Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 23383-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la sentencia apelada y devolver la causa al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se valore la prueba producida y se determine si la repetición es procedente. Las costas de ambas instancias se distribuyen por su orden (art. 279 y 68, segundo párrafo, CPCCN). En atención a la forma en que se resuelve, déjese sin efecto la regulación de honorarios de fs. 139.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
22897/2023 "LDC ARGENTINA SA (TF 23383-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
Buenos Aires, de febrero de 2024.- MLF Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. El Tribunal Fiscal resolvió a fs. 119/120 confirmar, con costas, la resolución nro. 24/07 (DI RARS) dictada en la Actuación nro. 12554-36-2006/1, que desestimó la solicitud de devolución de derechos de exportación solicitada por la firma Louis Dreyfus y CIA (LDC) en relación al permiso de embarque nro. 02052EC10041165E.
Para decidir en ese sentido, señaló que la declaración aduanera es inalterable una vez registrada y que, de acuerdo a las normas vigentes al momento de los hechos examinados, el servicio aduanero autoriza su rectificación, modificación o ampliación cuando la inexactitud fuere comprobable de su lectura o de la de los documentos complementarios anexos a ella. En función de ello, desechó la postura del exportador en cuanto sostiene que el error surge evidente de la declaración de exportación y entendió que la hipótesis que faculta la revisión de la relación jurídica en los términos libremente declarados por el contribuyente no se verifica en el caso, ya que, aun cuando del peritaje de fs. 83/86 surja un error en la declaración, el experto arribó a tal conclusión tras considerar elementos de prueba que no condicen con la limitación razonable impuesta por el legislador en aras de preservar la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones jurídicas impositivas. En tal sentido, advirtió que la búsqueda de la verdad objetiva no puede hacerse haciendo caso omiso de los procedimientos establecidos y que resulta irrazonable que con dicho fin se puedan sortear los pasos rituales, lo cual conduce a proclamar la eliminación de los procedimientos, lo cual es inaceptable en un estado de derecho.
II. El pronunciamiento fue apelado por la empresa exportadora, cuyo recurso fue fundado a fs. 133/137 y, sus quejas, replicadas por su contraria a fs. 148/150. Se queja porque la procedencia de la repetición y el pago en exceso han quedado demostrados en autos; señala que el procedimiento seguido a fin de obtener la repetición solicitada es el correcto y que, al desestimar su pretensión, se avala un enriquecimiento sin causa a favor del Estado Nacional.
III. Para el examen de la apelación, cabe señalar esta Cámara ha declarado en reiteradas oportunidades que el principio de inalterabilidad de la declaración aduanera de exportación establecido en los arts. 321 y 322 del Código Aduanero tiene sus efectos en el ámbito de ingreso de los tributos y en el campo infraccional, pero no afecta la posibilidad ulterior de analizar su corrección, aún con posterioridad al libramiento de la mercadería, en un procedimiento de impugnación contra el cargo que se le formule, o en una acción de repetición, si se demostrara que se hubieran pagado los tributos por un error justificado o sin causa.
De tal modo, se ha decidido repetidamente que la acción de repetición es procedente en la medida en que se haya acreditado el pago en demasía por parte del contribuyente y no se configure una infracción o delito aduanero (artículo 322, apartado 3, del Código Aduanero), pues lo contrario implicaría admitir un enriquecimiento indebido del Estado (v. esta Sala, causas “Sancor CUL (TF 26220-A) c/ DGA”, expte. nro. 22873/12, del 31/10/2012 -recurso extraordinario resuelto por CSJN el 2/7/2013 (art. 280 CPCCN)-; “Sancor Cul”, expte. nro. 41663/2016, del 28/11/2017; “Sancor Cul c/ EN-DGA-RESOL 664/10 Y OTRAS (EXPTE 13289-7723/08)”, nro. 32606/10, del 2/3/2018; esta Cámara, Sala I, “Sancor Cul (TF 26161-A) c/ DGA”, expte. nro. 31909/11, del 14/8/12; Sala II, causa “Sancor CUL (TF 26216-A) c/DGA”, expte. nro. 5.499/2011, del 16/08/2011; Sala IV, causa “SANCOR CUL”, nro. 29806/15, del 10/12/2015; Sala V, causa "Sancor CUL (TF 26562-A) c/ DGA", expte. nro. 31862/11, del 22/05/2012, entre muchos otros).
IV. En materia de repeticiones, corresponde al solvens acreditar el pago y el error en que se habría incurrido como recaudos para ejercer la acción (v. esta Sala, 17.853/09 “El Marisco SA (TF 24493-A) c/ DGA”, del 15/06/10; Sala II, 154/10 “Basso SA (TF 24888-A) c/ DGA”, del 07/12/10).
En el caso, se observa (de acuerdo a los extremos de hecho consignados en la sentencia que no han sido controvertidos en la apelación) que en el permiso de embarque que da origen a esta causa la empresa LDC oficializó con fecha 2/8/2002 la exportación de 4.050 toneladas de mercadería en condición de venta FOB, valor FOB total u$s 1.867.050 (FOB unitario u$s 461)
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por la cual abonó en concepto de derechos de exportación el importe de u$s 373.410 ($1.344.276, según comprobante de pago de liquidación manual 02001LMAN30493S, v. fs. 8 de las actuaciones administrativas) y que, con posterioridad, el exportador solicitó la repetición de u$s 62.247,45, argumentando que al registrar la operación incluyó los derechos de exportación en el valor FOB por lo que se efectuó un pago en exceso al no aplicarse el coeficiente estipulado para este tipo de operaciones, dado que por un error involuntario no hizo uso de la opción “DEREXPINCLUFOB”.
Asimismo, surge de lo actuado en sede administrativa (expte. nro. 12554-36-2006/1, que se tiene a la vista) que la resolución impugnada resolvió no hacer lugar a la repetición con fundamento en el dictamen nro. 90/07, en el cual el servicio jurídico opinó que “si bien de los informes de las áreas técnicas surge que no puede determinarse con certeza que los derechos hayan estado incluidos en el valor FOB declarado en la destinación del importador/exportador, conforme luce en la declaración comprometida en el campo valor mercadería (coeficiente/cant. unidades) se declara por autoliquidación coeficiente 1,0000 y dentro del campo opciones/ventajas tampoco se declara que los derechos están incluidos en el valor FOB, como asimismo surge de la hoja de valor obrante dentro del sobre contenedor en donde el exportador con carácter de declaración jurada declara que no incluye derechos y demás tributos a la importación. En consecuencia, esta instancia entiende que correspondería NO HACER LUGAR a lo peticionado… ” (v. fs. 129/131).
En el trámite ante el Tribunal Fiscal, se designó perito contador de oficio quien emitió su dictamen a fs. 83/86 de acuerdo con el punto reformulado en el auto de apertura a prueba de fs. 46. En esa oportunidad, el experto informó que de la documentación puesta a disposición por la parte actora surge que el precio FOB del aceite mezcla se conforma de 4 ítems: costo de los insumos, costos de poner la mercadería a bordo del barco - costos de elevación, impuestos de exportación y margen de utilidad; a partir de la información suministrada por el importador, desarrolló la estructura de precios y afirmó que “ en función a que el precio final es definido como también los costos directamente relacionados con esta producción de aceite mezcla, el incremento del valor abonado bajo el concepto de derechos de exportación afecta directamente el margen de utilidad. Esta variación produce que el resultado de esta venta pase del 12% al 16%... ”. Explicó también que de acuerdo a los estados contables finalizados al 31/12/2002 (ejercicio en el que se llevó a cabo la operación) el margen de utilidad directo arrojó una utilidad promedio de 11%, acerca de lo cual personal de la empresa manifestó que dado que vende distintos productos los márgenes de cada transacción puede variar. Finalmente, advirtió el especialista que la información correspondiente a los asientos diarios mencionados en el informe fueron corroborados por impresiones de las operaciones registradas en el libro diario extraídas del sistema SAP, que no pudieron ser verificados por el perito ya que fueron secuestrados en el marco de una causa sobre infracción a la ley 24769 en trámite ante el Juzgado en lo Penal Tributario nro. 3.
Contrariamente a lo afirmado por el apelante, el Fisco cuestionó el peritaje a fs. 88, por haber sido realizado sin la intervención de la consultora técnica propuesta a fs. 54 y dada la imposibilidad de verificar la información que surgiría de los asientos diarios.
En estas condiciones, a fin de asegurar la doble instancia y toda vez que el caso demanda un examen de la prueba producida, corresponde que en los términos del art. 1143 y concordantes del código aduanero se remita la causa a al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se valore la prueba producida y se determine si la repetición es procedente.
Por ello, SE RESUELVE: revocar la sentencia apelada y devolver la causa al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se valore la prueba producida y se determine si la repetición es procedente. Las costas de ambas instancias se distribuyen por su orden (art. 279 y 68, segundo párrafo, CPCCN). En atención a la forma en que se resuelve, déjese sin efecto la regulación de honorarios de fs. 139.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia