Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 38925-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la apelación deducida por LDC Argentina SA, revocar el pronunciamiento del 21/6/2023 dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto las resoluciones DI RAHI 58/2017 y 59/2017 y SDG OAI 48/2017, declarar -en el caso- la inconstitucionalidad de la resolución ex MEyP 182/2008 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la exportadora, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos XV, XVII y XVIII;
2Desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional; y
3Adecuar la distribución de las costas relativas a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, las que, al igual que las concernientes a esta instancia judicial, quedan a cargo del Fisco Nacional (Considerando XIX).
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2024.-
VISTOS estos autos 1904/2024 caratulados “LDC Argentina SA (TF 38.925-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y
I. El 15/12/2014, LDC Argentina SA formuló en sede aduanera tres pedidos de repetición de las sumas que, en su entendimiento, habría abonado indebidamente en concepto de derechos de exportación respecto de las destinaciones de exportación “09 052 EC01 002749 R”, “09 052 EC01 004368 Z” y “09 052 EC01 013499 V” (conf. fs. 24/36, 38/50 y 52/64 del expediente judicial que se tiene a la vista en soporte papel).
Cuadra señalar que, en los tres reclamos, LDC Argentina SA inicialmente solicitó que se declarara la inaplicabilidad de la resolución ex MEeI 11/2002 y sus modificatorias por tratarse de operaciones de exportación con destino a países miembros del MERCOSUR; planteando, a título subsidiario, en el hipotético caso en que el servicio aduanero considerara aplicable la resolución atacada, que se declarara su inconstitucionalidad por contrariar lo normado por el artículo 76 de la Constitución Nacional, por no existir norma que determinara una clara política tributaria y dada la prohibición de subdelegación facultades en el Ministerio de Economía, resultando ilegítimo dicho precepto por haber sido dictado por un órgano administrativo sin facultades al efecto (conf. fs. 24/36, 38/50 y 52/64, con más sus respectivas adecuaciones de fs. 66/73, 74/81 y 75/89 del expediente judicial que se tiene a la vista en soporte papel).
Ahora bien, el 27/2/2015, LDC Argentina SA adecuó el objeto de los tres reclamos bajo referencia (conf. fs. 66/73, 74/81 y 75/89 del expediente judicial que se tiene a la vista en soporte papel). Al efecto, hizo alusión a los pronunciamientos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Camaronera Patagónica SA c/Ministerio de Economía y otros s/amparo”, sent. del 15/4/2014 y “Whirlpool Puntana SA (TF 21.671-A) c/Dirección General de Aduanas”, sent. del 11/12/2014.
Por aplicación de la doctrina resultante de los referidos pronunciamientos, la exportadora acotó el objeto de su repetición a la diferencia entre el 23% abonado como alícuota por derechos de exportación, y la alícuota del 20%, establecida por resolución ex MEyP 35/2002, así como por decreto 509/2007.
Sostuvo que, según la doctrina resultante del fallo dictado por el Alto Tribunal en autos “Camaronera Patagónica SA”, las distintas modificaciones de alícuota de derechos de exportación dispuestas por resoluciones ministeriales con posterioridad a la resolución ex MEyP 35/2002 resultarían inconstitucionales por no haber sido establecidos por una ley formal del Congreso Nacional ni haber sido ratificadas por dicha institución las resoluciones ministeriales que los fijaran.
A todo evento, afirmó que el decreto 509/2007 habría sido ratificado legislativamente a través de las resoluciones de ambas cámaras del Poder Legislativo Nacional y que la resolución ex MEyP 35/2002 habría sido ratificada por ley 25.645.
Advirtió que, con posterioridad al dictado de tales preceptos, por resoluciones ex MEyP 369/2007, 125/2008, 64/2008, 182/2008 y la resolución conjunta 26 y 28, del 2008, dictadas invocando el Código Aduanero y la ley de Ministerios, fueron modificadas las alícuotas relativas a derechos de exportación, contrariando el principio de reserva de ley. II.- Por resoluciones DI RAHI 58/2017 y 59/2017, así como por la SDG OAI 48/2017, la Dirección Regional Aduanera Hidrovía y la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior desestimaron los pedidos de LDC Argentina SA (conf. esp. fs. 3/6, 11/14 y 19/22 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
III. LDC Argentina SA requirió la revisión de los tres actos por ante el Tribunal Fiscal de la Nación (conf. esp. fs. 28/46 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Al efecto, la exportadora insistió en que, conforme la doctrina resultante del fallo dictado por el Alto Tribunal en autos “Camaronera Patagónica SA”, correspondía la restitución de lo abonado con asiento en lo normado por las resoluciones ex MEyP 10/2007, 369/2007, 125/2008, 64/2008 y 182/2008 y sus modificatorias; que al tiempo de los hechos no se encontraban ratificadas por el Congreso Nacional.
Postuló que, en la especie, habría correspondido estar a los derechos de exportación previstos en la resolución ME 35/2002, por encontrarse ratificados por ley 25.645, sostenidos por decreto 509/2007.
IV. Por resolución del 21/6/2023, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el recurso de apelación deducido por LDC Argentina SA, y, en consecuencia, confirmó las resoluciones DI RAHI 58/2017 y 59/2017, y la SDG OAI 48/2017, con costas por su orden. Para así decidir, el organismo administrativo con facultades jurisdiccionales, en definitiva, aplicó la doctrina resultante de la decisión plenaria del Tribunal Fiscal de la Nación adoptada en autos “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, resol. del 26/4/2022, según la cual:
-dicho organismo administrativo con facultades jurisdiccionales se encontraba imposibilitado de declarar la inconstitucionalidad de una norma, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente;
-el Poder Ejecutivo Nacional se encontraba facultado para establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; y -no correspondía declarar la invalidez del decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal de la Nación debiera expedirse respecto de resoluciones que denegaran la repetición de derechos de exportación abonados por aplicación del mencionado precepto respecto de destinaciones registradas a partir del 4/9/2018, fecha de entrada en vigencia del decreto en cuestión, y hasta el 4/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.
Explicó que resultaba plenamente aplicable al caso de autos la posición legal establecida en el referido acuerdo plenario, en tanto las disposiciones de la resolución ex MEyP 369/2007 y sus sucesivas modificatorias, que fijaron derechos de exportación a las posiciones arancelarias allí estipuladas, resultarían similares mutatis mutandi, a aquellas establecidas en el decreto 793/2018, cuya validez habría sido expresamente receptada en la doctrina bajo referencia.
V. Disconforme con lo resuelto, LDC Argentina SA apeló, fundando oportunamente su pretensión recursiva (conf. esp. fs. 74 y 77/102 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
En sustancial síntesis, tras sostener la inaplicabilidad al caso del plenario dictado por el Tribunal Fiscal de la Nación en autos “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA”, LDC Argentina SA, en análogos términos a los planteados en las instancias recursivas anteriores, sostuvo que los tributos cuya repetición pretendía, habrían sido abonados indebidamente por aplicación de las resoluciones ex MEyP 10/2007, 369/2007, 125/2008, 64/2008 y 182/2008, que fijaron alícuotas de derechos de exportación superiores al 20% para las mercaderías involucradas en autos.
Alegó que la referencia al artículo 755 del Código Aduanero resultaba insuficiente a los fines de sostener una supuesta delegación legislativa que validara los preceptos impugnados.
Tildó a tales preceptos de inconstitucionales por violar el principio de legalidad en materia tributaria; en particular, en tanto al tiempo de registrar las declaraciones juradas de venta al exterior, dichos preceptos normativos no habrían sido ratificados por el Poder Legislativo Nacional. Reiteró que ninguna de las resoluciones dictadas con posterioridad a la resolución ex MEyP 35/2002 habría obtenido la ratificación legislativa posterior a efectos de resguardar el principio de legalidad rector en materia tributaria.
Solicitó el acatamiento de la doctrina resultante del fallo dictado por el Alto Tribunal en autos “Camaronera Patagónica SA”. Al fin de reforzar el sustento de su pretensión, consideró que en el caso resultaría plenamente aplicable el criterio seguido por todas las Salas que integran esta Cámara, ante pedidos de repetición de derechos de exportación abonados por aplicación del decreto 793/2018; citando al efecto algunos precedentes.
A todo evento, planteó la incompetencia del Ministro para dictar las resoluciones atacadas; en tanto el Congreso únicamente podría delegar funciones propias en el Presidente de la Nación, mal pudiendo, este último, a su vez, “transferir el ejercicio de la facultad delegada a otros funcionarios” (sic).
A su vez, cuestionó las tasas de interés previstas en las resoluciones ex MEyP 314/2004 y ME 559/2022; pretendiendo, en su lugar, la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el BCRA; a las que tildó de irrisorias y atentatorias del derecho de propiedad. Por lo expuesto, LDC Argentina SA solicitó que se revocara el pronunciamiento dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, se hiciera lugar al pedido de repetición que intentara, con más los intereses correspondientes.
Dicha presentación fue replicada por el Fisco Nacional (conf. fs. 203/215 del expediente judicial en soporte papel que se tiene a la vista).
VI. También apeló la AFIP - DGA, fundando en ese mismo acto su pretensión recursiva (ver esp. fs. 104/109 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Cuestionó únicamente el modo en que fueron distribuidas las costas.
Sostuvo que la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, sin fundamento suficiente, se apartó del principio general rector en materia la materia, según el cual las costas han de ser soportadas por quien resulta vencido; en el caso, la exportadora.
En este sentido, manifestó que, en la especie, correspondía estar a lo así previsto en el artículo 68, primera parte, del CPCCN y en el artículo 1163 del Código Aduanero.
Puso de resalto que resultó vencedora en el pleito y que por el pronunciamiento recurrido no se justificó el apartamiento del lineamiento general que determina que las costas sean soportadas por el vencido.
Tildó de infundado y arbitrario lo decidido en lo que al punto refiere.
Citó jurisprudencia que, en su entendimiento, avalaría su postura.
En función de lo expuesto, el Fisco Nacional peticionó que se revocara -en cuanto fue motivo de agravio- el pronunciamiento apelado, con costas de esta instancia judicial a cargo de la exportadora. Dicha presentación fue replicada por la actora (ver esp.
fs. 111/116 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
VII. Remitidas las actuaciones en vista, el señor fiscal coadyuvante de Cámara, en cuanto aquí interesa resaltar, consideró: -que la cuestión de fondo traída a conocimiento de esta Alzada debía ser resuelta conforme los lineamientos resultantes del fallo dictado por el Alto Tribunal en autos “Camaronera Patagónica SA” y atendiendo a las circunstancias de hecho invocadas y acreditadas por la recurrente, cuya valoración excede -por regla, según lo normado por los artículos 1° y 31 de la ley 27.148- la competencia del Ministerio Público Fiscal;
-que el planteo de inconstitucionalidad de la tasa prevista en la resolución ex MEyP 314/2004 debía resolverse según la jurisprudencia del Fuero vigente en la materia; y -que el planteo de inconstitucionalidad de la resolución ME 559/2022 debía ser desestimado, toda vez que la apelante se limitó a señalar genéricamente que la aplicación de la tasa allí prevista no compensaba la inflación registrada en el período comprendido en autos, sin efectuar un análisis riguroso que comprobara que esa norma resultara lesiva de sus derechos constitucionales.
VIII. Previo a resolver, el Tribunal solicitó a las partes que individualizaran las normas y alícuotas en función de las cuales fueron liquidados y abonados los derechos de exportación respecto de las destinaciones “09 052 EC01 002749 R”, “09 052 EC01 004368 Z” y “09 052 EC01 013499 V”, motivo de repetición en estos actuados; acompañando, en su caso, la documentación respaldatoria.
Al respecto, únicamente respondió la accionante, quien informó que las operatorias del caso se habrían regido conforme lo establecido por la resolución ex MEyP 182/2008, abonando por las destinaciones “09 052 EC01 002749 R” y “09 052 EC01 004368 Z”
derechos de exportación según una alícuota del 32%, correspondiente a la posición arancelaria “1507.10.00.100Q”, mientras que por la destinación “09 052 EC01 013499 V”, según una alícuota del 28%, correspondiente a la posición arancelaria “1001.90.90.110B”; acompañando, al fin de justificar lo indicado, cierta documental en su poder.
De dicha presentación se corrió traslado al Fisco Nacional, quien guardó silencio.
IX. Pues bien, en función de la respuesta recibida al requerimiento cursado por parte de la exportadora y dando el debido sentido al silencio guardado por el Fisco Nacional ante el traslado cursado, es posible sostener que no se encuentran controvertidas las operaciones de exportación bajo trato, ni los elementos resultantes de las declaraciones aduaneras, las características de la mercadería involucrada, así como su posición arancelaria; limitándose la controversia suscitada, atento los términos del reclamo seguido, a determinar si se ajusta a derecho el pago de derechos de exportación conforme lo normado por la resolución ex MEyP 182/2008, impugnada en autos.
Al punto, resulta atinado mencionar que según surge de la documentación acompañada en respuesta al requerimiento cursado por el Tribunal, conforme fuera reseñado en el Considerando que antecede, en el caso, LDC Argentina SA, exportó:
-bajo las destinaciones “09 052 EC01 004368 Z” y “09 052 EC01 002749 R”, registradas el 6/5/2009 y el 19/3/2009, respectivamente, mercadería declarada bajo la posición arancelaria “1507.10.00.100Q” como “A granel (Ley 21.453) - Aceite en bruto, incluso desgomado Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente”, abonando derechos de exportación según una alícuota del 32% de su valor FOB; y -bajo la destinación “09 052 EC01 013499 V”, registrada el 17/12/2009, mercadería declarada bajo la posición arancelaria “1001.90.90.110B” como “A granel, con hasta 15% de embolsado (Ley 21.453) Trigo Pan Los demás - Los demás Trigo y Mortajo (Tranquillón)”, abonando derechos de exportación según una alícuota del 28% de su valor FOB.
Por la presente, LDC Argentina SA reclamó la devolución de la diferencia entre lo abonado en concepto de derechos de exportación por aplicación de la resolución ex MEyP 182/2008 y lo que, en su entendimiento, hubiera correspondido de aplicar la norma correcta, esto es, lo previsto por la resolución ME 35/2002, en consonancia con el decreto 509/2007, precepto anterior en el tiempo que contaría con el suficiente respaldo normativo en los términos de “Camaronera Patagónica SA”.
X. Sentado ello, cuadra referir que:
-por resolución ME 35/2002 (publicada en el BORA del 8/4/2002), en cuanto aquí interesa, el Ministerio de Economía fijó un derecho a la exportación para consumo según una alícuota del 20% respecto de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias NCM “1001.90.90” y “1507.10.00”;
-por decreto 509/2007 (publicado en el BORA del 23/5/2007), el Poder Ejecutivo Nacional, en cuanto aquí interesa, mantuvo para la posición arancelaria “1001.90.90” una alícuota del 20%, mientras que para la posición arancelaria “1507.10.00” fijó una alícuota del 24% (conf. esp. Anexo XIV).
Cabe referir que dicho dispositivo normativo fue ratificado por ambas Cámaras del Congreso Nacional (conf. resoluciones S/N 41/2007 y 49/2007).
-por resolución ex MEyP 369/2007 (publicado en el BORA del 9/11/2007), el ex Ministerio de Economía y Producción incrementó los derechos de exportación para la posición arancelaria “1001.90.90” de un 20% a un 28%, mientras que para la posición arancelaria “1507.10.00” de un 24% a un 32%;
-por resoluciones ex MEyP 64/2008 (publicada en el BORA del 2/6/2008) y 125/2008 (publicada en el BORA del 12/3/2008), el ex Ministerio de Economía y Producción estableció un esquema de derechos de exportación móviles para, en cuanto aquí interesa, las posiciones arancelarias “1507.10.00” y “2304.00.10”;
-por resolución ex MEyP 182/2008 (publicada en el BORA del 21/7/2008), el ex Ministerio de Economía y Producción fijó para la posición arancelaria “1001.90.90” nuevamente una alícuota del 28% y para la posición arancelaria “1507.10.00” nuevamente una alícuota del 32%.
Al punto, cabe resaltar que dicho dispositivo fue dictado haciendo alusión a las facultades conferidas por el artículo 755 del Código Aduanero, al artículo 19 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/1992) y sus modificaciones, al artículo 2º del decreto 1176/2008 y a los decretos 2752/1991 y 2275/1994.
XI. Precisada la plataforma fáctica y normativa involucrada en la especie, así como los fundamentos de la resolución apelada y el contenido de la postulación recursiva de la exportadora, se advierte desde ya que, a los fines de la dilucidación del caso, cuadra seguir la doctrina que emana del pronunciamiento dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Camaronera Patagónica SA c/Ministerio de Economía y otros s/amparo”, sent. del 15/4/2014 (Fallos, 337:388). En dicha oportunidad, el Alto Tribunal, al analizar la validez de la resolución del Ministerio de Economía 11/2002, por la que se fijaron ciertos derechos a la exportación para consumo, a determinadas mercaderías, identificadas según la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), destacó, en cuanto aquí interesa resaltar, que:
-el principio de reserva de ley en materia tributaria no cede en caso que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el artículo 76 de la Constitución Nacional; -los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (artículo 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo;
-ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecieron, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo examinado;
-resultaba admisible que el Congreso Nacional atribuya al Poder Ejecutivo Nacional ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, es decir, elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijasen pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa;
-la resolución cuestionada no se ajustaba a los parámetros señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación quedó -en el caso- completamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo Nacional;
-el Poder Legislativo Nacional dictó las leyes 25.148, 25.645, 25.918, 26.135 y 26.519, con incidencia en la solución de dicha controversia; advirtiéndose al respecto que -con excepción de la ley 26.519- las restantes contenían una estructura similar ya que, por una parte, ratificaban la totalidad de la delegación legislativa, por los plazos y en las condiciones que allí se establecen y, en lo que al caso interesaba, aprobaban la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994; -si bien la decisión de ratificar en forma general un amplio y variado número de normas que abarcaban diversas materias podía ser objetable desde el ángulo de la técnica legislativa, ello no resultaba suficiente para privar de validez a la ley 25.645 y a aquellas que, con el mismo objetivo, la precedieron o sucedieron; y -la ley 25.645 carecía de eficacia para convalidar retroactivamente una norma que adolecía de nulidad absoluta e insanable - como la resolución ex ME 11/2002-, pero no existía razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia.
Con asiento en estas consideraciones, el Alto Tribunal determinó que la invalidez de la resolución ex ME 11/2002 se circunscribía al período comprendido entre el 5/3/2002 (fecha en que entró en vigor) hasta el 24/8/2002, momento a partir del cual rige la ley 25.645, disposición que le otorga a su contenido rango legal.
XII. Si bien los pronunciamientos del Alto Tribunal no resultan obligatorios para los tribunales de las instancias anteriores fuera de los juicios en los que son dictados, en atención a la trascendencia que en el orden judicial revisten las decisiones de la Autoridad Suprema del Poder Judicial de la Nación, corresponde por razones de economía procesal y a fin de evitar un dispendio jurisdiccional, aplicar la doctrina sentada por aquel (conf. CSJN, Fallos, 311:1644 y 2004 y esta Sala, en autos 3950/2017 “Macchiavelli, Andrea Mariana c/EN - Mº Justicia DDHH s/proceso de conocimiento”, sent. del 28/11/2019 y su cita; entre otros). Es que, ciertamente, y en consonancia con lo que se viene expresando, no puede dejarse de lado la doctrina que emana de los precedentes del Máximo Tribunal pues, tal como se ha sostenido reiteradamente, los restantes tribunales deben un acatamiento moral a su doctrina, habida cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulta ser el máximo intérprete de la aplicación del derecho en el ámbito nacional, lo que torna aconsejable seguir sus lineamientos para así mantener la unidad de la interpretación de la ley. XIII.- Por aplicación al caso de los estándares que emanan del referido pronunciamiento del Alto Tribunal, no cabe sino admitir la apelación deducida por LDC Argentina SA y, en consecuencia, hacer lugar a la acción de repetición que intentara por la diferencia de tributos entre la aplicación de las previsiones de la resolución ex MEyP 182/2008 y el decreto 509/2007, determinando ello, respecto de las tres destinaciones involucradas en autos, la devolución de las sumas equivalentes a ocho puntos porcentuales por cada una de las operaciones; cuyo pago -por lo demás- no fue desconocido en autos por el Fisco Nacional.
En efecto, no caben dudas de la invalidez constitucional de la resolución ex MEyP 182/2008, toda vez que por su intermedio se creó una carga tributaria y se fijó una alícuota de derechos de exportación sin que existiese una clara política legislativa o base de delegación suficiente; incursionando de esta manera el Poder Ejecutivo Nacional en una materia reservada exclusivamente al Congreso de la Nación.
Refuerza tal línea argumental el hecho que no es posible identificar una ley formal que haya otorgado un rango legal a los incrementos establecidos en la resolución ex MEyP 182/2008 (conf. Sala I del Fuero, en autos 30.436/2023 “Bunge Argentina SA (TF 37.994-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 21/12/2023; y Sala IV del Fuero, en autos “Molino Cañuelas SACIFIA (TF 56397479-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo, resol. del 3/10/2023).
XIV. A todo evento, cuadra precisar que, en la especie, no concurren los presupuestos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó en “Camaronera Patagónica SA” (cit.) para permitir eventualmente, por las particulares necesidades que la reglamentación del comercio exterior impone, la regulación por la Administración de ciertos pormenores y detalles concernientes a los derechos aduaneros previamente fijados por el Congreso Nacional (conf. arg. artículo 99, inciso 2°, de la Constitución Nacional).
En efecto, tal como resulta de lineamientos referidos al tiempo de reseñar la decisión adoptada en el fallo en cuestión, a criterio del Alto Tribunal, resultaría admisible que el Congreso Nacional atribuyera al Poder Ejecutivo Nacional ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, a la determinación del aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, autorizando así a elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución se fijaran pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa.
En el caso, se advierte que la atacada resolución ex MEyP 182/2008 no cumple con los presupuestos legales y constitucionales requeridos en la materia impositiva, careciendo de sustento legal al crear una carga tributaria y fijar una alícuota de derechos de exportación; materia que se encuentra materia reservada, exclusiva y excluyentemente al Congreso de la Nación.
Es que, tal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresara en “Camaronera Patagónica SA” (cit.), el principio de reserva legal en materia tributaria no cede en caso que se actúe por medio del mecanismo de la delegación legislativa previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, pues éste refiere exclusivamente a determinadas materias de administración o de emergencia económica, con plazo fijo para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
Al margen de ello, la delegación legislativa se encuentra prohibida, en particular por el propio artículo 76, primer párrafo, así como por el artículo 99, ambos de la Constitución Nacional.
Por tanto, la delegación contenida en el artículo 755 del Código Aduanero, en cuanto dispone que el Poder Ejecutivo Nacional podrá gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviera gravada con este tributo; desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y modificar el derecho de exportación establecido, en modo alguno alcanza para dar validez a la impugnada resolución ministerial.
En este sentido, cuadra advertir que la resolución ex MEyP 182/2008 no se ajustó a los parámetros antes señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación quedó (a tenor del texto contenido en la norma delegante) librado exclusivamente al arbitrio del Poder Ejecutivo Nacional, careciendo -por tanto- de sustento legal el ejercicio de tal facultad delegada; ello así, en tanto el precepto cuestionado fijó unilateralmente y sin contar con el imprescindible respaldo de una “clara política legislativa”, la totalidad de los aspectos cuantitativos del impuesto, materia reservada, exclusiva y excluyentemente al Congreso de la Nación, el cual por cierto omitió toda indicación sobre el particular al disponer la delegación.
Lo dicho determina la inconstitucionalidad de la resolución ex MEyP 182/2008 que, por la presente, en el caso concreto, se declara.
En igual sentido, sin perjuicio de las salvedades propias de cada caso, se ha pronunciado la Sala I del Fuero, en autos 42.766/2023 “LDC Argentina SA (TF 52066126-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 4/4/2024.
XV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso, revocar el pronunciamiento del 21/6/2023 dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto las resoluciones DI RAHI 58/2017 y 59/2017 y SDG OAI 48/2017, y, consecuentemente, admitir la pretendida repetición de lo abonado en demasía en concepto de derechos de exportación en lo que respecta a las destinaciones “09 052 EC01 002749 R”, “09 052 EC01 004368 Z” y “09 052 EC01 013499 V”, liquidados y cancelados con sustento en la resolución ex MEyP 182/2008, cuya inconstitucionalidad, en el caso, se declara.
Lo dicho determina el reconocimiento del derecho de la exportadora a obtener la devolución de las sumas equivalente a ocho puntos porcentuales respecto de cada una de las destinaciones “09 052 EC01 002749 R”, “09 052 EC01 004368 Z” y “09 052 EC01 013499 V”; diferencia resultante de la aplicación de lo normado por decreto 509/2007 en lugar de lo previsto en la resolución ex MEyP 182/2008.
Al punto, ha de precisarse que, atento lo que por la presente se decide, por las destinaciones “09 052 EC01 002749 R” y “09 052 EC01 004368 Z”, los derechos de exportación pasarían a calcularse según una alícuota del 24% en vez del 32%, mientras que, por la destinación “09 052 EC01 013499 V”, los derechos de exportación pasarían a calcularse según una alícuota del 20% en vez de una del 28%.
XVI. Por lo demás, cuadra señalar que, en igual sentido se ha venido pronunciando el Tribunal al examinar, bajo la doctrina que emana del precedente del Alto Tribunal dictado en autos “Camaronera Patagónica SA” (cit.), la constitucionalidad de distintos preceptos normativos que desoyeron el principio de reserva de ley en materia tributaria (conf., a título ejemplificativo, esta Sala, en autos 22.524/2023 “Xeitosiño SA (TF 15443210-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 11/7/2023, en lo que respecta al decreto 793/2018; en autos 13.173/2024 “Viterra Argentina SA (TF 22884252-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 10/10/2024, en lo que respecta a la resolución ex MEyP 126/2008; y en autos 44.734/2022 “Transportadora de Gas del Sur SA (TF 39.344-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 27/2/2024, en lo que respecta a la resolución ex MEyP 127/2008; entre otros supuestos).
XVII. Sentado lo anterior, en lo atinente a la moneda en que habrá de cancelarse la obligación, conforme las pautas resultantes del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos C.1242.XLIX.REX "Cencosud SA (TF 29.535-A) c/DGA", sent. del 15/5/2014, y toda vez que según surge de las actuaciones administrativas, los tributos cuya restitución se admitió fueron abonados en pesos argentinos, producto de haberse convertido el importe de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 23.905, la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago (conf. esta Sala, en autos 47.726/2012 "Sancor CUL - TF 26.219-A y otro c/DGA”, resol. del 2/12/2014, entre muchos otros). A mayor abundamiento, cabe señalar que el artículo 809 del Código Aduanero, que regula la devolución de los tributos que el Fisco ha cobrado indebidamente, establece expresamente que la Aduana devolverá directamente los importes que hubiera percibido indebidamente en concepto de tributos. En consecuencia, si percibió un importe en pesos, no hay razón para que se considere que, si procede su devolución, se origina para el Fisco Nacional una deuda en dólares (conf. -en este sentido- CSJN, en autos "Cencosud”, cit., esp. Considerando 8º).
XVIII. Definida la moneda de pago, en orden al alcance de la condena, se dispone que el reintegro deberá ser comprensivo de los intereses devengados desde las peticiones administrativas de repetición y hasta el efectivo pago (conf. artículo 811 del Código Aduanero), a calcular: -desde los reclamos a la autoridad aduanera (del 15/12/2014) y hasta que comenzó a surtir efectos la resolución ex Ministerio de Hacienda 598/2019 (el 1/8/2019; conf. su artículo 10), según la tasa pasiva promedio mensual que publica la autoridad monetaria, según lo dispuesto en la Comunicación BCRA 14.290 (conf. esta Sala, en autos 80.607/2018 “Industrial and Commercial Bank of China SA c/EN - AFIP - DGI s/Dirección General Impositiva”, resol. del 16/6/2022 y sus citas, entre otros; pronunciamiento respecto del cual, ante la denegatoria del recurso extraordinario federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró el 12/9/2023 inadmisible la correspondiente presentación directa intentada por el Fisco Nacional, habiendo -por tanto- quedado en consecuencia firme el referido decisorio);
-a partir del 1/8/2019 y hasta el 31/8/2022, según lo normado por la resolución del ex Ministerio de Hacienda 598/2019; -a partir del 1/9/2022 y hasta el 1/2/2024, conforme la tasa prevista en los artículos 4° y 6° de la resolución del Ministerio de Economía 559/2022;
-a partir del 1/2/2024, conforme la tasa prevista en la resolución del Ministerio de Economía 3/2024; y, en su caso, por las normas que la reemplacen en lo futuro según el lapso de devengamiento de tales accesorios.
A tales efectos, de conformidad con el criterio expuesto por el señor fiscal general de Cámara, corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad formulado por la exportadora respecto de la resolución ME 559/2022, puesto que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad institucional, que debe considerarse como última ratio del orden jurídico (conf. CSJN, Fallos, 302:1149 y 303:241, entre muchos otros), por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o garantía constitucional invocados; supuesto que no se encuentra suficientemente acreditado en el sub examine.
Es que la declaración de inconstitucionalidad de una norma impone a quien la pretende, demostrar claramente de qué forma aquélla contraría la Constitución Nacional, causándole un gravamen y, para ello, es menester que precise y acredite fehacientemente en el supuesto concreto el perjuicio que le genera la aplicación del dispositivo (conf. CSJN, Fallos, 316:687; 324:3345; 325:645; 327:1899; 328:4282; entre muchos otros).
En dicho contexto, lo cierto y determinante es que la actora se limitó a efectuar manifestaciones genéricas respecto a la lesividad de la normativa impugnada, sin acreditar de qué modo la resolución ME 559/2022, conculcaría sus derechos constitucionales. En definitiva, LDC Argentina SA no efectuó un análisis riguroso que compruebe debidamente la lesión constitucional denunciada en el caso concreto; lo que determina el rechazo del planteo dirigido a cuestionar la validez de la resolución Ministerio de Economía 559/2022, que -por tanto, según fuera previamente indicado- ha de ser aplicada a los efectos del cobro de los intereses adeudados por la condena de autos, durante el período en el que rigiera.
En igual sentido, con las salvedades propias de cada caso, se pronunció esta Sala, en autos 33.217/2023 “De Ibarreta, Ernesto Alejandro c/EN - AFIP - Ley 20.628 s/amparo ley 16.986”, resol. del 25/6/2024, en autos 8790/2024 “Arauco Argentina SA (TF 125917824-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 9/8/2024 y en autos 3664/2024 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA (TF 36.648-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 30/8/2024; entre otros; así como también la Sala IV del Fuero en autos 12.390/2024 “Viterra Argentina SA (TF 26657127-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 5/9/2024.
XIX. En atención al modo en que se decide, y al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que las costas vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero).
Estas mismas circunstancias determinan -de por sí- el rechazo de la apelación del Fisco Nacional.
Por los fundamentos que anteceden, este Tribunal
1. admitir la apelación deducida por LDC Argentina SA, revocar el pronunciamiento del 21/6/2023 dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto las resoluciones DI RAHI 58/2017 y 59/2017 y SDG OAI 48/2017, declarar -en el caso- la inconstitucionalidad de la resolución ex MEyP 182/2008 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la exportadora, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos XV, XVII y XVIII;
2. desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional; y 3°) adecuar la distribución de las costas relativas a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, las que, al igual que las concernientes a esta instancia judicial, quedan a cargo del Fisco Nacional (Considerando XIX).
Regístrese, notifíquese -a las partes y al señor Fiscal General de Cámara- y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia