Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la oposición formulada por la parte demandada a foja 115 (apartado 6.2), limitándose a ocho (8) el número de testigos propuestos por la parte actora, debiéndose proceder a su citación en el orden formulado por esta última a foja 275 vta.-
2No hacer lugar a la oposición formulada por la parte deman- dada a foja 115 (apartados 6.3 y 6.4) respecto a la prueba documental requerida por la actora y que se encuentra en su poder y a la pericial contable.-
3Tener presente, para su oportunidad, lo previsto en los párrafos finales del Considerando IV y V.-
4Ordenar a la parte actora para que dentro del término de diez (10) días de notificada la presente resolución, solicite, mediante oficio dirigido al Banco Santa Cruz S.A., la apertura de una cuenta judicial para estos autos y efectúe el depósito previo establecido en los artículos 1º y 11º de la Ley Nº 3276, bajo apercibimiento de tener por desistida la pericial ofrecida (art. 12º de la ley citada).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N° L-776/17-TSJ Sentencia N°: 1055 Actor: LEDESMA NELSON ARIEL Demandado: COLEGIO PROFESIONAL DE PSICÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 21/03/19 Texto:
TOMO XVII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1055 FOLIO Nº 3317/3319 PROT. ELECT. TSS1 001 C.191
Río Gallegos, 21 de marzo de 2019.-
Los presentes autos caratulados: “LEDESMA NELSON ARIEL C/ COLEGIO PROFESIONAL DE PSICÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRA- TIVA”, Expte. N° L-776/17-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de resolver la oposición a las pruebas formuladas por la parte demandada, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. María Carolina Sotomayor (cfr. foja 115, apartados 6.2, 6.3 y 6.4).-
II. El tenor de su oposición es susceptible del siguiente compendio:
a. Solicita que se limite el número de testigos ofrecidos por el actor.-
b. En cuanto a la prueba documental que se encontraría en su poder y que fuera ofrecida por el accionante, aduce que la entrega de los libros de in- greso, egreso y todos los demás que debe tener en su carácter de asociación civil no resultan conducentes en el presente proceso.-
c. En lo relativo a la prueba pericial contable requerida por el actor, arguye que no posee relación con lo debatido en los presentes autos.-
III. De la oposición articulada se corrió el pertinente traslado (cfr. foja 273), el que fue contestado por la parte actora a fs. 274/276.-
Allí afirmó, en lo sustancial, que: “…los testimonios redundarán en beneficio de la ‘verdad material’ que debe ser el fin último de cada proceso ju- dicial.” (cfr. foja 274).-
Además expuso que: “Respecto a los libros y pericial contable, consideramos que la prueba es idónea pues una de las cuestiones que ameritaron soli- citar la nulidad de lo resuelto por la Asamblea fue la cantidad de asociados presentes y que hayan pagado su cuota…Con los libros del Colegio, pretendemos demostrar la insuficiencia de cantidad de concurrentes como para dictar una resolución. También es importante esta prueba ya que para poder participar en la Asamblea, las cuotas de los colegiados debían estar abonadas a la fecha de celebración de la misma. Por ello también es necesaria la Prueba Pericial Contable…” (cfr. foja 274 vta.).- Subsidiariamente modifica el orden de los testigos para el caso de que se acoja favorablemente la solicitud de la contraria (cfr. foja 275 vta.).-
A foja 277 pasan los autos al Acuerdo.-
IV. En su libelo de inicio, el demandante ofrece prueba testimonial, presentando una lista de dieciséis (16) deponentes. Justifica este número de testigos a raíz de la gravedad de las sanciones aplicadas y la necesidad de ilustrar so- bre las nulidades alegadas. Además, califica como indispensable la escucha de algu- nos de sus pacientes (cfr. fs. 71/72).- A su turno, la demandada sustenta su oposición con apoyo en lo dispuesto por el artículo 184 del CPC y C.-
El artículo 107 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley N° 2600 -emplazado en el Título X “Impugnación de Resoluciones de Colegios o Consejos Profesionales”- prevé que las pretensiones que tengan por objeto la impugnación de los actos administrativos definitivos de los Colegios o Con- sejos Profesionales, a cuyo cargo estuviere el gobierno de la matrícula o registro de profesionales, tramitará por el proceso instituido en el presente capítulo sin perjuicio de la aplicación supletoria de las restantes normas de dicha ley.- No obstante, el mencionado título no contiene una disposición específica que regule lo atinente a los medios de prueba dentro de este tipo de contro- versias, por lo que -a tenor de lo previsto en el precepto legal citado- resultan de apli- cación las reglas determinadas en el Título VII.
Dentro de esta parcela de la ley se instituye al ordenamiento adjetivo civil y comercial como cuerpo normativo de apli- cación supletoria.- Así, el artículo 45 dispone que: “Son de aplicación a las causas contencioso-administrativas en cuanto no se opusieren a la presente Ley, las normas sobre juicio ordinario establecidas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial.” y el artículo 71 prevé que: “Siempre que se hubiesen alegado hechos conducentes acerca de los cuales no mediara conformidad entre las partes, procederá la apertura y producción de prueba por un plazo que no excederá de cuarenta (40) días, aplicándose al respecto y en tanto resultare compatible las disposiciones del Código Procesal en lo Civil y Comercial en lo pertinente al juicio ordinario.”.- Ambos artículos pueden catalogarse como “normas de reenvío”, entendiendo por tales aquellas que no disciplinan directamente un supuesto de hecho, sino que indican a los órganos de aplicación (los jueces) en que otra fuente o disposi- ción buscar la regulación del supuesto de hecho en cuestión (cfr.
Ricardo Guastini, “La sintaxis del derecho”, trad. de Nuñez Vaquero, Álvaro, Marcial Pons, Madrid, 2016, Pág. 58).- A raíz de esta remisión normativa, la solución a la presente cuestión debe dirimirse a la luz de las reglas que regulan el juicio ordinario. Por ende, debe desecharse la pretendida aplicación del artículo 184 del CPC y C -tal como lo postula la accionada- puesto que se circunscribe a fijar el número de testigos factible en el ámbito de los incidentes.- Entonces la piedra angular sobre la cual debe dilucidarse el a- sunto debe asentarse en lo dispuesto por el artículo 408 del CPC y C, cuyo texto se- ñala que: “Los testigos no podrán exceder de ocho por cada parte. Si se hubiere pro- puesto mayor número se citará a los ocho primeros, y luego de examinarlos, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá disponer la recepción de otros testimonios entre los propuestos, si fueren estrictamente necesarios y, en su caso, ejercer la facultad que otorga el art. 430.”.- La norma instituye un razonable equilibrio entre el principio de economía procesal, por un lado, cuya vigencia podría resultar desvirtuada si no exis- tiese restricción alguna al número de testigos, y el derecho de defensa, por el otro la- do, contra el cual conspiraría una norma rígida frente a la hipótesis de hechos nume- rosos o complejos (cfr.
Lino Enrique Palacio, “Derecho Procesal Civil”, 4ª ed., Bue- nos Aires, Abeledo Perrot, 2011, Tomo IV, pág. 461). Es que la limitación rige cual- quiera sea la cantidad de hechos a probar; pero si éstos son numerosos, el juez podrá ejercer la facultad de aumentar el número de testigos admisibles (cfr. Fraga, Andres G., en Highton, Elena I. - Areán, Beatriz A. [Directoras], “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, 1ª ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2007, Tomo 8, pág. 211).- De acuerdo a este sistema, todos los testigos de quienes la parte intente valerse deben ser ofrecidos en la oportunidad que corresponde a este tipo de prueba, sin importar el máximo establecido por la ley, aunque privilegiando dentro de los ocho primeros a aquellos más importantes para el fin de la pretensión (cfr.
Enri- que M. Falcón, “Tratado de la Prueba”, 2ª ed., Buenos Aires, Astrea, 2009, Tomo 2, pág. 624).- Por su parte, Hutchinson -en referencia al ordenamiento procesal fueguino- afirma que si se hubiera propuesto un numero mayor, el proponente tie- ne derecho a que se cite a los primeros cinco de la lista; en cuanto al resto, es facul- tad discrecional del juez (cfr. Tomás Hutchinson, “Derecho Procesal Administrativo”, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2009, Tomo III, pág. 88).- Bajo este orden de ideas, corresponde limitar a ocho (8) el número de testigos propuestos por la actora, debiéndose proceder a su citación en el or- den formulado por el accionante a foja 275 vta. De este modo, se arriba a un adecua- do equilibrio entre el principio de economía procesal -impidiendo demoras procesales en la faz probatoria- y el derecho de defensa.- Sin perjuicio de ello, conviene puntualizar que, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 77 del CPCA, Ley N° 2600 y los artículos 408 y 430 del CPC y C, por remisión del artículo 71 del CPCA, Ley Nº 2600, una vez que hayan declarado los ocho testigos propuestos, corresponde a este órgano jurisdiccional deci- dir si admite la ampliación, atendiendo al grado de credibilidad de las declaraciones de aquéllos o la atendibilidad de las razones expuestas por la parte interesada (cfr.
Fraga, Andres G., en Highton, Elena I. - Areán, Beatriz A. [Directoras], ob. cit., To- mo 8, pág. 212; Lino Enrique Palacio, ob. cit., Tomo IV, pág. 461) en la oportunidad de deducir su demanda (cfr. arts. 48, inc. g y 108, inc. a del CPCA, Ley N° 2600). Es- to significa que por fuera de los testigos a examinarse, este Alto Cuerpo tiene la fa- cultad de elegir otros, entre los nombrados y no examinados, que puedan ser útiles para la solución de la causa y esclarecer la verdad de los hechos controvertidos (cfr. Enrique M. Falcón, opus cit., pág. 624).-
V. En cuanto a las restantes oposiciones (prueba documental en poder de la demandada y pericial contable) cabe rememorar que es criterio de este Alto Cuerpo que el régimen de la prueba aplicable a este tipo de procesos -donde este Tribunal Superior se erige como primera y única instancia- no sufra restricciones y se estructure sobre la base del principio de amplitud probatoria con el objeto de lograr el esclarecimiento de los hechos para arribar a la verdad real que originó el acto admi- nistrativo (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1030, Folio 3206/ 3207, entre otros). Es por ello que las oposiciones a pruebas, en principio, no pueden prosperar, a menos que surja palmaria su improcedencia.- No se debe olvidar que la función primordial que compete al Juez es brindar la solución justa a un caso concreto, siendo la búsqueda de la verdad real el norte que guía al Juzgador en su tarea (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVI, Reg. 994, Folio 3042/3043), de manera tal que en esta oportunidad inicial se de- be ser cauto en cuanto a la limitación de los medios que permitan arribar a ese fin.- Asimismo, y en virtud de la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial (prevista en el art. 71 del CPCA, Ley Nº 2600), podrá a- plicarse en relación a la prueba pericial, a favor de la parte que se opuso, la previsión contenida en el artículo 456 del CPC y C.-
VI. Que, de las consideraciones expuestas, se concluye que corresponde hacer lugar -en los términos expuestos- a la oposición formulada por la de- mandada a foja 115 (apartado 6.2) respecto al número de testigos ofrecidos por el ac- tor, limitándose a ocho (8), debiéndose proceder a su citación en el orden formulado por este último a foja 275 vta. Asimismo corresponde rechazar la oposición realizada a foja 115 (apartados 6.3 y 6.4) en relación a la prueba documental en poder de la ac- cionada y la pericial contable; y tener presente, para su oportunidad, lo previsto en los párrafos finales del Considerando IV y V.- Por último, corresponde ordenar a la parte actora para que dentro del término de diez (10) días de notificada la presente resolución, solicite, me- diante oficio dirigido al Banco Santa Cruz S.A., la apertura de una cuenta judicial pa- ra estos autos y efectúe el depósito previo establecido en los artículos 1º y 11º de la Ley Nº 3276, bajo apercibimiento de tenerle por desistida la pericial ofrecida (art. 12º de la ley citada).- Las costas se imponen por su orden de conformidad con lo prescripto por el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600.-
Por todo lo expuesto, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la oposición formulada por la parte demandada a foja 115 (apartado 6.2), limitándose a ocho (8) el número de testigos propuestos por la parte actora, debiéndose proceder a su citación en el orden formulado por esta última a foja 275 vta.-
2. No hacer lugar a la oposición formulada por la parte deman- dada a foja 115 (apartados 6.3 y 6.4) respecto a la prueba documental requerida por la actora y que se encuentra en su poder y a la pericial contable.-
3. Tener presente, para su oportunidad, lo previsto en los párrafos finales del Considerando IV y V.-
4. Ordenar a la parte actora para que dentro del término de diez (10) días de notificada la presente resolución, solicite, mediante oficio dirigido al Banco Santa Cruz S.A., la apertura de una cuenta judicial para estos autos y efectúe el depósito previo establecido en los artículos 1º y 11º de la Ley Nº 3276, bajo apercibimiento de tener por desistida la pericial ofrecida (art. 12º de la ley citada).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1001C.191 Tomo: XVII Sentencia: 1055 Folio Nº: 3317/3319 Secretaría: 1
Fin de la sentencia