Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 53027068-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad de la Resolución MEyP nº 64/08 y de la Resolución MEyP n° 182/08; consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar los permisos de embarque nros. PE nros. 08 040 EC01 000996 P, 08 040 EC01 000549 J y 08 040 EC01 000600 U, con más sus respectivos intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos V y VI;
2Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, 1° parte, CPCCN); y 3) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge Federico Alemany no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. Nº 13.171/2024 LDC ARGENTINA SA (TF 53027068- A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de agosto de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que el 29 de febrero de 2024 la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el recurso interpuesto por la firma actora y confirmó las Resoluciones RESOL-2019-44-E-AFIP-SDGOAI, RESOL -2019-16-EAFIP-DIRAPA#SDGOAI y RESOL-2019-42-E-AFIP-SDGOAI, dictadas en las actuaciones SIGEA Nos. 12607-418-2013, 12607-395 -2013 y 12607-409-2013 (v. páginas 1427/31 del DEO n° 15267942, que contiene las actuaciones ante el TFN). En esos actos se habían rechazado los reclamos de repetición por la suma total de $$2.821.102 ,91 en concepto de derechos de exportación presuntamente abonados en demasía, correspondientes a los permisos de embarque Nos. 08 040 EC01 000996 P, 08 040 EC01 000549 J y 08 040 EC01 000600 U. El Tribunal impuso las costas por su orden en razón de haber resuelto con base en un plenario y por la complejidad del asunto.
Para decidir como lo hizo el a quo explicó que las cuestiones planteadas en la causa resultaban sustancialmente análogas a las consideradas en el acuerdo plenario del 26/04/2022 dictado por ese tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), a cuyos fundamentos y conclusiones remitió.
Señaló que en el marco de aquél, la mayoría de los Vocales habían fijado la siguiente doctrina legal “ARTÍCULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente. ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTÍCULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto en el Decreto Alta en sistema: 13/08/2025 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”. Concluyó, entonces, que debía rechazarse pedido de repetición de los derechos de exportación liquidados y pagados en relación con la destinación referida en el primer párrafo, respecto de la mercadería involucrada en el caso.
II. Que la parte actora recurrió la resolución reseñada en el primer considerando y expresó sus agravios el 5/04/2024 (v. p. 1466/94 del DEO), que fueron replicados por la demandada el 29/04/2024 (v. p. 1504/27)
La accionante afirma en su crítica que la decisión plenaria empleada como basamento de la sentencia recurrida no es aplicable en este caso, pues los actos que constituyeron los tributos cuestionados no fueron dictados ni siquiera por el Presidente. Además, afirma que la decisión adoptada en tal sentido se aparta de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Señala que el 8 de abril de 2002 fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución del Ministerio de Economía y Producción n° 35/02 mediante la cual se estableció en un 20% la alícuota del derecho de exportación aplicable a las mercaderías del caso (1001.90.90.110 B; y 1507.10.100 Q). Pone de manifiesto que aquélla fue aprobada legislativamente a través del artículo 3º de la ley 25.645 (B.O. 24/8/02). Explica que con posterioridad fueron dictadas una serie de resoluciones ministeriales y decretos que modificaron la alícuota de los derechos de exportación, pero que nunca fueron aprobadas por una ley formal del Congreso (resolución MEyP n° 10/07; Decreto n° 509/07; Resoluciones MEyP n° 368/07, 369/07, 125/08, 64/08, 182/08; y la conjunta con el Ministerio de Producción N° 26/08). En tales condiciones, expresa que oportunamente solicitó la devolución de “la diferencia resultante entre el 20% pagado en concepto de derechos de exportación aprobado legalmente por la Ley 25.645 y la mayor alícuota que debió pagar en el año 2008 por aplicación de las resoluciones 10/07, 368/07, 369/07, 125/08, 64/08 y 182/08”.
Señala que la norma delegante contenida en el artículo 755 del Código Aduanero, no cumple los recaudos constitucionales exigidos para ser considerada una norma delegante válida (arg. art. 76, CN). Explica, además, que en cualquier caso la fijación de tributos mediante actos del Poder Ejecutivo –aún mediante reglamentos Alta en sistema: 13/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V delegados- comporta una violación del principio de reserva de ley, inquebrantable en materia tributaria (arg. arts. 4, 17, 52, 75, inc. 1, CN) y, en consecuencia, una transgresión del orden de prelación normativo consagrado por el constituyente.
Plantea que tampoco fueron respetadas las condiciones para subdelegar la facultad que otorga el artículo 755 del Código Aduanero en el Ministerio de Economía y Producción, y que las resoluciones en cuestión fueron dictadas por un órgano incompetente, lo que también determinaba su nulidad.
Por eso, asegura que la decisión recurrida se contrapone a la doctrina sentada por la Corte federal en el caso “Camaronera Patagónica”. Y solicita que se ordene la devolución de los importes equivalentes a la diferencia entre los derechos exigidos por la Aduana y los que correspondía pagar, según la alícuota establecida por la Resolución Nº 35/02.
En último término, cuestiona la tasa de interés aplicable.
Sostiene que la aplicación de la tasa prevista en la resolución MEyP n° 314/04 conduce a un resultado irrazonable ya que denota una evidente desproporción con la tasa de interés resarcitorio que percibía el Fisco. Además, cuestiona la limitación de la tasa que tuvo lugar a partir del dictado de la Resolución ME n° 559/22 pues, al fijarla en el 3,84% mensual, “volvió a causar un atraso significativo respecto de la inflación que azota al país”. Finalmente, pone de manifiesto que la afectación de su derecho de propiedad se advierte aún más gravosa en tanto las tasas de interés que considera irrisorias deben ser aplicadas sobre el monto de los tributos convertido a pesos, de acuerdo al tipo de cambio histórico del momento en que se efectuó el pago.
III. Que a fs. 4/9 tomó intervención el Sr. Fiscal General. En lo relativo a los agravios de la actora indicó que –a su parecer- el caso debía resolverse con arreglo a los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 337:388.
Por lo demás, recordó las decisiones de las distintas Salas de esta Cámara que reconocieron la inconstitucionalidad de la Resolución MEyP n° 314/04, y la validez de las tasas fijadas a partir del dictado de la Resolución ME n° 559/22.
IV. Que –en cuanto aquí interesa- la Resolución MEyP n° 64/2008 (BO 2/06/2008) sustituyó el anexo XIV del Decreto 509/07 y estableció para la posición arancelaria 1001.90.90110B involucrada en Alta en sistema: 13/08/2025 los PE nros. 08 040 EC01 000549 J y 08 040 EC01 000600 U un derecho de exportación móvil que para el valor de la tonelada de la fecha de cierre de las ventas al exterior (u$d365 en ambos casos) era de 28 ,3% (el permiso de embarque consigna los números de DJVE realizadas por la empresa, e indica que las ventas fueron celebradas el día 19/06/2008 , tiempo en el cual regía el reglamento reseñado). Que, posteriormente, la Resolución MEyP n° 182/2008 (BO 21/07/2008) modificó el anexo XIV del Decreto 509/07 y estableció para la posición arancelaria 1001.90.90110B, también involucrada en el PE nro. 08 040 EC01 000996 P, un derecho de exportación del 28% (el permiso de embarque consigna el número de DJVE realizada por la empresa, e indica que la venta fue celebrada el día 4/11/2008, tiempo en el cual regía el reglamento reseñado).
Cabe señalar que no es posible identificar una ley formal que, a la fecha en que fueron cerradas las ventas de las exportaciones aquí involucradas, haya otorgado rango legal a las alícuotas fijadas en los reglamentos reseñados (arg. Sala IV, causa “Bunge Argentina SA-TF 36695-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 13/12/2022; Sala I, causa nº 30.436/2023 “Bunge Argentina SA (TF 37994 -A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 21/12/2023; y esta Sala, causa n° 337/2024 “Bunge Argentina SA (TF 37427-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 5/11/2024).
Finalmente, corresponde destacar que la actora realizó el pago de los derechos en sede administrativa tomando en consideración las alícuotas del 28% y 28,3%, respectivamente, que el sistema liquidó al tiempo de documentar los permisos de embarque (por aplicación de lo establecido en las cuestionadas Resoluciones del Ministerio de Economía y Producción), y que su pretensión se limita al reintegro de la suma representativa de la diferencia entre las mencionadas alícuotas y la del 20% fijada en la Resolución n° 35/02.
V. Que la cuestión a resolver resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa n° 51.458/19, caratulada “Gut Metal SRL C/ EN-AFIP s/Dirección General de Aduanas”, del 5 de mayo de 2022, a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad. El texto íntegro del pronunciamiento (que ha adquirido firmeza a partir de la decisión de la Corte Suprema del 10/10/2023) puede ser consultado en la página de la CSJN, en el link “Causas en Trámite - Consulta de Expedientes” (www.csjn.gov.ar).
En esa oportunidad, este tribunal, por aplicación del precedente "Camaronera Patagónica" de la CSJN decidió que resultaba Alta en sistema: 13/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V incompatible con el texto constitucional la fijación de derechos de exportación por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y que aun si aquellos eran “convalidados” por una ley formal del Congreso –lo que no ocurre en el caso-, esta sólo podía tener el efecto de instituir los mencionados tributos ex nunc. Lo mismo cabe predicar respecto de la fijación de esos derechos por una resolución ministerial cuyo contenido no recibió nunca aquella “ratificación” congresual.
Razones de economía procesal hacen aconsejable seguir la doctrina de los fallos de la Corte Suprema cuando ella se refiere a asuntos análogos al que es materia de decisión, sin perjuicio de la posibilidad de que la parte interesada pueda invocar nuevos argumentos y razones que no hayan sido examinadas y justifiquen una solución distinta, situación que en el caso no se presenta (Fallos 212:51, considerandos 4° a 6°; 307:1094, considerando 2°, 315: 2386, considerando 7°, 325:2723, 332:1488, considerando 3° del dictamen del procurador al que se remitió la Corte en su totalidad, 334:582). En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad de la Resolución MEyP nº 64/08 y de la Resolución MEyP n° 182/08 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar los permisos de embarque nros. 08 040 EC01 000996 P, 08 040 EC01 000549 J y 08 040 EC01 000600 U (conf. páginas 109/11, 115/24 y 125/6 del DEO que contiene las actuaciones ante el TFN), cuyo pago –por lo demás- no fue desconocido en autos por la demandada (v. en igual sentido, Sala I causa n° 15.359/2024 "LDC Argentina SA (TF 38369-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo", del 7/03/2025; Sala II, causa n° 1904/2024 “LDC Argentina SA (TF 38.925-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 6/12/2024; Sala IV, causa n° 48.061/2023 “LDC Argentina SA (TF 80575027-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 7/03/2024; entre otros).
VI. Que el reintegro al que da derecho esta decisión deberá ser comprensivo de los accesorios devengados a partir del momento establecido en el artículo 811 del Código Aduanero, calculados inicialmente a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (esta Sala, causas “Osram Argentina SACI c/EN -AFIP-DGI Resol. 30/11 s/Dirección General de Aduanas”, expte. n° 15.885/2011, del 17 de agosto de 2017; n° 29.472/2014 “Driollet Laspiur, Rogelio c/EN-AFIP s/Dirección General Impositiva”, del 13 de diciembre Alta en sistema: 13/08/2025 de 2017; entre muchas otras; y Resolución Nº 598/19 del entonces Ministerio de Hacienda de la Nación (artículo 4º); y esta Sala, causa nº 55842/2019 “Sancor Cul c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” sentencia del 17 de junio de 2021; y sus citas).
Finalmente, el 1 de septiembre de 2022 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución n° 559/2022 del Ministerio de Economía que en su artículo 4º estableció la tasa de interés aplicable a los supuestos previstos en los artículos 811 y 838 del Código Aduanero. En tales condiciones corresponde señalar que, tal como fue expresado por el Fiscal General en su dictamen, la apelante formuló consideraciones genéricas que no evidencian la lesión que su aplicación le provocaría de manera concreta, ni tampoco demostró que la misma se advierta irrazonable en comparación con la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, de modo que aquella debe ser aplicada a partir del momento de su entrada en vigencia.
Por último, desde el 1 de febrero de 2024, corresponderá adicionar intereses de conformidad con la tasa de prevista en la Resolución Nº 3/2024 del Ministerio de Economía.
Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad de la Resolución MEyP nº 64/08 y de la Resolución MEyP n° 182/08; consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar los permisos de embarque nros. PE nros. 08 040 EC01 000996 P, 08 040 EC01 000549 J y 08 040 EC01 000600 U, con más sus respectivos intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos V y VI; 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, 1° parte, CPCCN); y 3) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge Federico Alemany no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Alta en sistema: 13/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 13/08/2025
Fin de la sentencia