Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 38621-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y en consecuencia, revocar la sentencia apelada del Tribunal Fiscal de la Nación y reconocer el derecho de la firma LDC Argentina SA a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa –respecto del Permiso de Embarque Nº PE 09 052 EC01 005334 K –, con más los intereses calculados de conformidad con lo dispuesto en el considerando X. Costas de ambas instancias a la parte demandada vencida.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
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CAUSA N° 2537/2025 “LDC ARGENTINA SA (TF 38621-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de octubre de 2025. NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso La empresa LDC Argentina SA, compañía dedicada a la comercialización de cereales, algodón, oleaginosa, fertilizante, agroquímicos y semillas, realizó exportación de mercaderías, por lo que abonó derechos de exportación, establecidos por las Resoluciones Nros. 10/07, 368/07, 369/07, 125/08, 64/08 y 182/08 y la Resolución Conjunta MP y MEyFP 26/08 y 28/08, las cuales no fueron ratificadas legislativamente. En consecuencia, solicitó la devolución de aquellos importes, lo cual fue rechazado mediante los actos administrativos dictados por el Subdirector General de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior. En consecuencia, la empresa interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el cual desestimó su pretensión.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia del 20/8/2024 –obrante a fs. 83/87–, confirmó la Resolución Nº 91/17 (SDG OAI) dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 12542-4371- 2014, mediante el cual se rechazó el pedido de devolución de derechos de exportación formulados por la firma LDC Argentina SA. Asimismo, impuso las costas por su orden.
Para así decidir, el Tribunal Fiscal de la Nación –por mayoría– luego de hacer una análisis de las actuaciones administrativas, señaló que, respecto de la validez constitucional de las Resoluciones Nº 10/07, 368/07, 369/07, 125/08, 64/08 y 182/08, 26/08/ y 28/08, la Sala “E” se había expedido, de modo unánime, en la causa “LDC Argentina SA c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, Expediente Nº 38.204-4.
Así las cosas, puntualizó que el mencionado precedente ratificaba que la Resolución Nº 369/07 posee validez constitucional la cual se remonta al 16/1/2008, oportunidad en la cual fue ratificada por la Ley Nº 26.351, en cuanto tuvo por fin asegurar la recaudación del aumento de alícuotas dispuesto en dicha resolución.
En este orden de ideas, destacó que la vigencia y validez legal de la alícuota del 28% establecida por la Resolución MEyP Nº 369/07 había sido ininterrumpida, salvo en el período en que se habían implementado las alícuotas móviles (Resoluciones MEyP Nº 125/08 y 64/08), siendo restablecidas por la Resolución Nº 182/08.
Ello así, consideró que la alícuota del 28% establecida por la Resolución Nº 369/07 para la mercadería ubicada en la PA de autos poseía validez constitucional y legal desde el 16/1/2008 y hasta el 23/12/2008 (salvo el período de alícuotas móviles de la resolución Nº 125/08), fecha última en la cual la Resolución Conjunta MEyP Nº 26/08 y 28/08 fijó una alícuota del 23%, reduciendo la del 28%. Seguidamente, indicó que la Resolución Conjunta MEyP Nº 26/08 y 28/08 había reducido la alícuota establecida para la PA de autos del 28% al 23%, motivo por el cual no se advertía en el caso bajo estudio ninguna afectación al derecho de propiedad de la firma actora.
En concordancia, concluyó que correspondía rechazar los agravios de la parte actora respecto de la denegatoria de la repetición que intentó, por ser defectuoso su planteo jurídico.
III. Agravios de la parte demandada Por su parte, contra el pronunciamiento el Fisco Nacional interpuso recurso de apelación y expresó agravios el 29/8/2024 –confr. fs. 95/98–, los cuales fueron contestados por la parte actora el 2/10/2024 –confr. fs. 104/106–. Se agravia únicamente de la imposición de las costas por su orden.
Al respecto, alega que debido que la parte demandada resultó ser la parte ganadora en el pleito, las costas debían ser impuestas en su totalidad a la parte actora vencida, ya que de conformidad con el principio objetivo de la derrota las costas deben ser cargadas íntegramente a la parte vencida.
En esta línea, puntualiza que también de acuerdo a lo establecido con el artículo 184, cuarto párrafo, de la Ley Nº 11.683, la parte vencida en el juicio tramitado ante el Tribunal Fiscal de la Nación deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado.
IV. Agravios de la parte actora Contra aquel pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de apelación el 2/10/2024 –confr. fs. 110– y expresó agravios el 2/10/2024 –confr. fs. 111/127–, los cuales no merecieron réplica de la contraria.
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En primer lugar, se agravia respecto de los antecedentes legales de las Resoluciones Nros. 368/07, 369/07, 125/08, 64/08 y 182/08 citados por el Tribunal Fiscal.
Al respecto, sostiene que la Ley Nº 25.561 no constituye antecedente alguno respecto del derecho que grava la exportación de la mercadería objeto de la causa bajo análisis, debido a que dicha norma fijó un derecho de exportación sobre hidrocarburos.
Asimismo, alega que tampoco puede invocarse como antecedente el Decreto Nº 507/09, en tanto ni las Resoluciones Nº 368/07 y Nº 369/07, ni sus modificatorias, lo citan como fuente de competencia.
También, puntualiza que la Ley Nº 26.122 en su artículo 1 limita su ámbito de aplicación a los decretos delegados, de necesidad y urgencia y de aprobación parcial de leyes, motivo por el cual resulta inaplicable ya que no existe una delegación previa.
Por otro lado, la firma exportadora aduce que el plenario “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA” no resulta aplicable al caso bajo estudio. En este sentido, sostiene que el mencionado plenario no es aplicable en tanto en la presente causa no se solicita la devolución de lo abonado por aplicación del Decreto Nº 793/18, y además porque la causa en estudio versa sobre una resolución dictada por el entonces Ministerio de Economía y Producción y no sobre un decreto del Poder Ejecutivo, como en el supuesto fáctico del plenario. A continuación, alega que el Tribunal Fiscal de la Nación es competente para analizar la inconstitucionalidad de una ley o reglamento. Así, puntualiza que la decisión plenaria resulta incompatible a la luz de las previsiones establecidas en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y en la Convención Americana de Derechos Humanos, y que además se aparta de los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Camaronera Patagónica SA”.
Así las cosas, plantea que el Tribunal Fiscal resulta competente para pronunciarse sobre la validez de las Resoluciones Nº 10/07, 369/07, 128/08, 64/08 y 182/08 del Ministerio de Economía dado que la Corte Suprema en la causa “Camaronera Patagónica SA” ya había declarado la invalidez constitucional, a la luz de lo previsto por el artículo 755 del Código Aduanero y el principio de legalidad en materia tributaria, de una resolución.
Por otro lado, respecto de la supuesta falta de protesto al efectuar el pago, señala que el Código Aduanero no establece como requisito necesario para la repetición de los tributos el pago bajo protesto.
Seguidamente, alega que con el dictado de las Resoluciones Nros.
10/07, 368/07, 369/07, 125/08, 64/08 y 182/08 se violó el principio de reserva de ley o legalidad en materia tributaria, sin que ninguna ley del Congreso de la Nación hubiese ratificado las alícuotas de derechos de exportación fijados en dichas normas. Ello así, solicita la devolución al Fisco de la diferencia resultante entre el 20% pagado en concepto de derechos de exportación aprobado legalmente por la Ley Nº 25.645 y la mayor alícuota que debió pagar en el año 2008 por aplicación de las Resoluciones Nros. 10/07, 368/07, 369/07, 125/08, 64/08 y 182/08. Por otro lado, impugna las tasas de interés. Al respecto, manifiesta que debido a que la Resolución Nº 314/2004 establecía la tasa de interés en el 0,5% mensual para el supuesto de devolución de importes pagados indebidamente en concepto de tributos, y a su vez fijaba la tasa de interés resarcitoria prevista en el artículo 794 del Código Aduanero, es decir para el caso de mora de los particulares en el pago de los tributos, en el 3% mensual, la misma afecta los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, de propiedad, y de razonabilidad de la parte actora.
También, impugna la tasa de interés prevista en la Resolución Nº 559/22, por entender que la misma resulta irrisoria y violatoria de la propiedad privada de la firma LDC Argentina SA.
En este sentido, puntualiza que no se agravia de la aplicación de una tasa distinta para los casos de repetición y mora del contribuyente, sino que se agravia de la manifiesta desproporción que existe entre ellas.
Por último, solicita que se disponga expresamente que la tasa de interés prevista en el artículo 811 del Código Aduanero es la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina y no la prevista por la Resolución MEyP Nº 314/2004, desde la fecha de interposición de cada repetición en sede administrativa.
V. Alcances del pronunciamiento De manera preliminar, es necesario advertir que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “CPACF- Inc Med (2-III- CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 2537/2025 “LDC ARGENTINA SA (TF 38621-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
11. c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/2020; “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/2022, “LDC Argentina SA (TF 138542079-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 17645/2024, del 10/4/2025, entre otros).
VI. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho En este orden de ideas, es adecuado recordar que, en consonancia con lo previsto en el artículo 1.180 del Código Aduanero, no cabe rever en esta instancia las cuestiones fácticas planteadas en la instancia anterior, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (confr. CSJN, Fallos: 300:985 y; esta Sala, in rebus: “Schmid, Walter Edmundo”, del 26/10/84; “Procter & Gamble Soc. Col (TF 19609-A) c/ DGA”, del 21/9/2006; “Baxter Argentina SA TF 34662-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 16/12/2020, entre otras. En igual sentido, esta Sala –en su actual integración– in re: “Bunge Argentina SA (TF 20281321-A) s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 46942/2023, del 5/12/2023).
Es decir que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, en virtud de lo normado por el citado artículo 1.180 del Código Aduanero, puesto que está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (confr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 6774/2015, del 15/12/2016; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/2018; “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/2019; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/2022 y, “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/2022, entre muchos).
VII. Delimitación de la cuestión a resolver y circunstancias de hecho relevantes para la resolución del caso De manera preliminar, corresponde señalar que, la materia sobre la cual debe expedirse esta alzada –según la lectura de las piezas que conforman esta litis– es si los derechos de exportación abonados por la firma LDC Argentina SA, en ocasión de documentar el permiso de embarque Nº PE 09 052 EC01 005334 K (en total $118.703,87), conforme a las disposiciones de las Resoluciones Nros. 10/07, 368/07, 369/07, 125/08, 64/08, 182/08, 26/08 y 28/08, resultan o no ajustados a derecho.
Así las cosas, y con el propósito de lograr una mejor comprensión de la problemática involucrada en autos, me parece conveniente reseñar las circunstancias fácticas del caso según surge de las actuaciones administrativas. Bajo esta perspectiva, de las constancias acompañadas a la causa, conforme fueran reseñadas adecuadamente por el Tribunal Fiscal, surge que la actuación SIGEA Nº 12542-4371-2014 se inició el 16/12/2014 con el pedido de devolución de los tributos abonados indebidamente en concepto de derecho de exportación presentado por la actora con relación a la destinación de exportación PE Nº 09 052 EC01 005334 K, oficializada el 28/5/2009. Ante dicho requerimiento, mediante el dictado de la Resolución Nº 91/17 (SDG OAI), del 13/9/2017, el Subdirector General de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior, resolvió no hacer lugar a lo solicitado.
VIII. Precedentes análogos dictados por esta Sala Así las cosas, corresponde señalar que la cuestión referida a la invalidez de las Resoluciones MEyP N° 10/07, 369/07, 125/08, 64/08 y 182/08 ya ha sido examinada por esta Sala en la causa “LDC Argentina SA (TF 39131-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 14324/2024; del 29/5/2025.
Ello así, cabe destacar que en el mencionado precedente “LCD Argentina SA” se puntualizó que las cuestiones planteadas por las partes resultaban sustancialmente análogas a las examinadas y resueltas por la Sala IV –con la intervención del Dr. Morán, quien actualmente integra esta Sala III– en la causa CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 2537/2025 “LDC ARGENTINA SA (TF 38621-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
“Finning Argentina SA c/ En – M Hacienda – AFIP – DGA s/ Proceso de Conocimiento”, Causa N° 86501/2018, del 17/5/2022.
Al respecto, en la causa individualizada, la Sala IV se pronunció con relación a la Resolución MEyP Nº 181/08, sosteniendo –en lo sustancial– que los derechos aduaneros, atento su naturaleza tributaria, se encuentran regidos por los principios constitucionales que alcanzan a éstos, en particular el de reserva de ley (Constitución Nacional, artículos 4º, 9º, 17, 52 y 75, incisos 1º y 2º). A su vez, recordó que dicho principio no cede frente al mecanismo de delegación legislativa (artículo 76 de la Constitución Nacional).
Ello así, invocando el precedente de la Corte Suprema “Camaronera Patagónica”, entendió que la resolución allí examinada no se ajustaba a los parámetros fijados, ya que el aspecto cuantitativo del derecho de exportación queda completamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo, lo cual implicaría un daño irreversible de la garantía constitucional señalada.
En este orden de ideas, señaló que existía una diferencia entre la resolución allí analizada y la resolución MEyI Nº 11/02, que había evaluado la Corte Suprema en el caso descripto, toda vez que esta última había sido ratificada o aprobada posteriormente por una ley emitida por el Congreso Nacional. Asimismo, expresó que el artículo 755 del Código Aduanero, si bien es constitucionalmente válido, resultaba insuficiente por sí solo para otorgar una delegación en cabeza del Poder Ejecutivo, dado que guarda silencio con respecto a la alícuota máxima aplicable. Además, ni el mentado dispositivo legal, ni la Ley de Ministerios en que se había fundado la delegación legislativa, habían fijado una escala, un límite mínimo y máximo, o algún otro parámetro que hubiera permitido determinar la alícuota del derecho de exportación. En el mismo sentido se expidió en el precedente “Molino Cañuelas SACIFIA (TF 56397479-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 36809/2023, del 3/10/2023.
A su vez, respecto de la Resolución MEyP 369/07 se expresó en idéntico sentido en las causas “Bunge Argentina SA (TF 36695-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Expte. Nº 51372/2022, del 13/12/2022, y “Bunge Argentina SA (TF 37435-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 5/3/2024 y con respecto a la Resolución Conjunta MP y MEyFP 26/08 y 28/08, en los precedentes “Compañía Argentina de Granos SA (TF 78943355-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 42533/2023, del 25/6/2024; “LDC Argentina SA (TF 103157087-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 22239/2024, del 1/4/2025; y, “LDC Argentina SA (TF 38232-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 15471/2024, del 1/4/2025. Por otro lado, en cuanto a la Resolución MEyP Nº 125/08, cabe mencionar que la Sala V se expidió en similar sentido en el precedente “Bunge Argentina SA (TF 34058-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 22912/2023, del 13/11/2024 y sus citas.
IX. Aplicación de los precedentes de la Sala al caso bajo análisis IX.1. En este orden de ideas, cabe señalar que los fundamentos y las conclusiones del precedente mencionado resultan aplicables al presente caso. En esta línea, corresponde puntualizar que las Resoluciones MEyP Nros. 369/07, 125/08, 181/08 y la Resolución Conjunta MP y MEyFP 26/08 y 28/08 y las restantes resoluciones impugnadas en autos –Resoluciones MEyP 10/07, 64/08 y 182/08– revisten similares características –esto es, se fundaron normativamente en el artículo 755 del Código Aduanero y en la Ley de Ministerios, y no recibieron ratificación legislativa–, alcanzándoles, por ello, los mismos resultados.
IX.2. Por otro lado, es dable señalar que lo que aquí se decide no significa ir en un sentido opuesto a lo resuelto por esta Sala en los precedentes “Bio Sidus SA (TF 22046-A) c/ DGA”, Causa Nº 7987/2008, del 6/10/2008; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 28475-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 15942/2015, del 17/3/2016; y “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 15942/2015, del 5/5/2021, dado que la cuestión allí examinada difiere de la presente.
En efecto, en estos últimos se definió la cuestión atinente a la estabilidad fiscal a la luz de la Ley de Inversiones Mineras y su reglamentación, acatando la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 28.448-A) c/ DGA”, (Expte. P.645.XLVIII), del 19/11/2013, según la cual ni la Ley Nº 24.156 y tampoco el Decreto Nº 2686/93 y sus modificatorios eximen a las empresas mineras de pagar nuevos tributos ni aumentos posteriores a la presentación del estudio de factibilidad, pues sólo garantizan que no aumente la carga tributaria total, permitiendo mecanismos de compensación o devolución.
A su vez, en dichos precedentes fue especialmente ponderada la constitucionalidad de la Resolución Nº 11/02 frente al Tratado de Asunción, la cual fue resuelta por esta Sala el 6/10/2008, en la Causa Nº 7.987/08, caratulada “Bio CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 2537/2025 “LDC ARGENTINA SA (TF 38621-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Sidus SA (TF 22046-A) c/ DGA”; criterio luego confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Whirpool Puntana SA (TF 21.671-A) c/ Dirección General de Aduanas”, (Causa CSJN 61/2008 (44-W)/CS1), del 11/12/2014, en el sentido que ese tratado del Mercosur no prohíbe expresamente los derechos de exportación, por lo tanto, no se puede declarar inconstitucional su aplicación basándose en ese argumento.
En cuanto a la legalidad de la Resolución N° 11/02 recordó que en el caso “Camaronera Patagónica”, la Corte Suprema consideró que carecía de validez legal desde su entrada en vigencia (5/3/2002) hasta que fue ratificada por la Ley Nº 25.645 (24/8/2002) y que, a partir de esa fecha, tiene respaldo legal. Y en cuanto a las concretas circunstancias que se debatían, destacó que las exportaciones tramitadas por la allí actora “Procesadora de Boratos”, en discusión, fueron realizadas en abril de 2010, cuando ya estaba vigente la Ley Nº 25.645. Por lo tanto, los derechos de exportación ya contaban con respaldo legislativo.
Ello así, corresponde declarar la invalidez de las Resoluciones MEyP Nros. 10/07, 369/07, 125/08, 64/08 y 182/08, y la Resolución Conjunta MP y MEyFP 26/08 y 28/08 y, en consecuencia, hacer lugar a la repetición articulada por LDC Argentina SA.
X. Tasa de interés aplicable En este orden de ideas, corresponde expedirse respecto del agravio deducido por la parte actora con relación en la tasa de interés prevista en la Resolución MEyP Nº 314/04 y en la Resolución MH Nº 559/22.
Al respecto, cabe mencionar que de una detenida lectura del recurso de apelación interpuesto por la firma LDC Argentina SA ante el Tribunal Fiscal de la Nación, surge que la mencionada se limitó a solicitar la devolución de las sumas reclamadas “con más los intereses previstos en el artículo 811 del CA, hasta la fecha de su efectivo pago” (confr. fs. 42).
Ello así, es dable recordar que, en el marco de los artículos 811 y 838 del Código Aduanero, el Ministerio de Economía y Producción dictó la Resolución Nº 314/04, cuyo artículo 4° fijó una tasa de interés del 0,50% mensual para los casos de devolución, reintegro o compensación de impuestos. Este último reglamento fue sustituido por la Resolución Nº 598/19 del Ministerio de Hacienda – el cual comenzó a tener efectos el 1/9/2019 (artículo 10)–, el que, a su vez, fue reemplazado por la Resolución Nº 559/22 del Ministerio de Hacienda, teniendo efectos desde el 1/9/2022 (artículo 9°), luego reemplazada por la Resolución Nº 3/2024 (BO 22/01/2024) y, más recientemente, por la Resolución N° 199/25 del Ministerio de Economía, que sustituyó el artículo 4 de la Resolución Nº 3/2024. Así las cosas, el agravio bajo estudio debe ser rechazado, ello en tanto el mismo no fue planteado en el escrito presentado ante el Tribunal Fiscal de la Nación mediante el cual se interpuso el correspondiente recurso de apelación, lo cual torna al planteo fruto de una reflexión tardía –confr. artículos 271 in fine y 277 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación– (confr. esta Sala, in rebus: “Clement, María Josefina c/ EN-AFIP s/ amparo ley 16.986”, Causa Nº 66639/19, del 24/6/2020; “INC SA (TF 30047-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 16179/2023, del 6/6/2023, “ Bapro Mandatos y Negocios SA (TF 48037-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 35043/2022, del 6/5/2025, y “LDC Argentina SA (TF39131-A)”, ya citada).
Siendo ello así, a fin de evitar eventuales equívocos al momento de realizar la liquidación de las sumas objeto de la repetición, corresponde precisar lo siguiente:
(i) desde las fechas de las presentaciones de los reclamos de repetición respectivos hasta el 31/8/2019, se aplicará la tasa prevista en el artículo 4° de la Resolución Nº 314/04 del Ministerio de Economía y Producción;
(ii) entre el 1/9/2019 y el 31/8/2022, la tasa de interés fijada en el artículo 4° de la Resolución Nº 598/19 del Ministerio de Hacienda;
(iii) desde el 1/9/2022 y hasta el 31/1/2024, la tasa del artículo 4° de la Resolución (MH) Nº 559/22;
(iv) a partir del 1/2/2024 y hasta el 28/2/2025, la tasa prevista en el artículo 4°, primer párrafo, de la Resolución Nº 3/24, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10° de esa norma; y (v) para los intereses devengados desde el 1/3/2025 y hasta el momento del efectivo pago, se aplicará la tasa del 0,75% mensual, en cumplimiento del artículo 3° la Resolución N° 199/25 del Ministerio de Economía, o la que la sustituya en el futuro.
XI. Costas Por último, en cuanto a la imposición de costas, teniendo en cuenta que en esta instancia se resuelve revocar el decisorio de la anterior instancia y, que tampoco se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, corresponde imponerlas –en ambas CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 2537/2025 “LDC ARGENTINA SA (TF 38621-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
instancias– a la parte demandada vencida (artículos 68, primera parte, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
En concordancia, resulta inoficioso expedirse respecto del agravio deducido por la parte demandada.
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto, SE RESUELVE: hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y en consecuencia, revocar la sentencia apelada del Tribunal Fiscal de la Nación y reconocer el derecho de la firma LDC Argentina SA a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa –respecto del Permiso de Embarque Nº PE 09 052 EC01 005334 K –, con más los intereses calculados de conformidad con lo dispuesto en el considerando X. Costas de ambas instancias a la parte demandada vencida.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes y, al Sr. Fiscal General – mediante correo electrónico dirigido a la dirección oficial del Ministerio Público ante esta Alzada ([email protected]; [email protected]; [email protected]; y dvocosmpf.gov.ar)– y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia