Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 37988-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad de las Resoluciones MEyP nº 64/08 y n° 182/08; consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar los permisos de embarque nros. 09 057 EC01 011062 K y 08 057 EC01 006885 D, con más sus respectivos intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos VI y VII;
2Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, 1° parte, CPCCN); y 3) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. Nº 15.358/2024 LDC ARGENTINA SA (TF 37988-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de mayo de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que el 29 de febrero de 2024 la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el recurso interpuesto por la firma actora y confirmó las Resoluciones Nº 52/2017 (DI RAHI) y 6/2017 (DI RAHI), dictadas en las actuaciones SIGEA Nos. 12509-1590-2013 y 12509-1747 -2014 (v. fs. 111/2 del expediente en soporte papel). En esos actos se habían rechazado los reclamos de repetición por la suma total de $ 408.406,43 en concepto de derechos de exportación presuntamente abonados en demasía, correspondientes a los permisos de embarque Nos. P.E. Nº 09 057 EC01 011062 K y 08 057 EC01 006885 D. El Tribunal impuso las costas por su orden en razón de haber resuelto con base en un plenario y por la complejidad del asunto.
Para decidir como lo hizo el a quo explicó que las cuestiones planteadas en la causa resultaban sustancialmente análogas a las consideradas en el acuerdo plenario del 26/04/2022 dictado por ese tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), a cuyos fundamentos y conclusiones remitió.
Señaló que en el marco de aquél, la mayoría de los Vocales habían fijado la siguiente doctrina legal “ARTÍCULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente. ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTÍCULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto en el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”. Alta en sistema: 09/05/2025 En tales condiciones, concluyó que debía rechazarse pedido de repetición de los derechos de exportación liquidados y pagados en relación con la destinación referida en el primer párrafo, respecto de la mercadería involucrada en el caso.
II. Que, la parte demandada apeló y expresó agravios a fs. 165/7, que fueron replicados por la parte contraria a fs. 172/5. El Fisco cuestiona la distribución de costas de la instancia previa.
III. Que también la actora recurrió la resolución reseñada en el primer considerando y expresó sus agravios a fs. 150/61, que fueron replicados por la demandada a fs. 177/9.
La accionante afirma en su crítica que la decisión plenaria empleada como basamento de la sentencia recurrida no es aplicable en este caso, pues los actos que constituyeron los tributos cuestionados no fueron dictados ni siquiera por el Presidente. Además, afirma que la decisión adoptada en tal sentido se aparta de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Señala que el 8 de abril de 2002 fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución del Ministerio de Economía y Producción n° 35/02 mediante la cual se estableció en un 20% la alícuota del derecho de exportación aplicable a las mercaderías del caso (1001.90.90.110 B; y 1507.10.100 Q). Pone de manifiesto que aquélla fue aprobada legislativamente a través del artículo 3º de la ley 25.645 (B.O. 24/8/02). Explica que con posterioridad fueron dictadas una serie de resoluciones ministeriales y decretos que modificaron la alícuota de los derechos de exportación, pero que nunca fueron aprobadas por una ley formal del Congreso (resolución MEyP n° 10/07; Decreto n° 509/07; Resoluciones MEyP n° 368/07, 369/07, 125/08, 64/08, 182/08; y la conjunta con el Ministerio de Producción N° 26/08). En tales condiciones, expresa que oportunamente solicitó la devolución de “la diferencia resultante entre el 20% pagado en concepto de derechos de exportación aprobado legalmente por la Ley 25.645 y la mayor alícuota que debió pagar en el año 2008 por aplicación de las resoluciones 10/07, 368/07, 369/07, 125/08, 64/08 y 182/08”.
Señala que la norma delegante contenida en el artículo 755 del Código Aduanero, no cumple los recaudos constitucionales exigidos para ser considerada una norma delegante válida (arg. art. 76, CN). Explica, además, que en cualquier caso la fijación de tributos Alta en sistema: 09/05/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V mediante actos del Poder Ejecutivo –aún mediante reglamentos delegados- comporta una violación del principio de reserva de ley, inquebrantable en materia tributaria (arg. arts. 4, 17, 52, 75, inc. 1, CN) y, en consecuencia, una transgresión del orden de prelación normativo consagrado por el constituyente.
Plantea que tampoco fueron respetadas las condiciones para subdelegar la facultad que otorga el artículo 755 del Código Aduanero en el Ministerio de Economía y Producción, y que las resoluciones en cuestión fueron dictadas por un órgano incompetente, lo que también determinaba su nulidad.
Por eso, asegura que la decisión recurrida se contrapone a la doctrina sentada por la Corte federal en el caso “Camaronera Patagónica”. Y solicita que se ordene la devolución de los importes equivalentes a la diferencia entre los derechos exigidos por la Aduana y los que correspondía pagar, según la alícuota establecida por la Resolución Nº 35/02.
En último término, cuestiona la tasa de interés aplicable.
Sostiene que la aplicación de la tasa prevista en la resolución MEyP n° 314/04 conduce a un resultado irrazonable ya que denota una evidente desproporción con la tasa de interés resarcitorio que percibía el Fisco. Además, cuestiona la limitación de la tasa que tuvo lugar a partir del dictado de la resolución ME n° 559/22 pues, al fijarla en el 3,84% mensual, “volvió a causar un atraso significativo respecto de la inflación que azota al país”. Finalmente, pone de manifiesto que la afectación de su derecho de propiedad se advierte aún más gravosa en tanto las tasas de interés que considera irrisorias deben ser aplicadas sobre el monto de los tributos convertido a pesos, de acuerdo al tipo de cambio histórico del momento en que se efectuó el pago.
IV. Que a fs. 182/8 tomó intervención el Sr. Fiscal General.
En lo relativo a los agravios de la actora indicó que –a su parecer- el caso debía resolverse con arreglo a los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 337:388. Además, entendió que debían admitirse el planteo referidoa al tasa de interés de la Resolución MEP 314/04 y desestimarse el relativo a la de la Resolución MH 598/19.
V. Que –en cuanto aquí interesa- la Resolución MEyP n° 64/2008 (BO 2/06/2008) sustituyó el anexo XIV del Decreto 509/07 y estableció para la posición arancelaria 1001.90.90110B involucrada en el Alta en sistema: 09/05/2025 PE n° 08 057 EC01 006885 D un derecho de exportación móvil que para el valor de la tonelada de la fecha de cierre de la venta al exterior (u$d 365) era de 28,3% (el permiso de embarque consigna el número de DJVE realizada por la empresa, e indica que la celebración de la venta tuvo lugar el 19/06/2008, tiempo en el cual regía el reglamento reseñado). A su vez, la Resolución MEyP n° 182/08 (BO 21/07/2008)
sustituyó el anexo XIV del Decreto 509/07 y estableció para la posición arancelaria 1507.10.00.100Q involucrada en el PE n° 09 057 EC01 011062 K un derecho de exportación del 32% (el permiso de embarque consigna el número de DJVE realizada por la empresa, e indica que la celebración de la venta tuvo lugar el 27/11/2009, tiempo en el cual regía el reglamento reseñado).
Cabe señalar que no es posible identificar una ley formal que, a la fecha en que fueron cerradas las ventas de las exportaciones aquí involucradas, haya otorgado un rango legal a las alícuotas fijadas en los reglamentos reseñados (arg. Sala IV, causa “Bunge Argentina SA-TF 36695-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 13/12/2022; Sala I, causa nº 30.436/2023 “Bunge Argentina SA (TF 37994 -A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 21/12/2023; y esta Sala, causa n° 337/2024 “Bunge Argentina SA (TF 37427-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 5/11/2024).
Finalmente, corresponde destacar que la actora realizó el pago de los derechos en sede administrativa tomando en consideración las alícuotas del 28,3 % y 32%, respectivamente, que el sistema liquidó al tiempo de documentar los permisos de embarque (por aplicación de lo establecido en las cuestionadas Resolucionses del Ministerio de Economía y Producción), y que su pretensión se limita al reintegro de la suma representativa de la diferencia entre las mencionadas alícuotas y la del 20% fijada en la Resolución n° 35/02.
VI. Que la cuestión a resolver resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa n° 51.458/19, caratulada “Gut Metal SRL C/ EN-AFIP s/Dirección General de Aduanas”, del 5 de mayo de 2022, a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad. El texto íntegro del pronunciamiento (que ha adquirido firmeza a partir de la decisión de la Corte Suprema del 10/10/2023) puede ser consultado en la página de la CSJN, en el link “Causas en Trámite - Consulta de Expedientes” (www.csjn.gov.ar).
En esa oportunidad, este tribunal, por aplicación del precedente "Camaronera Patagónica" de la CSJN decidió que resultaba incompatible con el texto constitucional la fijación de derechos de Alta en sistema: 09/05/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V exportación por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y que aun si aquellos eran “convalidados” por una ley formal del Congreso –lo que no ocurre en el caso-, esta sólo podía tener el efecto de instituir los mencionados tributos ex nunc. Lo mismo cabe predicar respecto de la fijación de esos derechos por una resolución ministerial cuyo contenido no recibió nunca aquella “ratificación” congresual.
Razones de economía procesal hacen aconsejable seguir la doctrina de los fallos de la Corte Suprema cuando ella se refiere a asuntos análogos al que es materia de decisión, sin perjuicio de la posibilidad de que la parte interesada pueda invocar nuevos argumentos y razones que no hayan sido examinadas y justifiquen una solución distinta, situación que en el caso no se presenta (Fallos 212:51, considerandos 4° a 6°; 307:1094, considerando 2°, 315: 2386, considerando 7°, 325:2723, 332:1488, considerando 3° del dictamen del procurador al que se remitió la Corte en su totalidad, 334:582). En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad de las Resoluciones MEyP nº 64/08 y n° 182/08 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar los permisos de embarque Nos. 09 057 EC01 011062 K y 08 057 EC01 006885 D (conf. sobres contenedores de las destinaciones), cuyo pago –por lo demás- no fue desconocido en autos por la demandada (v. en igual sentido, Sala I causa n° 15.359/2024 "LDC Argentina SA (TF 38369-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo", del 7/03/2025; Sala II, causa n° 1904/2024 “LDC Argentina SA (TF 38.925-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 6/12/2024; Sala IV, causa n° 48.061/2023 “LDC Argentina SA (TF 80575027-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 7/03/2024; entre otros).
VII. Que, en diferente orden de ideas, y en lo relacionado con la tasa de interés aplicable, concretamente en orden a determinar si resulta razonable adicionar a las sumas cuya restitución fue admitida, la tasa de interés prevista en la resolución n° 314/04 del ex Ministerio de Economía y Producción, o bien si ella conduce a una solución manifiestamente irrazonable, corresponde remitir a lo expuesto por esta Sala V en las causas “Osram Argentina SACI c/EN-AFIP-DGI Resol. 30/11 s/Dirección General de Aduanas”, expte. n° 15.885/2011, del 17 de agosto de 2017, “Driollet Laspiur, Rogelio c/EN-AFIP s/Dirección General Impositiva”, expte. n° 29.472/2014, del 13 de Alta en sistema: 09/05/2025 diciembre de 2017, “Oleaginosa Moreno Hermanos SAC c/Administración Nacional de Aduanas s/recurso directo de organismo externo”, expediente n° 8070/2018, del 5 de septiembre de 2018, entre muchas otras.
Por tales motivos, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y disponer que a las sumas cuya devolución fue admitida en el marco de la presente causa corresponde adicionar los intereses devengados a partir del momento establecido en el artículo 811 del Código Aduanero (cfr. fs. 1 de las actuaciones administrativas SIGEA 12509-1747-2014 y fs. 1 de la actuación SIGEA 12509-1595-2013) a la tasa de interés pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina.
Por lo demás, es del caso advertir que por medio de la Resolución nro. 598/19, publicada en el Boletín Oficial el 18 de julio de 2019, el Ministerio de Hacienda dispuso que “la tasa de interés aplicable a los supuestos previstos en el artículo 179 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998, a los restantes supuestos de devolución, reintegro o compensación de los impuestos regidos por la citada ley y a los supuestos previstos en los artículos 811 y 838 del Código Aduanero, vigente en cada trimestre calendario, será la efectiva mensual surgida de considerar la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina para el período de treinta (30) días finalizado el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre” (cfr. artículo 4º).
Finalmente, corresponde poner de manifiesto que el 1° de septiembre de 2022 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución n° 559/2022 del Ministerio de Economía que en su artículo 4º estableció la tasa de interés aplicable a los supuestos previstos en los artículos 811 y 838 del Código Aduanero en un 3,84 % mensual. En tales condiciones corresponde señalar que, tal como fue expresado por el Fiscal General en su dictamen, la apelante formuló consideraciones genéricas que no evidencian la lesión que su aplicación le provocaría de manera concreta, ni tampoco demostró que la misma se advierta irrazonable en comparación con la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, de modo que aquella debe ser aplicada a partir del momento de su entrada en vigencia. Ello, teniendo en consideración que tal resolución constituye una reglamentación de la ley fiscal, que desplaza a las disposiciones de carácter más general. Por último, y desde el 1° de febrero de 2024, corresponderá adicionar intereses de conformidad con la tasa de prevista en la Resolución Nº 3/2024 del Ministerio de Economía.
Alta en sistema: 09/05/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V VIII.- Que la conclusión alcanzada torna inoficioso el tratamiento de la apelación del Fisco Nacional.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad de las Resoluciones MEyP nº 64/08 y n° 182/08; consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar los permisos de embarque nros. 09 057 EC01 011062 K y 08 057 EC01 006885 D, con más sus respectivos intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos VI y VII; 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, 1° parte, CPCCN); y 3) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Jorge Federico ALEMANY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 09/05/2025
Fin de la sentencia