Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala I · Causa 65.031
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso de apelación impetrado por el actor confirmándose así la sentencia dictada en la instancia de origen, 2) Con costas al apelante perdidoso (art. 68 cpcc), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14.967).
1-65031-2019 - "LEBER RAIMUNDO RODOLFO C/ CHIESA GERARDO ESTEBAN S/ DAÑOS Y PERJ.RESP.PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO)"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - TANDIL
Reg. Nº 59 Folio Nº 523 En la Ciudad de Azul, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I- Doctores Lucrecia Inés Comparato, Esteban Louge Emiliozzi y Yamila Carrasco, para dictar sentencia en los autos caratulados: "LEBER RAIMUNDO RODOLFO C/ CHIESA GERARDO ESTEBAN S/ DAÑOS Y PERJ.RESP.PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO) ", (Causa Nº 1-65031-
2019), se procede a votar las cuestiones que seguidamente se enunciarán en el orden establecido en el sorteo oportunamente realizado (arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C.), a saber: Doctores COMPARATO-CARRASCO-LOUGE EMILIOZZI.-
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la sentencia dictada el 2 de Julio de 2019?
ni se le requirió suscribir escrito alguno para presentar en la causa, denunciando que al tiempo de promoción de esta acción toma conocimiento que en fecha 13/12/12, se resolvió declarar la nulidad de la presentación que hiciera el letrado en defensa de sus derechos e intereses al contestar la demanda, en la causa seguida en su contra con motivo del mencionado siniestro. Refiere que el conductor del vehículo de su propiedad nunca se presentó y pese a tener conocimiento de esta circunstancia el Sr. Chiesa, nada le ha informado, conllevando ello, a su entender, a la declaración de rebeldía de aquel, perdiendo la chance su parte de buscarlo y hacerlo comparecer.-
Concluye por lo tanto que el demandado solo se preocupó por "pasar" la solicitud de seguro, sus renovaciones y cobrar sus comisiones, sin atender a sus deberes de asesoramiento que a su entender como técnico jurídico de seguros le competen y que con motivo de ello la Aseguradora Federal SA incumplió sus obligación de mantener indemne su patrimonio en la medida del seguro, resultando igualmente reprochable la conducta de los letrados intervinientes.-
Finalmente entiende que no escapaba del conocimiento y criterio profesional del Sr. Chiesa las sanciones que la SSN aplicó a la Compañía en cuestión y que ello le permitía conocer el desenlace de una liquidación forzosa de la misma.
Luego de analizar la responsabilidad que a su criterio debe asumir el Sr. Chiesa por los hechos acaecidos, efectúa su reclamo indemnizatorio.-
Dice que es un consumidor frente a la contratación con el Sr. Chiesa y que resulta aplicable al reclamo efectuado la ley de protección al consumidor.- Funda en derecho, ofrece prueba y solicita oportunamente se haga lugar a su pretensión con expresa imposición en costas.-
b) Que a fs. 92/99 contesta la demanda Gerardo Esteban Chiesa, y luego de una negativa general y pormenorizada de los hechos expuestos, relata su versión de lo sucedido.-
Así reconoce su actuación como productor nacional de seguros y su intervención en la contratación de la póliza mencionada. Igualmente denuncia que el accionante ha sufrido el siniestro en cuestión, que motivó la acción de daños y perjuicios aludida y que el pago de la condena respectiva ha sido abonado parcialmente por la Compañía Aseguradora.-
No obstante ello, manifiesta que la Aseguradora Federal Argentina se encontraba en perfecto funcionamiento al momento del contrato celebrado, estando al día con los pagos de los siniestros y el resto de sus obligaciones.-
En cuanto a la responsabilidad que se le pretende imputar, efectúa una breve reseña de los acontecimientos sucedidos, desde la fecha del siniestro 24/08/11, el pago parcial realizado por la aseguradora el día 26/04/16, destacando que se denuncia con posterioridad, más precisamente el día 13/02/17 la liquidación forzosa de la aseguradora, esto es cinco años y medio después de su intervención como productor.- Luego se refiere a la cuestión atinente al proceso judicial por el siniestro acaecido entendiendo que en todo caso la responsabilidad corresponde al letrado interviniente en la causa judicial.- Que siempre cumplió con los deberes que le incumben como productor de seguros.-
Finalmente impugna cada uno de los rubros pretendidos. Funda en derecho, ofrece prueba y solicita oportunamente se rechace la acción con expresa imposición de costas.-
c) Con fecha 2 de Julio de 2019 dicta sentencia el Sr. Juez de la instancia de origen. Allí resolvió en primer lugar que no resulta aplicable al presente caso la ley de defensa del consumidor, luego continuò con un análisis pormenorizado de los hechos y la prueba producida concluyendo que no puede endilgarse al demandado ninguna conducta antijurídica por lo que rechaza la demanda impetrada, impone costas y difiere la regulación de honorarios.-
d) Mediante escrito electrónico de fecha 3/07/2020 apela el actor; elevados los autos al Tribunal expresa agravios, los que son contestados por el demandado.- A fs. 201 se concede vista al Fiscal General, quien la contesta conforme escrito electrónico del 26/12/2019, allí dice que el actor contrató el seguro en ciernes en relación a un vehículo utilizado para Remis, de modo tal que no habiendo denunciado en su caso un uso mixto del vehículo no puede enmarcarse la relación contractual en la ley de defensa del consumidor.-
Concluido los pasos procesales correspondientes se encuentran los presentes autos para resolver.-
II. Estimo pertinente en primer lugar referirme a la legislación aplicable no solo por tratarse de una cuestión de orden público la aplicación de la ley de defensa del consumidor sino también en virtud de resultar uno de los agravios del apelante.- Tal como quedó expuesto el Sr. Juez de la instancia de origen desestimó la aplicación de la ley 24.240, en lo esencial dijo que el contrato que une al asegurado con el productor asesor de seguros es independiente del contrato que se realiza con la aseguradora, en virtud de ello y luego de analizar la doctrina y legislación vigente concluyó: “En suma y de todo lo expuesto queda en claro que la relación que une a los aquí litigantes, tal cual señala el demandado, no debe confundirse con el contrato de seguro celebrado con la Compañía elegida, en tanto la actividad que desarrolla el Sr. Chiesa, resulta ser independiente, con regulación propia, teniendo recepción especifica en la ley respectiva, 22.400, normativa que establece las condiciones para el ejercicio de aquella y la que exige la inscripción registral, previo examen aprobado por la autoridad competente, circunstancias que de acuerdo a lo prescripto por el segundo párrafo del art. 2 de la ley 24.240, impiden enmarcar la cuestión bajo el amparo de este último cuerpo normativo”.-
Es lo cierto que la doctrina se encuentra dividida respecto de la aplicación de la ley de defensa del consumidor a la relación asegurado/asesor productor de seguros, así me remito a las opiniones vertidas por Waldo Sobrino en el artículo titulado “El deber de información, de consejo y de advertencia en materia de seguros”, Publicado en: La Ley 01/02/2017, 1 - La Ley 2017-A, 896, y por otra parte a lo dicho por Domingo López Saavedra en “La adecuada protección de los derechos del asegurado en la ley de seguros y en las leyes 20.091 y 22.400”, publicado en: La Ley 02/12/2010 , 1 La Ley 2010-F , 1104; asimismo se encuentra tratada dicha cuestión en distintas obras así en “Derecho de Seguros” Tº I de Rubén Stiglitz, “Seguros y el Código Civil y Comercial…” Tº I de Waldo Sobrino, entre otras.-
Ahora bien, más allá de las posturas doctrinarias al respecto, es lo cierto que en autos se presenta una cuestión que dirime la inaplicabilidad de la ley consumeril tal como agudamente lo señala el Sr. Fiscal General al contestar la vista, allí dice que el actor de autos contrató el seguro en ciernes con intervención del demandado como asesor productor de seguros a los fines de asegurar un automóvil para uso de remis (conf. póliza de seguro adjuntada a fs. 45 de los autos “Jano Alejandro c/ Leber Raimundo y ots. s/ daños y perjuicios”) de modo tal que queda excluido del concepto de consumidor final.- Asiste razón al Sr. Fiscal General toda vez que surge claramente de la documentación indicada que el Sr. Leber aseguró el automóvil para utilizarlo comercialmente sin mencionar en ningún momento que era de uso particular, es claro que tampoco manifestó –tal como lo señala el Sr. Fiscal General- que tuviera dicho automóvil un uso mixto, de modo tal que en orden a lo normado por el art. 1 de la ley 24.240 no se encuentra amparado el Sr. Leber por la ley de defensa del consumidor.-
En tal sentido en la causa nº 64.157 “Banquero…” del 19.09.1019 resolvimos (abro un paréntesis para decir que en aquella oportunidad se analizaba la relación del asegurado con la compañía aseguradora, más resulta plenamente aplicable al presente atento el uso comercial del automóvil denunciado por el asegurado): “A fin de dar respuesta a este agravio es dable decir que, la base de todo el derecho de defensa del consumidor radica en el concepto de “consumidor final”. Consumidor final es quien adquiere bienes o servicios sin intención de obtener una ganancia por su posterior enajenación, ni de emplearlos en un proceso de producción o comercialización de bienes o servicios destinados al mercado. La persona física que no actúe con esta finalidad manifiesta ha de ser considerada consumidor, salvo presunción fundada o prueba en contrario (Farina, Juan M. “Defensa del consumidor y del usuario”, Ed. Astrea, 2004, pág. 45 y ss., ésta Sala causa nº 62733 “García…” del 26.12.2017, entre otras)”.- “Es decir, el consumidor es calificado en función del destino que le asigna a los bienes o servicios de que dispone. De esta manera el art. 1º de la ley 24.240 define al sujeto protegido por dicho régimen en aquel que actúa “como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social” (ver esta Sala en causa n° 57481, “Nasello…”, del 04.04.2013, causa nº 62733 ya citada)…”
“…Es dable citar un precedente de esta Sala en el que se hizo referencia al tópico bajo examen, en donde se dijo: “Como explica Carlos Hernández en un meduloso trabajo, bajo la vigencia de los arts. 1 y 2 de la ley 24.240 en su versión originaria el régimen protectorio tenía contornos precisos, y sólo se generaban discusiones respecto a los supuestos en los cuales las personas jurídicas –y en algunos casos también las físicaspodían beneficiarse como potenciales recipiendarias de la ley, lo cual se relacionaba con el carácter final de la adquisición del producto o servicio de que se trataba. El autor pasa revista a distintos precedentes jurisprudenciales, en los que se entendió que la Ley de Defensa del Consumidor era aplicable a adquisiciones efectuadas por personas físicas o jurídicas en la medida en que el bien adquirido resulte ajeno al giro profesional de los adquirentes, y, naturalmente, no lo era en caso contrario (“La noción de consumidor y su proyección sobre la legitimación para accionar”, en la Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2009-I, “Consumidores”, pág. 257 y sig., con sus citas: SCJ de Mendoza, “Sellanes, Elian c/ Frávega SAICeI”, voto de la Dra. Kemelmajer, en Revista de Responsabilidad Civil y Seguros 2007-386, con nota de Javier Wajntraub, “La noción de consumidor”; CNCom., Sala A, “Artemis Construcciones S.A. c/ Diyón S.A. y otro”, del 21.11.2000, en L.L. 2001-B-838 y del mismo tribunal “Aman, Juan c/ Príncipe Automotores y otro s/ Ordinario”; puede verse del mismo autor en coautoría con Sandra Frustagli “El concepto de consumidor. Proyecciones actuales en el Derecho argentino”, en La Ley del 20.09.11., pág. 1)”.
“Ahora bien, prosigue explicando Hernández que si bien la noción de consumidor que propone la nueva redacción del art. 1 de la ley 24.240 presenta importantes diferencias respecto de su antecedente, ratifica la noción general de la cual se partía en el régimen anterior. Ello así por cuanto el consumidor debe actuar como destinatario final, lo cual significa que el producto o servicio es retirado del mercado, no volviéndoselo a reinsertar en él mediante su incorporación a un nuevo proceso de elaboración o de prestación, idea que aparece reafirmada en el texto vigente cuando se señala que el bien o servicio ha de ser empleado para uso privado, familiar o social. A continuación aclara expresamente que no obsta a tal interpretación la circunstancia –en la que se repara en el fallo antes mencionado de la Cámara de Río Cuarto- de haberse derogado la previsión contenida en el párrafo segundo del artículo 2, que disponía que no tenían el carácter de consumidores o usuarios quienes adquiriesen, almacenaren, utilizaren o consumieren bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros, dado que ello simplemente reforzaba la idea de que sólo reviste la condición de usuario quien actúa como destinatario final.
De este modo –sostiene Hernández- la fórmula legal conserva el criterio amplio de considerar como consumidores a las personas físicas y a las jurídicas, en la medida que actúen fuera del ámbito de su actividad profesional, que en el caso de las últimas supone obrar fuera de su objeto social o giro comercial específico. Y finalmente explica que la derogación de la previsión contenida en el párrafo segundo del art. 2 resulta relevante en cuanto deja sin materia al texto correlativo del decreto reglamentario 1798/94, que al no distinguir entre adquisiciones relacionadas de manera genérica o específica con la actividad profesional del adquirente, intentaba excluir de la tutela legal a las personas jurídicas de carácter lucrativo, toda vez que en tal caso cualquier adquisición habría de relacionarse de algún modo con su actividad profesional (“La noción…”, cit., págs. 268 y 269).En la misma senda se expresa Dante D.
Rusconi, quien explica que la supresión del anterior artículo 2, 2do. párrafo, “… no implica que lisa y llanamente cualquier empresario pueda hacer valer los preceptos de la ley 24.240 en su beneficio. Según nuestro modo de ver, próximo a la tesis finalista moderada del derecho brasileño, el destino o utilización final y la actuación fuera del ámbito de su actividad profesional, de la cual depende la debilidad del “consumidor empresario”, seguirán siendo, ambos, requisitos exigibles para abastecer la noción legal de consumidor, que, además, lleva ínsita la existencia de la “subordinación estructural” del sujeto tutelado. De modo que sólo aquellas empresas o comerciantes que adquieran bienes fuera de su ámbito de actividad profesional y, además, que no los incorporen de manera directa a su actividad comercial o productiva, podrán acudir al auxilio del régimen específico en la materia…” (“La noción de “consumidor” en la nueva Ley de Defensa del Consumidor”, J.A., 2008-II-1225)” (causa n° 56267 “Ocampo…” del 26.06.12, causa nº 62.733 citada).”
“Para una mejor claridad de la cuestión me permito citar a mayor abundamiento, lo señalado por mi estimado colega Dr. Esteban Louge Emiliozzi en causa n° 59.115 “Romero….” del 4/9/2014: “la diferencia de régimen no es tan terminante en lo que se refiere a los criterios de interpretación de las leyes y los contratos que corresponda efectuar en cada caso. En efecto, si bien en materia consumeril los criterios de interpretación favorecen claramente al consumidor (arts. 1, 3, 37 y conc. de la ley 24.240), mientras que en el derecho común el criterio de interpretación es en principio igualitario entre las partes (arts. 1198 del Código Civil y 217 a 220 del Código de Comercio), lo cierto es que también en este último ámbito, y en caso de duda, se aplica el principio del “favor debitoris” (art. 218 inc. 7mo. del Código de Comercio), hoy dirigido hacia el “favor debilis” por el principio de buena fe del art. 1198 del Código Civil (Gregorini Clusellas, Eduardo “Vicios redhibitorios…”, cit.). Por lo demás, y en sintonía con estas ideas, no debemos olvidar que aún antes de la sanción de la ley 24240 el derecho privado había avanzado notablemente en materia de protección del débil jurídico, a través de principios e institutos tales como el de la interpretación del contrato predispuesto a favor de la parte que no lo redactó, la proscripción de la mala fe, el abuso del derecho y la lesión subjetiva (arts. 1198, 1071 y 954 del Código Civil), la protección frente a la imprevisión (art. 1198 del cód. cit.), entre otros.”
Conforme lo expuesto y como ya lo adelantara, no corresponde la aplicación de la ley de defensa del consumidor al sub lite, resultando aplicable la normativa específica que regula la relación del asegurado con el Asesor Productor de Seguros (ley 22.400) y asimismo la normativa general que emana del Código de Comercio y el Código Civil en cuanto a la responsabilidad contractual y en todo aquello que no se encuentre previsto en la mentada ley.-
III. Despejada la cuestión atinente al derecho aplicable, y antes de continuar con el análisis de los agravios impetrados, es dable señalar que en 1981 se dictó la ley 22.400 por la que se reguló la actividad de los productores asesores de seguros y que introdujo modificaciones de importancia en el sistema que no se limitaron, simplemente, al cambio de la denominación de productor o agente de seguro que contenía el artículo 53 de la Ley de Seguros por la de productor asesor directo o productor asesor organizador sino que, además, les impuso a estos últimos determinadas funciones y obligaciones dentro de un marco de profesionalidad que exceden la originaria actividad de intermediación (conf. Amadeo Soler Aleu “Agentes y productores de Seguros, su régimen jurídico, ed. Astrea, Lopez Saavedra artículo citado, Stiglitz “Derecho de Seguros” Tº I pág. 568 y ssgtes., Waldo Sobrino “Seguros y el Código Civil y Comercial” Tº I pág. 445 y ssgtes.).
Así el artículo 10 de la mencionada ley 22.400, haciendo una breve síntesis de su contenido, se podría decir que establece dos obligaciones básicas al asesor productor de seguros: una es que debe actuar conforme a la ley y a los principios técnicos aplicables al caso, con diligencia y buena fe y la otra está referida a los deberes y funciones que asume o debe asumir en el desempeño de su actividad y que pueden generar relaciones jurídicas diferentes, tanto en el área de la Autoridad de Control como en lo que hace a su relación con los asegurados y aseguradores.
Respecto de la relación del asesor productor de seguros con el asegurado, si bien sigue siendo ahora un intermediario en la concertación de contratos de seguro además tiene la obligación de asesorar con diligencia y prontitud a asegurables y asegurados como lo establece el artículo 1 de la mencionada ley la que, a continuación, en su artículo 10, le impone, por ejemplo, los siguientes deberes: 1) asesorar al asegurado a los fines de la más adecuada cobertura e ilustrarlo con exactitud sobre las cláusulas del contrato, su interpretación y extensión; 2) verificar que la póliza contenga las condiciones de acuerdo a las cuales el asegurado decidió cubrir el riesgo; 3) asesorarlo sobre sus derechos, cargas y obligaciones, en particular cuando han ocurrido eventos siniestrales; 4) ejecutar con la debida diligencia y prontitud las instrucciones que reciba de los asegurables, asegurados o de los aseguradores, en relación con sus funciones, están obligados; 5) desempeñarse conforme a las disposiciones legales y a los principios técnicos aplicables a la operación en la cual intervienen y actuar con diligencia y buena fe.-
En lo que aquí atañe y en orden al reclamo del actor el asesor productor de seguros debe cumplir esencialmente en relación con el asegurado con el deber de información y asesoramiento (a ello agrega Waldo Sobrino como seguidamente veremos también el Deber de Advertencia), ahora bien ¿qué implican dichos deberes más allá de lo prescripto por el art. 10 de la ley citada? Para dar respuesta y claridad a dichos conceptos me permito trascribir lo dicho por Waldo Sobrino en el trabajo que he venido citando y cuyo conceptos son reiterados en la obra del mismo autor ya citada TºI, págs. 445 y ssgtes.: “El Deber de Información:… Desde el punto de vista teórico se ha escrito mucho con relación al Deber de Información, pero si somos realistas vamos a ver que en la práctica, se ha avanzado muy poco, encontrándonos casi en un círculo vicioso (donde se hacen declaraciones rimbombantes, pero que no se reflejan en los hechos del día a día). Por ello, siguiendo las enseñanzas de Rudolph von Ihering, en La lucha por el Derecho, (Capítulo Primero, 'Introducción', página 59, Editorial Cuadernos Civitas, Madrid, España, 1985), cuando con toda precisión enseñaba que "...el Derecho es una idea práctica...", es que seguidamente, queremos hacer un pequeño aporte para el análisis del cumplimiento del Deber de Información, a través de lo que hemos denominado el "Test del Deber de Información Legal".
“Nuestro planteo es sencillo y práctico, en el sentido de que partimos de la base que la Compañías de Seguros y los Productores de Seguros tienen el Deber de Informar al asegurado de "...toda circunstancia relevante...". Como consecuencia de ello es que: la Compañía de Seguros sólo va poder utilizar durante la vigencia del contrato y en el proceso de liquidación del siniestro, únicamente aquella información "cierta", "clara" y "detallada", respecto a las características esenciales y toda otra "...circunstancia relevante..." del seguro que oportunamente le hubiera informado al adherente o consumidor. Es decir: todo aquello que no fue informado por la Compañía de Seguros (y/o el Productor de Seguros) al asegurado en la etapa precontractual y en la póliza de seguro, es harto evidente que no sería una "característica esencial" ni una "...circunstancia relevante..." para la Compañía de Seguros, dado que en caso contrario, la habría incluido en su "Deber de Información". “De manera tal, que por la sencilla y estricta aplicación del Art. 1.067 del Cód. Civil y Comercial ("Teoría de los Actos Propios y Protección de la Confianza" del mismo autor), si la Compañía de Seguros entendió que dichas informaciones no eran esenciales ni relevantes, es una verdad de a puño que luego, al momento del siniestro, no van a poder hacer uso de cuestiones que en su momento no informaron (por no ser esenciales ni relevantes). Es decir, la opción legal de hierro de los Proveedores (como las Compañías de Seguros y Proveedores de Seguros), frente a los consumidores es: Informa o Claudica!!!”
“El Deber de Consejo: Dentro del Deber de Información de carácter general, se encuentra el Deber de Consejo que es un análisis más particularizado para el consumidor puntual y concreto, respecto de si dicho producto o servicio va a servir para cumplir con las expectativas razonables objetivas que puede derivarse de dicha relación de consumo. Sobre esta cuestión Ricardo Lorenzetti (Consumidores, página 180, "El Deber de Consejo: escribanos, asesores financieros", Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2003) enseña que el Deber de Consejo se diferencia con el Deber de Información, en el sentido que importa "...un plus sobre la misma...", dado que se le debe agregar una "....opinión motivada...".
Existe una especie de relación de género a especie, donde el Deber de Información debe brindar pautas para tratar de disminuir la asimetría de conocimiento en la que se encuentra el consumidor, para que tome una decisión; en cambio, el Deber de Consejo implica orientar al consumidor para un sentido específico, al realizar la contratación del servicio. En el ámbito de los seguros el Deber de Consejo tiene una importancia fundamental, que entendemos que no ha sido los suficientemente tenida en cuenta, cuando se estudia las responsabilidades legales frente a los consumidores de seguro (GAMEN, Sebastián A.; "El Deber de Consejo en los contratos de seguros", publicado en la Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, página 281, número I, del año 2013).
Deviene fundamental recordar que el art. 10 de la ley 22.400, que regula la actividad de los Productores Asesores de Seguros, entre otras cuestiones, establece la siguiente obligación: art. 10, inciso c) "...asesorar al asegurado a los fines de la más adecuada cobertura...".- Reiteramos que la propia normativa mencionada, surge claramente el Deber de Consejo (que excede largamente al Deber de Información), dado que en forma particularizada, le pone como obligación al Productor Asesor de Seguros que debe asesorar al asegurado con la finalidad de lograr la más adecuada cobertura (Ley 22.400; Art. 10; inciso c). O, como con la profundidad habitual enseña Rubén Stiglitz, la obligación del Deber de Consejo es "...más pesada que la simple obligación de información..." (“Derecho de Seguros” Tº I pág. 401).- Tan clara y evidente es la cuestión que el Chartered Insurance Institute afirma que:"...los agentes de seguros tienen el deber ante sus clientes de aconsejarles sobre los seguros que deben contratar, y cualquier perjuicio en el incumplimiento de este deber puede originarles una responsabilidad...".- Asimismo, también se debe resaltar que dicho Deber de Consejo se debe cumplir en distintas etapas de la relación contractual; es decir:
-antes de la contratación del seguro, para que -por ejemplo- el futuro asegurado no incurra en reticencia (Art. 5 de la Ley 17.418) o para que no exista infraseguro o prorrata, o explicar claramente las exclusiones de cobertura; etc.
-durante la vigencia de la Póliza de seguros, para que el asegurado conozca las pautas respecto cuando debe declarar la agravación del riesgo, o asesorarlo con relación a las cargas vinculadas con las caducidades legales o las caducidades convencionales, etc.
-en el siniestro para el cumplimiento de la denuncia en tiempo propio, o para acompañar la documentación o información que le requiere el Liquidador del siniestro, etc.”
“El Deber de Advertencia: Profundizando aún más el Deber de Información y el Deber de Consejo, es que tenemos el Deber de Advertencia, que se refiere a los riesgos y los perjuicios de índole económica que se le pueden generar a los asegurados. Así, merced al Deber de Advertencia, se tiene que explicar y alertar específicamente de los eventuales perjuicios que puede llegar a sufrir el consumidor en general y el consumidor de seguros en particular.- Es que como bien enseña Marcelo Quaglia ("El Deber de Información en el marco de las Relaciones de Consumo", página 7, publicado en la Revista de Derecho Comercial y las Obligaciones, RDCO 272-561) existe una clara y estrecha relación entre el Deber de Advertencia y la Obligación de Seguridad.
Tan ello es así, que en nuestra perspectiva, el Deber de Advertencia y la Obligación de Seguridad son las dos caras de la misma moneda, dado que ambos tiene la misma finalidad.- En la temática de los seguros, resulta provechoso recordar que el Art. 10, inciso .d) de la Ley 22.400, le ordena al Productor de Seguros a "...verificar que la póliza contenga las estipulaciones y condiciones bajo las cuales el asegurado ha decidido cubrir el riesgo..." Así el Deber de Advertencia significa que se le deben explicar específicamente los riesgos y asesorar sobre los daños económicos que puede sufrir el asegurado si la póliza no contiene "...las estipulaciones y condiciones bajo las cuales el asegurado ha decidido cubrir el riesgo...", que son las circunstancias que el Productor de Seguros tiene la obligación de "...verificar...", según ordena el Art. 10, inciso .d) de la Ley 22.400.- Uno de los ejemplos puntuales y específicos del Deber de Advertencia es la aplicación del ilegal y arbitrario Art. 12 de la Ley de Seguros, que determina que la Compañía de Seguros puede modificar de manera unilateral, todo lo oportunamente convenido con el asegurado.
Aquí toma un papel fundamental el Deber de Advertencia del Productor de Seguros, pues es su obligación la de advertir que la póliza sea emitida de acuerdo a "...las estipulaciones y condiciones bajo las cuales el asegurado ha decidido cubrir el riesgo..." (Art. 10, inciso .d, de la Ley 22.400).- Por ello, en el caso que el Productor de Seguros y/o la Compañía de Seguros no cumplan con el Deber de Advertencia con el asegurado, resaltando que la Aseguradora de manera unilateral modificó las pautas de la Póliza de Seguros, es que ambos van a ser responsables legales (v.gr. Productor de Seguros y Compañía de Seguros), en el caso que se produjera un siniestro y el mismo no se abonara como consecuencia de dichos cambios de la Aseguradora que no fueron advertidos por el Productor de Seguros o la Compañía de Seguros.- Otro ejemplo del Deber de Advertencia consiste en alertar al asegurado en los casos en que se aplique prorrata, donde la Compañía de Seguros y/o el Productor de Seguros debe llamar la atención al asegurado sobre dichas circunstancias, bajo apercibimiento -por ejemplo- que no se aplique la prorrata y se tome el seguro como a Primer Riesgo Absoluto.”
Como se advierte de los conceptos transcriptos y en prieta síntesis, el Asesor Productor de Seguros cumple una tarea fundamental frente al asegurado, extendiéndose su función desde el momento en la elección de la agencia aseguradora, la cobertura del seguro, y en el caso de producirse un siniestro debe prestar toda la colaboración necesaria a fin de comunicar la denuncia del mismo a la Compañía aseguradora, entregar toda la documentación necesaria, y contactar al asegurado con el liquidador del mismo quien en su caso derivará la cuestión a un letrado.-
Así, en orden a los conceptos expuestos, he de analizar los restantes agravios traídos por el apelante, recordando que no resulta aplicable al sub lite la ley de derecho del consumidor y que asimismo más allá de lo normado por la ley 22.400, a los fines de hacer operativa la responsabilidad del Asesor Productor de Seguros por daños y perjuicios, se requiere la configuración de todos los presupuestos de la responsabilidad civil: el incumplimiento jurídicamente relevante, la producción del daño, que la conducta sea atribuible a título de dolo o culpa y que exista relación de causalidad entre el incumplimiento y los daños padecidos (arts. 512, 902, 1109, 1198 y cctes. CC y art. 207 del Código de Comercio).-
Los mentados agravios se refiere esencialmente al rechazo de la acción.- Para así decidir el Sr. Juez de la instancia de origen realizó un análisis pormenorizado de la relación que une al asegurado con el Productor Asesor de seguros, se refirió a las responsabilidades de éste último específicamente al deber de información y asesoramiento (respecto de los cuales antes me referí) y concluyó conforme lo probado en autos que las denunciadas faltas imputadas por el actor al demandado no se trataban de un incumplimiento a dichos deberes.- En relación a la falta de asesoramiento respecto de la tramitación del proceso “Jano c/ Leber…” el Sr. Juez de la instancia de origen claramente dijo: “Ello así en tanto entiende este proveyente que el fracaso de una negociación extrajudicial, la demanda entablada en consecuencia y el cumplimiento de las actuaciones posteriores implican la intervención de un profesional en derecho, como ha sido el caso y es precisamente este último quien debe asesorar al respecto al asegurado que asume la calidad de demandado, no resultando posible imputarle al productor la responsabilidad por omisiones que no son propias de su actividad y ajenas a su conocimientos.- En otras palabras, entiendo que el productor debe asesorar con la debida diligencia y prudencia al asegurado en lo que respecta a la denuncia del siniestro y al trámite administrativo que se lleve a cabo a consecuencia del hecho acaecido y lo cierto es que en relación a ello, nada se cuestiona, sino que las acusaciones efectuadas, como se dijera, se encuentran relacionadas al conflicto judicial y puntualmente a cuestiones procesales del proceso de daños y perjuicios seguido en contra del aquí accionante”.- Y en relación a la desinformaciòn sobre la insolvencia de la compañía aseguradora, el Sr.
Juez dijo: “Manifiesta el accionante que el Sr. Chiesa debió tener conocimiento de las sanciones aplicadas por la autoridad competente a Aseguradora Federal SA y el consecuente desenlace en una liquidación forzosa, que conllevó, conforme plasma en la demanda, al incumplimiento por parte de la citada compañía, de la obligación de mantenerlo indemne.- Ahora bien, sin perjuicio resultar cierto, en tanto se desprende de las pertinentes actuaciones judiciales, conforme presentación de fs. 403/404, que en fecha 05/01/17, se ha decretado la liquidación forzosa de la mencionada compañía, habiendo revocado la autoridad competente la autorización para operar el día 26/12/16, también lo es y no puede dejar de ponderarse, que el siniestro en cuestión ha acaecido el día 24/08/11 y que la causa pertinente se ha iniciado en fecha 19/04/12, es decir 5 años antes del desenlace aludido.
Sumado a ello, resulta relevante que la compañía aseguradora, ha comparecido a la causa de daños, como citada en garantía, ha reconocido los términos de la póliza e intervenido en el proceso -durante toda la tramitación- en tal carácter, implicando ello voluntad de asumir el riesgo que le corresponde a los fines de defender los intereses patrimoniales de su asegurado y que finalmente ha podido afrontar en su mayor parte el pago de la liquidación respectiva y las costas del proceso -ver fs. 289/290 y 346/348 de la causa "Jano, Alejandro F. c/ Leber, Raimundo y otros s/ daños y perjuicios", en tanto el proceso falencial, ha tenido lugar cuando aquel ya se encontraba en la etapa de ejecución de sentencia.- Finalmente, no puedo dejar de señalar que de acuerdo a la demanda aquí entablada y a la documentación acompañada, el tiempo de vigencia del contrato de seguro del Sr.
Leber , habría sido hasta el 23/03/14, (si bien ello no se desprende en forma expresa del escrito de inicio, surge de la última constancia emitida por la compañía obrante a fs, 37) y por lo tanto la relación contractual con el aquí demandado, también habría cesado en esa fecha, es decir casi tres años antes que la liquidación forzosa tuviera lugar.- Todo ello me lleva a concluir que durante el tiempo que el contrato de seguro estuvo vigente y que por lo tanto el Sr. Chiesa se ha desempeñado como productor frente al aquí accionante, la compañía aseguradora ha cumplido las obligaciones por ella asumidas a los fines de mantener indemne el patrimonio del Sr. Leber, no vislumbrándose, en atención al tiempo transcurrido desde la ocurrencia del siniestro, durante la tramitación de la causa y el día en que ha cesado en sus actividades aquella que el mencionado agente pudiera haber tenido conocimiento del desenlace aludido, mas aún si se tiene en cuenta, como se ha dejado en claro que la empresa en cuestión ha podido cumplir en su mayor parte con el pago de la condena recaída.-” (el destacado me pertenece).-
Me permití citar algunos pasajes de la sentencia cuestionada a los fines de ganar mayor claridad en el análisis de los agravios, los que en algunos aspectos no resultan una crítica concreta y razonada de lo resuelto.- Al expresar agravios el apelante señala en una reiteración de lo manifestado en la demanda las obligaciones del Asesor Productor de seguros, en forma general se refiere a tales obligaciones, más no rebate debidamente los fundamentos dados en la sentencia en crisis, máxime teniendo en cuenta los términos antes transcriptos.- Realiza, en una parte sustancial del mentado escrito una interpretación paralela de la sentencia más no atraviesa la misma con una crítica concreta y razonada, desinterpreta la misma al decir que el Sr. Juez no independiza la función del Asesor con la que cumple la compañía de seguros frente al asegurado, entiende que el Sr. Juez invirtió la carga de la prueba, cuando precisamente en la sentencia se señala la prueba producida y se concluye que durante la vigencia del contrato no se advierte una conducta antijurídica por parte del Sr. Chiesa.-
En relación a las vicisitudes en los autos “Jano c/ Leber y ot.
s/ Daños y Perjucios”, el apelante entiende que la falta de asesoramiento del demandado provocó la declaración de nulidad de todo lo actuado por el Dr. LLan De Rosos en representación del Sr. Leber, su falta de actuación en dichos actuados, la pérdida de chance de asumir la co dirección del proceso, que podría haber evitado la traba de medidas cautelares, etc..- En relación a ello, cabe decir que el Sr. Chiesa en su oportunidad puso en conocimiento de la aseguradora el siniestro y ésta asignó un letrado quien claramente es la persona responsable de las vicisitudes del proceso, tan así que el actor de autos inició acción de daños y perjuicios contra dicho letrado precisamente en relación a los autos “Jano c/ Leber…” tal como el mismo apelante lo hace saber, es claro que a partir de designarse un letrado, el asesoramiento del proceso le corresponde a éste y no al Asesor Productor de Seguros y en su caso si la dirección del proceso no es la adecuada o no cumple con el “deber de advertencia” puede extenderse la responsabilidad a la compañía aseguradora más no al asesor productor de seguros (conf.
Waldo Sobrino art. ya citado y señalado por el apelante en la expresión de agravios).- Volviendo al proceso incoado contra el letrado de la compañía aseguradora, es lo cierto que no ofreció el Sr. Leber dicha prueba instrumental, más cita en los agravios los dichos del Dr. Llan De Rosos al contestar la demanda, de los que surgiría –tal como lo señala al expresar agravios- que la relación del letrado con Leber se realizaba por intermedio del Sr. Chiesa, más también allí dice que el Sr. Leber fue citado en innumerables ocasiones a través de su estudio jurídico, desde la oficina del Sr. Chiesa en Tandil, e incluso del Departamento de Legales de la Aseguradora, no compareciendo nunca a ratificar la gestión del letrado, desentendiéndose así del juicio en cuestión (fs. 141 párrafos 5 a 8) evidenciándose de ese modo que fue el mismo actor quien no prestó colaboración en el proceso.- Todo ello lo menciono solo de manera ilustrativa, toda vez que el actor habiendo agregado la documental de la cual surgen los dichos del Dr.
Llan de Rosos con posterioridad al término previsto en el art. 363 del Cpcc, no procedió luego conforme lo normado por el art. 255 inc. 5 apartado a) del Cpcc, de modo tal que no habiendo cumplido con la carga impuesta en la normativa citada no es hábil como prueba en el sub lite (conf. causa n° 64.020 “Lobos Velazquez…” del 28.03.2019 aplicada analógicamente).-
En resumen, conforme los conceptos antes vertidos referidos al deber de información, asesoramiento y advertencia, no surge que al Asesor Productor de Seguros le corresponda asesorar respecto de las vicisitudes del proceso judicial, no resulta materia de su incumbencia, más allá de realizar debidamente la denuncia del siniestro a los fines que la Compañía Aseguradora asuma la representación correspondiente y aportar toda la documentación necesaria para la defensa del asegurado.-
En relación a la falta de información o advertencia de la situación de insolvencia de la aseguradora, nada dice el apelante de una conclusión contundente del Sr. Juez, esto es que durante la vigencia de la relación contractual (desde el año 2011 hasta el 23/03/2014) no se advierte la falta de asesoramiento, que la relación con el mismo concluyó en el mes de Marzo del año 2014 y la falta que se imputa (falta de información de la insolvencia de la aseguradora) surge casi tres años después (esto es el 26/12/2016 en que se revocó a la Compañía Aseguradora la autorización para operar).- Si el actor entendía que con posterioridad a la conclusión de su relación contractual con el demandado aún continuaba el deber de información debió así decirlo y fundarlo en la expresión de agravios, no habiéndolo hecho no corresponde analizarlo en esta instancia en virtud del principio de congruencia.- Por otra parte no podía advertir el Sr. Chiesa la insolvencia de la Compañía Aseguradora siendo que ésta había realizado un pago en los autos tramitados por el siniestro con fecha 30/03/2016.- Tampoco surge del informe general de la sindicatura -adjuntado por el apelante con fecha 28/02/2019 en distintos documentos pdf- que la compañía aseguradora había sido sancionada con anterioridad al 23/04/2014, asimismo de dicha documental surge que la comisión liquidadora estimó la fecha de cesación de pagos el 5/01/2015, todos hechos que sucedieron con posterioridad a la conclusión de la relación del actor con el demandado que reitero no fue cuestionada por el apelante ni indicó que se encontraba obligado a continuar informando o asesorando al apelante.- Por otra parte y tal como ya lo señalara, conforme surge de los conceptos antes transcriptos el deber de asesorar/informar/advertir del Asesor Productor de Seguros en lo que respecta una vez producido un siniestro se ciñe específicamente a acompañar en la debida denuncia del siniestro y poner a disposición del liquidador del siniestro toda la documentación necesaria.-
Por último he de decir que no resulta aplicable la jurisprudencia citada por el apelante por tratarse de cuestiones sustancialmente diferentes al sub lite, no solo en los hechos sino en la responsabilidad que en su caso se endilga al Asesor de seguros, así por ejemplo en la causa “Maruzza…” del 5/07/1993 de la Cámara Nacional de apelaciones en lo Comercial Sala B, se condenó al Asesor Productor de Seguros en virtud de no haber mantenido al asegurado en la compañía con la que había contratado y lo derivó colocando el seguro en otra compañía aseguradora sin autorización del asegurado, compañía que al poco tiempo cayó en liquidación y por ello no pudo el asegurado cobrar del asegurador solvente, por su parte en la causa “Maggio Rocio….” de la Sala F de la Cámara Nacional de apelaciones en lo Comercial del 1/09/2016, más allá de diferir sustancialmente los hechos, se hizo extensiva la condena de la Compañía Aseguradora al Asesor de Seguros en virtud de lo normado por el art. 40 de la ley 24.240 (solución inaplicable al sub lite).-
Por todo lo expuesto concluyo del mismo modo que lo hiciera el Sr. Juez de la instancia de origen que no se advierte del Sr. Chiesa durante la relación contractual que lo unió al Sr. Leber incumplimiento alguno a los deberes de Información, Asesoramiento y Advertencia que le imponen la ley 22.400, como así tampoco ninguna conducta antijurídica por la cual deba responder (arts. 512, 902, 1109, 1198 y cctes. CC arts. 207 y cctes. Código de Comercio).-
Así lo voto.-
La Señora Jueza Doctora CARRASCO y el Señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI, adhirieron al voto precedente por los mismos fundamentos.-
A LA SEGUNDA CUESTION: La Señora Jueza Doctora COMPARATO dijo:
Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, propongo al acuerdo: 1) Desestimar el recurso de apelación impetrado por el actor confirmándose así la sentencia dictada en la instancia de origen, 2) Con costas al apelante perdidoso (art. 68 cpcc), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14.967).-
Así lo voto.-
La Señora Jueza Doctora CARRASCO y el Señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI, adhirieron al voto precedente por los mismos fundamentos.-
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
S E N T E N C I A –
POR LO EXPUESTO, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del CPCC, se
1. Desestimar el recurso de apelación impetrado por el actor confirmándose así la sentencia dictada en la instancia de origen, 2) Con costas al apelante perdidoso (art. 68 cpcc), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14.967). Regístrese, y notifíquese en forma electrónica (Resolución de Presidencia SP 10/20, art. 3 punto c) apartado 2) a los domicilios que seguidamente se consignan, y devuélvase.
Fin de la sentencia