Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo de Mercedes · Causa 47612
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la demanda interpuesta por ELDO BRIAN LEDESMA contra SWISS MEDICAL ART S.A. y condenar a esta última al pago dentro de los diez días de quedar firme este pronunciamiento (art. 60 ley 15.057) de $ 17.564.791 (pesos diecisiete millones quinientos sesenta y cuatro mil setecientos noventa y uno), actualizado y con intereses devengados desde ocurrido el evento dañoso hasta la fecha de este pronunciamiento en concepto de prestaciones dinerarias del artículo 14.2.a de la ley 24.557 y art. 3 ley 26.773, declarándose la inconstitucionalidad del DNU 669/2019 y del art. 17 bis ley 26.773, según art. 16 ley 27.348, rechazándose lo demás pretendido en la demanda, la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada y considerándose abstractos los cuestionamientos constitucionales efectuados por la parte actora a las leyes 24.557 y 26.773. El monto de condena a la fecha de este pronunciamiento es el determinado anteriormente siempre que se abone en el término fijado para el cumplimiento de la sentencia firme, haciéndose saber que en caso de no estarlo correrán intereses desde la liquidación por Secretaría al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina hasta el pago de nueva liquidación firme dentro del plazo fijado para el cumplimiento de la sentencia o efectivo pago (art. 12.2 ley 24.557, según art. 11 ley 27.348). …
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Expte.Nº: 47612
LEDESMA ELDO BRIAN C/ SWISS MEDICAL ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL
En Mercedes y en las fechas que informan las constancias de firmas digitales, el Tribunal del Trabajo de esta ciudad integrado por los Dres. Oscar Adolfo Toyos, Liliana del Carmen López y Nicolás Eduardo Aparisi -juez subrogante-, en la causa caratulada: "LEDESMA ELDO BRIAN C/ SWISS MEDICAL ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL", Expte. N°: 47612, resuelven votar por separado, previo sorteo que dio el siguiente resultado para la votación: Dres. TOYOS - APARISI - LOPEZ , a los efectos de dictar SENTENCIA (art. 57 ley 15.057) resultando de estos autos los siguientes
Se presenta el Dr. Juan Facundo Pusso, en nombre y representación de Eldo Brian Ledesma, e interpone demanda contra Swiss Medical ART S.A. por accidente o enfermedad profesional. Expone que el actor trabaja en relación de dependencia de la empresa Flex-N-Gate S.R.L. desde el 13/03/2015 realizando tareas de operario especializado cumpliendo tareas en el sector balancines. Estas consistían, entre otras pesadas, mover un carro y zorra manual de un sector a otro cargado de autopartes que llegan a pesar 1.200 kilogramos. Las autopartes se utilizan para forjar llaves y el carro era desplazado por el actor junto a otro operario. La tarea la realiza parado, pero debe agacharse constantemente a recoger las autopartes apiladas en el carro para forjar las llaves. Efectuado el trabajo, se colocaban en un recipiente que llega a pesar 700 kilogramos y debía ser levantado por el actor manualmente. El horario laboral al momento del siniestro era de lunes a viernes de 15:00 a 00:00 horas y su ingreso base mensual aproximadamente ascendía a $ 53.000. La aseguradora contratada era la demandada. El 19/10/2020 se encontraba realizando su trabajo habitual, cuando al realizar fuerza con ambos miembros superiores, sintió un profundo dolor en el codo y muñeca derecha. Debió interrumpir su jornada laboral y formuló la denuncia al día siguiente a la demandada. Otorgó prestaciones en especie en la Clínica Güemes hasta que el 09/11/2020 Swiss Medical ART S.A. rechazó la contingencia. En sede administrativa se dictaminó el 15/04/2021 que se trataba de una enfermedad inculpable. En la Clínica Güemes le habían diagnosticado tendinosis, síndrome de túnel carpiano en muñeca derecha. Estima que presenta una incapacidad permanente del 25% de la total obrera. Expone sobre la responsabilidad de la accionada; plantea la inconstitucionalidad de diversas normas de las leyes 24.557 y 27.348, DNU 669/2019, ley provincial 14.997 y otras normas reglamentarias y complementarias; practica liquidación; ofrece pruebas; plantea el caso federal; y peticiona que se dicte sentencia condenando al pago del total reclamado más actualización e intereses, con costas.
Corrido el traslado de ley, se presenta el Dr. Cristian Oscar Trusso, por Swiss Medical ART S.A., y contesta demanda. Reconoce el contrato de afiliación con la empleadora del actor, en los términos de la ley 24.557. Opone excepción de falta de legitimación pasiva porque el actor no tramitó en sede administrativa expediente de determinación de la incapacidad y porque no abarca cobertura de enfermedades no incluidas en el listado de aquellas profesionales. Seguidamente, niega todos los hechos narrados en la demanda. Contesta el planteo de inconstitucionalidad realizado por la actora. Plantea inconstitucionalidad del DNU 669/2019 y del segundo párrafo art. 48 ley 11.653, según ley 14.399; reserva el caso federal; ofrece pruebas; solicita aplicación ley 24.432; entiende que no corresponde aplicar intereses porque la aseguradora no incurrió en mora; denuncia que el actor presenta incapacidad preexistente del 4% de la total obrera; y peticiona el rechazo de la demanda, con costas a la actora.
Con el escrito del 13/09/2021, la parte actora contesta el segundo traslado del art. 29 ley 11.653 -actual art. 34 ley 15.057- y por resolución del 02/12/2021 se abre el proceso a etapa probatoria. Las partes producen aquellas pruebas que -previamente ofrecidas- consideraron de interés para la resolución de la causa.
A la audiencia de vista de causa del 09/06/2026 concurren ambas partes. Desistida la prueba confesional, prestan declaración testimonial los señores Jerónimo Gabriel Chemisa y Hernán Horacio Ferrari. A continuación, las partes desisten de la prueba pendiente de producción y del derecho de alegar. Finalmente, por resolución del 08/07/2026 quedan los autos en condiciones de resolver.
En orden a lo establecido en el art. 57 incisos 4 y 5 ley 15.057, el Tribunal resuelve plantear por separado las siguientes
1. ¿Sufrió Ledesma enfermedad profesional y presenta secuelas incapacitantes? ¿Es procedente la demanda instaurada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la PRIMERA CUESTION , el señor Juez Dr. OSCAR ADOLFO TOYOS dijo:
1. Está comprobado que el actor se desempeñó en relación de dependencia de la empresa Flex-N-Gate Argentina S.R.L. a la fecha de la primera manifestación invalidante de la enfermedad denunciada por aquel en el escrito constitutivo del proceso y que la empleadora había contratado seguro con la demandada que cubría las contingencias dañosas o enfermedades sufridas por sus trabajadores -incluido el actor- por el hecho o por ocasión del trabajo para el otorgamiento de las prestaciones establecidas en la ley 24.557, sus normas complementarias y reglamentarias. Así fue expresamente reconocido por Swiss Medical ART S.A. al momento de contestar la demanda que con "la empleadora del actor, Flex-N-Gate S.R.L. se celebró un Contrato de Afiliación, bajo la póliza Nº 6417, con vigencia al momento de la denuncia y desde el 01/07/1997, en virtud del cual '.Las partes contratantes se someten a lo normado por la Ley Nº 24.557, sus Reglamentaciones, a las disposiciones del presente contrato ya las condiciones particulares integrantes del mismo [.] En ningún caso, las condiciones particulares aquí pactadas podrán ser contrarias a lo dispuesto en la normativa precitada y a las cláusulas del presente contrato...' (Cláusula primera de las Condiciones Generales del Contrato de Afiliación Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557)", encontrándose vigente a la fecha de contestada la demanda: 13/07/2021.
Del expediente administrativo SRT 303212/20 agregado digitalmente el 23/02/2022 consta a fojas 221 el acta de audiencia médica realizada el 07/04/2021, destacándose que el actor tiene una antigüedad realizando la mismas tareas y en la empresa Flex-N-Gate Argentina S.R.L. de siete años, remitiéndose aproximadamente al inicio de su vínculo a abril 2014. No obstante, dado que el propio actor reconoció una antigüedad menor indicando que ingresó el 13/03/2015, estaré a esta última fecha por resultar verosímil y debido a la orfandad probatoria que asegure que fue en otro momento.
2. Tal como resulta de las constancias administrativas agregadas a la causa, la denuncia se presentó el 20/10/2020 respecto del suceso lesivo ocurrido el día anterior. La lesión se diagnostica como sinovitis y tenosinovitis en su mano que ocurrió mientras cumplía sus tareas laborales en los balancines, donde forja tubos con las manos (fojas 18).
Recibida la denuncia, Swiss Medical ART S.A., en un primer momento, notificó al trabajador que suspendía el plazo para expedirse respecto a la aceptación del siniestro (27/10/2020) hasta que finalmente lo rechazó porque evaluada la "exposición a agentes de riesgo [.] no se encuentra declarado por su empleador, por lo tanto, no constatándose capacidad suficiente para generar la enfermedad profesional por usted reclamada" (09/11/2020). Es decir, rechazó el siniestro por no estar incluida a la patología en las previsiones del art. 6 ley 24.557. Ambas misivas fueron incorporadas digitalmente a fojas 26 y 29 del expediente SRT 303212/20.
El dictamen médico del 15/04/2021 concluyó que "se inician las presentes actuaciones a solicitud de [.] Ledesma Eldo Brian [.] por el motivo Rechazo de la denuncia de la Contingencia (Enfermedad Profesional) [y dictamina]: 1- Que se trata de un trabajador que presenta una patología que atribuye a su trabajo. Se desempeña como operario de balancín de Flex-N-Gate Argentina S.R.L., desde hace 7 años. 2- Que manifiesta la sintomatología a partir de la fecha 19/10/2020, como primera manifestación invalidante. 3- Que fue asistido por su Obra Social, con diagnóstico de Tendinosis de muñeca derecha. Que realiza la denuncia en la aseguradora, siendo luego rechazada la misma, a través de carta documento fecha 09/11/2020. 4- Que esta Comisión Médica realizó el examen físico [.]. 5- Que de los estudios obrantes surge: 6- Que en mérito de las constancias obrantes en el expediente y lo formulado por las partes en la audiencia, esta Comisión Médica concluye que no se puede vincular la enfermedad que padece el damnificado con contingencia alguna contemplada en el artículo 6° de la Ley 24.557, quedando definido en consecuencia el carácter inculpable de la dolencia denunciada, por lo que resulta procedente el rechazo de la aseguradora" (fojas 230/2 expediente SRT 303212/20).
Dada la forma en que quedó trabada la litis, el desconocimiento efectuado por la accionada respecto al carácter profesional de la patología constatada lo que fue confirmado en sede administrativa (tenosinovitis de muñeca derecha), correspondía que la parte actora no solo determinara el padecimiento de dicha enfermedad y eventualmente el grado de incapacidad laboral provocado, también que hubiera sido generada por las tareas desplegadas para la empleadora a lo largo del tiempo, en orden a la distribución de las cargas probatorias del artículo 375 CPCC, aplicable por disposición del art. 89 ley 15.057.
Realizada la pericia médica en autos, luego del examen clínico general, analizada la historia clínica y los estudios complementarios especialmente solicitados por el perito, diagnosticó que Ledesma presenta "compresión patológica del nervio cubital grado II de la clasificación de Mc. Gowan". Para arribar a dicha conclusión, tuvo en cuenta el electromiograma de miembro superior derecho solicitado al efecto destacándose que "se encontraron [.] signos electromiográficos de síndrome de túnel cubital derecho" coincidiendo con el examen médico practicado que detectó disminución de la fuerza del músculo cubital anterior. El profesional médico corroboró el diagnóstico en el caso del actor del siguiente modo: "La compresión patológica del nervio cubital puede ocurrir a nivel del codo (síndrome del túnel cubital), o a nivel de la muñeca (síndrome de Túnel de Guyon); donde la causa fundamental es el aumento de presión intracompartimental (entrampamiento) el resto del recorrido del nervio en el miembro superior se realiza entre partes blandas donde no está expuesto a entrampamientos. El síndrome del túnel cubital [.] se caracteriza por presentar dolor en la cara medial del codo con irradiación hacia proximal o distal, acompañado frecuentemente de parestesias, disestesias o anestesia en el dedo meñique y la mitad cubital del dedo anular. En la evolución de la patología hay disminución de la fuerza para los músculos intrínsecos inervados por el cubital [.] Entre las causas de aumento de presión intracompartimental que produce el síndrome de entrampamiento, la más probable es la microtraumática, por lo que existen altas probabilidades de que la causa de esta secuela sea el evento denunciado".
Así es que el peritaje médico reconoce que el actor presenta incapacidad "a partir de las afecciones evaluadas y ponderadas para el caso clínico 'síndrome de túnel cubital derecho" [que] de acuerdo a 'Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales, Dec. 659/96 de la Ley 24.557' es 10%" de la total obrera. Al grado incapacitante anterior, le adiciona un 5% por tratarse de miembro hábil, alcanzando el 10,50% de la total obrera (10% x 0,05). En cuanto a los factores de ponderación, reconoce que presenta dificultad intermedia para la realización de las mismas tareas, que amerita recalificación y según la edad a la fecha del siniestro, totalizando: 13,20% de la total obrera.
Cuando describió la patología y la supuesta relación causal con la actividad laboral explicó: "Lo hallado en la actora corresponde a un cuadro neurológico periférico, es decir sensitivo y motor compatible con un entrampamiento del nervio cubital, un microtraumatismo o un conjunto de microtraumatismos que provoquen un aumento de presión en el compartimiento es una causa con alta probabilidad de determinar la secuela descrita" y, por eso, "existe una alta probabilidad de que sea consecuencia del accidente padecido".
La parte demandada impugnó el informe médico con su presentación electrónica del 21/02/2025. En lo principal, cuestionó que se hubiera detectado una "pérdida de fuerza" en la muñeca sosteniendo que no se realizaron pruebas objetivas que la sustenten y, por otro lado, que el grado incapacitante determinado es elevado con relación al baremo aplicable en autos. De igual modo, cuestionó los factores de ponderación considerados.
El perito replicó con su escrito del 10/03/2025 recordando que tuvo en cuenta, a los efectos de la confección de su informe, tanto el examen clínico como la historia clínica del actor y los estudios complementarios especialmente solicitados. Por lo demás, ratificó su informe dado que se encuentra debidamente fundado, a diferencia de la impugnación que se basó en cita que "carece de valor científico ya que no corresponde a la incapacidad de marras", es decir, ajena a la patología detectada por el experto.
Principia advertir que no aplica en autos el nuevo baremo del decreto 549/2025 por cuanto la detección y determinación de la incapacidad se realizó con la pericia médica cronológicamente anterior a la entrada en vigor de aquél, según dirime el artículo 3. Resulta de aplicación, entonces, el baremo del decreto 659/1996 y su modificación según decreto 49/2014.
No advierto motivos para apartarme de la patología física detectada por el perito médico ni del grado de incapacidad determinado por la patología síndrome de túnel cubital derecho (10%), en tanto se encuentra científicamente sustentada en los estudios complementarios y examen clínico realizado al actor y conforme al baremo aplicable en autos del decreto 659/1996, con las modificaciones del decreto 49/2014.
Por consiguiente, reconociéndose además el 5% de incapacidad por tratarse del miembro superior hábil derecho, tengo por cierto que Ledesma presenta un 10,50% de incapacidad, parcial, permanente y definitiva (10% x 0,05).
En cuanto a los factores de ponderación, tratándose de actividad eminentemente manual la desarrollada por el actor, tengo por acreditado que presente dificultad intermedia para realizar las mismas tareas (15%) y que amerita recalificación laboral (10%), como fuera indicado en la experticia médica.
Respecto del factor de ponderación por edad, siendo eminentemente objetivo que se fija conforme a la que tenía el trabajador a la fecha del evento dañoso, me apartaré del fijado en la pericia médica. Consta a fojas 4 del expediente SRT 303212/20 la copia del documento de identidad del actor que da cuenta que su natalicio sucedió el 23/08/1988 por lo que, a la fecha de la primera manifestación invalidante (19/10/2020) según denuncia presentada al siguiente día, tenía 32 años. Entre 31 y 65 años el factor de ponderación puede alcanzar al máximo del 2% en la edad más joven, según el baremo del decreto 659/1996, por lo que habrá una disminución porcentual del 0,06% por año a medida que sea mayor (65 años - 31 años: 34 años; entonces: 2 / 34: 0,06%). De tal forma, considero ajustado a derecho determinarlo a los 32 años en el 1,94% [2% - (0,06% x 1, diferencia entre 32 y 31 años)], lo que así tengo por acreditado.
En consecuencia, conforme a los puntos 2 y 4 del apartado respectivo establecido en el baremo del decreto 659/96, la suma de los factores de ponderación ascienden a 26,94%. Luego, los "porcentajes que surgieran de la aplicación de la tabla de evaluación de incapacidades laborales podrán ser incrementados en el porcentaje que surja de la aplicación de los factores de ponderación". Por ello, el "incremento del porcentaje de la tabla, implica que se debe multiplicar (1 + x%) el porcentaje de dicha tabla", resultando: (1 + 0,2694) x 10,50%: 13,33% de la total obrera.
Ahora bien, encontrándose acreditado que el actor tenía disminuida su capacidad laboral previo al siniestro de autos -conforme fuera advertido por la demandada al contestar la acción y lo que resulta del expediente SRT 303212/20- ya que había sufrido un accidente in itinere el 01/07/2015 (fojas 214), identificado con número de siniestro: 10000000201502653200 y fecha de notificación: 01/04/2016, que tramitó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia N° 47 Capital Federal, habiéndose alcanzado un acuerdo que fue homologado y que fijó un 4% de incapacidad laboral (fojas 221), corresponde aplicar el criterio de la capacidad restante.
A la fecha de la primera manifestación invalidante de la patología detectada en autos, Ledesma tenía disminuida su capacidad laboral al 96% (100% - 4%). Por lo tanto, debido a la patología investigada en este proceso el accionante presenta 12,80% (96% x 0,1333) de la total obrera de incapacidad, parcial, permanente y definitiva, lo que así tengo por comprobado.
Corresponde ahora determinar si la patología anterior resulta atribuible a la actividad laboral desarrollada por Ledesma para la empleadora asegurada por Swiss Medical ART S.A.
Llamativamente, la demandada se conformó con las conclusiones a las que arribó el perito médico consistentes en que la patología detectada tiene "una alta probabilidad" de estar relacionada causalmente con las tareas desplegadas por el actor, debido a los microtraumatismos a los que estuvo expuesto.
Los dos testigos describieron las tareas realizadas por Ledesma que son similares a las propias debido a que trabajan en el mismo sector laboral.
Chemisa dijo que la empleadora es una empresa autopartista y, en el específico sector en que trabaja junto al actor, producen llaves. Con un autoelevador se acercan tachos con barras de hierro en su interior para la producción de las llaves, con un peso aproximado de 1.200 kilogramos. Luego, entre varios obreros incluido el actor, aproximan los tachos a las máquinas herramienta para trabajar con las barras. Ledesma debe proveer las barras de hierro que se moldearán en un balancín para hacer la boca. Posteriormente, se la coloca en un horno y de allí a la dobladora donde se termina la llave. Preguntado por las medidas de las barras de hierro y su peso, realiza un ademán con sus manos para mostrar que tienen una longitud aproximada de medio metro, desconociendo su peso. No obstante, agrega que son 1.200 barras por tacho, con un peso aproximado de 1.200 kilogramos. Aclara que, tanto el actor como el deponente, deben trasladar esos tachos desde la posición en que los deja el autoelevador hasta el pie de cada máquina herramienta que trabajará las barras. Ese traslado se hace manualmente entre varios operarios y con la ayuda de un carro o zorra. Señala que cada operario debe producir 1.200 llaves por jornada laboral de nueve horas, entre las 06:00 y las 15:00 horas de lunes a viernes.
Ferrari convalidó el testimonio anterior. Trabaja junto al actor en el mismo sector laboral, donde se forjan llaves. Alude a los tachos que contienen las 1.200 barras de hierro que son alcanzados con un autoelevador; sin embargo, los últimos metros, deben transportarse manualmente con la ayuda de una zorra hasta colocarlo al lado de la máquina herramienta. El acarreo de los tachos cuyo peso aproximado es de 1.000 kilogramos, lo realizaban tanto el actor como el deponente. Luego, describe el proceso para la producción de la llave: se coloca el fierro en una máquina herramienta que le da forma a la cabeza, luego se pasa a un balancín donde se le da forma; se levanta la pieza y la colocan al horno que admite hasta cuatro llaves simultáneamente; finalmente, se la pasa por la dobladora que le da la forma final a la llave. Coincide que cada operario debe producir 1.200 llaves por jornada laboral, en turnos de ocho horas: 06:00 a 14:00 horas. Cada llave pesa aproximadamente entre 700 y 800 gramos. En la producción de la llave, cada operario debe realizar entre 6 y 7 movimientos con el brazo. Finalmente, afirma que, hace cuatro años atrás aproximadamente -remite al año 2022-, se alteró el procedimiento laboral y ahora, los tachos son colocados directamente al lado de las máquinas por el autoelevador. Esto ocurrió porque había muchos operarios que sufrían accidentes en la cintura o en los hombros.
Las tareas de esfuerzo físico descriptas, principalmente, durante el acarreo de tachos muy pesados, que solo pueden ser movidos entre varias personas y con la ayuda de un carro, fueron las oportunamente denunciadas a la aseguradora causantes de la patología detectada en la pericia médica. Dichas tareas de esfuerzo, el actor las realizó diariamente durante más de cinco años hasta que manifestó dolor e imposibilidad de continuar trabajando el 19/10/2020. Fueron estas tareas de esfuerzo físico las que el perito médico consideró que había "alta probabilidad" de estar relacionadas con la patología incapacitante, debido a que la humanidad del trabajador soportó recurrentes microtraumatismos lesivos.
Swiss Medical ART S.A. rechazó en su momento el carácter laboral de la patología considerándola inculpable debido a que la empleadora no había declarado el agente de riesgo que lo exponía laboralmente a accidentes o enfermedades profesionales, en concreto, el identificado con el número 80.004 que consiste en "posiciones forzadas o gestos repetitivos en el trabajo (extremidad superior)".
En planillas de relevamientos de agentes de riesgos que se encuentran incorporadas al expediente administrativo, la empleadora declaró que, en el sector de producción donde se realiza estampado de piezas con balancines y ensambladoras los estudios realizados concluyeron que el personal no estaba expuesto al mencionado agente de riesgo (fojas 39 y 55). Sin embargo, resulta sugestivo que en la planilla del primer relevamiento que está fechado el 25/07/2019 -cuando ya habían transcurrido más de cuatro años del vínculo del actor realizando tareas de esfuerzo- se aclara que la falta de exposición al agente 80.004 obedece a que "se realizaron mejoras" no detalladas ni individualizadas (fojas 35/39). Cabe concluir, siguiendo el razonamiento de la empleadora, que antes de esas mejoras sí estaban expuestos al agente de riesgo 80.004, como en el caso del actor durante más de cuatro años.
Mas allá de lo indicado, pareciera que para la empleadora las tareas realizadas por el personal del sector estaban limitadas a operar los balancines o las estampadoras, soslayando las otras tareas conexas. Estas otras tareas, justamente, conforme a lo testimoniado por Chemisa y Ferrari que declararon en la causa, requerían esfuerzo físico extraordinario para el traslado diario de tachos muy pesados por lo que quedaban expuestos al agente de riesgo 80.004. Por todo lo expuesto, juzgo que la patología física -síndrome de túnel cubital derecho- que lo incapacita a Ledesma en el 12,80% de la total obrera de manera parcial, permanente y definitiva es atribuible a la actividad laboral desplegada para la empleadora Flex-N-Gate Argentina S.R.L., asegurada por la demandada.
Para la determinación del ingreso base mensual, tomaré las remuneraciones informadas el 27/02/2022 por la entonces AFIP a estos autos entre noviembre 2019 y octubre 2020 ambas inclusive (art. 12.1 ley 24.557).
Las remuneraciones consideradas son las siguientes: noviembre 2019: $ 36.983,82; diciembre 2019: $ 86.684,00; enero 2020: $ 29.235,14; febrero 2020: $ 40.934,42; marzo 2020: $ 49.212,04; abril 2020: $ 35.394,48; mayo 2020: $ 41.300,58; junio 2020: $ 67.865,81; julio 2020: $ 46.358,68; agosto 2020: $ 68.007,10; septiembre 2020: $ 64.438,72; y octubre 2020: $ 52.050,31.
Encontrándose vigente a la fecha del hecho la modificación del art. 12.1 de la ley 24.557, según art. 11 de la ley 27.348, corresponde la actualización de las remuneraciones anteriores según el índice RIPTE del mes respectivo y el de octubre de 2020 (7.401,81), vigente a la fecha de la primera manifestación invalidante.
Los valores actualizados de las remuneraciones son los siguientes: noviembre 2019 (5.554,15): $ 49.286,97; diciembre 2019 (5.666,48): $ 113.230,52; enero 2020 (6.066,07): $ 35.672,68; febrero 2020 (6.445,13): $ 47.010,50; marzo 2020 (6.500,72): $ 56.033,51; abril 2020 (6.510,18): $ 40.242,08; mayo 2020 (6.521,87): $ 46.872,91; junio 2020 (6.670,93): $ 75.301,32; julio 2020 (6.908,52): $ 49.668,83; agosto 2020 (6.945,86): $ 72.471,32; septiembre 2020 (7.076,47): $ 67.401,28; y octubre 2020 (7.401,81): $ 52.050,31. Monto total para el período indicado: $ 705.242,23. De tal modo, el valor del ingreso base mensual al 19/10/2020, según art. 12.1 de la Ley 24.557, modificado por el art. 11 de la Ley 27.348, es igual a $ 58.770,18 .
Respecto a la edad del accionante a la fecha de la primera manifestación invalidante (19/10/2020), considerando la copia del documento agregado a fojas 4 del expediente SRT 303212/20 que indica que su natalicio fue el 23/08/1988, queda establecido que tenía 32 años .
3. El seguro en los términos de la ley 24.557 entre la empleadora y la demandada estaba vigente a la fecha de la primera manifestación invalidante de Ledesma el 19/10/2020 y, por lo tanto, quedó cubierto. Ergo, habiendo reconocido la aseguradora su responsabilidad conforme al seguro anterior enmarcado en el régimen reparatorio especial de la ley 24.557, la hacía responsable por la prestación dineraria reclamada con fundamento en el art. 14 inciso 2 apartado "a" de la mencionada ley, calculada conforme al ingreso base mensual por $ 58.770,18 , el 12,80% de incapacidad y sus 32 años a la fecha de la primera manifestación invalidante, según la siguiente fórmula: 53 x IBM ($ 58.770,18) x 12,80% de incapacidad parcial y permanente x 65 / 32 años: $ 809.853,08.
El monto anterior es superior a la compensación mínima dineraria del art. 3 decreto 1694/2009 y art. 17 bis ley 26.773, según artículo 16 ley 27.348, para el período comprendido entre el 01/09/2020 y el 28/02/2021 que era de $ 3.483.482, según resolución SRT 70/2020, por el grado de incapacidad (12,80%): $ 445.885,70. Por lo tanto, el monto indemnizatorio del actor correspondiente al art. 14.2.a ley 24.557 asciende, en principio, a $ 809.853,08.
Asimismo, procede la compensación adicional con fundamento en el art. 3 ley 26.773 vigente a la fecha de la primera manifestación invalidante por $ 161.970,62.
En concreto, la demanda prospera contra Swiss Medical ART S.A. por la suma de $ 971.823,70 al 19/10/2020 en concepto de capital.
Por disposición de lo dispuesto en el tercer párrafo del art. 2 ley 26.773, la accionada adeuda intereses compensatorios desde la primera manifestación invalidante: 19/10/2020.
Para la determinación de los intereses y por disposición del art. 12.2 ley 24.557, según art. 11 ley 27.348 vigente a la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la liquidación por determinación de la incapacidad laboral definitiva, el ingreso base devengaba un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina hasta la efectiva cancelación, que luego fue reemplazado por el art. 1 del DNU 669/2019 por el equivalente a la variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Se aclaró que tenía aplicación retroactiva por disposición del art. 3 del mentado decreto, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante.
En resumen, el DNU 669/2019 reemplazaba la tasa de interés aplicable para el mismo período por el equivalente a la variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). El suscripto aclaraba en innumerables pronunciamientos que, si bien la norma actualizaba mediante el RIPTE al ingreso base mensual y, con este valor luego se calculaba la fórmula polinómica cuyo resultado ya estaba actualizado, matemáticamente no había diferencia, si sobre el ingreso base mensual histórico se calculaba la prestación del art. 14.2.a ley 24.557 también histórica y a su resultado se lo actualizaba luego con el RIPTE.
Dejaba en claro que, según mi visión, no era aplicable el art. 3 de la resolución SSN 1039/2019, modificado luego por el art. 2 de la resolución SSN 332/2023. Se trataba de norma de rango inferior al art. 12 ley 24.557 y su reglamentación no puede alterar el espíritu de la norma legal, como lo hace. En efecto, la creación del índice RIPTE tuvo por finalidad mantener actualizadas las prestaciones dinerarias, es decir, que el monto indemnizatorio represente la misma cantidad de salarios de los trabajadores estables a la fecha histórica en que sucedió el hecho dañoso (fecha de inicio) que al momento de su liquidación (fecha final), lo que no ocurre si solo se suma en "forma simple" a las "variaciones" (porcentajes) entre los distintos períodos mensuales de los índices RIPTE comprendidos entre ambas fechas. La mera sumatoria de los porcentajes de incrementos entre los meses comprendidos en el período considerado, solo importaba un incremento lineal y sesgado sobre el ingreso base mensual histórico determinado a la fecha del hecho, cuando en realidad el porcentaje de aumento en cada mes no lo es sobre aquél, sino sobre el salario actualizado del mes previo comprendido dentro el período, importando a medida que el período considerado sea mayor, una progresiva mayor pérdida del poder adquisitivo del monto indemnizatorio al que el trabajador víctima del hecho lesivo era acreedor, contraviniéndose lo establecido en el artículo 9 LCT. En concreto, el porcentaje de aumento debía siempre relacionarse con el importe inicial para que proporcione el real incremento sucedido desde entonces, no sobre uno de los meses intermedios del período porque, en este caso, solo estaría indicando el incremento sobre este último mes y no sobre la fecha de inicio. De ahí que -entendía- solo debía utilizarse para su cálculo a los índices RIPTE de los meses correspondientes a las fechas de inicio y final (según el art. 1 de la resolución MTESS N° 467/21 que aplica el "RIPTE - Indice No Decreciente" por ser de "uso específico para el Sistema de Riesgos del Trabajo") lo que aseguraba que el coeficiente de incremento real entre ambas fechas fuera el matemáticamente correcto para que represente la misma cantidad de salarios estables al final del período.
Sin embargo, en la causa L 129.800 "Muzychuk, Claudio Rubén c/ La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente de Trabajo - Acción Especial" se declaró la inconstitucionalidad del DNU 669/2019. Si bien no abarcó el recurso la consideración que se lo hubiera hecho de oficio en la anterior instancia llegando firme a decisión del Superior en este aspecto y, bajo esas circunstancias particulares, el suscripto sostenía que era necesario el previo cuestionamiento en la primera oportunidad procesal por la parte que compruebe agravio para que sea de aplicación la doctrina legal conforme artículo 82 ley 15.057, el posterior fallo L. 128.977 "Chocobar, Sandra Elizabet c/ Ministerio de Seguridad. Policía de la Pcia. de Bs. As. s/ Accidente de trabajo", sentencia de la SCBA del 13/03/2026, admite -por mayoría- que pueda plantearse en cualquier momento, aunque no fuera la primera oportunidad dejándose entrever de los votos que hicieron la mayoría que, incluso, correspondería su declaración de oficio, motivo suficiente para que postule la declaración de la inconstitucionalidad del DNU 669/19 siguiendo la doctrina legal citada.
Por lo tanto, atento a la referida doctrina legal y en orden a lo establecido en el art. 82 ley 15.057 en cuanto establece su obligatoriedad para los tribunales inferiores, propongo la declaración de inconstitucionalidad del DNU 669/2019 en tanto modificó al artículo 12.2 ley 24.557. Por consiguiente, resultará de aplicación su anterior redacción conforme al artículo 11 ley 27.348 y que, en concreto, determina "un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina" hasta la liquidación.
No es de aplicación lo dispuesto en el art. 55 ni la novedosa modalidad de pago establecida en el art. 56, ambos de ley 27.802. Las normas no abarcan a los reclamos por las prestaciones dinerarias causadas por accidentes o enfermedades laborales provocadas por el hecho o en ocasión de la actividad laboral. Ambos artículos están inmersos en el Capítulo X "Disposiciones complementarias" que integra el Título I "Modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo" de la ley 27.802. Es decir, comprende solo a los procesos judiciales que tienen por objeto la pretensión de créditos nacidos por incumplimientos de obligaciones durante la vigencia del vínculo o como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo. Ergo, quedan excluidas las acciones cuyo objeto consiste en la reparación tarifada por accidentes laborales o enfermedades profesionales de las leyes 24.557, 26.773 y 27.348 que tienen establecido de manera especial su propia tasa de interés legal, según lo determinado en el art. 12 de la normativa mencionada en primer término (arts. 767 y 768 inc. b CCyCN), sin que el legislador de la ley 27.802 pretendiera modificarla.
Matemáticamente, no difieren los intereses si solo se los calcula sobre uno de los términos de la fórmula aplicable (ingreso base mensual) porque importa el crecimiento proporcional de la prestación dineraria resultante de la fórmula polinómica regulada en la ley 24.557 y luego se le agrega el 20% de la compensación adicional art. 3 ley 26.773 que, si se calcula la fórmula polinómica con todos sus términos a valores históricos a la fecha de la primera manifestación invalidante incluido el ingreso base mensual y agregado el adicional art. 3 ley 26.773, y con su resultado, se determinan los intereses.
Por lo expuesto, propongo la declaración de inconstitucionalidad del DNU 669/2019 y, con ello, el monto de capital por $ 971.823,70 , desde el 19/10/2020 llevará intereses, en principio, al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina y que ascienden a $ 3.513.829,43, totalizando el monto de condena a la fecha de este pronunciamiento la suma de $ 4.485.653,13 (pesos cuatro millones cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta y tres con 13/100) , todo ello conforme a la aplicación de lo dispuesto en el art. 12.2 ley 24.557, según art. 11 ley 27.348.
5. Ahora bien, la parte actora solicitó en el petitorio la actualización del monto de condena, además de los intereses. Es decir, pretende la actualización monetaria del crédito habilitando al sentenciante a su tratamiento -aunque aplique el principio iura novit curia- sin mella del derecho de defensa en juicio de la accionada ni de la consecuente congruencia procesal en tanto integra desde el mismo inicio la pretensión objeto de autos. La solución propuesta es un modo de mantener actualizado el crédito, acorde y razonable -a mi entender- con el especial sistema reparatorio.
Si bien es cierto que en el sistema de responsabilidad sistémico según ley 24.557 sus normas complementarias y reglamentarias no aplica la doctrina judicial de la SCBA del fallo C. 124.096, "Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra s/ Daños y perjuicios" que permitiría actualizar monetariamente el crédito a valores actuales, tal como ya lo dijo el Superior en los fallos Rl 132531 "Díaz Leuzzi María Camila c/ Omint Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente de Trabajo - Acción Especial", sentencia del 12/05/2025, y L. 132.729 "Galarza Daniel Alejandro c/ Prevención ART S.A. s/ Accidente in itinere", sentencia del 30/03/2026, no es menos cierto que el legislador estableció un procedimiento administrativo célere con el fin de evitar que el envilecimiento de la moneda no provoque la licuación del crédito al que tuviere derecho el trabajador lesionado y que percibiera las prestaciones dinerarias debidas en el más corto tiempo posible. A la par, estableció la actualización de las remuneraciones consideradas en el año previo a la fecha de la primera manifestación invalidante para el cálculo del ingreso base mensual y, luego, mantenerlo actualizado hasta la fecha de la liquidación con la aplicación de la tasa activa del Banco Nación Argentina.
Sin embargo, en el caso de autos, habiéndose judicializado el reclamo y transcurrido más tiempo del previsto por el legislador para un procedimiento administrativo, las prestaciones dinerarias resultantes actualizadas con la tasa activa del Banco Nación Argentina a la fecha según reporta el art. 12.2 ley 24.557, importa evidente perjuicio al trabajador por la pérdida notable del poder de compra de la moneda y, consecuentemente, un enriquecimiento sin causa a favor de la aseguradora que resultaría beneficiada por el mero paso del tiempo.
En estas circunstancias, tengo para mí que -aun en el régimen sistémico- lejos pretendió el legislador que suceda ese efecto no deseado. Por el contrario -como dije- la realización de un rápido procedimiento administrativo, la consecuente puesta a disposición del trabajador víctima de las prestaciones dinerarias resultantes en el corto tiempo de quince días estipulado en el art. 4 ley 26.773 que debiera realizar la aseguradora, más los mecanismos de actualización utilizados que, a esta altura huelga decirlo, fueron insuficientes frente a los altos índices inflacionarios y mucho más frente al transcurso de largo tiempo entre la primera manifestación invalidante y la liquidación, denota que el legislador quiso mantener incólume el valor de las prestaciones dinerarias del régimen sistémico, pero sin éxito.
Por lo expuesto, a fin de actualizar el crédito respetando los mismos parámetros establecidos por el legislador en el marco del régimen sistémico, sin que implique extralimitarse del elegido distinto al sistema de responsabilidad integral y que persigue la reparación de todos los daños padecidos, habré de hacerlo conforme a los mismos indicadores cuantitativamente objetivos que marcan el límite mínimo infranqueable, por debajo del cual la prestación dineraria debida según art. 14.2.a ley 24.557 resulta insuficiente. Ese límite mínimo viene impuesto por el art. 3 decreto 1694/2009 y art. 17 bis ley 26.773, según artículo 16 ley 27.348 que fuera originariamente previsto a la fecha histórica de la primera manifestación invalidante y que consiste en un parámetro más establecido por el legislador para que el crédito mínimo se mantenga debidamente actualizado.
Por lo tanto, considerando las particulares circunstancias de la causa, el exiguo importe resultante a la fecha de la condena por las prestaciones dinerarias que prosperan por $ 4.485.653,13 comparado con el piso mínimo indemnizatorio a la fecha de este pronunciamiento, según resolución SRT 39/2026 para el período comprendido entre el 01/09/2026 y el 28/02/2027 ($ 114.354.110) por el grado de incapacidad constatado en autos y que asciende a $ 14.637.326 ($ 114.354.110 x 0,1280) , lo que importa que aquella representa un porcentaje muy menor o, dicho de otro modo, una abultada y arbitraria merma del capital, tengo para mí que deviene inconstitucional el art. 17 bis ley 26.773, incorporado por el art. 16 ley 27.348, en cuanto prevé especialmente que, entre otros, los importes mínimos del decreto 1694/09 solo se actualizarán "hasta la fecha de la primera manifestación invalidante de la contingencia".
Por consiguiente, atendiendo al pedido de actualización monetaria solicitado por la parte actora y que quedó en evidencia la pérdida económica que implicaría la aplicación lisa y llana del art. 12.2 ley 24.557 que importaría que la prestación dineraria del art. 14.2.a ley 24.557 sea muy inferior al piso mínimo actual cuando a la fecha de la primera manifestación invalidante era superior, el piso mínimo aplicable en autos será el presente según resolución SRT 39/2026 para el período comprendido entre el 01/09/2026 y el 28/02/2027 por el grado de incapacidad. Prospera entonces la prestación dineraria del art. 14.2.a ley 24.557 por $ 14.637.326 que, sumado al rubro del art. 3 ley 26.773 por $ 2.927.465 , totaliza: $ 17.564.791 , monto actualizado con intereses devengados desde ocurrido el evento dañoso hasta la fecha de este pronunciamiento, en tanto el piso mínimo es superior a la fórmula polinómica del art. 14.2.a ley 24.557 calculada con el ingreso base mensual con intereses a la fecha, según art. 12.2 ley 24.557 más la proporcional indemnización adicional del art. 3 ley 26.773.
Ello así porque, en caso contrario, habría una drástica afectación al derecho de propiedad de raigambre constitucional que resultaría confiscatorio del crédito de la parte actora, sujeto de preferente tutela (artículos 17 y 14 bis Constitución Nacional) conforme a la drástica reducción del monto actualizado, pese a calcularse siguiendo los parámetros establecidos en el sistema reparatorio especial de la ley 24.557, sus normas complementarias y reglamentarias. Por lo que, utilizando los mismos parámetros previstos por el legislador para indemnizarlo de manera razonable y conforme a la especial situación de la causa, están decididamente desvirtuados los valores nominales si no aplica el piso mínimo actual, lo que amerita la inconstitucionalidad propuesta y viable la prestación mínima a la fecha de esta sentencia.
Por consiguiente, propongo la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 bis ley 26.773, incorporado por el art. 16 ley 27.348, en cuanto prevé especialmente que, entre otros, los importes mínimos del decreto 1694/09 solo se actualizarán "hasta la fecha de la primera manifestación invalidante de la contingencia" y el monto de condena será de $ 17.564.791 (pesos diecisiete millones quinientos sesenta y cuatro mil setecientos noventa y uno), actualizado y con intereses devengados desde ocurrido el evento dañoso hasta la fecha de este pronunciamiento, siempre que se abone en el término fijado para el cumplimiento de la sentencia firme, haciéndose saber que en caso de no estarlo correrán intereses desde la liquidación por Secretaría al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina hasta el pago de nueva liquidación firme dentro del plazo fijado para el cumplimiento de la sentencia o efectivo pago.
Asimismo, la declaración de inconstitucionalidad del DNU 669/2019 afecta también a la redacción del art. 12.3 ley 24.557 que había modificado, debiendo estarse a la anterior establecida por el art. 11 ley 27.348 y, por eso, para el caso de falta de pago del monto de condena establecido a la fecha de este pronunciamiento en el término fijado para el cumplimiento de la sentencia firme, será de aplicación lo establecido en el inciso c) del art. 770 CCyCN "acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa de la cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación".
Conforme a la forma en que se resuelve se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la accionada en tanto, por una parte, Ledesma cumplió con el procedimiento administrativo previo y, además, se acreditó especialmente que la patología detectada reviste el carácter de enfermedad profesional y devienen abstractos los cuestionamientos constitucionales hecho por la parte actora a las leyes 24.557 y 26.773.
Atento al resultado del pleito, propongo que las costas sean impuestas a la demandada que ha resultado sustancialmente vencida (art. 24 ley 15.057).
Efectuando una valoración conforme a las reglas de la sana crítica (artículo 57 inciso 5 ley 15.057) así voto a esta primera cuestión.
A LA PRIMERA CUESTION, el señor juez Dr. NICOLAS EDUARDO APARISI dijo:
Adhiero a lo que se pregona en los fundamentos que pregona el colega que habilitó las puertas del Acuerdo, del cual únicamente me correré en cuanto al mecanismo actualizatorio acometido, con el cual he comulgado en plurales fallos de este colegiado (valga citar la reciente, inserta en el Expte. N° 49978, fechada en 15/10/20026); no obstante, entiendo que confluyen aquí las razones que conformaron el prólogo de mi opinión inaugural en autos N° 48623 (26/8/2026) y con ello, el capital será reajustado del modo que sigue.
Coincido con que corresponde dar asilo al pedimento incrementativo (por actualización, por evitar que sea pulverizado, al decir del Dr. Soria) cuando la merma en la salud psicofísica de la actora se ve resarcida con una suma sistémica que orilla la ofensa -el término es propio, en el caso, $4.486.339,82 con un IBM de $ 271.307,44 actualizado por ripte a la fecha más la tasa activa del BNA- en comparación con el daño habido, considerando asimismo la obligación del sistema de repararlo adecuadamente (De La Fuente, Horacio: "Orden Público", Astrea, 2003, pág. 90) como también aquélla otra de evitar el enriquecimiento sin causa (en el caso, de la aseguradora, que se vería beneficiada con una espiral inflacionaria acumulada y la congrua licuación del crédito del siniestrado, el cual se ve nítidamente difuminado (sobre todo, con la situación económica acontecida entre los años 2019/2024) y la necesidad de que el ordenamiento jurídico, en el caso, el servicio de justicia, tienda a hacer palpable la tutela judicial efectiva consagrada en los textos constitucionales de la Nación y de la provincia, así como en los tratados internacionales que forman parte del orden jurídico interno (la denominada constitucionalización del derecho privado; Arese, César: "Código Civil y Comercial y Derecho del Trabajo", Rubinzal Culzoni, 2017, pág. 172).
No se me escapa que declarar inconstitucional una norma, aun cuando los Tribunales Superiores del país hayan convalidado hacerlo de oficio, es una delicada función del tribunal de justicia, se trata de un acto que debe ser utilizado como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (CSJN, Fallos: 321:441; 327:831 y 328:4542, entre muchos otros; SCBA P 135300, 13/07/2022 de varios de su registro). Tampoco dudo, en el caso, en declarar la postulada inconstitucionalidad, en procura de justa reparación y resarcimiento que merece, de parte de la jurisdicción y del sistema específico, la actora siniestrada. La cuestión se anida en la validez constitucional del art.12 de la LRT, en lo concreto, el inconveniente o perjuicio deviene del inc. 2 que actualiza desde la fecha de manifestación invalidante hasta que la prestación deba ser pagada, en su redacción original con tasa promedio activa nominal anual vencida 30 días, motivo de modificación por el decreto 669/19 -como declaró la SCBA, L. 129800, 14/7/2025).
Dicho lo cual, el método aplicable, siguiendo el lineamiento trazado por este magistrado -en lo más reciente- en los ya mentados autos N° 48623 (26/8/2026, en la cual se me asignó sufragar en forma inicial- es el índice ripte -no la tasa de variación- al IBM promedio ($61.472,13 actualizado por ripte a la fecha) se arriba a lo siguiente: índice PMI 7.401,81 ; último publicado: 231.147,13 -dividido éste por aquél- arroja 31,22 , multiplicado por el valor del IBM, da como resultado $ 1.919.159,89 ; aplicado a la fórmula resarcitoria sistémica (53 x 12,8% x 65/32 x $1.919.159,89) arribamos a la suma de $26.446.013,63 , agregándole el 20% ley 26773, arroja $31.735.216,36 -treinta y un millones setecientos treinta y cinco mil docientos dieciséis pesos con treinta y seis centavos -; esta suma resulta, a mi entender, próxima a un justo resarcimiento de la afección que posee la actora (arts. 3 y 726, CCyC; art. 57, ley 15057).
De tal forma, se impone decretar en el caso concreto de autos la inconstitucionalidad -del inciso 2- del artículo 11 de la ley 27.348; acerca de los réditos, mi sufragio es adhesivo a lo que propueso el primer opinante.
Así emito sufragio.
A la PRIMERA CUESTION , la Dra. LILIANA DEL CARMEN LOPEZ dijo:
Por compartir los fundamentos y citas legales adhiero al voto del Dr. Toyos.
ASI LO VOTO
A la SEGUNDA CUESTION , el señor Juez Dr. OSCAR ADOLFO TOYOS dijo:
En mérito al resultado de la votación -por mayoría- de la cuestión anterior, propongo:
I. HACER LUGAR a la demanda interpuesta por ELDO BRIAN LEDESMA contra SWISS MEDICAL ART S.A. y condenar a esta última al pago dentro de los diez días de quedar firme este pronunciamiento (art. 60 ley 15.057) de $ 17.564.791 (pesos diecisiete millones quinientos sesenta y cuatro mil setecientos noventa y uno), actualizado y con intereses devengados desde ocurrido el evento dañoso hasta la fecha de este pronunciamiento en concepto de prestaciones dinerarias del artículo 14.2.a de la ley 24.557 y art. 3 ley 26.773, declarándose la inconstitucionalidad del DNU 669/2019 y del art. 17 bis ley 26.773, según art. 16 ley 27.348, rechazándose lo demás pretendido en la demanda, la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada y considerándose abstractos los cuestionamientos constitucionales efectuados por la parte actora a las leyes 24.557 y 26.773. El monto de condena a la fecha de este pronunciamiento es el determinado anteriormente siempre que se abone en el término fijado para el cumplimiento de la sentencia firme, haciéndose saber que en caso de no estarlo correrán intereses desde la liquidación por Secretaría al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina hasta el pago de nueva liquidación firme dentro del plazo fijado para el cumplimiento de la sentencia o efectivo pago (art. 12.2 ley 24.557, según art. 11 ley 27.348). Asimismo, se hace saber que en caso de encontrarse firme la sentencia y de falta de pago en el término fijado para su cumplimiento se producirá la capitalización de los intereses según inciso c) del art. 770 CCyCN y artículo 12.3 ley 24.557, según artículo 11 ley 27.348, aplicándose desde entonces intereses a la misma tasa que la indicada antes hasta el efectivo pago.
II. IMPONER las costas a SWISS MEDICAL ART S.A. que ha resultado sustancialmente vencida (art. 24 ley 15.057).
III. DIFERIR la regulación de honorarios hasta que exista base regulatoria (art. 51 ley 14.967) y la aplicación solicitada por la demandada de lo establecido en la ley 24.432.
Efectuando una valoración conforme a las reglas de la sana crítica (artículo 57 inciso 5 ley 15.057) así voto a esta segunda cuestión.
A la misma cuestión, los señores jueces Dr. NICOLAS EDUARDO APARISI y Dra. LILIANA DEL CARMEN LOPEZ votan por los mismos fundamentos y citas legales en igual sentido.
Por ello,
EL TRIBUNAL DE TRABAJO N° 1 DE MERCEDES,
por mayoría, RESUELVE:
I. HACER LUGAR a la demanda interpuesta por ELDO BRIAN LEDESMA contra SWISS MEDICAL ART S.A. y condenar a esta última al pago dentro de los diez días de quedar firme este pronunciamiento (art. 60 ley 15.057) de $ 17.564.791 (pesos diecisiete millones quinientos sesenta y cuatro mil setecientos noventa y uno), actualizado y con intereses devengados desde ocurrido el evento dañoso hasta la fecha de este pronunciamiento en concepto de prestaciones dinerarias del artículo 14.2.a de la ley 24.557 y art. 3 ley 26.773, declarándose la inconstitucionalidad del DNU 669/2019 y del art. 17 bis ley 26.773, según art. 16 ley 27.348, rechazándose lo demás pretendido en la demanda, la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada y considerándose abstractos los cuestionamientos constitucionales efectuados por la parte actora a las leyes 24.557 y 26.773. El monto de condena a la fecha de este pronunciamiento es el determinado anteriormente siempre que se abone en el término fijado para el cumplimiento de la sentencia firme, haciéndose saber que en caso de no estarlo correrán intereses desde la liquidación por Secretaría al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina hasta el pago de nueva liquidación firme dentro del plazo fijado para el cumplimiento de la sentencia o efectivo pago (art. 12.2 ley 24.557, según art. 11 ley 27.348). Asimismo, se hace saber que en caso de encontrarse firme la sentencia y de falta de pago en el término fijado para su cumplimiento se producirá la capitalización de los intereses según inciso c) del art. 770 CCyCN y artículo 12.3 ley 24.557, según artículo 11 ley 27.348, aplicándose desde entonces intereses a la misma tasa que la indicada antes hasta el efectivo pago.
II. IMPONER las costas a SWISS MEDICAL ART S.A. que ha resultado sustancialmente vencida (art. 24 ley 15.057).
III. DIFERIR la regulación de honorarios hasta que exista base regulatoria (art. 51 ley 14.967) y la aplicación solicitada por la demandada de lo establecido en la ley 24.432.
Regístrese, practíquese liquidación por Secretaría, notifíquese, cúmplase y, oportunamente, archívese.
Firmas
Funcionario firmante: TOYOS Oscar Adolfo - JUEZ
Funcionario firmante: LOPEZ Liliana Del Carmen - JUEZ
Funcionario firmante: APARISI Nicolas Eduardo - JUEZ
Funcionario firmante: FUSETTI Evelina - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 223-2026
Fin de la sentencia