Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa L-776/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la medida cautelar peticionada, solicitada por el actor a fs. 54/72 vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: L-776/17-TSJ Sentencia N°: 1048 Actor: LEDESMA NELSON ARIEL Demandado: COLEGIO PROFESIONAL DE PSICOLOGOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 22/08/18 Texto:
TOMO XVII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1048 FOLIO Nº 3279/3285 PROT. ELECT. TSS1 008 C.181
Río Gallegos, 22 de agosto de 2018.-
Los presentes autos caratulados: “LEDESMA NELSON ARIEL C/ COLEGIO PROFESIONAL DE PSICOLOGOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. Nº L-776/17, venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández:
I. Que a fs. 54/72 vta. se presenta el Sr. Nélson Ariel Ledesma, con el patrocinio letrado del Dr. Heraldo Juan Nanni, interponiendo demanda contencioso administrativa contra el Colegio Profesional de Psicólogos de la Provincia de Santa Cruz (en adelante el Colegio), con el objeto de que se decrete la nulidad o, subsidiariamente, se revoquen las resoluciones adoptadas por la Asamblea Extraordinaria celebrada el 4 de noviembre de 2017 y por el Tribunal de Ética en el Expediente N° 003/2016 TEyD-CPPSC caratulado como “Investigación s/ Denuncia c/ Lic. Ledesma Nelson Ariel”. Mediante ésta última -confirmada por la Asamblea- se rechazó el planteo de prescripción interpuesto y se suspendió la matrícula profesional del actor por el término de un año. Se dispuso también que al término del plazo señalado, deba realizarse una pericia psicológica para determinar si se encuentra apto para el ejercicio de la profesión e igualmente se estableció una multa de ciento treinta módulos.- En el acápite II de su presentación solicita el dictado de una medida cautelar -a la que denomina “autosatisfactiva” y de “no innovar”- tendiente a que se suspendan las resoluciones reseñadas hasta el dictado de la sentencia que recaiga en las actuaciones principales, ordenando a la demandada a que se abstenga de ejecutar las sanciones dispuestas (cfr. fs. 54 y vta.).-
En cuanto a la verosimilitud del derecho que invoca, sostiene que el Tribunal de Ética del Colegio le aplicó una sanción injusta, acudiendo a legislación extranjera (cfr. foja 55). Describe la relación que mantuvo con la denunciante y aduce que no cometió ninguna infracción, puesto que la relación del profesional con sus ex pacientes no está vedada por el Código de Ética del Colegio de Psicólogos (cfr. foja cit.). Argumenta que si el proceso perdurara por un lapso mayor a un año, la sanción se ejecutaría antes de tiempo, sin que finalice la acción judicial que por derecho le corresponde (cfr. foja 55 vta.).- Indica que el peligro en la demora se configura por la mera posibilidad de que el derecho de una persona se encuentre impedido o frustrado de ejercerse. Postula que resulta necesario evitar las circunstancias que obstaculizan su derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita y/o profesión liberal (cfr. foja 56). Finalmente, afirma que fue intimado al pago de la multa en un plazo de diez días y que, para el caso de no hacerlo, la deuda será ejecutada, lo que amerita considerar el peligro que ello acarrea (conf. foja 56 vta.).- Corrido el traslado a la demandada, es contestado a fs. 94/115 vta. por su representante la Dra. María Carolina Sotomayor. Allí sostiene que el planteo debe rechazarse debido a que no existe en el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley N° 2600 (cfr. foja 105) y asevera que los presupuestos establecidos por el actor a los fines del dictado de la medida cautelar aparecen como insuficientes para agrietar el principio de ejecutoriedad y la presunción de legalidad de los actos administrativos (cfr. fs. 105 vta./106).- A foja 130 y vta. dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien se expide en sentido positivo, considerando que “…V.E. debe hacer lugar a la medida cautelar que se peticiona” (cfr. foja 130 vta.).-
A foja 131 pasan las presentes actuaciones al Acuerdo para resolver.-
II. La impugnación de los actos administrativos definitivos de los Colegios o Consejos Profesionales contiene un trámite específico normado en el Título X del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley N° 2600. Así, el artículo 109 de este cuerpo normativo prevé que las reglas allí estipuladas serán de aplicación a todos los procedimientos previstos por las leyes de creación de los Colegios o Consejos Profesionales u otras normas similares, en materia de impugnación judicial contra: a) los actos que decidan la suspensión, cancelación o denegación de la inscripción en la matrícula correspondiente; b) los actos mediante los que se impongan sanciones en los supuestos contemplados por las normas de aplicación; c) en general, los actos de gravamen emanados de aquellos entes.- No obstante, el mencionado título no prevé una disposición específica que regule las medidas cautelares, por lo que -a tenor de lo prescripto por el artículo 107 in fine- resultan de aplicación las reglas determinadas en el Título VI. En esta parcela del ordenamiento se tipifican tres tipos de pretensiones cautelares: la suspensión de la ejecución de un acto administrativo (arts. 33 y ss. del CPCA, Ley Nº 2600), las medidas positivas (art. 31 del CPCA, Ley Nº 2600) y las medidas urgentes (art. 25 del CPCA, Ley Nº 2600).- Ahora bien, la enumeración transcripta no crea un régimen legal de ‘numerus clausus’, ya que queda abierta la posibilidad de su ampliación.-
Por ello, este Tribunal Superior ha sostenido que una medida extraña en principio a nuestra ley adjetiva contencioso-administrativa no puede ser óbice para que los particulares, en el convencimiento que su derecho puede encontrar una mejor tutela cautelar en una medida no prevista en nuestro Código, las soliciten. Es que el sistema cautelar administrativo es típico pero no autónomo en la medida en que se nutre, en forma directa o analógica, de preceptos provenientes de otros ordenamientos. En la materia rige el principio general de admisibilidad de cualquier medida cautelar que sea adecuada a la situación de cuya tutela se trata. Es por tal motivo que el artículo 25 del CPCA, Ley Nº 2600, establece que se podrá peticionar la adopción de medidas urgentes -sin decir cuales- que aparezcan como las más idóneas para asegurar provisionalmente la decisión de fondo, y es por ello, que el artículo 32 del citado ordenamiento nos permite aplicar las medidas cautelares y las normas generales referidas a aquellas contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1031, Folio 3208/3211).-
III. En la especie, al solicitar la medida cautelar el actor la calificó como “autosatisfactiva” y de “no innovar” (cfr. fs. 54 y vta.). Empero, surge diáfanamente que el interesado pretende que se suspendan los efectos de los actos sancionatorios dictados en su contra mientras dure el proceso en que tramita su revisión, ya que al sustentar su pedido requiere que “…se dicte una medida cautelar autosatisfactiva -prohibiendo la ejecución, puesta en marcha por la Asamblea de los Colegiados del Colegio Profesional de Psicólogos de la provincia de Santa Cruz […] La medida cautelar que concretamente se solicita que V.E. dicte una medida de no innovar, decretando la suspensión de la Resolución de la Asamblea… hasta el dictado de la sentencia que recaiga en estas actuaciones principales… Es decir que se suspendan los efectos de las resoluciones indicadas…ordenando a dicho organismo que se abstengan de ejecutar las sanciones dispuestas” (cfr. foja 54 vta.).- Lo expuesto permite colegir que la medida precautoria requerida se encuentra dirigida a suspender los efectos de los actos administrativos impugnados. Este es el específico y delimitado alcance que exhibe la tutela cautelar pretendida, más allá del equívoco al que puede conducir la imprecisión desplegada por el peticionante.-
Este tipo de pretensión constituye la medida cautelar por antonomasia del proceso contencioso administrativo, cuyo efecto principal es privar al acto -siempre de manera provisoria- de uno de sus caracteres, esto es, de su ejecutoriedad o ejecución forzosa (cfr. TSJ Santa Cruz, fallo cit.).-
El principio de ejecutividad de los actos administrativos impide que el planteamiento judicial de una controversia sobre la legalidad del acto altere el desenvolvimiento de su eficacia material, excepto que el juez dicte una cautelar como es la suspensión del efecto o de la ejecución del acto.-
Este tipo de cautelar se ha establecido, entonces, con el propósito de evitar que los perjuicios, que de por sí habrán de seguirse del desbordamiento del marco legal en que incurre el acto administrativo cuestionado, aumenten irremediablemente como consecuencia de la tardanza de los procesos judiciales (cfr. Hutchinson, Tomás, “Derecho Procesal Administrativo”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2009, Tomo III, pág. 564).-
Esta vía armoniza el principio de ejecutividad de los actos administrativos y el derecho a una tutela judicial efectiva por parte del administrado, satisfaciendo la imperiosa necesidad constitucional de garantizar la plena eficiencia de la decisión jurisdiccional.-
IV. Ingresando al tratamiento de la cuestión planteada y atendiendo al carácter de la medida peticionada, resulta menester verificar si concurren los recaudos previstos en el artículo 33 del CPCA, Ley N° 2600, a los fines de meritar su procedencia.-
Para realizar esta faena conviene precisar que el juzgamiento de este tipo de pretensiones se despacha con una cognición mucho más expeditiva y superficial que la ordinaria, de modo tal que puede ser modificado en la sentencia definitiva, por lo que ni el otorgamiento de la medida prejuzga sobre el mérito de la causa, ni el consentimiento de aquélla implica aceptación de la procedencia del derecho a juzgar en la sentencia definitiva.-
El artículo 33 del CPCA, Ley N° 2600, requiere en su primer párrafo la verificación de los presupuestos genéricos de toda medida cautelar, es decir, la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora. A la luz de tales presupuestos genéricos deberán valorarse las exigencias previstas en el inc. a) del referido artículo, esto es, que la ejecución o cumplimiento del acto impugnado, causare o pudiere causar perjuicios más graves que su paralización, o sea, de imposible o dificultosa reparación ulterior, siempre que de ello no resulte un grave perjuicio para el interés público.- Todo razonamiento a efectuarse en la materia que nos ocupa debe hacerse teniendo especialmente en cuenta que los actos administrativos se presumen legítimos, y que toda suspensión que pueda disponer el Juzgador debe tener necesariamente carácter restrictivo. Además, no puede olvidarse que en este terreno debe observarse una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión porque la decisión es netamente excepcional, habida cuenta que configura un anticipo de jurisdicción favorable (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 937, Folio 2811/2813, entre otros).- Teniendo en cuenta las pautas reseñadas, debe señalarse que en el caso ‘sub examine’ no aparecen cumplidos los extremos que tornarían procedente la medida cautelar requerida.-
IV.1. En cuanto al primero de los presupuestos, es decir, el de la verosimilitud del derecho, resulta oportuno considerar que para derrumbar la presunción de legitimidad de la actuación administrativa, aquella debe emerger con indiscutible nitidez (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1031, Folio 3208/3211). Es indispensable que el derecho sobre el que se pretende la cognición cautelar aparezca como probable, con una probabilidad cualificada, lo cual no se avizora -en principio- en el caso de autos.- En esta línea, se ha dicho reiteradamente que la procedencia de toda medida precautoria cuyo objeto sea obtener la suspensión de la ejecución de un acto administrativo exige un severo examen en cuanto a la verosimilitud del derecho y la existencia de peligro en la demora, en atención a la presunción de legitimidad y ejecutividad de la que aquéllos gozan (CSJN, Fallos: 319:1069; 323:3326; SCBA, B. 65.312).-
Si el acto se presume legítimo quien lo está impugnando y, además, peticionando que se suspenda su ejecución, debe destruir la apariencia de aquella legitimidad. Ergo, debe alegar y dar a entender, con cierta verosimilitud, que el acto no es legítimo. No debe examinarse, para acreditar la “apariencia de buen derecho”, la mera probabilidad de que asista razón al demandante, sino que también deben examinarse las razones de la Administración, las que, por lo común, surgirán de la motivación del acto administrativo (cfr. Hutchinson, Tomás, ob. cit., Tomo III, pags. 572 y 574).- Nuestro ordenamiento legal preceptúa que la suspensión del acto procede cuando las causas de nulidad alegadas en el acto o disposición aparecieran de manera manifiesta (artículo 33, inciso b del CPCA, Ley N° 2600). Este supuesto se configura cuando el vicio que afecta al acto administrativo surge palmariamente del propio acto, sin necesidad de efectuar una investigación de hecho. En este caso, la ilegitimidad o la arbitrariedad aparecen de la mera confrontación con el orden jurídico positivo.- A fin de contextualizar lo decidido por el ente demandado, interesa señalar que la Ley N° 1709 regula el ejercicio de la profesión de psicólogo en todo el territorio provincial (art. 1), creando el Colegio Profesional de Psicólogos de la Provincia de Santa Cruz (art. 17) a los efectos de hacer cumplir sus preceptos. A su turno, el artículo 20, inciso e) establece la obligación de los colegiados de cumplir estrictamente las normas del ejercicio profesional, disposiciones de ese estatuto, reglamentaciones internas y acuerdos y resoluciones del Colegio.- Hutchinson sostiene que en el derecho contemporáneo las Corporaciones u Ordenes Profesionales han pasado a ocupar un lugar preponderante en cuanto personas jurídicas, que por disposición legal, han tomado a su cargo todo lo atinente al gobierno y contralor de ciertas profesiones para cuyo ejercicio se requiere título universitario (cfr. Hutchison, Tomás, “Las corporaciones profesionales”, F.D.A., Buenos Aires, 1982, pag. 33).-
A su turno, Andreucci refiere que los colegios profesionales son creados por los poderes públicos, atribuyéndoles funciones públicas sobre la profesión en cuanto poder de policía profesional, con pertenencia obligatoria para el ejercicio de determinada profesión liberal, junto a la delimitación del registro y control de matrícula, la custodia deontológica y disciplinaria de esa profesión. Constituyen una realidad supraindividual, objetivada que no actúa en beneficio exclusivo de los que pertenecen al colegio ya que sirven a los intereses generales en la tarea de ordenar y vigilar el buen desempeño profesional frente a la sociedad. Consiguientemente, la naturaleza de las decisiones de los tribunales disciplinarios colegiales, como delegados del poder administrador y en ejercicio del poder de policía concedido por éste, es la de un verdadero acto jurisdiccional administrativo. De allí que posea las mismas características de contralor judicial que la actividad sancionatoria administrativa estatal (cfr. Andreucci, Carlos Alberto “El ejercicio de funciones disciplinarias por parte de los colegios profesionales. Naturaleza. Justificación. Procedimiento. Control Judicial”, en Revista de Derecho Público, Año 2010 N° 2, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, pag. 585 y ss.).- Teniendo en cuenta, entonces, el carácter público de las potestades ejercidas por el Colegio al emitir las resoluciones cuestionadas, resulta dable integrar el régimen previsto en la Ley N° 1709 con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 1260, en cuanto dispone que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios […] e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario…”.- En el caso, el actor fue sancionado a raíz de una denuncia efectuada en el Colegio por una ex paciente.-
Ahora bien, según surge del antecedente administrativo obrante en la causa (Expte. N° 003/2016 TEyD-CPPSC caratulado “Investigación s/ Denuncia c/ Lic. Ledesma Nelson Ariel”), el actor habría ejercido su derecho de defensa sin cortapisas, presentó su descargo ante los hechos denunciados, aportó prueba e, incluso, recurrió la Resolución N° 03/2017 del Tribunal de Ética, siendo oportunamente ratificada por Asamblea (cfr. fs. 10/20 y fs. 110/116 vta. de las actuaciones individualizadas).- Por otro lado, las resoluciones dictadas por los órganos del Colegio aparecerían suficientemente motivadas. De lo allí consignado se desprendería que el actor habría llevado a cabo una serie de acciones que se reputaron como violatorias de un amplio número de deberes consignados en el Código de Ética del Colegio: obligación de ser consciente de la posición asimétrica que ocupó frente a su consultante y prohibición de hacer uso de su influencia más que con fines benéficos para ésta; obligación de establecer la relación profesional sobre la base de los principios éticos y la responsabilidad profesional, absteniéndose de satisfacer intereses personales en detrimento de los objetivos por los cuales han sido requeridos sus servicios; prohibición de establecer relaciones que desvíen o interfieran los objetivos por los que fueran requeridos sus servicios; prohibición de recibir otra retribución por su práctica más que sus honorarios y de no buscar otras gratificaciones de índole material o afectiva, ni hacer uso de la relación profesional para el logro de fines ajenos a la misma; prohibición de involucrarse sexualmente con consultantes actuales de sus prácticas profesionales; prohibición de aceptar como consultantes a personas con las cuales mantienen vínculos sexuales o de cualquier índole que pudieran desvirtuar el objetivo primordial de su práctica; obligación de realizar la derivación del consultante con otros profesionales en caso de que, no obstante los recaudos tomados, surja una relación afectiva impropia importante entre consultante y psicólogo, que obstaculice el alcance de las metas profesionales; obligación de prestar los servicios profesionales eficientemente, con sumo cuidado de no incurrir en negligencia o impericia; prohibición de emprender actividades profesionales cuando sepan o debieran saber que sus problemas o conflictos personales puedan interferir en su eficacia y; obligación de estar alertas para detectar tempranamente si sus problemas personales afectan su desempeño y determinar si deben limitar, suspender o concluir su actividad (cfr. fs. 100 vta./101 del expediente administrativo).- En definitiva, no se advierte en la actuación administrativa la configuración de vicios determinantes de su ilegitimidad absoluta y manifiesta que autoricen, en este estado liminar del proceso, a desvirtuar la presunción de legitimidad de los actos dictados por el Colegio y, en consecuencia, a tener por acreditada la verosimilitud del derecho invocado por el señor Ledesma.-
IV.2. Las circunstancias enunciadas precedentemente resultan suficientes para eximir a este Alto Cuerpo de analizar el recaudo relativo al peligro en la demora, puesto que de poco sirve el periculum in mora (o perjuicios graves o irreparables) o el interés público, sin un fumus de buen derecho (o de actuación administrativa ilegal) (conf. Hutchinson, Tomás, obra cit., Tomo III, pag. 573).-
Sin perjuicio de ello, resulta conveniente poner de resalto que en el ‘sub judice’ tampoco se evidencia con claridad suficiente un peligro inminente de magnitud tal que amerite el dictado de la cautelar que se peticiona, y mucho menos que el mismo asome como irreparable ulteriormente. Ciertamente, no basta para ello alegar genéricamente la necesidad de evitar las circunstancias que obstaculizan su derecho a trabajar (cfr. foja 56) o la posibilidad de que se ejecute la multa impuesta (cfr. foja 56 vta.). Ello así, puesto que tales manifestaciones no resultan habilitantes, sin más, para acreditar el carácter irreparable de los agravios que ocasionaría al actor las resoluciones administrativas cuestionadas.- Este Tribunal Superior tiene dicho que las afirmaciones que no pasan de ser una mera opinión personal, carente de sustentación objetiva -ante la ausencia del más mínimo elemento de prueba que la respalde- resultan insuficientes para satisfacer el requisito bajo estudio (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1031, Folio 3208/3211).-
Desde este cuadrante, cabe advertir que las argumentaciones esbozadas por el actor no logran demostrar con éxito una situación de peligro real, de entidad inminente o asaz. Amén de ello, nada impediría que, en caso de obtener una sentencia definitiva favorable logre una justa reparación integral de los daños y perjuicios que le hubiere ocasionado el acto (cfr. TSJ Santa Cruz, Cont. Adm., Tomos XI, Rº 722, Fº 2036/2037; Rº 743, Fº 2096/2098; y XV, Rº 978, Fº 2984/2986).-
IV.3. Resta indicar que el hecho de que no se encuentren configurados los presupuestos a los que se hizo referencia más arriba exime a este Alto Cuerpo de ponderar la afectación del interés público, puesto que tales requisitos deben hallarse siempre presentes, ya que no funcionan de forma alternativa sino complementaria (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1031, Folio 3208/3211).-
V. Finalmente, cabe poner de resalto que la decisión a la que se arriba es provisoria y no implica prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la cuestión debatida en los autos principales, la cual será analizada al momento de dictarse el pronunciamiento definitivo.-
Por ello, y considerando que no se ha acreditado, dentro del estrecho margen de conocimiento de este incidente de medida cautelar, que la actuación del Colegio demandado responda a un accionar irrazonable o arbitrario, como así tampoco el requisito del peligro en la demora, corresponde no hacer lugar a la medida cautelar peticionada, imponiendo las costas en el orden causado en virtud de lo estipulado por al artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600. Así lo voto.- Voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani:
I. Los argumentos y pretensiones de las partes ya han sido adecuadamente expuestos en los resultandos de la causa relatados por mi distinguida colega preopinante en los considerandos, apartados I, II y III, por lo que a ellos me remito para evitar innecesarias repeticiones; empero disiento con el desenlace que, para esta contienda, propicia. Considero, por mi parte, que la medida cautelar merece favorable acogida, en virtud de las razones que a continuación expondré.-
II. Ingresando al tratamiento de la cuestión planteada y atendiendo al carácter de la medida peticionada, resulta menester verificar si concurren los recaudos previstos en el artículo 33 del CPCA, a fines de meritar su procedencia.-
Si bien es cierto que este Tribunal tiene un criterio restrictivo con relación a la concesión de medidas cautelares contra actos administrativos, habida cuenta de la presunción de legitimidad que ostentan (cfr. Contencioso Administrativo, Tomos XIV, Reg. 930, Folio 2771/2775; y XV, Reg. 946, Folio 2845/2847); ello no es óbice para decretarlas cuando, como en la especie, se los impugna sobre bases ‘prima facie’ verosímiles como contrarios a normas constitucionales o legales (cfr. Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 360, Folio 1360/1362).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado: “…que la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido.
Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda relación jurídica. De lo contrario, si estuviese obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la carga que pesa sobre él de no prejuzgar, es decir, de no emitir una opinión o decisión anticipada -a favor de cualquiera de las partes- sobre la cuestión sometida a su jurisdicción. En ese marco, en el sub lite se presenta el fumus boni iuris -comprobación de apariencia o verosimilitud del derecho invocado por la actora- exigible a una decisión precautoria (Fallos: 314:695 y 711)…Que de igual modo debe concluirse con relación al peligro en la demora, que se considera configurado.
El requisito en estudio debe examinarse de acuerdo con un juicio objetivo, o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros, y es preciso señalar que la situación denunciada requiere el dictado de medidas que resguarden los derechos invocados, hasta tanto exista la posibilidad de dirimir los puntos debatidos y de esclarecer los derechos que cada una de las partes contendientes aduzca…Que no empece a lo expuesto que en el caso se trate de medidas cautelares innovativas, a fin de que no se altere la situación existente creada por la ley, cuya inconstitucionalidad se plantea, pues si bien este Tribunal ha considerado a ese tipo de solicitudes como una decisión excepcional, por configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa que altera el estado de cosas existente (conf.
Fallos: 316:1833 y 319:1069), las ha admitido cuando existen fundamentos de hecho y de derecho que exigen una evaluación del peligro de permanencia en la situación a fin de habilitar una resolución que concilie -según el grado de verosimilitud- los intereses en juego. Es de la esencia de estos institutos procesales de orden excepcional enfocar sus proyecciones -en tanto dure el litigio- sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas se encuentran enderezadas a evitar la producción de situaciones que podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva (Fallos: 320:1633).” (cfr.
Fallos 330:1261).- Es necesario valorar de forma equilibrada los antecedentes de la causa, así como las normas y principios jurídicos en juego, y resolver las tensiones entre ellos mediante una ponderación adecuada que logre obtener una realización lo más completa posible de las reglas y principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que estos son valorados por el ordenamiento jurídico (cfr. Fallos: 333:1023 y 335:1200).-
En relación al primero de los requerimientos, el ‘fumus bonis iuris’, se ha dicho que el despacho de una cautelar no exige un examen de certeza sino sólo su verosimilitud, ya que el juicio de verdad se encuentra en oposición a la finalidad del instituto (cfr. Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, “Rejas, Alejandra Felisa c/ Estado Nacional Minis. Just. Seguridad y DD.HH. P.F.A. s/inconstitucionalidad”, sentencia del 11/06/2012; www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/30916/2012). Máxime cuando no se aprecia, como en el caso, que su otorgamiento pudiera provocar a la parte contraria algún grave perjuicio. En estos casos los jueces deben ser más propensos a la concesión que a la denegación.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado al respecto que las medidas cautelares “…no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad” (cfr. Fallos 340:757).- En el estrecho marco de conocimiento que antecede a su dicta- do, en el caso ‘sub examine’, aparece con suficiente claridad -particularmente en cuanto a la presunta prescripción- que si no se accediese al pedido formulado y, finalmente, le asistiese razón al actor, se podrían generar perjuicios que deben ser evitados. Realizando un juicio de posibilidad y no de certeza, sin que ello implique adelanto de opinión alguna sobre la materia a resolverse, considero que el actor exhibe un derecho verosímil.- De allí surge, también, el peligro que tiene la demora, por el riesgo que la suspensión pueda ocasionar perjuicios de imposible reparación ulterior. Máxime considerando que se trata de la imposibilidad de ejercer su profesión. A ello se suma que no se advierte que la medida pretendida pueda producir una inmediata lesión del interés público del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Santa Cruz.-
El Máximo Tribunal de la Nación, ha sostenido que es dable recordar que la garantía constitucional de la defensa en juicio, así como incluye el derecho a obtener un pronunciamiento rápido dentro de un plazo razonable, pues la dilación injustificada de la solución de los litigios implica que los derechos puedan quedar indefinidamente sin su debida aplicación con grave e irreparable perjuicio de quienes lo invocan (Fallos 324:1944), exige que frente a una intensa verosimilitud en el derecho y un claro peligro en la demora, se consagre dicha garantía constitucional adoptándose las decisiones jurisdiccionales previas y provisionales que atemperen o impidan, en la medida de lo posible, las consecuencias que puede generar la razonable espera de una decisión definitiva (cfr. Fallos cit.).- Así en el estrecho marco de conocimiento que antecede a su dictado, los antecedentes de la causa evidencian la necesidad de admitir la pretensión cautelar con el fin de resguardar los derechos invocados, hasta tanto exista la posibilidad de dirimir la cuestión debatida y esclarecer los derechos que cada una de las partes contendientes aduzca.-
Otro de los presupuestos que se exige para el otorgamiento de medidas cautelares, es la prestación de una contracautela por el peticionante de la medida. Al respecto cabe expresar que “La contracautela es el medio que asegura preventivamente el eventual crédito de resarcimiento de los daños que podrían resultar de la ejecución de la providencia cautelar si, en definitiva, la misma se revela como infundada […] En la imposibilidad de determinar a priori una regla fija u objetiva que predetermine la especie y monto de la contracautela salvo en situaciones cuya especial entidad condujera a exigirla de un concreto carácter, el art. 199 ha encomendado al juez la misión de graduar ambos extremos, teniendo en cuenta la verosimilitud del derecho y las circunstancias del caso. De suerte que a mayor verosimilitud, menor contracautela. Hay tres clases de contracautela: a) juratoria, que consiste en la manifestación formal de quien obtiene la medida, efectuada por escrito en el expediente, de que se hace cargo de los eventuales perjuicios; b) personal, cuando un tercero con solvencia económica asume la responsabilidad consecuente afectando su patrimonio, y c) real, que importa afectar un bien o bienes determinados a las resultas de esa responsabilidad…” (cfr. Gallegos Fedriani, Pablo O., “Las medidas cautelares contra la Administración Pública”, Ed. Depalma, pág. 71).- Por lo expuesto, en virtud de la remisión del artículo 32 del CPCA, Ley Nº 2600 al artículo 200 y concordantes del CPC y C y teniendo en cuenta que se trata del ejercicio de la profesión del actor, corresponde disponer que el incidentista preste caución juratoria.-
En el presente, tal como se indicara, se encuentra acreditada la verosimilitud en el derecho invocado para acceder a la medida solicitada y concurre el peligro en la demora exigido para las cautelares, por lo que la suspensión de lo resuelto en la Asamblea de fecha 4 de noviembre de 2017 del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Santa Cruz será admitida; previa caución juratoria atento a lo expresado precedentemente en torno a las particulares circunstancias del caso (cfr. arts. 25 del CPCA, Ley Nº 2600 y 200 del CPC y C, aplicable por remisión del art. 32 del CPCA, Ley Nº 2600).- Finalmente, cabe poner de resalto que la decisión a la que se arriba es provisoria y no implica prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la cuestión debatida en los autos principales, la cual será analizada al momento de dictarse sentencia definitiva.-
En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el actor a fs. 54/56 vta., disponiendo la suspensión de lo resuelto en la Asamblea de fecha 4 de noviembre de 2017 del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Santa Cruz durante la tramitación de los autos principales hasta que se dicte sentencia definitiva; previa caución juratoria que deberá prestar el actor en estos actuados.-
Las costas se imponen en el orden causado en virtud de lo estipulado por el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600. Así lo voto.-
El Dr. Enrique Osvaldo Peretti, adhiere al voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani, por compartir sus fundamentos.
Las Dras. Alicia de los Angeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos, adhieren al voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández, por compartir sus fundamentos.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de las Sres. Vocales Dras. Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández y de la Sra. Presidente, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y la disidencia de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani y Enrique Osvaldo Peretti, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No hacer lugar a la medida cautelar peticionada, solicitada por el actor a fs. 54/72 vta..-
3. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, acumúlense las presentes actuaciones al principal.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vo cal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1008C.181 Tomo: XVII Sentencia: 1048 Folio Nº: 3279/3285 Secretaría: 1
Fin de la sentencia