Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 33187-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
2En atención a la intimación cursada al demandado en el punto V del proveído del 25/9/25, notificado en igual fecha, sin que aquél cumpliese con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, aplíquense astreintes de $1000 diarios a partir del quinto día de notificada la presente, hasta tanto proporcione los elementos necesarios para la determinación del tributo. Sin perjuicio de lo expuesto, toda vez que se encuentra configurado el supuesto previsto en el punto 10 in fine de la acordada CSJN 20/92, corresponde remitir los autos al Representante del Fisco para que liquide el monto de tasa exigible.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
37315/2025 LDC ARGENTINA SA (TF 33187-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 20 de febrero de 2026.
1. Que, a fs. 239/241vta., el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución AD ROSA 302/13, dictada en la actuación SIGEA 12542-457-2007, y dejó sin efecto los cargos 18 a 23 del año 2007, formulados con motivo del ajuste de valor practicado respecto de seis destinaciones de exportación registradas por LDC Argentina SA en 2004. Asimismo, impuso las costas a la demandada.
Para resolver en tal sentido, el Tribunal señaló que el servicio aduanero había ajustado los valores imponibles y determinado diferencias de tributos conforme al método previsto en el artículo 748, inciso c, del Código Aduanero, el cual toma como referencia el promedio de precios usuales de mercadería idéntica o similar competitiva, considerando las modalidades propias de cada exportación. Precisó que, según el informe técnico 1/07 (SE FVEX) —base del ajuste—, la Aduana descartó los precios declarados por la exportadora por considerarlos no idóneos y optó por utilizar valores trimestrales promedio, en atención a las abruptas variaciones registradas en las destinaciones documentadas por distintos exportadores durante 2004. Dichos valores promedio para la posición arancelaria 2305.50.00.000V (pellets de cáscara de soja) fueron:
-Primer trimestre: USD 75,27.
-Segundo trimestre: USD 84,45.
-Tercer trimestre: USD 53,94.
-Cuarto trimestre: USD 43,61.
Indicó que, mediante los permisos de embarque involucrados (04052EC01003313A, 04052EC01004544H, 04052EC01004086X, 04052EC01005401A, 04052EC01003917K y 04052EC01000881H), la actora había documentado exportaciones de la mercadería referida, declarando valores FOB unitarios entre USD 45 y USD 80.
Aclaró que estaban fuera de discusión las siguientes circunstancias: (i) se trataba de mercadería con precio volátil y sin valor FOB oficial; (ii) los precios declarados coincidían con los contratos y facturas comerciales aportados (cfr. pericias contables de fs. 102/107 y fs. 68/77 de las act. adm.); (iii) el listado de destinaciones utilizado por la Aduana para calcular los promedios no fue cuestionado por la actora; y (iv) existía vinculación entre la exportadora y su compradora del exterior, extremo no negado por LDC Argentina SA.
Respecto de cada cargo, el Tribunal puntualizó:
-Cargo 18/07 (PE 04052EC01003313A, oficializado el 20/5/04): la firma declaró un valor FOB unitario de USD 75 y la Aduana lo ajustó a USD 84,45. Se destacó la amplia oscilación de valores en el mismo trimestre (USD 50 a 105). -Cargo 19/07 (PE 04052EC01004544H, oficializado el 7/7/04): la actora declaró USD 45, mientras que el promedio aduanero para el tercer trimestre era de USD 53,94. El Tribunal advirtió un error material al confeccionarse el cargo, ya que se pretendió aplicar erróneamente el valor del segundo trimestre (USD 84,45). Asimismo, señaló que en el tercer trimestre hubo registros de entre USD 35 y USD 106 con muy pocos días de diferencia.
-Cargo 20/07 (PE 04052EC01004086X, oficializado el 16/6/04): se declaró USD 50, y fue ajustado a USD 84,45. El Tribunal remitió a las observaciones del cargo 18/07 sobre las marcadas oscilaciones de precios registradas en el segundo trimestre.
-Cargo 21/07 (PE 04052EC01005401A, oficializado el 5/8/04): se declaró USD 45, y fue ajustado a USD 53,94. Se reiteró aquí la observación del cargo 19/07 respecto a la inestabilidad de los precios del tercer trimestre.
-Cargo 22/07 (PE 04052EC01003917K, oficializado el 10/6/04): se declaró USD 80, y fue ajustado a USD 84,45. El Tribunal volvió a señalar que la diferencia era mínima frente a la volatilidad demostrada en las operaciones contemporáneas del listado de antecedentes.
-Cargo 23/07 (PE 04052EC01000881H, oficializado el 1/3/04): se declaró USD 66, y fue ajustado a USD 75,27 (promedio del primer trimestre de 2004). El Tribunal observó que en ese trimestre hubo exportaciones documentadas con valores entre USD62,75 y USD 95.
Como conclusión general, sostuvo que la Aduana no demostró que los valores declarados difiriesen notoriamente de los corrientes, requisito exigido por el artículo 747 del Código Aduanero para descartar el precio de transacción. Por el contrario, los valores se ubicaron dentro de los parámetros usuales y nunca próximos a los mínimos de cada trimestre.
Además, resaltó que, dada la extrema volatilidad del producto, el método de promedios trimestrales empleado por la Aduana no resultaba adecuado, pues no reflejaba la realidad del negocio.
En suma, al encontrarse los valores documentados dentro de los parámetros habituales y no habiendo el Fisco aportado pruebas suficientes para desvirtuarlos, concluyó que el ajuste resultaba improcedente.
2. Que, disconforme, a fs. 249 interpuso apelación el Fisco Nacional; que se concedió a fs. 250, se fundó a fs. 254/258 y fue replicada a fs. 263/266.
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37315/2025 LDC ARGENTINA SA (TF 33187-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En lo sustancial, sostuvo que el fallo del Tribunal Fiscal de la Nación resultaba arbitrario, por cuanto el servicio aduanero actuó en estricta conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 734 a 750 del Código Aduanero para determinar la base imponible de las mercaderías.
Alegó que la Aduana dispone de un margen de discrecionalidad para evaluar los precios declarados y que, al advertir que éstos diferían notoriamente de los valores corrientes, se encontraba plenamente facultada para exigir su justificación bajo apercibimiento de no considerarlos aceptables, conforme lo previsto en el artículo 747 del citado cuerpo normativo.
Cuestionó la revocación del ajuste practicado, afirmando que el servicio aduanero se sustentó en fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos debidamente respaldados por los informes técnicos emitidos. En ese sentido, destacó que la documentación aportada por la propia exportadora durante el procedimiento de impugnación resultó insuficiente para desvirtuar las conclusiones del organismo, sin aportar elementos que justificaran la razonabilidad de los valores declarados. Asimismo, argumentó que los precios documentados por LDC Argentina SA se encontraban disminuidos respecto de operaciones contemporáneas tomadas como antecedentes, lo que habilitaba al Fisco a prescindir del valor de transacción y aplicar los métodos previstos en el artículo 748 del Código Aduanero. Sostuvo que, una vez cuestionada la idoneidad del precio, la carga de la prueba se trasladaba al exportador, quien debía demostrar la legitimidad de su declaración.
Finalmente, planteó que el accionar de la Aduana no fue caprichoso, sino ajustado a las pautas procedimentales de la ley 22.415 y de la resolución general AFIP 620/99, e hizo reserva del caso federal.
3. Que, ante todo, corresponde aclarar que en el procedimiento de ajuste de valor quien afirma el hecho que origina el conflicto es el servicio aduanero; quien, por lo tanto, debe probar la veracidad de su cuestionamiento y, sólo en caso de lograrlo, transfiere al importador o exportador la obligación de demostrar la legitimidad de su declaración. Es decir que, mientras aquél no produzca prueba eficiente respecto de la necesidad de un ajuste, ninguna carga pesa sobre el particular (doctr. esta Sala, causa “Macnet SA (TF 14723-A) c/ DGA”, sent. del 13/9/05, entre otras).
Cabe admitir, entonces, que así como la Aduana no está obligada a aceptar precios de transacción declarados que no se ajusten a los requisitos de la norma de valoración que se desarrolla en los artículos 735 a 744 del Código Aduanero, tampoco se encuentra facultada para, mediante alguno de los métodos alternativos que prevé el artículo 748, fijar otros que adolezcan de similares vicios.
4. Que, de las actuaciones administrativas surge que el ajuste de valor sobre cuya base la aduana formuló los cargos 18 a 23 del año 2007 se practicó con fundamento en el inciso c, del artículo 748 del Código Aduanero, que establece: “Cuando el precio pagado o por pagar no constituyere una base idónea de valoración a los fines de determinar el valor imponible en forma correcta, el servicio aduanero podrá apartarse del mismo en cuyo caso corresponderá utilizar como base de valoración la que mejor se adecuare de las previstas a continuación: … c) el valor obtenido mediante la aplicación de precios preestablecidos para períodos ciertos y determinados, resultantes de promediar precios usuales de mercadería idéntica o, en su defecto, de similar competitiva, tomando en consideración las modalidades inherentes a la exportación” (énfasis añadido). En su resolución, el Tribunal Fiscal de la Nación cuestionó que se hubiesen tomado en consideración precios resultantes de promediar datos por períodos trimestrales. Entendió que resultaron insuficientes para obtener un parámetro de comparación adecuado frente a una mercadería que —como los pellets de cáscara de soja— presenta una marcada volatilidad y oscilaciones de precios que pueden darse en un mismo día. En efecto, el juzgador de la instancia anterior identificó que los valores declarados por la actora (que oscilaron entre USD 45 y 80) se encontraban dentro de los parámetros usuales de mercado para el año 2004, donde se verificaron fluctuaciones abruptas —en algunos casos con incrementos superiores al 200%— entre operaciones contemporáneas (v.g. registros de entre USD 35 y 106 en el tercer trimestre con pocos días de diferencia). Frente a tal escenario, concluyó acertadamente que el método de promedios trimestrales empleado por la Aduana no reflejaba la realidad imperante del negocio, incumpliendo así con el requisito legal de ponderar las modalidades inherentes a la exportación exigido por el citado artículo 748, inciso c, del código de la materia.
En tales condiciones, y toda vez que el memorial de agravios del Fisco solo insiste en explicar el procedimiento seguido para promediar precios y en invocar facultades discrecionales de manera genérica, sin rebatir en forma concreta la valoración de las pruebas y los hechos realizada en la anterior instancia, no se advierten motivos que justifiquen apartarse de lo resuelto.
5. Que, a mayor abundamiento, debe recordarse que las conclusiones sobre los hechos probados se encuentran, en principio, marginadas del examen que corresponde realizar a esta Cámara, atento a la limitación que surge del artículo 1180, apartado b, del Código Aduanero.
Esto es así a menos que, del ejercicio por parte del Tribunal Fiscal de la Nación de su facultad para apreciar las cuestiones fácticas, surja que hubiera CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 37315/2025 LDC ARGENTINA SA (TF 33187-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO mediado arbitrariedad o un error de magnitud suficiente para apartar la aplicación del mentado principio (cfr. Fallos 300:985; Sala I, causa “Scioli”, sent. del 14/12/93; Sala III, causa “Schmid, Walter Edmundo”, sent. del 26/10/84; Sala V, causas “Aspitarte y Cía S.a.”, sent. del 14/8/95, “Seysu S.R.L.”, sent. del 25/3/96, “Zeneca S.A.”, sent. del 26/8/98 y “DGA (en autos Procter & Gamble Soc. Col TF 19609- A)”, sent. del 21/9/06; entre otras).
Toda vez que esos extremos no fueron alegados ni demostrados por el recurrente, no cabe apartarse de la valoración de los hechos y de las pruebas que se hizo en la anterior instancia (en similar sentido, cfr. esta Sala, causa 56586/15 “Patagonian Fruits trade SA c/ DGA”, sent. del 28/4/16).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
2. En atención a la intimación cursada al demandado en el punto V del proveído del 25/9/25, notificado en igual fecha, sin que aquél cumpliese con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, aplíquense astreintes de $1000 diarios a partir del quinto día de notificada la presente, hasta tanto proporcione los elementos necesarios para la determinación del tributo. Sin perjuicio de lo expuesto, toda vez que se encuentra configurado el supuesto previsto en el punto 10 in fine de la acordada CSJN 20/92, corresponde remitir los autos al Representante del Fisco para que liquide el monto de tasa exigible.
El juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y cúmplase con la remisión ordenada en el punto 2.
JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia