Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 41717658-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
1333/2025 “LDC ARGENTINA SA (TF 41717658-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, agosto de 2025.
VISTA:
La elevación del expediente TF 41717658-A (v. DEO del 14/2/25) “a fin de considerar los recursos de apelación interpuestos por la actora y el fisco nacional el 24/09/2024 y 30/09/2024 (v. IF-2024-103995004-APN-DTD#JGM e IF-2024-106316769- APN-DTD#JGM), concedidos el 25/09/2024 y 07/10/2024 (v. PV-2024-104637036-APN- VOCXIII#TFN y PV-2024-109476397-APN-VOCXIII#TFN) contra la sentencia dictada el 16/08/2024… (v. IF2024-87567772-APN-VOCXIII#TFN)” (v. nota en la pág. 501 del expte. electrónico, donde también consta que las partes expresaron agravios dentro del plazo legal, y que contestaron el traslado conferido); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución RESOL-2024-21- E-AFIP-DIRAHI#SDGOAI, en la actuación SIGEA 12542-91-2023, en cuanto habían denegado la devolución de las sumas abonadas en concepto de derechos de exportación, en los términos del decreto 793/18 y con relación al permiso de embarque 18052EC01008857A.
Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN).
Distribuyó las costas por su orden atento el carácter controvertido de la cuestión y a que la actora contaba con sobrados fundamentos para realizar su planteo de devolución.
2. Que, en sus agravios, la actora sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
A la luz de ese criterio jurisprudencial, añadió que el dictado de la ley 26.122 no modificó la situación que se planteaba con relación al decreto 793/18, y que la ley 27.467 no pudo convalidarlo hacia el pasado.
Finalmente, planteó la inconstitucionalidad de la tasa de interés prevista por la resolución ME 559/22 porque, al mantenerse en un porcentaje fijo, no alcanzaba a cubrir la inflación y lesionaba su derecho de propiedad. Pidió que fuese reemplazada por la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, a fin de mantener la integridad de las sumas reclamadas.
3. Que, por su parte, el Fisco Nacional cuestionó la distribución de las costas y argumentó que no concurrían motivos para apartarse del principio general de la derrota.
4. Que, el 29/4/25, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y los planteos de inconstitucionalidad formulados por la actora.
5. Que las cuestiones planteadas han sido examinadas por este Tribunal en las causas 20415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 24619189-A) c/ DGA”, sentencia del 31/5/22, y 43182/22 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25050851- A) c/ DGA”, sentencia del 1/11/22; a cuyos fundamentos —en cuanto resulte pertinente— se remite por razones de brevedad.
Se deja constancia que, en sentido concordante, se pronunció la Sala III de la Cámara en las causas 377/21 “Catajuy SRL c/ EN DGA s/ DGA”, sentencia del 18/10/22, y 14663/24 “Lixis SAU (TF 85354116-A) c/ DGA”, sentencia del 20/2/25, entre muchas otras.
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada y declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 1° del decreto 793/18 (BO 4/9/18) por el período comprendido entre su fecha de entrada en vigor y hasta la entrada en vigencia de la ley 27.467 (el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 1333/2025 “LDC ARGENTINA SA (TF 41717658-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
13/12/18, cfr. esta Sala causa 16465/24 “Syngenta Agro SA”, sent. del 14/11/24, consid. 5° y sus citas), que otorgó rango legal a su contenido.
Por consiguiente, se hace lugar a la devolución del importe abonado en pesos por tal concepto con relación a la destinación de exportación involucrada en esta actuación (la cual fue registrada con antelación al 13/12/18, v. pp. 90-92, expte. cit.); más los intereses previstos en el artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
6. Que, en cuanto a la tasa de interés aplicable, se remite a lo dicho por esta Sala en la causa 63190/19 “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP – DGI s/ DGI”, sentencia del 7/11/23 (esp. consid. 16), y se hacen propios los argumentos del dictamen fiscal, que conducen a rechazar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 4º de la resolución ME 559/22. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
7. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN); lo que, a su vez, torna insustancial tratar el recurso del Fisco. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
8. Que resta tratar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado (v. proveído del 26/2/25).
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de $2.350 (v. proveído del 17/2/25, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
El Sr. Juez de Cámara Sergio G. Fernández suscribe la presente conforme a lo dispuesto en la resolución J.S. 8/25.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y siga la causa con el DEOX enviado el 28/2/25.
JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI SERGIO G. FERNÁNDEZ
Fin de la sentencia