 16279/2024, del 19/11/2024, considerando 6º).
Dicha doctrina concuerda con lo expuesto por esta Alzada en el reciente fallo “Telefónica de Argentina SA c/ Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva s/ Dirección General Impositiva” y sus citas (Causa Nº 11207/2020, del 26/11/2024).
XII. Intereses Ello así, en cuanto a los intereses que habrán de adicionarse a las sumas a reintegrar (artículo 811 del Código Aduanero), toda vez que el reclamo de repetición –SIGEA Nº 12542-539-2023– fue presentado el 3/3/2023, deberán liquidarse de la siguiente manera:
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 17645/2024 “17645/2024 "LDC ARGENTINA SA (TF
138542079-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
(i) desde el momento de formularse el reclamo y hasta el 31/1/2024 deberán aplicarse los intereses establecidos en la Resolución N° 559/22 del Ministerio de Economía;
(ii) seguidamente, corresponderá aplicar los intereses previstos en la Resolución N° 3/2024 (desde el día 1/2/2024 –confr. artículo 10– hasta el 28/2/2025) y;
(iii) finalmente, deberán aplicarse los intereses previstos en la Resolución Nº 199/2025 del Ministerio de Economía (desde el 1/3/2025 –confr. artículo 3–) o la que en el futuro pudiera regir, hasta el momento del pago (confr. esta Sala, in rebus: “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA (TF 28712-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 43.705/2023, del 2/2/2024; “Minera Santa Cruz S.A. (TF 27393717-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 34.659/2023, del 12/3/2024, entre otras) y en las condiciones establecidas por la Corte Suprema en la causa “Cencosud (TF 29.535-A) c/ DGA”, del 15/5/2014, y de conformidad con la liquidación que deberá practicarse oportunamente (confr. esta Sala, in re: “Genoma Laboratories SA c/EN–AFIP–DGA–SIGEA 19144–10022– 2019 s/Dirección General de Aduanas”, Causa Nº 43700/2023, del 5/11/2024).
XIII. Costas Por último, en cuanto a la imposición de costas, teniendo en cuenta que en esta instancia se resuelve revocar el decisorio de la anterior instancia y, que tampoco se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, corresponde imponerlas –en ambas instancias– a la parte demandada vencida (artículos 68, primera parte, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
En concordancia, resulta inoficioso expedirse respecto del agravio deducido por la parte demandada.
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto, SE RESUELVE: hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y en consecuencia, revocar la sentencia apelada del Tribunal Fiscal de la Nación y reconocer el derecho de la firma LDC Argentina SA a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa –respecto del Permiso de Embarque 18 052 EC01 011085 K–, conforme los términos que surgen del Considerando X, con más sus respectivos intereses, de acuerdo con lo establecido en el considerando XII. Costas de ambas instancias a la parte demandada vencida. Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara. Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General –mediante correo electrónico dirigido a la dirección oficial del Ministerio Público ante esta Alzada ([email protected]; [email protected]; [email protected]; y dvocosmpf.gov.ar)– y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia