Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 50653312-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios ofrecidos por la parte demandada y confirmar el pronunciamiento apelado, 2. Imponer las costas de esta instancia a la parte demandada; y 3. Regular los honorarios de acuerdo con el punto VII.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa n° 44.290/2023 "LDC Argentina SA (TF 50653312-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo"
En Buenos Aires, a los 23 días del mes de octubre del año 2025, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos " LDC Argentina SA ( TF 50653312-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo", El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. El Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad de los cargos 2354/12, 2355/12, 2356/12, 2357/12, 2358/12, 2359/12, 2360/12, 2361/12, 2362/12, 2363/12, 2364/12, 2365/12, 2366/12, 2367/12 y 2368/12 y, consecuentemente, revocó la resolución n°147/20 (AD SALO) dictada en las actuaciones administrativas SIGEA 12509-1547-2012.
Impuso las costas a cargo de la parte demandada.
Para así decidir (págs. 2248/60), sostuvo los siguientes argumentos:
i. En "...el Informe Técnico 31/12 (SE FVEX) [...], el servicio aduanero consideró que hubo un error por parte del declarante en el cálculo de los derechos de exportación de las destinaciones 09057EC03000214J, 09057EC03000357R, 09057EC03000616P, 09057EC03000483R, 09057EC03000783U, 09057EC03000866W, 09057EC03001452Y, 09057EC03001032X, 09057EC03001522M, 09057EC03000184P, 09057EC03000414L, 09057EXC03000418P, 09057EC03000624Y, 09057EC03000484S y 09057EC03000572Z que mostraría '(...) bases imponibles con valor negativo y, por ende, insusceptible de una determinación tributaria'. El informe indica que se procedió a recalcular la base imponible del universo total de las destinaciones de exportación (valor FOB de las mercaderías) conforme las pautas del Anexo IV de la Resolución General (AFIP) 2147/06 (Procedimiento de Rebaja de Insumos y Factor de Ponderación por tratarse de tres subproductos obtenidos conjuntamente a partir del único poroto de soja) aplicando, según correspondiera por las fechas de registro, las alícuotas de la resoluciones (MEP) 10/07, 369/07, 125/08, 64/08, 182/08, determinando un monto total [...] de U$S 426.895.316,66 en concepto de derechos de exportación".
ii. "Del examen del informe técnico se observa que [...] la recomposición de la base imponible declarada [...] no viene acompañada de la liquidación que permita corroborar la exactitud del monto al que arriba [...]. Se limita a informar que se procedió al relevamiento de 1459 destinaciones de exportación [...] pero no informa los datos de registro de las importaciones temporarias vinculadas. Tampoco indica los valores CIF declarados en dichas destinaciones ni los Certificados de Tipificación (CTC/CTIT) que serían aplicables, datos que resultan indispensables para cumplir con el procedimiento previsto por la Resolución General (AFIP) 2147/06 (Anexo IV). El informe contiene nada más que dos números globales (la cantidad de operaciones de exportación y la cifra total de los derechos de exportación que la Aduana consideró debieron determinarse) sin detraer siquiera los montos de los derechos efectivamente cancelados respecto a las exportaciones globales a las que alude".
iii. "La ausencia de los cálculos de la Aduana para cuantificar el cargo respecto de los PE de autos impide su control, ya que no puede obviarse que los mismos deberían contener, en concreto, las diversas y exactas cifras numéricas emergentes de las destinaciones originales de importación y exportación".
iv. "[E]n ningún momento [...] el servicio aduanero acompañó las carpetas de los DIT ni los PE [...] cuyo apareamiento, aplicando el correspondiente CTIT y la fórmula del Anexo IV de la Resolución General (AFIP) 2147/06 le habría permitido arribar al ajuste que aquí se discute. Ello tampoco ocurrió durante la tramitación del presente recurso, por lo que tuvo que ser la actora quien acompañó ante esta instancia una copia de los despachos de exportación y de los correspondientes despachos de importación temporal".
v. "Como consecuencia de lo expuesto [...] los montos de los cargos aduaneros reclamados en autos, carecen de causa y motivación jurídica en los términos del art. 7 de la ley 19.549. Ello tanto por no ser verificable [...] (la causa) en las actuaciones administrativas preparatorias de los cargos, como por completa ausencia de motivación (expresión formal de la causa del ajuste), sea al CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 44.290/2023 "LDC Argentina SA (TF 50653312-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo"
notificarse los cargos o, al menos, al fundarse la resolución apelada ante este tribunal".
vi. "La propia Aduana reconoció, en sede administrativa, la falta de fundamento de los cargos [...] el procedimiento seguido en la Aduana para elaborar los cargos y dictar la resolución apelada puede constatarse que los departamentos técnicos del propio Fisco acusaron los graves defectos de fundamentación que padecen los primeros".
vii. "[L]e asiste razón a la recurrente en que [la] DGA no cumplió con los requisitos de informar detallada y fundadamente el ajuste de valor que derivó en los cargos. Por el contrario, la completa ausencia de los cálculos concretos que fundamentaron el ajuste (limitándose la Aduana a consignar el importe del supuesto perjuicio fiscal) vician de modo insubsanable los elementos causa y motivación [de los] mencionado[s] cargo[s] (art. 7° incs. b) y e) de la ley 19.549, art. 1017.1 del CA) [...] como la resolución apelada -que los confirma-".
viii. "[L]a actora ha explicado de modo sistemático y fundado técnicamente la metodología que empleó para determinar -aplicando el Anexo IV de la Resolución General 2147/06 [...]- el valor FOB sobre el que liquidó los derechos de exportación pagados respecto de los PE [...] cumplió en acompañar, [...] la documentación correspondiente a la operación en trato".
ix. "[E]l perito contador presentó su informe pericial [...], a través del cual validó y confirmó los cálculos realizados por la actora para determinar la liquidación de los derechos de exportación ingresados. La Aduana no solo no participó de la producción de la pericia, sino que, además, corrido el pertinente traslado del informe, no realizó manifestación alguna al respecto, ajustando su accionar a lo obrado en sede administrativa".
II. La parte demandada apeló y expresó los siguientes agravios que fueron replicados (págs. 2282/3, 2285/99, 2350/88):
i. "La falta de detalles específicos en el informe técnico no invalida la legalidad de la recomposición de la base imponible realizada conforme a la normativa vigente".
ii. "La Aduana de San Lorenzo, al emitir la resolución 147/20, actuó en estricto cumplimiento de la normativa vigente, en particular la Resolución General (AFIP) 2147/06. Esta resolución establece con claridad el procedimiento que debe seguirse para determinar la base imponible en casos de importaciones temporarias y exportaciones subsiguientes. La determinación de un factor de ponderación, aplicable al valor CIF del insumo importado temporalmente, es una metodología reconocida y avalada por la normativa aduanera".
iii. "Es importante destacar que la Aduana realizó un relevamiento exhaustivo de 1459 destinaciones de exportación bajo el subrégimen EC03 [...]. La complejidad y magnitud de estas operaciones justifican el enfoque adoptado por la Aduana, que se basó en una muestra representativa para recomponer la base imponible".
iv. "La ausencia de ciertos detalles específicos en el informe técnico no implica una incorrecta aplicación de la ley. La Aduana está en condiciones de proporcionar cualquier información adicional requerida en instancias posteriores, reafirmando la transparencia y buena fe en su actuación".
v. "La nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma".
vi. "[E]n autos encontramos unas Actuaciones Administrativas que contemplaron la legalidad de todo el procedimiento administrativo y respe[tó] en toda oportunidad el derecho de defensa de la contraria. En efecto, la Aduana fundamentó su actuación invocando la normativa aplicable, específicamente la Resolución General (AFIP) 2147/06, que establece el procedimiento para la determinación de la base imponible y los factores de ponderación. Por otro lado, la falta de detalles específicos en el informe técnico no invalida la legalidad de la recomposición de la base imponible realizada conforme a la normativa vigente".
vii. "Cumplimiento Normativo. Búsqueda de la verdad material: [...]. Los valores CIF y los certificados de tipificación pueden ser obtenidos y presentados en instancias posteriores si es necesario para la verificación [...]. La búsqueda de la verdad material implica que el Tribunal Fiscal de la Nación debe considerar todos los hechos y pruebas relevantes para llegar a una resolución justa y equitativa del caso. Este principio requiere que se examine exhaustivamente CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 44.290/2023 "LDC Argentina SA (TF 50653312-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo"
toda la documentación y evidencia presentada, así como cualquier información adicional que pueda ser necesaria para esclarecer los hechos".
viii. "[e]l Tribunal Fiscal de la Nación deja de lado el cumplimiento normativo y la búsqueda de la verdad material para hacerse valer únicamente de la documentación acompañada por la contraria y no los sendos informes técnicos que elaboró el Servicio Aduanero a lo largo de las Actuaciones Administrativas. Esto evidencia que la sentencia carece de imparcialidad e inclina la balanza alevosamente a favor de la Actora".
ix. "[L]os hechos en autos tienen origen en las tareas de fiscalización efectuadas por mi mandante donde se constató la existencia de operaciones de exportación concretadas al amparo del Subrégimen EC03 que mostraban bases imponibles con valor negativo y, por ende, insusceptibles de una determinación tributaria. Siendo los productos, subproductos o co-productos obtenidos a partir del procesamiento de 'porotos de soja' ingresados temporalmente al amparo del régimen previsto por el Decreto Nº1330/2004.
x. La prueba sobre el cumplimiento del "régimen de importación temporal [...], se encuentran a cargo del importador. En este orden, correspondía a la actora acompañar la documentación que respaldaba el ingreso temporal de la mercadería y su relación con los PE investigados por la Aduana, destacando que el Servicio Aduanero dispone de esta documentación en formato digital atento al sistema de Depositario Fiel" (confr. "Resolución General (AFIP) Nº 2573" modificada por la "Resolución General (AFIP) Nº 2721").
xi. "El hecho de que algunos datos específicos no se hayan detallado en el informe inicial no desvirtúa la validez de los ajustes realizados. La normativa vigente faculta a la Aduana para realizar ajustes y recomposiciones en base a un análisis técnico riguroso y conforme a los principios de equidad y proporcionalidad".
xii. "[A]gravia a mi mandante que no el Tribunal Fiscal de la Nación no haya realizado un análisis exhaustivo del mecanismo de determinación de la base imponible para las operaciones de exportación investigadas".
III. Las críticas de la parte demandada están dirigidas a defender que los ajustes efectuados por el servicio aduanero —que dieron origen a los cargos n° 2354/12 a 2368/12 y a la resolución n° 147/20 (AD SALO) en las actuaciones SIGEA 12509-1547-2012— resultan válidos conforme al procedimiento previsto en el anexo IV de la resolución general (AFIP) 2147/06, aun cuando no se discute que el informe técnico carecía de los cálculos y de la documentación que el Tribunal Fiscal de la Nación señaló como ausentes.
IV. La parte demandada no demostró que la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal Fiscal de la Nación en el pronunciamiento apelado sea errónea (artículo 1180 del Código Aduanero).
En efecto, se limitó a sostener que las omisiones advertidas por el Tribunal Fiscal de la Nación no invalidaban el ajuste de los derechos de exportación practicado, pero nada dijo respecto de la acreditación, por parte de la actora, de la exactitud de su liquidación mediante la documentación de las operatorias y la prueba pericial producida.
Esta sala tiene dicho, en un caso sustancialmente análogo, que no es suficiente el planteo genérico de la administración sobre la supuesta ‘arbitrariedad’ del pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación, cuando los informes periciales concluyen en que el procedimiento de cálculo de los derechos de exportación se ajustó a la normativa aplicable (anexo IV, resolución general AFIP 2147/06), sin que la Aduana aporte razones técnicas, fundadas en hechos y antecedentes concretos, que justifiquen apartarse de la metodología empleada por la actora (causa n° 5621/2024 “Aceitera General Deheza SA (TF 53069404-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 27 de febrero de 2025).
En un sentido concordante se expidió la Sala II al destacar que frente a la falta de documentación y cálculos en los que debía sustentarse el ajuste, y frente a la validación pericial de la metodología aplicada por la exportadora, la mera disconformidad de la Aduana carece de entidad para desvirtuar los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 44.290/2023 "LDC Argentina SA (TF 50653312-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo"
fundamentos del pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación (causa n°6537/2024 “Aceitera General Deheza SA (TF 53108617-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 26 de agosto de 2025).
V. Debe, pues, desestimarse los agravios ofrecidos por la parte demandada y confirmarse el pronunciamiento apelado.
VI. Las costas de esta instancia deben ser impuestas a la parte demandada (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
VII. Resta examinar los recursos deducidos "por altos" —interpuesto por el Fisco Nacional en págs. 2306/13— y "por bajos" —interpuesto por el letrado beneficiario en págs. 2316/20— contra la regulación de los honorarios establecida por el Tribunal Fiscal de la Nación en págs. 2300/03, a favor de la representación letrada de la firma actora.
La cuestión relativa a la estimación de la base regulatoria encuentra adecuada respuesta en las consideraciones desarrolladas por esta sala en las causas n° 5936/2024 "Establecimientos Vitivinícolas Escorihuela (TF 13753978 -A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo", pronunciamiento del 17 de diciembre de 2024 y n° 5936/2024, "Petrobras Argentina SA (TF 37789-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo", pronunciamiento del 17 de diciembre de 2024, y sus citas, a las que cabe remitir por razones de brevedad. Dada la naturaleza del proceso, su monto, las etapas procesales cumplidas, el mérito, la calidad y la extensión de la labor profesional a la luz del resultado obtenido, corresponde FIJAR en 10.543 UMA —equivalentes a la suma de quinientos ochenta y un millones seiscientos once mil quinientos noventa y nueve pesos ($ 814.225.347) de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA nº 2226/2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— por la actuación del doctor Manuel M. Benites en ejercicio de la dirección letrada y representación procesal de la firma actora en la instancia anterior (artículos 16, 19, 20, 21, 29 y demás concordantes de la ley 27.423).
Sobre pautas análogas, en lo pertinente, a las precedentemente enunciadas, corresponde FIJAR en 3.163 UMA —equivalentes a la suma de ciento setenta y cuatro millones quinientos treinta y siete mil quinientos cuarenta pesos ($ 244.275.327) de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA nº 2226/2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios a favor del referido letrado por su actuación en esta instancia (artículos 30 y demás concordantes de la ley 27.423).
A las sumas reguladas, en su caso y en el momento procesal oportuno, deberá considerarse a su respecto las previsiones del artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación (esta sala, causa n° 72.649/2018, “EN-M Producción c/ Ocean Export SA s/ proceso de ejecución”, pronunciamiento del 16 de mayo de 2024).
En mérito de las razones expuestas, propongo al acuerdo: 1.
Desestimar los agravios ofrecidos por la parte demandada y confirmar el pronunciamiento apelado, 2. Imponer las costas de esta instancia a la parte demandada; y 3. Regular los honorarios de acuerdo con el punto VII. La jueza Liliana María Heiland adhiere al voto precedente.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 1. Desestimar los agravios ofrecidos por la parte demandada y confirmar el pronunciamiento apelado, 2. Imponer las costas de esta instancia a la parte demandada; y 3. Regular los honorarios de acuerdo con el punto VII.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa n° 44.290/2023 "LDC Argentina SA (TF 50653312-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo"
Se hace constar que suscriben la presente decisión dos integrantes de la sala por hallarse vacante el tercer cargo (art. 109 del R.J.N.).
Fin de la sentencia