Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 39876-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1)
Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad de la Resolución Conjunta MP nº 26/08 y MEyFP nº 28/08 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar el permiso de embarque nro. 09 003 EC01 002239 H, con más sus respectivos intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos V y VI; 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, 1° parte, CPCCN); y 3) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Alta en sistema: 19/11/2025
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
38613/2025 LDC ARGENTINA SA (TF 39876-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de noviembre de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que el 28 de marzo de 2025 la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el recurso interpuesto por la firma actora y confirmó la Resolución RESOL-2019-17-E-AFIP-SDGOAI, dictada en la actuación SIGEA Nro. 14930-162-2015 (cfr. fs. 168/169). En ese acto se había rechazado el reclamo de repetición por la suma de $517.091,85 en concepto de derechos de exportación presuntamente abonados en demasía, correspondientes al permiso de embarque Nro. 09 003 EC01 002239 H. El Tribunal impuso las costas por su orden “…en atención a la complejidad de la cuestión en trato”.
Para decidir como lo hizo el a quo explicó que las cuestiones planteadas en la causa resultaban sustancialmente análogas a las consideradas en el acuerdo plenario del 26/04/2022 dictado por ese tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN -SGASAD#TFN), a cuyos fundamentos y conclusiones remitió.
Señaló que en el marco de aquél, la mayoría de los Vocales habían fijado la siguiente doctrina legal “ARTÍCULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente. ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTÍCULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto en el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir Alta en sistema: 19/11/2025 del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”. Concluyó, entonces, que debía rechazarse pedido de repetición de los derechos de exportación liquidados y pagados en relación con la destinación referida en el primer párrafo, respecto de la mercadería involucrada en el caso.
II. Que la parte actora recurrió la resolución reseñada en el primer considerando y expresó sus agravios a fs. 180/193 los que no fueron replicados por la demandada.
La accionante afirma en su crítica que la decisión plenaria empleada como basamento de la sentencia recurrida no es aplicable en este caso, pues los actos que constituyeron los tributos cuestionados no fueron dictados ni siquiera por el Presidente. Además, afirma que la decisión adoptada en tal sentido se aparta de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Señala que el 8 de abril de 2002 fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución del Ministerio de Economía y Producción n° 35/02 mediante la cual se estableció en un 20% la alícuota del derecho de exportación aplicable a las mercaderías del caso. Pone de manifiesto que aquélla fue aprobada legislativamente a través del artículo 3º de la ley 25.645 (B.O. 24/8/02).
Explica que con posterioridad fueron dictadas una serie de resoluciones ministeriales y decretos que modificaron la alícuota de los derechos de exportación, pero que nunca fueron aprobadas por una ley formal del Congreso (resolución MEyP n° 10/07; Decreto n° 509/07; Resoluciones MEyP n° 368/07, 369/07, 125/08, 64/08, 182/08; y la conjunta con el Ministerio de Producción N° 26/08). En tales condiciones, expresa que oportunamente solicitó la devolución de “la diferencia resultante entre el 20% pagado en concepto de Alta en sistema: 19/11/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V derechos de exportación aprobado legalmente por la Ley 25.645 y la mayor alícuota que debió pagar en el año 2008 por aplicación de las resoluciones 10/07, 368/07, 369/07, 125/08, 64/08 y 182/08”. Señala que la norma delegante contenida en el artículo 755 del Código Aduanero, no cumple los recaudos constitucionales exigidos para ser considerada una norma delegante válida (arg. art. 76, CN). Explica, además, que en cualquier caso la fijación de tributos mediante actos del Poder Ejecutivo –aún mediante reglamentos delegados- comporta una violación del principio de reserva de ley, inquebrantable en materia tributaria (arg. arts. 4, 17, 52, 75, inc. 1, CN) y, en consecuencia, una transgresión del orden de prelación normativo consagrado por el constituyente.
Plantea que tampoco fueron respetadas las condiciones para subdelegar la facultad que otorga el artículo 755 del Código Aduanero en el Ministerio de Economía y Producción, y que las resoluciones en cuestión fueron dictadas por un órgano incompetente, lo que también determinaba su nulidad.
Por eso, asegura que la decisión recurrida se contrapone a la doctrina sentada por la Corte federal en el caso “Camaronera Patagónica”. Y solicita que se ordene la devolución de los importes equivalentes a la diferencia entre los derechos exigidos por la Aduana y los que correspondía pagar, según la alícuota establecida por la Resolución Nº 35/02.
En último término, cuestiona la tasa de interés aplicable. Sostiene que la aplicación de la tasa prevista en la resolución MEyP n° 314/04, conduce a un resultado irrazonable ya que denota una evidente desproporción con la tasa de interés resarcitorio que percibía el Fisco. Además, cuestiona la limitación de la tasa que tuvo lugar a partir del dictado de la Resolución ME n° 559/22 pues, al fijarla en el 3,84% mensual, “volvió a causar un atraso significativo respecto de la inflación que azota al país”. De igual modo, considera que las fijadas con posterioridad por el Ministerio de Economía mediante las Resoluciones nº 3/24 y 199/25 tampoco conducen a un resultado que se advierta razonable. Finalmente, pone de manifiesto que la afectación de su Alta en sistema: 19/11/2025 derecho de propiedad se advierte aún más gravosa en tanto las tasas de interés que considera irrisorias deben ser aplicadas sobre el monto de los tributos convertido a pesos, de acuerdo al tipo de cambio histórico del momento en que se efectuó el pago.
III. Que a fs. 202/208 tomó intervención el Sr. Fiscal General. En lo relativo a los agravios de la actora indicó que –a su parecer- el caso debía resolverse con arreglo a los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 337:388.
Por lo demás, recordó las decisiones de las distintas Salas de esta Cámara que reconocieron la inconstitucionalidad de la Resolución MEyP n° 314/04, y la validez de las tasas fijadas a partir del dictado de la Resolución ME n° 559/22.
IV. Que –en cuanto aquí interesa- la Resolución Conjunta MP nº 26/08 y MEyFP nº 28/08 (B.O. 23/12/2008) sustituyó el anexo XIV del Decreto 509/07 y estableció para la posición arancelaria 1001.90.90110B involucrada en el PE nro. 09 003 EC01 002239 H un derecho de exportación del 23% (el permiso de embarque consigna el número de DJVE realizada por la empresa, e indica que la venta fue celebrada el día 09/02/2009, tiempo en el cual regía el reglamento reseñado).
Cabe señalar que no es posible identificar una ley formal que, a la fecha en que fue cerrada la venta de la exportación aquí involucrada, haya otorgado rango legal a las alícuotas fijadas en la referida resolución conjunta (arg. Sala V, en la causa nº 1475/2025, caratulada “LDC Argentina SA (TF 39203-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 23 de septiembre de 2025 y su aclaratoria del 08 de octubre de 2025 y Sala IV, en la causa nº 42533/2023, caratulada “Compañía Argentina de Granos SA (TF 78943355-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 25 de junio de 2024).
Alta en sistema: 19/11/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Finalmente, corresponde destacar que la actora realizó el pago de los derechos en sede administrativa tomando en consideración la alícuota del 23% que el sistema liquidó al tiempo de documentar el permiso de embarque (por aplicación de lo establecido en la cuestionada resolución conjunta), y que su pretensión se limita al reintegro de la suma representativa de la diferencia entre la mencionada alícuota y la del 20% fijada en la Resolución n° 35/02.
V. Que la cuestión a resolver resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa n° 51.458/19, caratulada “Gut Metal SRL C/ EN-AFIP s/Dirección General de Aduanas”, del 5 de mayo de 2022, a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad. Asimismo, dicha sentencia se encuentra firme en tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó con fecha 10/10/2023 la queja y el recurso extraordinario allí interpuestos. En esa oportunidad, este tribunal, por aplicación del precedente "Camaronera Patagónica" de la CSJN decidió que resultaba incompatible con el texto constitucional la fijación de derechos de exportación por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y que aun si aquellos eran “convalidados” por una ley formal del Congreso –lo que no ocurre en el caso-, esta sólo podía tener el efecto de instituir los mencionados tributos ex nunc. Lo mismo cabe predicar respecto de la fijación de esos derechos por una resolución ministerial cuyo contenido no recibió nunca aquella “ratificación” congresual.
Razones de economía procesal hacen aconsejable seguir la doctrina de los fallos de la Corte Suprema cuando ella se refiere a asuntos análogos al que es materia de decisión, sin perjuicio de la posibilidad de que la parte interesada pueda invocar nuevos argumentos y razones que no hayan sido examinadas y justifiquen una solución distinta, situación que en el caso no se presenta (Fallos 212:51, considerandos 4° a 6°; 307:1094, considerando 2°, 315: Alta en sistema: 19/11/2025 2386, considerando 7°, 325:2723, 332:1488, considerando 3° del dictamen del procurador al que se remitió la Corte en su totalidad, 334:582).
En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad de la Resolución Conjunta MP nº 26/08 y MEyFP nº 28/08 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar el permiso de embarque nro. 09 003 EC01 002239 H (cfr. fs. 36 de las actuaciones administrativas), cuyo pago –por lo demásno fue desconocido en autos por la demandada (v. en igual sentido, Sala V, en la causa nº 1475/2025, caratulada “LDC Argentina SA (TF 39203 -A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 23 de septiembre de 2025 y su aclaratoria del 08 de octubre de 2025, Sala IV, causa nº 42533/2023, caratulada “Compañía Argentina de Granos SA (TF 78943355-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 25 de junio de 2024 y; en sentido semejante, Sala I causa n° 15.359/2024 "LDC Argentina SA (TF 38369-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo", del 7/03/2025; Sala II, causa n° 1904/2024 “LDC Argentina SA (TF 38.925-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 6/12/2024; Sala IV, causa n° 48.061/2023 “LDC Argentina SA (TF 80575027-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 7/03/2024; entre otros).
VI. Que el reintegro al que da derecho esta decisión deberá ser comprensivo de los accesorios devengados a partir del momento establecido en el artículo 811 del Código Aduanero, calculados inicialmente a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (esta Sala, causas “Osram Argentina SACI c/EN -AFIP-DGI Resol. 30/11 s/Dirección General de Aduanas”, expte. n° 15.885/2011, del 17 de agosto de 2017; n° 29.472/2014 “Driollet Laspiur, Rogelio c/EN-AFIP s/Dirección General Impositiva”, del 13 de diciembre de 2017; entre muchas otras; y Resolución Nº 598/19 del entonces Ministerio de Hacienda de la Nación (artículo 4º); y esta Alta en sistema: 19/11/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Sala, causa nº 55842/2019 “Sancor Cul c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” sentencia del 17 de junio de 2021; y sus citas). Finalmente, el 1 de septiembre de 2022 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución n° 559/2022 del Ministerio de Economía que en su artículo 4º estableció la tasa de interés aplicable a los supuestos previstos en los artículos 811 y 838 del Código Aduanero. Luego, mediante la Resolución Nº 3/2024 del Ministerio de Economía se dispuso una nueva tasa de interés aplicable a partir del 1º de febrero de 2024 y; desde el 1° de marzo de 2025 , se fijó una nueva tasa en la Resolución del Ministerio de Economía n° 199/25 y; a partir del 1° de julio de 2025, se estableció otra en la Resolución del Ministerio de Economía n° 823/25.
En lo que a estas últimas respecta, corresponde señalar que, tal como fue expresado por el Fiscal General en su dictamen, la apelante formuló consideraciones genéricas que no evidencian la lesión que su aplicación le provocaría de manera concreta, ni tampoco demostró que la misma se advierta irrazonable en comparación con la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, de modo que aquellas deben ser aplicadas a partir del momento de sus respectivas entradas en vigencia.
Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1)
Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad de la Resolución Conjunta MP nº 26/08 y MEyFP nº 28/08 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar el permiso de embarque nro. 09 003 EC01 002239 H, con más sus respectivos intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos V y VI; 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, 1° parte, CPCCN); y 3) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Alta en sistema: 19/11/2025 Se deja constancia de que la Vocalía nº 15 de esta Sala se encuentra vacante (artículo 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y; oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 19/11/2025
Fin de la sentencia