Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 33459-A
—SALA IV—
19872/2024 "LDC ARGENTINA SA (TF 33459-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
Buenos Aires, de abril de 2026.
1. Que este Tribunal comparte el criterio de los señores vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto consideran aplicable al caso el artículo 13 de la ley 24.432. En efecto, la aplicación lisa y llana de los aranceles previstos en las normas regulatorias conduciría a una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que, en virtud de dichas normas, pudiera corresponder.
2. Que, en el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que, en casos de magnitud excepcional del monto del juicio, los jueces pueden ponderar la índole y la extensión de la labor profesional desarrollada a fin de acordar una solución justa y mesurada (cfr. causa “Santa Cruz, Provincia de c/ Estado Nacional”, sentencia del 8/4/97, Fallos: 320:495; y esta Sala, causa 52.042/1995 “Pronello Construcciones S.A.C.I.F.I. y de Mandatos y S. c/ Estado Nacional [Estado Mayor General del Ejército] s/ contrato administrativo”, sentencia del 5/9/01).
Asimismo, el Máximo Tribunal ha señalado reiteradamente que, a los fines regulatorios, deben ponderarse prudencialmente las consecuencias económicas del pleito, ya que una regulación justa no puede prescindir del valor intrínseco de la labor cumplida, de la responsabilidad comprometida y de las modalidades del juicio (cfr. Fallos: 258:64; 261:398, entre otros)
En igual sentido, la Corte Federal ha destacado que la ley arancelaria contiene un conjunto de pautas generales —naturaleza y complejidad del asunto, resultado obtenido, mérito de la labor, calidad, eficacia y extensión del trabajo— que constituyen la guía pertinente para arribar a una retribución justa y razonable (cfr. Fallos: 302:1452, entre otros).
3. Que, en el sub lite, se ha configurado la situación de excepción señalada en el apartado 2°), en tanto la aplicación de los porcentajes arancelarios conduciría a una desproporción entre el monto discutido en autos, la etapa cumplida y la entidad del trabajo realizado ante el Tribunal Fiscal.
4. Que, en atención a lo precedentemente expuesto y a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación —por mayoría— en Fallos: 341:1063 y 345:220, y ponderando la naturaleza del proceso, el resultado obtenido y la trascendencia de la cuestión en debate, así como el valor, motivo, extensión y calidad jurídica de las labores desarrolladas en la única etapa efectivamente cumplida ante el Tribunal Fiscal, corresponde:
1 i) ELEVAR a la suma de PESOS QUINIENTOS DIEZ MIL ($510.000), los honorarios regulados a favor de la dirección letrada y representación del Fisco Nacional (cfr. arts. 6º, 7º, 9º, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839).
ii) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 30 y ccdtes. de la ley 27.423, y en atención a la importancia de los asuntos discutidos y a la entidad de la tarea desempeñada ante esta Alzada, corresponde REGULAR en la suma de $183.114,36 —equivalente a la cantidad de 1,98 UMA— los honorarios por la actuación en esta instancia (arts. 16, 19, 21, 29, incs. a y b, 51 y ccdtes. de la ley 27.423 y Resol. SGA N° 538/26).
Se deja constancia que las regulaciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la situación de cada uno de los profesionales intervinientes frente al citado tributo. ASÍ SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia