Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 36454-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
65461/2022 “LDC ARGETNINA SA (TF 36454-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de noviembre de 2023.- MLF Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. A fs. 72/81 la empresa actora impugnó las resoluciones aduaneras (SDG OAI) nros. 178/15; 179/15 y 180/15 del 27/8/2015, por las que se rechazó las solicitudes de devolución de tributos abonados en relación a las operaciones oficializadas mediante PE 08 052 EC01 nros. 000828 M; 001042 B y 001045 R, respecto de las cuales se aplicó la alícuota de 28% conforme la Res. MEyP nro. 369/07 y sus modificatorias; solicitó además la inconstitucionalidad de la norma mencionada, que elevó la alícuota de los derechos de exportación por encima del 20%, violando el principio de legalidad en materia tributaria, limitando su apelación a las sumas ingresadas por encima de la alícuota del 20% (cfr. sexto párrafo del punto VI del escrito inicial a fs. 72vta).
II. El Tribunal Fiscal de la Nación resolvió a fs. 127/136 declarar la invalidez de la Resolución nro. 369/07 dictada por el Ministerio de Economía y Producción de la Nación y revocar las resoluciones (SDG OAI) nros. 178/15; 179/15 y 180/15, distribuyendo las costas en el orden causado. Ordenó, asimismo, que la Dirección General de Aduanas (DGA) practique liquidación en los términos del art. 1166 del Código Aduanero.
Para resolver en este sentido entendió, por mayoría (v. voto del Dr. Garbarino, al que adhirió el Dr. González Palazzo), que el organismo no sólo no se puede encontrar impedido de declarar la inconstitucionalidad sino que está obligado a ello y que no se encuentran reunidos los recaudos constitucionales para el dictado de la Res. MEyP 369/07 toda vez que ésta comporta el ejercicio de facultades de carácter tributario, que son competencia exclusiva del Poder Legislativo y cuyo ejercicio está vedado al Poder Ejecutivo aun en las condiciones excepcionales que podrían justificar el dictado de decretos de necesidad y urgencia (arts. 4, 17, 75, incs. 1 y 2 y 99, inc. 3 de la Constitución Nacional). Los vocales mencionados estimaron aplicable al caso la doctrina de Fallos 337:388 (“Camaronera Patagónica”), lo cual les permitió concluir que la Res. MEyP 369/07 (BO 9/11/2007), al no haber sido ratificada por una ley que le otorgue validez constitucional, resulta insanablemente nula por oponerse al principio de legalidad que rige en materia tributaria, sin que obste a tal conclusión las previsiones de la ley 26122 (BO 28/7/2006) en tanto ésta resulta de aplicación restrictiva y, por ende, no aplicable a una resolución ministerial, sin perjuicio de señalar a todo evento que a los fines de su aprobación se hubiera requerido necesariamente el consenso expreso de las dos Cámaras. Asimismo, por mayoría de los Dres. González Palazzo y Litch, el Tribunal Fiscal estimó innecesario exigir prueba de no haber trasladado el importe cuestionado a terceros para admitir la devolución, por lo que correspondía ordenar a la DGA que practique liquidación en los términos del art. 1166 del código aduanero.
Las costas fueron distribuidas por su orden en atención a la complejidad de la cuestión.
III. El pronunciamiento fue apelado por el Fisco, que expresó agravios a fs. 157/170, los que fueron replicados por la actora a fs. 185/192. En esencia, las quejas de la apelante se refieren tanto a la incompetencia del Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la inconstitucionalidad de una norma (art. 1164 CA) como al fondo del asunto; al respecto, considera desacertada la interpretación que los sentenciantes realizan del precedente “Camaronera…” y comparte lo decidido en la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación “Petroquímica Comodoro Rivadavia” (EX2020-15395348) del 18/2/2021. Advierte que, al margen de asignar carácter delegado o reglamentario a la norma en cuestión, en este caso no se trata de una norma carente de respaldo jurídico en virtud de lo dispuesto por la ley 26122 (arts. 17 y 24). Añadió que la Res. 369/07 es constitucional, e insistió en la necesidad de acreditar la no traslación del tributo al precio de la mercadería.
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IV. Las cuestiones planteadas en los agravios resultan sustancialmente análogas a las examinadas y resueltas por la Sala en las sentencias recaídas el 18 de octubre de 2022 en la causa “Catajuy SRL c/ EN DGA s/ DGA”, expte. nro. 377/21, y el 29 de diciembre de 2022 en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A) c/ DGA” (expte. nro. 26963/2022).
En el último de los precedentes mencionados la Sala observó que el Tribunal Fiscal de la Nación es incompetente para expedirse en relación a la validez constitucional de una norma; pese a lo cual, atendiendo el criterio de interpretación restrictivo y trascendencia de las nulidades procesales y a los principios de concentración y economía procesal, en ese caso se consideró que con la intervención de esta Alzada quedó subsanada cualquier afrenta al derecho de defensa de la apelante, considerando que las partes mantuvieron en esta instancia todos los argumentos conducentes planteados.
Con respecto al fondo del asunto, en las causas mencionadas la Sala puso de resalto la naturaleza “delegada” del reglamento cuestionado (Dto. 793/18) en tanto fija derechos de exportación, señalando que al dictarlo el Poder Ejecutivo ejerció potestades materialmente legislativas, sin que se encuentren reunidos los recaudos exigidos por el art. 76 de la Constitución Nacional para considerar que hubiera mediado una delegación legislativa válida. Asimismo, declaró la aplicación de la doctrina emanada del precedente “Camaronera Patagónica” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 337:338), señalando que la ratificación legislativa, como regla general, carece de efectos retroactivos respecto de decretos que adolecen de insanable inconstitucionalidad original, como en el caso. Indicó también el Tribunal que el planteo relacionado con la ley 26122 no altera la decisión, dado que el vicio fue congénito y superado con la ley del Congreso posterior. Finalmente, también se pronunció en sentido negativo respecto a la necesidad de probar que el tributo no fue trasladado al precio de la mercadería. En función de estas consideraciones, admitió la repetición por el periodo comprendido entre el dictado del Dto. 793/18 y su ratificación legislativa.
V. Los fundamentos y conclusiones del precedente mencionado resultan aplicables al presente caso.
En efecto; la Res. MEyP nro. 369/07 (BO 09/11/2007) sustituyó el anexo XIV del Decreto 509/07 estableciendo para la posición arancelaria involucrada en esta causa un derecho de exportación del 28%. El incremento de la alícuota no ha sido objeto de ratificación legislativa a la fecha en que fueron oficializadas las operaciones de exportación ya mencionadas; por ello, con la salvedad de que el planteo relativo a la traslación del tributo no ha sido oportunamente planteado en la instancia anterior (art. 277 CPCCN; v. fs. 94/111), de conformidad con la doctrina emanada del precedente “Camaronera Patagónica” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya citado, corresponde confirmar la sentencia que declaró la invalidez de la Res. 369/07 y ordenó la devolución del 8% abonado en exceso del derecho de exportación que quedó consentido por la exportadora (en el mismo sentido, v. Sala IV de esta Cámara, causa “Bunge Argentina TF 36695-A c/ DGA”, expte. nro. 51372/22, sentencia del 13/12/2022).
Por ello, de acuerdo con el dictamen fiscal, SE RESUELVE:
confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN). Regístrese, notifíquese (al Sr. Fiscal en la forma solicitada en su dictamen) y devuélvase.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia