Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 35288-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAdmitir el recurso del Fisco Nacional y, en consecuencia, revocar la resolución de del Tribunal Fiscal, solo en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II lo que respecta a las costas, las que se imponen en ambas instancias a la actora vencida (arts. 1163 del CA, y 68, primer párr. del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
30380/2023 LCD Argentina SA (TF 35288-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 14 de diciembre de 2023.
VISTOS Y
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 15/02/2023 el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la Resolución nro. 193/14, dictada por el Subdirector General de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas de la DGA, con costas por su orden.
Para así resolver, precisó que, la CSJN con fecha 11/12/2014, en una causa similar a la presente caratulada "Whirlpool Puntana SA (TF 21.671-A) c/Dirección General de Aduanas" CSJ 61/2008 (44-W) resolvió que los derechos de exportación instituidos mediante la Resolución 11/02 del Ministerio de Economía e Infraestructura no se encuentran en pugna con las disposiciones del Tratado de Asunción. Indicó que el Máximo Tribunal refirió a las normas del tratado y remitiéndose a lo dictaminado por el Sr. Procurador General, señaló: “7°) Que el Tratado para la Constitución de un Mercado Común entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, denominado "Tratado de Asunción” (art. 23 del Tratado), aprobado por ley 23.981, es un acuerdo en los términos del art. 2, inc. 1, apartado a, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, esto es, un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, y que, por lo tanto, integra el ordenamiento jurídico de la Nación con rango supralegal (arts. 31 y 75, incs. 22 y 24, de la Constitución CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Nacional)”. 8°) Que mediante ese instrumento, los estados partes ... acordaron constituir "un Mercado Común", denominado "Mercado Común del Sur"
("MERCOSUR")... que 9°) ... implicaba "la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente", indicando que: “...el citado art 1° señala como implicancias del referido mercado común la "coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transporte y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes", y el compromiso de éstos de "armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración", que: “...en el Preámbulo del Tratado se señala que los mencionados objetivos deben ser alcanzados mediante "el más eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles, la preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las interconexiones físicas, la coordinación de las políticas macroeconómicas y la complementación de los diferentes sectores de la economía, con base en los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio y que: 10) ...resulta asimismo pertinente poner de relieve que el art 2° del Tratado establece que "el Mercado Común estará fundado en la reciprocidad de derechos y obligaciones entre los Estados Partes".
“12) Que si bien es verdad que el art l° del Tratado de Asunción, en cuanto establece el principio de la libre circulación de bienes y servicios entre los países miembros, mediante la eliminación de derechos aduaneros, restricciones no arancelarias o medidas equivalentes, podría dar sustento, aisladamente considerado, a la pretensión de la actora, resulta indudable... que para establecer la recta comprensión de ese precepto no puede prescindirse de las disposiciones que plasman la voluntad de los estados de establecer un mercado común en forma progresiva, bajo los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II enunciados en el preámbulo del convenio.
En efecto, el Tratado fija los objetivos y fines y establece en grandes líneas los instrumentos para llegar a su consecución, más allá de que se ocupa de alguno de ellos en sus anexos, como el "Programa de Liberación Comercial", al que se refiere el Anexo I.”. “13) Que .por lo tanto, aun cuando es indudable que no resulta ajena a un sistema de integración económica la aspiración de que se supriman los derechos de exportación... lo cierto es que no puede concluirse que el referido Tratado... imponga la prohibición de establecer tales derechos, como una exigencia concreta y perentoria... en el estadio actual del proceso de integración, resulta exacto lo afirmado por el señor Procurador General en el dictamen al que se remitió al fijar su opinión en los presentes autos, en cuanto a que no hay en el Tratado constitutivo del MERCOSUR ninguna norma que, de manera directa, imponga a los estados miembros la obligación de abstenerse de establecer derechos de exportación a las mercancías con destino a los países miembros.... 16°) Que por lo demás... el MERCOSUR, según lo dispuesto en el art 2° del Tratado de Asunción, se funda "en la reciprocidad de derechos y obligaciones de los Estados Partes", recaudo que requiere una mayor precisión de las normas respectivas las que, cabe reiterarlo, han puesto el acento en eliminar restricciones al ingreso de mercancías, sin atender -salvo muy excepcionalmente- a los derechos que puedan recaer sobre la exportación”.
Entendió que, sobre la base de lo antes expuesto y que también la CSJN en la sentencia dictada con fecha 15/04/2014, en los autos caratulados “Camaronera Patagónica SA c/Ministerio de Economía y otros s/amparo” C.486. XLIII, consideró la validez de la Resolución ME 11/02 a partir del 24/8/2002 y en razón de que el PE involucrado en la causa fue oficializado en el año 2005, correspondía rechazar los demás agravios de la recurrente y en consecuencia confirmar la resolución apelada en la causa.
Con relación a las costas, atento a la imposición de costas dispuesta por la CSJN en las causas referidas precedentemente y que la actora pudo considerarse CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II con derecho a litigar, consideró que, resultaba procedente imponerlas por su orden (art. 1163 del CA).
II. Que contradicha decisión, con fecha 4/04/2023, la demandada interpuso recurso de apelación y expresó agravios, los que fueron contestados por la contraria el 5/05/2023.
III. Apelación del Fisco Nacional:
Sostiene la recurrente que, mediante la sentencia recaída en autos (IF- 2023- 17272732-APN-VOCXIV#TFN) se ha resuelto confirmar la Resolución Nº 193/14 dictada por la Subdirección General de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas. Sin embargo, se ha ordenado que las costas sean impuestas “por su orden”, y por ello su parte apela lo resuelto en esos términos.
Aduce que el a quo confirmó la Resolución Aduanera por aplicación de lo resuelto por Nuestro Máximo Tribunal en autos “Camaronera Patagónica SA c. Ministerio de Economía y otros s/amparo” en fecha 15 de abril de 2014, atento que en dicho precedente la Excma. CSJN estableció la validez de la Resolución ME 11/02 a partir del 24/08/2002 y, en razón de ello, considerando que en el caso de autos el permiso de embarque involucrado data del año 2005, correspondía confirmar la pretensión aduanera.
Destaca que, transcurrieron largos años desde el dictado del Fallo Camaronera hasta la resolución de los presentes actuados, por lo cual, la actora ya conocía desde el año 2014 la situación del permiso de embarque aquí en trato a la luz de la jurisprudencia del Máximo Tribunal, y ha transcurrido un plazo más que razonable sin que la contraria haya efectuado el desistimiento correspondiente a los fines de acatar la jurisprudencia aplicable. Es que, cabe destacar que para que proceda la eximición de costas al vencido, el artículo 73 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (en adelante, el “CPCCN”), dispone que: “(…) Si el proceso se extinguiere por desistimiento, las costas serán a cargo de quien CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II desiste, salvo cuando se debiere exclusivamente a cambios de legislación o jurisprudencia y se llevare a cabo sin demora injustificada”.
En tales condiciones, considera que, a contrario sensu, no existe entonces la posibilidad de eximir al vencido de cargar con las costas con motivo en variaciones jurisprudenciales sin mediar desistimiento.
Esgrime que, la norma reseñada anteriormente regula específicamente este tipo de casos y exige de esa forma el acto de desistir. A mayor abundamiento, resalta que calificada doctrina se ha referido a este tema y da la razón a esta parte: “Para que la eximan de las costas, la parte debe desistir al tomar conocimiento del cambio de legislación o jurisprudencia. Si por el contrario deja de proseguir el proceso hasta la sentencia en ésta cabe la condenación de costas a su cargo…” (conf. Fassi Santiago C. en “Código Procesal Civil y Comercial Comentado, Anotado y Concordado”, Comentario de los arts. 74 y 75 CPCCN, p. 283 y 277 del Tomo I, Ed. Astrea, año 1980).
Incluso nuestro Máximo Tribunal ha expresado que sólo procede la exención de costas cuando, encontrándose el juicio en trámite, se desiste de la demanda, a fin de acatar la jurisprudencia posterior de la Corte, establecida en un supuesto similar, decidido sin imposición de aquellas; tanto más si es compleja la naturaleza jurídica de la causa y no median trámites numerosos luego del fallo acatado (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, 18/04/1985, ED 17-647). Entonces, si la firma no desistió al tomar conocimiento del fallo de la CSJN y decidió seguir en pie de guerra hasta el dictado de la sentencia recurrida, debe soportar las costas del proceso, y ello es lo ocurrido en estos actuados. Por lo tanto, no cabe la eximición de costas a quien insiste en su pretensión pese a existir un fallo de Nuestro Máximo Tribunal que resuelve la controversia, incumpliéndose lo dispuesto por el artículo 73 del CPCCN.
En virtud de todo lo hasta aquí expuesto, solicita se revoque parcialmente la sentencia en lo que es materia de agravio y se impongan las costas de ambas instancias a la actora.
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IV. Que, de manera inicial debe recordarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros).
V. Que, en lo que respecta a las costas de la anterior instancia, el artículo 1163 del Código Aduanero establece que “[l]a parte vencida en juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición…”.
En el caso: (i) la actora resultó sustancialmente vencida en su planteo de inconstitucionalidad y consecuente solicitud de devolución de los importes abonados en concepto de derechos de exportación; (ii) a la fecha de dictado del pronunciamiento apelado (15/02/2023) la cuestión ya no podía calificarse como compleja y novedosa, pues los pronunciamientos del Máximo Tribunal que dirimieron la discusión y le sirvieron de fundamento datan del 15/4/14 y 11/12/14, respectivamente (v. Fallos: 337:388 y 1451); y (iii) el ejercicio de la acción se mantuvo pese a lo expuesto en el punto precedente; es decir que no se advierten motivos que justificaran eximir al accionante de los gastos del pleito. En consecuencia, corresponde admitir el recurso interpuesto por la demandada y revocar la sentencia del TFN, solo en lo que respecta a las costas, las que se imponen en ambas instancias a la actora vencida (arts. 1163 del CA y 68, primer párrafo, CPCCN).
En consecuencia, este Tribunal
admitir el recurso del Fisco Nacional y, en consecuencia, revocar la resolución de del Tribunal Fiscal, solo en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II lo que respecta a las costas, las que se imponen en ambas instancias a la actora vencida (arts. 1163 del CA, y 68, primer párr. del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.
JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARIA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MARQUEZ
Fin de la sentencia