Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 33498-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso del Fisco Nacional y revocar la resolución de fs. 752/758 en lo que respecta a las costas, que se imponen en ambas instancias a la actora vencida (arg. art. 1163 del CA, y art. 68, primer párr., del CPCCN).
2Diferir el pago de la tasa de justicia a cargo del Fisco Nacional de conformidad con lo dispuesto en el considerando 4°.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
19106/2024 “LDC ARGENTINA SA (TF 33498-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2024.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 752/758, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó las resoluciones SDG OAI 209, 210, 211, 188, 191, 185, 199, 180, 181, 182, 183, 184, 168, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 179, 124, 167, 178, 162, 163, 164, 165, 159, 123 y 201, todas de 2013, en cuanto habían rechazado la repetición de los derechos de exportación abonados por la actora en los términos de la resolución 11/02 del Ministerio de Economía e Infraestructura, y en lo que respecta a 32 permisos de embarque.
Para resolver como lo hizo, señaló que el reclamo se había basado –en parte– en la incompatibilidad de los derechos abonados con el Tratado de Asunción, aprobado por ley 23.981; planteo, éste, que no podía prosperar, al haber sido desestimado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Whirlpool Puntana SA” (Fallos: 337:1451). Por otro lado, rechazó expedirse sobre la inconstitucionalidad de la citada resolución ministerial con sustento en la afectación al principio de legalidad en materia tributaria. En este punto, entendió aplicable la doctrina de su acuerdo plenario del 26/04/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA” (EX2020-24600163-
APNSGASAD#TFN).
Finalmente, la mayoría del tribunal administrativo consideró que las costas debían distribuirse por su orden, debido a la complejidad de la cuestión.
2. Que, disconforme, el Fisco Nacional interpuso y fundó apelación a fs. 764/765vta.; que se concedió a fs. 772 y fue replicada a fs. 778/780.
Únicamente se agravió con respecto a las costas y pidió que se impusieran a la actora vencida, con arreglo al principio general que consagra el artículo 1163 del Código Aduanero. Argumentó que la recurrente no pudo desconocer que la jurisprudencia de la Corte federal era adversa a su pretensión, ni la limitación que surgía de lo previsto en el artículo 1164 del mismo cuerpo legal, por lo que, a su entender, debió desistir del proceso.
3. Que resulta aplicable lo resuelto por esta Sala —entre otras— en las causas 62336/18 “JBS Argentina SA”, sentencia del 20/9/18, y 3424/20 “Sancor Cul”, sentencia del del 5/3/20.
Allí se contempló que la actora había resultado vencida en su pretensión y que no concurrían circunstancias que justificasen la dispensa de pago de las costas, dada la fecha de los pronunciamientos de la Corte federal por los que se denegaba su reclamo. Ese argumento puede hacerse extensivo, en el caso, a la doctrina del precedente “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388); el cual —independientemente de lo que resolvió el Tribunal Fiscal de la Nación con remisión a su plenario— hubiese sustentado el rechazo de la repetición, dado que la oficialización de todos los permisos de embarque tuvo 1 lugar en 2006, es decir, con posterioridad a la fecha límite de invalidez fijada por la Corte en aquel precedente (24/08/02).
4. Que resta examinar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado (v. escrito del 19/11/24).
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 12/11/24, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente.
Por ese motivo, SE RESUELVE:
1. Admitir el recurso del Fisco Nacional y revocar la resolución de fs. 752/758 en lo que respecta a las costas, que se imponen en ambas instancias a la actora vencida (arg. art. 1163 del CA, y art. 68, primer párr., del CPCCN).
2. Diferir el pago de la tasa de justicia a cargo del Fisco Nacional de conformidad con lo dispuesto en el considerando 4°.
El juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN
Fin de la sentencia