Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 39325-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la resolución apelada, y reconocer el derecho de dicha parte a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar los permisos de embarque Nros. 08003EC01005038G; 08003EC01007234G y 08003EC01000601U, con CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V más sus respectivos intereses;
2Imponer las costas de ambas instancias a la demandada por resultar vencida (artículo 68, primera parte, del CPCCN); y 3) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 1458/2025 “LDC ARGENTINA SA (TF 39325-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de marzo de 2026.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que a través de la resolución de fojas 127/132, la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las Resoluciones Nros. 45/18, 50/18 y 51/18 dictadas por el Subdirector General de Operaciones Aduaneras del Interior. A través de dichos actos administrativos se había rechazado el reclamo de repetición de la suma total de $1.985.956,91 en concepto de derechos de exportación presuntamente abonado en demasía, correspondiente a los permisos de embarque Nros.
08003EC01005038G; 08003EC01007234G y 08003EC01000601U, oficializados el 2011/2007; 19/06/2008 y 19/11/2008, respectivamente. Impuso las costas en el orden causado.
Para así decidir, consideró que la cuestión analizada resultaba sustancialmente análoga a la que se había debatido en esos estrados con relación a los derechos fijados por el Decreto N° 793/18, de manera que resultaba aplicable la doctrina legal establecida en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por ese Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DCA s/ Recurso de apelación” (EX-2020-24600163- APN-SGASAD#TFN). Recordó que allí se determinó que: i) el TFN no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley; ii) el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero; iii) no corresponde declarar la invalidez del Decreto N° 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018. Por ello, rechazó el recurso de la empresa.
II. Que contra esa decisión, la parte actora interpuso un recurso de apelación a fojas 138, y expresó agravios a fojas 139/150, los que fueron replicados por su contraria a fojas 157/161.
En su presentación, afirmó que la decisión plenaria empleada como basamento de la sentencia recurrida no es aplicable en este caso. Además, afirma que la decisión adoptada en tal sentido se aparta de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Señaló que el 8 de abril de 2002 fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución del Ministerio de Economía y Producción N° 35/02 mediante la cual se estableció en un 20% la alícuota del derecho de exportación aplicable a las mercaderías del caso. Pone de manifiesto que aquélla fue aprobada legislativamente a través del artículo 3º de la Ley N° 25.645 (B.O. 24/8/02).
Explicó que con posterioridad fueron dictadas una serie de resoluciones ministeriales y decretos que modificaron la alícuota de los derechos de exportación, pero que nunca fueron aprobadas por una ley formal del Congreso (resolución MEyP n° 10/07; Decreto n° 509/07; Resoluciones MEyP n° 368/07, 369/07, 125/08, 64/08, 181/08, 182/08; y la conjunta con el Ministerio de Producción N° 26/08).
Señaló que la norma delegante contenida en el artículo 755 del Código Aduanero, no cumple los recaudos constitucionales exigidos para ser considerada una norma delegante válida (arg. art. 76, CN). Explica, además, que en cualquier caso la fijación de tributos mediante actos del Poder Ejecutivo -aún mediante reglamentos delegados- comporta una violación del principio de reserva de ley, inquebrantable en materia tributaria (arg. arts. 4, 17, 52, 75, inc. 1, CN) y, en consecuencia, una transgresión del orden de prelación normativo consagrado por el constituyente.
Plantea que tampoco fueron respetadas las condiciones para subdelegar la facultad que otorga el artículo 755 del Código Aduanero en el Ministerio de Economía y Producción. Por eso, asegura que la decisión recurrida se contrapone a la doctrina sentada por la Corte federal en el caso “Camaronera Patagónica”. Y solicita que se ordene la devolución de los importes equivalentes a la diferencia entre los derechos exigidos por la Aduana y los que correspondía pagar. En último término, cuestionó la tasa de interés aplicable.
Sostiene que la aplicación de la tasa prevista en la resolución MEyP n° 314/04, conduce a un resultado irrazonable ya que denota una evidente desproporción con la tasa de interés resarcitorio que percibía el Fisco. También cuestionó la aplicación de la tasa de interés establecida mediante las Resolución N° 559/22.
III. Que a fojas 166/173 de la presente causa tomó intervención el Sr. Fiscal General. En lo relativo a los agravios de la parte actora indicó que -a su parecer- el caso debía resolverse con arreglo a CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 337:388.
IV. Que la cuestión a resolver resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa N° 51.458/19, caratulada “Gut Metal SRL C/ EN-AFIP s/Dirección General de Aduanas”, del 5 de mayo de 2022, a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad. Asimismo, dicha sentencia se encuentra firme en tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó con fecha 10/10/2023 la queja y el recurso extraordinario allí interpuestos.
En esa oportunidad, este tribunal, por aplicación del precedente "Camaronera Patagónica" de la CSJN (Fallos: 337:388) decidió que resultaba incompatible con el texto constitucional la fijación de derechos de exportación por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y que la Ley Nº 27.467 que había pretendido convalidarlos sólo pudo haber tenido el efecto de instituir los mencionados tributos ex nunc. Razones de economía procesal hacen aconsejable seguir la doctrina de los fallos de la Corte Suprema cuando ella se refiere a asuntos análogos al que es materia de decisión, sin perjuicio de la posibilidad de que la parte interesada pueda invocar nuevos argumentos y razones que no hayan sido examinadas y justifiquen una solución distinta, situación que en el caso no se presenta (Fallos 212:51, considerandos 4° a 6°; 307:1094, considerando 2°, 315: 2386, considerando 7°, 325:2723, 332:1488, considerando 3° del dictamen del procurador al que se remitió la Corte en su totalidad, 334:582). Dicho criterio fue mantenido por este Tribunal en relación con las resoluciones aquí atacadas por la actora (conf. esta Sala in re: “ Bunge Argentina SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. N° 22912/2023, del 12/11/2024; “LDC Argentina SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. N° 13180/2024, del 06/03/2025; “LDC Argentina SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. N° 13171/2024, del 13/08/2025; “LDC Argentina SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo” Expte. N° 2535/2025, del 02/10/2025; “LDC Argentina SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. N° 38748/2025, del 19/03/2026; entre otros). En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, revocar la resolución apelada, declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar los permisos de embarque Nros. 08003EC01005038G; 08003EC01007234G y 08003EC01000601U.
V. Que en otro orden, la actora cuestionó la aplicación al caso de las tasas de interés fijadas en las Resoluciones MEyP Nros. 314/04 y 559/22.
Al respecto, cabe destacar que dicha cuestión ya ha sido resuelta por este Tribunal en varias oportunidades (esta Sala in re: “ Viterra Argentina SA (TF 28210729-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. N° 5391/2025, del 01/07/2025; “Viterra Argentina SA (TF 23023201-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. N° 20186/2024, del 27/06/2025, “Bodegas Esmeralda SA (TF 31645128-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. N° 10262/2025, del 05/06/2025, entre otras), en el sentido de que, a las sumas cuya devolución se admite en este tipo de casos deberán adicionarse intereses a partir del momento establecido en el artículo 811 del Código Aduanero, calculados a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina expresamente prevista para estos casos; desde el dictado de la Resolución Nº 598/19 del entonces Ministerio de Hacienda de la Nación (cfr. artículo 4º), [conf. esta Sala, causa Nº 55842/2019 “Sancor Cul c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” sentencia del 17 de junio de 2021; y sus citas].
Asimismo, a partir del 1° de septiembre de 2022 corresponderá aplicar la tasa de interés prevista en la Resolución N° 559/2022 del Ministerio de Economía; a partir del 01/02/2024 la tasa de interés prevista en la Resolución N° 3/2024 del Ministerio de Economía (art. 4); a partir del 1º de marzo de 2025 la tasa de interés establecida en la Resolución Nº 199/2025 y a partir del 1º de julio de 2025 la tasa de interés dispuesta en la Resolución Nº 823/2025.
Por ello, corresponde desestimar el presente agravio y fijar los intereses de acuerdo a las tasas que resulten de las resoluciones mencionadas.
Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la resolución apelada, y reconocer el derecho de dicha parte a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar los permisos de embarque Nros.
08003EC01005038G; 08003EC01007234G y 08003EC01000601U, con CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V más sus respectivos intereses; 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada por resultar vencida (artículo 68, primera parte, del CPCCN); y 3) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Se deja constancia de que la Vocalía N° 15 de esta Sala se encuentra vacante (art. 109 RJN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI
Fin de la sentencia